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Claves de Políticas Públicas
Diciembre 2011, Número 5
Génesis, logros y desafios de la Red Protege
1
Por: Clarisa Hardy 2
Presentación
El más significativo cambio de orientación de las
políticas sociales desde la recuperación del proceso
democrático en 1990 es el que permite transitar
desde la lógica de satisfacción de las necesidades
básicas a la lógica de derechos garantizados. Con un
camino de superación de la pobreza en franco
avance tras dos gobiernos democráticos
consecutivos, a partir del 2000 se comienza a sellar
un nuevo modelo de políticas sociales basado en
derechos garantizados.
Surgen las primeras iniciativas con el gobierno de
Ricardo Lagos (2000-2006), como son Chile
Solidario con la provisión de mínimos sociales
garantizados a las familias más pobres del país; y el
AUGE con garantías explícitas para un conjunto de
patologías incrementales en el tiempo.
Dichas orientaciones son profundizadas por el
gobierno de Michelle Bachelet (2006–2010), que no
sólo avanza en la dirección de garantizar derechos
sociales a la población a lo largo del ciclo vital de las
familias, sino en el esfuerzo por extenderlos más allá
de la pobreza e institucionalizarlos en la forma de
un Sistema de Protección Social que, para efectos de
su difusión a la ciudadanía, fue denominado Red
Protege.
Esta Clave Para Políticas Públicas aborda en una
primera parte los antecedentes que dan origen al
Sistema de Protección Social, el contexto
económico y de políticas sociales que le
antecedieron. A continuación se precisan los
fundamentos conceptuales y empíricos que lo
sustentan. En la tercera parte, se caracteriza el
Sistema de Protección Social y sus componentes. Y
en la última parte se hace un balance de fortalezas y
retos pendientes.
I. Antecedentes (1990 – 2006)
La apuesta inicial de los gobiernos democráticos se
orientó a superar la pobreza, garantizar la transición
de la dictadura a la democracia y generar confianzas
políticas en la capacidad de la coalición gobernante
de centroizquierda de manejar responsablemente la
economía. Tal combinación de prioridades -estabilizar
la democracia, gobernar responsablemente la economía
del país y resolver la integración de los más pobres a
la sociedad chilena- fue la que permitió que la
alianza de centroizquierda liderara cuatro sucesivos
gobiernos, generando gradualidad y continuidad
institucional a las políticas sociales, con positivos
resultado de superación de la pobreza y
universalización de accesos.
Entre 1990 y 2006, la tasa de crecimiento de la
economía promediaba el 5%, el ingreso per cápita
se había triplicado (de US$3.000 a aproximadamente
US$10.000) y la pobreza había decrecido desde el
38.7% al 13.7%, mientras la extrema pobreza lo
había hecho del 13% al 3.1%: del quinto lugar en
magnitud de pobreza en 1990, Chile era el país con
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la menor pobreza de Latinoamérica en 2006.
Junto con lo anterior, se fue produciendo una
creciente universalización de acceso a las
prestaciones sociales: cobertura universal en
educación básica, reducción de deserción escolar en
enseñanza media (a menos del 15%), disminución
considerable de mortalidad materno-infantil (de 18
a 8 por mil nacidos vivos y de 65 a 16 por mil
madres entre 1990 y 2006), fin de la desnutrición
(de 5% al 0.5% de la población infantil en quince
años) y aumento de la esperanza de vida (una
longevidad similar a países desarrollados)4 , entre los
indicadores más relevantes 5.
Reducción de la pobreza y avance en indicadores
sociales básicos que tuvieron de trasfondo una
política fiscal normada desde el gobierno de Lagos
y que, sobre la base de la regla de balance
estructural, ha sustentado la progresividad del gasto
social, permitiendo actuar de manera contra cíclica e
impidiendo que los ciclos económicos adversos
castiguen el gasto e inversiones sociales: Chile ha
podido sortear crisis económicas incrementando de
manera interrumpida el gasto social que representa
dos terceras parte del total de gasto público.
No obstante estos destacados indicadores de
integración social, que permitían a vastos sectores
de la sociedad romper el cerco de la pobreza y la
marginalidad, las desigualdades distributivas
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permanecían inalteradas y prevalecían
discriminaciones que desigualan derechos
ciudadanos (por razones socioeconómicas, de
género, étnicas, de edad y territoriales)7,
evidenciando un problema de indefensiones en
millares de hogares, que sin ser pobres o no sólo
por su condición de pobreza, estaban socialmente
desprotegidos.
Este escenario combinado de progreso económico,
responsabilidad fiscal y política contra cíclica, baja
magnitud de pobreza y universalización progresiva
de accesos a prestaciones sociales, con la prevalencia
de desigualdades, dio origen a un viraje en las
políticas sociales y que se consolidan en el gobierno
de Michelle Bachelet con una lógica de derechos
garantizados.
II. Fundamentos conceptuales y
empíricos
Los fenómenos que incidieron en el cambio de las
políticas sociales y el paso de una concepción de
personas consideradas “sujetos de necesidad” a
“sujetos de derechos” fueron, de una parte, la
construcción de una ciudadanía más consciente y
exigente de sus derechos y, de otra, el veloz cambio
de la sociedad chilena en un corto período.
A medida que se avanza en la transición a la
democracia y se asientan los derechos políticos y
civiles, la población va tomando conciencia de sus
derechos y demandándolos. Habiendo transcurrido
una década de gobiernos democráticos, se aprecia
un aumento de las movilizaciones sociales de
sectores postergados y de trabajadores que, al inicio
de la transición a la democracia y ante el temor de
una regresión autoritaria, habían inhibido sus
demandas.
Esta realidad política se da con una sociedad que
experimenta veloces cambios: no sólo un acelerado
proceso de reducción en la magnitud de la pobreza,
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sino el paso de una pobreza tradicional a una
“moderna” que le cambia su rostro (más escolarizada,
con accesos a mejores condiciones de habitabilidad
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y servicios sociales básicos) . A la par, aumentan los
sectores no pobres, pero con bajos ingresos y empleos
precarios9, así como se produce la coexistencia de
accesos masivos a prestaciones, pero de calidades muy
distintas10 que, junto con aumentar expectativas de
movilidad social, provoca frustraciones e inseguridades.
La rotación de la pobreza es otro de estos cambios
y que se asocia a fenómenos de desigualdad.
Estudios muestran que aproximadamente un tercio
de las familias pobres que dejan de serlo, vuelven a
experimentar algún episodio de pobreza en algún
momento de su ciclo vital. Asimismo, familias no
pobres experimentan situaciones de pobreza en
otros momentos11. Las políticas focalizadas exitosas
para abandonar la pobreza, no lo son necesariamente
para resolver los riesgos de caer en pobreza, riesgos
que se distribuyen desigualmente en una sociedad
cuyas vulnerabilidades están desigualmente
distribuidas dadas las grandes brechas socioeconómicas:
el 70% de los hogares tiene ingresos inferiores al
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ingreso promedio nacional.
Lo anterior muestra que persistir en políticas de
protección social enfocadas sólo hacia los más
pobres puede convertirse en una opción regresiva
considerando la amplitud de sectores no pobres
vulnerables que, sin soporte ante los riesgos,
enfrentan la incertidumbre e inestabilidad laboral,
los bajos ingresos, o ambos.13
Ante esta situación de precariedad laboral y de
ingresos, los datos sobre el impacto distributivo del
gasto social son ejemplificadores: dos terceras
partes de las familias chilenas perciben ingresos
inferiores al ingreso promedio nacional y, de estas
familias, sólo se benefician con transferencias
significativas del Estado (monetarias, en educación y
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salud) menos de la mitad de ellas .
De modo que, al iniciarse el gobierno de Bachelet,
el dilema a enfrentar no era, como lo había sido una
década atrás, cómo reducir la pobreza, sino cómo
evitar su generación y reproducción y cómo
garantizar protección social (la vigencia de los
derechos sociales) a quienes lo requieren, dada las
condiciones de pobreza y desigualdad.
La formulación del Sistema de Protección Social,
Red Protege, surge a partir de una concepción de
ciudadanía de derechos en su expresión más compleja
(derechos políticos y civiles, así como económicos,
sociales y culturales) y en consideración a una realidad
social de desigualdades que distribuye
inequitativamente oportunidades y capacidades.
No obstante estas orientaciones y el esfuerzo por
ampliar la protección social más allá de la pobreza,
la manera en que se implementó implicó universos
variables según el tipo de prestación: desde
prestaciones para el 20% más pobre hasta otras de
carácter universal. Por lo tanto, el grado de amplitud
de cobertura no fue el resultado de una concepción
sobre el tipo de riesgo y rasgos de vulnerabilidad
que se deseaban proteger, sino el estricto resultado
de consideraciones presupuestarias.
No se logró una decisión sobre la población a ser
protegida que determinara los requerimientos
presupuestarios, materia que queda pendiente al
término del gobierno de Bachelet y que se refiere a
la protección social de las clases medias.
III. Sistema de protección social
(2006–2010): características y
componentes.
Los rasgos centrales de la lógica de la protección
social construida en el período 2006 – 2010, se
pueden sintetizar así:
a) Acompañar al ciclo vital de las personas: por primera
vez se asume la necesidad de abordar de manera
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indivisible a los sujetos a lo largo de todo su ciclo
vital, desde el nacimiento y hasta la vejez, y no sólo
en determinados períodos de su vida o privilegiando
solamente algunos grupos etáreos15.
b) Considerar a la familia -en toda su diversidad - como el
sujeto de la protección y no como el sostén de esta: sólo al
interior de las familias es factible encontrar a
miembros en las diferentes etapas del ciclo vital, lo
que lleva a concebir al núcleo familiar como la
unidad a ser protegida y no aisladamente a algunos
de sus miembros. Esta concepción tiene impactos
por la sinergia que provocan las diversas acciones
hacia todos los miembros en el colectivo familiar y,
por otra parte, por la exigencia de la intervención
intersectorial que supone tal abordaje.
Adicionalmente, al no existir una predefinición del
tipo de familia a ser protegida y al desplegarse hacia
la pluralidad de familias existentes -aquellas que
definen libre y privadamente sus miembros- evita la
exclusión de las familias no tradicionales. Pero lo
más destacable es el hecho de definir a la familia
como sujeto de protección y que no sea ésta la que
cargue en sus hombros con la protección de sus
miembros, como lo ejemplifican a partir del 2006
las políticas de atención y cuidado preescolar, desde
las salas cunas hasta el kinder, liberando tiempo a
las madres para que estudien y trabajen, sin
menoscabo del mejor desarrollo cognitivo y
emocional de sus hijos desde el nacimiento.
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c) Combinar transferencias monetarias directas (acciones
distributivas inmediatas), con iniciativas promocionales o de
desarrollo para generar e igualar oportunidades (inversiones
sociales con efecto distributivo de mediano plazo): este es un
aspecto central de la nueva orientación de la política
social, pues expresa de manera abierta una opción
redistributiva inmediata con transferencias
monetarias y subsidios habitacionales, articulada a
una opción de igualdad de oportunidades, como
una estrategia distributiva de mediano plazo a través
de inversiones (preferente, pero no exclusivamente)
en educación y salud. Esta concepción que articula
ambas medidas y que las condiciona mutuamente
para las mismas familias, es la que impide que los
subsidios monetarios sean parte de una política
asistencial, como lo han sido en el pasado.
d) Asegurar derechos sobre la base de normativas legales que
institucionalizan la protección social y aseguran su
financiamiento: precisando por ley qué derechos están
garantizados y su extensión, con aseguramiento del
financiamiento. De tal manera, aparecen
expresamente formuladas en las respectivas leyes y
reglamentos que las operacionalizan, las coberturas
de enfermedades AUGE, el número de años de
escolaridad garantizados, las coberturas de
subsidios, de pensión básica solidaria, de protección
de maternidad y cuidado infantil, etc., alterando
paulatinamente las modalidades anteriores en que
los marcos presupuestarios definían el tipo y
extensión de derechos a ser cubiertos.
El Sistema de Protección Social se organiza en 3
ejes:
1. Sistema de Protección Social Chile
Solidario. Destinado inicialmente (cuando comenzó
su implementación) a las familias de extrema
pobreza. A medida que se fue avanzando en
disminuir la indigencia, comenzó a incorporar a
otros sectores pobres no indigentes o con
vulnerabilidades específicas, como es el caso de las
personas que viven en la calle, familias que tienen a
algún miembro con discapacidad y adultos mayores.
Para las familias del Sistema de Protección Chile
Solidario se establecen garantías de derechos en
áreas tales como la educación para niños,
adolescentes y adultos; la salud para el núcleo
familiar completo; de empleabilidad y de generación
de ingresos para los jefes y jefas de hogar, entre los
más importantes. Sin dejar de mencionar que ello se
hace posible gracias a una intervención
personalizada a cada grupo familiar, a través del
apoyo psicosocial que prestan profesionales,
apoyando dinámicas familiares para restituir o
fortalecer lazos y modos de convivencia
intrafamiliares, como condición básica para
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desencadenar procesos de integración social y de
ejercicio de derechos.
2. Sistema de Protección Integral de la
Infancia, Chile Crece Contigo. Destinado a los
niños y niñas en sus primeros años de vida, hasta
que ingresan al sistema escolar. En el Chile Crece
Contigo, no sólo están considerados los derechos de
los niños y niñas de 0 a 4 años, sino además se
incluye la protección de la maternidad y el incentivo
para el trabajo socialmente protegido de las mujeres.
Entre sus derechos garantizados está un subsidio
especial para mujeres embarazadas durante todo el
período de gestación y para los niños desde su
nacimiento hasta los 18 años de edad del 40% de
hogares más vulnerables. Asimismo, salas cunas y
jardines infantiles gratuitos con horarios adecuados
a las necesidades de madres que trabajan, estudian o
buscan trabajo del 40% de los hogares más
vulnerables en una primera etapa, extensible al 60%
en una segunda etapa (a partir del 2011). Parto
humanizado en todo el sistema público de salud,
apoyo al desarrollo bio-sicosocial de los niños en el
primer año de vida a través de los consultorios de
atención primaria de salud. Fondos de desarrollo
infantil para niños con discapacidad, así como
prestaciones preferentes de vivienda, asistencia
jurídica, capacitación laboral para las madres y
padres de esos niños pertenecientes al 40% de los
hogares más vulnerables. El sistema de salud es la
puerta de entrada, cuando las madres realizan su
primer control de embarazo (el 80% de la población
materna se atiende en el sistema primario de salud).
Asimismo, incluye el seguro de desempleo, si bien
este no abarca a los trabajadores informales ni
independientes. Y para proteger a los adultos
mayores al término de la vida laboral activa, la
reforma del sistema de pensiones y previsional, con
el fortalecimiento del pilar solidario no contributivo,
protegiendo a todos los adultos mayores, hombres y
mujeres, del 40% de menores ingresos en una
primera etapa y del 60% de menores ingresos en
una segunda etapa (desde el 2010), que carecen de
previsión, con la otorgación de una Pensión Básica
Solidaria. Dicha reforma al pilar solidario incluye
además aportes estatales a las bajas pensiones,
aportes previsionales a los jóvenes y un bono por
cada hijo nacido vivo a todas las mujeres, que
acumula ahorros a lo largo del tiempo e incrementa
su jubilación (en el caso de las trabajadoras que
cotizan), o su pensión (en el caso de las que no
cotizan y son sujetos de una Pensión Básica
Solidaria).
Estos tres ejes están integrados por componentes
transversales, especialmente de salud, educación y
vivienda
3. Sistema de Protección Social del Trabajo.
Destinado a los trabajadores hombres y mujeres
para promover el trabajo decente durante la vida
laboral activa (con contratos y cotizaciones), lo que
ha llevado a legislar para regular las
subcontrataciones, sancionar prácticas
antisindicales, creación de tribunales laborales y de
un defensor laboral, quedando pendiente promover
otras iniciativas legales, especialmente relativas a la
negociación colectiva, multirut de las empresas, etc.
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· Otra fortaleza significativa es la existencia de una
experiencia acumulada de gestión que permite
asegurar el desempeño de los programas y acciones
sociales. Al margen de que es posible exigir mayor
eficacia y efectividad de las políticas sociales, existe
un piso de excelencia y profesionalización que
asegura su buen desempeño, sobre todo porque ya
se ha comenzado a internalizar una cultura de
gestión pública más intersectorial e integral que ha
comenzado a romper el excesivo sectorialismo
tradicional de las políticas sociales.
Retos
Figura 1: componentes del sistema de proteccion social
A lo largo del ciclo vital
IV. Fortalezas y desafios
pendientes
La Red Protege no es un programa de gobierno,
sino que un sistema de protección social de
múltiples prestaciones, normado legalmente y con
financiamiento asegurado por ley. Esta es, en
esencia, su principal fortaleza.
Sin embargo, su incipiente instalación y las
expectativas que ha generado plantean desafíos de
proporciones en cuanto a cómo seguir avanzando.
Fortalezas
· A nivel de sociedad civil y de actores políticos existe
una alta valoración de la protección social, no como
políticas de emergencia o asistencialistas, sino como
políticas permanentes que garantizan derechos
sociales. Esta es sin duda una gran fortaleza que
sostiene la protección social como una conquista
democrática. Ello se ha visto refrendado, hasta ahora,
con la aprobación anual de la ley de presupuesto que
destina de manera creciente recursos a los programas
del sistema de protección social, financiamiento que se
funda, por lo demás, en normas que institucionalizan
el sistema de protección social vigente.
· Si bien los resultados entregados por todos los
indicadores sociales muestran que la vigencia de un
sistema de protección social permite mitigar las
condiciones adversas en los sectores más pobres y
asegurar la vigencia de sus derechos sociales, está
claro que no se ha logrado una articulación con
políticas laborales y de empleos de calidad, siendo
ésta una de las materias pendientes a resolver. La
protección social no puede seguir actuando sólo
como compensatoria y sustitutiva de políticas
laborales y de calidad de empleo.
· La demanda ciudadana por ampliación de derechos
y por una extensión de éstos a mayores sectores
sociales requiere definiciones sobre la amplitud de
sectores medios a ser socialmente protegidos y una
decisión acerca de cuáles derechos y cuánto de éstos
deben ser garantizados. Esto va a imponer mayores
presiones fiscales, por lo que no es posible eludir
una reforma tributaria que revise la actual carga, así
como su composición.
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Bibliografía
• CEPAL Panorama Económico Social, Chile 2006.
• CEPAL Tributación en América Latina, Chile
2007.
• CEPAL Panorama Económico Social, Chile 2009.
• MIDEPLAN “Resultados de pobreza”, CASEN
1990 a 2009.
• MIDEPLAN, Encuestas Panel CASEN 1996,
2000 y 2006.
• MIDEPLAN, “Serie 2: Distribución del Ingreso e
Impacto distributivo del Gasto”, CASEN 2006.
• MIDEPLAN, “Resultados de Trabajo e Ingresos”;
CASEN 2000, 2003 y 2006.
• MIDEPLAN “Resultados de Mujeres, CASEN
2006.
• MIDEPLAN “Resultados de Pueblos Indígenas”,
CASEN 2006.
• MIDEPLAN “Resultados de Distribución del
Ingreso”, CASEN 2009
• PNUD Informe de Desarrollo Humano, Chile
2004, 2005 y 2006.
Otras fuentes consultadas:
• Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Gobierno de Chile, 1990 - 2006.
• Ministerio de Salud. Gobierno de Chile, 1990 - 2006.
• Ministerio de Educación. Gobierno de Chile,
1990 - 2006.
7
Citas
1. Este texto ha sido preparado a partir del artículo
“The Chilean Social Protection Floor 2006-2010”,
publicado en ILO-SU/SSC-PNUD (2011) Sharing
Innovative Experiences. Successfull Social
Protection Floor Initiatives.
2. Directora de la Fundación Dialoga y ex Ministra
de Planificación (2006 - 2008) del gobierno de
Michelle Bachelet.
3. CEPAL Panorama Económico Social, Chile 2006.
4. Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas,
Ministerios de Salud y de Educación, Ministerio de
Planificación (MIDEPLAN). Gobierno de Chile,
1990 - 2006.
5. Estos avances explican la posición destacada que
Chile ha ocupado sostenidamente en el Índice de
Desarrollo Humano, integrando el grupo de países
de más alto desarrollo humano y encabezando, con
Argentina y Uruguay, los mejores resultados sociales
de América Latina (ver, los sucesivos informes
anuales del PNUD, Informe Desarrollo Humano).
6. En quince años -entre 1990 y 2006- el coeficiente
de Gini se redujo muy lentamente de 0.57 a 0.54.
MIDEPLAN, Serie 2: Distribución del Ingreso e
Impacto Distributivo del Gasto. CASEN 2006.
7. MIDEPLAN, Resultados de Trabajo e Ingresos;
Resultados de Mujeres; Resultados de Pueblos
Indígenas. CASEN 2006.
8. Evolución que se aprecia en la modernización
generalizada del patrón de consumo de la población
si se comparan los dos últimos Censos de Población
(Instituto Nacional de Estadísticas 1992 y 2002,
Gobierno de Chile), así como en los cambios que se
aprecian en cuanto a masificación de accesos a
prestaciones y servicios sociales, vivienda e
infraestructura social básica, telefonía e internet, por
mencionar algunos de los más relevantes
(MIDEPLAN, CASEN 1990 a 2006).
9. MIDEPLAN, Resultados de Trabajo e Ingresos.
CASEN 2000, 2003 y 2006.
10. Como lo revelan diversos estudios de opinión
que recogen las percepciones de la opinión pública
y que está refrendada, entre otros y a modo de
ejemplo, por las grandes brechas de rendimiento
escolar de estudiantes de la educación pública y
privada subvencionada, respecto de aquellos que
asisten a la educación privada financiada
enteramente por las familias. Fuente: SIMCE,
Ministerio de Educación.
11. Estudios longitudinales a lo largo de 10 años,
las llamadas Encuestas Panel CASEN (1996, 2000 y
2006), aplicadas a una misma muestra de
aproximadamente 5 mil familias.
12. MIDEPLAN “Serie 2: Distribución del Ingreso
e Impacto Distributivo del Gasto; Resultados de
Trabajo e Ingresos. CASEN, 2006.
13. Los datos desagregados por deciles de la
CASEN 2006, en cuanto a escolaridad, tasa de
participación laboral nacional y femenina,
desocupación, habitabilidad, jefatura femenina del
hogar y participación en el ingreso nacional, nos
revelan muy altas vulnerabilidades en los primeros 2
deciles, pero también la presencia de diversos
grados y tipos de vulnerabilidad entre el 3° y el 7°
decil (MIDEPLAN 2006, Serie 2, op.cit..;
Resultados de Trabajo e Ingresos).
14. El decil más pobre de la población casi triplica
sus ingresos gracias a las transferencias monetarias
que el Estado realiza en subsidios, así como en
prestaciones de salud y educación, y el decil que le
sigue casi duplica sus ingresos totales por la acción
del estado. Sin embargo, a partir del tercer decil las
transferencias declinan considerablemente, siendo
8
muy bajas entre el cuarto y séptimo decil, teniendo
estos hogares ingresos familiares autónomos por
debajo del promedio del ingreso nacional, que es de
por sí bajo. Para efectos de ilustración y
ejemplificando en pesos chilenos del año 2006, el
ingreso promedio autónomo del decil más pobre es
de$63.866. Sumando las transferencias en subsidios,
salud y educación, el ingreso total del primer decil
pasa a ser de $164.595. En el caso del segundo decil,
el ingreso promedio autónomo es de $144.442 y
con las transferencias del gasto social termina
subiendo a $229.621. Y así, sucesivamente, va
declinando de manera progresiva hasta que en el
séptimo decil -cuyos hogares tienen un ingreso
promedio autónomo de $437.417- las transferencias
del gasto social sólo le significan un incremento de
$30.000, sin contar con soportes públicos para
enfrentar los gastos de la educación, especialmente
de la educación superior, o de enfermedades
catastróficas y crónicas, etc. (MIDEPLAN 2006,
Serie 2, op.cit.).
15. Lógica que no ha estado presente en muchos de
los modelos de bienestar conocidos que, por lo
general, han privilegiado la etapa final del ciclo vital,
centrado en el régimen de pensiones o jubilaciones,
con total o relativa marginación de la etapa inicial o
protección de la infancia, poniendo en las familias
(es decir, en las madres) la responsabilidad total o
parcial del cuidado infantil. Fenómeno que, no sólo
mantiene desprotegida a la infancia, sino que por la
naturaleza de las relaciones de género en el plano
doméstico y laboral en buena parte de los países,
implica una sobre exigencia de los roles femeninos
en la sociedad.
16. Los cambios introducidos desde el 2006 a
muchos programas y subsidios monetarios, así
como a los instrumentos de selección de
beneficiarios, han permitido la extensión de
beneficios a las diversas formas de familia y no sólo
a las que poseen el vínculo matrimonial, puesto que
éstas representan sólo a la mitad de las familias
realmente existentes en Chile.
9
Acerca de la Autora:
Clarisa Hardy, actualmente es
directora de la Fundación Dialoga y
de la Junta Directiva de la USACH.
Consultora en políticas sociales para
gobiernos y organismos
internacionales. Autora de una
docena de libros e investigadora en
diversas instituciones académicas y centros de estudio,
se tituló de Psicologa en la Universidad de Chile y
tiene un Diploma en Antropología Social en la
Universidad de Oxford, UK. Fue directora ejecutiva de
la Fundación Chile 21 y Ministra de Planificación en el
gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
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