Download ciudadanía y democracia en bolivia 1900-1998.

CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA
1900-1998.
Alvaro García Linera*
¿Cuándo surge el ciudadano? Básicamente, cuando un conglomerado de individuos vinculados por múltiples lazos de interdependencia supone que ,us prerrogativas políticas están
incorporadas en la nomlatividad estatal y las practican en ese entendimiento. Se trata de una
eficiencia entre la vida ci vil y la manera de proyectarla como vida política. como vida compartida y gestionada con otros.
Hablar de ciudadanía es. por tanto, la verificación de una sensibilidad colectiva convertidaen un hecho estatal que transmuta un lemperamento sociali zado en un dispositi vo público
que norma la vida política de todos. No es casual entonces que los procesos de formación
ciudadana sean también los de la construcción de las naciones. pues se trata de dos maneras de
abordar el mismo prohlema de la constitución del yo colectivo.
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'
Aungue la ciudadanía evoca un conjunto de derechos políticos reglamentados y cjerci-
i dos por los individuos (ciudadanos) de un determinado espacio social y geográfico, su sustan, cia no es una ley, un decreto o una sanción; ley y sanción sólo regentan una sustancia social
producida en lugares más prosaicos y poderososcomo la aglomeración, la rebelión, la derrota
o la muerte vividas en común. , Por ejemplo, Bolivia, como invención ciudadana de masas,
sólo surgirá sohre los 50.()OO muertos del Chaco y la Revolución de abril que interconectan ,
en la tragedia y el destino, a personas que hahían vivido la patria como una prolongación de la
hacienda. la mina o el ayllu. La ley, pálida lranscripción de estos sucesos, evocará a la larga
los fuegos primigenios de las relaciones de fuerzas. de los pactos. las osadías y servilismos
que dieron lugar a los "derechos". mas no será capaz de sustituirlos.
En este sentido. ~ I ciudadano no es ~~e~o con derechos, aunque necesite de ellos
paNl verificar su ciudadanía: aqte t~do es un sujeto que se asume como un sujeto con
de-rechos políticos q\lc son correspondidos por la normatividad estalal , es decir, es un
sujeto en estado de autoconciencia de ciertas facultades políticas. El acto de producir
e l·derecho. de rec.onocerse activamente en él , es lo decisivo de su ' cualidad ciudadana
pues en el fondo no hay ciudadano al margen de la práctica de la ciudadanía, esto es,
de la voluntad de intervenir en los asuntos que lo vinculan con los demás conciudadanos. Estamos hahlando entonces de la ciudadanía como responsabilidad política ejercida_, como forma de intersubjetivación política .
• Ilt.",:C:nll' (' inwstigndor tk la CIfTl'ra de Sodología - llMSA
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De ello se desprenden dos conclusiones. La primera: si bien es cierto que el ciudadano se
constituye en torno al Estado como espacio social de verificación institucional de sus derechos ciudadanos. no es él quien puede crear por sí mismo el efecto de ciudadanía porque el
Estado es la síntesis expresiva de los procesos de ciudadanización que bullen al interior de la
estructura social. El Estado puede potenciar una específica manera de ciudadanía parág aran:.
tizar su papel dominante, puede sancionar y subaltemizar modos distintos o antagónicos al
prevaleciente, pero no puede inventarse al ciudadano. Cuando lo hace, una vulgar arbitrariedad burocrática apoyada en el monopolio de la violencia física y simbólica se extenderá sobre
el cuerpo político de la sociedad sin más receptividad que la indiferencia, el temor y la displicente tolerancia que. más pronto o más tarde, harán brotar las ansias de una ciudadanía efectiva en la que las colectividades se sientan efectivamente interpeladas por el ámbito publico,
perturbando la estabilidad gubernamental hasta que ésta logre un mayor grado de eficiencia
respecto a las pulsaciones emanadas desde la "sociedad civil". Una buena parte de los procesos de ciudadanizacion neoliberales están marcados por estas limitaciones burocráticas y las
recurrentes búsquedas de adecuamientos administrativos que agravan el distanciamiento entre voluntad social-general y gestión estatal.
La ciuduJanía requiere de un ininterrumpido ritual de seducción y adhesión entre Estado
y "sociedad civil" , además de fluidos pactos y compromisos al interior de la propia sociedad
civil. Que las personas involucradas en esta producción de voluntad colectiva sean un grupo
definido por el linaje o que sean todos los miembros abarcados por la soberanía administrativa del Estado, habla del ámbito de irradiación social del ejercicio ciudadano, y también de la
medida de la ambición histórica de esta ciudadanía estatalmente refrendada. Igualmente, el
que la interconexión de las voluntades se dé sobre la base de una previa comunidad laboral o
de una caprichosa abstracción de las diferencias económicas, refleja la densidad o superficialidad social del hecho de ciudadanía.
En segundo lugar, el que la ciudadanía sea una disposición de poder, un comportamiento
político y una intelección ética de la vida en común. muestra que el espacio de aplicación de
las facultades ciudadanas va más allá y más acá del espacio estatal, aunque lo abarque. El que
las modernas fornlas de ciudadanía se muevan en torno a la irresistible atracción del poder
estatal. no invalida que la inclinación a algún tipo de compromiso político ha sido habilitado
previamente por las cualidades civiles del sujeto de ciudadanización. Predisposición o talento
que se ha ejecutado en otras esferas de la vida (económica, cultural, simbólica) al margen de
la propia mediación estatal. [La voluntad práctica de ciudadanía se manifiesta en todos los
terrenos de la vida en comú~ y lo que hace el Estado es o disciplinarla, o encumbrarla en
oposición a otras. o proscribirla en beneficio de una ya existente, o sancionarla, o educarla a
través de unos dispositivos de legitimación que convierten a una de la~ prácticas difusas de
ciudadanización en la ciudadanía estatalmente reconocida y fomentada j Es en este punto que
hay que ir a buscar la pertinencia de la critica de Marx a Hegel , y luegolentonces también a
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Bolfvar, en su pretensión de crear sociedad y ciudadanía desde el ~sta9o cuando en verdad él
_ es un producto de las p~imeras.
Por ello es que es posible hallar formas de ciudadanización no estatales o al margen de
los circuitos estatales del recorrido del pode~político. De hecho, el Estado tiene como fun~ión el mon()polio de normar lo políticamente lícito y domeñar o extirpar los múltiples modos
políticos y de ciudádanización diferentes o peligrosos para la arbitraria ciudadanía legítima.
El ayllu republicano, por ejemplo, o la asamblea obrera y barrial y sus maneras de
unificación política, son modos de ejercicio de derechos y responsabilidades públicas, aunque sean locales. Cuando ellos tienen vigor propio se desenvuelven al margen del Estado y
aunque distintas estructuras estatales han intentado utilizarlos como modos de ciudadanización
(el ayllu en el Estado colonial, el sindicato en el Estado nacionalista), por épocas han desempeñado el papel de auténticas creaciones sociales de interunificación política que no requieren de mediación ni legalidad estatal para efectivizarse.
En todos los casos, la ciudadanía es el proceso de producción del contenido y de la
forma de los derechos políticos de una estructura social. A través de ella, la sociedad se
desnuda en sus capacidades e ineptitudes para gestionar los asuntos comunes; pero también el
Estado se exhibe en su consistencia material para cooptar las iniciativas que se agitan en la
"sociedad civil".
Hasta hoy, la historia política de Bolivia presenta al menos tres momentos de construcción de ciudadanía legítima en los que estas múltiples dimensiones sociales se han puesto en
movimiento.
LA CIUDADANÍA DE CASTA
Desde que la asamblea deliberante de 1825 y la constitución de 1826 otorgan derechos
políticos y jurídicos a quienes posean una elevada renta, una profesión, sepan leer y escribir y
no se hallen en relación de servidumbre, es claro quiénes han de ser interpelados como ciudadanos por el nacient<;Estado y quiénes no.
En este orden, los indios son la nada del Estado, su externalidad más fundamental.
Mientras que los niños deben esperar la herencia y el crecimiento biológico para acceócr a sus derechos y las mujeres, que también están excluidas de los derechos ciudadanos, pueden influir en el curso de las estrategias matrimoniales para preservar y ampliar
el patrimonio familiar que garantice la ciudadanía, los indios, hombres y mujeres, se
presentan de entrada como la exterioridad más profunda e irreductible del Estado. De
hecho, el Estado repuhlicano nace a cahalgadura en contra de la indiada y todo su armazón
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argumental no hace más que repetir, mediante disposiciones administrativas, este imperativo social de unas clases pudientes que no tienen en común más que la misión de
atrincherarse en el Estado en contra los indios.
El Estado republicano, conservador o liberal, proteccionista o librecambista, es pues,
de entrada, un Estado construido al modo de un sistema de trincheras y emboscadas en contra
de la sociedad indígena, de los ayllus, de los comunarios,
No hay en él ni un atisbo de simulación de incorporar al indio porque lo que
define al Estado, a las fracciones sociales unificadas políticamente como poder gubernamental, es precisamente la conjura permanente contra la indiada. Por encima de las
rencillas entre oligarcas mineros, comerciantes arribistas y gamonales pueblerinos, está
la contención del ayllu soliviantado considerado como el fin de la historia, como la
hecatomhe de la civilización.
El Estado republicano es entonces un Estado de exclusión; todos sus mecanismos administrativos están atravesados por la exacción y la disuasión del tumulto comunal. Lo indio
es lo pre-social con sus amenazantes horrores desbocados, ocultos tras el manto de elusivos
silencios y humildades.
Si el indio no es la apetencia poblacional del Estado sino el límite de su comprobación,
es claro que el ciudadano es el sujeto que se construye en lanto antípoda de la indianidad:
propiedad privada contra propiedad común, cultura letrada contra cultura oral, soberanía individual contra servidumbre colectiva; he ahí los fundamentos de la civilidad legítima. El
ciudadano es pues el no-indio, eslO es, aquel que es capaz de darfe pública de ser irreconciliable con las estructuras comunales.
No cahe duda de que la ciudadanía en esla época se construye a través de la feroz
negación del mundo indígena. De hecho, la construcción de los símbolos de poder que han de
ser monopolizados por el Estado, se la hace por la vía de la negación de la simbología del
mundo indígena. Que esla exorcización social tome la forma de estratificación élnico-racial
sólo viene a validar el arquelipo colonial de la realidad histórica en la que la división del
trabajo. de los poderes dominanles está marcada por las fisonomías raciales diferenciadas
entre colonizadores y colonizados. El social-darwinismo de principios de siglo, lejos de innovar esla secular escisión social, ha de adornar con relórico lenguaje positivista la sustancia de
un secular espíritu colectivo.
En estas condiciones fundan les de la identidad colectiva de las clases dominantes, la
ciudadanía, como el poder, la propiedad y la cultura legítima, no son prerrogativas que se
deliberan sino que se ejercen como imperativo c¡¡tegórico pues son un derecho de conquista.
La ciudadanía no se presenta entonces para los ciiJdadanos como una producción de derechos
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sino como una hereneia familiar y en eso todas las fracciones dominantes presentan un acuerdo
tácito; de ahí que se pueda hablar en toda esta época republicana del ejercicio de una ciudadanía patrimonial.
Los únicos momentos en que esta ciudadanía hereditaria se rompe. son aquellos
cuando la plebe irrumpe en la historia como muchedumbre politizada (los artesanos de Belzu.
los comunarios aymaras de Willca). Mas estos desbordes democráticos rápidamente serán
anulados por un Estado y una cultura política urbano mestiza cuya razón de ser es justamente
la posesión patrimonialista del poder de Estado.
La ciudadanía se presenta entonces como una descarada exhibición de la estirpe; no se
hacen ciudadanos sino que se nace ciudadano. es un enigma de cuna y aholengo; su realización es sólo un prohlema de madurez biológica porque el abolengo del apellido es aquí la
garantía de los derechos políticos.
El ejercicio de la ciudadanía no es en esta época un modo de responsabilidad púhlica.
a no ser que tal compromiso sea la lealtad jurada a la perennidad de la casta: es por sobre todo
la exhihición de los blasones familiares, de la pureza de sangre que convalida poder y huen
gusto. En hoca de los antiguos liberales, como hoy de los advenedizos, la igualdad de los
hombres es una impostura discursiva que encumhra la m<.Ís terrible segregación de los que no
pueden lucir la blancura de sus ancestros y de sus caprichos pueblerinos.
Esto no quita por sup uesto la intrusión en este espacio cerrado y endogámico. de ciertos puñados de arribistas que son capaces de hbnquear su linaje, por tanto de hacerse partícipes de los reales códigos de ciudadanía, mediante el abultado volumen de sus ganancias
publicitadas. Son los comerciantes exitosos. los dueños de pequeñas factorías. de haciendas
cocalcras y trigucms, lanludos al éxito económico por los procesos de urbanización y recuperación minera de principios de siglo. Son tamhién los frulos bastardos de los encholamicntos
oligárquicos que, manipulando el rango simhólico del apellido del padre y lucrando de las
fidelidades laboriosas de la línea materna. logran puestos hurocráticos . .iuntan pequeñas fortunas o apresurados conocimientos letrados con los que transar la legalidad del patronímico.
Pero son ciudadanos de sospechosa alcurnia pues siempre habrá en ellos. en su mal gusto para
vestir, en su afcc¡,;ión por la gordura como emhlema oc bonanza, en su ~implcLa e~LéLj¡.:a o la
insuficiente hlancura facial. un motivo para comprobar su vclada complicidad con una
indianidad estigmatizada.
Sólo un mayor volumen de dinero dcl mestizo exitoso, junto con la fuerza de las armas
del caudillo militar de turno capaz de mostrar en la ferocidad contra los indios suhlevados la
lealtad al linaje anhelado. serán capaces de sohornar los airados reclamos de pureza racial y
por tanto de su derecho a la ciudadanía.
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Pero su densidad interna será justamente la condición de su disolución. Ningún Estado
que se precie de ser tal. esto es, que pretenda perpetuarse, puede lograrlo mediante la impúdica exhibición de los privilegios privados que salvaguarda; tiene que camuflarlos como interés
general, como voluntad común de los habitantes incorporados en el ámbito geográfico de su
señorío. Por eso es Estado. Esto lo sabía Toledo y por eso fundó las Leyes de Indias que no
son más que la confirmación jurídica de dos formas de ciudadanía hasta cierto punto autónomas, la de los españoles y la de los indios, pero con la última subsumida y tutelada por la
primera.
La ciudadanía de casta en cambio. era una forma de politización social que clausuraba
deliberadamente la entrada de lo más amplio de la propia sociedad, los indios. a la ilusión de
un usufructo común de los fueros políticos. En tal sentido era una ciudadanía decadente, sin
decoro ni grandeza histórica y que sólo atinaba a insutlarse por la lentitud de su ocaso. Su
muerte, que paradójicamente no será otra cosa que la extensión de la ciudadanía, precisamente se rá obra de esa masa de 4uien hasta entonces. se había pensado que era incapaz de racionalizar lo que es el bien público: los indios y la plebe urbana.
LA CIUDADANÍA CORPORATIVA
Que la plebe armada conquiste 10 que considera sus derechos habla más que de una
insolencia épica. de un contenido colectivo, muchedúmbrico, del concepto de ciudadanía.
ESIO fue lo que sucedió en 1952.
Fue un momento de la historia en que los códigos jurídicos enmudecieron. los viejos
prejuicios se ñnrialcs parecieron desmoronarse y el linaje dejó de ser suficiente argumento
para conservar el monopolio de la gestión del interés colectivo.
La socicJad suballernizada irrumpió como sujeto deseoso de hacerse responsable de
su porvenir. como sujelo cargado de inlenciones frenle al cometido de los as un lOS públicos,
creando con ello una nueva legalidad de faclo que se desbordó al conjunto de la sociedad y
qut'. por eso, esta sociedad. comenzó recién a actuar como parte de una entidad unificada.
La enunciación práctica de este sentido común de pertenencia se presenta, en este
caso. como la invención social de la nación que el ESlado no podrá menos que corroborar y
luego unilaleralizar según sus fines.
La ciudadanía emergente de la insurrección de .abril resulta entonces de la fusión.caIificada de tres aspeclos. En primer lugar. de la acción autónoma de la sociedad llana que.ct,ecl de _
intervenir sin pedir permiso a nadie en la gestión de lo político. En segundo lugar, 10 hace con
lanta fuerza (el Estado oligárquico ha sido derrolado militarmente) quilaiñstitucÍ,9nalidád
del nuevo poder político no puede menos que incorporar en sus dispositivos la imp! ontade . _
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~~rgía
colectiva. De hecho. la única manera !le domarla ha de ser precisamente la de
~tarla. En tercer lugar. en tanto esta acción se generaliza a todo el espacio social d~sº~:
ranía territorial del Estado, se trata de un hecho nacionalizador. en la medida en que es la
I!rimera construcción política verosímil de aglutinamiento político de toda la' sociedad civil.
Expli~~emos estos tres elementos y su entrecruzamiento.
"
' "'Cuando decimos que una cualidad de la ciudadanía emergente de la Revolución del 52
" 'ésÍa acción.autónoma de la pleoe; no nos estamos refiriendo a que ella actúe al margen de los
pn:.júic¡;; o influencias de la época. Cuando los obreros armados congelan a la puerta de las
fábricas y bancos su envalentonamiento callejero. es claro que el hábito de ser mandado se
reconstruye desde lo más profundo de las experiencias de una masa dominada, por lo que la
autonomía en este terreno del poder económico y espiritual es inverificahle.
Sin embargo, políticamente la plebe explícita una ambición democrática que marca
una ruptura con el criterio emanado del Estado. La ruptura de los diques de abolengo que
restringían la práctica política mostrará una extraordinaria capacidad de ruptura, de invención
social del espacio público cuyo origen no es posible rastrear en la mansedumhre a los podero·
sos, sino en los ardores irreductibles de la insumisión. Más aun, esta osadía con el porvenir.
v~ndrá manifiesta por medio de unas técnicas de organización, el sindicato, que es quizá lo
más auténticamente propio que ha producido la plebe a lo largo de todo el siglo.
Que esta masa ahra la puerta de la historia política moderna bajo la fomla de sindicato
muestra que no sólo se está creando los derechos políticos como una apetencia colectiva, sino
además, que la producción de este precepto social se lo hace bajo estructuras organizativas
igualmente propias, lo que una vez más remarca que los auténticos momentos de democratiza·
ción son simultáneamente épocas de autoconocimiento social.
La política, o mejor. lo que la sociedad civil ha dc interiorizar como política por
propia voluntad práctica es pues la agregación disciplinada por centro de trabajo, porrama de
actividad y por identidad lahoral para interpelar en conjunto al Estado. La revolución ha sido
precisamente la eficacia suprema de esta manera de unificación, y el que la revolución triun·
fara ha de significar inapclabkmcnte que ya nadie puede quedar al margen de esta manera
particular de afiliación social.
En todo esto hay sin duda efectos de grandeza y miseria. De grandeza. porque hay la
invención real de un derecho colectivo que no reclama más legalidad que la belicosa enuncia·
ción práctica. La legalidad y la política son asumidas como asunto que compete a todos en su
elucidación, no simplemente a especialistas. Estamos ante un nuevo concepto de democracia entendida como intervención en los asuntos de Estado a través del sindicato, con lo
que los sujetos políticos legítimos se han de constituir a partir de ahora de manera corporativa.
Lademocmcia no es entonces un derechoahstracto ni un decálogo de comportamientos admi·
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,
nistrados por una elegante burocracia política, como por ejemplo hoy. ,D emocracia ha de
adquirir el sentido común de práctica sindical de cara a participar en I~s orientaciones de
gobierno, con lo que también el potencial significado de ciudadanía se ha de presentar como
la consagración de este hecho como un derecho público, Durante 30 años, la separación entre
democracia y dictadura no es un hecho cuantificable en votos para elegir gobernantes; es el
grado de pemleabilidad del Es tado a la intrusión sindical que no es más que reclamar al
Estado la remembranza de que el nuevo Estado esta ahí desde 1952 porque los sindicatos
armados así lo quisieron.
Pero también hahlábamos de unas miseras colectivas que se trasminan en el decurso histórico. Si bien la plebe armada, en un arrebato histórico, abroga el monopolio de las decisiones
políticas basadas en el linaje, el conocimiento letrado y el dinero, jamás, a no ser en momentos
ex tremos y cortos. ha de abandonar la creencia de que el apellido. el dinero y el conocimiento
letrado es el requi sito impresci ndible para gobernar los asuntos públicos. Esto significa que la
democratización del espacio político es meramente interpelatorio. no ejecutivo, esto es. que la
plebe se siente con el nuevo derecho de hablar, de resistir, de aceptar. de presionar. de exigir. de
imroner un rosan o de demandas a los gohernantes mas jamás ha de poder verse a sí misma en el
aeto de gohernar. Es como si la historia de sumisioneS obreras y populares se agolparan en la
nWllloria como un hecho inquehrantable y, frente al poder, la masa sólo pudiera reconocerse
ct)!llo sujt'tll de resistencia, de reclamo o conminación, mas nunca como sujeto de decisión, de
l'!ééución o soberanía ejercida. La imagen que de sí misma habrá de construirse la sociedad
trabajadora es la del querellante, no la del soberano.
Desde el 52, la hi storia del poder es también la historia de conglomerados populares.
d~
los si ndicatlls: pero nunca como modo de aplicación misma del poder, sino tan sólo como
regulación de sus atribuciones, de su extensión. de su eficacia. Surge así una relación de
derechos y concesiones perma nentemente negociados entre unos gobernantes que están ahí
purque hay unos gobernados que así lo desean, y unos gobernados que están ahí porque necesilan a un gobernante para refrendar su situación de gobernados.
Esto significa que el poder estatal es reconstituido por la acción colectiva en su extemalidad
institucional. tanto respecto a la corporalidad física y cultural de la plebe como a los hábitos
organilativos que ella posee. El señorialismo del poder resurge así de los gestos y los cerebros de
quienes lo impugnaron, sólo que ahora, por dIo mismo, es un poder intcrpelable, presionable,
negociable, De ahí que la democracia,junto con la legalidad de la estructura sindical en toda esta
época, sea sólo la medida de la penneabilidad, de los que se considera que siempre han de
gobernar por derecho consuetudinario, a las demandas corporativamente postuladas por la masa.
Uno se pregunta por qué es que el Estado aceptó la manera de politización tan extrema
de una sociedad que le compele a veriticar su autenticidad en la deliberación asambleística de
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los sindicatos. Inicialmente, porque no le quedó otra opción; al fin y al cabo la violencia
annada legítima estaba en manos de los sindicatos y el Estado era, ante todo. un imaginario
colectivo de poder objetivado en prácticas de obediencia y muy poco un dispositi vo institucional
de administración de obediencia que le permitiera imponer sus fueros de manera inconsulta.
Pero, como ya lo vimos, no todo es desborde en la manera de proceder de la plebe. Hay
en su efervescencia un núcleo conservador que reconstruye al Estado como única manera de
entender el poder político, y al instrumentalismo privatizable como exclusivo modo de ejercerlo; esto quiere decir que entre el encomendero colonial, el caudillo republicano y el presidente elegido en urnas ha de haber el mismo fondo común, acumulado en la experiencia de
los dominados, de conceptualizar el poder como una atribución personalizada. Esta sustancia
política tradicional-colonialista, que atraviesa la fogosidad sindical, es precisamente lo que ha
de permitir reconstituirse al Estado a través del sindicato aunque para ello haya tenido que
pagar, o tolerar. a tal sindicato como forma histórica de presencia de la sociedad civil al
interior del propio Estado o. si se prefiere, como modo de ciudadanía.
El que el sindicato asuma la forma de ciudadanía legítima ha de significar que. a
panir de entonces, los derechos civiles bajos los cuales la sociedad busca mirarse como coleclividad políticamente satisfecha. tienen al sindicato como espacio de conct!sión. de dirección,
de realización.
Pero para que esta manera de filiación ciudadana se vuelva duradera y forje auténticos
procesos de identidad social, no basta que los de abajo lés recuerden a los de arriba que están
ahí por obra de los primeros; se requiere que los de arriba les hagan ver a los de abajo que
hicieron bien en colocarlos arriba por el conjunto de beneficios que por ello recihen. Se requiere entonces que las estructuras sindicales canalicen un acervo de dividendos sociales que
pueden ser tanto políticos, como culturales y económicos.
Desde el momento en que empieza a suceder ésto, el sindicato deviene en el modo del
ejercicio de la ciudadanía legítima. lo que significa que es una fuerza que emerge de la sociedad hacia el Estad" pero tamoién . una fuerza cuya legalidad emana del Estado para aplicarla
a la sociedad.
.
Desde entonces. ser ciudadano es ser miembro de un sindicato. Ya Sea en el campo, la
mina, la fáorica, el comercio o la actividad artesanal. la manera de adquirir identidad palpable
ante el resto de las personas y de ser reconocido como interlocutor válido por las autoridades
gubernamentales. es por medio del sindicato. Ahí queda depositada la individualidad social
plausiole. Se puede decir quc en todo este período, la sociedad boliviana se ha de componer
de sujetos sociales colectivos que. en cuanto tales. adquieren derechos de ciudadanía los individuos qut! la componen. Esto ciertamente no es nuevo; la estructuración corporativa,
o mejor. la suhordinación de la individualidad a formas colectivas de filiación pública es caracte-
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rística de sociedades con influencia comunal agraria en su vida económica. Lo nuevo es que
estas formas de identidad sean reconocidas por el Estado también como formas legítimas de
adquisición de derechos políticos.
Durante 30 años. lo poco de la democratización política, de la democratización económica y cultural tuvieron al sindicato como mediador privilegiado. Ya sea la oposición a gobiernos, la movilización para defenderlos o la aquiesencia colectiva para tolerarlos, lo que fuera a
suceder pasaba por la resolución que tomaran los sindicatos más importantes, y luego entonces la COB. Igualmente, la ampliación del salario indirecto vía beneficios sociales, la seguridad en el empleo, el trámite de propiedad de la tierra, la garantía de una educación gratuita,
tenían al gremio como lugar de concurrencia. Esto significaba que tanto la sociedad llana
como el Estado veían al sindicato como lugar donde ir a deliberar la amplitud de lo que se
considera ya un derc'cho público. Que ésto lo hagan los trabajadores no es extraño pues. al fin
y al cabo. el sindicato es su criatura. es la manera que encuentran para concretar sus ansias de
unificación y el lugar donde por primera vez hacen de la historia lo que ellos quieren.
Lo que en cambio no ha de ser normal es que sea el Estado el que regule el propio
temperament< ode la sociedad civil mediante la promo~ión del sindicato. Que ésto pueda suced~r
supone que las sumisiones políticas arraigadas en el alma colectiva comenzaron a servir de
tecnológico de una particular manera de acumulación económica, esto es, que la
~u s tento
organiZ3c ión sindical tendió a formar parte de la composición orgánica media del capital so·
eial.
Llegado a este punto. la racionalidad del capital comenzará a expandirse por medio de la
propia interunificación de las fuerzas del trabajo. con lo que habrá tenido lugar una eficaz
subsunci ón general de la capacidad organizativa del trabajo a los requerimientos de acumulación ampliada del capital. No ha de ser entonces extraño que el sindicato sea. también, el
intermediari o de una serie de medidas de homogeneización cultural requeridas para llevar
adelante la consolidación de una identidad nacional que el Estado intentó fundar aprovechando la amplia disponibilidad social que supone toda revolución.
El que el sindicato sea el modo en que la población adquiere ciudadanía ha de esculpir un
panicular perfil del concepto de lo público. Inicialmente, que se trata de una prerrogativa
colectiva. fundada en una genealogía histórica (por ejemplo los obreros) o una fidelidad
vernácula (los eomunario-eampesinos). La ciudadanía no se presenta por ello como una potestad individual. privada; es. por sobre todo. un acto de socialidad enraizado en la historicidad
palpahle de un conglomerado que antecede y engloba al individuo que la compone.
Además. la ciudadanía a través del sindicato dará lugar a una atribución de derechos
políticos fusionados a derechos sociales y laborales. en correspondencia a la intromisión de
una corporación creada por centro de trabajo en la esfera del Estado.
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Con ello tenemos que los derechos políticos vendrán amalgamados a los derechos laborales, la democratización a la sindicalización y la ciudadanía al arquetipo del trabajador disciplinado por el taller y el mercado.
Al igual que la primera forma de ciudadanía mencionada, la debilidad de esta forma
de ejercer los atributos políticos radicará en la fuerza de legitimidad asumida a través de
la institucionalización estatal de esta ciudadanía corporativa. Bastará que sea el mismo
Estado quién quite de manera arbitraria la legitimidad del sindicato, para que esta manera de ciudadanización entre en crisis, incluida la forma de nacionalización de la sociedad que se había levantado sobre ella. Los últimos 13 años son justamente la historia de
esta crisis y de los infructuosos esfuerzos de unas remozadas castas codiciosas de los
espacios públicos por reformar el sentido de lo político, de lo democrático y de los
procesos de ciudadanización.
LA CIUDADANÍA IRRESPONSABLE
Desde 1986, un nuL'VO escenario político ha comenzada a erigirse. La consolidación del
voto como mecanismo de elección de los gobernantes. la continuidad reglamcnt:.lda del si stema de partidos, los pactos de gobernahilidad y. en fin. toda esa parafernalia de compromisos
administrativos entre élites adineradas y arrihistas, portadoras de capitales simbólicos y culturales, estructuran el moderno mercado de fidelidades políticas llamado dcmocroc.a.
Paradójicamente, no se trata de una ampliación de los derechos ciudadanos. de una denlm:ratización de nuevos espacios sociales sino precisamente de una sutil mutilación de derechos sociales adquiridos en las últimas décadas.
Claro. si hien es cierto que las elecciones certifican la presencia de la voluntad de las
personas. cualquiera sea su rango y posición social, en el nombramiento de presidentes y
diputados. no menos cieno es que este poderío se transmuta en impotencia cotidiana cuando
su aplicación se constriñe a los escasos minutos en que dura el acto de votar, pues el resto de
los meses o años que ha de interponerse entre un voto y otro. sencillamente el votante carece
de facultades políticas para gestionar o variar la decisión tomada. En este caso tenemos que el
tiempo democrático de la vida social se comprime a su mínima expresión en tanto que el
tiempo de la arbitrariedad estatal se amplía en términos absolutos.
La democracia. como práctica recurrente y dilatada en el tiempo, practicada por la vida
sindical, harrial y comunal, pasa así a ser abruptamente sustituida por una libertad de decisión
comprimida en un acto ritual en el que la sociedad abdica voluntariamente de su decisión de
goocrnarse y de autoprcsclltarse como conglomerados colectivos, como fidelidade s asociadas, ya que el voto exige el aplanamiento individualizado del elector.
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Pero para que este tipo de achatamiento estratégico de la subjetividad popular funcione, se requiere, en primer lugar, la disolución de la anterior composición orgánica del trabajo
social en y para el capital, y de las formas organizativas de la sociedad bajo las que adquiría
presencia pública legítima. De ahí el cierre de las grandes empresas que concentraban enormes contingentes de obreros, la flexibilización de los contratos que vuelve más precaria la
unidad laboral e intensifica la competencia obrera. De ahí la generalización de los modos
fragmentados del trabajo familiar, que diluyen la separación formal entre propietarios y trabajadores, y que en conjunto buscan confeccionar un mundo laboral técnicamente atomizado,
materialmente despojado de los antiguos modos de aglomeración, de seguridad laboral, que
forjaron la cultura política de épocas pasadas y las maneras de desplegar los derechos de
ciudadanía. El eslogan de "achicamiento" del Estado con el que se llenan la boca los
pseudoliberales locales para justificar la apropiación privada de los bienes públicos, tiene
C01110 contraparte precisamente este agigantamiento de la función reguladora, disuasiva y
normalizadora del Estado hacia la sociedad civil.
Estamos hablando entonces, de una necesidad estatal de inducir un colapso en la forma
corporativa de la constitución de la sociedad llana y con ello, de toda una tradición histórica
de auto-reprc'sentación política del trabajo, de todo un patrimonio de luchas, de saberes, conquistas e identidades, con los cuales -y a través de los cuales- el trabajador vivió su vínculo
con los suyos. con el resto de la sociedad y con los gobernantes. Junto al debilitamiento de los
sindicatos en los últimos años está por sobre todo, la búsqueda incesante del Estado de proscribir la manera corporativa de la constitución de los sujetos políticos susceptibles de ser
oídos y de influir subordinadamente en el manejo de la cosa pública. El antiguo andamiaje de
la filiación ciudadana (el sindicato), a partir del cual el individuo adquiría identidad social y
calidad interpelan te, trata de ser abolido por un Estado empeñado en enseñar que el ciudadano público es d individuo aislado, votante y propietario.
Se trata ciertamente de una modalidad distinta de la constitución de la ciudadanía, que exige que la incorporación de los subalternos en el Estado ya no se dé por el
lado de la cooptación conflictiva de las estructuras grupales para hacerlas intervenir en
las disputas cireulatorias del excedente social (demanda salarial , beneficios sociales,
estatizaciones ... ), sino por la sumisión del individuo aislado a la normatividad
institucionalizada de elecciones de representantes cada determinado tiempo. Se trata
pues del tránsito del viejo Estado benefactor y prodigante, cuya legitimidad venía tanto
de la tácita incorporación de demandas corporativas en la gestión pública, como de su
capacidad de neutralizar. vía la prebenda, las infidelidades antigubernamentales de las
clases menesterosas; a un Estado neoliberal que pretende sustituir el soborno de las
identidades plebeyas locales por la mercantilización y prebendalización de las soberanías individualizadas y fragmentadaS del cuerpo social,
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En la medida en que esta reconfiguración de la textura material y espiritual de la sociedad desde el Estado se lleva a cabo, lo democrático, su unilateralidad institucional, sus dispositivos participativos, sus modos de plasmarse en los hechos. de practicarse. se muestran
como un conjunto de técnicas sociales en gran parte burocráticas que colonizan almas. retuercen hábitos y purgan unos conocimientos para imponer otros.
Claro, los modernos y "racionales" modos de hacer política pactada entre representantes. entre partidos, no sólo supone que quienes deben pactar y conversar a nomhre de los
intereses sociales son unas élites cuyas intenciones en el fondo, y más allá de la ilusión hurocrática, no se representan más que a sí mismas: sino que también supone que la gente debe ser
representada en el manejo del mundo púhlico. debe ser mediada en su acción política por los
partidos. Más aún. todo ello requiere que la cosa pública de ha existir corno esfera separada de
la sociedad civil. Más aún, que la sociedad civil sólo pueda existir como sociedad política a
través de mediadores o sacerdotes de la política. Pero estos arcaísmos políticos que se remontan a Hohbes y Montesquieu, aparte de no tener ya nada de modernos, expresan un tipo de
ideologización inventada del quehacer político cuyo racionalismo no radica en el vigor
argumental sino en la fuerl.a estatal para legitimarlo.
El liheralismo político en el que el "interés común'" se construye como transacción
entre iguales jurídicos. rt:(.{uiere tanto individuos ilusoriamente iguales y portadores de un
bien comerciable (el voto), como de sujetos carentes de fidelidades asociativas. parentales.
para poder lanzar a la circulación su bien transable (su ~oheranía). Esto que parece tan obvio
y aséptico necesita. sin emhargo, de gente desprovista materialmente del hagaje de los circuitos de filiación comunal y de parentesco: supone al individuo en estado de desprendimiento
moral y en disposición al mercadeo de su historia. de su voluntad.
Es a partir de este individuo abstracto que el "interés general" puede fommrsc como
suma de voluntades aisladas en una c'tcrnalidad ajena 9. tudos. esto es, el Estado IiheraL La
el«ción voluntaria de la sumisión ft!quicrc entonces, un imaginario histórico cercenado,
una auto-representación abstractaliz<ida. una politicidad impalpable. externa, éticamente
inverificahle.
La oekgaei&n oc la voluntad política presupone pur tanto un tipo específico de
sujeto, el sujeto delegante que no es responsable de sus actos porque es impotente
frente a sus l"ircunstancias. y queda compelido a desprenderse del manejo oc sus intereses. En otras palabras. requiere de individuos sometidos a una particular disciplina de
mandos tolerados. de sumisiones r'cfrcndadas. de expropiaciones soportadas y de carencias padecidas corno ine vitables, Requiere pues, de la construcción disuasiva o forzada
dc una cierta "moralidad de esdavos" que permite arrebatar a los sujetos libres su impulso generico y esencial de seguir siendo libres.
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La moderna ciudadanía es descaradamente una ciudadanía irresponsable, en la medida en que el ejercicio de los derechos públicos es simplemente una ceremonia de dimisión
de la voluntad política, de la voluntad de gobernar, para depositarla en manos de una nueva
casta de propietarios privados de la política que se atribuye el conocimiento de las sofisticadas
e impenetrables técnicas del mando y del gobierno, Con ello, lo democrático, que ya desde
1952 no significa gestión directa de los asuntos comunes sino tan sólo intervención colectiva
(bajo la fonna de presión o reclamo movilizado) en el curso de los asuntos comunes, ahora
sufre una nueva mutilación por cuanto de lo que se trata es de escoger, entre los que ponan los
símbolos señoriales del poder, a quiénes han de administrar arbitrariamente la cosa pública,
Se trata de una representación que simultáneamente es una suplantación de la soberanía
social y que vicne a ampliar los procesos de expropiación política iniciados con la República,
No cabe duda que esta ciudadanía liberal es una ciudadanía fantasmagórica en la me,
dida en que propugna abusivos procesos de despolitización social y de desarraigo histórico
para depos itar en unas élites hurocráticas, en sus felonías legalizadas, el concepto de política
!' juego democráticu. De esta manera, a lo que se intenta llamar ciudadano es a una individualiddd ahstracla. a una conciencia sumisa guiada por los preceptos mercantiles del regateo
monetarlll de ' u soheranía. De ahí que la prebendaliza-ción de las fidelidades y la moralidad de
men.:ado que guían la elección de gobernantes hoy día, no es un defecto transitorio enmendable
con emplastos administrativos o concienciales; es el basamento espiritual que lubrica estos
modernos modos de enajenación política.
En síntesi s, se puede decir que esta manera de estructurar la fonna de gohierno y de
c iudadanía está atra vesada por una doble impostura, La primera, porque lejos de ampliar los
territorios de intervención democrática de la sociedad dentro del propio espacio político y
Ilari" los cspaci0s económicos, culturales, etc., se restringen los derechos políticos a un mero
nomhramiento dt' los que hahrán de pensar y decidir por uno, La segunda. porque se simula la
c()ncurr~ncia de individualidades privadas y en estado de desprendimiento asociativo. que
son el requisito para la eficacia de los modos liberales de construcción de la unidad políticoestatal. cuando en realidad In estructura social holiviana está atravesada por innumerables
sL'gmentos corporativos. por múltiples filiaciones comunales, por densas redes de agregación
económicas y politicas locales de larga tradición histórica que desnudan como una estafa el
ideal liberal de la sociedad como mera aglomeración de propietarios privados desarraigados,
Esto significa que la suhsunción real de los procesos de trabajo bajo el capital, esto es,
la propiedad privada como fundamento de identidad social y la tecnología como regulador de
las disposiciones corporales. no es un hecho consumado. Si la economía funciona, si existe
producción , mercado, acumulación , es porque gran parte de la sociedad urbana y rural marcha
sohre lazos de parentesco, sohre lógicas productivas no totalmente mercantilizadas, con
individualidades definidas por su entorno colectivo filial o comunal, con saberes y técnicas
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económicas no-capitalistas. etc. Las estructuras corporativas como formas de organización
política local (sindicatos, junlas vecinales, ayllus ... ), las redes de paremesco como recursos
productivos que limilan la abstractalización mercantil del uso de la fuerza de trabajo, ele.,
originan idemidades polílicas y prácticas polílicas que Iimilan eslrucluralmenle la eficacia de
los disposilivos liberales de (des)polilización social. En lanlo se mamenga la subsunción formal dellrabajo al capital , la individualidad liberal es una falsificación administrativa de complejas y abigarradas formas de individualización social.
¿Cómo salir de esle atolladero de anificios democráticos soslenidos con alfileres? Lo
más probable es que la mediocridad inleleclual de los que adulan lo exislente se dedique a
maquillar por acá y por allá un cuerpo polílico desarliculado emre polilicidad social y
despolilización eSlalal. manlenicndo y ahondando más la escisión. que podía ser catastrófica,
enlre gestión eslUtal y configuración social. La otra opción. lúcidameme asumida por cierlas
fracciones empresariales en el ámbito de la economía, es la refuncionali zac ión de comportamientos y eslructuras polílicas colectivas al sislema de representación electoral. Ejemplos de
estas maneras más eficaces de subordinación politica es 10 que sucede en los llamados "muni cipios indígenas", en los que prácticas polílicas comunales locales quedan coopladas y luego
inmediatamente refuncionalinujas por un sistema de administración representativa y Jckgada de la geslión pública.
Sin embargo, reconocer los "usos y costumbres" de una entidad local en un municipio
perdido en el mapa. no represe nta para los gohernantes el mismo peligro que el instituciunalizar
esos habitas políticos en los niveles ejeculivo y Iegislalivo del ESlado y encima al 70 u 80 %
de los ciudadanos. Hasla qué punto el ESlado eSlará dispuesto a arriesgarse a la formación de
una real hegemonía, es algo incierto aunque lo que hasla hoy acontece muestra que las "Iolemncia," de la, que hace gala toda b intelectualidad orgánica del Eslado. no duda en transmularse
en celuso despotismo no hicn se pone en discusiún la permanencia oe sus privilegios emer~
gemes de este liberalismo fal seado.
Una lercera posihilidad es que las práclicas polílicas plebeyas. comunales y obreras.
salgan del cerco en que se hallan y se expandan de manera aUlónoma a todo el espacio público. Con todo. ésto requeriría la superación dI.' las estafas liht.'raks pero también de las
aUloconstricciones p(;Jílicas de la ¿poca del capitalismo de Estado. Sl'ría entonces una am~
pliación de la democracia a partir de un arranque de iniciativa social que rcinventaría el signi~
ficado de ciudadanía como aclo de responsahilidad pennanenle de cada persona en el destino
de las demás.
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