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Informe del desarrollo en México 2015
Comentario al libro Informe del Desarrollo en México 2015
del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la
Universidad Nacional Autónoma de México
Clara Jusidman
17 de mayo 2016
Empezaría agradeciendo a Rolando Cordera la invitación para formular algunos comentarios
en torno al muy valioso Informe del Desarrollo en México 2015 resultado de los trabajos del
programa que dirige y coordinado por el propio Rolando y por Enrique Provencio.
Considero muy importante que el PUED haya asumido las tarea de elaborar periódicamente
informes de este tipo, que resultan un aporte indispensable en la urgente necesidad de replantear
el curso de desarrollo seguido por el país en las últimas décadas.
Más que un comentario ordenado y sistemático sobre cada uno de los estupendos textos incluidos
me propongo compartir con ustedes algunas de las reflexiones que me fueron surgiendo a lo largo
de su lectura y que son de tres tipos: la corroboración de situaciones esperadas, el aprendizaje
personal de nuevos hallazgos y las interrogantes que surgen de la lectura sobre temas a explorar
o profundizar en el futuro.
Primer comentario
Varios de los textos resultan de síntesis de madurez de los autores y reflejan muchos años de
reflexión y de búsqueda de respuestas a interrogantes de larga data planteados en la investigación
económica y social. La disponibilidad de información ampliada que en varios casos los mismos
autores contribuyeron a desarrollar y derivada de la que pienso ha sido una etapa luminosa de
trabajo del INEGI, sustenta con datos duros respuestas a dudas surgidas a lo largo de los años.
Tres ejemplos: la corroboración de que en México no existe una feminización de la pobreza
contenida en el artículo de Fernando Cortés y Delfino Vargas o la verificación en ese mismo texto
del enorme rezago de bienestar que persiste en las comunidades indígenas del país. Asimismo, el
cálculo que aporta Norma Samaniego sobre la espectacular caída de la participación del trabajo
en la distribución funcional del ingreso nacional y la extracción de las ganancias de los aumentos
de productividad a la masa de asalariados. Tres temas que han sido objeto de interés durante
varios años quedan claramente resueltos en los textos del Informe.
Otro bloque de artículos explora metodologías y teorías de más reciente cuño o que son novedosas
en la investigación en México como las relacionadas con la evaluación de programas para la
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superación de la pobreza usadas por Yaschine y Ochoa, el análisis de riesgos sociales a cargo de
Fuentes y Arellano o la del desacoplamiento entre crecimiento económico e impacto ambiental
planteada en el muy interesante artículo de Luiselli, Provencio y Pamplona marcan nuevas rutas
de investigación y plantean retos al desarrollo de bases de datos y modelos analíticos complejos.
Segundo comentario
En 2003 como una de las recomendaciones del Diagnóstico sobre la situación de México en
materia de Derechos Humanos para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
sugeríamos que periódicamente se realizara un Informe País que diera cuenta de los avances y
retroceso, así como de los obstáculos en la realización de los Derechos Humanos de la población.
Era un momento de esperanza. Estábamos en la plena incorporación del enfoque de derechos
humanos en la planeación del desarrollo y en la gestión de gobierno.
La recomendación 31 como era conocida por la comunidad de derechos humanos, nunca se
pudo concretar. La incorporación del enfoque de derechos humanos en la medición de la pobreza
prescrita en la Ley General de Desarrollo Social del 2004 y concretada por CONEVAL a partir de
2008 mediante la medición multidimensional de la pobreza, de alguna manera nos permite ahora
observar lo ocurrido con un grupo de derechos humanos económicos y sociales de la población.
Es decir cuál ha sido la contribución a la realización de los llamados DESCA de la puesta en
práctica por cerca de 20 años de una política social centrada en los programas focalizados de
transferencias condicionadas de ingreso, en la ampliación del Seguro Popular y en dotación de
viviendas, además de otros múltiples pequeños programas.
Varios de los artículos contenidos en el Informe parecerían corroborar que el bajo crecimiento
de la economía en los últimos 25 años que privilegió la estabilidad por encima del crecimiento
y la generación de empleos, se ancló en programas sociales de mitigación para evitar los riesgos
de estallamientos sociales en tanto se instrumentaban cambios estructurales en la economía, en
la participación del Estado en ésta y en la distribución del poder en el territorio.
El artículo de Cortés y Vargas mediante la presentación sistemática y detallada de la evolución de
los indicadores de pobreza entre 2008 y 2014 de acuerdo a la medición multidimensional totales
y por grupos de población concluye que si bien esos programas no han permitido romper el ciclo
de reproducción de la pobreza al menos han impedido que la proporción de población pobre
aumente con respecto a la situación prevaleciente en 1992.
Es particularmente notable el efecto del Seguro Popular en la disminución de las carencias por
acceso a los servicios de salud que de afectar al 40.7% de la población en 2008 se reducen hasta
incidir en sólo 18.2% en 2014.
Visto desde el enfoque de derechos humanos sería interesante verificar si el mayor acceso a
servicios de salud ha avanzado en iguales términos en materia de disponibilidad y accesibilidad
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física de los servicios de salud, en la calidad de los mismos y en su asequibilidad. Si ha tenido
un efecto de igual magnitud en indicadores que expresen las condiciones reales de salud de la
población, si han abatido por ejemplo, la mortalidad y la morbilidad de enfermedades vinculadas
a la pobreza como son las gastrointestinales y las respiratorias.
El montaje de los programas de transferencias condicionadas de ingreso sobre dos estructuras
de servicios sociales públicos desarrolladas en décadas previas: los de salud y los educativos,
sin que estos se ampliaran y actualizaran o siquiera mantuvieran, atenuó los posibles efectos
positivos en el desarrollo de capacidades en la población esperados de los programas como
Progresa/Oportunidades/Prospera.
La descentralización de esos servicios para su operación por los gobiernos estatales y la sobrecarga
de trabajo en algunos de ellos sin una mejora en las condiciones laborales de sus operadores
como por tantos años ocurrió con aquellos que operan el sistema IMSS-Coplamar, contribuyó al
deterioro acelerado de la calidad de esos servicios.
(En los años ochentas del siglo pasado había dos expectativas por cuanto a los servicios de salud:
en primer lugar se esperaba que un mayor número de personas se incorporaran a la seguridad
social y en segundo lugar que se fuera cerrando la brecha en materia de calidad en la prestación
de los servicios de salud dirigidos a la población abierta operados por la Secretaría de Salud
respecto de los servicios de salud que se prestaban a la población asegurada por el IMSS. El
estancamiento en la generación de empleos formales por las decisiones de política económica
adoptadas, no permitieron que la primera expectativa se cumpliera y junto con una política
salarial de contención, contribuyeron a que la brecha de calidad mencionada si se cerrara,
pero en sentido contrario, los servicios de salud de los sistemas de seguridad social se fueron
deteriorando de tal manera que ahora se parecen cada vez más a aquellos que se ofrecen a la
población abierta, ahora atendida por el seguro popular).
Desde la perspectiva de derechos humanos los datos incluidos en el Informe parecen señalar que dos
ámbitos de las carencias: el acceso a la alimentación y a servicios básicos en la vivienda al concentrarse
en comunidades rurales dispersas y alejadas enfrentan niveles difíciles de abatir mediante los
programas puestos en práctica hasta ahora. Veamos en qué medida logran abatirse las carencias
alimentarias con la estrategia de la Cruzada contra el Hambre del actual Gobierno, pese a todas las
dificultades y obstáculos para operarla que se relatan en el artículo de Yaschine y Ochoa.
Tercer comentario
Ahora bien, los datos relativos a carencias sociales incorporados en la medición multidimensional
de la pobreza en general muestran ciertos avances incluso con el cierre de brechas en el territorio.
En donde persisten los déficits es en la variable de ingreso monetario. La falla principal proviene
entonces del deficiente funcionamiento de la economía para ofrecer un mayor bienestar a la
población.
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Aun con los programas de transferencias monetarias y en especie, que ya representan cerca de
40% del ingreso corriente del primer decil de la distribución, la proporción de población pobre
se mantiene en el tiempo porque esos programas no pueden impedir las dos causas principales
de la pobreza las variaciones en los precios de los alimentos y los bajos niveles de los ingresos
por trabajo.
Se tendría que hacer una profunda revisión de las modalidades y prioridades aún de los
programas sociales focalizados para la superación de la pobreza si como ya señalamos y como
se destaca en el artículo sobre una Perspectiva Territorial, Urbana y de Sustentabilidad del
Informe en comento, existe un núcleo duro de pobreza estructural ubicado en las comunidades
esencialmente de población indígena, en lugares apartados del territorio. Siempre pueden
desarrollarse o fortalecerse programas como el PAL que toma en cuenta las dificultad en materia
de infraestructura en educación y salud en esas comunidades. La telemedicina y la educación a
distancia ofrecen soluciones tecnológicas esperanzadoras para paliar algunos de esos déficits.
Las tendencias de movilidad de la población están trasladando la pobreza a los ámbitos urbanos.
Es más fácil focalizar intervenciones sociales para mejorar el bienestar material en poblaciones
urbanas que en comunidades rurales alejadas. En lo urbano, sin embargo, surgen problemáticas
en el orden cultural en torno a la convivencia, a la competencia por espacios e ingresos y al
deterioro de la condición humana y de la salud mental que plantean nuevos retos a servicios de
salud y educación de por si deteriorados y poco pertinentes.
Uno se pregunta qué tiene todo ello que ver con la posibilidad real de alcanzar una vida digna
para todos los habitantes del país, de avanzar en una realización progresiva de los derechos
humanos económicos, sociales y ambientales de la población.
Resulta evidente que el sistema actual como diría Mario Luis Fuentes, presenta fracturas
difícilmente salvables entre lo social, lo económico, lo ambiental y lo cultural si no se replantea
la estrategia económica, se revisa a fondo la política social, se incorporan los efectos y los retos
en materia ambiental y se asumen los fuertes cambios culturales que están ocurriendo y que
significan modificaciones profundas en los patrones de consumo, en las nuevas formas del
trabajo y en lo que se concibe como vida buena, respecto de los que predominaron en la etapa
de industrialización del país.
Así en materia económica, como lo describe con mucha claridad Juan Carlos Moreno en su
contribución al Informe sobre la macroeconomía en México, en tanto no se atienda el bajo nivel de
inversión y se recuperen los encadenamientos hacia el interior del país, tanto las oportunidades
de ocupación como los ingresos de la población y el crecimiento continuarán siendo mediocres.
Sin inversión en bienes de capital y en infraestructura para la producción, la productividad de
la economía continuará estancada. Hay un rezago en la puesta al día del capital productivo y
un pobre desempeño de la inversión privada, así como una desatención a las cadenas de valor
internas.
En lo social y frente a un 60 por ciento de la población ocupada en actividades informales sin
protección social y la etapa de la transición demográfica:
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¿Cuánto más se puede retrasar la adopción de sistemas de salud y pensiones universales o una
auténtica revolución educativa con modalidades de impartición y programas y contenidos más
pertinentes a la realidad cultural y tecnológica de las nuevas generaciones?
¿Cuánto más se puede tolerar la contención del salario mínimo como ingreso básico garantizado
para las familias?
¿Hasta dónde el país puede resistir frente a los niveles de violencia, de desigualdad, de
discriminación, de corrupción y de impunidad?
¿Cuánto más podemos permitir el deterioro de la calidad de los seres humanos que como fábrica
social estamos produciendo?
Lo que hemos experimentado en la Ciudad de México en estas últimas semanas en materia
ambiental es una evidencia de que hemos llegado a límites catastróficos por crecimiento
extensivo y desordenado y el abuso de la transportación privada.
El artículo correspondiente del Informe de Luiselli, Provencio y Pamplona señala que la superficie
urbana se incrementó en 5.9 veces de 1980 a 2010 en 59 zonas metropolitanas en tanto que
la población sólo lo hizo en 1.9 veces. Notablemente Toluca experimentó un aumento de 26.9
veces su superficie contra sólo 3.4 veces su población y Querétaro de 16.1 veces contra 3.4 de su
población. Por su parte once estados experimentan ya una reversión en la tendencia de acceso
al agua de sus poblaciones.
La desordenada expansión urbana está acabando con sus medios de sustentabilidad: invade
zonas agrícolas de producción alimentaria de altísimos rendimientos; explota y agota sus fuentes
cercanas de agua y tiene que recurrir a traslados de ésta desde zonas lejanas con elevados
costos; y contamina suelos y mares mediante la deficiente disposición de sus desechos. El cambio
climático resultante de esos mismos desórdenes y abusos contribuye a su vez a profundizar los
riesgos ambientales.
Cuarto y último comentario
Para terminar este comentario mencionaría que a lo largo de la lectura del Informe me preguntaba
constantemente qué efecto debe haber tenido en los temas analizados, la Guerra contra las
Drogas declarada hace diez años por uno de nuestros ilustres presidentes. La violencia y las
muertes que ha generado esa Guerra se han distribuido de manera desigual en el territorio
por lo que la disminución en la esperanza de vida y la pérdida de años de vida saludable que
se mencionan en el artículo sobre Riesgos Sociales de Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano ha
sido también desigual entre estados; asimismo los delitos de secuestro, extorsión, cobro de
piso y despojo han afectado el desempeño económico de ciertos territorios por el cierre de
muchos negocios, el abandono de tierras, la pérdida de activos productivos y el desplazamiento
y migración de miles personas.
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La mayor interrogante sin embargo es el tamaño de la economía paralela del crimen organizado,
considerando los más de 20 delitos que de acuerdo a los expertos se practican. El sufrimiento, el
dolor y el daño que generan en la población son enormes e irreparables.
Sería útil para explicar muchas situaciones que se observan en lo económico, en lo social e
incluso en el medio ambiente en el territorio, explorar el impacto de las actividades criminales.
Mediante modalidades modernas de esclavitud y sometimiento, la economía del crimen ocupa
por lo menos a medio millón de personas desde trabajadores no calificados hasta profesionistas
de alto nivel, ha modificado el patrón de cultivos del campo mexicano, está destruyendo bosques
y reservas de agua con desmontes irracionales, realiza fuertes inversiones en infraestructura,
equipamiento y maquinaria e inclusive en investigación y desarrollo, maneja importantes
inversiones financieras y lava dinero en actividades legales.
También ha impactado en la cultura y en los patrones de consumo de la población. La cultura narco
es copiada en Suiza por un sector de jóvenes; la producción de novelas, películas, documentales
y series sobre la vida y obras de los narcos son parte del material que genera pingües ganancias
a los medios de comunicación; incluso los cirujanos plásticos tienen mayor clientela por las
mujeres que quieren convertirse en parejas de narcotraficantes para escapar de la pobreza; el
mercado de productos de lujo y de marca especialmente de relojes, ha crecido.
Es decir, la economía y la cultura criminal es parte de nuestra realidad, está cambiando
profundamente a la sociedad nacional y modifica e incide en varios de los indicadores y procesos
analizados en el Informe.
Me parece que conocer mejor su magnitud y su impacto en las dimensiones que se manejan
en este primer Informe contribuiría a entender mejor la realidad económica, social, cultural y
política del México de la segunda década del Siglo XXI.
¿Cómo considerarla sin entrar en el riesgo de una apología de su influencia? Lo que personalmente
me queda muy claro es que no podemos soslayarla ni considerarla como producto de una pesadilla
que ya pasó. Nuevas generaciones de mexicanos y mexicanas están creciendo en situaciones de
violencia crónica, normalizada en muchos territorios del país.
Sólo una mera insinuación para el próximo Informe que seguramente ya empezó a preparar el
Programa Universitarios de Estudios del Desarrollo.
Muchas gracias.
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