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Sesión Científica I
Economía Informal y Género
Titulo:
“Informalidad en la frontera norte de México: una perspectiva de género”
Autores:
Dra. Ana Barbara Mungaray Moctezuma y Dra. Jocelyne Rabelo Ramírez
Institución de procedencia:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
Email:
bmungaray@uabc.mx y jrabelo@uabc.mx
Dirección:
Unidad universitaria Tijuana, calzada tecnológico s/n. Otay universidad. Tijuana,
Baja California, México.
Economía informal, instituciones, inequidad de género, costos de transacción
Resumen
Un escenario común entre las regiones de México es la presencia de mercados informales
que se caracteriza, generalmente, por transacciones dentro de estructuras no reguladas, en el
mayor de los casos en las calles o áreas marginadas y cuya finalidad es la de hacer frente al
desempleo o satisfacer necesidades netamente básicas.
El fenómeno de la informalidad usualmente se relaciona con actividades económicas de bajo
valor agregado y que enfrentan grandes restricciones para la obtención de capital.
De Soto (1989) argumenta que el sector informal se caracteriza por elevados costos de
transacción, caos aparente y desperdicio de recursos, idea que ha
sido retomada por
numerosos autores (Frey,1989; Loayza,1996; Schneider y Enste,2001) quienes, entre otras
cosas, han argumentado que un elemento importante para el desarrollo de los países es la
capacidad que el gobierno tiene de integrar los mercados informales al sector formal de la
economía.
La idea fundamental detrás de este análisis es que los arreglos institucionales definen qué tan
racional es para un agente el transitar de un mercado formal a uno informal y viceversa. En
particular, este ejercicio muestra especial interés en el rol de las instituciones informales que
interfieren en este proceso. Ya que se observa que las mujeres son más propensas a realizar
actividades en dichos mercados, y la evidencia empírica demuestra que las mujeres se
encuentran sobre representadas en la informalidad (Whitson, 2007) ya que enfrentan
elevados costos sociales y familiares sobretodo en los países en vías de desarrollo. Además
de que el tipo de trabajo y nivel de remuneración difiere entre hombres y mujeres.
De esta manera, la hipótesis guía es que las instituciones informales determinan el tamaño
de la informalidad en las entidades de la frontera norte de México.
El objetivo de este análisis es el de explorar el desempeño del sector informal en la región
Fronteriza de México, que incluye a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas e investigar las causas de tal comportamiento en el
tiempo, sustentado en conceptos básicos de la teoría de la elección publica y con una
perspectiva de género.
El sustento teórico inicial del presente análisis, es que los arreglos institucionales determinan
la estructura de incentivos sobre los cuales individuos racionales deciden a qué tipo de
mercado, formal o informal, se articulan. Una de las hipótesis respecto a los temas de género
es que las mujeres quedan seriamente rezagadas respecto de los hombres en cuanto a su
participación económica y política (Ibarran y Robles, 2004) resultado de la estructura
institucional informal que eleva los costos de transacción y de oportunidad, lo que las
incentiva a articularse en mercados laborales informales.
El método que se aplica para medir el desempeño del sector informal es el del insumo físico
propuesto por Kaufman-Kaliberda (1996); además se propone un modelo econométrico
utilizando la técnica de datos de panel que incluye indicadores económicos, políticos y
sociales como variable independientes.
Con la finalidad de profundizar en el entendimiento de los determinantes de la informalidad
en la frontera norte, se propone un modelo de datos de panel tomando en cuenta los
elementos de la teoría de elección pública abordados previamente. La forma general del
modelo es,
INF = + i Economicai + j Politica j + k Socialk
(1)
Donde las variables independientes se clasifican en tres grupos de indicadores: económicos,
políticos y sociales. Las variables incluidas en el grupo económico son PIB per cápita
(PIBPC), nivel de salario mínimo por estado (SME), así como el tamaño del sector informal
rezagado en un periodo (Inf(-1)), dando a conocer que la informalidad actual está
determinada, en parte, por el comportamiento de la misma en el periodo anterior.
El grupo de variables políticas se conforma por una variable que mide el tamaño de la
burocracia (BUROC), que incluye el número de individuos que trabajan en el gobierno como
proporción de la población ocupada en cada estado. Además, se utiliza una variable proxy
de la eficiencia gubernamental la cual da a conocer la variación de un año a otro, en los
impuestos extraídos de la sociedad (CRECIMP); en este grupo, se incluye también la
ideología de gobierno (Derecha, Centro e Izquierda).
Las variables incluidas en el grupo social son crecimiento social (CRECSOC), entendido
como la migración neta (diferencia entre inmigración y emigración), índice
de
empoderamiento de género (IEG), educación según sexo (EDUCGEN), medida como
promedio del número de años estudiados en un periodo dado diferenciando entre hombres y
mujeres.
Las fuentes de información secundarias de los datos utilizados para la construcción de los
indicadores son CFE, INEGI y el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).
De manera complementaria, el trabajo analiza el caso particular del comportamiento de las
mujeres en el sector informal de la ciudad de Tijuana, Baja California. Ciudad fronteriza que
se asume como representativa de las ciudades mexicanas que colindan con el sur de Estados
Unidos.
La metodología referente al estudio de caso es la de la obtención de datos a partir de fuentes
primarias, se aplica trabajo de campo encuestando a 980 empleados del sector informal, con
la finalidad de caracterizar a este sector considerando el peso relativo de hombres y mujeres
en el mismo e investigando el tipo de actividades que realizan, cuáles son sus
remuneraciones y las restricciones a las que se enfrentan. De tal forma que los hallazgos del
ejercicio econométrico se confirmen o no con la evidencia arrojada por el estudio de caso que
matiza y sensibiliza, a través de un estudio cualitativo, el análisis cuantitativo que se realiza
en la primera etapa de este trabajo.
Los resultados de este análisis representan un esfuerzo inicial para entender la dinámica
del sector a nivel regional haciéndose evidente en el caso particular de la ciudad de Tijuana,
Baja California, y muestran que a pesar de que la presencia de la informalidad es un factor
común entre los estados de análisis, las instituciones informales y políticas, tales como la
corrupción, la inequidad de género, el tamaño de la burocracia, entre otras, inducen
variaciones en el tamaño del sector.
I. Introducción
Un escenario común entre las regiones de México es la presencia de mercados informales
que se caracteriza, generalmente, por transacciones dentro de estructuras no reguladas, en el
mayor de los casos en las calles o áreas marginadas y cuya finalidad es la de hacer frente al
desempleo o satisfacer necesidades netamente básicas.
El fenómeno de la informalidad usualmente se relaciona con actividades económicas de bajo
valor agregado y que enfrentan grandes restricciones para la obtención de capital. De Soto
(1989) argumenta que el sector informal se caracteriza por elevados costos de transacción,
caos aparente y desperdicio de recursos, idea que ha sido retomada por numerosos autores
(Frey, 1989; Loayza, 1996; Schneider y Enste, 2001) quienes, entre otras cosas, han
argumentado que un elemento importante para el desarrollo de los países es la capacidad
que el gobierno tiene de integrar los mercados informales al sector formal de la economía.
La idea fundamental detrás de este análisis es que los arreglos institucionales definen qué tan
racional es para un agente el transitar de un mercado formal a uno informal y viceversa. En
particular, este ejercicio muestra especial interés en el rol de las instituciones informales que
interfieren en este proceso. Ya que se observa que las mujeres son más propensas a realizar
actividades en dichos mercados, y la evidencia empírica demuestra que se encuentran sobre
representadas en la informalidad (Whitson, 2007) al enfrentar elevados costos sociales y
familiares principalmente en los países en vías de desarrollo. Además de que el tipo de
trabajo y nivel de remuneración difiere entre hombres y mujeres.
De esta manera, la hipótesis guía es que las instituciones informales determinan el tamaño
de la informalidad en las entidades de la frontera norte de México. El objetivo de este
análisis es el de explorar el desempeño del sector informal en la región Fronteriza de México,
que incluye a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas e investigar las causas de tal comportamiento en el tiempo, sustentado en
conceptos básicos de la teoría de la elección publica y con una perspectiva de género.
El sustento teórico inicial del presente análisis, es que los arreglos institucionales determinan
la estructura de incentivos sobre los cuales individuos racionales deciden a qué tipo de
mercado, formal o informal, se articulan. Una de las hipótesis respecto a los temas de género
es que las mujeres quedan seriamente rezagadas respecto de los hombres en cuanto a su
participación económica y política (Ibarrán y Robles, 2004) resultado de la estructura
institucional informal que eleva los costos de transacción y de oportunidad, lo que las
incentiva a articularse a mercados laborales informales.
El método que se aplica para medir el tamaño del sector informal es el del insumo físico
propuesto por Kaufman-Kaliberda (1996). Las fuentes de información secundarias de los
datos utilizados para la construcción de los indicadores son CFE, INEGI y el Centro de
Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).
De manera complementaria, el trabajo analiza el caso particular del comportamiento de las
mujeres en el sector informal de la ciudad de Tijuana, Baja California. Ciudad fronteriza que
se asume como representativa de las ciudades mexicanas que colindan con el sur de Estados
Unidos.
La metodología referente al estudio de caso es la obtención de datos a partir de fuentes
primarias, se aplicó trabajo de campo encuestando a 980 empleados del sector informal, con
la finalidad de caracterizar a este sector considerando el peso relativo de hombres y mujeres
en el mismo e investigando el tipo de actividades que realizan, cuáles son sus
remuneraciones y las restricciones a las que se enfrentan. Los resultados de este análisis
representan un esfuerzo inicial para entender la dinámica del sector a nivel regional
haciéndose evidente en el caso particular de la ciudad de Tijuana, Baja California,
y
muestran que a pesar de que la presencia de la informalidad es un factor común entre los
estados de análisis, las instituciones informales y políticas, tales como la corrupción, la
inequidad de género, el tamaño de la burocracia, entre otras, inducen variaciones en el
tamaño del sector.
II. Perspectiva teórica del sector informal
Entre las referencias importantes sobre el tema, Hernando de Soto (1989) define al sector
informal como el conjunto de unidades económicas que no cumplen con las regulaciones
gubernamentales, entendidas como impuestos o registros que permiten su consideración en
las cuentas nacionales. De manera complementaria, algunos autores como Feige (1989),
Schneider (1994) y Del Anno (2003) coinciden en que estos mercados incluyen a las
actividades productivas y el ingreso que deriva de ellas que no se registran en las cuentas
nacionales. Es decir, que evaden la regulación gubernamental, entendiéndose por esto el pago
de impuestos o la observación.
De Soto (1989) argumenta que el sector informal se caracteriza por elevados costos de
transacción, caos aparente y desperdicio de recursos, idea que ha
sido retomada por
numerosos autores (Frey, 1989; Loayza, 1996; Schneider y Enste, 2001) quienes, entre
otras cosas, han argumentado que un elemento importante para el desarrollo de los países
es la capacidad que el gobierno tiene de integrar los mercados informales al sector formal de
la economía.
Dentro de la caracterización del sector informal, algunos autores (Schneider y Klingmair,
2004) destacan el hecho de que las actividades que se desarrollan en dichos mercados
pueden encontrarse dentro o fuera del marco legal y otros (Gerxhani, 2004) se enfocan en la
intencionalidad de pertenecer o no a tales mercados.
Un ejemplo de la primera caracterización es referida por De Soto (1989) quien argumenta
que existen actividades informales de carácter legal, en el sentido de que no incluyen
acciones delictivas, violencia o actos criminales. En esta misma línea, Schneider y Klingmair
(2004) reconocen como legales aquellas actividades informales de autoempleo, así como los
salarios y activos provenientes de trabajos no reportados que comúnmente pertenecen al
sector servicios; en tanto que se consideran ilegales actividades tales como el comercio y
consumo de bienes robados, el trafico y la producción de drogas, entre otras.
En lo que se refiere al segundo punto de caracterización del sector informal, (Gerxhani,
2004) sostiene que las razones son de carácter intencional, cuando los agentes actúan dentro
de estos mercados tratando de evadir costos tales como el pago de impuestos, las
contribuciones al seguro social o algunos procedimientos administrativos y no están
relacionadas con el autoempleo o la satisfacción de necesidades básicas. Por otro lado,
existen situaciones en donde los agentes del sector informal no son conscientes de su
condición ya que el Estado no alcanza su entorno o no cuentan con la información que les
permita decidir si pasan o no de un mercado a otro.
El enfoque de la elección pública asume que los agentes individuales actúan de manera
racional. En otras palabras, que los individuos toman sus decisiones de acuerdo a sus
preferencias (Johnson, 1991) y que dichas decisiones se ven limitadas por el
marco
institucional1 en el que interactúan. De acuerdo con esta teoría, la racionalidad funciona de
la misma manera en los mercados políticos que en los económicos, independientemente del
marco regulatorio en la que dichas transacciones se llevan a cabo. Más aún, este enfoque
argumenta que es precisamente la racionalidad el factor que incentiva a los agentes a moverse
de un mercado a otro. En este sentido, se arguye que tanto las actividades formales como las
informales son consecuencia de tomadores de decisiones interesados en maximizar su propia
utilidad (Pommerehnne, et al., 1994).
En el contexto de la teoría de elección pública, se puede pensar en tres grupos de actores
racionales que interactúan para darle forma y tamaño al sector informal: agentes económicos,
tanto formales como informales, y los hacedores de política pública involucrados en el
proceso (políticos en oficina o en el cargo), todos ellos restringidos por el marco
1
Se entiende como instituciones, las reglas del juego que restringen el comportamiento de los individuos en
sociedad. Pueden ser clasificadas como formales, que son reglas escritas (ejemplo de ello es la constitución),
e informales que se refieren a códigos de conducta (corrupción) (North, 1990).
institucional en el que viven. Lo anterior, sugiere que algunas de las preguntas interesantes
que surgen al tratar de entender la dinámica del sector informal están relacionadas con la
interacción de dichos agentes y de los elementos institucionales que la determinan.
Uno de los principales supuestos de la teoría de la acción colectiva se refiere a que los
políticos buscan maximizar su estancia en oficina. Lo que implica que en un contexto
democrático, la permanencia de dichos políticos depende de su capacidad para distribuir
bienes públicos a la sociedad dando como resultado un intercambio de bienes públicos por
votos (Bueno de Mesquita, 2001), de tal forma que la prioridad del político en turno es
solucionar los problemas de aquel sector de la población, sean mayorías o grupos de
presión, que puede afectar su estancia en oficina.
Dicho escenario sugiere que existe un problema intrínseco a la relación entre los políticos en
oficina y los agentes del sector informal asociado a la existencia de incentivos contrapuestos
entre ambos actores. Por un lado, y dada la naturaleza de su actividad, los agentes
informales no tienen la capacidad de funcionar como un grupo de presión2, por lo que ellos
no reciben las ventajas de la decisión colectiva (Frey, 1989). Y por el otro, los políticos no
tienen incentivos significativos para generar las condiciones que los
incorporen en el
mercado formal ya que no representan un grupo vital para la sobrevivencia del político.
Lo anterior no implica que no puedan representar una fuente indirecta de presión para el
político, dado que la demanda general de bienes públicos se incrementa cuando hay sectores
informales más grandes, especialmente en los países en desarrollo, donde este sector está
asociado a actividades relativamente menos productivas.
Otro elemento asociado a la relación entre gobierno y sector informal es la presencia de
elevados costos de transacción. De acuerdo con Milgrom y Roberts (1990), los costos de
2
Teóricamente, los individuos que desempeñan actividades informales no representan un grupo de presión
para el político en oficina; sin embargo, en países en desarrollo pueden considerarse un grupo importante con
quien establecer una relación clientelar.
transacción incluyen cualquier pérdida que resulta de decisiones de grupo ineficientes,
respuestas ineficientes a circunstancias cambiantes, incluyendo todo lo que afecta el
desempeño relativo de diferentes formas de organizar recursos y actividades productivas.
En este sentido se puede argumentar que ambos, el político y el agente informal, enfrentan
elevados costos de transacción. El primero de ellos al intentar diferenciar entre los miembros
formales e informales de la sociedad de tal forma que los bienes públicos sean realmente
distribuidos entre las personas que tienen la capacidad de mantenerlo en oficina; el segundo,
al pretender organizarse colectivamente, ya sea con fines políticos o de representatividad y
económicos, dado que por la naturaleza de su actividad tienden a ocultarse. Asimismo,
enfrentan costos de transacción relacionados con el cumplimiento de contratos y seguridad
asociado al limitado acceso a bienes públicos relativamente al resto de la sociedad.
Este último escenario nos dirige a una importante pregunta, ¿por qué para algunos agentes
es racional desenvolverse en mercados informales? La teoría de la utilidad esperada sugiere
que las decisiones de los agentes dependen del beneficio que cada uno de ellos asocia a sus
acciones. Sin embargo, y siguiendo la lógica de la racionalidad limitada o bounded rationality,
se podría argumentar que la racionalidad individual se ve restringida por el tipo de
información a la que los agentes tienen acceso, ya sea cognitiva o cultural. Por lo tanto, el
pertenecer al sector informal no responde exclusivamente a una decisión económica sino que
también toma en cuenta aspectos socioculturales.
III. Consideraciones metodológicas.
El debate teórico sobre el sector informal se divide en dos niveles: uno conceptual y otro
metodológico. El primero pretende llegar a un consenso sobre la definición del fenómeno y
las causas que lo generan. El segundo discute sobre la técnica más adecuada para medir el
tamaño y la evolución del sector.
Los métodos para medir el tamaño del sector informal se clasifican en directos e indirectos.
El primero de ellos se basa en la aplicación de encuestas y normalmente se utilizan en
estudios de caso. En tanto que los métodos indirectos consideran el desempeño de variables
macroeconómicas, entre otros aspectos, como los elementos que lo determinan. Entre los
métodos indirectos más utilizados se encuentran el enfoque de Transacciones (Feige, 1979;
1989) que se calcula descontando el producto nacional bruto (PNB) oficial del PNB nominal
total. El enfoque de la demanda monetaria (Tanzi, 1982) supone que un incremento en el
tamaño de la economía informal incrementará la demanda de dinero; este método compara la
diferencia ente el desempeño de la moneda cuando la carga de impuestos directos e
indirectos es tomada en su valor más bajo, y el desempeño monetario junto con la carga
impositiva real y las regulaciones gubernamentales (Schneider, 2000).
El enfoque de Modelo (Frey y Weck, 1983; Giles, 1999) se basa en la teoría estadística de
variables no observadas en el tiempo. Es el modelo dinámico de indicadores y causas
múltiples (DIMIMIC) que vincula variables no observables, como lo es la economía
informal, a variables causales o independientes como lo son las tasas de interés, el ingreso y
el trabajo.
Por último, el método del insumo físico de Kaufmann y Kaliberda (1996) se basa en el
supuesto de que existe una relación estable en el tiempo entre el consumo de electricidad y
el producto interno bruto (PIB). Esto implica que incrementos en el consumo de electricidad
se deberían reflejar en las variaciones en el tamaño del PIB de un determinado país o región.
Este método atribuye a las actividades del sector informal el consumo de electricidad que no
se explica por las actividades consideradas en el PIB. La principal debilidad de este método
es que no permite diferenciar entre actividades informales legales, ilegales, voluntarias o no.
Para cumplir con los objetivos de este trabajo, es necesario conocer el tamaño del sector
informal en frontera norte de México durante el periodo 1989-20043. Para calcularlo, se
parte del supuesto de una relación estable entre PIB y consumo de energía eléctrica, mismo
que constituye una de las debilidades del modelo. La fórmula empleada es la siguiente
(Kaufmann y Kaliberda, 1996):
INF =
( PIB 0 / E0 )
1
( PIB1 / E1 )
donde:
INF : Tamaño del sector informal.
PIB: Producto Interno Bruto
E : Consumo de electricidad
El método de Kaufmann-Kaliberda (1996) permite conocer el tamaño del sector informal,
como proporción del PIB, en las entidades de la frontera norte del país. Los datos utilizados
en el presente análisis se obtuvieron de fuentes secundarias, es decir, estadísticas nacionales
generadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Banco de Información
Económica (BIE) del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
IV. Informalidad en la Frontera Norte.
De acuerdo con Flores y Valero (2004) para el 2001, el sector informal en México
representaba alrededor del 25% del PIB, calculado con los Método de Insumo Físico y
Enfoque Monetario.
En el mismo estudio, se observan variaciones importantes en el
promedio por décadas: en los 70’s el promedio de la economía informal como proporción
del PIB calculado a través del Enfoque Monetario fue de 34.1%, en los 80’s aumentó a
40.5% y durante los 90’s disminuyó a 24.7%. A pesar de que existen pocas estimaciones
sobre el tamaño y desempeño del sector a nivel estatal o regional en el país, un estudio
3
Se considera 1989 como año base, partiendo del supuesto de que es en este periodo donde la relación PIBconsumo electricidad presenta mayor estabilidad.
previo (Mungaray, 2006) sobre informalidad en los estados de México para el periodo
1990-2004, muestra que el fenómeno es característico de las entidades federativas, aunque
su desempeño varía a través de ellas.
Por ejemplo, estados como Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, San Luis
Potosí y Sonora han mantenido niveles de informalidad por debajo de la media nacional. De
manera contraria, estados con niveles de informalidad por encima de la media son Baja
California, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala. Por otro lado, aquellos estados
cuyo desempeño empeoró durante el periodo en análisis, fueron Campeche, Quintana Roo y
Tabasco (Ibid).
Por otra parte y dado que el estudio considera la frontera norte de México, cabe mencionar
que la expansión económica y demográfica observada en las ciudades de esta región se
sostienen en el proceso de industrialización llevado a cabo con la incorporación de la
maquila que, junto con las actividades del sector terciario, diversifican la base productiva de
la región y se traduce en mayores tasas de migración (Canales, 1999). Sin embargo, esta
dinámica industrial no es condición suficiente para que la informalidad no sea una
problemática observada en la frontera.
En Baja California este sector como proporción del PIB fue, en promedio, 28% aunque la
tendencia creciente observada en el periodo de análisis se disparó abruptamente de 1995 a
1996 (figura 1). Otros estados donde la informalidad tuvo este comportamiento ascendente
fueron Nuevo León, con un promedio de 21% en el periodo y Tamaulipas con 27.8% como
proporción del PIB (véase cuadro 1).
Esta situación contrasta con aquella observada en Sonora, entidad en donde el sector
informal representó un -6.3%4, en promedio, con respecto al PIB y mostró una significativa
propensión a disminuir a partir de 1999, principalmente (véase figura 1). En Chihuahua, a
4
El signo negativo representa decrementos en el sector, en términos del PIB de la entidad
pesar de que en 1995 la informalidad aumentó significativamente, el promedio en el periodo
fue relativamente bajo, es decir, 0.4% (véase cuadro 1).
Cuadro 1. Estadística Descriptiva del Sector Informal.
Baja
California
Chihuahua
Coahuila
Nuevo
León
Sonora
Tamaulipas
Informalidad*
28.0%
0.4%
5.4%
21.0%
-6.3%
27.8%
Desv est**
18.0%
8.7%
9.0%
13.1%
4.1%
13.9%
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y CFE, 1989-2004.
*Promedio, como proporción del PIB, durante el periodo 1989-2004. **Desviación estándar.
Figura 1. Informalidad en la Frontera Norte de México.
0.6
0.5
Tamaño sector informal (% PIB)
0.4
0.3
Baja California
Chihuahua
Coahuila
0.2
Nuevo León
sonora
Tamaulipas
0.1
0
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
-0.1
-0.2
Año
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y CFE, 1989-2004.
V. Caso de estudio. El sector informal en Tijuana: perspectiva de género.
La importancia de estudiar a la ciudad de Tijuana radica, entre otros aspectos, en su
estratégica ubicación geográfica que hace frontera con San Diego, CA., situación que ha
permitido aprovechar esta ventaja para propiciar una expansión tanto económica, basada
principalmente en el sector maquilador, como urbana; además de que es considerada como la
“frontera más transitada del mundo” (Fuentes, 2002).
A pesar de dicho dinamismo
económico, esta ciudad no está exenta de problemáticas tales como la pobreza, segregación,
informalidad, entre otras (Rabelo, 2006).
Con la finalidad de entender la dinámica y caracterización del sector informal en esta ciudad
fronteriza, durante el verano de 2007 se aplicó la encuesta “Economía Informal y Cambio
Institucional en Baja California” a 980 empresarios y empleados de la región. Del total de
encuestas, el 55% fue a empleados y el resto a empresarios.
Centrando el análisis en los empleados y para caracterizar al sector informal en la localidad,
se diferenció entre aquellos que están registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), es decir que realizan actividades económicas formales a nivel federal, y
aquellos que carecen de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), denominándose en este
estudio, agentes informales. Según datos de la encuesta, el 76.1% de los empleados son
informales, de los cuales, el 40% son del sexo femenino.
El International Labour Office (ILO), incluye en el sector informal aquellas actividades y
trabajadores que no son tan evidentes (ejemplo: vendedores ambulantes) como pueden serlo
pequeños establecimientos (ILO, 2002). Lo anterior coincide con los datos arrojados por la
encuesta, ya que el 62.3% de los informales trabaja en un local (establecimiento), mientras
que el 33% realiza su actividad económica en las calles; el resto lo hace en la casa del
propietario del negocio.
Uno de los resultados interesantes arrojados por dicho estudio, es que el ingreso semanal
promedio de los empleados que realizan actividades informales es de $1244.9 pesos
corrientes en tanto que, considerando el salario mínimo oficial en la región, un empleado
formal obtiene ingresos semanales de $354 pesos (véase cuadro 2). Este hallazgo empírico
concuerda con la teoría, ya que en el corto plazo y dada su falta de especialización5, los
5
Lo anterior se sustenta con los datos arrojados por la encuesta ya que, en promedio, los individuos
informales han estudiado 9 años, lo que en este país equivale a secundaria terminada.
individuos deciden formar parte de la informalidad pues los beneficios (en sentido
económico) son mayores, aunque excluyan de su función aspectos asociados a la formalidad
como crédito a vivienda, seguridad social, certidumbre en el trabajo, etc.
Cuadro 2. Comparativo formales e informales.
Salario promedio
Escolaridad promedio
% mujeres
6
% migrantes recientes
Informalidad
Formalidad
$1244.9
$354
Secundaria terminada
11.1 años (nivel
(9 años)
preparatoria)
40.3%
47.6%
18.8%
9.5%
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta “Economía Informal y Cambio Institucional en Baja
California”, 2007
Sin embargo, diferenciando el salario del agente informal de acuerdo al sexo, se observa que
aún en estos mercados hay discriminación salarial ya que, en promedio, un hombre gana
$207.5 pesos más a la semana que una mujer. De acuerdo a los resultados econométricos
(véase cuadro 3), el salario base de un informal es de $1118 pesos y una diferencia de
$207.5 pesos atribuida al sexo; es decir, un hombre gana 18.6% más del sueldo base que una
mujer, a la semana.
Cuadro 3. Función de ingreso: resultados econométricos.
Variable dependiente:
Salario en el sector informal
Variables independientes:
C
Sexo+
F estadística
DW
1118
(8.2)*
207.5263
(1.18)**
1.395800
1.671124
+
Variable dummy, donde 0: mujeres, 1: hombres.
*Significativa al 5%; ** significativa al 10%.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta “Economía Informal y Cambio Institucional en Baja California”,
2007
6
Se entiende como migración reciente a aquel estrato de la población, no nativa, que tiene 5 años o menos
residiendo en la ciudad.
Por otro lado y desde una perspectiva teórica, el impacto que tiene la migración sobre la
informalidad es directa, es decir, aumentos en aquella se traducen en mayores tasas del
sector informal, ya que los migrantes presionan los mercados formales de los estados
receptores debido a la necesidad de incorporar a los migrantes al sector productivo formal
así como a la falta de capacidad de absorción de las estructuras económicas de los países en
desarrollo. Analizando los datos de la encuesta, de los empleados que se consideran como
migrantes recientes una mayor proporción se articulan a mercados informales (18.8%), en
comparación con la formalidad. Sería interesante conocer el tiempo promedio de transición
de un mercado a otro de los migrantes, sin embargo la encuesta no incluye temporalidad
(véase cuadro 2).
Adicionalmente, la escolaridad de la población ocupada es un factor que frecuentemente se
toma en cuenta al analizar el sector informal. Teóricamente, un trabajador con mayores
niveles educativos tiende a participar en actividades formales, esto gracias al nivel de
especialización adquirido a través de la educación formal. En este sentido, investigadores
como Mungaray et al., (2001), Ledezma (2004), Texis (2006), y Mungaray y Ramírez
(2007) han encontrado que las actividades informales, especialmente en países en desarrollo,
requieren de niveles de calificación bajos dada la naturaleza del proceso productivo del
sector, por ejemplo, alimentos y servicios personales.
En este sentido, el impacto inverso de la educación sobre la informalidad se corrobora al
estimar
el
coeficiente
de
correlación
entre
estas
variables
(-0.241),
donde
independientemente del grado de correlación para este caso particular, se conserva la
relación negativa entre ellas, resultado que concuerda con aquel encontrado por Mungaray y
Rabelo (2008) para la región noroeste de México, dando a conocer que una población
educada tenderá a decidir pertenecer a la formalidad dado que en su decisión tomará en
cuenta los costos y beneficios de mediano y largo plazo que ello le implica. En este sentido,
se reconoce a la educación como uno de los elementos de política pública que se deberían de
promover como medio para reducir el tamaño de la informalidad en las regiones.
En cuanto a la caracterización educativa de los empleados encuestados, los resultados
muestran que los agentes formales cuentan con niveles de estudio promedio equivalentes a
educación media superior o preparatoria, es decir 11.1 años estudiados. En tanto que los
informales estudian en promedio 9 años, que corresponde a nivel secundaria. (véase cuadro
2). Discriminando por sexo, los resultados muestran que las mujeres que pertenecen al
sector informal estudian 0.8 años más que los hombres, situación que no se refleja en el
salario o ingreso percibido por ellas (véase cuadro 4).
Previos estudios (De Soto, 1989) muestran que la informalidad no solo es importante por
sus implicaciones económicas sino porque, en general, en países en desarrollo la
informalidad se relaciona con la pobreza, segregación social y todo aquello que está fuera del
alcance del estado; por ejemplo, solamente el 44.4% de las mujeres informales cuentan casa
propia, y de este porcentaje solo el 66.7% posee escrituras de la misma, es decir,
únicamente el 29.6% tiene certidumbre respecto a la posesión de su vivienda. En el caso de
los hombres, el 40% de los empleados informales poseen vivienda propia y de estos el
81.3% tienen escrituras, lo que se traduce en un 32.5% de los hombres tienen vivienda
propia, en términos formales (véase cuadro 4). Aunado a ello, ninguno de estos agentes
informales posee certidumbre respecto a su empleo, ya que carecen de contrato alguno
(escrito, verbal, definido o indefinido).
Otra consideración de especial interés en este estudio, es que ha habido un incremento en la
participación de la mujer en la economía del hogar, que le permite consolidarse como coproveedora del hogar y, en muchos casos, única sostenedora del mismo (Silveira y Matosas,
2003). En este sentido, de las empleadas que se consideran dentro de la informalidad, el 56%
tienen dependientes económicos (que oscilan entre uno y cuatro), en tanto que el 50% de los
hombres se encuentran en esta situación.
Además, la encuesta muestra que en términos de la jornada laboral, hay una diferencia poco
significativa entre hombres y mujeres; es decir, en promedio, los hombres trabajan 0.1 hora
más que las mujeres. Sin embargo, no hay que olvidar que una vez que cumplen con su cuota
laboral, las mujeres continúan desempeñando un trabajo no remunerado en sus hogares,
situación que las pone en desventaja con respecto a los hombres, ya que puede suponer un
desgaste físico y emocional mayor.
Cuadro 4. La informalidad desde una perspectiva de género.
Masculino
Femenino
50%
56%
12.5%
7.4%
40%
44.4%
Tiene escrituras casa propia
81.3%
66.7%
Alfabetismo
92.5%
100%
8.8
9.6
8.9
8.8
$1325.5
$1118
Tiene dependientes
económicos
Habla lengua indígena
Cuentan con casa propia
Promedio años estudiados
Promedio horas dedicadas a
actividad principal
Salario promedio semanal
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta “Economía Informal y Cambio Institucional en Baja California”,
2007
VI. Conclusión.
El presente estudio implica un esfuerzo inicial para entender de manera general las
características y determinantes del sector informal en la región fronteriza de México, además
de profundizar en la caracterización de la informalidad en Tijuana, de manera particular.
De este análisis, diferentes aspectos son relevantes tanto para entender la dinámica del
sector informal en la región, como para deducir algunos elementos de política pública que
podrían ser tomados en cuenta para su disminución.
Los resultados muestran que la presencia del sector informal es común entre los estados de
la frontera norte de México. En lo particular, el caso de Tijuana revela que el mercado
informal ofrece incentivos que atraen a los agentes económicos a realizar actividades dentro
de él. Dichos beneficios son claros en el corto plazo, dada la diferencia en términos del
ingreso percibido en dicho sector. Desde una perspectiva de género, este estudio sugiere que
la diferencia en los niveles de ingreso observada tradicionalmente en los mercados formales,
prevalece en la informalidad, lo que sugiere que los problemas de género dependen de
factores que van mas allá de la propia estructura económica o política.
En general, los resultados indican que los arreglos institucionales sobre los cuales los
individuos y hacedores de política interactúan tienen impacto sobre la decisión de
permanecer o no en los mercados formales. En este último sentido, el análisis sugiere que
los esfuerzos para reducir el tamaño del sector informal por medio de política pública,
deberían estar precedidos por un mejor entendimiento del marco institucional dentro del cual
se toman las decisiones políticas y de la identificación de los arreglos institucionales que
incentivan, o no, a los agentes políticos y económicos a actuar en mercados formales,
tomando en cuenta que deciden en un contexto de racionalidad limitada, donde la
información, la educación y los valores culturales juegan un rol de vital importancia.
El análisis sugiere que la educación formal y el acceso a información permiten que los
individuos tomen mejores decisiones al considerar costos y beneficios, tanto en el corto y
largo plazo, de moverse de un mercado a otro. Esto indica que, una política pública
orientada a la reducción del sector informal podría complementarse con esfuerzos para
aumentar los niveles de escolaridad y disminuir los costos asociados al acceso a información.
Ejemplo de ello sería que el individuo conociera los procedimientos para formalizar sus
actividades productivas, acceso a derechos de propiedad y conocimiento del marco jurídico
que los protege.
A pesar de la riqueza de los resultados, este estudio presenta importantes limitantes, sobre
todo de carácter metodológico ya que la medida utilizada para aproximar el tamaño y
desempeño del sector informal presenta limitaciones, aunado a ello la carencia de datos a
nivel estatal ha sido una importante restricción.
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