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EN PROFUNDIDAD
los requisitos esenciales
de una reforma del FMI
Pere Puig i Bastard
Catedrático de Economía ESADE/URL
El conjunto de los Estados con representación en el Fondo
Monetario Internacional (FMI) aprobaron el pasado 18 de
septiembre en Singapur, por muy amplia mayoría, una reforma que parece pretender una fuerte redistribución de las
cuotas de poder al más alto nivel político. A partir de ese
momento algunos de los países que han ganado peso en la
economía mundial, como Turquía, Corea del Sur, China y
México, contarían con una mayor capacidad de decisión
política. Más importante podría ser el hecho de que, en una
segunda etapa, se produjese el anunciado cambio de la fórmula que reparte votos en el seno de la cúpula del FMI. Se
afirma que ello podría producirse en el plazo de un año y que
daría lugar a la entrada de un mayor número de países en vías
de desarrollo (PVD). Es sabido que un cierto grupo de países contestatarios –entre los que figuran Brasil, Argentina,
India, Egipto y Venezuela– se han manifestado abiertamente en contra de la actual reforma. Pero lo cierto es que no han
sido capaces de lograr los apoyos necesarios para conseguir
frenar o impedir los actuales acuerdos.
La reforma ha generado sin duda mucha controversia y una
serie de intensos debates y negociaciones. Lo que finalmente
se ha alcanzado en Singapur ha sido un cierto compromiso
que permite una mínima corrección de los desequilibrios
preexistentes. A los representantes del mundo más de-sarrollado, sin duda abusivamente representados en cuanto a
número de votos y cuotas de poder dentro del Fondo, se
añaden ahora un cierto número de PVD de mayor tamaño
o con mayor capacidad de influencia dentro del conjunto de
la economía mundial, a los que se otorga un mayor poder
para participar en las decisiones del Fondo. Lo que se ha acabado haciendo, según el acuerdo de Singapur, ha sido
aumentar la capacidad de intervención en la toma de decisiones importantes de unos determinados países que son
considerados potencias emergentes. Se ha dejado fuera, en
cambio, a un número elevado de países de menor tamaño o
con menor capacidad de influencia internacional, de los que
quizá se espera una menor capacidad de generación de problemas “sistémicos” para el conjunto de la economía mundial. Han quedado fuera, en definitiva, un elevado número
de países que con frecuencia van a verse afectados por las
decisiones, iniciativas y programas del FMI.
¿Hasta qué punto podemos considerar que ha sido realmente acertada la actual reforma del FMI aprobada en Singapur?
La respuesta es, sin duda, que la reforma tal como ha sido
configurada tiene aspectos positivos, pero plantea importantes interrogantes y probablemente algunos efectos que podrían llegar a ser peligrosos. Es un principio del todo evidente
que los Estados necesitan cooperar y preservar los grandes
equilibrios comerciales y financieros de un mundo integrado
por naciones de los más diversos tamaños, que poseen unas
economías cada vez más interdependientes y que se enfrentan a mercados competitivos. Los objetivos realmente esenciales del Fondo en nuestros días, como tantas veces se ha
dicho, consisten en preservar la máxima estabilidad monetaria y financiera internacional posible, en una economía
mundial que se ve sometida a unos procesos intensos de integración económica y de mercados, tratando de ayudar y de
impulsar los Estados miembros a cooperar en el logro de
tales objetivos.
El hecho es que los problemas que se encuentran asociados a
la actual distribución de votos decisorios y a la provisión de
ciertos altos puestos directivos en el FMI, tienen una doble
vertiente. Es necesario reconocer que no resulta creíble hoy
que la función de supervisión del Fondo sea del todo imparcial. Cuando nos situamos, por ejemplo, en las típicas operaciones de los llamados préstamos de emergencia, una cierta
dualidad resulta casi inevitable. Aquellos países que cuentan
con los votos suficientes para decidir son los que suelen no
necesitar el dinero y aquellos que lo necesitan son casi siempre los que no poseen los votos para poder influir en unas
decisiones que les van a acabar afectando. La legitimidad política, la transparencia y la credibilidad en los procesos de análisis de los problemas, de establecimiento de diagnósticos y de
toma de decisiones, para decirlo brevemente, son –y deberían
seguir siendo en el futuro– componentes esenciales de los trabajos del Fondo, aceptadas y reclamadas por todos.
No cabe la menor duda de que el FMI es una organización
que dispone de una elevada capacidad técnica. Cuenta con un
potencial de capacidad a desarrollar que podría jugar un rol
importante a la hora de dirigir la transición de la economía
mundial hacia más altos grados de integración y de-sarrollo
financiero, preservando al máximo la estabilidad y el buen
funcionamiento de los mecanismos de ajuste del conjunto del
sistema. Ciertamente, el ejercicio de ese poder no es nada
fácil. Seguramente nunca podrá ser considerado del todo perfecto ni del todo “justo”. La clave para alcanzar el deseable
objetivo del reforzamiento de la capacidad de toma decisiones
y realización práctica de las labores que al Fondo le competen,
se deben basar en unos pocos criterios muy claros y bien aceptados. Nos atrevemos a proponer los siguientes: el reforzamiento de la legitimidad que pueda derivarse de una mejora
en los mecanismos de representatividad y participación en los
altos órganos de decisión, el aumento de la transparencia y la
eficacia de los procesos de gestión, y la preservación a ultranza de la independencia y el respeto por la profesionalidad y la
labor del staff técnico y directivo de la organización.