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 MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA
Agenda Parlamentaria 2011-2015
Por una Asamblea Nacional que
reivindique la Constitución
Nuestro reto
La democracia debe ser una forma de organizarse para resolver los
problemas que requiere de la acción de ciudadanos conscientes en contraposición
de la visión que otorga sumo poder decisorio a oligarquías, políticas o
económicas, o a individuos. La democracia no debe consistir en una mera serie de
instrumentos, mecanismos y procedimientos para conformar un sistema político,
sino que además debe ser una forma de organización de la sociedad que permite
autotransformarse y propiciar ciudadanos libres, autónomos y responsables.
En nuestra vida republicana ha sido común la preponderancia del Poder
Ejecutivo por encima del resto de los poderes, y en los últimos once años la
exacerbación del presidencialismo nos ha recordado el tiempo de los caudillos de
finales del siglo XIX y hasta mediados del XX. Aspiramos que la Asamblea Nacional
cumpla el mandato de la Constitución de legislar sin interferencias del Poder
Ejecutivo, que lo haga para todo el país, y que sea el foro por excelencia de los
grandes debates en los temas que nos interesan a los venezolanos y a las
venezolanas.
Construimos esta Agenda partiendo del reconocimiento de la pluralidad y el
valor de todas las fuerzas democráticas que desde diversos ángulos contribuyen a
frenar el avance del autoritarismo y la entronización de formas autocráticas en
nuestro sistema político. Poner un freno a estas perversas desviaciones implica
poner la mirada en la reconstrucción de los espacios de diálogo, concertación,
consenso y acuerdo. Implica fomentar la cultura de la tolerancia entre las diversas
escuelas del pensamiento y entre la diversidad de posturas políticas, para que su
confrontación sea un debate amplio, profundo y fructífero en función de atender
los verdaderos problemas de nuestro pueblo: progreso e inclusión social,
1 desarrollo económico, justicia, igualdad, libertad, seguridad social y ciudadana,
trabajo decente, educación para la libertad, eficiente atención a la salud, soberanía
nacional y amplia integración con otros pueblos y otras naciones.
Los diputados y diputadas electos en la coalición democrática ―en la
búsqueda de alcanzar la majestad de la Asamblea Nacional― deben rescatar sus
funciones contralora y fiscalizadora para velar por el buen direccionamiento de los
dineros públicos, poner coto a la extendida corrupción, enjuiciar políticamente la
mala administración y rescatar los espacios para la descentralización. Ellos y ellas
―al representar la soberanía popular por haber sido electos por el voto libre y
secreto de la ciudadanía― tienen el mandato de defender los intereses de la
nación y deben centrarse en legislar, controlar y fiscalizar teniendo esto siempre
presente, a la par que deberán continuamente mantener espacios para las
consultas públicas más amplias posibles entre toda la población. Al legislar
―creando, derogando, reformando, adicionando o modificando leyes― deben
tener como norte el beneficio de la patria y del pueblo todo, para así responder a
los ciudadanos que depositaron la confianza en su elección.
Un triunfo para forjar una esperanza
Esta Agenda Parlamentaria busca dar sustento programático y aliento
unitario a las propuestas de quienes serán los representantes de la alianza
democrática en la conquista de la Asamblea Nacional. Además de forjar una
coalición electoral unitaria ―cuyo primera prueba serán las elecciones de
septiembre de 2010―, la Mesa de la Unidad Democrática sienta las bases para
la construcción de una alternativa que renueve esperanzas de nuestra población
en su lucha contra el actual régimen autocrático, autoritario y despótico.
Esperanza que deberá fraguarse al calor de una propuesta programática que
trascienda el mero hecho electoral y que anuncie las líneas maestras de un
nuevo gobierno y el espacio sustantivo de los diversos actores sociales con toda
su fuerza autonómica y libertaria.
El triunfo de los sectores democráticos en dichas elecciones parlamentarias
tendrá un significado trascendente y seguramente configurará una nueva
circunstancia política que requerirá mucha templanza y sabiduría. Estamos frente
a una fuerza política conducida por alguien que no escatima recursos ni esfuerzos
para mantenerse en el poder, aunque su declinación política e histórica ya ha
comenzado y amenaza con dar pasos agigantados.
2 Los sectores democráticos requerimos de un triunfo tal que permita ―dentro
del irrestricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela― asegurar cambios en las instituciones, en las políticas públicas y en
las condiciones sociales y políticas que vayan en beneficio de las mayorías
nacionales, en especial de aquellos que han sido excluidos social y políticamente,
y que apuntalen políticas que fortalezcan la soberanía nacional.
Debemos emprender cambios que, sin evadir la urgencia de los problemas
del país, ofrezcan soluciones de mediano y largo plazo. Los venezolanos y
venezolanas estamos reclamando respuestas eficaces al desempleo, la vivienda,
la inseguridad, la escasa calidad o inexistencia de los servicios básicos y de salud,
la desigualdad, la discriminación, la pobreza, el deterioro de los recursos
naturales. Los venezolanos y venezolanas estamos hastiados de una peleadera
inútil tanto a lo interno como con otras naciones, que nos desgasta y nos separa
de la solución de los verdaderos problemas sociales, económicos y políticos, pues
creemos que la democracia debe estar íntimamente vinculada con el bienestar de
la población. Desde la Asamblea Nacional mostraremos nuestro talante
democrático y nuestro compromiso con el logro de estos objetivos.
Una Asamblea que sirva a la sociedad
Proponemos que la Asamblea Nacional esté al servicio de la sociedad, no a
las órdenes de un presidente o de una parcialidad política; que su gestión y sus
actividades sean de cara al pueblo; que esté abierta a la participación, a la crítica y
al diálogo con los diversos sectores sociales; que promueva el debate nacional
sobre las principales problemáticas del país y que sepa integrar las mejores
voluntades. Por ello proponemos una transformación sustancial del actual
parlamentarismo en su condición de pilar principal de la democracia: que la
Asamblea Nacional sea una institución que pueda cumplir cabalmente con sus
roles constitucionales y que contribuya a reivindicar el “hacer política” para que
esta frase no siga siendo asociada a la mentira, a la demagogia, al peculado, al
clientelismo, y a tantos vicios que se le han adherido al manejo de la cosa pública.
Proponemos cinco puntos fundamentales que implican un cambio en la
cultura política de nuestro país, pues no sólo se trata de hacerle oposición al actual
régimen sino de sentar bases para construir una democracia de nuevo tipo, más
avanzada, en la cual de verdad se abran los espacios para el debate, el consenso
y la unidad de los venezolanos en pos de un avance progresivo y sostenido de la
3 sociedad en todas sus vertientes, económica, política, cultural, geográfica,
institucional, internacional, entre otras.
Los dos primeros puntos se refieren al rescate de funciones vitales que debe
jugar la Asamblea Nacional para posibilitar el crecimiento permanente y eficaz de
la democracia. Los siguientes tres puntos son los espacios legislativos donde
creemos deben enfatizarse los esfuerzos de los parlamentarios que buscamos la
reconstrucción de nuestra patria; se trata de hacer cumplir su potestad legislativa
de manera autónoma y a favor de los intereses patrios. Ello implicará revisar leyes
aprobadas por los actuales legisladores que violan fundamentos democráticos y
de manera flagrante principios establecidos en la propia Constitución, y que
atentan contra el interés nacional y popular, además de que han significado una
vulneración de la voluntad popular expresada en consulta popular.
1. UN FORO DEMOCRÁTICO PARA EL DEBATE, EL DIÁLOGO Y EL CONSENSO
Para poder cumplir estos objetivos, se requiere recobrar el carácter
independiente y autónomo del Parlamento. Debemos darle su majestad como un
órgano acorde con la división republicana de los poderes y no permitir que siga
siendo tratado como apéndice del Poder Ejecutivo nacional.
La Asamblea Nacional ―en su esfuerzo para que impere la tolerancia y la
convivencia entre todos los compatriotas― debe abrir espacios nacionales,
regionales, municipales y hasta locales donde se promuevan los grandes debates
y donde se construyan los acuerdos y los consensos en torno de los grandes
problemas del país: economía, desarrollo, relaciones sociales, salud, educación,
seguridad ciudadana, relaciones internacionales, entre otros. Ello requerirá de
diputados con gran capacidad política para la edificación y estabilización de dichos
espacios, para la relación permanente con la gente y para la conjugación de todos
los aportes que provengan de la población en general y de los sectores sociales
organizados en los ámbitos comunal, sindical, estudiantil, gremial, empresarial,
profesional, académico, entre otros muchos.
2. UN ENTE FISCALIZADOR Y CONTRALOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Se requiere de una reforma política que asegure el equilibrio entre los
poderes públicos y ponga en aplicación los controles institucionales, y por lo tanto
combata a fondo la arbitrariedad, la corrupción y el abuso de poder. La función de
4 velar por los intereses nacionales y vigilar la ejecución de los recursos públicos por
parte del Poder Ejecutivo implica poner coto a la discrecionalidad de la
administración pública, definir ejes presupuestarios para cada área y solicitar
rendición de cuentas periódica.
La Asamblea Nacional debe atender con prioridad la aprobación de los
presupuestos anuales y de los planes plurianuales de la nación, además de
mantener un seguimiento en su ejecución. Debe por lo tanto emplearse a fondo
para que haya pulcritud, transparencia y efectiva direccionalidad del gasto público;
debe ejercer esta potestad como una forma de contrapeso a la excesiva y
permanente irregularidad del Ejecutivo nacional, especialmente, pero también de
gobernaciones y alcaldías. El Parlamento debe ser un contrapoder, un contrapeso
constitucional al desmedido e histórico poder del Presidente.
La Asamblea Nacional debe buscar la complementariedad entre los poderes
públicos para hacer viables los caminos de la democracia, del progreso social y
del desarrollo económico, siempre teniendo como guía la defensa de la
Constitución vigente desde 1999.
3. UNA INSTITUCIÓN AUSPICIADORA Y DEFENSORA DE LOS DERECHOS SOCIALES
La acción legislativa ―nuevas leyes, derogación de algunas, reforma de
otras― debe poner el énfasis en dar sustento legal a los caminos para la
superación de la pobreza, la industrialización del país, la garantía de la propiedad,
la creación de empleo decente y estable y de un suficiente y sustentable sistema
de seguridad social, la elevación de la calidad de vida, el mejoramiento de la
educación y la salud, la ampliación del apoyo para la construcción de vivienda, el
mejoramiento del hábitat, entre otros.
Mediante la labor legislativa, desde la Asamblea Nacional podemos ir
perfilando una verdadera dignificación de la vida de todos quienes habitamos
Venezuela: reducción sustancial del clima de violencia e inseguridad ciudadana;
construcción de una seguridad social amplia, universal, progresiva y solidaria;
impulso de una educación para formar ciudadanos libres y proyectar el
conocimiento hacia todas las áreas de la vida humana; incentivo a la inversión
productiva y reconocimiento del mérito al esfuerzo para incrementar la producción
y la productividad; seguridad jurídica, política y social a la propiedad; promoción a
5 la instalación de nuevas industrias que creen empleo decente y con cobertura
social; edificación de un sistema nacional de salud que disminuya el derroche y el
solapamiento de esfuerzos, incrementando las posibilidades de atención de
calidad, especialmente para la población con más carencias económicas;
aumentar la capacidad de adquisición de salarios y sueldos que redunde en una
elevación creciente del nivel de vida de toda la población y potencie y amplíe los
márgenes de nuestro mercado interno; facilitar la adquisición de viviendas
cómodas y dignas para cerrar el enorme déficit existente. Se trata de que
venezolanos y venezolanas comiencen a sentir que la Asamblea Nacional puede
prestar grandes utilidades y convertirse en una institución a su servicio.
4. UN CENTRO PARA EL IMPULSO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS
Entre las primeras acciones de los nuevos parlamentarios y como muestra
del compromiso con la implantación de un régimen de libertades públicas, se
encuentra la aprobación de una ley de amnistía general que destierre la figura del
preso político y contribuya a cesar cualquier tipo de persecución por razones
ideológicas o políticas.
En la búsqueda de una democracia de nuevo tipo, donde haya una relación
armoniosa entre democracia directa y representativa, debemos ampliar y hacer
realidad los contenidos constitucionales sobre la libertad en leyes que
redimensionen las libertades públicas, aseguren los derechos ciudadanos y en
general amplíen el ejercicio de la democracia: derecho a la vida y la seguridad
ciudadana; proyección generalizada de los derechos humanos y fortalecimiento de
los instrumentos que velan por su cumplimiento; respeto irrestricto de la libertad de
expresión y comunicación para ampliar los derechos a la información; extensión
de las formas de organización política y social desde las bases de la sociedad, en
las figuras de asambleas de ciudadanos, y consejos de planificación, entre otros;
cese a las inhabilitaciones políticas por razones sectarias y excluyentes; respeto a
la autonomía de las organizaciones comunales, sindicales, gremiales o
profesionales y cese a la injerencia del Estado en sus asuntos propios;
repotenciación de la defensoría y de la fiscalía, eliminando cualquier retaliación o
discriminación, para que en verdad sean garantes del cumplimiento de la ley y de
los derechos ciudadanos.
6 5. UN ÓRGANO QUE APUNTALE LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la norma
fundamental que debe unir a todos los venezolanos, con su sentido y con su letra.
Se trata de restituir el valor constitucional de la diversidad de instituciones que
conforman el entramado estatal, quitando todas las adherencias y
sobreconstrucciones que en la última década se le han adosado convirtiéndolas
en algo totalmente distinto a lo pautado en la Constitución.
Una cuestión de mucha importancia es volver a dar valor a la
descentralización que el actual régimen ha amputado sobre la base de eliminar
potestades regionales, restringir capacidades gubernativas de gobernaciones y
alcaldías, y ahogar financieramente a esas instancias ejecutivas. Se trata de
restituir la cercanía de las poblaciones a sus gobiernos más directos, y que la
descentralización de funciones y recursos permita una más eficaz y eficiente
realización del gasto público, a la par que una mejor articulación con los planes
nacionales centralizados.
En la misma dirección la Asamblea Nacional debe apuntalar la transparencia
en la administración pública, en búsqueda de eficiencia y eficacia y de una
reducción sustancial de la corrupción administrativa. Factor fundamental en el
cumplimiento de este logro es la necesaria profundización en el debate sobre los
presupuestos anuales y sobre los planes plurianuales, buscando señalar con
claridad una direccionalidad y manteniendo un seguimiento que multiplique los
efectos positivos hacia la población en general. Y ello necesariamente debe
vincularse con la actuación de la población organizada en funciones de contraloría
social y de vigilancia contra la malversación, el engaño y la dilapidación de
recursos.
Frente al avance del militarismo en los espacios propios de los ciudadanos,
debemos contribuir a devolver a la Fuerza Armada su carácter apartidista y no
deliberante en los asuntos políticos ―respetando, por supuesto, los derechos
políticos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce a
quienes hacen carrera en el ámbito militar. La Fuerza Armada debe ser defensora
de nuestra soberanía patria y contribuir al cumplimiento de la Constitución y las
leyes.
7 Propuestas para la Asamblea Nacional
Acciones y reformas inmediatas necesarias para que la Asamblea Nacional
siente las bases de una democracia de avanzada, de consenso y unidad de la
nación.
1. Una ley de amnistía general para los presos y perseguidos políticos para
alcanzar la paz social y la reconciliación nacional.
2. Revisión de las Leyes de la descentralización para dar más capacidades a
los gobiernos regionales y locales electos por la voluntad popular, para poder
concatenar las funciones de los Estados y Municipios de acuerdo con la
Constitución, asumiendo éstos la solución de temas como la salud, educación,
vialidad y otros temas que los ciudadanos puedan controlar y exigir.
3. La reforma de los Códigos
Penal
y de Procedimientos emitidos para
criminalizar la actividad política.
4. Código Nacional de Convivencia: con el fin de establecer los infracciones
menores que permiten vivir en una sociedad armónica y en orden y que su
desacato sea sancionado con trabajo social, sustituyendo el capitulo de faltas
involucrado en el Código Penal.
5. Ley del Régimen Presupuestario, para poner en orden las finanzas públicas
y que la asignación de recursos sea a través de un proceso de discusión
transparente.
6. Reforma de la Ley del FONDEN para regular su uso discrecional y suspender
la transferencia de recursos provenientes de la renta petrolera nacional a
gobiernos extranjeros
7. Creación del Estatuto que rija los convenios colectivos de trabajo
8. Ley del Primer Empleo, para crear un programa que garantice los
mecanismos para que los jóvenes ingresen al mercado de trabajo
9. Aprobar las leyes pendientes del sistema de seguridad social para que sea
integral y universal con acceso seguro y eficiente para toda la población.
8 10. Reforma de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico para modificar el
mecanismo de nombramiento de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, de
manera que sea un ente independiente y autónomo, que asegure el
establecimiento de reglas estables de actuación de las empresas eléctricas,
supervise la realización de inversiones para la expansión del Sistema Eléctrico
Nacional, y promueva el mejoramiento de la calidad del servicio y el efectivo
ejercicio de los derechos de los usuarios del servicio eléctrico.
11. Ley de formalización de la tenencia
de la tierra en propiedad pura y
simple para su uso, goce, disfrute y disposición: para otorgarle el derecho
de propiedad sobre aquellas tierras del Estado a los ciudadanos venezolanos,
con el fin que puedan desarrollar su vivienda o trabajar en el área
agropecuaria.
12. Revisión de la Ley Orgánica de Educación para mejorar y profesionalizar la
carrera docente, permitir la formación integral, consolidar la cultura
democrática, fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, y garantizar la autonomía
universitaria, el adecuado financiamiento público a la educación superior para
tener una mayor equidad en el acceso y una sólida calidad académica, y los
mecanismos de rendición de cuentas de las universidades públicas al país.
13. Reactivar la discusión de la ley sobre igualdad de género. Para evitar las
desigualdades en el acceso al empleo, cargos, remuneraciones, oportunidades
de desarrollo
14. Reforma de las disposiciones legales que violan los convenios números 87 y
88 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a la libertad
sindical y a los derechos de contratación colectiva.
15. Reforma de la Ley de la Fuerza Armada para preservar su carácter apartidista
y no deliberante en los asuntos políticos, respetando sus derechos y para que
sea defensora de nuestra soberanía patria y contribuir al cumplimiento de la
Constitución y las leyes.
16. Un proyecto de ley con el propósito de dar sustento legal a la figura de la
Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos,
9 para introducir sanciones a funcionarios que la incumplan e incluir la figura de
“retardo indebido” y su respectiva sanción.
17. Revisión de todos los Decretos Leyes y Leyes dictados por el Ejecutivo y la
Asamblea Nacional que modifican o desvirtúan el mandato popular expresado
en el referéndum de diciembre de 2007.
18. Revisión de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales para garantizar su
verdadera autonomía en sus proyectos y desarrollo.
19. Reforma de la Ley de Responsabilidad Social para Radio y Televisión (Ley
Resorte) para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información
20. Ley desarme y de control de armas por parte del Estado: que permita
regular adecuadamente el porte de armas, empoderar a las policías para el
decomiso de armas de fuego y el control del parque de armas adquirido por
parte del Estado.
21. Reforma de la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar. Para eliminar los
mecanismos que generan exclusión para la obtención del empleo, ingreso a la
Administración Pública y a las oportunidades de estudio.
22. Reformar la Ley Orgánica de Procesos Electorales para garantizar la
representación proporcional de todos los grupos políticos en las instancias de
representación popular.
10 Un compromiso de largo aliento
Al proponer esta Agenda Parlamentaria estamos conscientes del
compromiso que adquirimos y lo hacemos con el conocimiento de las perspectivas
de nuestro movimiento democrático, y con la comprensión de los intereses
legítimamente representados por las organizaciones políticas que conformamos la
Mesa de la Unidad Democrática; pero a la vez hacemos el firme reconocimiento
de la existencia de amplios sectores independientes que son factor importante de
la vida nacional y que coadyuvan a auspiciar la unión de todas las fuerzas
ciudadanas en el esfuerzo de lograr la reconstrucción de la nación venezolana. La
sincera definición y defensa de los derechos que nos asisten y de los deberes
como ciudadanos, para atender en conjunto los intereses perdurables de la
nación, es garantía de que las deliberaciones han respondido a un serio y
responsable enfoque de las urgencias del país.
Presentamos esta plataforma parlamentaria con la intención de atender el
compromiso de orientar al pueblo para la consolidación de los principios de la
nacionalidad, de la democracia participativa, de la dignificación del hecho político,
para que haya confianza en que las distintas personas, hombres y mujeres,
electas en las fórmulas unitarias sabrán honrar el compromiso que aquí se
expone.
Sabedores de que la representación mayoritaria que obtendremos en la
próxima Asamblea Nacional será el resultado de una larga lucha por mejorar las
condiciones políticas y electorales del país, estamos obligados a poner en el
debate nacional la preocupación por los que menos tienen proponiendo una
Agenda Parlamentaria de grandes alcances, porque estamos convencidos de que
con propuestas serias y responsables contribuiremos al desarrollo de nuestro país.
Caracas, 15 de mayo de 2010 11