Download Texto del comunicado - Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor abre una queja de oficio para conocer el
impacto en menores que son víctimas de lanzamientos
de sus viviendas.
El 10 de Diciembre se conmemora por Naciones Unidas el Día Internacional de
los Derechos Humanos. Hoy, en Andalucía, el elemento que hace peligrar este
elenco de pronunciamientos para la dignidad del ser humano es la crisis
económica.
Hoy, esta situación de crisis es la peor amenaza para el conjunto de derechos y
libertades que esta comunidad ha venido construyendo a lo largo de las últimas
tres décadas.
La situación de grave crisis económica provoca un efecto expansivo de la
pobreza. Hablamos de la inmersión de sectores muy importantes de la
población hacia situaciones de insuficiencia de recursos propios que afecta de
inmediato a la propia unidad familiar y sus miembros con multitud de aspectos
que estallan contra la estabilidad de las familias. La crisis se expande entre
segmentos sociales, pero también profundiza sus efectos porque los sistemas
públicos de cobertura y protección disminuyen o desaparecen.
Y nos preocupan muy particularmente los menores. Datos de UNICEF indican
que, en España, el 13,7 por 100 de las personas menores de 18 años vive en
hogares con un nivel de pobreza alta. Esta cifra muestra la gravedad de la
situación: Hay más niños pobres, y además de crecer en número aumentan sus
carencias. Podemos decir que esta pobreza tiene rostro de niño y que todas las
previsiones coinciden en un agravamiento de esta incidencia infantil.
Pero existe otro factor esencial que está arrastrando con sus efectos unos
daños muy especiales en estos niños y niñas. Es la pérdida sobrevenida de la
vivienda.
No resulta difícil imaginar los efectos que se producen. Los menores pierden su
elemento material de cobijo y resguardo. Su casa es su referente de vida y de
relación con el entorno. La vivienda es su escenario vital, su lugar de
convivencia y desarrollo. Su domicilio es determinante para su vida escolar, sus
relaciones ente iguales y su propio entorno urbano. Si asumimos el efecto de
estas expulsiones de los hogares en las personas adultas, en el caso de
menores los impactos son mucho más duros.
Quizás entre tanta tensión de los actos de lanzamiento, entre tanta confusión,
estemos olvidando otros protagonistas más pequeños confundidos entre
muebles.
Y, sin embargo, poco sabemos de la dimensión de este problema. ¿Cuántos
niños se están viendo lanzados junto a sus padres de las viviendas? ¿Su
presencia es un factor condicionante en los procesos judiciales? ¿Actuamos
igual o, por el contrario disponemos de recursos específicos cuando estén
menores afectados?
El Defensor del Menor de Andalucía ha querido, tal día como hoy, anunciar una
próxima actuación de oficio para dar a conocer esta situación e intentar
investigar la entidad del problema. Pero sobre todo, queremos conocer con
esta iniciativa las respuestas que debemos poner en marcha para amortiguar
estos efectos en quienes más sufren la pérdida de sus viviendas.
En concreto, el Defensor del Menor se dirigirá a la Consejería de Salud y
Bienestar Social para investigar las medidas de lucha contra la pobreza en el
sector de la infancia. También queremos conocer de la FAMP, como entidad
representativa de los municipios andaluces, la posible existencia de protocolos
de atención social de emergencia para atender estas situaciones con menores
implicados. Y también queremos conocer de la Consejería de Vivienda la
aplicación concreta de criterios de adjudicación de viviendas protegidas por la
existencia de menores necesitados de este preciado bien.
En suma, el Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor quiere poner
voz a quienes —también en estas situaciones— no pueden hacerse oír.
Sevilla, 10 de Diciembre, de 2012,
(Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)