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VI Encontro Internacional do Fomerco – Os Novos Rumos do
MERCOSUL
De 12 a 14 de setembro de 2007
GT 01 – Direitos Humanos e Violência na América do Sul
Título del trabajo:
Autores:
“Violencia y Derechos Humanos en el
MERCOSUR”
Mgster. Lic. Adriana C. Cicaré *
Lic. Verónica F. Mussio **
Aracaju – Brasil
•
* Licenciada en Economía (UNR – Rep. Argentina) y Máster en Gestión Empresaria y
Formación Profesional para la Integración Latinoamericana (UCES – Rep. Argentina);
Profesora de la FCEyE/UNR e Investigadora Científica del CIUNR y del Centro de
Estudios Interdisciplinarios/UNR – E-mail: acicare@fcecon.unr.edu.ar
•
** Licenciada en Economía (UNR – Rep. Argentina) – Ayudante Docente de la
FCEyE/UNR e Investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigación sobre
Integración Latinoamericana (UNR/CEI) – E-mail: veronica.mussio@gmail.com
Abstract
Desde una perspectiva histórica vivimos en un mundo cada vez más violento.
Conforme informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
siglo XX ha sido el más violento que haya vivido la humanidad. Y, a ello, no escapa
América Latina para la cual las cifras de la delincuencia ha alcanzado niveles sin
precedentes.
Si se toman en consideración indicadores sobre “víctimas de la delincuencia” en
algunas ciudades del MERCOSUR, encontramos cifras alarmantes; así, para Buenos
Aires, Río de Janeiro y Asunción, se registran valores muy por encima de los
manifestados por países más desarrollados.
Esto, unido a la relativa inoperancia de las fuerzas policiales y de justicia, ha
contribuido a crear un sentimiento de indefensión e inquietud entre la población a lo
largo y ancho de este continente, sin distinción de status social.
Además, los costos de la violencia son elevados: pérdidas de capital humano,
discapacidades y costos económicos. Si bien el derecho a la vida y el derecho a la
seguridad se cuentan entre los derechos humanos fundamentales, también se cuentan
entre aquellos que han sido violados de manera más amplia y sistemática.
Reconocida la amplitud de la problemática, en este trabajo se aborda el análisis de
las causas de la delincuencia, así como indicadores de delincuencia en algunas
ciudades del MERCOSUR y el tratamiento político/institucional que en el ámbito del
mismo se le está dando a la problemática.
Introducción
La globalización con su característica de multidimensionalidad, en la cual gravitan
no solamente los procesos económicos y financieros, sino también los ambientales,
políticos, sociales y culturales de alcance mundial en los espacios regionales,
nacionales y locales, pone en evidencia tensiones y asimetrías, en las cuales la
dinámica del proceso manifiesta el carácter desigual de los actores participantes.
Estas desigualdades en conductas –intercadencia- que revisten la forma de
desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas, y que encierran
inequidades, ya sea en la distribución del ingreso, en el acceso a la salud, a la
educación, a las oportunidades laborales, en la aplicación de la justicia, etc., conducen
a tensiones y a “violencia”.
Cuando entrara en vigencia la Carta constitutiva de las Naciones Unidas, que fuera
edificada sobre la base de mantener la paz entre los pueblos, la unión de todas las
naciones del mundo con el fin de evitar el quebrantamiento del orden internacional, se
tuvo la claridad de pensamiento de que la paz y la seguridad no pueden mantenerse
garantizando solamente los derechos políticos de los Estados, prescindiendo de los
problemas económicos y sociales.
Si bien no se han sopesado suficientemente los costos económicos y humanos que
acarrean la delincuencia y la violencia para el desarrollo, el impacto de los mismos es
notorio.
El conflicto violento impone algunos costos en desarrollo humano evidentes e
inmediatos. Pérdidas de vidas, heridos, discapacitados y violaciones son corolarios del
conflicto. Otros costos son menos visibles de inmediato y resulta más difícil captarlos
en cifras. Impactos en los servicios de salud y educación y la pérdida de ingresos son
aspectos de la problemática en estudio que tienen implicancias negativas para el
desarrollo humano. Lo mismo ocurre con el estrés y el trauma psicológico.
Si el desarrollo humano consiste en incrementar tanto las oportunidades como los
derechos, entonces la violencia es la supresión más notoria del desarrollo humano. Si
bien el derecho a la vida y el derecho a la seguridad se cuentan entre los derechos
humanos fundamentales, también se cuentan entre aquellos que han sido violados de
manera más amplia y sistemática. La inseguridad ligada al conflicto armado sigue
siendo uno de los obstáculos del desarrollo humano, y es causa y consecuencia de la
pobreza masiva.
Guía este trabajo la concepción de “desarrollo humano sustentable” que hace
referencia a la interrelación de tres elementos: 1) la sostenibilidad social, cuyos
aspectos esenciales son: a) el fortalecimiento de un estilo de desarrollo que no
perpetúe ni profundice la pobreza ni, por tanto, la exclusión social, sino que tenga
como uno de sus objetivos centrales la erradicación de aquella y la justicia social, y b)
la participación social en la toma de decisiones; 2) la sostenibilidad ambiental, que se
refiere a la necesidad de que el impacto del proceso de desarrollo no destruya de
manera irreversible la capacidad de carga del ecosistema; 3) la sostenibilidad
económica, entendida como un crecimiento económico interrelacionado con los dos
elementos anteriores.
Reconocida la amplitud de la problemática, en este trabajo se aborda el análisis de
las causas de la delincuencia, así como indicadores de delincuencia en algunas
ciudades del MERCOSUR y el tratamiento político/institucional que en el ámbito del
mismo se le está dando a dicha temática.
Algunas explicaciones sobre las causas de la delincuencia
El mundo se está urbanizando a toda velocidad y este rápido crecimiento ocasiona
problemas de marginación y violencia que deteriora la seguridad y, en consecuencia,
la calidad de vida.
La violencia criminal afecta mucho más a las áreas urbanas que a las rurales, y
dentro de las primeras, mucho más a las ciudades grandes que a las pequeñas. Varias
hipótesis han sido sugeridas para explicar la asociación positiva entre el crimen y el
tamaño de ciudad (Glaeser, E. – Sacerdote, B., 1996). Una es que: en las ciudades
más grandes están las mejores víctimas; sus habitantes son más adinerados y tienen,
en general, una mayor proporción de bienes que pueden ser robados y enajenados.
Otra es que, las personas con una mayor propensión a convertirse en criminales están
excesivamente concentrados en las grandes urbes, bien sea porque el ambiente
urbano propicia las conductas delictivas, o porque hombres jóvenes y otros grupos de
alto riesgo tienden a migrar, más que proporcionalmente, hacia las ciudades. Una
tercera hipótesis refiere a que la probabilidad de arrestar a aquellos que violan la ley
es menor en las ciudades, bien sea por la existencia de rendimientos decrecientes en
la producción de arrestos, o porque las grandes ciudades (normalmente agobiadas por
todo tipo de necesidades) no invierten lo necesario en policía y justicia, o incluso
porque la cooperación con la fuerza pública es menor en las grandes ciudades.
La utilización de modelos microeconómicos para explicar el crimen tiene sus
orígenes en Gary Becker (1968), con su aplicación del enfoque económico al
comportamiento humano. Su aspecto novedoso fue interpretar que existe un proceso
racional implícito en la decisión de un individuo al cometer un delito. Pues éste
enfrenta un beneficio directo por cometer el delito, pero cuenta con una probabilidad
de ser descubierto, en cuyo caso es privado de ese beneficio y si es castigado sufrirá
costos adicionales. El individuo, entonces, elige tomando en cuenta el beneficio y el
castigo esperado. Estos están determinados por la sociedad en su elección de
cuántos recursos asigna a combatir el crimen y cuán severos son los castigos. En un
sistema democrático, la sociedad elige estos parámetros por medio de la votación. A
través de sus gobernantes, en sus leyes, su poder judicial y su policía, los agentes
eligen la cantidad de crimen que están dispuestos a tolerar, dado que controlar el
crimen también tiene sus costos (M. Kessler y A. Molinari, 1997).
Otras explicaciones sobre las causas de la delincuencia están íntimamente
relacionadas con la situación económica imperante en el país, como ser: hay quienes
miden la relación entre distribución del ingreso y delito (Ana María Cerro y Osvaldo
Meloni, 1999) y otros hacen hincapié en variables sociales como el desempleo,
educación y contexto social.
Entendiéndose que entre las causas de la delincuencia se encuentra la pobreza y la
marginalidad, en términos de E. Serra (2006) la pobreza es “una condición que
involucra insuficiencias al momento de acceder a la salud, la educación, el trabajo, a
las oportunidades de recreación, y a formas dignas de habitabilidad y entorno.
Conlleva condiciones de salud y enfermedades con déficit superiores a los promedios
de la sociedad, analfabetismo, abusos y exclusión laboral en diferentes edades y
géneros, sumado todo ello a una indisimulada discriminación social.
Desde una óptica estricta de ciudadanía política, la pobreza niega la alteridad y las
libertades, derechos, capacidades y oportunidades para vivir en libertad, con dignidad
y respetándose tanto a sí mismo como a sus pares.
Bajo esta perspectiva, la delincuencia aparece, en la óptica de los oprimidos, como
una opción que expresa una lucha de poder individual, casi impuesta por la pobreza, y
que se justifica por la lógica de ganar u obtener lo que otros poseen. Si además, esas
personas perciben vivir en un país rico y poderoso, es natural que deseen participar de
las nuevas oportunidades. A veces a cualquier precio.
En la comprensión de I. Arriagada y L. Godoy (2000), más que la pobreza es la
desigualdad, en conjunto con otros factores sociales, culturales y psicológicos, la que
genera mayor violencia.
Otra consideración es que, muchas de las opiniones que atribuyen a la pobreza la
causa de la delincuencia se basan en el perfil de los aprehendidos y condenados, los
cuales son mayoritariamente varones con bajos niveles socioeconómicos. No
obstante, hay que considerar que el porcentaje de denuncias es reducido en relación
con el total de delitos que se cometen. Hay gran cantidad de delitos no sancionados,
como los económicos o los de corrupción, que muchas veces son difíciles de probar,
involucran a grupos económicamente poderosos y serían cometidos por delincuentes
con mayor nivel educacional y económico.
Todo acto de violencia supone la ruptura del lazo social o un fracaso en la
instauración del mismo dado que el lazo social es lo opuesto a la ley de la fuerza o del
más fuerte; supone que el ser hablante entra dentro de un marco de legalidad donde
está claro lo que sí y lo que no, una estrecha relación con la ley que hace que estén
claros sus derechos y lo que no es impune (G. Kait, 2007).
En contraposición con ello, la existencia de redes de relaciones y confianza en una
comunidad contribuye a una interacción mucho más fluida y menos violenta, incluso en
condiciones de pobreza.
Situación a nivel regional
Desde una perspectiva histórica, vivimos en un mundo cada vez más violento. El
siglo pasado ha sido el más violento que haya vivido la humanidad. En el siglo XX,
perdieron la vida en conflictos tres veces más personas que en todos los siglos
precedentes considerados en su conjunto. En ese sentido, teniendo presente el
indicador “muertes en conflictos como proporción de la población mundial” el mismo
fue incrementando en los últimos siglos -Siglo XVIII : 0,92% , Siglo XIX : 1,65% y
Siglo XX : 4,35% (PNUD – “Informe sobre Desarrollo Humano 2005”; pág. 175).
Y, a ello, no escapa América Latina para la cual las cifras de la delincuencia ha
alcanzado niveles sin precedentes.
La región de América Latina y el Caribe es la más violenta del mundo con una tasa
de homicidios tres veces superior al promedio mundial, con más de 150.000 muertes
violentas al año, según fuera afirmado por el Subsecretario de Seguridad de la OEA,
Alexandre Addor Neto (La Capital – Rosario, 28/7/2007).
Según el especialista, “son claros los efectos de destrucción de la cohesión social
provocados por el crimen organizado, en sus diversas formas: el tráfico de drogas, de
armas, de personas, los secuestros y las pandillas, además de formas tradicionales
como la prostitución y el juego ilegal”. Asimismo, otros indicadores muestran que los
delitos no denunciados oscilan entre el 40 y el 70% en diversos países, lo que
demuestra desconfianza de la población a la policía.
En términos de Boron, Gambina y Minsburg (2004), la violencia que hoy en día se
vive en América Latina es producto de la gravedad de la crisis social y que se expresa
en cruentos procesos de desintegración social y fractura de redes colectivas de
solidaridad. Se viven tiempos violentos por la disolución de las formas más
elementales de convivencia que alimentan el círculo vicioso de la impunidad, el
crimen, la corrupción, el narcotráfico, la exclusión social y la marginación. Tiempos
violentos, en definitiva, en vista de la extrema intemperancia de esta nueva fase de
acumulación originaria mediante la cual se produce una inédita concentración de
poder, riqueza e influencia social en manos de un grupo cada vez más reducido de la
población, mientras que vastas mayorías nacionales son relegadas a la marginación y
a la desesperanza, a la exclusión y a la pobreza.
Si se toman en consideración indicadores sobre “víctimas de la delincuencia” en
algunas ciudades del MERCOSUR, encontramos cifras alarmantes; así, para Buenos
Aires, Río de Janeiro y Asunción, se registran valores muy por encima de los
manifestados por países más desarrollados. En Canadá hay 1,5 homicidios cada
100.000 habitantes por año; en América Latina, casi 40.
Esto, unido a la relativa inoperancia de las fuerzas policiales y de justicia, ha
contribuido a crear un sentimiento de indefensión e inquietud entre la población a lo
largo y ancho de este continente, sin distinción de status social.
Si bien es verdad que la violencia sufrida por las poblaciones no proviene siempre de
las organizaciones delictivas, es cierto que el crimen organizado funciona como un
multiplicador de otras formas de violencia y crimen, pues se concibe a la misma como
una manera de alcanzar rápidamente ciertos objetivos e impunidad de los actos
criminales.
Para poblaciones jóvenes y sin horizonte claro de progreso, las organizaciones
delictivas ofrecen alternativas aparentemente atractivas en el corto plazo. Para el
periodista brasileño Fernando Molica, problemas de educación (enseñanza pública)
determina en algunos sectores sociales malas expectativas para el futuro, a diferencia
del crimen que promete resultados prontamente (Infobae.com, 28/6/2007).
Y para la socióloga brasileña Silvia Ramos, coordinadora del Centro de Estudios de
la Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Candido Mendes, de Rio de Janeiro,
Brasil posee la tasa de homicidios más elevada de las últimas dos décadas. “Con
50.000 homicidios por año, más de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, Brasil
tiene una de las tasas más elevadas del mundo y la cuarta de América Latina”
(Infobae.com, 28/6/07).
Los núcleos de delincuencia –derivada del narcotráfico- se centran en las favelas, y
son los que mantienen el control territorial. Las fuerzas policiales tienen dificultades
para entrar en estos territorios sin causar graves efectos colaterales.
Además, según F. Molica, “la impunidad es muy grande; más del 90% de los
homicidios cometidos en Rio no llegan siquiera a ser juzgados. Esto acaba
estimulando nuevos conflictos”.
Al respecto, hay diversos tipos de criminalidad; en un extremo se encuentra el
crimen organizado, las bandas del secuestro, la droga, el robo de autos, y otras a las
que hay que aplicarles el máximo peso de la ley. Otra situación refiere a los miles de
jóvenes que empiezan con delitos menores y pueden ir escalándolos y ser reclutados
por las bandas.
Ante la pregunta: ¿porqué delinquen?, Bernardo Kliksberg, Asesor Principal del
PNUD para América Latina, contesta en base a tres razones: a) desempleo, b) falta de
educación y, c) desarticulación familiar.
En tal sentido, uno de cada cuatro jóvenes latinoamericanos está fuera del mercado
de trabajo y de la escuela, excluidos, vulnerables. La escolaridad promedio de
Noruega y Suecia es de 12 años; la de América latina, la mitad. De 40.000 presos en
Argentina, sólo 5% tiene secundaria.
Otro factor central es la desarticulación familiar. Si la familia, institución central de la
sociedad, funciona, entrega valores y ejemplos éticos, y es tutora de los jóvenes,
resulta ser la institución más eficiente de prevención del delito existente. En Argentina,
muchas familias de los sectores populares y medios se desarticularon ante el shock de
pobreza y desigualdad de los años’90. El 66% de los delincuentes jóvenes de Uruguay
vienen de familias desarticuladas.
El Presidente Lula enfatizó hace poco que “es mucho más barato construir un aula
que una celda”, mientras su par Kirchner planteó que “la seguridad no se construye
con un palo en la mano” (Clarín - Buenos Aires, 22/11/2006).
Siguiendo a D. García Delgado (1998), la globalización, el modelo neoliberal de
integración regional y de desarrollo nacional, y las políticas de descentralización
aplicadas han profundizado las desigualdades sociales y geográficas en la distribución
del ingreso y la riqueza.
Estadísticas de criminalidad en el Mercosur
A pesar de la trascendencia del fenómeno de la violencia –con impactos directos en
los costos monetarios de los gobiernos de la región que ascienden a varios puntos del
Producto Interno Bruto- existe ausencia de estadísticas consolidadas que permitan
medir el mismo de manera más objetiva.
A continuación, se busca aportar al conocimiento de la situación de inseguridad
ciudadana -que afecta a la región-, una visión comparada sobre la base de la
información disponible, limitada y no siempre confiable.
En una lectura retrospectiva, puede apreciarse lo siguiente:
CUADRO N* 1
Tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes.
Países
Alrededor
Alrededor
Alrededor
Promedio *
de 1980
de 1990
de 1995
1999/2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Venezuela
11,7
15,2
22,0
33,0
Brasil
11,5
19,7
30,1
27,0**
Argentina
3,9
4,8
…
5,0
Uruguay
2,6
4,4
…
4,0
Paraguay
5,1
4,0
…
4,0
Chile
2,6
3,0
1,8
3,0
Fuente: I. Arriagada – L. Godoy – “Prevenir o reprimir: falso dilema de la seguridad
ciudadana” – Rev. de la CEPAL n* 70 – Abril 2000.
* Antanas Mockus y H. Acero Velásquez – “Criminalidad y violencia en
América Latina: la experiencia de Bogotá” – En base a BID 1999/2003.
** INFOBAE.COM – “Violencia en Río: el drama de los que habitan las
favelas” –
28/6/2007.
En términos genéricos, a pesar de las diferencias entre países y entre regiones de
un país, puede observarse que ha habido un aumento en la tasa de homicidios.
Del cuadro precedente se deduce una marcada violencia en Venezuela y Brasil y
bastante más atenuada en Chile, Uruguay y Paraguay.
La violencia y la delincuencia son predominantemente urbanas. Las grandes
ciudades de América Latina superan, mayormente, las tasas de violencia del
respectivo país.
CUADRO N* 2
Tasa de homicidios en ciudades del MERCOSUR.
(tasa anual por c/100.000 habitantes)
Ciudades
Recife
San Pablo
Río de Janeiro
Brasilia
Salvador (Bahía)
Porto Alegre
Curitiba
Santiago de Chile
Buenos Aires
Tasa anual de homicidios
158
55
53
38
36
24
20
6
5
Fuente: Antanas Mockus y H. Acero Velásquez – “Criminalidad y violencia en
América Latina: la experiencia de Bogotá” – en base a BID Años
1999/2003 e información de Latinobarámetro de 2002/2003.
En lo que respecta a las estadísticas sobre robos y hurtos, la información muestra
una gran diversidad dado que hay diferentes modalidades de robo, cuyas tasas por
cien mil habitantes muestran una extrema variabilidad debida a las diferentes
definiciones de robo y sus modalidades y a la distinta cobertura del registro
estadístico.
Según datos del PNUD (2005), se puede consignar lo siguiente:
CUADRO N* 3
Personas víctimas de la delincuencia. Año 1995.
(% de la población total)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tipo de delito Asunción (Paraguay) Bs. As. (Arg.)
Rio de Janeiro (Br.)
- Delitos contra la
Propiedad………
- Robos ………….
- Agresiones sexuales
- Agresiones ………...
16,7
6,3
1,7
0,9
30,8
6,4
6,4
2,3
14,7
12,2
7,5
3,4
Fuente: PNUD – Informe sobre Desarrollo Humano 2005 – pág. 321.
En Brasil, según lo expresado por el Presidente Lula en el año 2003, la criminalidad
en ascenso de San Pablo, Río y Belo Horizonte produce una pérdida cada año del 5%
del Producto Bruto Interno; es decir, 25.000 millones de dólares (Clarín – Buenos
Aires, 25/6/2003).
En cuanto a la República Argentina, las cifras indican, tanto para la Ciudad de
Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, las zonas de Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran
Mendoza y Gran Tucumán, un promedio similar en cuanto a la tasa de victimización,
que evidencia un 31,2%, según elaboración entre el 2 y el 10 de julio de 2007. Este
dato se elabora a partir de 800 encuestas distribuidas proporcionalmente en los
distintos centros urbanos (LICIP, julio’07).
Tratamiento político-institucional de la temática a nivel Mercosur
La “seguridad ciudadana” se define como la preocupación por la calidad de vida y la
dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales.
Desde otra perspectiva, significa básicamente no temer una agresión violenta, saber
respetada la integridad física y, sobre todo, poder disfrutar de la privacidad del hogar
sin miedo a ser asaltado y circular tranquilamente por las calles sin temer un robo o
una agresión (I. Arriagada y L- Godoy, 2000).
En este apartado cabe preguntarse si el MERCOSUR –concebido inicialmente como
proyecto de integración económico/comercial según Tratado de Asunción del
26/3/1991- puede ser construido sobre otras bases, contemplando la dimensión
humana y social del mismo.
En efecto, el simple incremento del volumen de los “negocios” no es capaz de
contrarrestar las desventajas que producen la injusticia social y la violencia que
muestran agudamente nuestras sociedades. Es necesario, por lo tanto, que la
integración sea orientada por objetivos de “calidad de vida” y que pueda tener como
meta el respeto a los derechos humanos.
Y, entre ellos, el derecho a la seguridad se cuenta entre los primeros derechos del
hombre (o derechos del hombre de primera generación), así como el de libertad de
pensar, de circular y de asociación (B. Gercman, 2000).
En el ámbito del MERCOSUR, dos foros del mismo han desarrollado directamente la
temática de los “derechos humanos”: el Grupo Ad Hoc de Derechos Humanos que dio
lugar a la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del MERCOSUR y la
Comisión Técnica de la Reunión de los Ministros de Justicia (RMJ).
El Grupo Ad Hoc de Derechos Humanos ha sido identificado como un mecanismo
para el intercambio de información, experiencias y la búsqueda de consensos en los
foros en que participan los países del bloque, caso en el ámbito de las Naciones
Unidas (D. Ventura y M. Rolim, 2005).
A mediados del 2006 se aprueba el “Protocolo de Asunción sobre Compromiso con
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR” –suscripto en
Asunción el 20/6/2005. El mismo se apoya en: a) la Declaración Presidencial de
Puerto Iguazú del 8/7/2004 en la cual los Presidentes de los Estados Partes del
MERCOSUR destacaron la alta prioridad que le asignan a la protección, promoción y
garantía de los derechos humanos de todas las personas que habitan el Mercosur, b)
en la Dec. CMC n* 40/04 que crea la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos
Humanos del MERCOSUR, y c) en otros principios como los contenidos en la
Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos de 1993, en el sentido de que la democracia, el desarrollo y el respeto a los
derechos humanos y libertades fundamentales son conceptos interdependientes que
se refuerzan mutuamente.
Asimismo, el tema de los derechos humanos es recogido explícitamente en el
Protocolo Constitutivo del Parlamente del MERCOSUR cuando entre sus
“competencias” habla de elaborar y publicar periódicamente un informe sobre la
situación de los derechos humanos de los Estados Parte (A. Cicaré, 2007).
El tema de los derechos humanos se encuentra presente de modo recurrente en la
retórica presidencial, en Declaraciones y Comunicados Conjuntos, elaborados en
cumbres de Jefes de Estado.
En ese sentido, en el Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados-Parte
del MERCOSUR y de los Estados Asociados, reunidos en la ciudad de Rio de Janeiro,
los días 18 y 19 de enero de 2007, en ocasión de la XXXI Reunión del Consejo del
Mercado Común, reiteraron el firme compromiso de sus Gobiernos con la
consolidación democrática y el respeto de los derechos humanos, el mantenimiento de
la paz, el desarrollo económico y social, el bienestar y progreso de nuestros pueblos y
la erradicación de la pobreza extrema, del hambre y de la exclusión social, conforme a
lo previsto en los instrumentos constitutivos del MERCOSUR.
Adicionalmente, manifestaron su satisfacción con la entrada en funcionamiento,
durante la XX Reunión de Ministros del Interior de los Estados Parte y de los Estados
Asociados del MERCOSUR, del Sistema de Intercambio de Informaciones sobre
Seguridad en el MERCOSUR (SISME), que permitirá la interconexión entre los bancos
de datos nacionales sobre seguridad y contribuirá a la constitución de un espacio
común en que prevalezca la cooperación regional en materia de seguridad pública,
con pleno respeto a los derechos humanos y los principios democráticos.
También, destacaron la importancia del futuro Acuerdo para la intensificación de la
cooperación jurídica en materia penal, al crear el marco jurídico apropiado para
compartir aquellos bienes decomisados provenientes de prácticas delictuosas
transnacionales y establecer normas de auxilio recíproco entre los Estados. Todo ello
de conformidad con lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
Se estima significativo, asimismo, la elaboración de otras normativas, a saber: Dec.
(CMC) n* 12/06 – “Campaña de Información y Prevención del Delito de Trata de
Personas”, que refiere a la preocupación por el problema creciente de la trata de
personas, especialmente mujeres y niñas, y la necesidad de realizar un trabajo
coordinado y conjunto en esta materia; y. la Dec. (CMC) n* 16/06 – “Acuerdo Marco
sobre Cooperación en materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes del
MERCOSUR, la República de Bolivia, la República de Colombia, la República de
Chile, la República del Ecuador, la República del Perú y la República Bolivariana de
Venezuela.
En esta última decisión se menciona que la creciente dimensión transnacional de los
delitos constituye una grave amenaza a la seguridad regional, dificultando la
consolidación de un espacio integrado en el que prevalezca el orden y el respeto a los
valores democráticos. Por ello, se concibe necesaria la cooperación entre los Estados
de la región para el combate de todas las formas de criminalidad que flagelan nuestras
poblaciones.
Reflexiones
El problema de la delincuencia es uno de los principales en las agendas de los
gobernantes, al mismo tiempo que es una de las mayores preocupaciones de la
sociedad actual.
Las consecuencias del incremento de la delincuencia ocasiona crecientes costos
sociales. Desde el punto de vista económico, toda distribución política óptima de
recursos necesita, en cualquier economía, una política óptima de asignación para
controlar el crimen.
Según afirmara Alexandre Addor Neto –Subsecretario de Seguridad
Multidimensional de la OEA- “el delito transnacional es hoy uno de los componentes
esenciales del problema de seguridad, que preocupa a todos en el hemisferio”.
Un indicio de esta preocupación general es el hecho de que en los países
latinoamericanos las encuestas sobre seguridad pública y desempleo son las más
requeridas.
Los países integrantes de la OEA fueron exhortados a cooperar de manera
coordinada para combatir el crimen organizado e impulsar el desarrollo social, en el
encuentro realizado en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la
Cancillería mexicana -julio’07. Asimismo, la OEA en su Plan de Acción formulado en
la Cumbre de las Américas de Québec en abril del 2001 ha identificado la prevención
de la violencia como un prerrequisito a los esfuerzos regionales para fortalecer la
democracia, crear prosperidad y el desarrollo del potencial humano.
Según Bernardo Kliksberg, es hora de revisar porqué han fallado los caminos
tradicionales para enfrentar la criminalidad, cuáles son sus causas de fondo y cómo
encararlas. En algunos ámbitos, la discusión ha tendido a ser casi sólo policial,
centrada en qué formas de organizar la Policía pueden ser las más efectivas.
Al respecto, es aleccionador el caso de los países nórdicos que tienen la menor tasa
de criminalidad del mundo. Al mismo tiempo, el menor número de policías por
habitante. Evidentemente, su éxito en seguridad ciudadana no está conectado a un
aumento del número de jóvenes presos, sino a sus logros en universalizar la
ocupación juvenil, la educación y la inclusión social.
Para bajar el número de delincuentes radicalmente, hay que dar empleo a los
jóvenes, incrementar la escolaridad y fortalecer la familia.
La fórmula gubernamental para combatir la delincuencia no puede sólo basarse en
incrementar el control policial. Debe enfocarse en las raíces del problema, algunas de
las cuales son germinadas por una real condición de pobreza en la que se encuentran
vastos sectores sociales.
Resulta un mito pensar que atacar las causas de la delincuencia es de resolución a
largo plazo; ejemplos como: a) Programas como Empleo Joven en Chile –que
concertaron el Estado y las empresas para crear un primer empleo para los jóvenes-,
b) Escuelas Abiertas en Brasil –patrocinado por la UNESCO, que abrió las escuelas en
las favelas los fines de semana para dar a los jóvenes excluidos posibilidades de
educación, y c) las lecciones de Muhammed Yunus sobre pequeños créditos que
respaldan proyectos productivos de microemprendedores –Pcia. de Santa Fe en
Argentina (Banco Solidario), han demostrado rendir resultados prontamente.
La falta de cohesión social implica casi siempre degradación de los derechos
humanos y sociales de los ciudadanos y ruptura de vínculos sociales elementales. De
allí, la importancia de la implementación de estrategias locales y regionales de
cohesión social.
Como lo ha señalado el Secretario Gral. de las Naciones Unidas. “La humanidad no
puede tener seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad y ninguno de los dos
es posible si no se respetan los derechos humanos”.
*********************
BIBLIOGRAFIA
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seguridad ciudadana” – Rev. de la CEPAL – n* 70 – Santiago de Chile, abril’2000.
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La Capital – Rosario (Rep. Argentina) – números varios.
Clarín – Buenos Aires (Rep. Argentina) - números varios.
El País – Madrid (España) - números varios.