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CRÉDITO Y COMUNIDAD
DEBATES, ESQUEMAS Y EXPERIENCIAS EN EL
CAMPO DE LAS FINANZAS SOLIDARIAS
Autores:
Ariana Sacroisky y Andrea Urturi
Documento de Trabajo Nº 56 - abril de 2014
1
DIRECTOR
GUILLERMO WIERZBA
INVESTIGADORES
FABIÁN AMICO
MARTÍN BURGOS ZEBALLOS
JUAN MATÍAS DE LUCCHI
JORGE GAGGERO
RODRIGO LÓPEZ
ESTANISLAO MALIC
PABLO MARESO
ANDREA MEDINA
MARÍA ANDREA URTURI
MARÍA SOL RIVAS
INVESTIGADORES INVITADOS
CLAUDIO CASPARRINO
NORBERTO CROVETTO
ALEJANDRO GAGGERO
GUILLERMO HANG
ARIANA SACROISKY
CONSEJO ACADÉMICO
CECILIA CARMEN FERNANDEZ BUGNA
ROBERTO FRENKEL
ALFREDO T. GARCÍA
Las opiniones vertidas en el trabajo no necesariamente coinciden con las de las entidades patrocinantes
del Centro.
Para comentarios, favor dirigirse a: informacion@cefid-ar.org.ar
2
Contenido
1)
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1
2) CAPITALISMO GLOBAL: INEQUIDAD ESTRUCTURAL Y CRISIS
AMBIENTAL ................................................................................................................... 4
3) LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD ............................................................................................................... 11
4)
LAS FINANZAS SOLIDARIAS........................................................................... 16
4.1) LAS FINANZAS COOPERATIVAS ............................................................... 16
4.2) EL MICROCRÉDITO Y LOS FONDOS ROTATORIOS ............................ 22
4.2.1. EL MICROCRÉDITO: HISTORIA, MODALIDADES Y RASGOS
PRINCIPALES ...................................................................................................... 22
4.2.2. BANCOS COMUNITARIOS Y FONDOS ROTATORIOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ESS ............................................................................... 27
4.2.3. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RECIENTES HACIA EL
MICROCRÉDITO EN ARGENTINA .................................................................. 30
4.3) LAS FINANZAS ÉTICAS ................................................................................ 38
5) LA PRÁCTICA DE LAS FINANZAS SOLIDARIAS: LAS EXPERIENCIAS
RECOGIDAS ................................................................................................................ 42
C.A.U.Que.Va y la Red de Organizaciones de la Economía Social en la
Diversidad “Tejiendo Esperanzas” .................................................................... 42
El Banco Social, proyecto de extensión de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP)......................................................................................................... 46
El Banco Social de Moreno ................................................................................ 48
Nuestras Huellas, un banco comunal en el conurbano bonaerense ........... 51
El Crédito al Consumo Solidario (Mesa de Promoción de Economía Social
y Solidaria –MePESS- de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui) ......... 53
La Base ................................................................................................................. 55
El Fondo Rotatorio de Federación de Cooperativas de Trabajo
(FECOOTRA) ....................................................................................................... 57
El Banco Palmas (Brasil) .................................................................................... 58
Dos experiencias de banca ética: La cooperativa de servicios financieros
COOP57 (España) y la Banca Popolare Ética (Italia) ................................... 61
6)
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS............................................................. 63
7)
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 70
3
1) INTRODUCCIÓN1
Las inquietudes que llevaron al filósofo Adam Smith, autor de la Teoría de los
Sentimientos Morales, al terreno barroso de la materia, y a crear la obra madre de la
Economía como ciencia, La Riqueza de las Naciones2, se refieren a los profundos
interrogantes que generaba el sistema de producción que se fortalecía crecientemente
en ese entonces: el Sistema Capitalista. Los lazos sociales que sostenía la Iglesia se
disolvían, los gremios se debilitaban y las decisiones sobre qué y cuánto producir
pasaban a ser aisladas, sin ninguna planificación atenta a las necesidades sociales
¿Cómo podría sostenerse una sociedad de este tipo? Las preguntas que desvelaban a
Adam Smith, y luego a Karl Marx y a Karl Polanyi, fueron abandonadas por la ciencia
económica dominante poco después, y el vínculo entre los lazos sociales, e incluso
afectivos, y la organización de la sociedad para producir y distribuir los bienes
necesarios para la subsistencia, dejado de lado.
En un mundo económico comandado por los inversores financieros globales y las
grandes empresas transnacionales, los emprendimientos que integran la llamada
Economía Social y Solidaria (ESS) realizan actividades económicas (es decir, de
producción y/o distribución de bienes y/o servicios, incluyendo las actividades
financieras), teniendo como finalidad principal el bienestar humano y la mejora de la
calidad de vida de sus integrantes y de su comunidad de pertenencia, al tiempo que
incorporan diversas formas de trabajo asociativo y de gestión democrática. Se trata de
un universo heterogéneo compuesto por emprendimientos de diverso tipo y forma
jurídica, difícil de recortar y conmensurar. Sin embargo, las dificultades teóricas y
metodológicas que pudieran existir corren tras el crecimiento y fortalecimiento de las
trayectorias empíricas de la ESS y tras el creciente rol que han ocupado en las
políticas públicas instrumentadas en América Latina.
En el marco de los procesos de transformación política y económica e integración
regional que ha protagonizado América Latina en el nuevo milenio, diversos países de
la región crearon normas para la ESS. En Venezuela se sancionó en 2008 la Ley para
1
Las autoras agradecemos los comentarios y aportes a versiones previas del presente trabajo realizados por Alejandro
Rofman (IDAES, Universidad Nacional de San Martín), Edgardo Form (IMFC), Rodolfo Pastore (Proyecto CREES,
Universidad de Quilmes), Carlos Levinton (CEP-Facultad de Arquitectura - UBA), Oscar Minteguia (Secretario de
Desarrollo Social - Municipalidad de San Martín y Profesor de la materia Finanzas Solidarias de la EGESS-UVQ),
Diego Gojzman (Fuerza Solidaria, Profesor de la materia Finanzas Solidarias de la Especialización en Gestión de la
ESS –, Universidad Virtual de Quilmes -EGESS-UVQ), Diego Gojzman (Fuerza Solidaria, Profesor de Finanzas
Solidarias de la EGESS-UVQ), Graciela Goldsmidt (Carta Abierta), Jorge Testero (Centro Cultural de la Cooperación),
Juan Luis Serra (Centro INTI - Tucumán) y Rodolfo Pastore (Proyecto CREES, Universidad Nacional de Quilmes), y los
exceptuamos de la responsabilidad por errores u omisiones que pudieran existir. Además agradecemos los
comentarios y aportes de todos los integrantes del equipo de investigación del CEFID-AR.
2
Ensayo sobre la Naturaleza y las Causas de la Riqueza de las Naciones.
1
el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular; en Brasil fue sancionada en 2010 la
Ley de Política Nacional de Economía Solidaria y en Ecuador en 2011 la Ley Orgánica
de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. En
2011 se inició en Uruguay un proceso hacia la construcción de una Ley de Economía
Solidaria, y en el mismo sentido va el Proyecto de Ley General de Economía Social y
Solidaria de México.
En nuestro país se ha avanzado en materia legislativa a nivel provincial, con la sanción
de leyes en Río Negro, Misiones, Mendoza y Entre Ríos, y con procesos de
construcción de andamiajes legales en marcha en Neuquén, Santa Fe y la Provincia
de Buenos Aires. A nivel nacional, desde 2011 se creó, a partir de la iniciativa de
distintas organizaciones sociales, la Asamblea Abierta por la Construcción de una Ley
Nacional de Economía Social y Solidaria (FHOE, 2012).
Dado que la Economía Social y Solidaria integra en un campo común tanto a ciertas
organizaciones de la economía social histórica (que se originan en el cooperativismo
obrero del siglo XIX) como a las iniciativas de la nueva economía social o economía
solidaria (que surgen como opciones de resistencia a los procesos de exclusión
económica y social derivados del programa neoliberal), el campo de las finanzas
solidarias suele incluir a las finanzas cooperativas, a las llamadas finanzas éticas, y a
ciertas experiencias del microcrédito. Serán éstas las herramientas analizadas en el
presente trabajo.
Comenzaremos con el que consideramos un punto de partida ineludible: nuestra
caracterización sobre los rasgos centrales que ha asumido el capitalismo global nacido
con la contrarrevolución liberal a mediados de los años setenta, dando cuenta de las
transformaciones económicas, políticas, sociales y ambientales que trajo aparejado.
En este contexto, caracterizaremos a las organizaciones de la ESS, núcleos que
aportan, desde su participación en la actividad económica, a la integración social, al
fortalecimiento de la solidaridad y al desarrollo local integral en el territorio.
Daremos cuenta de las finanzas cooperativas, sus características e historia en el país,
para continuar con los debates en torno al microcrédito en sus diversas modalidades.
Analizaremos los rasgos que ha asumido el microcrédito en el marco de las políticas
públicas recientes en el país, fundamentalmente la Ley Nacional de Microcrédito
sancionada en 2006 que introdujo un sistema de gestión asociada de los fondos de
microcrédito. A partir de la participación de organizaciones sociales y de distintos
niveles del Estado en este esquema, se han desarrollado procesos de fortalecimiento
2
institucional que se tradujeron en una mayor madurez y en el tejido de redes de ESS.
Caracterizaremos
también
brevemente
a
las
finanzas
éticas,
que
operan
principalmente en los países del Norte.
Por otro lado, buscando atravesar con nuestro trabajo las dimensiones global, nacional
y local, daremos cuenta de una serie de experiencias valiosas en el campo de las
finanzas solidarias, escogidas gracias a la consulta a funcionarios y académicos, con
el objeto en este caso de echar luz sobre herramientas variadas que han desarrollado
cierta trayectoria y probado su aporte al fortalecimiento de la ESS en el territorio.
Como parte de la llamada economía social histórica, analizaremos la trayectoria de la
banca cooperativa en nuestro país. En el marco de lo que se conoce como economía
solidaria o nueva economía social presentaremos experiencias diversas: la
Cooperativa quebradeña Cauqueva, el Banco Social de la Universidad Nacional de La
Plata, el Banco Social de Moreno, la Asociación Civil Nuestras Huellas, el Crédito al
Consumo Solidario de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, la experiencia de la
Fundación La Base y del Fondo Rotatorio de FECOOTRA. También caracterizaremos
al Banco Comunitario de Desarrollo Banco Palmas de Brasil y a dos experiencias de la
banca ética: la Cooperativa de Servicios Financieros Coop57 de España y la Banca
Popolare Ética de Italia. Terminaremos el trabajo con las conclusiones derivadas de la
investigación realizada, enriquecida por las múltiples y diversas voces consultadas.
Nos hemos basado fundamentalmente en fuentes cualitativas, a través de la
realización de múltiples entrevistas, lo que nos ha permitido abrir nueva información al
conocimiento y debate público sobre la evolución, los procesos de aprendizaje y los
rasgos centrales de las experiencias analizadas. Las entrevistas realizadas han sido
las siguientes: Edgardo Form (IMFC), Diego Gojzman (Fuerza Solidaria y cátedra de
Finanzas Solidarias de la EGESS-UVQ), Eduardo Manuel Rodríguez (Dirección de
Empleo y Trabajo Autogestivo - Municipalidad de San Martín), Federico Tonarelli
(FACTA), Javier Rodríguez (Cauqueva - FOPAL), Julián Massaldi (Fundación La
Base), Leonardo Chiessa (Colectivo Solidario), María Albamonte (Impulso Argentino FONCAP), Mario Brizuela (Cooperativa La Asamblearia), Oscar Minteguia (Secretario
de Desarrollo Social - Municipalidad de San Martín y cátedra de Finanzas Solidarias
de la EGESS-UVQ), Manuel de Arrieta (FECOOTRA), Sergio Dumrauf (Banco Social
de la Universidad de La Plata y CIPAF-INTA), Carlos Pannunzio (Banco Credicoop) y
Alberto Gandulfo (CONAMI). Agradecemos la colaboración generosa de todos ellos,
quienes nos regalaron su tiempo e interés y nos ayudaron a enriquecer nuestra
mirada.
3
A riesgo de adolecer de cierta superficialidad, el trabajo que presentamos analiza
temas numerosos y diversos, buscando en este caso aportar una mirada en
perspectiva e interdisciplinaria al campo de la ESS, y, al mismo tiempo, abrir al
conocimiento experiencias concretas de construcción de la ESS que suelen
permanecer ocultas al campo académico, de modo de sumar elementos para estudios
futuros que puedan aportar clasificaciones y el desarrollo de marcos teóricos y
herramientas empíricas más precisas.
2) CAPITALISMO
GLOBAL:
INEQUIDAD
ESTRUCTURAL
Y
CRISIS
AMBIENTAL
Desde mediados de los años 1970 han tenido lugar a nivel global transformaciones
profundas cuyos impactos no sólo alcanzan a todos los rincones del planeta, sino que
exceden ampliamente el plano económico y financiero para involucrar a la ética, la
política, las relaciones sociales, la cultura, las condiciones ambientales, e incluso el
carácter. Así, en su libro La corrosión del carácter, el sociólogo Richard Sennet (2014)
analiza cómo el escenario laboral flexible, la precarización del empleo y el desempleo
estructural han atacado las nociones de permanencia, la confianza en los otros, la
integridad y el compromiso. El aumento del desempleo como fenómeno estructural del
capitalismo globalizado y la heterogeneidad del escenario laboral, que combina
retribuciones al trabajo inaceptables en términos éticos con el crecimiento de las
formas del empleo precario e inestable (como el trabajo a tiempo parcial y temporario,
las pasantías, y los contratos de locación de servicios encubriendo relaciones
laborales formales), han redundado en una profunda desintegración social (Castel,
2009).
A nivel productivo, con el posfordismo, las tecnologías de la información y las
comunicaciones dieron lugar a la posibilidad por parte de las empresas de una rápida
reprogramación
y
reconfiguración
de
los
equipamientos
industriales
y,
consecuentemente, a la producción de series cortas (Piore y Sabel, 1986). La llamada
especialización flexible de la producción y la reducción del ciclo de vida del producto
han sido acompañadas por el lanzamiento constante de nuevos productos al mercado
en estrategias de obsolescencia programada3. La desigualdad social es la contracara
3
El término obsolescencia programada se refiere a la planificación del fin de la vida útil de un producto o servicio de
modo tal que tras un período de tiempo calculado durante su diseño, éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o
inservible. A partir de su modelo de negocios, la empresa define la frecuencia de renovación de los productos que
maximiza la rentabilidad, y es a partir de esta definición que se diseña el bien. Especialmente en el marco de la
especialización flexible, la mejora y extensión en la durabilidad de los productos (con trajes que “duraban desde la boda
hasta el funeral” y “una heladera por matrimonio”) fueron reemplazadas por la búsqueda de que el consumidor se
4
necesaria de este esquema productivo motorizado por el consumo diferenciado: en
lugar de elaborarse bienes genéricos destinados a las clases sociales principales,
como era propio del fordismo, se lanzan al mercado diversas gamas de productos para
consumidores de distintos niveles de ingreso y se despliegan estrategias de marketing
y publicidad dirigidas a motorizar compras frecuentes y repetidas. La industrialización
de China y su nuevo lugar en el mundo como taller global ha sido clave en este
proceso. A su vez, las estrategias de innovación permanente y de corta vida de los
productos requieren la adaptación a un cambio continuo. De allí que el capitalismo
flexible haya traído la desarticulación de las estructuras de protección social de los
trabajadores, en búsqueda de la flexibilidad laboral máxima.
Estas transformaciones productivas han sido comandadas fundamentalmente por las
grandes empresas transnacionales, las que fraccionan sus procesos en ciertos puntos
del globo de acuerdo a los niveles salariales, los esquemas impositivos (utilizando
precios de transferencia para la evasión y elusión impositiva) y los estándares
ambientales, y someten a las naciones al riesgo siempre presente de que se opte por
desplazar ciertos eslabones a otra locación más favorable, generando repentinamente
grandes pérdidas de fuentes de trabajo (Teitelbaum, 2010; Sacroisky, 2006).
Por otro lado, de un rol marginal en las décadas que siguieron a la posguerra, como
combustible para las actividades productivas, el capital financiero fue ganando poder
desde mitad de los años setenta hasta pasar a mover los hilos del mundo en el nuevo
milenio, generando, al acelerar la velocidad de rotación del capital, una profunda
degradación social y ambiental. De acuerdo al Bank for International Settlements, el
mercado de los productos financieros derivados no oficial superaba en 2011 a más de
10 veces el PBI mundial. Caracterizados por una innovación sin remordimientos
(Eatwell y Taylor, 2005), los movimientos financieros especulativos han generado una
sucesión de crisis financieras con repercusión en la política de las naciones en
prácticamente todos los rincones del globo, sin que la correlación de fuerzas permitiera
la reformulación del sistema de regulación en función de las necesidades sociales y
ambientales (Sacroisky y Rivas, 2012).
En el campo de la política, la liberalización y la desregulación financiera dieron lugar al
fortalecimiento de actores que alcanzaron tal incidencia en las economías nacionales
sienta insatisfecho con las prestaciones del bien del que dispone, aunque el mismo siga siendo funcional (por ejemplo,
a través de las modas, con diversos colores, formas y materiales establecidos que denotan la temporada de su
adquisición). Como asegura el diseñador industrial Brooks Stevens, se trata de generar “el deseo del consumidor de
poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, y un poco antes que lo necesario” (Ramírez Lopez, 2012).
5
que los márgenes de acción de los Estados, aún de los países centrales, se han visto
notablemente menguados (como ha sido evidente a partir de la crisis que asola a la
periferia europea). La vulnerabilidad de las economías a los flujos financieros significa
una puesta en cuestión de la soberanía de los Estados-Nación, menoscabando la
democracia y el voto popular. Los mercados financieros globales, intrínsecamente
inestables y despreocupados por las necesidades sociales y ambientales son de difícil
alcance
para
las
autoridades
públicas,
no
sólo
nacionales,
sino
también
internacionales (Sacroisky y Rivas, 2012).
Como contratara de este proceso se ha profundizado notablemente la polarización
social. Durante un breve período de treinta años, los llamados años dorados del
capitalismo, el Estado de bienestar, extendió los derechos sociales y laborales en los
países centrales y en el Tercer Mundo estableciendo esquemas de seguridad social,
salarios mínimos, límites horarios a la jornada laboral y protección jurídica a los
sindicatos, alcanzándose entonces una distribución relativamente equitativa del
ingreso entre las clases sociales principales. La revancha del rentista (Pasinetti, 1997)
que se inicia a fines de los años setenta beneficia en cambio a aquellos grupos
sociales afectados negativamente por las estrategias asociadas en mayor o menor
medida a los Estados de bienestar.
La situación de vulnerabilidad del grueso de la población mundial se contrapone con
una concentración cada vez mayor en lo alto de la pirámide económica y social. La
polarización social generada por el Neoliberalismo fue evidente desde inicios de los
años noventa, y la tendencia ha seguido un camino ascendente en los últimos años.
La copa de champagne elaborada en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de
1992 mostró cómo el 20% de la población de mayores ingresos se apropiaba entonces
del 82,7% del ingreso global (Gráfico 1). Y los dos tercios más pobres tenían acceso
apenas al 6%. En 1960, el ingreso apropiado por el 20% más rico era equivalente a 70
veces aquel del 20% más pobre, en 1989 era de 140 veces (Sachs et al, 2010).
6
Gráfico 1. La copa de champagne: La distribución del ingreso a nivel global
Fuente: Informes de Desarrollo Humano (PNUD) en Sachs, 2010
Analizando una vasta cantidad de información cuantitativa referente a los últimos
doscientos años sobre ciertos países centrales (Estados Unidos, Francia, Alemania,
Italia, Canadá, Japón y el Reino Unido), Thomas Piketty (2014) muestra que la
concentración de la riqueza ha aumentado en todos los países desarrollados
analizados. En el nuevo milenio se ha superado en estos países la desigualdad
máxima previa, que existía justo antes de la Primera Guerra Mundial. Las guerras
mundiales fueron seguidas por un período de rápido crecimiento asociado al
keynesianismo militar, a los estímulos de la posguerra, a la reconstrucción europea y a
la recomposición del consumo. Concluido el proyecto integrador dado por los estados
de bienestar de la posguerra, los rasgos estructurales de la economía del siglo XXI se
parecen en gran medida a aquellos de las sociedades del siglo XIX. En la actualidad,
como en ese entonces, unas pocas familias concentran el grueso de la riqueza, y esa
riqueza no es producto del trabajo o esfuerzo personal, sino de la herencia: se trata de
la victoria, hasta el momento, del rentismo sobre la meritocracia.
El 1% de la población del planeta da cuenta del 43% del PBI mundial. De este 1%
participan 400 familias estadounidenses que disponen de más recursos financieros
que las 150 millones de personas de menores ingresos del mundo (Kliksberg, 2013).
En Estados Unidos el ingreso acumulado por el 10% más rico ha crecido
exponencialmente, y a un ritmo aún más acelerado lo ha hecho el ingreso del 1% más
rico (Gráfico 2). Aún más: con una reducción o estancamiento de las economías
centrales que ya lleva siete años (desde 2009 hasta 2013), la población ultra rica del
7
mundo incrementó su riqueza en un 44% de acuerdo a datos del World Ultra Wealth
Report.
Gráfico 2. El decil de más altos ingresos de EE.UU. dividido en tres grupos,
porcentaje
25
1% de mayores ingresos
5-1% de mayores ingresos
20
10-5% de mayores ingresos
15
10
5
1917
1920
1923
1926
1929
1932
1935
1938
1941
1944
1947
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
0
Fuente: Saez, 2013
El propio Banco Mundial se ha referido a los 4.000 millones de personas excluidas de
los beneficios de la globalización en su documento “The next 4 billion”. La mitad de la
población mundial vive en una situación de pobreza extrema, con menos de 2 dólares
diarios, 900 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 870 millones de
seres humanos padece desnutrición crónica (Kliksberg, 2013). Esto ocurre en un
planeta que de acuerdo a la FAO (Food and Agriculture Organization of the United
Nations) puede producir alimentos para 12.000 millones de personas y en el que es
desechado el 50% de los alimentos que se producen. Las palabras pronunciadas por
Mahatma Gandhi hace prácticamente un siglo gozan de una renovada actualidad: "El
mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos, pero
siempre será demasiado pequeño para la avaricia de algunos".
La inequidad corroe la integración social y menoscaba la calidad de vida de las
personas. En las sociedades más desiguales del mundo, como Estados Unidos o Gran
Bretaña, la incidencia de las enfermedades mentales es tres veces más alta que en el
otro extremo de la liga. En estas sociedades existen también altos índices de obesidad
y embarazos adolescentes. Mientras que el nivel general de salud es más alto en los
países de mayores ingresos, entre países con niveles similares la mortalidad crece a
medida que se incrementa la inequidad. La lista de “enfermedades sociales” que
8
acarrea la desigualdad incluye padecimientos emocionales y una pronunciada mengua
de la confianza mutua, base de la cooperación y la cohesión social (Bauman, 2011).
Como ya mencionamos, además de la marginación de enormes masas de población, y
de una profunda inequidad social, se ha producido en las últimas décadas un
crecimiento exponencial del deterioro ambiental. La mayor escala de la actividad
económica global, potenciada por el lanzamiento de series cortas al mercado y la
reducción en la vida útil de los productos, causa una degradación ambiental creciente,
tanto porque se requieren cantidades cada vez mayores de los llamados recursos
naturales como insumos como porque un mayor nivel de producto implica una mayor
cantidad de residuos y de emisiones4.
La crisis ecológica producto de la depredación de los bienes comunes (la tierra, el
agua y el aire) muestra las consecuencias de largo plazo de la creciente
mercantilización de la Naturaleza, particularmente ante los procesos globalización y
concentración de las actividades económicas. La incorporación de grandes masas de
la población, fundamentalmente de China e India, a los patrones de consumo del norte
opulento impulsaron aún más esta carrera5. Las principales empresas transnacionales
toman sus decisiones de uso y extracción desde la lógica de acumulación de capital a
escala global, con profundas consecuencias socio-ambientales (particularmente en las
regiones periféricas con mayores reservas naturales), generándose procesos de
exclusión social en el sector rural, creciente concentración del uso y apropiación de la
tierra y un marcado daño ecológico (Harvey, 2007).
La mayoría de los indicadores que dan cuenta del deterioro ambiental crecen de modo
exponencial: el calentamiento global, la extinción de las especies, la acidificación de
los océanos, las pérdidas de bosques y de poblaciones de peces. A pesar de las
voces de alerta de la comunidad científica y de los debates que tiene lugar en el plano
internacional, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo
exponencialmente: el calentamiento global aumentó un 10% entre 1990 y 2000 y un
33% entre 2000 y 2010, y es generado de forma desigual: las emisiones per cápita de
4
De acuerdo a la ONU, a través de Step Initiative, el mundo produce 50 millones de toneladas de basura tecnológica al
año, alrededor de 7 Kg. por cada persona que vive en el planeta, y la mayor parte de ésta es depositada en el mar o en
países africanos. Gran parte de estos productos contienen sustancias tóxicas como plomo, mercurio, cadmio y
arsénico, que contaminan no sólo a las personas que trabajan en esos depósitos, sino también el agua, la tierra y el
aire. Se estima que uno de cada tres contenedores de desechos procedentes de la UE transportan residuos
electrónicos ilegales, clasificados como “bienes usados” cuando no son funcionales. Los desechos electrónicos son el
tipo de basura que más crece en el mundo. En 2012 China generó 11,1 millones de toneladas, seguido por EE.UU. con
10 millones.
5
Debe decirse que como producto de su proceso de industrialización, la proporción de personas que vive en situación
de pobreza extrema (con menos de 1,25 dólares al día) se redujo en China del 60% en 1990 al 12% en 2010 (ONU,
2013).
9
las regiones centrales son significativamente mayores que en las regiones periféricas
(11 toneladas métricas de dióxido de carbono por persona y por año vs. 3 toneladas
métricas).
El transporte terrestre, y en especial aquel para el traslado de alimentos, es la principal
causa del cambio climático. De allí que la agricultura familiar y la producción local para
el autoabastecimiento ocupen un rol estratégico clave en miras a la sustentabilidad y a
una gestión responsable pensando en las próximas generaciones (ONU, 2013). La
pérdida de biodiversidad biológica es el impacto más profundo de la actividad humana
en los últimos tiempos. La velocidad a la que desaparecen las especies es entre 100 y
1.000 veces mayor que la natural. En apenas 37 años, entre 1970 y 2007, la
biodiversidad del planeta se redujo en un tercio (de acuerdo a datos del Living Planet
Index). Como corolario, la desigualdad social implica también exposición desigual a la
crisis ecológica. Las consecuencias de la sobreexplotación de los bienes comunes
alcanzan fundamentalmente a aquellos grupos sociales más vulnerables6.
En este panorama global, América Latina ha realizado un crucial aporte filosófico y
ético-político al instituir el reconocimiento a los derechos de la Naturaleza en dos
nuevas constituciones del mundo andino, Bolivia y Ecuador. En Ecuador se ha
reconocido a la Madre Tierra como sujeto de derecho, una innovación radical que
faculta a cualquier persona a asumir su defensa ante una agresión. La nueva
concepción doctrinaria se trata del sumak kawsay, expresión quechua que significa
buen vivir y se refiere a la vida armoniosa entre los seres humanos y la Naturaleza. El
contenido del buen vivir no se refiere a la moral individual, sino a la ética que debe
regir la acción del Estado. Por otro lado, tampoco involucra el bien común (humano),
sino al bien de todo lo viviente, incluyendo a todos los humanos, entre los que se exige
complementariedad y equilibrio. La ética derivada de esta hipótesis no excluye la
satisfacción de las necesidades vitales, pero sí la crueldad por simple comodidad y el
abuso superfluo e innecesario. Estas transformaciones profundas irán ganando
contenido con la creación de una nueva jurisprudencia (Zaffaroni, 2012).
Este avance no se encuentra sin embargo exento de profundas disyuntivas en
América Latina, la región más desigual del mundo. Existe una alta dependencia de los
saldos exportables de materias primas, alimentos, minerales e hidrocarburos en los
países de la región para equilibrar la balanza comercial. En Argentina, Bolivia,
6
Los refugiados por desastres naturales han superado a aquellos que deben dejar sus hogares por las guerras y los
conflictos armados. La ONU estima que de continuar esta tendencia, para 2050 existirían 200 millones de personas en
esta condición (Borón, 2013).
10
Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela se realizan nuevas explotaciones mineras, y,
especialmente, se expande notablemente el cultivo de soja, con profundos impactos
ambientales y sociales. Pero al mismo tiempo, con un nuevo rol del Estado, estos
ingresos han permitido financiar amplios programas de políticas sociales. En Bolivia
aproximadamente un tercio de la población percibe algún tipo de transferencia por
parte del Estado. En Argentina, las retenciones a la soja han sido fundamentales para
financiar un amplio programa de prestaciones sociales (Borón, 2013).
Se hace entonces ineludible la pregunta sobre cómo mejorar las condiciones de vida
de los grupos sociales excluidos, especialmente a partir de las políticas neoliberales,
promoviendo políticas sociales activa y, desarrollando al mismo tiempo un vínculo
armónico con la Naturaleza. Por ejemplo, en el camino hacia el sumak kawsay, el Plan
Nacional para el Buen Vivir de Ecuador marca un nuevo rumbo al planificar una
transición desde una economía primario-exportadora a otra basada en la explotación
de servicios ecoturísticos y el bioconocimiento, que requerirá décadas (Borón, 2013).
En síntesis, los rasgos que ha asumido el capitalismo de fin de siglo, la inequidad
rampante y la hiperdegradación ambiental requieren transformaciones profundas en el
funcionamiento económico global. La concentración del poder económico y político en
unos pocos jugadores de la economía mundial torna insustituible la intervención
pública articulada en los planos internacional, regional y nacional, que actúen
responsablemente en pos del bienestar general. Con un nuevo rol del Estado, América
Latina ha avanzado en este sentido. Sin embargo, al mismo tiempo, consideramos que
se hace necesario propender desde el territorio, en el plano local, al fortalecimiento de
formas de vinculación económica que incorporen la ética del buen vivir y aporten al
fortalecimiento de los valores de la solidaridad y la cooperación, menoscabados por el
individualismo neoliberal. Éste es el sentido estratégico de la Economía Social y
Solidaria.
3) LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD7
Siguiendo a Coraggio (2006), la economía es “el sistema de instituciones que se da
una sociedad para definir, movilizar, distribuir y organizar recursos y capacidades
humanas, con el fin de satisfacer de la mejor manera posible las necesidades
7
Agradecemos la orientación para la elaboración del presente apartado de la cátedra de la materia Economía Social y
Solidaria de la Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria de la Universidad Virtual de Quilmes y los
exceptuamos de los errores u omisiones que pudieran existir.
11
legítimas de todos sus miembros contemporáneos así como intergeneracionalmente”
(pág. 3). En este sentido, aunque la economía es social por definición, el término
Economía Social y Solidaria, aunque incluye una redundancia, se ha constituido en
una referencia como forma de aunar trayectorias empíricas, proyectos, propuestas y
estudios diversos y aportar al fortalecimiento de las organizaciones de la ESS como un
actor social con capacidad para incidir en las políticas públicas.
La ESS reconoce la necesidad de rescatar una concepción que legitime racionalidades
múltiples en lo económico, con centro en el valor intrínseco de la persona humana y de
las relaciones que la entrelazan (Zamagni, 2001). La reducción del ser humano a
homoeconomicus propio de la economía dominante deriva en la metodología del
atomismo social: la sociedad es equiparada a una agregación de individuos, y los
beneficios de la sociedad, a la agregación de los beneficios individuales. El mercado
puede ser estudiado con prescindencia del tipo de sociedad en la que está inmerso,
fundado en una doble norma: la impersonalidad de las relaciones de intercambio y el
hecho de que cada individuo persiga su propio interés sin consideración sobre el
interés del otro. Esta visión de la subjetividad incide sobre el comportamiento humano,
ya que al convertirse en un paradigma dominante
valida instituciones y
comportamientos acordes. Mientras para la economía neoliberal, en el mercado no
hay lugar para el altruismo ni la reciprocidad8, y las personas deben estar sujetas a un
sistema de poderes y a las duras reglas del mercado, las experiencias asociativas de
la ESS se proponen alimentar la mancomunión y fomentar otros vínculos económicos,
otra forma de satisfacer las necesidades materiales a partir de los recursos
disponibles. La organización de los emprendimientos de la ESS tiende a la recreación
de los vínculos sociales en el territorio en base a la dependencia mutua, la confianza y
el compromiso (Zamagni, 2001).
Las trayectorias empíricas de la ESS son protagonizadas por entidades u
organizaciones que realizan actividades económicas (es decir, de producción y/o
distribución de bienes y/o servicios, incluyendo las actividades financieras), pero cuya
principal finalidad es el bienestar humano y la mejora de la calidad de vida (tanto de
sus integrantes como de su comunidad de pertenencia), al tiempo que incorporan
8
La relación de reciprocidad puede expresarse como un conjunto de transferencias bidireccionales, independientes y
voluntarias, pero conectadas entre sí. La característica de independencia implica que cada transferencia es en sí
considerada voluntaria; o sea, libre. A diferencia del intercambio en el mercado, ninguna transferencia es condición
para que se realice la otra. La conexión en las transferencias que caracteriza a la reciprocidad la distingue del altruismo
puro, que consiste en transferencias unidireccionales aisladas. En la reciprocidad, el balance entre lo que se da y se
espera obtener a cambio no se expresa en una precisa contabilidad de cambio (o precio relativo), sino que surge de
sentimientos como la simpatía y la bondad. La práctica de la reciprocidad se encuentra difundida no sólo en la familia y
en las asociaciones diversas, sino en las organizaciones sin fines de lucro, desde la empresa cooperativa hasta las
organizaciones de voluntariado (Zamagni, 1997).
12
diversas formas de trabajo asociativo y de gestión democrática (Pastore, 2010, pág.
2). Defourny y Develtere (1999) caracterizan a las organizaciones de la economía
social por los siguientes rasgos: a) finalidad de servicio a sus miembros o a la
colectividad, b) autonomía de gestión, c) procesos de decisión democrática, propio del
principio cooperativo (un miembro, un voto) y d) primacía de las personas y del trabajo
sobre el capital en la distribución de los beneficios9.
Así, la Economía Social y Solidaria integra en un campo común tanto a ciertas
organizaciones de la economía social histórica que se originan en el cooperativismo
obrero de los siglos XIX y XX que resistía la Revolución Industrial, como a las
iniciativas de la nueva economía social o economía solidaria, que surgen como
opciones de resistencia a los procesos de exclusión económica y social derivados del
programa neoliberal del Consenso de Washington.
La economía social histórica es una perspectiva teórica, cuyos principales referentes
son Chaves y Monzón (2003), que coloca el eje en tres familias de organizaciones, las
cooperativas, las mutuales y las asociaciones, como un tercer sector institucional que
opera de forma diferenciada a la lógica privada lucrativa y a la pública estatal. La
articulación de estas organizaciones encuentra su base en la forma institucional de las
empresas y logra articularse a través de organizaciones de alcance mundial, como la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y la Asociación Internacional de la Mutualidad
(AIM)10.
Sin embargo, formas institucionales de tipo cooperativo o mutualista pueden, por
ejemplo, no respetar la democracia interna e igualdad de sus miembros, y el
crecimiento de entidades originalmente enmarcadas en la economía social es pasible
de redundar en el desarrollo de estructuras de funcionamiento propias de la lógica
privada lucrativa. Como aseguran Defourny y Devoltere (1999), la internacionalización
de las actividades y la competencia han presionado a cooperativas de gran tamaño a
9
La especificidad de la ESS ha sido reconocida en la nueva Constitución de Ecuador (que, como ya mencionamos,
considera también a la Naturaleza como sujeto de derecho e incorpora el buen vivir). Allí se menciona que la economía
nacional se encuentra integrada no sólo por la economía pública y la economía privada, sino también por la economía
popular y solidaria, incluida en pie de igualdad como sujeto de derecho, con una racionalidad propia y un rol estratégico
a cumplir, ya no sólo como beneficiario de políticas compensatorias, sino como integrante de estrategias nacionales y
regionales de desarrollo (Sanchez Zurita, 2010).
10
En España, por ejemplo, la economía social se ha consolidado como un actor económico y político diferenciado. La
Confederación Empresarial Española de la Economía Social nuclea a 29 confederaciones de la ES a nivel nacional,
dando cuenta de aproximadamente el 10% del PBI español. A nivel regional funciona la Conferencia Europea
Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CMAF). De acuerdo al Sistema Europeo de
Cuentas Satélites de la Economía Social, la ES proporciona empleo remunerado a más de 14,5 millones de europeos
(aproximadamente el 6,5 % de la población ocupada en los 27 estados miembros de la UE). En países como Suecia,
Bélgica, Italia, Francia y Holanda representa entre el 9% y el 11,5% de la población ocupada (Pastore et al, 2013).
13
adoptar las formas dominantes en su sector de actividad, como la integración en otros
grupos no cooperativos y la creación de filiales que los miembros no controlan.
Por otro lado, la llamada nueva economía social o economía solidaria aborda
iniciativas diversas que se desarrollaron a partir de la contrarrevolución liberal desde
los años 1980 como una respuesta al capitalismo posfordista, a la desregulación de la
economía, a la privatización de las empresas públicas y a la liberación de los
movimientos de capital, y que se profundizaron con las crisis que tuvieron lugar en la
región a inicios del milenio. Las fuerzas de la globalización conllevaron en distintos
puntos del globo al desempleo en masa, al cierre de firmas y a la creciente exclusión
económica y social. En este contexto, se fueron conformando experiencias que
constituyen un entramado integrado por emprendimientos diversos.
Si bien en su sentido más amplio, y en especial derivado de la realidad
latinoamericana, la economía social suele asociarse a las iniciativas económicas de
las unidades domésticas destinadas a la reproducción de la vida11, en su sentido
estratégico se asienta principalmente en los emprendimientos de tipo asociativo. Se
trata de prácticas socioeconómicas colectivas que gozan habitualmente de un grado
menor de formalización jurídica que las empresas de la economía social histórica
debido, en muchos casos, a que las normativas vigentes limitan o ignoran las
características específicas de este tipo de trayectorias organizativas. Estas
experiencias incluyen desde las redes asociativas de emprendimientos de la economía
popular y la agricultura familiar, a los mercados y ferias de ESS, las redes de comercio
justo, las experiencias de monedas sociales, y las iniciativas asociativas de hábitat,
entre otras (Pastore, 2008).
Las experiencias de la ESS se guían por vínculos de proximidad y por una ética
comunitaria que alimenta aquellas fuerzas llamadas por Max Neef et al (1986) como
fuerzas endógenas de la solidaridad, que les permiten a los emprendimientos hacer
frente en mayor medida a las fuerzas exógenas de la competencia. Se trata del Factor
C al que se refiere Razeto (1997 y 2006): la solidaridad y la cooperación interpretadas
como un factor productivo más, que se potencia mediante la mejora de los vínculos
humanos de compañerismo, cooperación y asociatividad. La solidaridad en los
11
En este sentido se utiliza el término economía popular. Alude a las experiencias múltiples, inorgánicas y
heterogéneas desplegadas por los sectores populares como única alternativa para la satisfacción de sus necesidades
básicas materiales e inmateriales (Coraggio, 2008). La unidad de análisis para la economía popular es la unidad
doméstica, que tiene como objetivo la reproducción de la vida de sus miembros.
14
procesos económicos de producción, comercialización, consumo y financiamiento
potencia los beneficios sociales y genera incluso mejoras de la eficiencia.
Siguiendo a Coraggio (2010), las organizaciones de la ESS cumplen un rol central en
la búsqueda del sustento de familias y comunidades mediante la producción para el
propio consumo, fomentan a su vez las relaciones de reciprocidad, promueven el
principio del consumo suficiente para satisfacer las necesidades, el consumo de
productos orgánicos y de productos de otras organizaciones de la ESS y la diversidad
de actividades de una misma organización o red de organizaciones, para dar
respuesta a las necesidades locales diversas. Como asegura Precerutti (2010), las
organizaciones de la ESS buscan formas de producir, distribuir la ganancia y organizar
el consumo alternativas a la economía del libre mercado, reconociendo a las personas,
su comunidad y la tierra donde viven, con sus particularidades y riquezas y tendiendo
a la satisfacción de las necesidades de las familias, no sólo mediante la percepción de
ingresos monetarios, sino también mediante otras formas de intercambio de productos
y servicios, como el trueque12.
La organización de múltiples emprendimientos de la ESS en red incrementa las
posibilidades de supervivencia en el mercado al permitir ganancias de escala en
términos de provisión, comercialización y acceso a las tecnologías, lo cual es
ineludible para estos emprendimientos: el desafío de la ESS consiste en fortalecerse
en un contexto de mercados crecientemente competitivos y concentrados sin perder
su finalidad y rasgos identitarios. Por otro lado, la organización comunitaria permite
generar un destino común y fortalecer los lazos sociales menguados por el
Neoliberalismo. Las organizaciones son espacios de aprendizaje, y no sólo de
cuestiones productivas, comerciales o de gestión, sino de convivencia, generación de
acuerdos y aceptación de las diferencias en pos de un destino común.
En este sentido, el acompañamiento del Estado tendiente al fortalecimiento de la
organización comunitaria constituye una estrategia de desarrollo integral de largo
plazo, pero plantea como desafío la preservación y el fortalecimiento de la autonomía
y la autogestión de las organizaciones de la ESS, de modo de tender a generar
condiciones de sustentabilidad en un mercado hostil. En este sentido, el
fortalecimiento de las organizaciones de la ESS no debe evaluarse exclusivamente
12
El Cambalache, por ejemplo, es un encuentro anual de intercambio que realizan las comunidades de la Red Puna
desde 1998 buscando aportar a la satisfacción de sus necesidades básicas y contribuir a la recuperación y
fortalecimiento de la cultura comunitaria y de sus modos de habitar el territorio.
15
siguiendo indicadores de desempeño económico, sino procesos dinámicos de
aprendizaje.
A través de la organización, fundamentalmente a través de redes de organizaciones,
los actores de la economía social y solidaria se fortalecen y pueden constituirse en
actores de mayor peso económico y político en el territorio. En este sentido, es clave el
encuentro de las distintas experiencias colectivas en identidades compartidas, más
allá de reconocer y valorizar la diversidad de tipos y formas organizativas de la ESS.
Como afirma Razeto (2010): “para que todas estas diversas manifestaciones de la
economía solidaria constituyan un movimiento social, es necesario que se conozcan
unas a otras, que se encuentren y que se reconozcan como similares, orientadas por
objetivos compartidos, por valores comunes: los valores de la justicia, la libertad, la
solidaridad, el trabajo, la participación”. De allí la oportunidad de generar, fortalecer y
potenciar redes de articulación identificando en un proyecto común a las diversas
experiencias de la ESS, actuando sobre los posibles “puentes” entre las trayectorias
más institucionalizadas del cooperativismo y el mutualismo y las iniciativas de la
economía solidaria (Lisboa, 2002).
4) LAS FINANZAS SOLIDARIAS
4.1) LAS FINANZAS COOPERATIVAS
Como parte de la llamada economía social histórica, las finanzas cooperativas han
sido la alternativa endógena que la ES encontró para dar respuesta a sus propias
necesidades de financiamiento a mediados del siglo XIX, cumpliendo un rol
especialmente relevante en nuestro país. Las cooperativas de ahorro y crédito
surgieron en Argentina como pujantes experiencias alternativas con un fuerte vínculo
con el territorio, al operar en pequeña regiones y conocer en profundidad los rasgos y
las necesidades de las comunidades.
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) define a las cooperativas como
asociaciones voluntarias y autónomas de personas que tienen la finalidad de satisfacer
necesidades económicas, sociales y culturales a través de una empresa de propiedad
común y de gestión democrática. De acuerdo a la II Asamblea General de ACI
Américas en 1995, los principios del cooperativismo son los siguientes:
a) Asociación voluntaria y abierta,
16
b) Control democrático de los miembros,
c) Participación económica de los miembros,
d) Autonomía e Independencia,
e) Educación, entrenamiento e información,
f) Cooperación entre cooperativas y
e) Compromiso con la comunidad.
En las cooperativas financieras los socios son propietarios y mutuamente acreedores y
deudores entre sí: los depósitos de unos socios constituyen créditos para otros, y
según las necesidades de financiamiento de cada socio, las figuras de acreedores y
deudores se van alternando a lo largo del tiempo. Por otro lado, las cooperativas
funcionan de manera democrática: a diferencia, por ejemplo, de las sociedades
anónimas, la incidencia en las decisiones no depende del paquete accionario del que
se disponga, sino que cada socio o socia cuenta con un voto. Algunas cooperativas de
ahorro y crédito sólo funcionan con los aportes de sus socios, mientras que otras
reciben depósitos del público, realizando actividades de intermediación financiera.
Las finanzas cooperativas nacieron en Argentina de la mano de inmigrantes europeos,
especialmente de la colectividad judía, quienes se asociaron para responder a
necesidades coyunturales. De esta manera, se caracterizaron por la homogeneidad de
su base social, al nuclearse en torno a una identidad productiva y a una comunidad.
Eran artesanos y pequeños comerciantes, y eran vecinos. Las instituciones contaban
con una alta participación de sus miembros y con un alto nivel de compromiso e
identificación con un proyecto común, fortalecido por los valores de la cooperación y la
reciprocidad. Esto posibilitó la reproducción de las entidades cooperativas de crédito
en el tiempo (Verbeke, 2005).
Pero en su evolución, enmarcada en la historia convulsionada de nuestro país, ciertas
estructuras cedieron el paso a configuraciones más formalizadas, enfrentando por
décadas el desafío de conciliar la eficiencia de la gestión con el sentido de las
prácticas solidarias. En este camino, como resultado de una regulación adversa, y
también en ciertos casos de falencias propias, el desarrollo del sector cooperativo
atravesó etapas críticas. En ocasiones las vinculaciones de las entidades con sus
asociados se redujeron a la mera relación económica y a la búsqueda de la eficiencia,
perdiendo su base de sustentación. El sector se fue reduciendo y desarticulando
(Verbeke, 2005).
17
En 1958 operaban en Argentina 197 cajas de crédito, y en 1965 se llegó a un total de
974, con una participación muy relevante en el total de depósitos del sistema
financiero, cercana al 10%. Como factor determinante de este desarrollo se encuentra
el fuerte grado de integración alcanzado desde la creación de las dos entidades de
representación gremial, la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (en 1950)
y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) en 1958; este último con la
función de cámara compensadora. En 1969 la Ley de Entidades Financieras suprimió
la posibilidad de captación de depósitos para las cajas de crédito a la vista y la
compensación intercooperativa, acertando un golpe mortal a las cooperativas. Hacia
1971 permanecían en funcionamiento 450 cajas, y su participación en los depósitos se
había reducido del 10% al 2,5%. Luego de cambios en el sentido inverso introducidos
por el gobierno de Cámpora a partir de 1973, la dictadura instaurada en el poder en
1976 prohibió la continuidad de la operatoria de las cajas de crédito con su Ley de
Entidades Financieras, aún vigente (Mizrahi, 1976).
La Ley de Entidades Financieras modificó de raíz la estructura del sistema financiero
argentino al implementar un sistema de banca universal, admitir todo tipo de
operaciones (excepto las expresamente prohibidas), allanar el camino para que en
modificaciones posteriores se adoptara una igualdad de trato entre la banca privada
local y la extranjera, discriminar negativamente a las instituciones cooperativas e
impulsar la generalización de la forma jurídica de sociedad anónima con el expreso
objetivo de concentrar el sistema en pocas entidades, proceso que culminó dos
décadas después de su sanción y que estuvo acompañado por una sustantiva
extranjerización de las entidades del sistema. Las tasas de interés fueron
desreguladas y el crédito pasó a ser asignado por el mercado sin orientación pública.
Comienza entonces la historia de concentración bancaria y financiera en bancos
privados y, a partir de la década del noventa, fundamentalmente extranjeros, que
continúa hasta nuestros días (Wierzba et al, 2010).
El objetivo explícito de la dictadura militar fue destruir los lazos comunitarios a partir
del terror y de un plan económico claro y profundamente regresivo en términos
sociales. Como parte de esta estrategia fueron atacados los cientos de bancos
cooperativos, las mutuales de ahorro y crédito y los otros cientos de bancos
municipales y provinciales de fomento que se esparcían por todo el territorio nacional
(especialmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba). Estos bancos
cooperativos, municipales y provinciales y mutuales de ahorro y crédito cumplían una
función fuertemente movilizadora de las capacidades locales. Por otro lado, además
18
de impulsar las actividades productivas locales, experiencias como El Hogar Obrero
alentaban la construcción de viviendas populares (Minteguía et al, 2013).
Con la Ley de Entidades Financieras, las cooperativas que deseaban mantener la
posibilidad de captación de depósitos a la vista fueron obligadas a constituirse en
bancos, pero muy pocas alcanzaron la exigencia de los montos de integración
patrimonial mínimos para conformarlos. Se crearon 76 nuevas entidades bancarias
cooperativas que, sumadas a las 9 preexistentes totalizaron 85 bancos cooperativos
en el año 1978. Sin embargo, producto de las sucesivas crisis económicas y
financieras, y de un entorno hostil para este tipo de entidades, los bancos cooperativos
fueron desapareciendo (Verbeke, 2005).
El nuevo enfoque de regulación y supervisión que surge en la década del noventa
establece normas de solvencia, liquidez, y administración, deja a los bancos la
potestad de fijar tasas de interés y establecer los destinos del crédito, prioriza la
definición y el control de indicadores financieros y otorga una mayor responsabilidad a
los auditores internos y externos. La crisis mexicana de 1995 redundó en una
profundización de las reformas tanto a nivel regulatorio como de supervisión (Verbeke,
2005).
En el año 2004, la Ley 25.782, conocida como Ley Polino, reformó el artículo 4 de la
Ley de Entidades Financieras sancionada por la dictadura militar para permitir
nuevamente la constitución y funcionamiento de las cajas de crédito cooperativas. Se
restituyó a las cajas la facultad de recibir depósitos a la vista, aceptando el libramiento
de letras de cambio contra esos depósitos (práctica que constituyó una de las
fortalezas del sistema cooperativo hasta 1977). La nueva ley también las autoriza a
recibir depósitos a plazo fijo, conceder créditos a corto y mediano plazo y otorgar
avales, fianzas u otras garantías.
Sin embargo, la reglamentación de la Ley continúa siendo modificada, ya que las
restricciones vigentes derivadas de las regulaciones bancarias y financieras siguen
impidiendo que se constituyan las Cajas. El Banco Central de la República Argentina
no ha aprobado ninguno de los proyectos presentados para la apertura de nuevas
instituciones. Los principales temas en cuestión son el nivel de capitales mínimos
exigidos, la modalidad de integración, el uso del clearing y la exigencia de casa única.
19
En la actualidad, existen sólo tres entidades cooperativas: la Caja de Crédito
Cooperativa La Capital del Plata Limitada, la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa
Limitada; y el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, la única experiencia cooperativa
significativa en el campo financiero. La última entidad en dejar de ser cooperativa fue
el Banco Empresario de Tucumán Cooperativo Limitado, adquirido en 2005 por el
Banco Macro.
El Banco Credicoop nació en 1979 por la fusión de 44 cajas cooperativas de crédito de
Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Se trata del banco cooperativo más grande de
América Latina, que cuenta con más de 868 mil asociados, es el octavo banco del
Sistema Financiero Argentino en términos de depósitos (con una participación del
3,7%) y el décimo en términos de Préstamos (participando con el 3,2% del total)
(Ranking del BCRA de Noviembre/2013). Integra el sistema financiero formal y debe
cumplimentar las mismas regulaciones que éste (además de estar sujeto a la Ley de
Cooperativas): el límite para profundizar su rol como el banco de la economía solidaria
se encuentra, de acuerdo a Edgardo Form (Gerente General del IMFC, entrevistado
para el presente trabajo), en la Ley de Entidades Financieras vigente.
Un rasgo que diferencia al Credicoop de la banca comercial y que lo acerca a la banca
pública es su presencia federal, con 251 filiales distribuidas en 182 ciudades y/o
localidades de 18 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su especial
atención a las PyMEs (que explican el 58,5% de la cartera de préstamos). El Banco se
encuentra vinculado a diversas entidades de carácter social13, incluyendo a 2.198
cooperativas y a 568 mutuales, y cuenta con una gerencia específica para atender a
las primeras. Las empresas recuperadas por sus trabajadores pueden acceder a una
cuenta en el Credicoop cuando obtienen su matrícula en el INAES (Edgardo Form,
entrevista
personal).
FACTA,
la
Federación
Argentina
de
Cooperativas
de
Trabajadores Autogestionados, mantiene un fuerte vínculo con el Banco. Los 150
trabajadores del Hotel Bauen, empresa recuperada, se encuentran bajo el esquema
del Monotributo tradicional en las categorías B, C y D14. Al no estar en relación de
dependencia, las cuentas bancarias donde la cooperativa les deposita a los
trabajadores los retiros mensuales, no son cuentas sueldo, sino cajas de ahorro
comunes con gastos de mantenimiento. Producto de la relación que ha desarrollado
13
La misión del Banco expresa: “Nuestra labor primordial es la prestación de servicios financieros eficientes y de
calidad a nuestros Asociados, otorgando particular importancia a la asistencia crediticia a las pequeñas y medianas
empresas, a las cooperativas, a las empresa de economía social y a las personas, localizados tanto en los grandes
centros urbanos como en las pequeñas poblaciones de nuestro país. Los depósitos captados son reinvertidos
prioritariamente en financiaciones en la misma localidad”.
14
De allí que desde FACTA se reclame un régimen de seguridad social "asimilable" al de un trabajador en relación de
dependencia.
20
con FACTA, sin embargo, el Banco los exime de afrontar estos gastos. Esto ocurre no
sólo con el BAUEN, sino con la mayoría de las cooperativas adheridas a la FACTA.
Por otro lado, las cooperativas tienen la posibilidad de girar en descubierto en las
cuentas corrientes con las que operan. Finalmente, el Banco cede Crédito
Fiscal para Capacitación a las cooperativas de FACTA través del programa del
Ministerio de Trabajo (Federico Tonarelli, FACTA, entrevista personal).
En cada filial del Credicoop funcionan Comisiones de Asociados que integran las
secretarías de Actas, Acuerdos Crediticios y Mora, Educación Cooperativa,
Mantenimiento Edilicio, Gestión de la Empresa Cooperativa y Relaciones con
Asociados e Instituciones. En estas comisiones participan más de 3.000 personas. Un
hecho especialmente relevante a remarcar es que desde el ejercicio 2012 el Banco
comenzó a elaborar un Balance Social Cooperativo15 según los términos y formas
propuestas por la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI Américas).
En síntesis, las finanzas cooperativas son herederas de la economía social histórica
nacida en el siglo XIX. En nuestro país, las cooperativas de ahorro y crédito
cumplieron una misión clave en el desarrollo local durante las décadas de 1960 y
1970. La dictadura militar prohibió la continuidad de la operatoria de las cajas de
crédito con su Ley de Entidades Financieras, aún vigente, modificando de raíz la
estructura del sistema financiero. Como parte de su estrategia, y buscando debilitar los
lazos comunitarios, fueron atacados los cientos de bancos cooperativos y las mutuales
de ahorro y crédito (como así también los bancos municipales y provinciales de
fomento).
En 2004, la Ley Polino, reformó la Ley de Entidades Financieras para permitir
nuevamente la constitución y funcionamiento de las cajas de crédito cooperativas. Sin
embargo, la reglamentación de la Ley continúa siendo modificada y el BCRA aún no
ha aprobado ninguno de los proyectos presentados para la apertura de nuevas
instituciones. En la actualidad la única entidad cooperativa financiera relevante es el
Banco Credicoop, un banco de gran tamaño que integra el sistema financiero formal, y
debe cumplimentar las mismas regulaciones que la banca comercial establecidas por
el BCRA. Cuenta con presencia federal, atiende preponderantemente a las PYMES y
se vincula con diversas organizaciones de la ESS. A su vez, incorporó desde 20112 el
Balance Social, en el que da seguimiento a los principios cooperativos.
15
En el último Balance Social se encuentran ejemplos y caracterizaciones de los vínculos con las organizaciones de la
ESS. mantenidos por el Banco.
21
4.2) EL MICROCRÉDITO Y LOS FONDOS ROTATORIOS
4.2.1. EL MICROCRÉDITO: HISTORIA, MODALIDADES Y RASGOS PRINCIPALES
Las microfinanzas son servicios financieros dirigidos a personas con un bajo nivel de
ingresos que realizan actividades económicas en pequeña escala, entre las que se
incluyen,
además
del microcrédito,
las estrategias de ahorro popular,
los
microseguros, las tarjetas de crédito solidarias y los fondos de garantía. Dentro del
mundo de las microfinanzas coexisten desde grandes bancos hasta organizaciones
comunitarias. El microcrédito se encuentra especialmente extendido en Asia y América
Latina, a partir de la actividad de tres países pioneros: Bolivia, Bangladesh e
Indonesia. Posteriormente llegó a África y en tiempos recientes se desarrollaron
ciertas experiencias en los países del Norte (Muñoz, 2007).
Específicamente, los microcréditos se dirigen a pequeños emprendimientos (rurales o
urbanos, individuales, familiares y asociativos) que se basan fundamentalmente en el
trabajo de sus miembros, procurando mejorar las condiciones de autoempleo. Los
esquemas se caracterizan fundamentalmente por: a) utilizar garantías no patrimoniales
que se basan en avales solidarios, de terceros o institucionales; b) contar con una
progresividad creciente en los montos de los préstamos a lo largo del tiempo, iniciando
con créditos de bajo monto que van en aumento a lo largo de ciclos repetidos, c) incluir
planes de devolución basados en períodos breves e d) involucrar ahorros obligatorios
que se descuentan de los montos de créditos solicitados (y por los cuales,
generalmente, los usuarios no obtienen un rendimiento). La utilización de estos
mecanismos ha redundado en que los microcréditos muestren tasas de devolución
muy altas, generalmente cercanas al 100% (Muñoz, 2006).
La característica común a las instituciones de microcrédito, tanto a los grandes bancos
como a las pequeñas organizaciones, es que se basan en relaciones de proximidad;
es decir, de contacto o cercanía (Muñoz, 2007). Los promotores de crédito recorren
cotidianamente el territorio para realizar relevamientos, orientar y atender a los
emprendedores16, quienes en este proceso incorporan saberes que les permiten
mejorar las capacidades para gestionar sus emprendimientos, al tiempo que van
ganando confianza e historia crediticia (Minteguía et al, 2013).
16
Consideramos importante mencionar que si bien como es habitual se ha utilizado en el trabajo el masculino genérico,
esto ha sido en este caso especialmente injusto en una perspectiva de equidad de género: son mujeres las
protagonistas de estos esquemas, y esto sin dudas le otorga rasgos diferenciados. En este sentido, a lo largo de la
lectura, debemos pensar en “emprendedoras” más que en emprendedores en cada uno de los casos, que trabajan en
procura de la reproducción material de sus vidas y las de sus familias.
22
Por sí mismo, el microcrédito es en general considerado una herramienta de bajo
impacto para la integración social y el desarrollo local (Solis, 2010). Puede resultar útil
como tal para permitir fundamentalmente mejorar las condiciones de negociación con
intermediarios (en el caso del microcrédito rural) y disponer de capital de trabajo para
aumentar la producción. En no pocas ocasiones el crédito esconde, y permite
postergar otras dificultades productivas, tecnológicas y de gestión, y puede hasta
resultar innecesario (o incluso una mochila de plomo para los emprendimientos). Su
potencialidad para el desarrollo de los emprendimientos de la ESS depende de que se
articule con otras herramientas y que sea acompañado por la organización
comunitaria. En forma organizada, los trabajadores autogestionados pueden generar
una alternativa de subsistencia, desarrollar también sus propias capacidades y
fortalecer emprendimientos que les procuren una vida digna.
En el marco de los rasgos que asumió el sistema capitalista en la posguerra, los
recursos
de
la
cooperación
internacional
de
ese
entonces
se
dirigieron
fundamentalmente en América Latina a financiar proyectos industriales y obras de
infraestructura de gran envergadura. Con la apertura y la liberalización de los
mercados y la privatización de las empresas públicas que redundaron en la exclusión
de vastos sectores de la población, estos recursos se reorientaron para atender de
forma focalizada a los grupos sociales de bajos ingresos desfavorecidos, o a grupos
sociales particulares. En este sentido, la meta del desarrollo de los países del Sur fue
sustituida por el alivio de la pobreza. Los esquemas de microcrédito de tipo
asistencialista coadyuvaron entonces tanto a generar cierta legitimidad social para la
liberalización de los mercados financieros como a procurar condiciones de
gobernabilidad. Por otro lado, los esquemas de microcrédito se beneficiaron con la
liberalización financiera y la eliminación de los topes a las tasas de interés (Muñoz,
2006).
El paradigma dominante dentro de la industria del microcrédito es aquella del
Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) y de la ONG Acción Internacional. El
CGAP es un consorcio creado en 1995 por 28 agencias de desarrollo públicas y
privadas, entre las que se encuentran el Banco Mundial, la Organización de Naciones
Unidas (ONU) y la USAID (United States Agency for International Development)
(Muñoz, 2006 y 2007). A partir de la creación del CGAP, ciertas organizaciones han
23
ganado
actuación
internacional
utilizando
una
metodología
y
principios
de
17
funcionamiento similares .
Bajo esta perspectiva, el microcrédito es considerado como una actividad comercial
que permite, además, mejorar los ingresos de los autoempleados de bajos ingresos
que realizan su actividad en condiciones de informalidad laboral. En el marco de este
paradigma organizaciones como el BancoSol18 Boliviano y el Banco Rakyat de
Indonesia son caracterizadas como las mejores prácticas de las microfinanzas,
tendientes a maximizar el nivel de cobertura o alcance (la cantidad de clientes) y la
sustentabilidad económico-financiera (y posterior rentabilidad) de los operadores. Es
decir, los indicadores de desempeño especializados para las microfinanzas surgen de
extrapolaciones de las prácticas bancarias convencionales (Muñoz, 2006 y 2007).
En 2004 el CGAP difundió los principios que a su criterio deberían guiar a la industria,
oponiéndose a la participación del Estado como proveedor directo (Equipe NESOLUSP, 2013). Se sostiene que el Estado no debe intervenir sobre la tasa de interés que
cargan las instituciones, sino que ésta y la rentabilidad de las entidades deben surgir
del libre juego de la oferta y la demanda en el mercado. Desde la industria se asegura
que este mecanismo, y las elevadas tasas que surgen del mismo, permiten financiar
los gastos de funcionamiento de la operatoria microfinanciera y atraer fondos
internacionales para extender el alcance.
El rol del Estado en esta visión es propiciar el acercamiento de quienes son
considerados clientes, ofrecer estímulos al sector financiero (fundamentalmente,
fondeo), y velar por el marco regulatorio. Se asegura que de todas maneras las tasas
de la industria de microfinanzas son menores que las de los mercados informales de
crédito, y que el acceso al microcrédito les permite a las personas de bajos ingresos
realizar acciones que de otra manera no podrían, como adquirir cierta herramienta o
insumos.
17
Para un mayor detalle sobre los distintos esquemas e instituciones de microfinanzas puede consultarse Muñoz (2006
y 2007).
18
El Banco Solidario S.A (Bancosol) de Bolivia es un banco comercial dedicado a las microfinanzas que otorga crédito
y servicios de caja de ahorro a microempresas con la metodología de grupos solidarios. Nació a partir de la Fundación
para la Promoción y el Desarrollo de la Microempresa-PRODEM, ONG creada en 1984. A dos años de constituirse, el
BancoSol de Bolivia vendía certificados de depósitos en Wall Street con el soporte de Acción Internacional
(organización pionera en promover vínculos entre los operadores microfinancieros y el mercado financiero
internacional). En Enero de 1992, PRODEM tenía 17.000 clientes, una cartera de préstamos de US$ 4 millones, y 4
sucursales localizadas en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Fue entonces cuando se
transformó en el primer microbanco del mundo (www.bancosol.com.bo).
24
Las instituciones que siguen el esquema del Banco Grameen, conocido como el Banco
de los Pobres, actúan de forma focalizada para mitigar situaciones de vulnerabilidad
social extrema. Se trata del esquema tradicional del microcrédito que comenzó como
un proyecto experimental propuesto y llevado a cabo por el economista y profesor
universitario Muhammad Yunus junto con un grupo de estudiantes en 1976 en
Bangladesh, uno de los países de mayor pobreza extendida del mundo. El Grameen
atiende casi exclusivamente a mujeres, las aldeanas de menores recursos materiales.
Es un gran banco cuyo modelo de microcrédito fue replicado en más de 60 países de
todo el mundo.
La principal característica tanto del esquema de Acción Internacional como del
Grameen es el uso de la garantía solidaria, creada por Schulze-Delitsch y Raiffeisen
un siglo y medio atrás, pero relegada en el olvido hasta que Yunus la puso en práctica
nuevamente. Los grupos solidarios son integrados generalmente por entre 3 y 8
emprendedores que asumen los créditos de forma conjunta: se trata de un único
crédito dividido en partes iguales. Las actividades económicas son realizadas por los
miembros de forma independiente y, en general, son diferentes unas de otras. Los
grupos son conformados por los propios integrantes para instar a la construcción de
confianza recíproca.
En relación a la garantía, si al momento de cancelar la cuota algún integrante del
grupo no se encuentra en condiciones de realizar su pago, el resto asume dicho costo,
generándose luego un proceso de compensación interna. Es por este motivo que los
grupos no pueden ser integrados por familiares directos o convivientes, de modo de
evitar que más de un miembro se vea afectado al mismo tiempo por contingencias que
dificulten el repago (Minteguía et al, 2013). Si bien los grupos solidarios constituyen
una alternativa ante la falta de garantías y pueden aportar a la construcción de
relaciones de confianza, también pueden funcionar como herramientas de control
social, al exigir la vigilancia recíproca entre los miembros de los grupos: la garantía de
los préstamos es el fondo grupal, de modo que cada integrante es responsable legal
del repago de los otros miembros19.
En cuanto a las diferencias, el enfoque ACCION International promueve la adaptación
de su metodología al contexto local, y es por esto que se encuentra más difundido. El
19
En el esquema Grameen el primer préstamo es adjudicado sólo a dos miembros del grupo, y dos más lo reciben
luego de un período de buen cumplimento de los pagos de los dos primeros. El quinto miembro se hace del préstamo
luego de haber transcurrido otro período de pago. En el caso de que un miembro no efectúe el repago a tiempo, el
grupo no tendrá la posibilidad de acceder a nuevos préstamos (Muñoz, 2006).
25
enfoque Grameen, en cambio, da soporte sólo a quienes replican durante dos años el
modelo tal y como se implementó en Bangladesh (ya que se considerara que cualquier
modificación en alguno de sus elementos podría hacerlo fallar). Luego de este período,
pueden introducirse cambios si se lo considera oportuno (Muñoz, 2006).
Las otras dos tecnologías microcrediticias, además de los grupos solidarios son la
banca comunal (creada en los años 1980, y en la que profundizaremos en el apartado
siguiente) y la tecnología individual no convencional. El microcrédito individual se
dirige a microempresarios urbanos del llamado sector informal20 y a pequeños
productores rurales. Son créditos por montos pequeños y progresivos, generalmente
dirigidos a capital de trabajo, cancelaciones comerciales o inversiones en
equipamiento de pequeño porte, que a diferencia del crédito bancario tradicional, se
adaptan a la situación económica y social del/a solicitante en cuanto al establecimiento
de las condiciones y las garantías. Los plazos son cortos (de entre 6 y 8 meses, con
un máximo 12) y también la frecuencia de repago, ajustada a la dinámica de ingresos
(cada 7, 15, 20 ó 30 días).
En nuestro país, las principales empresas del sector se agrupan en RADIM (Red
Argentina de Instituciones de Microcrédito). RADIM se propone la articulación de las
instituciones y su fortalecimiento, como así también participar en el planteamiento de
propuestas de política. Cuenta con 14 socios activos21. Desde junio de 2008 elabora
un Mapeo de Instituciones de Microcrédito de Argentina de forma semestral. El último
Mapeo publicado es de junio 2013, e incluye información relevada de 41 instituciones.
Se clasifica a las instituciones por tamaño (pequeñas, con cartera bruta inferior a $1
millón; medianas, entre $1 millón y $8 millones, y grandes, mayor a $8 millones),
estructura jurídica (Sociedades Anónimas y Organizaciones sin fines de lucro) y
metodología (Banco Comunal, Grupo Solidario e Individual) (RADIM, 2013).
De las 41 instituciones que respondieron a la última encuesta, 23 son pequeñas, 10
medianas y 8 grandes22. En relación al alcance, estas 41 instituciones contaban a junio
de 2013 con 72.025 prestatarios activos y una cartera bruta de $428,3 millones. Es
decir, el saldo promedio de crédito por prestatario era de $5.947, cuando en el primer
20
Como se afirma en Minteguía et al (2013), la informalidad no caracteriza sólo a las pequeñas unidades que no
poseen sus facturas en orden, sino que es propia también de las grandes empresas que realizan prácticas de evasión y
elusión de impuestos, son informales en el cumplimiento de normas ambientales y laborales y abonan sobresueldos en
negro.
21
Pro Mujer Argentina, Contigo Microfinanzas S.A, Centro de Empresarios de Famaillá, OMLA S.A, Avanzar, Cordial
Microfinanzas S.A, Entre Todos, FIE S.A, ProVivienda Social, Fundación Progresar, Alternativa-Estrategias de
Desarrollo, Banco Mundial de la Mujer, Fundación Sagrada Familia-Vivienda Digna y Un Techo para mi País.
22
Las grandes empresas son Contigo Microfinanzas S.A., Cordial Microfinanzas S.A., FIE S.A., Emprenda S.A.,
Fundación ProVivienda Social, OMLA S.A., Pro Mujer Argentina y Provincia Microempresa S.A.
26
relevamiento, en junio de 2008, promediaba los $2.12123. La concentración en la
industria es muy elevada: las 8 grandes empresas del sector atienden al 83% de los
prestatarios y explican el 93% de la cartera bruta. A su vez, de las 41 instituciones, 8
son sociedades anónimas24 y 33 son organizaciones sin fines de lucro. En relación a la
metodología crediticia, 19 instituciones utilizan la metodología individual, 18 el grupo
solidario, y apenas 4 los bancos comunales: Nuestras Huellas, Pro Mujer Argentina,
PROSOCO y Proyecto Jujuy. Las 8 sociedades anónimas, que coinciden en gran
medida con las grandes empresas, se dedican a la metodología individual de
microcrédito.
Un aspecto especialmente sensible y relevante se vincula con los niveles de tasa de
interés que las instituciones de microcrédito cargan sobre el destinatario final,
información de difícil acceso. Según un relevamiento de Fuerza Solidaria basado en
Planet Finance et al (2013) las tasas superan, en general, el 75% Nominal Anual,
llegando en algunos casos a más del 90%. De acuerdo a Marcos Solis, Director
Nacional de la Comisión Nacional de Microcrédito, las tasas de interés que deben
pagar los emprendedores se ubican entre el 60% y el 250% (Solis, 2010)
4.2.2.
BANCOS
COMUNITARIOS
Y
FONDOS
ROTATORIOS
PARA
EL
DESARROLLO DE LA ESS
A diferencia del microcrédito individual, los Bancos Comunales o Comunitarios,
específicamente los llamados en Brasil Bancos Comunitarios de Desarrollo, y los
Fondos Rotatorios (FFRR) son herramientas que van más allá de la asistencia
crediticia y disponen de un mayor potencial para el desarrollo comunitario y el
fortalecimiento de los lazos interpersonales: de conformarse grupos sólidos a partir de
estas herramientas pueden crearse o fortalecerse también cadenas de valor al interior
de la ESS, potenciarse la autogestión y construirse mercados alternativos, entre otras
diversas posibilidades (Minteguía et al, 2013).
El potencial de los FFRR para el desarrollo territorial se vincula con el fortalecimiento
de las relaciones de confianza dadas por la cercanía territorial y de actividad. Los
FFRR suelen utilizar mecanismos de participación directa de los productores
involucrados con espacios descentralizados de toma de decisión, aunque son
23
Debe aclararse que en cada edición del Mapeo se invita a participar a un listado amplio de instituciones, por lo que
los datos no son estrictamente comparables: no son las mismas instituciones las que responden en cada edición. En
junio de 2008 respondieron la encuesta 31 instituciones.
24
Las sociedades anónimas son Bekrux S.A., Contigo Microfinanzas S.A., Compañía Financiera Argentina S.A.,
Cordial Microfinanzas S.A., Emprenda S.A., FIE S.A., OMLA S.A. y Provincia Microempresa SA.
27
frecuentes
las
instancias
centralizadas
de
administración
del
sistema.
Las
organizaciones de mayor alcance territorial buscan fortalecer la confianza generando
articulaciones entre grupos o comunidades y mecanismos de participación y
representación tendientes a superar las distancias y los problemas de comunicación.
Los integrantes de la organización construyen en la propia práctica, resuelven en
forma colectiva las dificultades, generan acuerdos y los sostienen en el tiempo,
aprovechando el impacto de la aplicación “a repetición” de los recursos económicos a
partir de los re-pagos de los créditos (Minteguía et al, 2013).
Como herramienta, los FFRR consisten en cajas de recursos propios gestionadas por
organizaciones sociales que “circulan” o “rotan” entre ella y los productores: aquello
que se recupera en forma de cuotas en dinero o en productos o insumos, se vuelve a
prestar a otros productores25. Se conforman a partir de un grupo de entre 20 y 40
miembros productores dedicados en general a la misma actividad, y que, por lo tanto,
tienen similares necesidades de aprovisionamiento, y son especialmente habituales en
el medio rural. El valor de devolución de los créditos se suele establecer de acuerdo al
valor-producto (utilizando uno o dos de ellos como parámetros) (CIPAF-INTA, 2010).
En Argentina, los FFRR son utilizados frecuentemente por organizaciones que
promueven la pequeña agricultura familiar, como el Movimiento Campesino de
Santiago del Estero (MOCASE), la Asociación de Productores del Noroeste de
Córdoba (APENOC), la Red Puna en Jujuy y la Asociación de Ferias Francas en
Misiones, para financiar proyectos productivos y de desarrollo rural. Son recursos
generados y utilizados a escala local: sus destinatarios comparten un mismo sistema
productivo de base territorial: una misma actividad socio-económica y articulaciones
cotidianas en un mismo territorio. Los fondos rotatorios suelen ser una herramienta
más dentro de la estrategia general de las organizaciones, que a través de los mismos
buscan el fortalecimiento de la gestión y la administración y el desarrollo de las
capacidades operativas instaladas (dadas por un sistema de relaciones, cierta
estructura organizacional e infraestructura y un conjunto de habilidades y
experiencias). A su vez, se combinan en general con actividades de capacitación y
asistencia técnica.
Los bancos comunales en tanto utilizan la metodología del grupo solidario para
atender a la comunidad, permitiendo la canalización de los ahorros de sus miembros
25
Los FFRR no se encuentran limitados a montos pequeños, como se verá en el caso del FR de FECOOTRA
caracterizado posteriormente.
28
hacia empresas e iniciativas del territorio y dando la posibilidad de fortalecer las
capacidades de autogestión y la autonomía de la comunidad que los crea y utiliza: los
moradores (que viven juntos en el mismo barrio o localidad) no son sólo dueños, sino
también los usuarios del Banco. Esta metodología es muy utilizada en los países
andinos (Perú, Bolivia y Ecuador26, principalmente) y en Venezuela, donde existen
más de 3.000 bancos comunales (Singer, 2013).
Los Bancos son integrados en general por entre 7 y 30 microemprendedores (en
realidad, fundamentalmente microemprendedoras). El grupo recibe como tal un capital
inicial financiado por una institución, que es avalado recíprocamente por los miembros.
Este ahorro permite la autocapitalización del grupo como Banco Comunal. Una vez
otorgado el crédito, cada integrante del Grupo devuelve un monto que incluye un
porcentaje pre-acordado de ahorro interno, el cual permite que los socios puedan
refinanciar sus emprendimientos u otros nuevos de vecinos del territorio. Asimismo, los
bancos destinan un porcentaje pequeño de sus ahorros a la constitución de Fondos
Comunales que se prestan sin interés a las socias del Banco Comunal ante urgencias
(Minteguía et al, 2013).
El principal aporte de los bancos comunales al desarrollo territorial se vincula con el
fortalecimiento de los lazos en la comunidad que propician, de allí que las experiencias
más ricas sean conocidas como bancos comunitarios de desarrollo. Se trata de
organizaciones de la sociedad civil que no reciben ahorros del público en general, no
desarrollan actividades de intermediación, ni son regulados por los bancos centrales.
Los bancos comunales prestan servicios propiamente financieros (principalmente
microcréditos para la producción y el consumo) y cumplen servicios comunitarios de
naturaleza pedagógica o de educación popular. En Brasil, donde el reconocimiento y
sistematización desde el ámbito académico de esta herramienta se encuentran
avanzados, se reconoce que los ejes centrales de acción de los bancos comunitarios
son cuatro: i) un fondo de crédito solidario, ii) una moneda social circulante local, iii) la
aplicación de estrategias de comercialización local y vi) la capacitación en economía
solidaria. El microcrédito a la producción se destina al financiamiento de la oferta de
productos y servicios locales, cuya demanda se motoriza a partir de microcréditos al
consumo en moneda social.
26
En Ecuador las llamadas finanzas populares (cooperativas, bancas comunales y cajas de ahorro) movilizan un
capital importante, alcanzando un tercio del mercado financiero (Sánchez Zurita, 2010).
29
En Argentina, la metodología de bancos comunales no se encuentra muy extendida.
De las 41 organizaciones que respondieron la última encuesta de RADIM, sólo 4
funcionaban con la metodología de bancos comunales. Sin embargo, de acuerdo a
Oscar Minteguía, especialista consultado para la elaboración del presente trabajo, las
experiencias existentes han resultado exitosas en la construcción de autonomía y en la
creación de redes y cadenas de valor virtuosas a nivel local. En el apartado siguiente
presentaremos la experiencia valiosa de Nuestras Huellas.
De la información recabada surgió que un desafío de los bancos comunales en el país
se vincula con la necesidad de extender la experiencia en el territorio y de entrelazar
las de cada comunidad para formar redes de Bancos Comunales que se apoyen
mutuamente: presentaremos más adelante la experiencia de este tipo que realiza el
Banco Palmas en Brasil. Por otro lado, los montos de los préstamos suelen ser
insuficientes para aquellas experiencias productivas que han superado determinada
escala. Otro desafío que ha surgido de las entrevistas es el tiempo requerido para que
los bancos comunales cuenten con los fondos suficientes de modo de responder a la
demanda de su comunidad.
4.2.3. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RECIENTES HACIA EL MICROCRÉDITO EN
ARGENTINA
Durante la década neoliberal de los noventa, ante el crecimiento del desempleo como
parte del programa económico de apertura, privatizaciones y apreciación cambiaria, el
gobierno utilizó al microcrédito como una herramienta para la contención social. El
microcrédito se desarrolló en Argentina, salvo ciertas excepciones, bajo la visión
comercial propia de la industria de las microfinanzas caracterizada previamente.
Promovido desde las áreas gubernamentales de desarrollo social, constituyó entonces
una política focalizada instrumentada a través de ONGs. La crisis de 2001-2002
provocó la quiebra de varias de las instituciones nacidas en los años noventa y produjo
al mismo tiempo una gran expansión de experiencias de economía popular, social y
solidaria que nacieron en el marco de diversas organizaciones sociales (Minteguía et
al, 2013).
Desde la asunción en la presidencia de Néstor Kirchner en 2003 fueron
implementadas en el país diversas políticas para el fortalecimiento de la Economía
30
Social y Solidaria con tres leyes fundamentales: La Ley de Monotributo Social (2004)27,
la Ley de Microcrédito (2006) y la de Marcas Colectivas (2008)28. Específicamente en
relación al objeto del presente trabajo, desde el Ministerio de Desarrollo Social se
considera al microcrédito como un instrumento de desarrollo e inclusión social,
asumiendo que el grupo social al que se dirigen los microcréditos no está en
condiciones ni debe hacerse cargo del costo de su propio desarrollo pagando altas
tasas de interés: es el Estado quien debe proveer los fondos y subsidiar los gastos
operativos.
Ésta es la línea que guía la Ley Nacional de Microcrédito (Ley 26.117) sancionada en
2006, la que define como objetivo la promoción y regulación del microcrédito buscando
el desarrollo integral de las personas, los grupos asociativos de escasos recursos
materiales y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la
sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales. La Ley
procura el acceso al microcrédito de aquellas personas que no cuentan con las
garantías patrimoniales y/o no pueden cumplimentar los procedimientos y requisitos
habituales de las entidades bancarias. Define al microcrédito por el monto, como
aquellos préstamos destinados a financiar la actividad de emprendimientos
individuales o asociativos de la Economía Social, cuyo valor no exceda una suma
equivalente a 12 salarios mínimo, vital y móvil29. A su vez, los activos totales de las
unidades productivas no pueden superar las cincuenta canastas básicas totales por
puesto de trabajo30.
La Ley no alcanza a las sociedades comerciales (las cuales sí pueden acceder al
fondeo de Impulso Argentino, ver más adelante). Son consideradas Instituciones de
Microcrédito las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con
antecedentes en la ejecución y administración de programas sociales de promoción,
prevención, desarrollo comunitario y seguridad social (asociaciones sin fines de lucro,
asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, comunidades indígenas,
27
El Monotributo Social permite a los emprendedores y emprendedoras ser incluidos como contribuyentes, estar en
condiciones de emitir facturas, ser proveedores del Estado por contratación directa, acceder a las prestaciones de las
obras sociales del Sistema Nacional de Salud e ingresar al sistema previsional. A marzo de 2013 existían más de
550.000 monotributistas sociales en el país. De las entrevistas realizadas surgió que si bien el esquema ha resultado
un gran avance, limita el desarrollo de los emprendimientos, al establecer un tope de facturación anual de $48.000 e
impedir el descargo del Impuesto al Valor Agregado.
28
La Marca Colectiva es un signo distintivo común para identificar productos elaborados y/o servicios prestados por
grupos de emprendedores de la Economía Social. El Ministerio de Desarrollo asiste a los grupos en el diseño de su
imagen y los asesora en lo referido a los trámites necesarios para su registro ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INPI). Con el objetivo de generar oportunidades de comercialización, promoción e intercambio para los
emprendimientos, el Ministerio organiza también Ferias para la Economía Social.
29
Desde enero del corriente año (2014) el salario mínimo, vital y móvil es de $3.600, por lo que en la actualidad se
consideran microcréditos aquellos préstamos por hasta $43.200.
30
En la actualidad, considerando el último dato disponible sobre la canasta básica total ($577,23 a diciembre de 2013),
el tope de activos es de $28.862.
31
organizaciones gubernamentales y mixtas), que otorgan microcréditos y brindan
capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos de la Economía Social.
El Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social
creado en el marco de la Ley (e incorporado al Plan “Manos a la Obra” lanzado en
2003) tiene objetivos amplios que consideramos relevante detallar:
1. Fomentar la Economía Social en el ámbito nacional, propiciando la adhesión de las
provincias a la presente ley, haciendo posible su inclusión en los planes y proyectos de
desarrollo local y regional;
2. Promover el desarrollo del Microcrédito y fortalecer las Instituciones que lo
implementan mediante la asignación de recursos no reembolsables, préstamos,
avales, asistencia técnica y capacitación;
3. Organizar el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito;
4. Administrar el Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito que se crea en la
presente ley, promoviendo la obtención de recursos públicos y privados;
5. Regular y evaluar periódicamente las acciones desarrolladas procurando mejorar su
eficiencia y eficacia;
6. Desarrollar mecanismos que regulen y reduzcan los costos operativos e intereses
que incidan sobre los destinatarios de los Microcréditos;
7. Implementar estudios de impacto e investigación de la Economía Social, generando
un sistema de información útil para la toma de decisiones;
8. Promover acciones a favor del desarrollo de la calidad y cultura productiva, que
contribuyan a la sustentabilidad de los Emprendimientos de la Economía Social;
9. Promocionar el sector de la Economía Social, como temática de interés nacional,
regional o local, en el marco de las transmisiones sin cargo previstas por la Ley de
Radiodifusión o la que en el futuro sustituya a través del sistema educativo en general;
10. Propiciar la adecuación de la legislación y el desarrollo de políticas públicas en
Economía Social.
La Ley ha creado la Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI), encargada de
administrar el Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la
Economía Social como organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación. Si bien la norma destina un fondo mínimo de $100 millones anuales, esa
suma fue superada en los seis años de gestión, alcanzando hasta el momento más de
$800 millones. En el corriente año el presupuesto de la Comisión es de $190 millones.
El Programa funciona de la siguiente manera. Las organizaciones presentan proyectos
para la constitución de esquemas de microcrédito que son evaluados técnica y
operativamente por la CONAMI. Los proyectos incluyen la caracterización de la
comunidad a la que van destinados los créditos y la definición de la población meta, y
una propuesta de reglamento para el funcionamiento del esquema de microcrédito
(montos, plazos y garantías, conformación y renovación del comité de crédito). En
32
relación a los montos, se utiliza un esquema de gradualidad: se comienza por montos
de crédito reducidos que se van incrementando en sucesivos proyectos presentados
por las organizaciones. Un ejemplo de esto se observa en el esquema de Cauqueva
presentado posteriormente.
La CONAMI establece un tope de tasa (a diferencia de lo que ocurre con las líneas de
Impulso Argentino –ver más adelante-): las organizaciones sociales pueden aplicar
hasta un máximo del 6% de interés anual a los tomadores. Para que ello sea posible,
se otorgan subsidios para los gastos operativos y de asistencia técnica, la adquisición
de muebles y equipos y la transferencia metodológica desde las organizaciones
administradoras (con mayor experiencia en la gestión de fondos de microcrédito),
hacia las organizaciones ejecutoras. Los subsidios pueden alcanzar hasta el 30% del
valor de la cartera activa de las organizaciones.
El Coordinador General de la CONAMI es designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
El abordaje amplio en el que se inscribe el microcrédito se plasma en la conformación
del Directorio, integrado por ocho miembros de los siguientes organismos: el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, el Ministerio de Economía y Producción, el INAES, el Consejo Nacional de la
Mujer, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas y un miembro de jurisdicción provincial. En
tanto el Comité Asesor se integra por un representante titular y un suplente de los
ministerios o secretarías de Desarrollo Social de cada una de las provincias adheridas
a la Ley; y por un representante titular y un suplente de las Instituciones de
Microcréditos de las distintas regiones del país, la Provincia de Buenos Aires, el
conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un aporte importante de la Ley ha sido el nombrar al actor de la economía social y
solidaria, reconocerlo y caracterizarlo. De este modo, ha dado lugar a que otros
marcos normativos de igual rango o de rangos menores (leyes provinciales y/o
ordenanzas municipales), lo tomen como objeto y vayan tejiendo andamiajes legales
diversos. Por otro lado, la Ley cuenta con 22 leyes provinciales de adhesión a la Ley
Nacional. Las excepciones son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de
San Luis (Minteguía et al, 2013).
Nos interesa especialmente hacer eje en el impacto que ha tenido el modelo de
gestión asociada que ha seguido el Ministerio en su vínculo con las organizaciones
33
sociales. Los créditos se otorgan a través de Organizaciones Administradoras (OA),
las cuales realizan el primer contacto con las Organizaciones Ejecutoras (OE), que
atienden a los solicitantes y realizan el seguimiento de los préstamos. A febrero de
2014 operaban 317 Organizaciones Administradoras y 1.626 Organizaciones
Ejecutoras (cuando antes de la sanción de la ley existían unas 60 instituciones de
microfinanzas con pequeñas operatorias en ciertos barrios de los grandes centros
urbanos). Estas organizaciones funcionan a través de Redes de Gestión Local
Territorial; integradas por organizaciones, y de Consorcios de Gestión Local, que
constituyen redes
coordinadas por
áreas gubernamentales (municipales
y/o
provinciales).
Por otro lado, desde 2003 funciona en el marco del Ministerio el esquema de los
Bancos Populares de la Buena Fe, que pasó a estar bajo la órbita de la CONAMI con
su creación. Los llamados Banquitos funcionan en las sedes de las organizaciones
comunitarias de los barrios más vulnerables de todo el territorio nacional y
complementan la metodología de grupo solidario con dinámicas de educación popular
y promoción de la economía social y solidaria. Se realizan reuniones semanales, en
las que se abordan cuestiones de salud, violencia familiar, seguridad y educación,
interactuando activamente con las demás instituciones del territorio. A partir de las
miradas
de distintas
organizaciones
que participaron del
Primer
Congreso
Latinoamericano de Microcrédito, surgió que las reuniones en los banquitos
constituyen una instancia muy valorada de encuentro e integración social. En lo que
hace a las prácticas educativas, se promueve que organizaciones pioneras transfieran
metodologías y capaciten a los asesores de créditos de aquellas con menor
experiencia, y son desarrolladas instancias formativas, manuales de trabajo, y
esquemas de rendición de cuentas que facilitan la tarea a las organizaciones.
La participación en el Programa y la administración de esquemas de microcrédito les
ha permitido a las organizaciones ganar capacidad para la gestión de recursos. Así, el
impacto de mayor alcance del Programa se encuentra, de acuerdo a las fuentes
consultadas, en el desarrollo de estas organizaciones e instituciones, las que han
logrado fortalecerse en el territorio. Se han generado entramados, cadenas y redes a
partir de la vinculación de núcleos locales conformados por aquellas instituciones con
mayor experiencia (OA), alrededor de las cuales se aglutinan organizaciones con
menor historia en la materia (OE). Así, las redes están presentes incluso en zonas con
escasa llegada estatal.
34
El financiamiento participativo a través de redes ha impulsado procesos de aprendizaje
en diversas organizaciones que adquirieron la capacidad de administrar un fondo de
microcrédito, generando desarrollo institucional y de capacidades. Y muchas de estas
organizaciones (como es el caso de C.A.U.Que.Va) se han consolidado como
interlocutores en el territorio comenzando a su vez a liderar procesos de organización
más amplios.
En la provincia de Jujuy existen 4 redes que participan del Programa Nacional de
Promoción del Microcrédito. Javier Rodríguez, integrante de la Federación de
Organizaciones Productoras de Alimentos Ltda (FOPAL) entrevistado para el presente
trabajo, estima que en todo el país las redes superan el centenar. El desarrollo de
estas organizaciones sociales y su articulación significa un gran potencial para el
desarrollo territorial y la integración social. Por otro lado, más de 7.100 promotores
trabajan en el marco del Programa. Además de ser una fuente de empleo, la
calificación de estos hombres y mujeres pasa a constituir un activo local.
Entre los desafíos de la CONAMI se encuentra la necesidad de ampliar la cobertura y
el alcance del Programa. En la actualidad se llega aproximadamente a 270.000
unidades productivas activas (personales, familiares y asociativas). En la estimación
de la población potencialmente objetivo del Programa para el año 2010 (Sanchis y Viu,
2010), surgió que 1.429.676 unidades productivas estarían en condiciones de ser
alcanzadas por la CONAMI. Sin embargo, para poder ser atendidas, las mismas deben
encontrarse vinculadas con organizaciones sociales, por lo que la profundización en
los procesos de integración social y comunitaria es clave para alcanzar a estos
trabajadores autogestionados de bajos ingresos. Por otro lado, el fondeo de la
CONAMI a las organizaciones es en ocasiones discontinuo, generando dificultades
administrativas, y el crecimiento en los niveles de inflación reduce el potencial de
impacto de los fondos disponibles de las organizaciones.
Otra herramienta pública de importancia es el Fondo Fiduciario de Capital Social
(FONCAP, actual Impulso Argentino), de constitución público-privada, creado en 1997
y dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
El Directorio del FONCAP era originalmente integrado por el Estado Nacional (con el
49% del paquete accionario) y por el sector privado (con el 51% restante, en manos de
la ONG estadounidense Acción Internacional). Cuando nació el FONCAP, las
instituciones de microfinanzas operando en el país eran pocas. La visión que orientó
35
su intervención entonces fue aquella de la industria de las microfinanzas (que
caracterizamos previamente), y el Fondo estaba compuesto en su mayoría por
capitales extranjeros. En el año 2009 FONCAP inició una nueva etapa, cuando el 51%
de las acciones en manos de Acción Internacional pasó a la organización social “Sol
de Mayo”. En 2011, en tanto, su nombre fue reemplazado por Impulso Argentino.
Impulso Argentino cuenta hoy con dos líneas fundamentales de acción. Por un lado
financia a instituciones de microfinanzas que otorgan crédito y asisten a
emprendedores. Por el otro, realiza actividades de capacitación y profesionalización
del sector.
En cuanto a la primera actividad, Impulso Argentino financia fundamentalmente a las
instituciones comerciales de microfinanzas, que, tal como establece la Ley Nacional de
Microcrédito, no pueden recibir fondos de la CONAMI. También ha desarrollado otras
líneas, cuyo alcance es aún limitado: Microfinanzas Asociativas, para organizaciones
controladas
por
los
trabajadores
(cooperativas,
empresas
recuperadas31),
Cooperativas y Mutuales registradas en el INAES (que ofrecen microcréditos como
función secundaria, y requieren financiamiento), Organizaciones sin Fines de Lucro e
Instituciones Vinculadas a los Pueblos Originarios (proveyendo asistencia técnica en la
administración a cuatro organizaciones sociales de comunidades de pueblos
originarios como prueba piloto) y la Línea de Crédito Primer Paso (para instituciones
sociales que aún no desarrollan actividad de microcréditos).
Hasta el momento 45 instituciones recibieron fondeo, lo que permitió financiar a 11.000
emprendedores. De acuerdo a los últimos datos disponibles, se ha otorgado
financiamiento por $83 millones. Y desde Impulso Argentino se reconoce un salto
cualitativo en la última década en el tipo de proyectos financiados, a través de las
instituciones
que
fondea.
En
2003
los
créditos
solicitados
se
dirigían
fundamentalmente a resolver situaciones de emergencia social, mientras que hoy los
solicitantes son fundamentalmente emprendedores que ya cuentan con ciertos años
de trabajo, y que eligen a su emprendimiento como una opción de vida, y no como la
única alternativa ante la falta de empleo.
31
En el país existen 311 empresas recuperadas por sus 13.500 trabajadores. A partir del 4to Relevamiento de las
Empresas Recuperadas por los Trabajadores realizado por el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y
Letras (UBA) surge que el 47% de las empresas recuperadas que producen por debajo de su capacidad instalada lo
hacen por falta de capital de trabajo. Al no ser propietarias de los medios de producción, estas empresas carecen de
garantías reales. Éstos y otros emprendimientos no pueden recurrir al crédito de la banca comercial. A la vez, tienen
necesidades de financiamiento por montos mayores a los del microcrédito; son emprendimientos con capacidad de
crecimiento que demandan una financiación intermedia. Se trata de un sector especialmente desatendido.
36
A su vez, nos interesa resaltar especialmente las actividades de capacitación que
realiza Impulso Argentino. En 2011 se lanzó el Programa Impulsores, que ya capacitó
a 6.000 jóvenes de todo el país en distintas áreas que hacen a la ESS, y, en 2013, el
Programa EVA, que promueve instancias de capacitación a emprendedoras en
materia de gestión, asesoramiento y financiamiento. Hasta el momento EVA ha
alcanzado a más de 800 mujeres en todo el país. También se han organizado ferias
solidarias que propician la construcción de mercados en los barrios.
Si bien Impulso Argentino ha procurado alentar el surgimiento de nuevas instituciones
en todo el país, de modo de ampliar territorialmente el alcance, hasta el momento no
se ha logrado avanzar en gran medida en este sentido. Desde Impulso Argentina se
reconoce cierta inercia en el apoyo a las instituciones tradicionales, ya que ofrecen
mayor seguridad de repago y son reconocidas en el territorio, aunque cargan altas
tasas de interés32. Las mayores instituciones suelen estar situadas en los mismos
lugares, compitiendo no sólo por los solicitantes, sino también por los promotores de
crédito. Y éstas son las instituciones que más crecen, ya que pueden financiar su
expansión gracias a su solidez económica. El impulso a nuevas instituciones generaría
una mayor oferta y redundaría en una reducción de las tasas de interés para los
emprendedores. Por otro lado, Impulso Argentino atiende también a sociedades no
comerciales (organizaciones sin fines de lucro), muchas de las cuales son también
atendidas por la CONAMI. En este sentido, sería oportuno profundizar la coordinación
con el Ministerio de Desarrollo Social.
Finalmente, en lo que hace a los principales esquemas públicos, nos interesa también
caracterizar al Programa Fuerza Solidaria (FS)33, una institución de segundo piso
como Impulso Argentino que nació en la Provincia de Buenos Aires en el año 2006 a
partir de un acuerdo celebrado entre el gobierno provincial, el Banco Provincia de
Buenos Aires34 y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Estas instituciones
crearon un fondo fiduciario inicial, que se ha ido incrementando año a año para la
asistencia financiera a instituciones que promueven la Economía Social y Solidaria.
32
La lógica de funcionamiento de las instituciones tradicionales del sector es similar a la observada durante los años
noventa, y a las experiencias peruana y boliviana. El Centro FIE (Fomento a Iniciativas Económicas) de Bolivia, por
ejemplo, ya se ha instalado hasta el momento en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Funciona también en
Liniers Oeste, La Matanza y en el mercado de La Salada, provincia de Buenos Aires. Es la iniciativa privada más
extendida en el país, que ofrece préstamos individuales a microempresas enemprendedores de áreas urbanas.
33
Elaborado en base a entrevistas realizadas a Diego Gojzman (Gerente de Desarrollo Institucional de Fuerza
Solidaria) y a información publicada en el sitio-web de la institución.
34
En el financiamiento directo a microemprendimientos, el Banco Provincia cuenta con la Línea PROMESA, Provincia
microempresa, que otorga créditos a sola firma por hasta $60.000 a trabajadores independientes con una antigüedad
mínima de un año en el su negocio u oficio. Los créditos se gestionan desde las sucursales. El FOMICRO del Banco
Nación, en tanto, otorga créditos por hasta $40.000 a sola firma a microemprendimientos productivos en
funcionamiento, sin deudas comerciales en el sistema financiero, que presenten su proyecto de inversión a través de
organizaciones sociales civiles.
37
A diferencia de los programas de microcrédito enlatados de los años noventa, FS
establece los plazos, montos y garantías como parte del propio proceso de
formulación y evaluación. Por un lado, la línea para Entidades Intermedias de
Microcrédito (Instituciones de Microfinanzas -IMF) financia a instituciones que no son
sociedades comerciales: fundaciones, cooperativas, mutuales, agencias de desarrollo
e incluso organizaciones gubernamentales. En este último caso se han aprobado
créditos por $5,25 millones para los municipios de Chivilcoy, Ituzaingo, Marcos Paz,
Pehuajó, 25 de Mayo, General Viamonte, Tres Arroyos, Avellaneda, Hipólito Irigoyen,
Baradero y Adolfo Alsina35.
Por otro lado, la línea para Proyectos de Economía Social (PES) apunta al
fortalecimiento de organizaciones sociales, redes y grupos asociativos comunitarios de
la ESS. Se financian inversiones productivas y también aquellas destinadas a
refacciones de viviendas, locales y talleres, la mejora del hábitat e inversiones en
infraestructura. La Tasa de Interés Anual de los créditos es del 18,5%, actualizable
semestralmente. Se prevé una bonificación de tasa de interés de hasta 5 puntos
porcentuales, dependiendo de las características de la organización y del proyecto.
Entre 2007 y 2013 FS ha aprobado préstamos por más de $90 millones, distribuidos
entre 198 instituciones de todas las regiones de la Provincia. Un 58% de este monto
($52,6 millones) corresponde a la línea para PES, que alcanzó a 124.000
destinatarios. En tanto, la línea dirigida a instituciones de microcrédito ha alcanzado a
14.000 destinatarios finales. Dado el alcance de la línea PES, ésta ha sido prioritaria
durante el período 2012-2013. De las instituciones financiadas por FS, un 50%
constituyen cooperativas, un 33% asociaciones civiles o fundaciones, un 6%
municipios, y un 11% corresponde a otros arreglos institucionales.
4.3) LAS FINANZAS ÉTICAS
Las llamadas Finanzas Éticas constituyen un esquema de finanzas solidarias,
desarrollado fundamentalmente en los países del Norte, que ganó impulso y visibilidad
a partir de la crisis financiera desatada en la periferia europea. Los multimillonarios
rescates a los bancos por parte del Estado generaron un fuerte descontento social y la
búsqueda de alternativas por parte de la sociedad civil. Al igual que la banca
35
En los últimos años se ha potenciado la participación de los municipios como gestores de esquemas de
microcréditos, enmarcados en mayor o menos medida en estrategias integrales de desarrollo. Entre 2006 y 2008 a
través del programa El Trabajo Dignifica, aproximadamente 50 de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires
gestionaban esquemas de este tipo, que hoy continúan con fondos propios. Ejemplos de estos municipios son Lobería,
Tornquist, Berisso, Pilar y Mercedes. Fuerza Solidaria ha comenzado a actuar como fondeador de estas experiencias.
38
cooperativa, la banca ética se guía por ciertos principios. Estos principios toman
cuerpo a través de múltiples modelos y esquemas que se diferencian en mayor o
menor medida de la banca comercial, y que es preciso analizar en cada caso. Tanto
los bancos éticos como los cooperativos deben generalmente dar cuenta del
seguimiento de estos principios a través de un balance social.
Los principios de las Finanzas Éticas que surgen del Estatuto de la Banca Popolare
Ética de Italia36 son los siguientes:

“Las finanzas éticamente orientadas son sensibles a las consecuencias no
económicas de las acciones económicas;

El crédito, en todas sus formas, es un derecho humano;

La eficiencia y la sobriedad son componentes de la responsabilidad ética;

El beneficio obtenido de la posesión e intercambio de dinero debe ser
consecuencia de la actividad orientada al bien común y debe ser
equitativamente distribuido entre todos los sujetos que intervienen a su
realización;

La máxima transparencia de todas las operaciones es un requisito fundamental
de cualquier actividad de finanzas éticas;

Favorecer la participación en la toma de decisiones de la empresa, no sólo a
los Socios, sino también a los ahorristas;

La institución que acepta los principios de las Finanzas Éticas orienta con tales
criterios toda su actividad.”
En la década del sesenta, organizaciones de derechos humanos, iglesias y
movimientos pacifistas de Estados Unidos mostraron el financiamiento de ciertos
bancos a la producción de gas Napalm utilizado por EE.UU. en la guerra de Viet Nam.
Es entonces cuando nacen los primeros fondos éticos de inversión, antecedentes de
los modernos bancos éticos que nacen en la década de 1980: el Triodos Bank de
Holanda, el Oikobank en Alemania y el ABS en Suiza. En 1985 se crea el Servicio de
Investigación sobre Inversiones Éticas (EIRIS) con base en Londres, que constituye un
sistema de información integrado.
El alcance de estas experiencias es acotado, pero se ha incrementado en los últimos
años, luego de la crisis financiera internacional. En Holanda existen 13 ahorristas en la
banca ética por cada mil habitantes, y es donde la incidencia es mayor. La siguen
Dinamarca (4,49) y Suiza (3,91). El promedio ponderado es de 2,15. En general
quienes ahorran en la banca ética participan de distintos espacios y organizaciones
que desarrollan su actividad siguiendo determinados esquemas de valores, por lo que
36
Presentación de Francesco Vigliarolo en el Primer Encuentro del ciclo organizado por el PROFAESS: “Finanzas y
ética: ¿socios posibles? Debates y perspectivas para Argentina”, 30-4-13.
39
no priorizan obtener el máximo rendimiento: se preocupan especialmente por el
destino de los créditos otorgados por las entidades37.
Tal como ocurre con todas las experiencias de la economía social y solidaria, las
finanzas éticas llaman a la responsabilidad individual por las propias acciones, que
toma cuerpo a través del consumo. Siguiendo la teoría del dinero endógeno, los
bancos comerciales privados no están constreñidos por el monto de depósitos que han
podido captar del público para el otorgamiento de créditos. Por eso se dice que los
préstamos crean los depósitos y no al revés. En este sentido, nada garantiza que el
dinero depositado en bancos éticos no termine financiando actividades que nos son
responsables en términos sociales y ambientales.
El sentido de las finanzas éticas es propiciar a la responsabilidad de quien dispone de
capacidad de ahorro para el fortalecimiento de entidades con objetivos y prácticas
diferenciadas, en un sentido contrario a la indiferencia recíproca y el individualismo. Se
trata de que los ahorristas se diferencien de meros clientes que elige guiados
exclusivamente por el nivel de la tasa de interés, el riesgo y otros beneficios que
puedan brindar los bancos en la competencia por los ahorristas, que valoren y
fortalezcan otras prácticas. De allí surge la referencia a la inversión socialmente
responsable.
La banca ética no realiza actividades especulativas, sino que sólo invierte en la
economía real, tanto en actividades con beneficio social (como la inserción
sociolaboral, y la provisión de productos o servicios de utilidad social) como aquellas
con beneficio medioambiental. La definición de inversión socialmente responsable se
hace operativa a través de una serie de criterios positivos (incluyentes) y negativos
(excluyentes) para evaluar los instrumentos financieros y los actores que los utilizan.
El acceso a la información, en tanto, constituye otro aspecto central en estos
esquemas: quienes ahorran deben saber qué proyectos se financian. Por otro lado, la
banca no se guía por la maximización del beneficio y limita las diferencias salariales
entre los trabajadores que son parte de la organización (Emetrio y Retolaza, 2012).
Ciertas instituciones de la banca ética se encuentran bajo supervisión de los bancos
centrales en materia de liquidez y transparencia y no funcionan de modo democrático,
sino que el voto depende de la participación en el capital social, tal es el caso del
37
Presentación del Estudio sobre Potenciales Ahorristas y Donantes para esquemas de finanzas alternativas en
Argentina, Consultora Impacto Positivo y PROFAESS, Segundo encuentro, noviembre de 2013.
40
Triodos Bank. Otras instituciones, en tanto, funcionan de forma cooperativa y se
gobiernan a través de la Asamblea, en la que cada usuario tiene derecho a un voto
(como el Proyecto Fiare, la Banca Popolare Etica, Coop-57, O Peto, Oikocredit, La
Nef).
En Argentina el debate y conocimiento sobre las finanzas éticas es muy reciente.
Desde 2009 la Fundación Avina impulsó la estrategia “Finanzas éticas y solidarias”,
cuyo objetivo central era la creación de condiciones para instalar el primer banco ético
en el país. La creación de una banca ética en el país tendría el fin de brindar
financiamiento a los emprendimientos medianos de la economía social y solidaria, un
grupo social muy heterogéneo integrado por actores que van desde las empresas
recuperadas hasta las pequeñas cooperativas. Al ser un objetivo de mediano-largo
plazo, se instó a la creación de un grupo articulado para promover este debate, que
nació en 2011: el Grupo Promotor por una Banca Ética en Argentina (posteriormente
denominado PROFAESS, Promoción de Finanzas Alternativas para la Economía
Social y Solidaria). El Grupo fue fundado por instituciones como la Asociación Civil
Nuestras Huellas, Avina y la Fundación La Base, sumado a un grupo de especialistas
en la materia.
En simultáneo, desde Avina se diseñó la propuesta de creación de un fondo, el Fondo
Aveti, para atender las necesidades de emprendimientos maduros de la ES que
operan a partir de indicadores de sustentabilidad de triple resultado (social, ambiental
y económico), y que carecen de acceso al crédito comercial. El triple resultado implica
una innovación relevante en los que hace a los esquemas financieros en el país. En
este fondo, Avina trabaja en la selección y el acompañamiento de los proyectos, y
monitorea el plan de negocios. La inversión es en cuotas, liberadas conforme se van
alcanzando las metas de acuerdo al seguimiento de los indicadores. El Fondo, llamado
AVETI, articularía también alianzas con otras organizaciones para procurar el
desarrollo
comercial,
tecnológico
y
administrativo
de
los
emprendimientos
atendidos. Esta propuesta de Avina fue lanzada en conjunto con la entidad italiana
Etimos, quien aportó fondos iniciales por aproximadamente 500.000 dólares. Entró en
operaciones en junio de 2013 y ha realizado hasta el momento dos préstamos iniciales
a organizaciones de la economía social.
41
5) LA PRÁCTICA DE LAS FINANZAS SOLIDARIAS: LAS EXPERIENCIAS
RECOGIDAS
C.A.U.Que.Va y la Red de Organizaciones de la Economía Social en la Diversidad
“Tejiendo Esperanzas”38
C.A.U.Que.Va Ltda. (Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles
Quebrada de Humahuaca) es una organización social autogestiva integrada por
pequeños productores de la Quebrada de Humahuaca que pertenecen en su gran
mayoría a los pueblos originarios de la región. Tiene una historia de prácticamente
veinte años: se constituyó en 1996 luego de tres años de trabajo de organización y
capacitación en los que se fueron conformando grupos y asociaciones en 25
localidades de cuatro departamentos de las provincias de Jujuy (Tumbaya, Tilcara y
Humahuaca) y de Salta (Iruya). El objetivo de la organización es mejorar la calidad de
vida de sus socios impulsando actividades de diverso tipo (productivas, comerciales,
financieras, formativas y culturales).
La Cooperativa se integra por 106 socios de la Quebrada de Humahuaca. Estos
productores disponen de pequeñas propiedades, en promedio de 1,25 hectáreas de
superficie productiva. Se trata de una región con escasez de agua, que cuenta con
muy pocos caminos y grandes dificultades para la comunicación, con comunidades
rurales prácticamente aisladas. A su vez, existe en la región una gran diversidad de
organizaciones sociales rurales y urbanas. A partir de la estrategia de gestión
asociada de la CONAMI, muchas de estas organizaciones han logrado avanzar en los
últimos años en el tejido de redes, fortaleciendo la incidencia de los actores sociales
en el territorio.
La Cooperativa nació buscando dar respuesta a los problemas de comercialización de
los productos frutihortícolas de la región, realizando, entre otras acciones, ventas
directas en mercados de concentración de distintos lugares del país. Luego,
progresivamente, ha ido incorporando diversos servicios y acciones tendientes a
mejorar la calidad de vida de sus asociados. Entre sus actividades se encuentran la
distribución de semillas, multiplicando más de 100 variedades de diferentes cultivos
andinos. A su vez, la Cooperativa comercializa 17 productos, y 8 productos están
siendo desarrollados en la actualidad, entre los que se encuentran papas, semillas,
38
Fuente: Entrevista personal a Javier Rodríguez (Cauqueva – FOPAL); INTA-CIPAF (2010), Rodríguez (2010), sitio
web de C.A.U.Que.Va e informes brindados por la Organización.
42
purés, fideos, alfajores y harinas39. Cauqueva facilita también los servicios de flete y la
provisión de insumos.
Por otro lado, se realizan desde la Cooperativa actividades de formación. Existe un
programa de alfabetización de mujeres adultas, y se brinda capacitación continua a
productores y organizaciones en temas productivos, organizativos, administrativos y
de gestión con paquetes y herramientas pedagógicas propias. De estas actividades
participaron hasta el momento 78 organizaciones, y más de 500 estudiantes por año
realizan pasantías, exposiciones, clases y visitas educativas a la organización.
C.A.U.Que.Va cuenta también con un restorante propio y erigió el espacio social
Museo de la Vida Campesina, tendiente a la valorización cultural de la región.
Las capacidades organizacionales de C.A.U.Que.Va. han evolucionado notablemente
desde su nacimiento. Se ha conformado un grupo de dirigentes para la conducción de
la institución, que integran el Consejo de Administración, y un grupo de jóvenes que
constituye el equipo técnico operativo que ejecuta las acciones delineadas por la
Asamblea y el Consejo de Administración. A partir de un financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) al que accedió en el año 2000, la Cooperativa pasó
a gestionar su propia cartera de créditos en una región con difícil acceso al sistema
bancario y donde los préstamos otorgados por intermediarios son en general de
características usurarias. La Cooperativa cuenta en la actualidad con cuatro líneas de
crédito:
1. Línea de capital de trabajo con período de gracia y devolución estacional,
orientada fundamentalmente a productores agropecuarios (plazo máximo de 12
meses).
2. Línea de inversiones en bienes de capital, con mayores plazos (de hasta 36
meses).
3. Línea de capital de trabajo para actividades en fase comercial activa, dirigida
principalmente a emprendedores urbanos (con devolución semanal y plazo
máximo de 12 meses).
4. Línea de emprendimientos grupales, orientada a proyectos asociativos, a fondear
bancas comunales en funcionamiento, o a iniciar el proceso de constitución y
afianzamiento de las mismas.
39
Los 25 productos son: papas andinas en fresco, semillas de papas andinas, maíz en grano, maíz en mazorcas,
kiwicha en grano, quínoa lavada en grano, puré de papas andinas deshidratado, papas andinas precocidas envasadas
al vacío, ocas glaseadas, ocas en almíbar, quínoa pre cocida, quínoa tostada, harina de maíz capia, harina de maíz
morado, harina de kiwicha, harina de quínoa, harinas mezcla, alfajores maíz capia, alfajores kiwicha-trigo, fideos maíz –
habas, fideos maíz – quínoa, fideos maíz – kiwicha, fideos maíz, fideos trigo – kiwicha y fideos trigo – quínoa.
43
Los créditos se entregan en 2 ó 3 etapas, según la decisión del Comité. El monto
máximo de cada préstamo es de $10.000, que se divide en una primera etapa por
hasta $5.000, otra por hasta $8.000 y una tercera por hasta $10.000. En cuanto a las
garantías, son mancomunadas: los emprendedores deben ofrecer un pagaré firmado
en forma conjunta por un garante con recibo de sueldo. Para proyectos grupales existe
la opción de utilizar garantías solidarias. Antes del lanzamiento del Programa Nacional
de Microcrédito, la tasa de interés se encontraba asociada al crédito del BID y era
entonces del 24% anual, salvo en la línea de cultivos andinos, que contaba con una
tasa del 5%. Con la nueva operatoria del Ministerio de Desarrollo Social, la tasa
general se redujo al 6%, aunque para los créditos con fondos del BID la tasa puede
ser superior.
De acuerdo a Javier Rodríguez (Cauqueva), el microcrédito es útil especialmente
cerca de la cosecha, cuando tienen lugar las negociaciones con los intermediarios
sobre las condiciones de venta, y los productores se encuentran muy limitados
financieramente. La disponibilidad de microcréditos en ese momento reduce la brecha
en el poder de negociación que beneficia a los intermediarios, mejorando los ingresos
de los productores (Rodríguez, 2010).
Los emprendedores son capacitados para estar en condiciones de elaborar sus
propios proyectos de inversión apropiándose de los contenidos. Luego los Comités de
Crédito deciden sobre la aprobación. C.A.U.Que.Va. cuenta con dos Comités propios,
constituidos por agricultores asociados a la Cooperativa elegidos en Asamblea. El
hecho de que los Comités se encuentren íntegramente conformados por los propios
agricultores minifundistas es considerado por la Cooperativa como uno de sus
principales logros. Los Comités constituyen un espacio de participación y aprendizaje
muy valorado por quienes los integran, por períodos de dos años. Una vez financiado
el proyecto se acompaña a los proyectos para identificar problemas o avances y poder
realizar sugerencias o canalizar necesidades de asistencia técnica.
A partir de la sanción de la Ley Nacional de Microcrédito en 2006 la Cooperativa ha
extendido su acción no sólo a sus asociados, sino también a otros emprendedores de
la región. En 2007 comenzó a constituirse la Red de Organizaciones de la Economía
Social en la Diversidad “Tejiendo Esperanzas”, ampliado la cobertura de microcréditos
y favorecido el fortalecimiento institucional. Muchas de las organizaciones integrantes
no habían logrado hasta ese momento trabajar en forma conjunta, y tenían vínculos
limitados por la competencia o la desconfianza. En la actualidad, la metodología de
44
participación ha permitido la coexistencia y la búsqueda de consensos. La unión de
intereses alcanzada es considerada por la Cooperativa como un hecho de suma
importancia.
La Red “Tejiendo Esperanzas” ha desarrollado distintas instancias de participación,
fundamentalmente la Asamblea y los Comités de créditos. En la Asamblea cada
organización dispone de un voto, y es allí donde se definen las principales líneas de
acción. Los Comités, en tanto, son subgrupos integrados exclusivamente por
miembros con presencia en los distintos departamentos. Se conformaron ocho
Comités Interinstitucionales Departamentales de la Red (Mapa 1), centros que rigen la
aplicación del Programa para quienes no son socios de la Cooperativa. Los Comités
se integran con un representante por organización local. A futuro se espera que se
incorporen nuevas asociaciones a la Red y se abran nuevos núcleos en aquellas
zonas no cubiertas, superando las 100 organizaciones en el corto plazo. La
participación creciente de entidades permite al mismo tiempo comprometer a una
mayor cantidad de profesionales.
La Red está integrada por 64 organizaciones, de las provincias de Jujuy y Salta, entre
las que se encuentran organizaciones de pueblos originarios, cooperativas,
asociaciones de productores y de artesanos, centros vecinales y fundaciones. Estas
organizaciones son en su amplia mayoría de primer grado (salvo cuatro, de segundo
grado), y son referencia de 5.552 familias de la región. La Red ha otorgado hasta el
momento 2.786 créditos por más de $10,8 millones, 520 de los cuales, por más de
$2,5 millones, corresponden a C.A.U.Que.Va. La incobrabilidad de los créditos
otorgados es nula: existen problemas de atraso por dificultades de los emprendedores,
pero con plena devolución una vez superada la dificultad.
La Red cuenta con una amplia cobertura y extensión territorial, lo cual le otorga un
gran potencial para el desarrollo de la comercialización conjunta y la conformación de
sistemas de intercambio. Ya se realizaron algunas acciones asociadas, como ferias y
compras conjuntas. A su vez, existen propuestas para trabajar en materia de vivienda,
salud y educación de modo de intervenir en el desarrollo local integral de la región.
Otro aspecto a rescatar es que la Red cuenta con una alta participación de mujeres.
Mapa 1. Los Comités Interinstitucionales de la Red de Organizaciones de la
Economía Social en la Diversidad “Tejiendo Esperanzas”
45
1
2
3
4
5
6
7
8
Fuente: Rodríguez (2010)
El Banco Social, proyecto de extensión de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP)40
El Banco Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) constituye la primera
institución del país en gestionar un fondo de microcrédito desde una Universidad
Nacional, trascendiendo la mera asistencia financiera para incluir al microcrédito entre
una serie de herramientas de intervención integral para el fortalecimiento de la ESS. El
objetivo del Banco Social ha sido es constituirse en una herramienta para el
escalamiento organizativo y el fortalecimiento de la confianza en los grupos de
usuarios, buscando que de esta manera logren encontrar soluciones colectivas a sus
necesidades. Es de esta manera que fue creada la Feria Manos de la Tierra o que se
realiza la propia administración del fondo rotatorio. El Banco no constituye
exclusivamente un esquema de financiamiento sino que se erige como una estrategia
integral de desarrollo local.
El proyecto se inició en 2005 a partir del trabajo de un Equipo Promotor creado por
docentes y estudiantes de las facultades de Ciencias Agrarias y Forestales y de
Ciencias Veterinarias de la UNLP, a través de un trabajo inter-institucional que
involucró a 10 facultades y a 24 organizaciones de productores en un proyecto de
extensión. El Banco Social articuló también su actividad con otros organismos
estatales, como la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el INTA y los ministerios de
40
Fuente: entrevista personal a Sergio Dumrauf (CIPAF-INTA), integrante del Equipo promotor que dio inicio al Banco
Social, Fingerman (2013) y Minteguía et al (2013).
46
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. En los años
siguientes a su nacimiento el fondo rotatorio creció por los aportes provenientes del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aumentando el monto para préstamos, la
cobertura zonal, la retribución al trabajo de campo y el número de prestatarios. Con la
sanción de la Ley Nacional de Microcrédito, la tasa se ha unificó en un 6%. A partir del
año 2007 el Banco Social ha recibido financiamiento del Programa Fuerza Solidaria, lo
que ha permitido a ciertos grupos adquirir de forma asociada equipamiento de mayor
porte, como tractores. Y su alcance es relevante: ha llegado al 20% de las unidades
productivas familiares de la zona sur relevadas por el Censo Hortiflorícola.
El Banco Social brinda financiamiento a pequeños productores de la zona periurbana y
rural del Gran La Plata, fundamentalmente productores hortícolas. El esquema
funciona a través de la creación y el fortalecimiento de grupos integrados por entre 3 y
20 familias productoras que, en general, se conocen con anterioridad a integrar el
Banco Social. Mediante la realización de encuentros entre los productores se procura
fortalecer la confianza del grupo, y brindarles herramientas a los usuarios para que
estén en mejores condiciones de evaluar su actividad y el destino de los préstamos. A
su vez, la utilización de garantía solidaria implica que todos los integrantes se
involucren en la actividad de sus pares.
En cuanto al fortalecimiento de los lazos en el territorio, en 2008 se promovió desde el
Banco Social la conformación de un consejo de productores, órgano democrático
constituido por representantes de los 22 grupos en funcionamiento. Es un espacio de
consulta y toma de decisiones donde se analiza el esquema de microcrédito del Banco
(montos, plazos, destinos y esquemas de renovación) y se exploran otras alternativas
de financiamiento. A su vez, buscando otorgar integralidad al proyecto, se discuten los
lineamientos generales, se relevan nuevas demandas y se generan actividades que
exceden lo estrictamente financiero.
Desde este ámbito, en la primera reunión surgió como prioritaria la necesidad de
mejorar las condiciones de comercialización de los productores, especialmente de los
de menor tamaño. Se decidió entonces comenzar a trabajar en la gestión de una
Feria, que tuvo lugar en octubre de 2008 en la Facultad de Agronomía, la Feria Manos
de la Tierra, del productor al consumidor. La Feria fue muy exitosa, por lo que se
decidió su continuación: en la actualidad se desarrolla una vez por semana en la
Facultad de Agronomía y una vez por semana en la de Ingeniería. El precio de los
productos frescos que se comercializan se decide en la Feria el mismo día, y es igual
47
en todos los puestos. Son ferias muy visitadas por los vecinos de la ciudad, que
permiten un contacto directo entre productores y consumidores, uno de los objetivos
que persiguen las experiencias de ESS. En este tiempo se ha logrado avanzar
también en la organización y autonomía de los productores en lo que hace a la gestión
de la Feria.
El Banco Social también ha impulsado la conformación de un Fondo de Ahorro Grupal
(FAG) en cada grupo, alimentado mes a mes con los aportes de los productores en
concepto de interés. En lugar de ser administrado por el Banco Social, estos recursos
quedan a disposición de cada grupo, que decide su destino y las características
particulares de la operatoria. En algunos casos el FAG es utilizado como una fuente de
crédito propia para un miembro del grupo que lo necesita; en otros ha financiado los
gastos para la conformación de una organización mayor, como una cooperativa o
asociación civil, la adquisición de cierta maquinaria o la realización de una obra de
infraestructura de uso conjunto.
El objetivo para la creación del FAG fue fortalecer la autonomía y la autogestión de los
grupos. En su diseño, el equipo promotor consideró que el FAG podría constituir un
antecedente organizativo y de gestión para una futura descentralización de fondos de
crédito hacia los grupos de productores. Y esto ha comenzado a ocurrir en los últimos
dos años. Dada la escasez de recursos humanos y financieros, no se han abierto
nuevos grupos desde entonces. El Banco ha estado reformulando su estrategia. Se ha
optado por instar a ocho grupos, los más maduros y que ya han realizado varias
rondas de créditos, a que manejen sus propias carteras de forma independiente,
mediante fondos rotatorios. Esta estrategia de descentralización ha resultado exitosa.
El trabajo en conjunto de los productores-vecinos y el fortalecimiento de la confianza
ha permitido compartir saberes sobre aspectos productivos y comerciales, pero
también sobre otros temas que hacen a la calidad de vida de los agricultores
familiares. Asimismo, varios de los grupos conformados a través del Banco participan
de los programas de Cambio Rural del INTA.
El Banco Social de Moreno41
El Banco Social de Moreno ha sido parte de una estrategia integral de apoyo a los
emprendedores de la ESS llevada adelante por parte del Municipio desde 1995, la cual
ha combinado al microcrédito con diversas acciones de acompañamiento técnico,
41
Fuente: Entrevista personal a Eduardo Rodríguez (ex integrante de Desarrollo de Canales de Comercialización –
IMDEL y del Banco Social), Minteguía et al (2013) y Basterrechea (2011).
48
financiero y organizativo para colaborar en el desarrollo de los emprendimientos y en
la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Moreno. Esta trayectoria de
prácticamente veinte años ha permitido que tanto el equipo de trabajo de las áreas de
gobierno involucradas como los emprendedores avanzaran en un proceso de
aprendizaje virtuoso que fue mejorando la forma de intervención. Como parte de esta
evolución, se han realizado transferencias metodológicas a organizaciones sociales de
distintos puntos del país.
El Banco Social nace a partir de un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la
Asociación Civil Centro IDEB Moreno, una estructura mixta integrada por
representantes
del
Municipio,
cámaras
de
empresarios,
comerciantes,
microempresarios y productores rurales. Inicialmente la intervención se concentró en
la realización de actividades de capacitación sobre Gestión, Ventas y Producción y
comercialización de alimentos. Desde el IMDEL, Instituto Municipal de Desarrollo
Económico Local (un instituto descentralizado del Municipio) se creó también el Centro
Municipal de Diseño y Desarrollo de Productos, con el objeto de asistir a los
emprendedores a mejorar la calidad y presentación de sus productos.
El Banco Social nació en el contexto de la profunda crisis económica y social que
azoló a la Argentina en 2001, y ha iniciado desde entonces un proceso de desarrollo
organizativo e institucional que ha potenciado su intervención en el territorio. Desde la
sanción de la Ley de Microcrédito en 2006, el Banco ha contado con financiamiento
continuo, pudiendo también reducir la tasa de interés al 6% anual para todas sus
operatorias. Entre los emprendimientos financiados se encuentran talleres, pequeños
emprendimientos productivos y comercios. El proyecto logró un gran alcance,
otorgando 21.325 créditos a julio de 2013 a 5.791 emprendedores por más de $29
millones,
con una mora
muy reducida,
del 1,6%.
Nos interesa destacar
fundamentalmente su avance hacia constituir una herramienta integral de desarrollo
local. La importante participación del Estado en el proyecto le ha brindado una mayor
potencia a la estrategia, articulando al financiamiento con otras herramientas públicas
de apoyo.
Se ha elegido como rubros prioritarios a aquellos con una mayor cantidad de
emprendimientos en el Municipio: la producción textil y la gastronomía. En 2004
productores que tomaron créditos del Banco Social crearon la marca asociativa HEM
Hecho en Moreno. En la actualidad la Municipalidad de Moreno tiene registradas a su
nombre las marcas Hecho en Moreno, Hecho en Moreno Provincia de Buenos Aires y
49
Hecho en Moreno Gastronomía en distintos rubros. La Municipalidad le brinda a los
emprendedores la posibilidad de su uso mediante acuerdos firmados con cada uno de
ellos, pero mantiene la titularidad. Para el sector textil, a través de HEM se
comercializan prendas confeccionadas y elaboradas de forma asociativa. HEM busca
alentar un consumo responsable, buscando mostrar calidad y diseño vinculados a los
valores de la ESS.
En cada temporada los productores y los técnicos trazan de forma conjunta una
colección especial para la marca durante la temporada. Los productores no están
autorizados a vender bajo la marca HEM sus propios diseños, sino que HEM es una
marca asociativa, exclusiva para los productos de la colección. De allí que los
denominen productos de “apropiación colectiva”. Cada emprendedor o emprendedora
se hacen responsables de uno o más productos de la colección, aunque si existen
pedidos que exceden la capacidad de alguno de ellos, trabajan en forma conjunta para
darle respuesta.
Las marcas asociativas se han constituido en articuladores de toda una serie de
políticas que se venían instrumentando desde el Municipio hacia el sector de la ESS,
en contacto muy estrecho con los productores. El Banco Social es el soporte financiero
de la marca. La comercialización, el aspecto en el que los productores encuentran
mayores dificultades, se realiza por intermedio del IMDEL (Instituto Municipal de
Desarrollo
Local),
a
través
del
Programa
de
Desarrollo
de
Canales
de
Comercialización. Se dispone de un local propio, se realizan ventas por contacto
directo y también a través de revendedores. Se trabaja en promedio con 30
productores en el rubro gastronómico, y otro tanto en el sector textil, mujeres en su
amplia mayoría. Se han constituido dos cooperativas, una por cada rubro de
actividad42, de modo de poder facturar por montos mayores a los permitidos por el
régimen de Monotributo Social y, fundamentalmente, descargar el IVA.
Con el fin de financiar la producción de las marcas asociativas nace en el año 2007 el
Banco de Insumos para el Rubro Gastronómico y Textil. Consiste en un fondo
aportado por el Banco Social de Moreno que financia la compra mayorista de materias
primas a ser utilizadas por los productores asociados a la marca asociativa HEM. Los
42
Desde el año 2003 se crearon en el país nueve universidades nacionales, seis de las cuales nacieron en el
conurbano bonaerense, facilitando el acceso a la educación superior de a vastos sectores de la población
históricamente excluidos. Entre estas universidades se encuentra la UN de Moreno, que nació en 2010, y es la casa de
estudios de jóvenes que en general son de bajos ingresos, un 90% de los cuales constituyen la primera generación en
sus familias que accede a la formación universitaria. Desde hace dos años la Cooperativa Gastronómica originada en
el trabajo conjunto desde el Municipio atiende el Buffet de la Universidad. Se trata de la primera Universidad Nacional
cuyo buffet es atendido por una cooperativa de trabajo.
50
productores reciben un crédito de la entidad para hacerse de los insumos, que lo
devuelven en hasta tres cuotas. Esta herramienta ha permitido la disponibilidad
inmediata de los materiales para atender pedidos de reposición de clientes mayoristas,
reducir los costos al ganar escala, asegurar al productor la disponibilidad de la materia
prima en tiempo y forma, planificar los procesos adaptándolos a un volumen mayor y
generar una cartera de proveedores consensuada, logrando la estandarización de
materiales para la confección de los distintos artículos de la colección.
Reconociendo que gran parte de los revendedores financiados por el Banco Social se
abastecían en los mercados mayoristas de la Salada u Once, limitando su impacto en
el desarrollo del territorio, en 2008 se lanzaron las Rondas de negocios “Moreno
Produce”, jornadas de compra-venta de indumentaria, calzado y accesorios en donde
se encuentran productores de distintos programas del IMDEL con usuarios del Banco
Social de Moreno que se desempeñan como revendedores o comerciantes. Estas
rondas han buscado acortar la cadena de comercialización, procurando que los
resultados del trabajo generado en el territorio impacten en mayor medida en las
condiciones de vida de sus habitantes.
La forma de alentar a que los revendedores adquirieran productos de los
emprendedores de Moreno fue la oferta de financiamiento a través del Banco Social
para las compras a los productores participantes, que puede ser utilizado
exclusivamente en el evento. A su vez, los productores reciben créditos especiales
para contar con stock suficiente al momento de las Rondas. Hasta el momento se
realizaron siete rondas, con una periodicidad semestral. El objetivo es que productores
y revendedores establezcan vínculos que trasciendan estos dos encuentros anuales.
Las ventas concretadas se han incrementado notablemente a través de las distintas
ediciones, como así también el monto de crédito disponible y los asistentes. La
experiencia ha resultado muy exitosa, e incluso se están realizando capacitaciones a
otras organizaciones para que se encuentren en condiciones de replicarla.
Nuestras Huellas, un banco comunal en el conurbano bonaerense43
La Asociación Civil Nuestras Huellas (NH) nace con la misión de “promover el
desarrollo integral de las personas en sus comunidades mediante programas de
finanzas solidarias”, buscando adecuar los productos financieros a las necesidades
básicas de la población. Su trabajo consiste en acompañar la creación de bancos
43
Fuente: Meyer (2011), sitio web de Nuestras Huellas e información brindada por Paz González (Nuestras Huellas).
51
comunales en barrios vulnerables de las zonas norte y oeste del Gran Buenos. NH se
financia fundamentalmente en la actualidad través de Impulso Argentino-FONCAP.
Los bancos comunales que integran NH, compuestos por entre 7 y aproximadamente
20 personas, se autogestionan. Para participar en los bancos, es necesario tener
emprendimiento en funciones o haberlo hecho en el último tiempo. Los créditos
destinados a capital de trabajo o al mejoramiento de las viviendas únicas son
individuales, escalonados, y van desde los $2.000 a los $14.000 en el último ciclo. Se
utiliza la garantía solidaria.
Más allá de la asistencia crediticia, los socios reciben capacitación continua y
asistencia técnica en la implementación de la metodología de Bancos Comunales a
través del acompañamiento de un Coordinador. También se desarrollan talleres para
las líderes de los Bancos Comunales, de modo de mejorar la gestión y el crecimiento
de los grupos. Estas actividades procuran fortalecer un modelo autogestivo, la
autonomía financiera, y la generación de lazos solidarios en el territorio. Nuestras
Huellas creó una Escuela para Emprendedores en la que se trabajan herramientas de
gestión y administración, vinculadas con la práctica de los emprendedores, y que
incluye talleres teórico-prácticos, asistencia técnica personalizada, participación
en encuentros y ferias regionales y diseño de identidad y marca propia.
Los mecanismos de ahorro, programados y voluntarios, procuran trascender la
autogestión y alcanzar también la autonomía financiera. El ahorro de los grupos es
fruto y expresión del propio trabajo de las socias. Estas mujeres pasan de administrar
los ingresos de la familia a incorporar además los excedentes, generando un proceso
de aprendizaje y de fortalecimiento de su dignidad. Además, ese dinero ahorrado,
sumado al de las otras socias, se potencia generando un capital que permite atender
las necesidades de otros vecinos y vecinas. A agosto de 2013 se encontraban
funcionando 124 bancos comunales acompañados por NH, y 1.096 emprendedores y
emprendedoras recibían créditos. Se tata de mujeres en un 96,4%, las cuales
devuelven los créditos prácticamente siempre (99,64%). La cartera activa de la
Asociación Civil es de $ 1,31 millones de pesos, similar al monto ahorrado por los
bancos comunales mismos ($ 1,07 millones). Este último monto es gestionado por los
bancos y otorgado en sus propias comunidades. Desde 2007 NH otorgó $32,6
millones en créditos.
52
Cada Banco Comunal elige entre sus socias a una mesa directiva integrada por una
presidenta, una tesorera, una secretaria y una encargada de formación. Los cargos
son rotativos, y considerados un servicio a la Asamblea de Socias, máxima autoridad
en la toma de decisiones. El coordinador asignado de Nuestras Huellas facilita las
herramientas y la metodología del Banco Comunal. La Asamblea redacta su propio
reglamento con las políticas de crédito, derechos y obligaciones de las socias, el
formato de las reuniones, los valores y modos de unificar intereses y motivaciones:
cada Banco Comunal es autogestivo desde el primer día, y va creciendo
paulatinamente en autonomía financiera a medida que crece su capacidad de ahorro.
Los créditos se dirigen fundamentalmente a mujeres que tomaron la decisión de
trabajar por cuenta propia. Los motivos no son únicamente la búsqueda de la
subsistencia como “último recurso” ante la falta de un empleo formal, sino que van
desde el buscar generar un ingreso extra para el hogar (o un ingreso propio
independiente de la pareja), al haber heredado esa profesión de los padres, o el
querer desarrollar un oficio.
Asesorados por NH, los Bancos Comunales crearon la Caja Solidaria a partir de
fondos generados mediante rifas, bingos o la venta de comidas elaboradas, con el fin
de recaudar dinero para dar solución a situaciones de vulnerabilidad social y
económica (en general, momentáneas) en las que una socia no se encuentra en
condiciones de pagar una cuota completa. La importancia de prevenir este atraso no
es sólo, ni fundamentalmente, el control de los índices de morosidad, sino evitar que la
socia padezca el haber roto el compromiso con el grupo. Los Fondo Comunales, en
tanto, son generados por cada Bancos Comunal a partir de un porcentaje de los
intereses (y en algunos casos con aportes de cada miembro o logrados
colectivamente) que son prestados sin interés solamente a las socias, para atender
situaciones de emergencia, como problemas de salud. A su vez, NH propone y facilita
la inscripción de las socias de los Bancos Comunales en el Monotributo Social del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El Crédito al Consumo Solidario44 (Mesa de Promoción de Economía Social y
Solidaria –MePESS- de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui)
El Crédito al Consumo Solidario surge desde la Mesa de Promoción de Economía
Social y Solidaria (MePESS) como un sistema que involucra a consumidores,
44
Gallo et al (2013a) y (2013b).
53
productores y prosumidores buscando reorientar el consumo popular organizado hacia
experiencias de la ESS. La MePESS nace en 2006 como una red de gestión local
asociada que articula esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y el Estado, de
Quilmes, Florencio Varela y Berazategui para el fortalecimiento de la Economía Social
y Solidaria45.
Entendiendo que el consumo no es el fin del circuito económico, sino una etapa que
dinamiza a la producción y legitima ciertas prácticas por sobre otras, en 2008 la
MePESS inició la organización de Ferias de la ESS, buscando la construcción
conjunta de la oferta y la demanda. A partir del aprendizaje derivado de la
organización de las ferias, se comprendió que la articulación desde la oferta no era
suficiente para construir un mercado solidario, sino que se requerían esfuerzos para
involucrar a los consumidores. Es así que en el año 2009 se lanza el Crédito al
Consumo Solidario (CCS).
Desde la cooperativa de trabajo Despiertavoces y la MePESS, con el apoyo de la
CONAMI se ha buscado la creación de mecanismos que permitan reorientar la
demanda de bienes y servicios en general, y la de los sectores populares organizados
en particular, desde los sectores concentrados de la economía (que monopolizan los
canales de distribución y los sistemas de crédito al consumo, y dominan las cadenas
de producción con capacidad de construcción de precios) hacia la oferta de los
productores de la ESS organizados, fomentando sistemas de crédito.
Reconociendo como antecedente la experiencia del Banco Palmas de Brasil y otras
experiencias de intercambio con monedas alternativas, el CCS busca favorecer tanto a
los emprendimientos de la ESS como a los consumidores organizados, tendiendo al
reconocimiento mutuo y al conocimiento sobre los productos que se consumen y sus
procesos de elaboración.
El CCS consiste en el financiamiento a organizaciones vinculadas a la MePESS para
la compra de bienes y servicios en las ferias de ESS organizadas desde el espacio. Se
implementa a través de un Bono de Consumo Solidario, una moneda social que se
utiliza para adquirir bienes y servicios en la feria y que caduca al finalizar la misma. La
MePESS dispone fondos para la puesta en funcionamiento del CCS, que las
organizaciones de la red y las aliadas solicitan, reciben en forma de Bonos y reparten
45
En la actualidad, la MePESS se encuentra integrada por: Cooperativa de trabajo Despiertavoces, Cooperativa de
trabajo ICECOOP, COLCIC, el Colectivo de a Pie, EMAC, MOCAR, SONCKO, Municipio de Quilmes, PEU CREES
GLA – Universidad Nacional de Quilmes y Centro de Formación Profesional Nro 406 de Quilmes.
54
entre sus miembros para que adquieran productos en la feria. Luego, cada
organización recauda lo prestado a sus integrantes y lo devuelve a la MePESS en
cuatro cuotas consecutivas iguales sin interés.
El CCS fomenta la organización comunitaria (al implementarse sólo a través de
espacios asociativos), ayuda a las organizaciones y a los productores de la ESS a
vender sus productos y servicios en el mercado y permite a los consumidores
obtenerlos pagándolos en cuatro cuotas sin interés. A diferencia de los microcréditos
tradicionales que fomentan el trabajo a través de créditos individuales, el CCS trabaja
en la construcción de lazos de cooperación entre la oferta organizada existente y
organizaciones populares que logran nuclear a consumidores.
En las ferias que se realizaron hasta el momento han participado alrededor de 15
organizaciones cada vez como tomadoras de crédito. Los créditos en moneda social
puestos en circulación variaron de acuerdo al éxito de las ferias, ya que varias se
vieron afectadas por condiciones climáticas adversas, entre los $30.000 y los
$122.000, aproximadamente. Los fondos se originaron en aportes de integrantes de la
MePESS, de Fuerza Solidaria, y, sólo en 2010, de COSPE (una asociación civil
italiana).
La experiencia del CCS muestra que la apropiación de los actores y el diálogo con los
espacios
del
Estado
permiten
desarrollar
estrategias
creativas,
donde
las
organizaciones de base popular gestionan fondos públicos. Entre los desafíos de la
experiencia, desde la MePESS se reconoce la necesidad de multiplicar los mercados
de gestión participativa y el crédito al consumo solidario, alcanzando a otros rubros y
actores, comunicar la experiencia para que pueda ser replicada y converger junto a
otras experiencias similares en espacios más amplios de red para fortalecer la
construcción de poder y la representación política del sector.
La Base46
La Fundación La Base es una organización social que nació en Argentina y hoy
funciona además en Nicaragua y Estados Unidos. Su misión es impulsar el trabajo
asociativo y autogestionado llevado adelante por cooperativas, empresas recuperadas
y grupos asociativos que se rigen por reglas participativas y democráticas.
46
Elaborado en base a la entrevista personal a Julián Massaldi (integrante de La Base desde sus orígenes) y a la
presentación de María Eva Raffoul, integrante de La Base, en el Primer Encuentro del ciclo organizado por el
PROFAESS: “Finanzas y ética: ¿socios posibles? Debates y perspectivas para Argentina”, 30-4-13 y a entrevista
personal a Julián Massaldi (integrante de La Base desde sus orígenes).
55
Comenzó a gestarse en 2003 y los primeros préstamos fueron otorgados en 2005 a
partir de donaciones de su fundador Brendan Martin, un economista estadounidense
que luego de estudiar la Corporación Mondragón47 en España se propuso iniciar un
proyecto similar en Argentina: crear un fondo para cooperativas. Luego de realizadas
las pruebas del sistema de gestión y de la metodología a utilizar, en 2006 La Base
comenzó a recibir donantes individuales y a ampliar el equipo de trabajo, y en 2008 se
conformó como Fundación. Recibió fondos de la CONAMI en 2009 y 2011 para
trabajar con pequeñas cooperativas. En la actualidad el origen de los recursos se
encuentra en donaciones (tanto individuales, provenientes de EE.UU., como
institucionales), en fondos de la CONAMI, en Fondos del cooperativismo (Red Gráfica
y UST) y en los intereses recibidos por los préstamos.
Los sectores de actividad de los grupos son diversos, como así también los tamaños:
van desde los 3 a los 150 socios. Los montos de los créditos son más elevados que en
los esquemas de microcrédito: se encuentran entre los $2.000 y los $80.000. También
son más extensos los plazos, llegan hasta los 16 meses. La tasa de interés ronda en
la actualidad el 30% anual. Los proyectos, exclusivamente productivos, son coelaborados y evaluados entre La Base y los grupos asociativos. El préstamo es
desembolsado una vez aprobado en asamblea en ambas organizaciones, y a partir de
entonces el grupo recibe un acompañamiento permanente por parte de La Base.
Un aspecto especialmente relevante e innovador es que la herramienta no utiliza
garantías: el riesgo es compartido. El préstamo es devuelto una vez que con la
maduración del proyecto el grupo comienza a generar las ganancias esperadas, según
el calendario de devolución acordado previamente. Es decir, como uno de sus
principios La Base establece que el grupo asociativo con el que trabaja no puede
encontrarse con mayores dificultades financieras luego de realizado el proyecto. El
resultado debe ser siempre positivo. Sin la utilización de garantías, con sustento en la
confianza y la palabra, La Base muestra una tasa de devolución del 98%. Apenas un
2% de los créditos debieron considerarse perdidos. La amplia mayoría de los grupos
47
La Corporación Mondragón, el mayor grupo cooperativo del mundo, nació en los años cincuenta en el País Vasco a
partir de la iniciativa pionera de un sacerdote cooperativista jesuita, José María Arizmendiarrieta. Se ha extendido al
resto de España, y por los cinco continentes hasta constituir el primer grupo empresarial del País Vasco y el séptimo de
España. Está integrada por 256 empresas y a fines de 2012 contaba con 80.321 trabajadores. Uno de sus principales
proyectos en la actualidad es la creación de un polígono industrial en China, lo cual ha suscitado un gran debate en
torno a la misión y los valores que guían su actividad. La Caja Laboral de la Corporación, que inspiró a La Base, fue
concebida como una cooperativa de crédito para promover el ahorro popular y canalizar los recursos hacia el desarrollo
cooperativo de la Corporación. Desde su fundación ha concedido préstamos en condiciones ventajosas para rescatar a
cooperativas afectadas por la reconversión industrial y la crisis energética, llegando a otorgar condonaciones parciales
e incluso totales de los créditos cuando fue necesario.
56
lograron los ingresos esperados y se encontraron en condiciones de devolver los
créditos.
La Base debe usualmente atender a las cooperativas y grupos asociativos para que
hagan frente a contingencias, por lo que su intervención se centra, más de lo que
desearía, en las necesidades del corto plazo. En el vínculo que establece la institución
con los grupos para dar respuesta a sus necesidades urgentes, La Base procura
acompañarlos de modo que mejoren aspectos estructurales de su desempeño en el
mercado. En general, las áreas de ventas y administración son especialmente débiles
en las empresas recuperadas, quienes protagonizan aproximadamente la mitad de los
proyectos de la Fundación.
Desde su nacimiento La Base otorgó más de 600 préstamos por más de $15 millones
a más de 80 cooperativas, empresas recuperadas y grupos asociativos. El Fondo
rotatorio es en la actualidad de aproximadamente $450.000 y resulta insuficiente para
la demanda que recibe La Fundación, además de que su impacto se ve menguado por
los niveles de inflación. La principal necesidad actual para extender su actividad e
impacto se encuentra en la disponibilidad de fondeo.
El Fondo Rotatorio de Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA)48
Ante el aumento del desempleo como parte integrante del modelo económico
neoliberal de los años noventa, los trabajadores que perdieron su fuente de trabajo
desarrollaron estrategias cooperativas y de autoempleo. Fue así que se produjo un
gran crecimiento del sector cooperativo nacional integrado por 12.760 cooperativas
con 9,4 millones de asociados (INAES, 2008). FECOOTRA está conformada por 70
cooperativas de distintos tamaños, sectores y antigüedad, incluyendo desde grandes
cooperativas con cincuenta años de historia hasta empresas recuperadas por sus
trabajadores y, con un gran crecimiento en los últimos años, cooperativas de
profesionales, dedicadas, por ejemplo, a realizar desarrollos de software libre.
Desde la Federación se reconoce a la falta de acceso al crédito formal como un
problema central y común a la mayoría de las cooperativas, que afecta especialmente
a las empresas recuperadas. La reivindicación por el derecho al crédito, en lugar de la
procura de subsidios, es clara en FECOOTRA. Desde febrero de 2011 FECOOTRA
tiene en funcionamiento un Fondo Rotatorio Cooperativo que brinda créditos para
48
Fuente: Entrevista personal a Manuel de Arrieta (FECOOTRA)
57
capital de trabajo, la compra de maquinaria y/o equipos, y la inversión en
infraestructura. El Fondo fue creado a partir de una necesidad clara: los créditos o
subsidios a los que lograban acceder las cooperativas de la Federación llegaban con
demoras excesivas.
Los créditos del Fondo son por hasta $250.000, a un plazo de hasta 12 meses y a una
tasa de interés nominal anual del 30% -y del 24% para las cooperativas con más de un
año de antigüedad como asociadas de FECOOTRA-. En la actualidad el Fondo se
está utilizando también para la compra de papel directamente a Papel Prensa S.A., por
parte de las cooperativas de la Red Gráfica, con plazos de 90 días y un monto máximo
de entre $300.000-$350.000. También se ofrece una línea de descuento de cheques, y
microcréditos con fondos de la Comisión Nacional de Microcrédito y del Programa
Fuerza Solidaria. A noviembre de 2013 el Fondo alcanzó una cifra relevante: los $4,2
millones, con una mora de apenas el 3%. La única garantía utilizada es la palabra
empeñada. El Fondo se encuentra íntegramente prestado, otorgando prioridades de
acuerdo a las necesidades de los socios.
El Banco Palmas (Brasil) 49
En Brasil, el movimiento social de la economía solidaria fue ganando una importancia
y articulación creciente, cuando iniciativas diversas del sector se fueron articulando en
red hasta dar origen en el año 2000 a la Red Brasileña de Socioeconomía Solidaria
(RBSES). Esta red y el Grupo de Trabajo Brasileño de la Economía Solidaria, han
impulsado al movimiento integrado por una diversidad de actores guiados por la
búsqueda de soluciones conjuntas a las dificultades derivadas de la concentración y
exclusión de los mercados.
Este movimiento constituido en un actor de peso ha trabajado en articulación con el
Estado a partir de la asunción en la presidencia de Lula da Silva del Partido de los
Trabajadores en 2002. Fue así que en 2003 se creó la Secretaria de la Economía
Solidaria (SENAES) dependiente del Ministerio del Trabajo y Empleo, y se nombró
como Secretario al profesor Paul Singer, propuesto desde la Red. El reconocimiento
institucional de la economía solidaria ha redundado también en la elaboración de
estadísticas propias a través del Sistema Nacional de la Economía Solidaria (SIES)
(Pastore et al, 2013).
49
Fuentes: Instituto Palmas & NESOL-USP (2013), Relatorio Anual 2012 del Instituto Palmas. Traducción propia.
58
El Banco Palmas es el primer Banco Comunitario de Desarrollo (BCD) de Brasil: nació
en 1998 en el barrio Conjunto Palmeira, un barrio con extendidas necesidades
insatisfechas en la periferia de la ciudad de Fortaleza, en el Estado de Ceará. A partir
del éxito logrado, desde 2003 la Secretaría Nacional de Economía Solidaria de Brasil y
las organizaciones sociales trabajaron de forma articulada para multiplicar los bancos
comunitarios, que en la actualidad son 103 esparcidos en 19 estados y organizados en
la Red Brasileira de Bancos Comunitarios. Prácticamente un tercio de estos bancos
comenzaron a funcionar en 2012, y debido a este rápido crecimiento el Banco creó el
Instituto Palmas, con el objeto de reproducir la metodología desarrollada. A pesar de
su pequeña escala, se ha constituido en una experiencia reconocida en el campo de la
ESS por su aporte a la inclusión social y al desarrollo comunitario.
Los bancos comunitarios se distinguen de las prácticas de microcrédito tradicionales
ya que se ocupan del territorio al que pertenecen (comunidad, barrio, pequeño
municipio), y es por este motivo que invierten simultáneamente en la capacidad de
producción, de generación de servicios y de consumo local: su mayor compromiso es
con la construcción de redes locales de economía solidaria a través de la articulación
de productores, prestadores de servicios y consumidores locales (Carvalho de França
Filho, 2013).
En estas economías llamadas de prosumidores, los moradores son productores y
consumidores a la vez, lo cual tiende a fortalecer la cooperación. Las herramientas
financieras se articulan con estrategias de comercialización, como las ferias y
comercios solidarios, y las actividades de formación, ampliando localmente las
capacidades del territorio para promover las posibilidades de trabajo y generación de
ingresos. Pensando el desarrollo en un sentido integral, se busca la mejora en las
condiciones de vida de la población y el acceso al trabajo y a los bienes y servicios
necesarios, como también cambios en la calidad de las relaciones sociales,
fortalecidas con espacios de participación y encuentro. Más importante que cada una
de las acciones, es la articulación entre ellas y la dinámica local, económica y social
que se genera (Equipe NESOL-USP, 2013; Carvalho de França Filho, 2013).
Otra característica importante de los bancos comunales de desarrollo es que la
concesión del crédito es definida por un Comité de Crédito, que suele ser integrado
por el promotor, trabajadores del banco comunitario y moradores: la toma de
decisiones es colectiva. Incluso el proceso de concesión también es un momento de
apropiación de conocimiento por parte del morador sobre sus propias finanzas (Equipe
59
NESOL-USP, 2013). El modo de actuar en el territorio de los Bancos, basado en
relaciones de proximidad y en la movilización de ciertos valores y principios (la
confianza mutua, la participación ciudadana o los mecanismos de solidaridad
redistributiva), marcan su singularidad como organización.
Desde el Banco Palmas se creó la moneda social del Conjunto, el Palmas, que se
puede utilizar en todos los comercios del barrio obteniendo un descuento del 5%. La
moneda social ha permitido aumentar la masa monetaria circulante en el territorio. A
diferencia de la moneda fiduciaria oficial, de curso legal y obligado por ley, garantizada
y monopolizada por el Estado, la moneda social complementa la moneda oficial y no
es obligatoria su aceptación. Los derechos y obligaciones que involucra corresponden
al ámbito privado. A su vez, al ser aceptada sólo en los comercios locales, no tiene
sentido su acumulación. En Brasil las monedas sociales se encuentran muy
extendidas: existen más de 80 monedas sociales funcionando en diversas localidades
(Carvalho Filho, 2013).
En 2010 fue lanzado el Programa Nacional de Finanzas Solidarias, que destinó 10
millones de reales a proyectos de financiamiento e implantación de bancos
comunitarios en Brasil. Por otro lado, en forma vinculada a las actividades del Banco,
se desarrolla la Red de Economia Solidaria del Conjunto Palmeira. La Red trabaja con
una Escuela de Moda y una marca colectiva propia: un espacio de formación y
producción ubicada en la sede del Instituto Palmas. También dispone de un espacio
de comercialización permanente donde se exponen los productos elaborados en el
barrio y quincenalmente se realizan ferias, animadas por artistas locales, desfiles y
festividades regionales. Además realiza actividades de capacitación, como el curso de
consultores comunitarios, que permite que parte de los jóvenes formados en estos
cursos se integren a trabajar en el Instituto o el Banco Palmas.
La Red realiza también diversas actividades vinculadas con el desarrollo social y
cultural del barrio. La Compañía Bate Palmas es un emprendimientos de arte,
educación y cultura cuyos participantes son jóvenes del Conjunto Palmeira. Fabrican
instrumentos musicales, realizan grabación de CDs en un estudio propio, cursos de
arte, montaje de espectáculos y presentaciones artísticas. La Compañía genera
trabajo e ingresos para cerca de 30 adolescentes de la comunidad en el marco de la
economía solidaria. Con el PROYECTO 1.000 JÓVENES 10 IDEAS los jóvenes del
barrio son movilizados para crear alternativas de mejora del barrio. En un evento final
60
son escogidas 10 ideas a ser implantadas. En 2011, con el tema “1.000 jóvenes, 10
ideas para un Barrio Sustentable” se presentaron más de 2.000 propuestas.
Un desafío de los bancos comunitarios de desarrollo es alcanzar una escala de
operaciones que permita generar los recursos propios necesarios. De allí la
oportunidad de articularse con otras organizaciones para ganar en escala. En este
sentido va el proyecto Banco de la Periferia: una red de 40 bancos que colaborarán
entre sí potenciando las experiencias, e incrementando el poder de negociación de los
bancos. A su vez, se espera que esta red pueda luego asociarse a una red mayor de
cooperativas de pequeños comerciantes y prestadores de servicios. El fondo de
crédito de estos 40 bancos es asegurado por el Instituto Palmas con recursos del
Banco de Desarrollo de Brasil, el BNDES, y no se trata de un programa de gran
escala: durante los primeros 4 años serán necesarios 8 millones de reales. El Banco
Palmas elaboró también una Matriz de Indicadores para el Monitoreo y Evaluación de
la Estrategia de los Bancos Comunitarios con el objetivo de contribuir a la
sistematización del impacto que incluye los ejes estructurales de los bancos
comunitarios: Inclusión socioeconómica y financiera, participación y control social,
Desarrollo de capacidades y Desempeño institucional.
Dos experiencias de banca ética: La cooperativa de servicios financieros
COOP57 (España50) y la Banca Popolare Ética (Italia)51
COOP57 nace en Cataluña, España, a partir de la lucha de los trabajadores de la
Editorial Bruguera para mantener sus puestos de trabajo. Cuando la Editorial cerró
definitivamente sus puertas, un grupo de antiguos trabajadores creó un fondo con
parte de las indemnizaciones que recibieron por su despido para promover proyectos
económicos que crearan puestos de trabajo de calidad, especialmente aplicando
modelos cooperativos.
A partir de este fondo, en 1996 se creó la cooperativa de servicios financieros
COOP57, que en 2005 comenzaría a crecer en red utilizando el modelo, la estructura
jurídica y técnica de COOP57, pero permitiendo la autogestión de cada experiencia
territorial. Nacieron así COOP57 Aragón (2005), COOP57 Madrid (2006), COOP57
Andalucía (2008) y COOP57 Galicia (2009). En todos estos casos, resultó clave la
existencia de una red de economía social y solidaria en el propio territorio capaz de
gestionar el modelo.
50
Sitio Web de Coop57
Fuente: Presentación de Francesco Vigliarolo en el Primer Encuentro del ciclo organizado por el PROFAESS:
“Finanzas y ética: ¿socios posibles? Debates y perspectivas para Argentina”, 30-4-13.
51
61
COOP57 cuenta con dos tipos de socios. Los socios plenos son organizaciones de la
economía social (cooperativas, asociaciones, fundaciones y otras entidades) que
realizan una actividad económica de forma autónoma. Los socios plenos participan en
la Asamblea de la sección territorial de COOP57 a la que pertenecen y cada socio
dispone de un voto, con independencia de los aportes efectuados. Las solicitudes de
crédito son analizadas por una Comisión Técnica integrada por personas vinculadas a
la economía social y solidaria en el territorio. Además de las entidades de la economía
social, las personas físicas pueden participar de COOP57, bajo la forma de socios y
socias colaboradores. Los colaboradores no están en condiciones de recibir
préstamos, ya que se prioriza la financiación de proyectos económicos colectivos. Los
socios/as colaboradores/as participan en la Asamblea, están en condiciones de elegir
y ser elegidos/as para los cargos de los órganos sociales, pero su voto no puede
superar el 25% del total. Hasta el momento, COOP57 ha otorgado más de 700
préstamos a proyectos de entidades de la economía social y solidaria con la doble
exigencia de viabilidad económica y rendimiento social.
La Banca Popolare Ética, en tanto, nace en Italia en 1999 bajo la forma cooperativa.
Entre sus principales asociados se encuentran diversas organizaciones sociales, como
Amnistía Internacional, Cáritas, Etimos y centrales sindicales, entre otras. El banco es
sustentado por un gran número de socios dispersos en todo el territorio que suscriben
sus acciones y participan en un proceso de decisión democrático según el principio de
una persona, un voto. Cuenta con 60 circunscripciones locales, que constituyen puntos
de encuentro y participación y brindan también al banco la posibilidad de disponer de
un contacto directo en el territorio y de evaluar periódicamente el apoyo público a sus
actividades.
En cuanto a la evaluación de los proyectos a financiar, además de los procedimientos
tradicionales, se analiza el impacto de los emprendimientos sobre el bien común y el
medioambiente: i) la fiabilidad (viabilidad) del proyecto (análisis económico y técnico);
ii) el impacto ambiental y social (basado en una metodología definida –VARI-valores,
requisitos, indicadores) y iii) la relación de confianza que se establece entre la
organización y la banca. El sistema de gestión de responsabilidad social está
integrado por un código ético, el Balance Social, el Valor Social y la Evaluación SocioAmbiental de las personas jurídicas. Los clientes, ahorristas y/o beneficiarios del
crédito de la Banca firman una declaración de aceptación de los principios de la Banca
Ética (art. 5 de los Estatutos de la Banca), que ya hemos detallado. En cuanto a la
apertura de la información, en la Web de la Banca y en su revista (Bancanote) se
62
publican datos sobre los préstamos concedidos: nombre del prestatario, importe y
destino.
Al 28 de febrero de 2013, la Banca contaba con un Capital Social de más de €43
millones y un total de 38.095 socios (32.202 personas y físicas y 5.893 personas
jurídicas). Los depósitos eran de € 805.946.000, €799.599.000 de los cuales estaban
otorgados en préstamo. Se habían financiado hasta el momento 7.033 proyectos. En
lo que hace a las garantías, la confianza en el proyecto es un aspecto central. Menos
de la mitad de las garantías utilizadas son reales: se utiliza generalmente el aval de las
redes sociales a las que pertenecen los tomadores o el propio contenido de los
proyectos.
6) CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Las transformaciones en los distintos planos de la existencia humana y su vínculo con
la Naturaleza que se han producido desde los años 1970, y fundamentalmente a partir
de que el sistema capitalista soltara amarras con la desaparición del campo soviético y
la creación de un mundo unipolar, han afectado notablemente la calidad de vida de las
personas, y no sólo de aquellos grupos sociales excluidos que afrontan situaciones de
marginación extrema, sino de todos quienes integramos sociedades que se han vuelto
profundamente inequitativas. De allí que uno de los lemas del movimiento
antiglobalización sea que “no es imperioso combatir la pobreza, sino que lo que es
imperioso combatir es la riqueza”. Los efectos de la globalización se hacen sentir en
todos los rincones del planeta, y exceden ampliamente el plano económico para
involucrar a la política, las relaciones sociales, las condiciones ambientales, e incluso
el carácter, atacando las nociones de permanencia, confianza en los otros, integridad y
compromiso.
En varios países de la región se han venido desarrollando procesos singulares de
redefinición sociopolítica, en los que el Estado ha reasumido su rol como orientador
del desarrollo económico, en oposición a los modelos neoliberales de exclusión que
predominaron en la década de 1990. Los Estados han ganado autonomía respecto de
las instituciones hegemónicas de poder mundial, se han reconstruido proyectos
estratégicos regionales (MERCOSUR, UNASUR, ALBA) y se ha avanzado en la
reorientación productiva de las economías con un mayor dinamismo de los mercados
internos.
63
Entre estas transformaciones, en diferentes formas y escalas, la ESS se ha fortalecido
en la agenda pública de varios estados de la región, entre los que se encuentra
nuestro país, con avances normativos, programas públicos y el impulso a formas
cooperativas en la provisión de servicios públicos de ingreso social con trabajo. A nivel
regional, la UNASUR ha incorporado la articulación en el campo. Entre la
Recomendaciones del Consejo de Desarrollo Social para los presidentes, se ha
planteado la necesidad de constituir una red ministerial de Economía Social, de
avanzar en la implementación de políticas y acciones comunes, en la realización del
Foro permanente de Economía Social y en el intercambio de experiencias,
coordinación estatal y técnica. Estos avances son, sin lugar a dudas, auspiciosos para
el destino de nuestras naciones.
También América Latina ha realizado un crucial aporte filosófico y ético-político en
tiempos recientes al instituir el reconocimiento a los derechos de la Naturaleza en dos
nuevas constituciones del mundo andino, Bolivia y Ecuador. En Ecuador se ha
reconocido a la Naturaleza como sujeto de derecho, una innovación normativa radical
que irá ganando contenido a partir de la creación de jurisprudencia. En la nueva
Constitución se caracteriza a su vez a la economía nacional como integrada no sólo
por la economía pública y la economía privada, sino también por la llamada economía
popular y solidaria.
Las características del capitalismo de fin de siglo, la inequidad rampante y la
degradación ambiental irresponsable instan a una transformación profunda en el
funcionamiento económico global. La concentración del poder económico y político en
unos pocos jugadores de la economía mundial torna insustituible la intervención
pública articulada en los planos internacional, regional y nacional, que actúen en pos
del bienestar general. Con un nuevo rol del Estado, América Latina ha avanzado en
este sentido. Se hace necesario propender desde el territorio, en el plano local, al
fortalecimiento de formas de vinculación económica que incorporen la ética del buen
vivir y aporten al fortalecimiento de los valores de la solidaridad y la cooperación,
menoscabados por el individualismo neoliberal. Éste es el sentido estratégico que la
Economía Social y Solidaria aporta.
Las organizaciones de la ESS constituyen un entramado heterogéneo integrado por
emprendimientos de diverso tipo y tamaño. Si bien en su sentido más amplio, y en
especial derivado de la realidad latinoamericana, la economía social se asocia a las
iniciativas económicas de las unidades domésticas destinadas a la satisfacción de sus
64
necesidades,
en
su
sentido
estratégico
se
asienta
principalmente
en
los
emprendimientos de tipo asociativo, integrados tanto por empresas de la economía
social histórica como de la nueva economía social o economía solidaria. El
fortalecimiento de las organizaciones de la ESS impacta en la integración social, el
arraigo territorial, la autonomía de los sujetos y las organizaciones y la
democratización del sistema. La ESS viene a poner en la agenda pública una forma de
solidaridad socioeconómica que puede ser de gran potencia y complementaria a otras
iniciativas de desarrollo económico integral impulsadas desde el Estado.
En el campo de la ESS, las llamadas finanzas solidarias buscan que las
organizaciones de la ESS logren fortalecerse y reproducirse conservando sus valores,
buscando la potenciación de estos proyectos, y la ganancia de escala, con el desafío
de que logren desplegarse sin disolverse en el mar de la racionalidad instrumental del
lucro. La inserción territorial de las instituciones u organizaciones que llevan adelante
esquemas de finanzas solidarias es clave, y constituye su rasgo diferencial. Así, en la
mesa sobre Regulación y Legislación hacia la Economía Social que tuvo lugar en el
Primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito surgió que el desarrollo de la ESS
requiere de instrumentos públicos que aporten a su fortalecimiento y sostenibilidad,
ganando en escala productiva, calidad y capacidad de gestión de acuerdo con sus
propios valores. Esto requiere políticas activas que acompañen con asistencia técnica
y financiera, apoyo a la comercialización (con el impulso de ferias y mercados
solidarios), capacitación y una tecnología adecuada tendiente a fortalecer la
organización.
Las experiencias de finanzas solidarias, tendientes al desarrollo comunitario, combinan
el financiamiento con la realización de actividades de asistencia técnica y capacitación
para la formulación y la ejecución de proyectos que aprovechen las necesidades,
oportunidades y capacidades existentes en el territorio, de modo de evaluar en forma
conjunta la viabilidad del esfuerzo a ser invertido. El conocimiento técnico adecuado a
las necesidades y potencialidades de los grupos sociales locales genera capacidades
de autogestión y autonomía.
En lo que hace a las finanzas cooperativas, herederas de la economía social histórica
nacida en el siglo XIX, las cooperativas de ahorro y crédito cumplieron un rol
sumamente relevante en diversos procesos de desarrollo territorial en nuestro país
durante las décadas de 1960 y 1970, generando un fuerte vínculo con la comunidad y
sus necesidades. La dictadura instaurada en el poder en 1976 prohibió la continuidad
65
de la operatoria de las cajas de crédito con su Ley de Entidades Financieras, aún
vigente, modificando de raíz la estructura del sistema financiero argentino. Como parte
de su estrategia, y con el objeto de debilitar los lazos comunitarios a partir del terror y
de un plan económico claro y profundamente regresivo en términos sociales, fueron
atacados los cientos de bancos cooperativos y las mutuales de ahorro y crédito (como
así también los bancos municipales y provinciales de fomento), que cumplían una
función fuertemente movilizadora de las capacidades locales. Las frecuentes crisis
económicas atravesadas por nuestro país, los cambios regulatorios, y las limitaciones
propias minaron su supervivencia en un entorno hostil.
En 2004, la conocida como Ley Polino, reformó el artículo 4 de la Ley de Entidades
Financieras permitiendo nuevamente la constitución y funcionamiento de las cajas de
crédito cooperativas. Sin embargo, la reglamentación de la Ley continúa siendo
modificada y aún no se ha aprobado ninguno de los proyectos presentados para la
apertura de nuevas instituciones. En la actualidad la única entidad cooperativa
financiera relevante es el Banco Credicoop, un banco de gran tamaño que integra el
sistema financiero formal, y debe cumplimentar las mismas regulaciones que la banca
comercial establecidas por el BCRA. Cuenta con presencia federal, atiende
preponderantemente a las PYMES y se vincula con diversas organizaciones de la
ESS. A su vez, incorporó desde 2012 el Balance Social, en el que da seguimiento a
los principios cooperativos.
El microcrédito, en tanto, se dirige a pequeños emprendimientos basados en el trabajo
de sus miembros, procurando mejorar sus condiciones de autoempleo. Dentro de los
esquemas de microcrédito, los bancos comunales y los fondos rotatorios tienen un
potencial mayor que los esquemas individuales de microcrédito para fortalecer la
construcción de lazos interpersonales y comerciales entre los solicitantes, como la
creación de cadenas de valor y de mercados alternativos. La experiencia del Banco
Palmas de Brasil es valiosa en este sentido, como así también la experiencia de
Nuestras Huellas en el conurbano bonaerense. La potencialidad del microcrédito
depende de que se articule con otras herramientas y que sea acompañado por la
organización comunitaria, de modo de construir un esquema útil para el fortalecimiento
de los emprendimientos de la ESS.
Bajo la perspectiva de la industria del microcrédito, éste es abordado como una
actividad comercial que permite, además, mejorar los ingresos de los autoempleados
de bajos ingresos. La industria del microcrédito opera con altas tasas de interés,
66
aduciendo que así es posible financiar los gastos de funcionamiento de la operatoria
microfinanciera (y otorgar créditos de pequeños montos), y atraer fondos
internacionales para extender el alcance. Por este motivo, se sostiene que el Estado
no debe intervenir sobre la tasa de interés, sino que ésta debe surgir del libre juego de
la oferta y la demanda en el mercado. Con un sentido de intervención opuesto, la
economía social y solidaria se ha fortalecido notablemente en los últimos años en el
país, convirtiendo a sus protagonistas en sujetos de derecho y mostrando una foto
que, de acuerdo a las fuentes entrevistadas para el presente trabajo, sería impensable
diez años atrás. Hemos caracterizado las principales políticas públicas de los tiempos
recientes, fundamentalmente la Ley Nacional de Microcrédito, y las estrategias de
FONCAP-Impulso Argentino y de Fuerza Solidaria en la Provincia de Buenos Aires.
Con un gran desarrollo durante la década del noventa como política compensatoria
ante la exclusión y la flexibilización laboral, el microcrédito adquirió un nuevo cariz en
el marco de las políticas instrumentadas en el país desde 2003. La Ley Nacional de
Microcrédito creó la Comisión Nacional de Microcrédito, que establece un tope de tasa
del 6% de interés anual a los tomadores. Para que ello sea posible, se otorgan
subsidios a los gastos operativos y de asistencia técnica, la adquisición de muebles y
equipos y la transferencia metodológica desde las organizaciones administradoras
(con mayor experiencia en la gestión de fondos de microcrédito), hacia las
organizaciones ejecutoras. Los subsidios pueden alcanzar hasta el 30% del valor de la
cartera activa de las organizaciones.
Especialmente relevante es el esquema de gestión asociada de los fondos públicos de
microcrédito de la CONAMI a través de redes territoriales, que ha significado un
involucramiento directo de las organizaciones en las políticas públicas y un proceso de
fortalecimiento institucional que trasciende los cambios de gobierno. De 60
organizaciones que operaban antes de la sanción de la Ley, existen hoy más de 1.600
que gestionan fondos en todo el territorio nacional. De las entrevistas realizadas surgió
la necesidad de procurar un escalamiento organizacional de estas organizaciones, que
ordene la distribución de los espacios físicos, el equipamiento y las funciones de los
integrantes.
Estos
procesos
requieren
de apoyo
financiero,
capacitación
y
acompañamiento por parte del Estado.
Un desafío de la CONAMI consiste en ampliar la cobertura y el alcance del Programa.
Se llega hoy a aproximadamente 270.000 unidades productivas, y la población meta
(es decir, los trabajadores autogestionados de baja dotación de capital) alcanzaban a
67
2010 las 1.429.676. Para poder atender a esta población, es necesario llegar a la
misma a través del entramado institucional que se ha fortalecido en estos años: la
CONAMI se propone alcanzar a los trabajadores autogestionados organizados. Por
otro lado, el fondeo de la CONAMI a las organizaciones es en ocasiones discontinuo,
generando dificultades administrativas. También se hace necesario avanzar en la
evaluación de los impactos y el seguimiento, y se está comenzando a transitar este
camino. FONCAP-Impulso Argentino también se ha planteado como desafío ampliar la
cantidad de instituciones de microcrédito a las que fondea, propendiendo a una mayor
democratización del sistema.
Consideramos que la acción de un Estado promotor y la necesidad de subsidio de tasa
son compatibles con el desarrollo de esquemas crecientemente sustentables, que
permitan que en forma progresiva las organizaciones y emprendimientos vayan
ganando en autonomía. La sustentabilidad no debe reducirse a la sustentabilidad
económica, sino considerar también el impacto de los microcréditos en los
destinatarios, ampliando las dimensiones a considerar cuando se evalúa la
sustentabilidad de una organización. Sin embargo, la sustentabilidad económica no
debe ser desatendida: es central procurar motorizar proyectos económicos con
potencial de generación de ingresos suficientes a partir del acceso al crédito, al
articularlos con otras herramientas para crear crecientes márgenes de autosuficiencia.
La sujeción de las organizaciones a una única fuente de financiamiento estatal las
expone a un alto grado de dependencia.
La autonomía económica de las organizaciones es condición necesaria para su
sustentabilidad ante los cambios de gobierno y la creación de capacidad de incidencia
en las políticas públicas. Una herramienta hacia la autonomía es la comercialización
tanto en el mercado local como, trabajando en red y haciendo uso de la capacidad
instalada en las organizaciones, en mercados de mayor escala. La propia capacidad
de producción y consumo de las miles de familias que integran las redes de ESS que
se han fortalecido en el país, la disponibilidad de financiamiento, estructura y logística
propia de las organizaciones y los canales de comunicación de las mismas, ofrecen
una oportunidad interesante para la generación de una suerte de “mercados comunes”
y la comercialización conjunta a mercados de mayor escala, mejorando el desempeño
económico de todo el sistema. La Cooperativa Cauqueva y la Red de Organizaciones
de la Economía Social en la Diversidad “Tejiendo Esperanzas” han avanzado en este
sentido.
68
Por otro lado, creemos importante destacar el rol de los municipios en los esquemas
de microcrédito, que pueden utilizar esta herramienta de forma articulada con otros
esquemas de intervención pública de modo de potenciar el impacto en el territorio. La
experiencia del Banco de Moreno es pionera en este sentido, y Fuerza Solidaria ha
avanzado en el fondeo de estos esquemas.
Las llamadas Finanzas Éticas constituyen un esquema de finanzas solidarias,
desarrollado fundamentalmente en los países del Norte, que si bien es acotado, ganó
impulso y visibilidad a partir de la crisis financiera desatada en la periferia europea. Al
igual que la banca cooperativa, la banca ética se guía por ciertos principios,
diferenciados de la banca comercial. Caracterizamos dos experiencias de este tipo: la
cooperativa de servicios financieros COOP57 de España y la Banca Popolare Ética de
Italia. La banca ética podría ser una herramienta para el financiamiento de los
emprendimientos medianos de la economía social y solidaria, un grupo social muy
heterogéneo integrado por actores que van desde las empresas recuperadas hasta las
pequeñas cooperativas, y que se encuentran en general excluidos del crédito de la
banca
comercial.
Asimismo,
estos
emprendimiento
poseen
necesidades
de
financiamiento por montos mayores a los del microcrédito; son emprendimientos con
capacidad de crecimiento que demandan una financiación intermedia. Existen pocos
esquemas que den respuesta a estas necesidades, uno de ellos es llevado adelante
por la Fundación La Base, cuyo alcance se ve limitado por la disponibilidad de fondos.
Las iniciativas de la Fundación Avina procuran desarrollar esquemas financieros
dirigidos a este sector, pero son aún muy incipientes. Sería útil replicar y potenciar
estas experiencias.
Las trayectorias empíricas diversas en el campo de las finanzas solidarias que hemos
analizado, tanto como parte de la llamada economía social histórica como de la
economía solidaria o nueva economía social, muestran experiencias que buscan
alimentar la mancomunión y fomentar otros vínculos económicos, otra forma de
satisfacer las necesidades materiales a partir de los recursos disponibles. A través de
la organización, fundamentalmente a través de redes de organizaciones, los actores
de la economía social y solidaria tienen el potencial de ganar peso económico y
político, y de incidir en las políticas públicas en un sentido que nutra un nuevo mundo
económico, social y cultural.
69
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Teitelbaum, A. (2010), La armadura del capitalismo. El poder de las sociedades
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Verbeke, G. (2005), “Las transformaciones de la estructura del sector cooperativo de
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DE MAESTRÍA EN ECONOMÍA SOCIAL (ICO- UNGS), junio.
Wierzba, G.; E. del Pino y R. Kupelian (2010), “El sistema financiero argentino. La
evolución de su régimen regulatorio desde la liberalización financiera. Impactos
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Zaffaroni, E. (2012), La Pachamama y el Humano, Ediciones Colihue.
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15, Número 40, pág. 15-29, Buenos Aires.
73
DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL CEFID-AR:
N° 1 – “METAS DE INFLACIÓN: IMPLICANCIAS PARA EL DESARROLLO”. Martín Abeles y
Mariano Borzel. Junio 2004
N° 2 – “ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL ROL DE LA BANCA PÚBLICA”. Daniel Kampel
y Adrian Rojze. Noviembre 2004
N° 3 – “REGULACIÓN BANCARIA EN ARGENTINA DURANTE LA DÉCADA DEL 90”.
Guillermo Wierzba y Jorge Golla. Marzo 2005
N° 4 – “BANCA COOPERATIVA EN FRANCIA. UN ESTUDIO DE CASO”. Mariano Borzel.
Junio 2005
N° 5 – “LA CUESTIÓN TRIBUTARIA EN ARGENTINA. LA HISTORIA, LOS DESAFÍOS DEL
PRESENTE Y UNA PROPUESTA DE REFORMA”. Jorge Gaggero y Federico Grasso. Julio
2005
N° 6 – “SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA. UNA HERRAMIENTA PARA EL
DESARROLLO DEL CRÉDITO PYME”. Alejandro Banzas. Octubre 2005
N° 7 – “EL MANEJO DE LA CUENTA CAPITAL: ENSEÑANZAS RECIENTES Y DESAFÍOS
PARA ARGENTINA” Autor: Mariano Borzel, Colaborador: Emiliano Libman. Diciembre 2005
N° 8 – “FINANCIAMIENTO A PYMES EN LA BANCA PÚBLICA. ESTUDIO DE CASO:
DESARROLLO DE MODELOS DE SCORING DE RIESGO CREDITICIO EN EL BANCO DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES”. César Marcelo Ciappa. Enero 2006
N° 9 – “LA CRISIS ARGENTINA DE 2001. ALGUNOS TÓPICOS SOBRE SU IMPACTO EN EL
PORTAFOLIO Y LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO NO
FINANCIERO”. Máximo Sangiácomo. Febrero 2006
N° 10 – “DIMENSIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS. EL CASO ARGENTINO”
Autor: Jorge Golla Colaborador: Lorena E. Fernández. Mayo 2006
N° 11 – “EL SPREAD BANCARIO EN LA ARGENTINA. UN ANÁLISIS DE SU COMPOSICIÓN
Y EVOLUCIÓN (1995-2005)”. Federico Grasso y Alejandro Banzas. Agosto 2006
N° 12 – “LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA POST-CONVERTIBILIDAD.
PRINCIPALES TENDENCIAS EN UN NUEVO PATRÓN DE CRECIMIENTO” Ariana Sacroisky
Octubre 2006
N° 13 – “ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DETERMINACIÓN DE PRECIOS. UN ABORDAJE
SECTORIAL (2002-2005)” Mariano Borzel y Esteban Kiper. Noviembre 2006
N° 14 – “LA FUGA DE CAPITALES. HISTORIA, PRESENTE Y PERSPECTIVAS”. Jorge
Gaggero, Claudio Casparrino y Emiliano Libman. Mayo 2007
N° 15 – “LA INVERSIÓN Y SU PROMOCIÓN FISCAL ARGENTINA, 1974 – 2006” Jorge
Gaggero y Emiliano Libman, Junio 2007
N° 16 – “DESAFÍOS DE LA RECONFIGURACIÓN PRODUCTIVA EN ARGENTINA. APORTES
PARA EL DEBATE ACTUAL”. María Agustina Briner, Ariana Sacroisky y Magdalena Bustos
Zavala. Julio 2007
N° 17 – “LA SOSTENIBILIDAD DE LA POLÍTICA DE ESTERILIZACIÓN”. Roberto Frenkel.
Agosto 2007
N° 18 – “EL FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA EN ARGENTINA. HISTORIA RECIENTE,
SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS”. Alejandro Banzas y Lorena Fernández. Septiembre 2007
74
N°
19
–
“NUEVAS
ARQUITECTURAS
FINANCIERAS
REGIONALES.
INSTITUCIONALIDAD Y CARACTERÍSTICAS”. Guillermo Wierzba. Diciembre 2007
SU
N° 20 – “UN ESTUDIO DE CASOS SOBRE BANCA DE DESARROLLO Y AGENCIAS DE
FOMENTO” Claudio Golonbek y Emiliano Sevilla. Mayo de 2008
N° 21 – “BANCA DE DESARROLLO EN ARGENTINA. BREVE HISTORIA Y AGENDA PARA
EL DEBATE” Claudio Golonbek, Septiembre 2008
N° 22 - “LA REGULACIÓN FINANCIERA BASILEA II. LA CRISIS Y LOS DESAFÍOS PARA UN
CAMBIO DE PARADIGMA” Guillermo Wierzba, Estela del Pino Suarez, Romina Kupelian y
Rodrigo López. Noviembre 2008
N° 23 – “LA PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA. SU ORIGEN, APOGEO Y EXTRAVÍO (Y LOS
DESAFÍOS DEL PRESENTE)” Jorge Gaggero. Diciembre 2008
N° 24 – “LAS ESTRATEGIAS DE FOCALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA. LECCIONES PARA LA ARGENTINA DE LAS EXPERIENCIAS DE SINGAPUR,
MALASIA Y LA REPÚBLICA CHECA” Ariana Sacroisky. Abril 2009
N° 25 – “DESIGUALDAD Y CRECIMIENTO. LA LITERATURA, LOS DEBATES Y SU
MEDICIÓN” Autor: Federico Grasso Colaboración: María José Castells. Mayo 2009.
N° 26 – “CRISIS MUNDIAL. ELEMENTOS PARA SU ANÁLISIS”. Enrique Arceo, Claudio
Golonbek y Romina Kupelian. Julio 2009
N° 27 – “TITULIZACIÓN HIPOTECARIA EL INSTRUMENTO. RESEÑA DE EXPERIENCIAS.
ENSEÑANZAS Y DESAFIOS POST-CRISIS PARA SU USO EN LA ARGENTINA”. Alejandro
Banzas y Lorena Fernández. Agosto 2009
N°28 – “BANCA DE DESARROLLO UN ESTUDIO DE CASO: BNDES, DISEÑO
INSTITUCIONAL Y ROL CONTRACICLICO”. Claudio Golonbek y Andrea Urturi. Marzo de
2010.
N°29- “LA FUGA DE CAPITALES II. ARGENTINA EN EL ESCENARIO GLOBAL (2002-2009).
Jorge Gaggero, Romina Kupelian y María Agustina Zelada. Julio de 2010.
N°30- “CENTRO, PERIFERIA Y TRANSFORMACIONES EN LA ECONOMIA MUNDIAL”.
Enrique Arceo y María Andrea Urturi. Agosto de 2010.
N°31- “EL REGIMEN BAJO PRESION: LOS ESQUEMAS DE METAS DE INFLACION EN
BRASIL, CHILE, COLOMBIA Y PERU DURANTE EL BOOM EN LOS PRECIOS
INTERNACIONALES DE MATERIA PRIMA”. Martin Abeles y Mariano Borzel. Septiembre de
2010.
N°32- “LOS DESAFÍOS PARA SOSTENER EL CRECIMIENTO. EL BALANCE DE PAGOS A
TRAVÉS DE LOS ENFOQUES DE RESTRICCIÓN EXTERNA”. Rodrigo López y Emiliano
Sevilla. Octubre de 2010.
N°33- “EL SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO. LA EVOLUCIÓN DE SU REGIMEN
REGULATORIA DESDE LA LIBERALIZACIÓN FINANCIERA. IMPACTOS RELEVANTES
SOBRE EL CRÉDITO Y LA ECONOMÍA REAL”. Guillermo Wierzba, Estela del Pino Suarez y
Romina Kupelian. Noviembre de 2010
N°34 - “AMERICA LATINA: EXPANSIÓN, CRISIS Y DESPUÉS. UN ESTUDIO DE CASO
SOBRE LA POLÍTICA CONTRACÍCLICA EN ARGENTINA”. Guillermo Wierzba y Pablo
Mareso. Diciembre 2010.
75
N°35 - “PRODUCTO POTENCIAL Y DEMANDA EN EL LARGO PLAZO: HECHOS
ESTILIZADOS Y REFLEXIONES SOBRE EL CASO ARGENTINO RECIENTE”. Fabián Amico,
Alejandro Fiorito y Guillermo Hang. Enero 2011.
N°36 - “SECTOR FINANCIERO ARGENTINO 2007/2010. NORMALIZACIÓN, EVOLUCIÓN
RECIENTE Y PRINCIPALES TENDENCIAS”. Claudio Golonbek y Pablo Mareso. Marzo 2011.
N°37 - “LA REGULACIÓN DE LA BANCA EN ARGENTINA (1810-2010). DEBTAES,
LECCIONES Y PROPUESTAS”. Guillermo Wierzba y Rodrigo López. Junio 2011.
N°38 - “PLANIFICAR EL DESARROLLO. APUNTES PARA RETOMAR EL DEBATE”. Claudio
Casparrino, Agustina Briner y Cecilia Rossi. Julio 2011.
N°39 - “MÁRGENES UNITARIOS FLEXIBLES, CICLO ECONÓMICO, E INFLACIÓN”. Gustavo
A. Murga y María Agustina Zelada. Agosto 2011.
N°40 - “IMPACTO DEL PRESUPUESTO SOBRE LA EQUIDAD. CUADRO DE SITUACIÓN
(ARGENTINA 2010)”. Jorge Gaggero y Darío Rossignolo. Septiembre 2011.
N°41 - “DIMENSIÓN Y REGULACIÓN DE LOS CONGLOMERADOS FINANCIEROS. EL
CASO ARGENTINO”. Romina Kupelian y María Sol Rivas. Diciembre 2011.
N° 42 – “GLOBALIZACIÓN FINANCIERA Y CRISIS. LOS LÍMITES QUE IMPONE LA OMC
PARA LA REGULACIÓN ESTATAL”. Ariana Sacroisky y María Sol Rivas. Abril 2012.
N° 43 – “ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y REGÍMENES LEGALES PARA LA INVERSIÓN
EXTRANJERA”. Enrique Arceo y Juan Matias De Lucchi. Mayo 2012.
N° 44 – “EL ENFOQUE DE DINERO ENDÓGENO Y TASA DE INTERÉS EXÓGENA”. Juan
Matías De Lucchi. Junio 2012.
N° 45 – “EXPANSIÓN ECONÓMICA Y SECTOR EXTERNO EN LA ARGENTINA DE LOS
AÑOS 2000”. Balance y desafíos hacia el futuro. Fabián Amico, Alejandro Fiorito y María
Agustina Zelada. Julio 2012.
N° 46 –
“IMPACTO SOBRE LA EQUIDAD
II. SIMULACIÓN DE LOS EFECTOS
DISTRIBUTIVOS DE CAMBIOS EN EL GASTO PÚBLICO Y LOS IMPUESTOS. (ARGENTINA,
2010)”. Jorge Gaggero y Darío Rossignolo. Septiembre 2012.
Nº 47 – “IMPACTO SOBRE LA EQUIDAD III. FISCALIDAD Y EQUIDAD EN LA ARGENTINA:
UN ENFOQUE DE EQUILIBRIO GENERAL”. María Priscila Ramos y Leandro Antonio Serino.
Con el asesoramiento de Jorge Gaggero y Darío Rossignolo. Octubre 2012.
Nº 48 “SECTOR EXTERNO Y POLÍTICA FISCAL EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO. LA
EXPERIENCIA DE AMÉRICA LATINA ANTE LA CRISIS INTERNACIONAL DE 2008-2009.
Martin Abeles, Juan Cuattromo, Pablo Mareso y Fernando Toledo. Marzo 2013.
Nº 49 “FONDOS BUITRE. EL JUICIO CONTRA ARGENTINA Y LA DIFICULTAD QUE
REPRESENTAN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL”
Romina Kupelian y Maria Sol Rivas.
Septiembre 2013.
Nº 50 “LA UNIDAD Y LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA: SU HISTORIA,
EL PRESENTE Y UN ENFOQUE SOBRE UNA OPORTUNIDAD INÉDITA”. Guillermo Wierzba,
Jorge Marchini, Romina Kupelian y María Andrea Urturi. Octubre 2013.
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N° 51 “LA POLÍTICA FISCAL EN EL ENFOQUE DE HAAVELMO Y KALECKI. EL CASO
ARGENTINO RECIENTE”. Fabián Amico. Noviembre 2013.
Nº
52
“LA
FUGA
MAGNITUDES,EVOLUCIÓN,
DE
CAPITALES
POLÍTICAS
III.
PÚBLICAS
ARGENTINA
Y
CUESTIONES
(2002-2012).
FISCALES
RELEVANTES. Jorge Gaggero. Magdalena Rua, Alejandro Gaggero. Diciembre 2013.
Nº 53 “MACROECONOMÍA DE LA DEUDA PÚBLICA. EL
DESENDEUDAMIENTO
ARGENTINO (2003-2012) Juan Matías De Lucchi. Enero 2014.
Nº 54 “CRECIMIENTO Y BRECHA DE INFRAESTRUCTURA”. Norberto E. Crovetto, Guillermo
Hang, Claudio Casparrino. Febrero 2014.
N° 55 “RACIONAMIENTO DE CREDITO EN UN MARCO DE DINERO PASIVO Y REFERNCIA
POR LA LIQUIDEZ DE LOS BANCOS” Rodrigo López y Pablo Mareso. Marzo 2014.
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