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19 CENTELLA_29 CARRILLO.qxd 10/07/14 13:15 Página 19 TRIBUNA Por José Luis Centella* Por qué decimos ‘no’ a su pacto de Estado A menudo escuchamos llamamientos a la necesidad de alcanzar un pacto de Estado que dé estabilidad a la vida política y económica de nuestro país. En defensa de este posible gran acuerdo se utiliza como referente el acuerdo constitucional del 78 y, de forma muy concreta, el papel que en este periodo jugó el PCE. Pues bien, es hora de aclarar algunas cosas a quienes con tan buenas intenciones tratan de situarnos en el ámbito de lo políticamente correcto. Quienes así proceden parten de un relato de la Transición acomodado a sus propios intereses, que son los mismos de quienes nos han llevado a la peor crisis de nuestra historia. Son los que hoy aprovechan las circunstancias para provocar despidos masivos, bajadas salariales y pérdidas de derechos sociales y laborales. Pero la realidad es que la Constitución de 1978, más allá de otras consideraciones, significó una gran trampa, un gran engaño. Cuando se publicó el folleto que informaba de su contenido y que se repartió a toda la ciudadanía, todas las páginas tenían el mismo color y todos los artículos la misma letra. Nadie explicó que había artículos ‘de primera’ (los que se tenían que cumplir sin más, como los relacionados con la Jefatura del Estado y la economía de libre mercado), mientras había otros ‘de segunda categoría’, cuyo cumplimiento no era obligatorio. Precisamente, estos artículos eran los que afectaban a la vida de la mayoría social trabajadora: el derecho al trabajo, a la vivienda, a una Sanidad Pública, el que decía que toda la riqueza tenía que estar al servicio del bien común… Artículos a los que el texto constitucional daba un sentido meramente retórico, sin ninguna obligación en su cumplimiento. Nos encontramos con una Constitución que en parte era papel mojado desde su primera publicación. Por eso, cuando hablan de Transición modélica, nos preguntamos, ¿para quién? Es evidente que no fue modélica para quienes creyeron de forma ingenua que la Constitución les garantizaba su derecho al trabajo y a la vivienda, y ahora se ven en el paro y desahuciados de su casa por el mismo banco al que el Estado ha entregado millones de euros sacados de unos impuestos con los que, precisamente, tenía que asegurarle esos derechos. Pero, además, quienes nos decían que para modificar la Constitución y poder incluir el derecho a decidir o una Ley Electoral justa hacía falta un gran acuerdo y un procedimiento laborioso, se pusieron de acuerdo en unas horas en 2011 para cambiarla nada más y nada menos que para poner toda la economía nacional al servicio del pago de la deuda a la banca, dejando claro al servicio de quien está la tan traída y llevada Carta Magna de 1978. Frente a un nuevo pacto de Estado que mantenga el mismo reparto de poder de los últimos 35 años, proponemos un proceso constituyente que diseñe un nuevo marco económico, social e institucional. Queremos que las condiciones las ponga de una forma La Constitución de 1978 significó una gran trampa, un gran engaño. Cuando se publicó el folleto que se repartió a toda la ciudadanía, nadie explicó que había artículos ‘de primera’, de obligado cumplimiento, y otros ‘de segunda’ participada la mayoría social trabajadora, la misma que sufre la crisis y la que puede con su esfuerzo sacar a la sociedad del desastre que las clases dominantes han generado. El objetivo es elaborar una nueva Constitución en la que estén realmente reconocidos y sean exigibles por ley el derecho al trabajo, a la vivienda, a la sanidad y a la educación. Que dé prioridad al gasto social, que regule el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores, que no nos obligue a pagar una deuda en gran parte ilegítima, donde el derecho al voto esté acompañado del derecho a controlar y revocar a los gobernantes elegidos. Una democracia que permita la participación directa de la ciudadanía en los temas que le afectan, sobre todo en la economía, para que sea democráticamente planificada, y en la que la Jefatura de Estado sea la que mayoría decida en referéndum. Este es el reto que tenemos por delante. Depende de la capacidad de unidad que tenga la izquierda social y política para conseguir que la gran mayoría de la ciudadanía entienda que en los próximos meses nos jugamos la posibilidad de construir un proyecto en el que los derechos sociales, laborales y políticos sean una realidad. Para poder conseguir una sociedad más justa y avanzada, formada por mujeres y hombres realmente libres.l *Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA. La Izquierda Plural. nº 1072. 14–20 de julio de 2014 19
