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03/04/2017 Tirada: 50.000 Categoría: Económicos Difusión: 30.000 Edición: Nacional Audiencia: 78.000 Página: 40 AREA (cm2): 200,7 OCUPACIÓN: 17,8% V.PUB.: 2.573 ECONOMIA El fraude fiscal cuesta a Italia 110.000 millones al año Solo 200.000 de las 4 millones de empresas son controladas G.V. MILÁN. Casi un 5 por ciento del PIB italiano se esfuma cada año a causa del fraude fiscal, una cantidad que equivale al rescate de la banca transalpina y a más de 30 veces el ajuste adicional que demanda la UE para no tener que imponer sanciones por incumplimiento de déficit. Según el informe “Relación anual sobre el fraude fiscal y contributivo”, presentado la semana pasada en Roma, la diferencia entre los impuestos exigidos y los pagados es de más de 100.000 millones al año. Los datos, desvelados por una Comisión del Ministerio de Economía, se refieren al trienio 2012-2014 e indican un aumento del fraude fiscal muy superior al crecimiento de la economía: si en 2012 se esfumaron 108 millones de euros entre impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, la pérdida para 2014 se valora en 111 millones. El sector en el que se evaden más impuestos es el de los servicios a las familias (a menudo, los empleados del hogar y canguros trabajan sin contrato ni Seguridad Social), con un 30 por ciento del volumen de negocio escondido ante Hacien- da. Por detrás estaría el comercio (26 por ciento) y la construcción (24 por ciento). “Italia tiene un problema relacionado con el crecimiento de la productividad, y es evidente que, si solo consiguen estar a flote gracias al fraude fiscal, las empresas no tienen incentivos para invertir e innovar. Podemos decir que el fraude tiene un papel muy importante en la debilidad de la economía”, ha comentado Enrico Giovanni, expre- sidente del Instituto Nacional de Estadística y actual presidente de la Comisión que estudia la economía sumergida y el fraude fiscal. Además, el informe presentado la semana pasada señala que tan solo 200.000 de las 4 millones de empresas italianas reciben controles fiscales anuales. Es decir, a pesar de las promesas gubernamentales, los recursos que el Estado destina a luchar contra el fraude siguen siendo insuficientes.