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Claiming the City – Civil Society Mobilization by the Urban Poor
Municipal urban planning with the right to the city-approach
Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad
I. Antecedentes
La Ciudad de México por sus características demográficas, políticas,
económicas y sociales así como por la presencia y participación de las
organizaciones sociales es hoy un buen ejemplo de la construcción colectiva de lo
que se conoce como Derecho a la Ciudad.
En términos poblacionales, la Ciudad de México a principios del siglo XVI
albergaba alrededor de 30,000 personas, ya en los albores del siglo XX ascendió
a 541,000, actualmente somos más de 8, 851, 000 1. Esto significa que, por
kilómetro cuadrado habitamos 5,920 personas, cuando en comparación con otros
estados del país, por ejemplo en Chihuahua, la densidad poblacional es de tan
solo 14 habitantes. 2 Este crecimiento, aunado a otros factores, ha repercutido en
la presión que se ejerce por el acceso de la ciudad, como la educación, la
vivienda, la salud, el agua, el transporte, etc.
En materia económica, la Ciudad de México contribuye a la producción de
riqueza nacional, más que cualquier otra entidad del país, con una aportación al
Producto Interno Bruto de 23% asimismo la Ciudad recauda el 60% de los
ingresos fiscales federales. Sin embargo, la Ciudad en una situación de profunda
inequidad fiscal recibe por concepto de participaciones y aportaciones federales
sólo ocho centavos por cada peso que aporta a la federación. Asimismo, la capital
1
INEGI. Volumen y crecimiento, Población total por entidad federativa, 1895 a 2010, consultada el 20 de
marzo 2012, http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo148&s=est&c=29192
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Densidad poblacional. Página consultada el 28 de marzo de
2013. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/densidad.aspx?tema=P
1
no participa en programas federales de fortalecimiento local o de combate a la
pobreza. 3
No obstante, a pesar de este trato injusto, la capital tiene los mejores
indicadores en materia de esperanza de vida al nacer, alfabetización de adultos,
así como en los índices de salud e ingreso. Pero, al realizar un análisis detallado
del nivel de realización de los derechos a un medio ambiente sano, al agua, a la
vivienda, al trabajo, a la salud, entre otros, se identifican situaciones que afectan el
ejercicio de dichos derechos en el contexto urbano.
Ahora bien, política y socialmente la ciudad ha tenido una configuración
especial. Desde la época colonial hasta 1997, su régimen atravesó diversas
formas de gobierno, teniendo como constante la subordinación de sus habitantes,
primero a la figura del Virrey, y después a la Presidencia de la República, quien
designaba al Regente de la Ciudad. Particularmente, en el que las decisiones de
la ciudad dependían del Presidente en turno;
si bien existieron formas de
participación gremial y sindical, sus habitantes no tuvieron la posibilidad de elegir a
sus autoridades.
En este entorno de centralismo y autoritarismo, sus habitantes han construido
también una cultura democrática y participativa. A partir de diversos movimientos
sociales, como los magisteriales en 1958, los de la comunidad médica en 1964, el
movimiento estudiantil de 1968 -cuyas principales demandas eran libertades
políticas, apertura democrática, diálogo público, espacios más amplios y legítimos
de participación social-, las movilizaciones de los sectores populares en los
ochenta contra el ajuste económico, desempleo y la pérdida del valor del salario.
En 1985, tras uno de los peores sismos de su historia y ante la incapacidad del
gobierno de hacer frente a la catástrofe, la sociedad se organizó por sí misma y se
puso al frente de las labores de rescate y reconstrucción poniendo en evidencia la
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Programa General de Desarrollo 2007-2012. Gobierno de la Ciudad de México.
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urgencia de una reforma política que le diera a sus habitantes derechos plenos y
autoridades electas democráticamente.
Esta fuerte presión de la ciudadanía, así como sus nuevas formas de
organización social, detonaron la reforma política del gobierno de la ciudad en
1986. A partir de ello se determinó la creación de un órgano de representación
ciudadana llamada “Asamblea de Representantes”, con lo cual se inició un
proceso, que aún no concluye, que pretende restituir los derechos políticos de los
habitantes, a fin de elegir libremente a sus autoridades y ser partícipes en las
decisiones sobre el rumbo de la ciudad.
En las elecciones federales de 1988, el Partido Oficial es vencido por la
oposición de izquierda en la Ciudad de México, pero dado que la ley establecía
que el Presidente de la República designaba al Regente de la Ciudad, se generó
una situación inédita de una sociedad mayoritariamente opositora por un regente
priísta con una legitimidad muy cuestionada.
Frente a esto, surgió la necesidad de establecer cambios institucionales que
respondieran a la creciente demanda por la democratización del sistema político.
En 1993 organizaciones sociales, movimientos urbanos y partidos políticos
convocaron a un plebiscito ciudadano para que los y las habitantes de la capital
pudieran elegir a sus autoridades. A partir de dicho plebiscito, se logró presionar
al Gobierno Federal para instituir la elección popular y democrática de las
autoridades de la Ciudad de México.
Estos hechos influyeron para que la reforma política del Distrito Federal,
iniciada en 1993, culminara con la elección del Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México en 1997. Con el 47% de los votos, la oposición representada en el
candidato del Partido de la Revolución Democrática ganó las elecciones en la
ciudad y su órgano legislativo también se compuso en su mayoría por miembros
del mismo partido.
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Así, a partir de 1997, los gobiernos democráticos de la ciudad han tenido un
fuerte compromiso con la política social y la participación de los movimientos
sociales y organizaciones ciudadanas. Esto ha delineado un perfil propio para la
ciudad, que se ha convertido en un espacio de libertades y derechos ciudadanos,
con gobiernos que han tenido que escuchar e incorporar en sus políticas las
demandas ciudadanas.
Durante 15 años los gobiernos de la capital han establecido un amplio sistema
de protección social, destinando más del 30% del gasto público para su
mantenimiento. Esta política social ha tenido, apoyar a los grupos sociales más
vulnerables y mantener subsidios muy importantes para las familias trabajadoras
(para adquirir vivienda, para el transporte, etc.)
En el ámbito legislativo se han impulsado importantes leyes y reformas a través
de los diputados y diputadas locales que dotaron a los habitantes de la ciudad de
una base legal encaminada a la ampliación, protección y ejercicio de los derechos
y libertades de las personas como: el matrimonio entre personas del mismo sexo,
la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo durante las primeras
doce semanas de gestación y también se han homologado diversas leyes
conforme a los estándares más altos de protección de derechos.
En este contexto, en 2007 iniciamos una reflexión sobre el “Derecho a la
Ciudad”, que fue expresado en esta experiencia como un nuevo derecho humano,
que permite el beneficio y provecho equitativo de las ciudades, de tal manera que
la actuación del Gobierno debe basarse en los principios de sustentabilidad,
democracia, equidad y justicia social, para el desarrollo de las políticas públicas.
Este derecho colectivo apuesta a que las personas gocen de una ciudad
incluyente, en donde los servicios y derechos se gocen sin discriminación y
exclusión por posición económica, social, de género u otra. Asimismo el Derecho a
la Ciudad les confiere a sus habitantes legitimidad de acción y de organización,
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para exigir y demandar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y
a un nivel de vida adecuado.
II. Proceso participativo, espacios de diálogo.
La participación social, el intercambio de información, la negociación colectiva y la
concertación han marcado el proceso de elaboración de la Carta. Este proceso
implicó discutir ideas muy distintas sobre la Ciudad, sin embargo, se lograron
consensos entre las organizaciones sociales y las autoridades públicas, quienes
participaron activamente en el proceso.
En el caso del Gobierno participaron más de 12 dependencias públicas que
han aportado desde su experiencia al desarrollo de los contenidos de la Carta 4
Asimismo, desde el 2010, se ha impulsado un proceso con las 16 Delegaciones
Políticas, quienes también han aportado a la discusión de este nuevo derecho.
El proceso de diálogo entre sociedad civil y gobierno se realizó a través de
foros con integrantes de la academia, ferias, reuniones de coordinación y
seguimiento, entre otras. Los integrantes del Comité Promotor iniciaron la
integración de los contenidos de La Carta, teniendo como punto de partida
diversos documentos y experiencias internacionales, entre los que destacan:

La Carta Mundial por el Derecho la Ciudad.

Los resultados y propuestas de la Primera Asamblea Mundial de
Pobladores, realizada en la Ciudad de México en el 2000.

El Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal, entre otros documentos de planeación del Gobierno de la
ciudad.
Finalmente, después del trabajo colectivo de análisis y discusión, la Carta
de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad se presentó el 13 de junio de
2010. En el acto, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad, Marcelo Ebrard, el
ombudsman, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia y las
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organizaciones sociales, ratificaron su responsabilidad para desarrollar acciones
en favor del Derecho a la Ciudad.
Es importante señalar que se han adherido a la iniciativa más de 200
organizaciones, de muy diversa índole, desde las urbanas hasta programas
universitarios sobre sociología urbana y estudios de la ciudad, también se
sumaron organizaciones indígenas y campesinas, organizaciones de comerciantes
y trabajadores en la vía pública, organizaciones ejidales y de los pueblos,
organizaciones de mujeres, sindicales, vecinales, cooperativas, colegios de
arquitectos y de la sociedad civil.
III. Principales contenidos y objetivos de la Carta.
La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, apuesta por la
construcción y transformación de la ciudad como derecho y expresión del interés
colectivo, por lo que sugiere la atención integral y articulada de las diferentes
instancias públicas y de la participación activa de sus habitantes.
La Carta se ordena a partir de las aspiraciones que configuran la ciudad que
queremos: una ciudad democrática, incluyente, sostenible, productiva, educadora
y habitable; enfatizando en el ejercicio pleno de los derechos humanos y los
procesos de democratización así como del cumplimiento de las obligaciones que
de ellos se derivan.
Asimismo la Carta está estructurada a partir de una serie de intersecciones con
las aspiraciones anteriormente señaladas, el ejercicio de los derechos humanos y
6 fundamentos, que a continuación mencionaré.
El primero se refiere al “Ejercicio pleno de los derechos humanos en la ciudad”
que señala la obligación de los Gobiernos para garantizar la realización de todos
los derechos humanos de las personas, sin discriminación alguna, asegurando la
dignidad y el bienestar colectivo.
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El segundo se basa en la “Función social de la ciudad, de la tierra y de la
propiedad”. Este eje sin duda representa un cambio fundamental, ya que, si bien,
por un lado se garantiza el derecho a la propiedad, éste no se concibe como un
derecho absoluto, pues se establecen como limites el interés general de los
habitantes, así como su utilidad pública. Así, el interés privado debe ceder al
interés público en caso de presentarse un conflicto entre ambos.
El tercero aborda la necesidad de la “Gestión democrática de la ciudad”,
implica la participación ciudadana en la formulación, implementación, seguimiento
y evaluación de las políticas públicas.
El cuarto se refiere a la “Producción democrática de la ciudad”, a fin de
asegurar la inserción al mercado de trabajo, laboral y productivo de sus
habitantes, en especial las y los jóvenes, en la economía urbana.
El quinto se refiere al “Manejo sustentable y responsable de los bienes
naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad”, el cual busca se cumplan
mejores condiciones ambientales, para que el desarrollo urbano no se realice a
costa de las zonas rurales, de áreas de reserva ecológica y de las próximas
generaciones.
El último que enuncia la carta, es el “Disfrute democrático y equitativo de la
ciudad”, a fin de fortalecer la convivencia y el acceso equitativo a los espacios
públicos como plazas públicas, centros comunitarios, áreas verdes, etc. El objetivo
primordial es mantener una vida lúdica y recreativa en la ciudad.
Así el cruce de los fundamentos estratégicos de la Carta con las aspiraciones
de la ciudadanía generan una serie de lineamientos y recomendaciones que
deben seguir las entidades públicas así como acciones que también corresponden
a sus habitantes, evidenciando así la complejidad en la planeación, gestión y
administración de la ciudad.
IV. Implicaciones y retos de la Carta de la Ciudad de México en las
políticas públicas.
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Para la Ciudad de México, la Carta tiene implicaciones y retos en tres grandes
dimensiones: el primero de ellos, refiere a la construcción de una cultura del
Derecho a la Ciudad, el segundo relacionado con la modificación del marco legal y
el tercero se relaciona con la promoción de una Constitución propia que integre y
se fundamente en este nuevo derecho.
Promover una cultura de respeto, promoción y exigibilidad del Derecho a la
Ciudad,implica la toma de conciencia, comprensión y uso de los principios,
conceptos y fundamentos estratégicos de la Carta, por parte de las personas
servidoras públicas en las acciones de gobierno y en el desarrollo de políticas
públicas. También implica que la ciudadanía se apropie y exija el cumplimiento de
la Carta a las autoridades.
En este sentido, en la Ciudad de México se están realizando diversos
esfuerzos para promover su conocimiento entre personas servidoras públicas, por
lo que se han tenido reuniones con las Delegaciones Políticas para iniciar un
proceso de análisis, a fin de incluir en sus planes de desarrollo acciones para
promover y garantizar el Derecho a la Ciudad. Por otro lado, para que la
ciudadanía se apropie de este nuevo derecho comenzamos desde el año pasado
a realizar una serie de procesos para capacitar a los habitantes de las colonias.
Algunas acciones que han ayudado a consolidar el Derecho a la Ciudad en
las políticas públicas, son:
1. El Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal,
como procesos participativos entre instituciones de gobierno y sociedad
civil, quienes a través del diálogo y el consenso identificaron la situación
de los derechos humanos y las acciones necesarias para avanzar en su
ejercicio y garantía.
2. El presupuesto con enfoque de derechos humanos y género, el cual
logra plasmar los derechos a los programas y actividades del gobierno.
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3. El Programa de Mejoramiento Barrial, en el que la ciudadanía ejerce una
influencia directa en la recuperación de los espacios públicos de sus
comunidades, para mejorar las condiciones de vida en las zonas con
condiciones de mayor rezago social. En 2010, la ciudadanía aplico
directamente 95 millones de pesos para mejorar centros deportivos o
comunitarios, para iluminación, drenaje e imagen urbana y otras
necesidades que identificaban en sus comunidades.
4. Otra de las prácticas de la aplicación del Derecho a la Ciudad se refieren
a las reformas a la Ley de Participación Ciudadana, que amplió las
formas de participación de sus habitantes, por lo que en cada colonia o
pueblo existen Comités Ciudadanos o Consejos de los Pueblos, quienes
tienen la posibilidad de conocer y opinar respecto de los planes,
programas, proyectos y acciones en materia de: desarrollo social,
seguridad ciudadana y prevención del delito, desarrollo económico y
empleo; el desarrollo y los servicios urbanos así como en materia de
igualad y no discriminación de género.
5. Otra acción encaminada a promover el Derecho a la Ciudad es la
aplicación del presupuesto participativo, en el que sus habitantes
pueden decidir las obras y acciones prioritarias que desean se realicen
en sus colonias, por lo que las autoridades delegacionales deben
ejecutar los proyectos o acciones seleccionados, respetando en todo
momento las determinaciones de la ciudadanía.
6. Asimismo, la Ley de Planeación del Desarrollo así como la Ley de
Desarrollo
Urbano
del
Distrito
Federal,
consideran
formas
de
participación directa de sus habitantes.
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El segundo reto es el relacionado con la modificación del marco legal a fin
de garantizar un marco jurídico que permita avanzar en la implementación de los
fundamentos estratégicos de la Carta en las políticas públicas. En este sentido, la
Subsecretaría de Gobierno y las organizaciones sociales, han realizado una serie
de propuestas de reforma a diversas leyes como son: la Ley de Vivienda, la Ley
de Desarrollo Urbano y la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; a
efecto de incluir los principios y garantías en materia de Producción Social del
Hábitat y la Vivienda y el Derecho a la Ciudad, en el quehacer de la administración
pública.
Este conjunto de reformas legislativas proponen:
• Brindar un marco de referencia a las acciones del gobierno, a fin de que sea
congruente con los principios de la Carta de la Ciudad de México por el
Derecho a la Ciudad.
• Establecer la obligación del Gobierno de vigilar que se incluyan los
principios de derechos humanos y del Derecho a la Ciudad en la
elaboración de los diversos programas de planeación.
• Contemplar mecanismos de democracia directa para la conformación de
planes de gobierno.
Como ya se señaló, la Ciudad de México viene de un largo proceso de
construcción colectiva de leyes e instituciones que reconozcan los derechos y
libertades de las personas y los derechos de la Ciudad, como espacio colectivo,
frente a los poderes federales. Aún queda pendiente el que nuestra ciudad cuente
como el resto de las entidades de la federación, con una Constitución propia, este
es el tercer reto que identificamos, ya que el estatuto que nos rige es aprobado por
el Congreso Federal.
La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Cuidad cobra especial
importancia, ya que actualmente se está discutiendo en diversos espacios la
reforma política que llevará a la Ciudad de México a tener su propia Constitución,
para finalmente liberarse de sus limitaciones en las competencias legislativas,
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hacendaria, gubernamental y política, así como de las restricciones a los derechos
políticos de sus habitantes.
Es en este marco que se ha iniciado un proceso de reflexión y diálogo con
organizaciones para que los derechos de las personas, los derechos colectivos y
el Derecho a la Ciudad, sean incorporados en la base dogmática de nuestra
Constitución.
Para ello, ya se instaló un consejo ciudadano para la Reforma Política de la
Ciudad que tendrá la tarea de impulsar desde abajo este proceso de refundación
democrática de la ciudad, tendiendo como base la Carta de la Ciudad de México
por el Derecho a la Ciudad.
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