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Nota informativa
Un informe del CERMI alerta de los efectos devastadores en el tercer
sector social de la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el
Gobierno
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El CERMI pide que no se exija a las entidades no lucrativas de iniciativa social
la aportación complementaria o cofinanciación y que se mantenga el estatuto
legal actual para estas entidades del tercer sector
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El informe subraya la importancia de los recursos económicos de procedencia
pública dado que “lo que se prestan son servicios públicos de responsabilidad
de una Administración Pública, aunque el proveedor inmediato de los mismos
sea una entidad social no lucrativa”
(Madrid, 17 de marzo de 2014).- El Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un informe en el que alerta de los
“devastadores efectos” sobre el tercer sector social de la reforma de la Ley de
Subvenciones que prepara el Gobierno.
El informe subraya que es necesario tener en cuenta el “enorme peso” que el sector social
de la discapacidad tiene en la cantidad y en la calidad de la atención que reciben las
personas con discapacidad en España y recuerda que “en España, la acción pública en
materia de discapacidad es la suma de la actividad de las Administraciones Públicas y de
la aportación de las entidades de iniciativa social, que “despliega una actividad pública
pero proporcionada desde el tercer sector no lucrativo”.
Según recoge el informe, esta acción social pública pero prestada por entidades sociales,
se canaliza a través de dos mecanismos: el concierto y la subvención y subraya la
importancia de los recursos económicos de procedencia pública dado que “lo que se
prestan son servicios públicos de responsabilidad de una Administración Pública, aunque el
proveedor inmediato de los mismos sea una entidad social no lucrativa”. “Se trata de una
singularidad que desde la Administración social es considerada como un valor digno de
preservar y proteger”, señala el texto.
Según asegura el CERMI, el aspecto del Anteproyecto de Ley que más repercute, de modo
negativo, en el sector social de la discapacidad y que es necesario corregir en el trámite
previo a su adopción como Proyecto de Ley, es la exigencia a todos las personas
(incluidas las entidades no lucrativas de iniciativa social) que reciben una
subvención pública de cofinanciar con recursos propios una parte significativa de
la cuantía de la misma.
Se trata, puntualiza el CERMI, de un requisito que es absolutamente “contraproducente”
para las entidades del tercer sector no lucrativo, ya que “su efecto sería devastador para
las organizaciones sociales de la discapacidad” y también “para las políticas públicas de
discapacidad, que en gran medida son desplegadas materialmente por la iniciativa social
bajo dirección y con financiación públicas”.
Por ello, el CERMI insiste en que un esquema de cofinanciación como el recogido en el
Anteproyecto de Ley, no sería apropiado, ya que “no se trata de una actividad de origen
privado, útil socialmente, que la Administración fomenta y para lo que destina fondos, sino
que es una acción o servicio público que la Administración presta por personas
intermedias, “imprescindibles para que esa actividad llegue a sectores de población en
situación de necesidad extrema, dando respuestas a demandas acuciantes, cuya
responsabilidad incumbe al poder público, y ofreciéndolas en términos de satisfacción e
incluso en condiciones económicas que han supuesto un ahorro de fondos públicos”.
Por ello, “exigir cofinanciación en estos supuestos resultaría inadecuado y
pondría en peligro y frustraría fines sociales de acción social y de atención a
grupos en situación de vulnerabilidad establecidos como imperativos
constitucional y legalmente”.
A este hecho, asegura el CERMI, habría que añadir la situación de “extrema debilidad”
financiera del tercer sector de la discapacidad, que conlleva que “la aportación de fondos
propios resulte imposible”. Según la información disponible sobre el sector de la
discapacidad en España, de las 10.000 entidades activas existentes, un 70 % de las
mismas tienen un presupuesto inferior a los 150.000 euros anuales, constituyendo los
recursos propios no más del 20 % de su volumen.
De este modo, la propuesta del CERMI es que el Anteproyecto de Ley varíe para que no
se exija a las entidades no lucrativas de iniciativa social la aportación
complementaria o cofinanciación, y que se mantenga el estatuto legal actual
para estas entidades del tercer sector, a modo de regulación específica que las
exceptúe del régimen común.
Además, el CERMI destaca en su informe otros aspectos del Anteproyecto de Ley con
incidencia negativa en el tercer sector social de la discapacidad, como la regulación
ratificadora del las subvenciones nominativas, la circunscripción de la finalidad de la
subvención y de los sujetos que pueden aspirar a la misma en el caso de las subvenciones
sociales; la regulación de los anticipos, la simplificación de la justificación y el
endurecimiento del régimen sancionador, especialmente, en materia de reintegros.
El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con
discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades,
que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la
población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España.
Nuestro objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía y la
igualdad de oportunidades de este grupo social.
Tema: Un informe del CERMI alerta de los efectos devastadores en el tercer
sector social de la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno
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