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Algunas implicaciones de la concentración de la tierra para la gestión de los recursos
naturales y el territorio en Guatemala∗
José Pablo Prado Córdova
Profesor Titular
Subárea de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural
Facultad de Agronomía
Universidad de San Carlos de Guatemala
Guatemala, octubre de 2006
Introducción
La contradicción inherente a la dualidad tierra y territorio expresa la correlación de fuerzas
vigente en nuestro país y el devenir histórico de las prácticas estatales orientadas al
fortalecimiento de un proyecto de nación con aspiraciones occidentales inspiradas en nuestro
pasado colonial y en la vocación de nuestras clases dominantes por la subordinación periférica a
los centros hegemónicos. El desencuentro entre la lógica depredadora del sistema capitalista y
los esfuerzos por la integración equilibrada entre sociedad y naturaleza ocurren actualmente en
el marco de la apertura comercial y la globalización desequilibrada de costos y beneficios. La
tierra sigue constituyendo el epicentro del debate político y, en el caso guatemalteco, sigue
contribuyendo al fortalecimiento de un modelo de desarrollo profundamente concentrador y
excluyente, sin que los réditos de su explotación contribuyan suficientemente al bienestar de
toda la población.
El objetivo fundamental de este trabajo es contribuir a la discusión nacional sobre los
principales problemas vinculados con las consecuencias ambientales y territoriales de la
concentración de la tierra en Guatemala. Esta tarea se plantea a partir de la formulación de
varias preguntas para la reflexión que persiguen orientar la delimitación conceptual del objeto
de estudio anteriormente referido, a saber: ¿cuáles son las expresiones concretas de las
consecuencias ambientales y territoriales de la concentración agraria en Guatemala?, ¿cómo se
explica teóricamente su surgimiento?, y ¿qué elementos estructurales subyacen a estos
fenómenos?
Para responder estas preguntas se parte de la consideración de los antecedentes generales que
han ido configurando a lo largo del tiempo este país. Luego se describen los argumentos
teóricos recopilados para el análisis y se concentra la discusión en las particularidades del
contexto actual y los diversos impactos de la concentración de la tierra para la gestión de los
recursos naturales y el territorio. Finalmente se concluye a partir de la puntualización de los
nudos problemáticos que responden las preguntas planteadas y que habrán de resolverse para
transitar hacia un país más justo.
Antecedentes
El alto grado de concentración de la tierra en Guatemala, y por lo tanto la privación de la
posibilidad de acceso a la riqueza generada por su explotación, para la mayoría de habitantes del
área rural, fue una de las principales causas del conflicto armado interno1,2 .Sin embargo, a diez
años de la firma de los Acuerdos de Paz, se mantiene un alto nivel de concentración agraria3, lo
que obstaculiza el tránsito hacia un modelo de desarrollo nacional incluyente y eficiente en
términos de la generación de bienestar para la mayoría de la población.
El modelo agrario guatemalteco es el producto de los acontecimientos históricos que fueron
moldeando un Estado excluyente constituido a favor de la clase dominante en él representada a
∗
Publicado en: Garoz, B.; Gauster, S.; Sigüenza, P.; Dür, J. 2006. Territorios. Reforma Agraria Integral.
Instituto de Estudios Agrarios y Rurales. Año 1 No. 1 noviembre 2006.
1
ODHAG (1998)
2
Camacho (2004)
3
El último Censo Agropecuario da cuenta de un índice de Gini de 0.84 (INE, 2004)
1
partir de la organización económica tanto en la época prehispánica4,5 como en la Colonia. En
esta última, fundamentalmente a través de la política del señorío sobre las tierras conquistadas
(aboliendo así los derechos de propiedad de los nativos sobre sus tierras), el principio de la
tierra como aliciente para la empresa colonial, la composición de tierras, la asignación de tierras
para la tributación a los pueblos de indios y el bloqueo agrario de los mestizos (quienes
engrosaron así las filas de los arrendatarios) 6. De esta época proviene también la práctica de la
extracción de oro y plata con fines de lucro7.
Posteriormente, el período independiente reconfiguró el Estado colonial sin alterar la
estructura de dominación. Las relaciones sociales vinculadas a la tierra fueron perfiladas con
base en las políticas impulsadas durante la reforma liberal emprendida durante el último cuarto
del siglo XIX. Durante este período la dinámica agraria guatemalteca se basó en la
desarticulación de las tierras comunales propiciando el acceso privado a la tenencia, la
expropiación de los bienes acumulados por la Iglesia Católica y la justificación legislativa del
uso obligatorio de la fuerza de trabajo campesina8 (fundamentalmente indígena). La estrategia
agraria de la revolución liberal privilegió la producción cafetalera, que dejaba intacto al
latifundismo laico9 y que, al mismo tiempo, protegía e incrementaba la mediana propiedad con
el consecuente fortalecimiento de la clase media rural, dando origen, además, a una nueva vía
para la concentración de la tierra, el repartimiento entre líderes políticos y militares10. Durante el
siglo XX se emitieron varios Decretos orientados a la reformulación de la estructura agraria a
partir de la colonización de tierras baldías y la revisión del latifundio municipal. Sin embargo,
estos intentos no abordaron el patrón de tenencia alcanzado durante los siglos anteriores. El
primer Censo Agropecuario fue realizado en 1950 durante el Gobierno de la Revolución, y
supuso la primera cuantificación de la inadecuada situación del sector agropecuario, motivando
así la emisión del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, el 17 de junio de 195211. Sin embargo,
el triunfo de la contrarrevolución en 1954 alteró drásticamente las transformaciones logradas
durante el período anterior, en tanto que promovió la devolución de grandes extensiones de
tierra que habían sido expropiadas tanto a terratenientes nacionales como a la compañía
norteamericana United Fruit Company12. Del total de tierras originalmente expropiadas durante
la vigencia del Decreto 900, se devolvió más del 80%13, con lo cual el proceso de reforma
agraria fue significativamente revertido, quedando prácticamente inalteradas las bases
estructurales que aún en la actualidad explican la concentración de la tierra en Guatemala. Esta
concentración de un factor estratégico de la producción se expresa también en la situación de los
recursos naturales. El deterioro del entorno natural corresponde a los mismos procesos sociales
y económicos que concentran la riqueza generando exclusión social y pobreza14. El modelo
económico nacional, de carácter expansivo, competitivo y de corto plazo ha deteriorado las
bases productivas para el futuro, afectando, sobre todo, las fuentes de agua y los suelos15. El uso
del suelo corresponde a la lógica de la agroexportación, desatendiendo la necesidad de la
ordenación territorial. El período posterior a la contrarrevolución correspondió, entre otras
cosas, a la reapertura nacional a actividades extractivas como la minería. De hecho, los intereses
mineros internacionales fueron activamente representados en la adecuación de la legislación
nacional correspondiente durante la segunda mitad del siglo XX16, y a principios de la década de
4
Cambranes (2004)
Villacorta (1973)
6
Martínez (2001)
7
Castagnino (2006)
8
Palma et al. (2002:49)
9
Cambranes ( 1996)
10
Villacorta (1973)
11
Ibid.
12
Palma et al. (2002)
13
Handy (1992)
14
MINUGUA (2000)
15
Id.
16
Castagnino (2006)
5
2
los años setenta los principales opositores al proyecto de la Empresa Exploraciones y
Explotaciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), Julio Camey, Alfonso Bauer y Adolfo Mijangos
fueron víctimas de atentados17,18, lo que evidencia las condiciones de represión durante aquella
época y sugiere la proximidad política entre los intereses mineros y las autoridades nacionales.
Marco conceptual
La relación entre las sociedades humanas y la naturaleza se caracteriza por la contradicción y
la producción mutua19. De aquí que la vinculación entre la sociedad y la tierra, en tanto factor de
producción y espacio para la reproducción del imaginario colectivo, constituye una relación
dialéctica que ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. En términos
generales, la estructura agraria se refiere a los elementos sociales, económicos y tecnológicos
que determinan cierto grado de productividad, generación de ingreso, distribución y nivel de
vida de las poblaciones rurales20. Es decir, que las relaciones sociales que ocurren alrededor de
la tierra se caracterizan por la interacción de una serie de elementos asociados a la conservación,
la producción, la asignación de derechos y la distribución de la riqueza en un territorio
determinado.
En sus orígenes, los teóricos de la economía de la tierra abordaban tanto los factores
económicos privados en la utilización de este recurso, como la economía política de la
conservación, la restauración y el incremento de los recursos naturales21. Independientemente de
la evolución epistemológica de esta disciplina, sus paradigmas fundacionales resultan necesarios
para el análisis agrario contemporáneo. Sobre todo, de cara al surgimiento de la doctrina
internacional actual promovida por organizaciones como la FAO, y el Banco Mundial que
apuestan por abordar la realidad agraria haciendo énfasis en la necesidad de llevar a cabo
catastros multifinalitarios, es decir administración de tierras, como el mecanismo más funcional
para la economía de mercado22. La lógica de la conservación de los recursos naturales ha
experimentado un nutrido debate a lo largo de las últimas décadas, que, de acuerdo a Brown
(2003), ha incorporado las ideas neoliberales del mercado como mecanismo regulador. No
obstante, la conservación de la naturaleza es un proceso social23, con lo cual es determinado por
la correlación de fuerzas políticas y económicas, lo que permite que las clases dominantes –a
partir de su condición hegemónica – instrumentalicen estas prácticas en función de las mejores
posibilidades para su consolidación. La definición de los problemas ecológicos precondiciona
su ulterior abordaje y resolución24, es decir que aquellas acciones emprendidas para resolver
problemáticas como la pérdida de biodiversidad o la contaminación de las aguas son concebidas
en el marco de los aspectos considerados problemáticos desde la visión hegemónica25. De
manera general, los modelos teóricos neoclásicos asumen que el crecimiento económico no
afecta a largo plazo el ambiente biofísico que lo sustenta y que, en cualquier caso, los posibles
efectos pueden ser revertidos gracias a la posibilidad de intercambio entre el capital físico y el
capital natural26. La pérdida de la biodiversidad quedaría entonces compensada con la
generación de la tecnología lo suficientemente sofisticada para desempeñar las mismas
funciones que el recurso natural perdido. Esta interpretación presupone cierto nivel de
concordancia entre la expansión del crecimiento económico, el desarrollo tecnológico y, sobre
17
Ibid.
CEH (1999)
19
Guzmán & Herbert (2002:78)
20
Kuhnen (1982:1)
21
Ely (1922) citado por Daly & Cobb (1993)
22
Lebeau (2004)
23
Brown (2003)
24
Grundmann (1991)
25
Así, resulta poco problemática la destrucción de la cobertura boscosa en el altiplano de San Marcos a
pesar de la oposición de la sociedad civil, en vista de la magnitud de los réditos económicos generados en
el proceso, que, en sintonía con el orden establecido, fortalecen las condiciones de la acumulación
internacional.
26
Aggarwal (2004)
18
3
todo, el acceso universal a los beneficios que tal desarrollo implica. El grado de intercambio
entre el capital natural y el capital físico, que plantean las teorías sobre la sostenibilidad fuerte y
débil27,28, aborda las consecuencias generales con respecto a la pérdida de capital natural en
diferentes condiciones de desarrollo tecnológico. Sin embargo, estos planteamientos no
responden necesariamente a la realidad de entornos rurales caracterizados por el despojo
histórico y la exclusión social. Se genera entonces un vacío entre la discusión teórica económica
y las implicaciones sociales para los pueblos. En realidad, los habitantes más pobres de las
áreas rurales tienen pocas o ninguna oportunidad de tener acceso a los beneficios tecnológicos
que podrían compensar las consecuencias de la pérdida de capital natural, con lo cual sus
posibilidades de bienestar quedan, en muchos casos, supeditadas al grado de conservación de su
entorno29 y a sus posibilidades de acceso a los réditos generados por le explotación del mismo.
A pesar de los planteamientos recientes de la ecología teórica30 a propósito de la conservación
de la biodiversidad que orientan las prácticas de manejo desde una perspectiva más bien
humanizada, es decir un nuevo paradigma según el cual los ambientes no equilibrados suponen
etapas de otros procesos más amplios en los que la acción de la sociedad sobre los ecosistemas
no puede evitarse y, sobre todo, no debe ser considerada necesariamente como negativa para la
sostenibilidad del capital natural; la lógica de explotación orientada a la maximización de
réditos económicos en el corto plazo conduce a unos ritmos de agotamiento de la base natural
incompatibles con las necesidades de las poblaciones rurales y de la sociedad en su conjunto.
Para Aggarwal (2004) la globalización supone una causa del deterioro de la calidad ambiental
en el planeta, lo que implica la agudización de la fragilidad ecológica. El mismo autor apunta
que los elementos de la organización social y económica coevolucionan con las variables
ecológicas en tanto reguladores de la interacción entre los seres humanos y entre éstos y su
entorno natural; los beneficios económicos de la mundialización económica conllevan una
estructuración internacional que, en casos como el agotamiento de mantos acuíferos en la India
como consecuencia de las actividades de una planta embotelladora31, acarrean consecuencias
que impactan negativamente las vidas de los sectores más vulnerables. Se contraponen aquí los
intereses económicos del gran capital multinacional y el bienestar de miles de comunidades
rurales pobres. La minería de metales ofrece un ejemplo de esta contradicción. Las
consideraciones técnicas que pretenden minimizar los potenciales efectos negativos de esta
actividad con base en las especificaciones del diseño de la infraestructura necesaria, no abordan
la discusión teórica de fondo. Es decir, el modelo económico que subyace a tales decisiones y
que sigue privilegiando la acumulación concentrada de capital aún a pesar del riesgo para las
comunidades cercanas y los ecosistemas que las sustentan. El análisis económico sugiere que la
contaminación es un mal necesario ya que es imposible alcanzar un nivel de producción en el
que se prescinda totalmente de aquel efecto colateral. Se trata entonces de establecer cuál es el
máximo grado de contaminación que la sociedad está dispuesta a tolerar a cambio de la
producción de bienes y la generación de servicios. Este umbral está determinado por la
capacidad de asimilación de los sumideros que absorberán las descargas contaminantes, con lo
cual es posible imaginar un escenario en el que los niveles de contaminación sean lo
suficientemente bajos para ser absorbidos de manera natural. Esta idealización del proceso
productivo supone una lógica económica más equilibrada entre las necesidades humanas y la
capacidad de nuestro planeta de aportar la materia prima para la producción. La minería del oro
implica riesgos ecológicos y sociales muy altos para la producción de bienes suntuarios de los
que la sociedad podría prescindir fácilmente, con lo cual se trata fundamentalmente de una
expresión del poder hegemónico, en la que los beneficios más importantes y a largo plazo están
reservados para el capital transnacional en desmedro de las condiciones locales para el sustento
de la vida.
27
Pearce & Barbier (2000)
Martínez & Roca (2000)
29
Aggarwal (2004)
30
Wallington et al. (2005)
31
Aggarwal (2004)
28
4
Contexto
Apertura comercial: Los argumentos para la desmitificación del discurso neoliberal
Una diferencia fundamental entre las economías nacionales es el ritmo de transición en la
apertura de sus espacios de intercambio comercial. Mientras que los países industrializados
experimentaron procesos de apertura más bien largos, con lo cual la organización social
correspondiente tuvo el tiempo necesario para ajustarse; los países pobres están siendo
absorbidos por la globalización de la economía a unas tasas mucho más aceleradas, lo que
supone una alteración profunda de los tiempos necesarios para la actualización32 y, por lo tanto,
la exacerbación de las condiciones de vulnerabilidad comercial. Los impactos de la apertura
comercial sobre las dinámicas agrarias nacionales han sido abordados desde diversas
perspectivas. Barham (2004) refiere como un caso exitoso el aumento en la capacidad de
acumulación de tierras de los productores no tradicionales del altiplano guatemalteco durante
los primeros años de la década de los noventas, argumentando que el escenario para la
exportación significó la inclusión de un sector de la población históricamente marginado en
términos del acceso a los mercados externos. Sin embargo, las ventajas iniciales del auge de la
exportación de productos no tradicionales tienen límites. Carletto (2000) concluye que las tasas
de acumulación agraria de aquellos campesinos involucrados en la producción de cultivos no
tradicionales para la exportación no han podido mantenerse a lo largo del tiempo,
evidenciándose una disminución de las mismas; en segundo lugar, el patrón de acumulación ha
reproducido la naturaleza concentradora de auges anteriores, favoreciendo a aquellos
productores con mejores posibilidades para la acumulación de riqueza; y los patrones de
acumulación experimentados inicialmente han sido reducidos a causa del deterioro de las
condiciones para la producción. En cualquier caso, esta experiencia no ha modificado
sustancialmente las condiciones de concentración de la tierra que aún persisten a nivel nacional.
El recientemente ratificado Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, EUA y la
República Dominicana, a pesar de la movilización social motivada por la oposición a tal
negociación y las voces que como Joseph Stiglitz33, laureado con el premio Nobel de Economía,
y Jean Zegler34, Relator Especial por el Derecho a la Alimentación de la ONU, desaconsejan
una relación comercial tan asimétrica basada en la imposición desde el socio comercial más
poderoso, supone un escenario caracterizado por la agudización de la vulnerabilidad
socioeconómica de los pequeños productores nacionales. La CEPAL, citada por Martin (2005),
resume las ventajas comerciales vinculadas a la agricultura estadounidense con respecto a la
centroamericana así: a) subvenciones a los productores agrícolas; b) tecnología incorporada a la
producción; c) acceso a créditos, seguros e información de mercados; d) programas
gubernamentales de apoyo a la salud y a la protección del medio ambiente; e) asistencia técnica
y financiera; y f) desarrollo de canales de distribución. Estas asimetrías evidencian la desventaja
permitida durante la negociación. Además, el texto del tratado incluye, entre otras cosas, la
prohibición unilateral a los gobiernos centroamericanos de emprender cualquier represalia
comercial, aún en el caso de violaciones a las leyes nacionales incurridas por empresas
transnacionales (Art. 3.8.11); la obstaculización del comercio justo al excluir a los grupos de
productores y organizaciones no gubernamentales de la atribución de porciones de cuotas
tarifarias (Art. 3.12.7); la prohibición del uso pleno del mecanismo de salvaguardia especial de
la OMC (Art. 3.1.46); y la extensión de la duración de las patentes, desatendiendo así la
declaración de Doha35. El mismo autor refiere la utilización de un modelo económico de
equilibrio general para Nicaragua36, cuyos resultados indican beneficios muy ligeros sobre el
PIB per capita , efectos negativos sobre las familias pobres rurales y un impacto mínimo sobre
la pobreza total. En relación a los impactos del tratado sobre las dinámicas agrarias y el acceso
32
Ib.
Prensa Libre. 13/VII/06
34
Prensa Libre. 5/II/05. [En línea] www.prensalibre.com
35
Martin (2005)
36
El más reciente informe internacional sobre desarrollo humano señala que Nicaragua tiene un índice de
desarrollo humano más alto que Guatemala (PNUD, 2005b)
33
5
a los recursos naturales locales, el estudio de Martin (2005) no ha identificado vínculos
concretos. Sin embargo, es posible inferir que el nuevo patrón de especialización productiva
determinará la dinámica local del mercado de tierras en términos de la creciente presión de los
grandes productores que la nueva realidad comercial considerará como competitivos, con lo
cual es previsible una agudización de la brecha entre grandes y pequeños propietarios y la
concentración parcelaria. En cuanto al acceso a los recursos naturales, Garzona (2005) alerta
sobre los potenciales efectos negativos del tratado a propósito de la producción agrícola y la
privatización de la prestación de servicios básicos como el agua, cuyo marco jurídico
corresponde a un intento inacabado de legislación, con lo cual se aumentan las posibilidades
para la intromisión de intereses comerciales amparados en el tratado, en detrimento del derecho
humano fundamental de acceso a este recurso.
Catastro: La necesidad de cuadricular
Los mapas catastrales son en esencia las representaciones geométricas de los límites entre
parcelas, su génesis fiscal ha condicionado su alcance y, sobre todo, ha propiciado un análisis de
la tenencia de la tierra más bien limitado, caracterizado por la preeminencia de los intereses de
quienes detentan el poder político y procuran la satisfacción de sus intereses económicos37. Tal
y como ha sido referido anteriormente en este análisis, los esfuerzos para adecuar las
condiciones rurales de derechos agrarios de propiedad están orientados fundamentalmente al
fortalecimiento de un catastro multifinalitario enmarcado en el enfoque de administración de
tierras. Aunque este enfoque contribuye a la descripción pormenorizada de los aspectos físicos y
jurídicos de la propiedad de la tierra, con lo cual mejora las posibilidades para una distribución
más equilibrada38; resulta incompleto para el abordaje teórico de las dinámicas agrarias si no se
abordan también las contradicciones históricas de carácter socioeconómico que subyacen a la
conformación de la estructura agraria. De hecho, “la lógica social y económica que subyace al
surgimiento y la evolución de sistemas formales de administración de tierras es, en esencia,
universalmente la misma, siempre y cuando hayan sido alcanzados ciertos grados de
complejidad económica, social y política”39. No se pueden asumir tales complejidades en
realidades marcadas por la exclusión y la reproducción de un sistema económico que concentra
la acumulación de riqueza. Por otro lado, los pilares teóricos de los sistemas de administración
de tierras corresponden a la teoría económica neoclásica. Se asume que los agentes económicos
procuran maximizar su utilidad dadas ciertas restricciones de información y la consideración de
los riesgos40. Sin embargo, esta consideración excluye la relación entre los pueblos y el
territorio que los sustenta material y espiritualmente. A pesar de su funcionalidad económica, el
recurso tierra no puede analizarse a cabalidad si no se incorporan los elementes ecológicos y
sociales inextricablemente ligados a su administración. Feder (1999) señala que los mercados de
tierras desempeñan una importante función al asignar las parcelas a sus mejores usos, a cargo de
los mejores operadores, quienes a su vez pueden ofrecer los mejores precios o las mejores rentas
por contar con más habilidades para mejorar la productividad. El mismo autor reconoce, sin
embargo, tres posibles consecuencias negativas en el establecimiento de sistemas formales de
administración de tierras: a) generalmente hay ciertos sectores con más acceso a la información,
b) la concentración agraria por parte de los grupos más ricos y mejor conectados a los centros de
poder, y c) el sesgo en la asignación de créditos a favor de los grandes propietarios, cuya
operación agraria puede resultar menos eficiente. En consecuencia, el mercado por sí solo es un
mecanismo insuficiente para garantizar una redistribución equilibrada del acceso a la tierra, y su
funcionamiento es especialmente limitado con respecto a las consideraciones necesarias para
una ordenación territorial diseñada con base en la combinación óptima de usos de la tierra que
permita garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y conservar los sistemas ecológicos que
sustentan la vida. Además, el balance de este mecanismo en Honduras y Nicaragua, analizado
por Barham (2004), da cuenta de cómo un esfuerzo con estas características supone unos
37
Scott ( 1998:44-47)
ICARRD (2006)
39
Feder (1999:1 )
40
Ibid.
38
6
impactos más bien limitados en cuanto a la transformación de la estructura agraria. En ambos
casos, las condiciones de concentración de la tierra se mantuvieron prácticamente en el mismo
nivel luego de una década de intentos en esta dirección iniciada a principios de los noventas. En
Guatemala, el análisis del funcionamiento del Fondo de Tierras realizado por Gauster & Garoz
(2002) concuerda con los casos centroamericanos anteriormente referidos, al concluir que la
operación del mercado de tierras ha resultado insuficiente para satisfacer la demanda de tierras
en el país debido, sobre todo, al énfasis en la eficiencia y no en la equidad.
Minería: Irrupción territorial
Los impactos ecológicos y sociales de las actividades de extracción minera han sido
abordados para otros casos centroamericanos como el Valle de Siria en Honduras, donde la
contaminación ambiental, la escasez de agua y el brote de una enfermedad cutánea entre los
pobladores de ese lugar indican los desequilibrios provocados por las actividades de extracción
de oro41 llevadas a cabo por otra concesionaria de la misma empresa que opera actualmente en
Guatemala, Glamis Gold Ltd. Los disturbios ecológicos asociados a la alteración significativa
de un ecosistema suponen una serie de riesgos tanto para la viabilidad de las especies de flora y
fauna como para la salud de los seres humanos. El caso del Valle de Siria supone un antecedente
fundamental para la discusión sobre la necesidad de restringir aquellas prácticas de explotación
minera que conlleven la ocurrencia de desequilibrios ecológicos con impactos directos en la
salud humana. El contacto de la piel con el cianuro, químico utilizado en las actividades de
extracción del oro, provoca enfermedades y su ingestión puede ser mortal42. El análisis de las
consecuencias de las actividades mineras en relación a los supuestos beneficios propuesto por
Flores et al. (2005), parte de un cuestionamiento central a propósito de la pertinencia de utilizar
la actividad minera como un mecanismo mediante el cual algunos sectores de la población en
extrema pobreza puedan tener acceso al bienestar material del que han sido reiteradamente
excluidos. Sin embargo, tal cuestionamiento no aborda las razones estructurales de esa
exclusión. Las condiciones de pobreza y pobreza extrema no son el resultado de la falta de
actividades extractivas rentables como la minería, sino de las profundas asimetrías reproducidas
sistemáticamente por un estado construido sobre la base de la explotación de la fuerza de trabajo
de la mayoría indígena. La búsqueda del bienestar referida por los autores anteriormente citados
como justificación para el desarrollo carece de la dimensión que la economía política nos
permite introducir, es decir, la manera en que se distribuyen los beneficios de diferentes
alternativas de desarrollo. Los mismos autores insisten en señalar que cualquier actividad
productiva, que a la larga persigue la satisfacción de necesidades humanas, supone un grado de
impacto sobre los ecosistemas. Esta afirmación es ciertamente coherente con los postulados
básicos de la teoría económica que, desde la perspectiva epistemológica de la economía
ecológica, reconoce la imposibilidad material de alcanzar un nivel de producción que implique
la ausencia total de contaminación. Sin embargo, se plantea nuevamente la disyuntiva sobre la
cantidad máxima de contaminación que la sociedad está dispuesta a tolerar para la satisfacción
de ciertas necesidades. A esta disyuntiva subyace también la consideración con respecto a
cuáles son los sectores de la sociedad perjudicados y cuáles los beneficiados. Esto evidencia la
ambigüedad teórica en los planteamientos doctrinarios sobre el desarrollo sostenible que tal y
como lo señala Núñez (1998) suelen prescindir de la dialéctica de los sustentable. Es decir, de la
consideración de las contradicciones inherentes al abordaje de la discusión conservacionista,
marcadas por la posición de clase y el compromiso con el funcionamiento del sistema
hegemónico. En todo caso, la falta de planteamientos teóricamente mejor sustentados sobre la
sosteniblidad parece evidenciarse en su evanescencia en el debate sobre el desarrollo43. Para
cerrar su análisis ambiental Flores et al. (2005) señalan la existencia de varios mecanismos
internacionales para el monitoreo de las actividades mineras, así como para la restauración de la
flora y la fauna dañadas en el proceso. Hay que señalar que no cualquier alteración de la flora y
la fauna es reversible, y que las implicaciones de tales trastornos para otros procesos vitales
como el ciclo hidrológico resultan determinantes. De hecho, las implicaciones negativas de la
41
Almendares (2003)
Castagnino (2006)
43
Sanderson (2005)
42
7
actividad minera sobre el derecho de acceso al agua para los asentamientos humanos
directamente afectados constituyen uno de los ejes centrales en el análisis de McBain-Haas &
Bickel (2005), quienes concluyen que el Proyecto Marlin supone serias amenazas para la
vigencia de los derechos humanos de acceso al agua y a la alimentación. El caso de las Minas de
Ixtahuacán originó la interpelación del ministro de energía y minas en marzo de 2005 por parte
del Congreso de la República en la que se concluyó que después de décadas de extracción de
antimonio, resaltan los significativos daños ambientales en la región de San Idelfonso
Ixtahuacán, Huehuetenango44. Por otro lado, los procesos de consulta realizados recientemente
en este departamento45, arrojaron unos resultados bastante claros en cuanto al rechazo de los
habitantes de cuatro municipios a las actividades de exploración y explotación minera. Esta
reivindicación resulta contradictoria en función de los supuestos beneficios económicos que
dejarían de percibirse al detenerse el proyecto. Sin embargo, las dinámicas territoriales
trascienden las consideraciones economicistas e involucran una serie de elementos culturales
que expresan las interacciones entre los pueblos y su entorno natural. Estas interacciones
ocurren generalmente al margen de la naturaleza depredadora del sistema capitalista46, en
contextos rurales caracterizados por unas nociones del territorio como espacio de reproducción
social, en el que los sistemas sociales y ecológicos interactúan permanentemente a través de
relaciones de uso y conservación. Grünberg (2003) aborda este fenómeno a partir de la
diferenciación del concepto que de la tierra tienen por un lado los pueblos indígenas y por el
otro el pueblo ladino. Mientras que para los primeros existe un elemento muy importante de
cosmovisión que establece unas relaciones con la “madre tierra” más orgánicamente articuladas
a su tejido social, el segundo privilegia la importancia de la tierra en tanto factor de producción;
con lo cual existe en nuestro país una dicotomía fundamental a propósito de la construcción
social del territorio. Por lo tanto, resulta comprensible el desencuentro entre ambas visiones en
el marco de la imposición de una sobre la otra desde un estado cuya génesis y práctica política
han excluido las manifestaciones culturales más alejadas del afán secular de occidentalización.
Implicaciones
Económicas: La ineficiencia
Las consecuencias económicas de la concentración de la tierra han sido abundantemente
abordadas para el caso guatemalteco. Sin embargo, merece la pena resaltar lo que el análisis
económico marginalista aporta a la discusión de este fenómeno. En principio, y desde una
perspectiva más bien estructuralista, Paz (2001) señala dos consecuencias económicas de la
concentración de la tierra en Guatemala, a saber: la repercusión en la distribución del ingreso y
el rendimiento y la productividad por unidad de área en unas condiciones de alta
especialización, lo que a la larga supone un debilitamiento de la estructura productiva en la que
se ha privilegiado el abastecimiento del mercado externo en detrimento del consumo interno.
Por otro lado, y desde una perspectiva marginalista, Griffin et al. (2002) asocian intuitivamente
la concentración de la tierra con el surgimiento de un mercado oligopsónico de la fuerza de
trabajo, en el que la lógica de maximización de la ganancia genera unas condiciones
desfavorables para los trabajadores agrícolas, ya que las condiciones de equilibrio así
alcanzadas suponen la minimización de dos elementos centrales para el bienestar rural, la
cantidad de empleos ofrecidos por los terratenientes y la magnitud de los salarios. Por su parte,
Falkinger & Grossmann (2006) abordan la misma problemática desde la perspectiva de la
propiedad oligárquica de los recursos naturales y su relación con el desarrollo económico,
argumentando que estas condiciones de propiedad impiden el desarrollo económico a través de
dos canales, el poder oligopsónico anteriormente referido por Griffin et al. (2002), y el retardo
en el surgimiento de una nueva clase rural empresarial en franco conflicto con la elite oligarca
tradicional, la que ejerce una influencia significativa en la formulación de políticas públicas y su
puesta en marcha. Se destacan, por lo tanto, las desventajas de la concentración de la tierra
asociadas a la correlación de fuerzas que tal estructura genera. El poder económico se traduce
entonces en poder político, con lo cual se dan las condiciones para la perpetuación de ese estado
44
Solano (2005: 42)
Prensa Libre. 26/VII/06.
46
Sarkar (1999)
45
8
de cosas y se desprende la necesidad de propiciar transformaciones estructurales en la
distribución de la propiedad de la tierra y, sobre todo, en la universalización del acceso a los
réditos económicos de su explotación.
Sociales: Violación de derechos humanos
Las implicaciones sociales negativas de la concentración de la tierra en Guatemala han sido
abordadas en el informe del Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación,
Jean Ziegler, quien señala cómo las tierras fértiles del país podrían garantizar sin dificultad la
alimentación de toda la población. Sin embargo, las prevalecientes condiciones de exclusión y
de distribución desigual de los recursos productivos generan un uso de la tierra ineficiente en
términos de la distribución alimentaria47. El mismo informe documenta una serie de
arbitrariedades e injusticias con relación al problema de la tierra que van desde las
consideraciones sobre la desproporcionada estructura agraria hasta las reivindicaciones de
jornaleros y colonos agrícolas que han sido expulsados de sus tierras y a quienes se les niegan
las compensaciones laborales establecidas por la ley, así como las prácticas de intimidación y
represión por parte de algunos terratenientes, y los desalojos violentos llevados a cabo por el
gobierno en su afán de privilegiar la protección de la propiedad privada aún por encima del
derecho a la alimentación y a la vida 48. Por otro lado, el informe aborda la complejidad del
abastecimiento de agua en las zonas rurales y el riesgo que suponen las operaciones de
extracción de oro en San Marcos, tanto por la cantidad necesaria para el proceso de 70,000 litros
de agua por hora, como por el riesgo de contaminación por cianuro (tanto del agua potable
como de riego), con lo cual se pone en riesgo el derecho a la alimentación de los habitantes de
las comunidades aledañas, al incrementarse las posibilidades de lixiviación con cianuro e
imponerse en esos territorios una desproporcionada demanda hídrica adicional49.
Las consideraciones sobre la tierra y el territorio suponen la principal manifestación de
discriminación contra los pueblos indígenas en Guatemala50, y en el caso de la imposición de los
proyectos mineros desde unas negociaciones que se limitaron a consideraciones comerciales
entre el gobierno central y las empresas interesadas, excluyendo a las comunidades rurales
afectadas, se evidencia lo que James Scott51 designa como el fracaso de la ingeniería social
impulsada verticalmente desde los centros hegemónicos. La pretensión de homogenizar los
caminos al desarrollo suele ir acompañada de exabruptos del poder, mediante los que pretende
legitimarse la preeminencia de los intereses corporativos internacionales sobre los derechos
colectivos de los pueblos.
Ecológicas: La vocación depredadora del sistema hegemónico
Los impactos ecológicos de la concentración de la tierra se expresan con frecuencia de
manera localizada y reflejan la lógica subyacente a la explotación de los recursos naturales. El
conflicto armado interno ocasionó el desplazamiento de importantes cantidades de pobladores
rurales. En algunos casos, esta movilización correspondió a la perpetuación de prácticas
agrícolas poco sostenibles dada la precariedad en el acceso a la tierra y a los elementos
complementarios que permiten su explotación. Se han observado pérdidas de biodiversidad en
Huehuetenango como resultado del retorno en unas condiciones limitadas, con lo cual los
campesinos sin tierra han tenido que dedicar a la producción agrícola sitios cuyas características
biofísicas ameritarían su conservación52. En cualquier caso, la existencia de una estructura
agraria caracterizada por la atomización de la propiedad no es una consecuencia del retorno, de
hecho algunos casos particulares como el de Nentón, Huhuehetenango no han hecho más que
evidenciar una realidad ampliamente conocida en el altiplano occidental. Lo que queda claro es
que tal estructura agraria contribuye al deterioro de los recursos naturales ya que a pesar de la
47
Ziegler (2006: 2,6)
Op. cit. 7-9
49
Op. cit. 10,24
50
Procurador de los Derechos Humanos (2005)
51
Scott (1998:4)
52
Castañeda (1998:224)
48
9
realización de prácticas conservacionistas como el cultivo en asocio o la labranza artesanal de
la tierra, hay que considerar que la mayoría de estos minifundios (75%) se encuentran en áreas
muy escarpadas, lo que implica la agudización de los de niveles escorrentía en ausencia de
prácticas de conservación de suelos53. De hecho el índice del estado del uso de la tierra para
Guatemala refleja unas condiciones de mayor vulnerabilidad para el altiplano occidental con
base en la integración de información sobre la amenaza de degradación de la tierra54. Mauro &
Merlet (2003) refieren la necesidad de evaluar las actuales condiciones del uso de la tierra en el
país en función de la ordenación del territorio, es decir de la combinación de usos y grados de
intensidad que permita la satisfacción de las necesidades materiales de toda la población.
Conviene aquí reflexionar sobre los antecedentes históricos de esta conformación agraria para
dilucidar las razones por las que nuestro país ha mantenido una ordenación del territorio
evidentemente ineficiente para la universalización del acceso al bienestar. Los análisis
históricos apuntan a la utilización de regiones de refugio por parte de las poblaciones amerindias
en su intento de huída de las prácticas esclavistas impuestas por los colonizadores europeos; en
Guatemala, tales regiones corresponden precisamente a las severas zonas altas y volcánicas55,
caracterizadas actualmente por el minifundio. Estas regiones conformaron áreas más bien
periféricas con relación a las ciudades-estados de las tierras bajas de la sociedad maya
precolombina56. Es posible distinguir, por lo tanto, un hilo conductor entre el mandato colonial
para la extracción de riqueza, la emancipación encabezada por la elite criolla que no propició la
transformación estructural de la formación económico-social heredada de la corona española57,
la consolidación del despojo y la marginación durante el período liberal en el siglo XIX, el
truncado intento revolucionario de la reforma agraria de 1952, y, en suma, la vigencia de un
mundo rural profundamente dividido en el que se propicia un modelo concentrador de riqueza y
se reproducen las condiciones para la exclusión de las mayorías de los réditos económicos
obtenidos a partir de la explotación de la tierra.
Por otro lado, la crisis del café, el interés por redoblar las garantías sobre la propiedad de la
tierra, y la ética conservacionista han hecho que algunos propietarios conviertan sus fincas en
reservas naturales privadas. Hasta 2004 el CONAP reportaba que del total de áreas protegidas
registradas el 0.7% (unas 22,400 hectáreas) correspondían a reservas naturales privadas y el 9%
( unas 309,000 hectáreas) a reservas coadministradas entre el CONAP y otras organizaciones.
Además existe la figura de administración delegada, en esta categoría, hasta el año antes
referido, casi 309,000 hectáreas eran administradas por las organizaciones Defensores de la
Naturaleza y Fundaeco. En total, hasta ese momento, el Sistema Guatemalteco de Áreas
Protegidas (SIGAP), comprendía el 29.5% del territorio nacional, es decir un poco más de tres
millones de hectáreas58. Sin embargo, el modelo de protección estricta es cuestionado cada vez
con más fuerza desde la ecología teórica, cuyos paradigmas más recientes abogan por una
integración más efectiva entre las sociedades humanas y sus entornos naturales. Si bien es
imprescindible para la sobrevivencia de la humanidad garantizar la conservación de áreas
prístinas, sobre todo las que resultan esenciales para la regulación de los ciclos biogeoquímicos
necesarios para la vida, es innegable que la humanización del paisaje no ha supuesto en todos
los casos su destrucción. La diversidad de cultivos como el maíz ha podido conservarse debido
a las prácticas locales en el altiplano occidental, que de perderse ocasionarían la pérdida de un
importante recurso fitogenético59. No obstante, la asignación individual de los derechos de
propiedad agraria no resulta necesariamente en esquemas efectivos para la conservación y el uso
sostenible de la naturaleza. El trabajo de Gibson et al. (1999) señala la importancia de las
instituciones de facto en el oriente guatemalteco, que independientemente de los arreglos
53
Ibid.
URL-IARNA (2004:66)
55
Chapin (1995: 4)
56
Van Etten (Sin publicar)
57
Las dinámicas observadas en las colonias españolas reprodujeron de alguna manera las contradicciones
agrarias peninsulares de la edad media (Santos & Remmers, 1997)
58
CONAP (2004)
59
Van Etten (Sin publicar)
54
10
oficiales sobre la propiedad de la tierra, determinan las condiciones de conservación y manejo
que ocurren en la realidad. Los resultados de esta investigación permiten concluir que los
esquemas comunitarios de administración de recursos naturales son tan o más efectivos que los
regímenes privados. Se advierte, por lo tanto, la debilidad ambiental de una estructura agraria
que privilegia la propiedad individual y no restringe eficientemente aquellas prácticas que
deterioran la base natural y que imponen costos ambientales (externalidades) al resto de la
sociedad. Finalmente, Katz (2000) ha contrastado los casos del altiplano occidental y Petén con
base en la relación entre el grado de organización de la sociedad civil (capital social) para la
gestión de la tenencia de la tierra y la administración de las recursos naturales, y la base natural
(capital natural), concluyendo que la organización comunal propia del altiplano resulta más
eficiente para la conservación de la base natural que esquemas predominantemente individuales
como el observado en Petén, donde se requieren complejos aparatos gubernamentales para dar
seguimiento y supervisar las dinámicas territoriales. Ambos casos se caracterizan por la
intención de destinar a la producción agrícola zonas ecológicamente frágiles debido a la
concentración de la tierra apta para la agricultura.
Conclusiones y recomendaciones
La estructura agraria actual se caracteriza por su alto grado de concentración y por ser
ineficiente en términos del acceso de toda la población a la riqueza generada por la explotación
de la tierra. Además la dicotomía tierra y territorio supone la existencia de visiones distintas
sobre la relación entre la sociedad y su entorno natural en nuestro país. Ambas perspectivas
comparten un espacio geográfico caracterizado por la preeminencia secular del Estado
occidentalizado, con lo cual la dicotomía planteada coincide con la relación entre el poder
hegemónico y la mayoría subordinada. Las consecuencias ambientales y territoriales de la
concentración agraria quedan evidenciadas en el grado de deterioro reportado para las regiones
minifundistas, la contradicción entre capacidad de uso y uso actual, la debilidad gubernamental
para garantizar la sostenibilidad ambiental de los procesos productivos en las unidades de
producción agrícola, una combinación inadecuada de categorías de uso, la preeminencia de la
lógica de acumulación concentradora de capital y la irrupción de intereses económicos
multinacionales en los territorios que sustentan material y espiritualmente a los pueblos
indígenas. La opción por la maximización de las utilidades aún a costa de los riesgos
ambientales y para la salud humana ha sido decisiva para la conformación de la estructura
agraria actual, reflejo fiel de la correlación de fuerzas en el país. Esta situación puede explicarse
a partir de la revisión histórica del Estado de Guatemala y del sustento ideológico que a lo largo
de su desarrollo ha orientado las prácticas gubernamentales. Los elementos estructurales que
reproducen estas condiciones corresponden a un modelo de Estado comprometido con los
intereses corporativos multinacionales que desatiende los derechos fundamentales de la mayoría
de la población al pretender convertirlos en bienes y servicios adquiribles a través del
mecanismo del mercado, y que mantiene las condiciones de exclusión. En síntesis, el nudo
estructural que detiene las posibilidades de una vida digna para las mayorías es la desigual
distribución de los recursos productivos, entre los que hay que incluir a la tierra como factor de
la producción y, sobre todo, como escenario para la construcción social del territorio.
Las características descritas sobre la génesis del Estado guatemalteco hacen suponer que
cualquier intento por mejorar significativamente las condiciones de vida de la mayoría de la
población pasa por su recuperación. El rescate del ámbito público parece fundamental para la
transformación estructural de nuestra sociedad. Un estado cualitativamente distinto construido a
partir de la diversidad y la inclusión permitiría abordar con propiedad la problemática de la
tierra, haciendo énfasis en la redistribución de la riqueza generada a partir de este factor de la
producción. El mercado ha demostrado ser un mecanismo excelente para la generación de
riqueza pero también ha resultado absolutamente ineficiente para alanzar unos niveles de
distribución adecuados para la universalización del acceso al bienestar. Los impactos negativos
ecológicos, sociales y económicos de la concentración de la tierra pueden ser revertidos a través
de unas reformas agrarias cuyos énfasis, alcances y métodos respondan a la diversidad ecológica
y cultural de este país y propicien los usos de la tierra que supongan la satisfacción de los
derechos fundamentales como el derecho a la alimentación de toda la población y permitan la
11
conservación de los ecosistemas sustentadores de la vida en las extensiones científicamente
declaradas como necesarias.
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