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ANALITICA INTERNACIONAL
Grupo Coppan SC
Marzo 12, 2007
Incongruencia en el tema migratorio en Estados Unidos
En el mes de febrero observamos diversos sucesos relacionados con el tema
migratorio que reflejan la complejidad del fenómeno en Estados Unidos. Por
un lado, se presenta el Informe del Consejo de Asesores Económicos de la
Casa Blanca, en el que se reconocen los beneficios económicos y la
contribución positiva de los inmigrantes; por otro, el Departamento de
Seguridad Interior lleva a cabo redadas en varios estados, que han resultado
en la detención y expulsión de varios cientos de indocumentados.
Por las mismas fechas se anunció la introducción de una nueva propuesta de
reforma migratoria integral en el Senado y se llevó a cabo la primera
audiencia en el Comité de Asuntos Judiciales en esa Cámara. Se espera que el
Senado pueda contar con una nueva iniciativa aprobada antes de agosto, para
después pasarla a la Cámara de Representantes. De nuevo, en 2007, hay más
incertidumbres que certezas respecto a la reforma migratoria.
Informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca
El Informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca (12/1/07)
dedica un capítulo a la inmigración en Estados Unidos y recomienda que “para
mejorar la seguridad fronteriza, reducir el número de trabajadores
indocumentados y mantener los beneficios económicos de la inmigración se
debe buscar una reforma migratoria integral”.
En el informe se destacan las contribuciones positivas de los inmigrantes a la
economía y se reconoce que el “actual sistema de inmigración ha resultado
difícil de aplicar y de servir adecuadamente a la economía estadounidense”.
También reconoce el informe que “la política migratoria juega un papel
fundamental en determinar el volumen y la composición de la fuerza laboral
extranjera” y recomienda una reforma migratoria integral que pueda ayudar a
asegurar “un flujo ordenado de trabajadores extranjeros, cuya presencia
continúe beneficiando a la economía de Estados Unidos”.
Sin embargo, a la par del informe de la Casa Blanca, otras oficinas del
ejecutivo intensifican las acciones para la detención y expulsión de
trabajadores extranjeros indocumentados. Pareciera que el presidente Bush
mantiene un doble juego: en el discurso reconoce y apoya la necesidad de una
reforma migratoria integral; en la práctica, sus acciones parecen orientadas a
satisfacer al ala más conservadora de su partido y a todos aquellos que
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rechazan la legalización de los inmigrantes y proclaman medidas más estrictas
a partir de los paradigmas de seguridad nacional.
Intensificación de redadas en contra de indocumentados
En lo que suponía ser un operativo resultado de una larga investigación en
contra de tres ejecutivos de una empresa de servicios de limpieza acusados
por delitos de evasión fiscal, actividades fraudulentas con documentos de
identidad e irregularidades en la contratación de sus trabajadores, se llevaron
a cabo redadas en 17 estados y el Distrito de Columbia (19-24/02).
La Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció el arresto de
200 trabajadores indocumentados en 63 establecimientos que fueron
contratados por la empresa Rosenbaum-Cunnigham internacional; entre los
arrestados se encontraban nacionales de México, Honduras, Haití y El
Salvador.
Existen incongruencias en las razones que motivaron las detenciones, pues si
bien el operativo se inicia presuntamente a raíz de las acusaciones en contra
de la citada empresa por violar leyes federales y por evasión de impuestos, las
autoridades aseguran que estos operativos estaban dirigidos en contra de
individuos con órdenes de deportación y otros problemas con la ley. Al final,
todo indica que las autoridades actuaron sobre cientos de empleados de la
compañía de limpieza, y no contra los empleadores.
El secretario de Justicia, Alberto González, argumentó que su obligación era
hacer cumplir la ley. Sin embargo, líderes comunitarios, representantes de
diversas organizaciones pro inmigrantes y estudiantes, han denunciado los
hechos y han solicitado se detengan las redadas por considerarlas una
aplicación discriminatoria de las leyes y violatorias de los derechos humanos
de los trabajadores extranjeros.
El Senado de Estados Unidos retoma la reforma migratoria
Mientras esto sucede, el 28 de febrero se llevó a cabo la primera audiencia en
el nuevo Congreso sobre el tema migratorio. Los secretarios Carlos Gutiérrez
(Comercio) y Michael Chertoff (Seguridad Interior), hablaron frente a la
Comisión Judicial del Senado y destacaron la necesidad de un programa de
trabajadores temporales y de aplicar la ley a los empleadores. No se hizo
mención a los 12 millones de indocumentados en el país.
Se espera que en el mes de marzo el senador Edward Kennedy (S-D, MA)
presente una propuesta de reforma integral a las leyes de inmigración. La
iniciativa se basa en la propuesta Kennedy-McCain, que fue rechazada en 2006
por la Cámara de Representantes, aparentemente por la inclusión de vías para
la legalización de 12 millones de indocumentados.
Para los republicanos duros, la nueva ley no debe contener nada que suponga
una amnistía. El argumento central: no se debe premiar a quienes han
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violado la ley. Sin embargo, hay al menos siete millones de indocumentados
trabajando en Estados Unidos, lo que supone que existen al menos siete
millones de contrataciones fuera de la ley. En este contexto, el argumento
jurídico en contra de las regularizaciones para quienes han violado la ley no
tiene sustento político.
En el proceso de elaboración de la nueva propuesta, algunos republicanos
como Sam Brownback, (S-R, KS) y Arlen Specter (S-R, PA), han comentado que
no se les ha tomado en cuenta y que desconocen los detalles de la iniciativa.
Sin embargo, los demócratas han declarado que la iniciativa cuenta con apoyo
bipartidista. Es un hecho innegable que lo demócratas requieren que así sea.
El senador Harry Reid, líder de la mayoría del Senado, manifestó que el
proyecto de reforma de inmigración daría su primer paso el 22 de marzo, ya
que se espera el informe del Comité de Asuntos Jurídicos y para “antes del
receso de agosto” pueda entrar a debate en el plenario senatorial.
Posteriormente tendría que ser negociada en la Cámara de Representantes.
Perspectivas de la reforma migratoria en Estados Unidos en 2007
Con este panorama resulta difícil esperar avances importantes en 2007. Por un
lado, tenemos a los senadores demócratas tratando de rearmar una iniciativa
–como lo hicieron en 2007- pero ahora sin la presión del presidente Bush sobre
los senadores republicanos. Incluso si logran un acuerdo en el Comité Judicial,
la iniciativa no pasaría a pleno del Congreso antes de agosto.
El ejecutivo no da muestras de mayor interés, más allá del tema de los
trabajadores temporales, lo que de alguna manera sitúa de nuevo el debate
en donde se encontraba en 2004. El presidente Bush cuenta ahora con mucho
menos capital político y es poco probable que por este tema se arriesgue a
perder el apoyo del ala conservadora, que le resulta imprescindible para
terminar su segundo mandato.
La aplicación de la ley –que hasta ahora ha sido esencialmente a los
trabajadores y no a los empleadores- y las medidas para fortalecer la
seguridad de la frontera para impedir la entrada de ilegales –sean terroristas o
trabajadores extranjeros- parece ser la única línea de acción con la que
cuenta el presidente Bush.
En 2004 estaba lista la iniciativa conocida como Ag-Jobs, que significaba la
regularización de al menos un millón de trabajadores agrícolas. Después de
arduas negociaciones se había logrado un acuerdo bipartidista en ambas
Cámaras. Sólo faltaba la palabra del presidente. Nunca llegó. La iniciativa se
estancó. De hecho en el único momento en que la Casa Blanca se pronunció
abiertamente a favor de una iniciativa, fue en diciembre de 2005 para apoyar
la Ley Sesembrener, producto de la iniciativa de uno de los congresistas que
más trabajó para que el proceso de reforma se estancara en 2006. La
iniciativa Ag-Jobs se introdujo de nuevo en 2007. ¿Correrá la misma suerte
que en 2005? Muy probablemente.
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Como en cualquier otro tema, los cálculos de los políticos están en el costobeneficio de apoyar o impulsar una determinada iniciativa. La reforma
migratoria se ha convertido en un tema ciertamente polémico. Avanzar hacia
una reforma en 2007 representaría una gran inversión de capital político
cuando ambos partidos tienen como principal agenda la elección de 2008.
¿Estarán los demócratas dispuestos a ello? ¿Habrá un número suficiente de
republicanos que vean en esto una buena inversión con miras a las elecciones?
Incierto.
De no pasar la iniciativa en 2007, es muy probable que se traslade a la
campaña lectoral en 2008 y que no sea sino hasta 2009 cuando entre de nuevo
a debate en el Congreso. ¿Estarán el resto de los actores dispuestos a esperar
los tiempos de los políticos para dar salida a un problema real, cada vez más
acuciante y conflictivo en la agenda política y económica estadounidense?
Consecuencias para México
El día de hoy el presidente Felipe Calderón recibirá al presidente Bush en la
hacienda Tomonzón, en Yucatán. Esta visita es el final de un periplo del
mandatario estadounidense por cinco países de América Latina.
Sin lugar a dudas uno de los temas que habrá de tocar el presidente de México
es la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. La reacción del
presidente Bush es totalmente predecible. Le dirá a su contraparte mexicano
que comparte plenamente su preocupación, que desde 2004 ha sido el
principal promotor de esta reforma, que desafortunadamente el Congreso no
ha logrado avanzar, que los tiempos políticos no son fáciles, pero que pondrá
el mayor empeño en que la reforma migratoria avance antes de dejar la
presidencia.
El presidente de México agradecerá la buena disposición del presidente Bush,
externará su interés en que la reforma avance y entre salbutes y papatzules la
conversación se moverá hacía otros temas. En otras palabras, sería ingenuo
esperar que esta visita cambiará la situación de los migrantes mexicanos, de
las dificultades de cruce en la frontera, de la obsesión del presidente Bush
con el tema de la seguridad y de los reducidos espacios de cooperación que
han prevalecido en años recientes entre los dos gobiernos en este tema.
Frente a este panorama el gobierno de Calderón enfrenta el gran reto de
elaborar propuestas sobre el tema que permitan avanzar la posición de
México, sin esperar una reforma migratoria en el corto plazo, ni que la
retórica del presidente Bush se traduzca en acciones a favor de México. Esta
situación exige, más que ningún otro momento, una política estructurada del
gobierno de México en el tema migratorio, y una coordinación, mucho más
eficiente, entre los actores mexicanos involucrados en el tema. Sentarse a
esperar que las cosas se muevan en Estados Unidos a favor de México, hasta
ahora no parece haber resultado la mejor estrategia.
Con la colaboración especial de Susana Montaño de la Concha.