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Seco Serrano, C. (1984): Militarismo y civilismo en la España Contemporánea.
Madrid, Instituto de Estudios Económicos.
RESEÑA de
© José Manuel Saura Alcaraz
PARTE INFORMATIVA
1. Ficha Bibliográfica: Seco Serrano, Carlos. “Militarismo y Civilismo en la
España
Contemporánea”.
458
páginas.
Instituto
de
Estudios
Económicos. Madrid. 1984. Género ensayo histórico, presenta índice,
prólogo, epílogo e índice onomástico.
2. Estructura del libro: resumen ordenado por capítulos.
I. LA REVOLUCIÓN LIBERAL Y EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
II. LA ÉPOCA ISABELINA Y EL RÉGIMEN POLÍTICO DE LOS
GENERALES.
III. EL EJÉRCITO DURANTE EL SEXENIO REVOLUCIONARIO.
IV. EL CIVILISMO DE LA RESTAURACIÓN.
V. EL RETORNO DE LOS SABLES.
VI. DE LAS JUNTAS MILITARES A LA DICTADURA.
VII. LA DICTADURA.
VIII LA II REPÚBLICA Y EL EJÉRCITO.
I – LA REVOLUCIÓN LIBERAL Y EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La guerra de 1808, trastocó las ideas sobre la guerra y el ejército,
apareció la guerrilla y el alzamiento popular como forma de lucha contra el
invasor, además accedieron a los empleos militares, personas que no
provenían de las clases altas, por eso se puede decir que 1808, supuso una
ruptura y en cierta medida una “revolución.” Debido a esto se va a experimentar
un giro en la idea de ejército, tomando como referencia lo ocurrido en otros
países como Inglaterra, Estados Unidos o la Francia revolucionaria, se irá
perdiendo la idea del ejército de las monarquías absolutas que obedecían al
rey, que era el que les pagaba, y aparecerá un ejército más “popular” con levas
voluntarias en lugar de forzosas y más en la línea de las milicias populares. El
Ejército español nacido en este periodo, no tenía nada que ver con el francés o
el inglés que habían nacido de una lucha entre el pueblo y el monarca, ni
tampoco con el de EEUU, nacido de una labor emancipadora, pero si sería un
Ejército “nuevo” al ser una institución popular en un momento de vacío político.
En 1810, las Constituyentes y posteriormente la misma Constitución de 1812,
intentaría crear una milicia que se convirtiese en garante de la soberanía
nacional y no en mero instrumento de un monarca absoluto, además la misma
Constitución en sus artículos hablaría del ejército como defensor de la justicia.
La vuelta de Fernando VII en 1814, trajo la reacción y gran parte del
Ejército saludó con entusiasmo la vuelta al “Viejo Orden”, pero era una
institución dividida, entre el Ejército de antes de la guerra, compuesto por
militares de la nobleza y un Ejército nuevo, formado por el pueblo en armas que
a lo largo de la guerra había ascendido en el escalafón, además muchos de
ellos le debían a la Constitución y a sus ideas lo que eran, por lo tanto
simpatizaban bien poco con el absolutismo, de ahí que para combatir el golpe
de Estado de 1814, ellos elaborasen otras medidas conocidas como
pronunciamientos.
Dichos pronunciamientos fracasarían durante años, hasta que en 1820,
triunfase el de Cabezas de San Juan, realizado por el coronel Riego.Con el
pronunciamiento de 1820, se iniciará el trienio, conocido como liberal, pero con
un signo inquietante, pues el nuevo régimen lo traía el Ejército, no la voluntad
popular. El periodo liberal, se verá en peligro por dos extremismos, los
“exaltados” que tenderán hacia los excesos políticos y que aprovecharán los
“ultras” para fomentar la reacción. Entre una y otra, se decide el cambio de
actitud del Rey. Este cambio le llevaría a estar presente en el pronunciamiento
de Córdova, el 7 de julio de 1822, aunque Fernando VII, se mostrase
desconfiado ante dicho pronunciamiento que terminaría fracasando.
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En cambio si triunfaría la intervención de los conocidos como “cien mil
hijos de san Luis” que invadirían el territorio español, con la misión de devolver
los poderes absolutos a Fernando VII. La intervención triunfó debido a:
1. La desastrosa situación económica del país que también afectaba la
Ejército.
2. La pérdida de prestigio de los líderes liberales y del propio régimen.
Tras su “restauración” ocuparía el trono en la llamada “década ominosa”
dónde el Ejército sería depurado y puesto de nuevo al servicio del monarca. Ya
en sus últimos años, la situación del monarca, tras la Pragmática Sanción,
haría que Cea Bermúdez, depurase también de elementos carlistas al Ejército
y de que una gran parte apoyase a la hija del Fernando VII, como antes se
había depurado de elementos que tenían ciertas inclinaciones hacia el
liberalismo.
Los pronunciamientos que en ese último periodo del reinado de Fernando
VII, se dieron no tuvieron tanta importancia como los de los años 20, si
exceptuamos a la conspiración, más romántica que real de Torrijos, que le trajo
como consecuencia, la muerte.
II- LA ÉPOCA ISABELINA Y EL RÉGIMEN POLÍTICO DE LOS GENERALES.
Tras el fallecimiento de Fernando VII y la disolución del Ejército que
apoyaba al pretendiente, la futura reina y su regente, se apoyarían en los
partidarios del régimen constitucional, aunque sus defensores, ya no fuesen los
exaltados del 12. Ahora serán ministros como Martínez de la Rosa los que se
hagan cargo de la situación, y para reconducir el proceso de una verdadera
monarquía liberal, establecerá un Estatuto en 1834, que no es una carta
otorgada, sino un preámbulo a un sistema constitucional.
A pesar de los intentos de Martínez de la Rosa de acabar con los
posibles partidarios de d. Carlos esto no fue posible, y en 1834, tras la fuga de
este de Inglaterra, la llama de la guerra civil, se extendió por toda España,
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durante 7 años, sin que en un principio los militares afectos a la causa isabelina
lo pudiesen evitar, al contar los carlistas tanto con apoyo de parte de la
población como con un gran estratega que hasta su muerte en el cerco de
Bilbao, derrotó una y otra vez a los generales cristino, este militar era
Zumalacárregui. En 1839, tras la división dentro de las fuerzas carlistas y las
ofensivas isabelinas, se llegó al Pacto o abrazo de Vergara, por el cual se
ponía fin a esta guerra.
Como consecuencia de esta situación, aparecerán los llamados
“espadones”, militares constitucionales vencedores de la guerra, que serán los
verdaderos protagonistas de la situación política durante el siglo XIX,
Espartero, Narváez, O`Donell o Prim, todos ellos a la sombra del sistema al
que accederán a él a través del pronunciamiento, pero son sólo jefes de
partido, pues serán los partidos políticos, tanto el conservador como el
progresistas, los que los nombren sus líderes políticos.
De entre ellos podemos destacar a d. Luis Fernández de Córdova, (San
Fernando, 1798-Lisboa, 1840) Fue un militar que dio muestras de una clara
tendencia hacia las ideas liberales, aunque no estaba de acuerdo con la
revolución promulgada por los doceañistas exaltados, durante el tiempo que
estuvieron en el poder tras el establecimiento del trienio liberal. En 1822 fue
uno de los participantes en la conspiración del 7 de julio y un año después se
enfrentó al ejército constitucional. Tras fracasar el intento de sublevar a la
guardia real (1822), huye a Francia, de donde regresará con los Cien mil hijos
de San Luis (1823). Cuando regresa el rey Fernando VII al poder inicia su
carrera diplomática. Embajador en París (1825) y Lisboa (1832), ministro en
Copenhague (1827) y plenipotenciario en Berlín (1829). Precisamente en 1833
se produjo la muerte del rey. Fernández de Córdoba no mostró su apoyo a la
reina y abandonó la vida política para proseguir sus deberes como militar. Jefe
del ejército del Norte en la primera guerra carlista en el bando isabelino.
Durante la guerra civil se enfrentó al bando de los carlistas. En 1836 se
encontraba en París y publicó una "Memoria justificativa". Al año siguiente juró
la constitución y fue diputado en el congreso. Al siguiente año fue participó en
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una conspiración acontecida en Sevilla y posteriormente tuvo que exiliarse a
Lisboa, donde minado por el cáncer falleció, sin poder pisar de nuevo España,
aunque se disponía a regresar tras ser amnistiado.
El siguiente militar que tiene una gran trayectoria que comienza en los
albores del siglo XIX, fue Espartero prototipo del militar constitucional.
Prácticamente la guerra la pasó en la sitiada Cádiz, cuna de la Constitución de
1812, y dentro de una academia militar creada por la Regencia. Marchó a
América no sólo por sus ansias de gloria sino también por la ola de absolutismo
que imperaba en España. Él y muchos de los oficiales que le acompañaban
serían conocidos en España como los ayacuchos, en recuerdo de su pasado
americano y de la influencia que sobre sus ideas políticas tuvieron otros
militares liberales que participaron en aquella guerra.
La firma de la Constitución en 1820, le llenó de entusiasmo. Tenemos
pues al futuro duque de la Victoria con una ideología de monarquía liberal que
era común a la mayoría. A la muerte de Fernando VII, Espartero apoyó la
causa de Isabel II y de la regente María Cristina de Borbón frente al hermano
del difunto rey Fernando, Carlos María Isidro. Entre los cambios en la dirección
del Ejército que la regente María Cristina adoptó en los primeros días de
gobierno para eliminar a los elementos carlistas, Espartero fue nombrado
Comandante General de Vizcaya en 1834, bajo las órdenes de un antiguo jefe
suyo, Jerónimo Valdés, que lo había reclamado para el servicio en campaña.
Participó así en el frente norte durante la Primera Guerra Carlista,
desempeñando un destacado papel, no sin antes haber puesto en fuga
distintas partidas carlistas en Onteniente. Terminada la guerra, Espartero había
alcanzado gloria y fama entre todo el pueblo y, lo que es más importante, en el
seno del ejército. En agosto de 1837 se había unido al Partido Progresista por
rechazo
a
la
inestabilidad
que
propugnaban
los
moderados.
Sus
enfrentamientos con Ramón María Narváez venían desde años atrás.
Su adhesión al progresismo no era en principio beligerante, pero las
maquinaciones de los moderados por hacer caer el Gobierno -con el plante de
los oficiales de la División de la Guardia y las cortapisas que pusieron los
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distintos gobiernos de esta tendencia a la marcha de la guerra, restringiendo
las peticiones en hombres y materiales, impidiendo una dirección efectiva de
las operaciones y contraponiendo la figura de Narváez a la de Espartero-, van
acercando al futuro Regente a las filas de los progresistas militantes, que sólo
desean disponer de una persona de su prestigio para alzarse con el poder. No
obstante, este ofrecimiento al liderazgo no es unánime, ya que determinados
sectores, los más intransigentes, no perdonan a Espartero su falta de energía
en reprimir el motín de la División de la Guardia en 1837, que hizo caer al
gobierno progresista de Calatrava.
Las incursiones de Espartero en política desde 1839 eran duramente
contestadas por la prensa moderada. Consciente de su poder y opuesto al
conservadurismo de María Cristina, tras las revueltas de 1840 consiguió ser
nombrado Presidente del Consejo de Ministros, pero el insuficiente apoyo le
obligó a dimitir. Espartero lideraba sin oposición el Partido Progresista y
necesitaba una mayoría suficiente en las Cortes. El motín de la Granja de San
Ildefonso había llamado la atención a los moderados sobre la fortaleza de los
liberales y, por tanto, del propio Espartero. Así, el enfrentamiento con la
Regente acerca del papel de la Milicia Nacional y de la autonomía de los
Ayuntamientos, concluyó en una sublevación generalizada contra María
Cristina en las ciudades más importantes —Barcelona, Zaragoza y Madrid, las
más destacadas— y a la renuncia y entrega de ésta de la Regencia y custodia
de sus hijas, incluida la Reina Isabel, en manos del general.
Espartero alcanzó la Regencia mientras María Cristina marchaba al
exilio en Francia. No obstante, el partido progresista se encontraba dividido
respecto a cómo ocupar el espacio dejado por la madre de Isabel II. La
fortaleza del general le permitió alcanzar la Regencia no sin antes haberse
enemistado con una parte significativa del partido progresista que veía en el
general un autoritarismo latente. El conde de Luchana tenía por principio básico
de convivencia política el "hágase la voluntad nacional", y de hecho lo mantuvo
en todo momento, de tal manera que por Orden de la Regencia de 21 de
diciembre, solicitaba la más absoluta libertad en las elecciones (febrero de
1841), para conocer la "verdadera opinión y voluntad del país". Su modo de
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gobernar dictatorial, personalista y militarista provocó la enemistad con muchos
de sus partidarios. Esta situación de tensión interna entre los progresistas fue
aprovechada por los moderados con el levantamiento de O'Donnell en 1841
que se saldó con el fusilamiento de algunos destacados y apreciados miembros
del ejército como Diego de León. Con posterioridad, el alzamiento de Barcelona
en noviembre de 1842 fue reprimido con dureza por el Regente al bombardear
la ciudad el 3 de diciembre con cuantiosas víctimas, siendo el preludio del fin
de su Regencia. Se aprobó una ley de amnistía que sólo favorecía a los
sublevados de octubre del 42, y se relevó a Linage, pero nada de ello impidió el
alzamiento popular. Primero fue Málaga. Prim se sublevó en Cataluña,
profundamente sensibilizada por la política librecambista del Regente que
beneficiaba a Inglaterra en detrimento de la incipiente industria del Principado.
Luego siguieron Madrid, Granada, etc. En 1843 se vio obligado a disolver las
Cortes, ante la hostilidad de las mismas. Narváez y Serrano encabezaron un
pronunciamiento conjunto de militares moderados y progresistas en el que las
fuerzas propias del Regente se pasaron al enemigo en Torrejón de Ardoz. El 30
de julio abandonaba la Península, embarcando en un buque inglés que lo
condujo a Londres. El Gobierno recién constituido le privó de todos sus títulos,
grados, empleos, honores y condecoraciones, ordenando a todas las
autoridades del Estado que en caso de encontrarle y reconocerlo, sin más
trámite, fuera pasado por las armas como traidor a la Patria.
El tercero de los militares importantes en la historia política de España
durante el siglo XIX, será Narváez. Durante el Trienio Constitucional (1820-23)
se decantó por los partidarios del liberalismo y tuvo un papel destacado en la
lucha contra la sublevación absolutista de la Guardia Real de Madrid (1822)
promovida por Luis Fernández de Córdova a favor de Fernando VII, por ello le
obligó a retirarse del ejército cuando la invasión de los «Cien mil hijos de San
Luis» restableció a Fernando VII como rey absoluto.
Muerto el rey diez años más tarde, Narváez se reincorporó al ejército y
defendió la causa del liberalismo y el Trono de Isabel II en la Primera Guerra
Carlista (1833-40). Ascendió rápidamente por los éxitos obtenidos en los
frentes del Norte (batallas de Mendigorría, 1835 y Arlabán, 1836), el
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Maestrazgo, Andalucía y La Mancha; pero en esas campañas se fue
enconando también su rivalidad personal con Espartero, que habría de
degenerar en enfrentamiento político desde 1838.
La persecución de la que fue objeto por Espartero le obligó a exiliarse en
Francia durante la Regencia de éste (1841-43); y, dado que su rival había
asumido el liderazgo de la rama progresista de los liberales, Narváez se inclinó
hacia la rama conservadora, convirtiéndose pronto en el máximo dirigente del
partido moderado. Dirigió la sublevación militar que derrocó a Espartero en
1843 (encuentro de Torrejón de Ardoz).
En suma, conformó el Estado español contemporáneo según la
ideología liberal-conservadora de su partido y según su temperamento
autoritario: detuvo el proceso de desamortización de los bienes eclesiásticos,
amordazó a la prensa, organizó una Administración centralizada y reprimió los
movimientos populares impidiendo tanto el resurgimiento del carlismo
(Segunda Guerra Carlista, 1849) como la extensión a España de las
revoluciones europeas de 1848.
Además de estas reformas también realizó otras de carácter militar, para
que dicho institución se uniese a la idea constitucionalista. Estos tres caminos
para estabilizar el orden político fueron:
1. Vincular a los jefes militares con el constitucionalismo de 1845.
2. Supresión de la Milicia Popular y creación de la Guardia Civil.
3. Disuadir a quienes se sintiesen tentados por acabar con el
régimen institucionalizado.
A continuación analizaremos a O´Donell, hizo sus primeras armas en
defensa de la causa constitucional durante la Primera Guerra Carlista (183340), Fue ascendiendo por méritos de campaña, primero en el frente del Norte
(Lumbier, Unzá, Hernani…) y desde 1839 en el Maestrazgo, ya como jefe del
Ejército del Centro y capitán general de Aragón, Valencia y Murcia;
Políticamente se encuadró junto a Narváez entre los moderados, contrarios al
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progresismo de Espartero; el triunfo de éste le hizo exiliarse en 1840, participar
en la fallida sublevación de Diego de León (1841) y en la conspiración de
militares moderados que acabaron con la Regencia de Espartero en 1843.
Narváez le nombró capitán general de Cuba (1844-48), senador vitalicio (1845)
y director general de Infantería (1848). En 1854, habiendo degenerado el
gobierno moderado bajo el conde de San Luis hacia posiciones autocráticas y
ultra conservadoras alejadas de la mayoría del partido, O'Donnell encabezó el
pronunciamiento militar de 1854 que, en un principio, sólo buscaba propiciar el
cambio ministerial. El 29 de junio se puso al frente de la Caballería
insurreccionada en el Campo de Guardias, Tras el indeciso encuentro de
Vicálvaro, que daría nombre a los pronunciados, y con el fin de ganar adeptos,
dio el 6 de julio el célebre Manifiesto de Manzanares, que al ampliar y
radicalizar los objetivos de la revolución, generalizó ésta por todo el país.
Capitalizado finalmente el movimiento por el progresismo, y encargado
Espartero de presidir el Consejo de Ministros, O'Donnell tuvo que compartir con
aquel partido las responsabilidades de gobierno durante el Bienio Progresista,
ocupando él la cartera de Guerra. En las Cortes Constituyentes del Bienio
nació un nuevo partido de carácter centrista, la Unión Liberal, que quería
permanecer equidistante tanto del moderantismo doctrinario como del
progresismo puro, partido que convirtió a O'Donnell en su jefe e indiscutible
líder.
Tras los sucesos del 16 y 17 de julio de 1856, que provocaron la
dimisión de Espartero, el conde de Lucena formó el primer Gobierno unionista.
Desde la presidencia de este gobierno puso fin a las sesiones de las Cortes
Constituyentes, disolvió la Milicia Nacional e, ignorando la Constitución nonnata de 1856, restableció la moderada de 1845, acompañada de un Acta
adicional que reflejaba alguna preocupación por conservar ciertas conquistas
progresistas (jurados para delitos de imprenta, permanencia de las Cortes
durante cuatro meses al menos cada año). El 10 de octubre de 1856 se vio
obligado a dimitir, debido a la oposición de los moderados históricos a su
política. Fue sustituido en la Presidencia del Consejo de Ministros por Narváez,
lo que supuso el retorno a la integridad del régimen político de 1845. Sin
embargo, volvió a la Presidencia del Gobierno, ocupando además la cartera de
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Guerra, en julio de 1858, iniciándose entonces un período de gobierno
ininterrumpido de la Unión Liberal que se alargó hasta 1863. En febrero de ese
mismo año presentó la dimisión ante la presión del Partido Moderado, siendo
llamado de nuevo al gobierno en 1865. En su nuevo mandato trató inútilmente
de reintegrar al progresismo en el juego político, y reprimió la revolución de
junio de 1866 estallada en Madrid. Sustituido por Narváez nuevamente en
aquel año. Se trasladó a Biarritz por problemas de salud, falleciendo al poco (5XI-1867). Su desaparición permitió a los unionistas iniciar una convergencia
con los progresistas y los demócratas que culminaría en la revolución de 1868.
El último de los llamados “espadones” es Prim decisivo en la última
etapa del reinado de Isabel II, y sobre todo creador tras “La Gloriosa” del
cambio de monarquía en España. Miembro del partido progresista, conspiró
contra Narváez, haciendo que este, enterado de estas conspiraciones invitase
a Prim a salir de España, y como se negó le fuese asignada residencia en
Oviedo, si bien pudo regresar poco después porque el nuevo gobierno de
Narváez dictó una amnistía. Las nuevas elecciones de finales de 1864 fueron
también boicoteadas por los progresistas. En 1865 el gobierno endureció su
posición y comenzó a tomar medidas represivas que culminaron El día 21 de
junio por la noche se inició el golpe en Madrid, que estaba pendiente del cuartel
de San Gil donde los sargentos apoyaban la rebelión y que con más
dificultades de las previstas consiguieron tomar el control. La lucha se
desarrolló por Madrid pero el gobierno obtuvo la victoria al anochecer del 22 de
junio.
Muchos de los sargentos y cabos (66) fueron fusilados. Prim, que
había de ser jefe de gobierno, no llegó a salir de Francia. En la Noche de San
Daniel con una decena de muertos y medio centenar de heridos en Madrid (10
de abril de 1865); desde entonces Prim empezó a conspirar decididamente. Un
levantamiento en Valencia que el impulsó, fracasó. Salió de España y desde
Francia entró por Pamplona nuevamente sin éxito por la defección de muchos
de los comprometidos. El fallecimiento de O´Donnell (noviembre de 1867)
llevará a sus partidarios a unirse al bloque liderado por Prim. Desde ese
momento el general está en disposición de otorgar el definitivo golpe al
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maltrecho gobierno de Isabel II. Alentó el Pacto de Ostende (1866) intentando
derrocar a la reina Isabel II.
El 12 de septiembre de 1868 salía Prim de Londres en el vapor
Buenaventura, disfrazado como criado de los Sres. Bark, que eran amigos de
Prim. Llegado a Gibraltar embarcó en el remolcador inglés Adelia (enviando
como señuelo la embarcación llamada Alegría) con el cual se trasladó a la
fragata Zaragoza, anclada junto a otros buques de la escuadra en Cádiz. Será
en septiembre de 1868 cuando se subleve en Cádiz junto al almirante Topete,
publicando el manifiesto "España con honra". Se formó una junta bajo la
presidencia de Topete, con Unionistas, Progresistas y Demócratas en forma
paritaria. Luego Prim avanzó por la costa Mediterránea sublevando sus
ciudades: el 23 Málaga, el 25 Almería, el 26 Cartagena; el 2 de octubre,
Valencia y el 3 Barcelona donde fue recibido con gran alborozo. Al
pronunciamiento se suma Serrano, que marcha con sus tropas sobre Madrid
mientras Prim recorre la costa levantina. La reina es obligada a abandonar su
corona. La "Gloriosa" ha triunfado.
Prim formará parte del gobierno provisional como ministro de la Guerra
y se convertirá en un firme defensor del carácter monárquico del Régimen.
Desde ese momento no escatimará esfuerzos en la búsqueda de un nuevo
monarca, Al día siguiente recibió la cartera de Estado en el gobierno
provisional, del que Prim era el árbitro. En las elecciones de enero de 1869 los
progresistas en alianza con los demócratas moderados obtuvieron 160
diputados; 65 la Unión Liberal; 60 los republicanos; y 30 los carlistas y así Prim,
líder progresista, volvía a quedar como referencia decisiva. El nombramiento de
jefe de gobierno debía contar con su beneplácito y la Constitución fue aprobada
aceptando la forma monárquica por decisión de Prim. El nombramiento de
Serrano como regente, sin poder efectivo, eliminó su más directo rival. Serrano
nombró a Prim jefe de gobierno y Prim se reservó en el gabinete además de la
presidencia, la cartera de Guerra, nombrando ministros unionistas y
progresistas por igual.
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Los progresistas proponían la candidatura al trono de Fernando de
Coburgo, padre del rey Luis de Portugal, mientras los unionistas proponían al
duque de Montpensier. La candidatura de Fernando fracasó por su matrimonio
morganático con una bailarina y la oposición del príncipe a que nunca pudieran
unirse las coronas de España y Portugal (sueño último de buena parte de sus
partidarios). La candidatura de Montpensier, a propuesta de Serrano y Topete,
fue rechazada enérgicamente por Prim que además propuso excluir del trono a
todas las ramas de los Borbones. Prim ofreció la corona al Duque de Aosta,
hijo del rey de Italia, y a Leopoldo de Hohenzollern, que rechazaron la oferta
Siendo aceptada más tarde por Amadeo de Saboya. Como presidente del
Gobierno se convirtió en principal defensor del nuevo rey pero fue asesinado
antes de que éste llegara a España, el 27 de diciembre de 1870. La monarquía
saboyana perdía de esta manera a su principal valedor.
III- EL EJÉRCITO DURANTE EL SEXENIO REVOLUCIONARIO.
En el periodo que va desde 1868 hasta 1874 se suceden rápidamente la
revolución de 1868 y la caída borbónica, un periodo provisional y la
Constitución de 1869, la Regencia y la búsqueda de un Rey, la monarquía de
Amadeo de Saboya, la I República y el gobierno autoritario de Serrano, hasta
que a finales de 1874 se produce la Restauración borbónica (Alfonso XII).
La Revolución Gloriosa de septiembre de 1868 inaugura el sexenio
revolucionario (1868-1874), apoyada por sectores del Ejército como los
representados por los generales Prim y Serrano. Se intentó instaurar una
monarquía constitucional de carácter liberal- democrático que reconociese los
derechos individuales, acabase con las interferencias de la Corona y
reestructurase la organización territorial centralista y despótica del Estado
monárquico. Desde la caída de Isabel II, el republicanismo federal conoció una
rápida difusión y surgieron importantes núcleos en Bilbao, Valencia, Barcelona
o Cádiz. Las Constituyentes de enero de 1869 otorgaron a los republicanos la
cuarta parte de los escaños, frente a la mayoría formada por radicales y
progresistas, liderados por el general Prim y partidarios de la monarquía
constitucional.
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El asesinato del general Juan Prim, el principal protagonista de la
Gloriosa, en diciembre de 1870, cuando apenas había pasado un mes de la
entronización de Amadeo I de Saboya, el rey-burgués, arroja negros augurios
sobre la monarquía. Durante el breve reinado de Amadeo, los republicanos
experimentan fuertes discrepancias internas entre unitarios y federales. En
marzo de 1870 se celebró la primera asamblea nacional del partido donde se
difunde la Declaración de los republicanos unitarios contra la doctrina federal
de Pi que, según ellos, amenaza “la unidad nacional con sus naturales
consecuencias de unidad de legislación, fueros, de poder político e
indivisibilidad del territorio.” Pi replica a través de un manifiesto, suscrito por el
directorio del partido formado por Castelar, Figueras y él mismo, donde se
afirma: “al proclamar como forma de gobierno de su partido la república
democrático- federal, aspira a constituir la nación española en un grupo de
Estados unidos por un pacto federal que sea la expresión de su unidad.”
La segunda asamblea del partido fue el marco del choque entre la
extrema izquierda, partidaria de derrocar por la fuerza la monarquía de Amadeo
y proclamar la república federal, conocidos como los intransigentes, y los
políticos o benévolos que propugnan la transformación desde dentro de un
régimen que asegura el ejercicio de las libertades democráticas. El punto de
inflexión se produjo en enero de 1872, tras el fracaso de la insurrección de El
Ferrol, que anuncia el movimiento cantonalista. Pi condenó la intentona y
pareció como el portavoz de los benévolos, cada vez más distanciado y
enfrentado con los intransigentes.
La proclamación de la República provocó la eclosión de las juntas
revolucionarias que depusieron a los ayuntamientos monárquicos. La primera
medida de Pi fue ordenar la disolución de estas juntas y la reposición de los
consistorios hasta la celebración de elecciones municipales. Las Cortes
Constituyentes se inauguran el 1 de junio. Ese mismo día el presidente
Figueras presenta la dimisión y se encomienda a Pi la formación del nuevo
gabinete, que encuentra grandes dificultades ante la oposición de los
intransigentes y el retraimiento de los benévolos. Para complicar aún más las
cosas Figueras, que continúa ostentando la primera magistratura del Estado,
13
huye precipitadamente a Francia. El 11 de junio Pi puede superar estos
obstáculos y es nombrado presidente de la República, conservando el
ministerio de Gobernación. Sobre él recae, casi en solitario, la tarea de salvar
al régimen. El 13 de junio de 1873 pronunció el discurso donde definió un
programa de acción claro y preciso: aprobar urgentemente la Constitución
federal para sofocar la insurrección cantonal y apaciguar a los rebeldes
cubanos; disponer de facultades extraordinarias para restablecer el orden y la
disciplina militar para combatir a los carlistas; aplicar de inmediato una serie de
reformas en favor de las clases trabajadoras, como la ley que regula el trabajo
infantil y obliga a escolarizar a los niños de ambos sexos, la creación de
jurados mixtos de arbitraje para dirimir los conflictos laborales o la redención de
los foros y censos para mejorar la situación de los campesinos. Pi no tendrá
tiempo para desarrollar este programa y su política de conciliación entre las
facciones republicanas, a las que invitó a formar un gobierno de concentración,
no prospera. También fracasa su determinación de aprobar inmediatamente la
Constitución federal ante las diferencias insalvables entre unitarios e
intransigentes que defienden sus respectivos proyectos. Aunque consigue
desbaratar, a duras penas, los conatos cantonalistas de Sevilla, Écija y Málaga,
no puede impedir la proclamación, el 12 de julio, del cantón de Cartagena,
fortaleza militar donde se concentra el grueso de la marina de guerra. Intentó
inútilmente que los alzados, dirigidos por el general Contreras, depusieran su
actitud.
Dolido por las acusaciones de doble juego y connivencia con los
insurgentes y ante la imposibilidad de aprobar la Constitución, presenta su
dimisión el 18 de julio. Tras su dimisión, la Asamblea elige a Nicolás Salmerón
tercer presidente de la República por 119 votos, frente a los 93 diputados que
votan por la continuidad de Pi. Salmerón, en el centro del partido, cuenta con el
apoyo de la derecha de Castelar, que encarna los valores de una república
conservadora y de orden. La caída de Pi provoca la extensión del movimiento
cantonalista a muchas ciudades de Andalucía, Valencia, Extremadura y
Castilla. Estas insurrecciones son objeto de una enconada polémica entre
marxistas y bakuninistas. Engels defiende la estrategia de Pi de consolidar la
revolución y descalifica duramente a anarquistas e intransigentes a quienes
14
responsabiliza de su hundimiento. El principal objetivo de Salmerón y Castelar,
ya en el último tramo de la República, es aplastar el movimiento cantonalista. El
general Pavía, próximo a los radicales, se encarga de destruir los cantones
andaluces y el alfonsino Martínez Campos los valencianos, los mismos
militares que derrocarán la República. A mediados de septiembre habían caído
todos excepto el de Cartagena.
Mientras tanto, los carlistas multiplican sus éxitos sin que se tomen las
medidas militares y diplomáticas más elementales. Es decir, la política contraria
de Pi que propugnaba mano dura con los carlistas y negociaciones con los
cantonalistas que volverían al orden en cuanto se aprobase la Constitución
federal. Salmerón dimite el 6 de septiembre al negarse a firmar el decreto que
restablece la pena de muerte en el Ejército, como exigen los mandos militares
que cuentan con el apoyo de Castelar. Pi realizó el último intento para salvar la
República federal y le disputó la presidencia a Castelar, quien estaba dispuesto
a consumar, como en Francia, el giro a la derecha. Pi contó con el apoyo de los
diputados intransigentes que le había sido negado durante su ministerio, pero
que ahora serán insuficientes. Antes de la votación se desarrolló un intenso
debate, donde Castelar, apoyado por Salmerón, advirtió que no estaba
dispuesto a formar un gobierno de coalición con la izquierda y esgrimió la
amenaza de un inmediato alzamiento de la conservadora guarnición de Madrid.
Finalmente, Castelar fue elegido por 133 sufragios contra 67 de Pi que perdió
el apoyo de una veintena larga de diputados que le habían votado dos meses
antes. La situación caótica del país y los excesos cantonalistas les condujeron
a las filas de la derecha.
Aprobado el decreto que restablece la pena de muerte en el Ejército, las
Cortes Constituyentes deciden suspender sus sesiones hasta el 2 de enero de
1874, lo que significa de facto la dictadura de Castelar. El cuarto presidente de
la República intentó por todos los medios conquistar Cartagena antes de la
apertura de la Cámara, así que procedió a reorganizar el Ejército, apoyándose
en sectores conservadores a los que situó en puestos clave. Sin embargo,
Cartagena continuaba resistiendo con la esperanza que, cuando se reanuden
las sesiones, Castelar caería y sería sustituido por un gabinete federalista.
15
En efecto, el 2 de enero volvieron a reunirse las Cortes y se produjo la
esperada reacción contra Castelar. La Cámara impugnó su política de mano
dura y su república conservadora y unitaria. Los tres hombres fuertes del
republicanismo Pi, Salmerón y Figueras llegan a un acuerdo y anuncian que no
le apoyarán. En la madrugada del 2 al 3 de enero, las Cortes se niegan a
ratificar el voto de confianza al gobierno que parece anunciar el triunfo de la
izquierda. Esto precipita el golpe de Estado del general Pavía, cuyos
preparativos estaban muy adelantados. A primera hora de la mañana del 3 de
enero, sus tropas irrumpen en las Cortes, expulsan a los diputados de sus
escaños y cierran la Cámara. Pi nunca perdonará a Castelar su actitud
equívoca durante estas jornadas y siempre sospechará que estuvo implicado
en el golpe de Pavía, a quien había nombrado comandante de la guarnición de
Madrid.
IV- EL CIVILISMO DE LA RESTAURACIÓN.
El Ejército secundó un golpe que no tuvo prácticamente oposición. Los
militares designaron presidente de la República, con poderes dictatoriales, al
general Francisco Serrano, uno de los figurones del sexenio, héroe de la
batalla de Alcolea, donde se decidió el destino de Isabel II y que contaba con
grandes apoyos entre la burguesía conservadora. Perdidas las últimas
esperanzas, el 12 de enero capituló Cartagena. Durante casi un año Serrano
intentó consolidar una república presidencialista y conservadora, al estilo del
general Mac Mahon en Francia, pero, incapaz de ampliar sus apoyos, no pudo
impedir el éxito de las conspiraciones así que el poder pasó a manos de una
coalición de unionistas y progresistas con el general Serrano a la cabeza que
intentó estabilizar el régimen republicano, pero este herido de muerte y sin un
apoyo social claro se preparó para la Restauración Monárquica de la mano de
Alfonso XII, el cual y a través de Canovas del Castillo, había elaborado el
Manifiesto de Sandhurt, que recogía el ideal de un régimen monárquico de
signo conservador y católico, que defendería el orden social y garantizaría el
funcionamiento del sistema político liberal, siendo proclamado Alfonso XII como
rey de España el 29 de diciembre de 1874.
16
Formó gobierno compuesto por demócratas radicales y militares, y
concentró sus fuerzas en sofocar el núcleo cantonalista de Cartagena, así
como hacer frente a la guerra carlista y restablecer el orden, acabando con la
oposición republicana. A pesar de ello, su posición era muy frágil, y Cánovas
del Castillo, llevó a cabo una política a favor de la restauración borbónica y a
favor de la vuelta de Alfonso XII.
Entre las primeras medidas de gobierno, Cánovas sustituyó a
gobernadores, presidentes de Diputaciones y alcaldes por personas afines a la
Corona; mantuvo a ultranza el orden público, se restableció el Concordato con
la devolución a la Iglesia de los pocos bienes aún no vendidos y se ayudó a
esta a través de aportaciones estatales. Era una vuelta al pasado, pero con
medidas represivas suaves, con perdón para progresistas y demócratas.
El llamado programa de la Restauración, basado en la unión entre el
Trono y el Ejército se basó en cuatro puntos:
1. La pacificación, tanto ideológica como militar, la primera basada en la
aprobación de una Constitución de consenso, la de 1876. La segunda
en la finalización de las guerras de Cuba y carlista.
2. Organización del bipartidismo por un lado el Partido LiberalConservador por otro el Partido Liberal Fusionista, conocidos como
"liberales" y "conservadores" respectivamente. Fueron los únicos
partidos que ocuparon el gobierno en este período.
3. El “turno de partidos” se va a producir una alternancia en el poder que
contribuyó a la estabilidad política, a esto se le conoció como “ Turno
pacífico”, cuando un partido tenía un problema, estaba gastado o
perdía la confianza del Parlamento, cedía su puesto al otro.
4. Consagración del civilismo con la democratización del régimen. En
1886 fracasa la última intentona de pronunciamiento realizada por
Villacampa, pretendido “ariete” de Ruiz Zorrilla.
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En la implantación de los partidos republicanos fue importante la
existencia de casinos, ateneos populares, cooperativas y prensa todas ellas
vehículo de difusión de las ideas republicanas. Tras la Restauración, Ruiz
Zorrilla, el hombre que gozaba de mayor respaldo, hubo de exiliarse al
descubrirse que planeaba un pronunciamiento de carácter republicano (1883).
Los demás, Castelar, Salmerón, Figueras o Pi y Margall, organizaron diversos
partidos republicanos que limitaban sus actuaciones a épocas de elecciones.
Ninguno de ellos se cuestionaba los fundamentos del orden económico.
Frente al problema social proponían diversas medidas reformistas como
el fomento del cooperativismo, la constitución de jurados mixtos, la concesión
de créditos baratos a los campesinos o el reparto de algunas tierras, y, en
algunos casos, medidas intervencionistas por parte del Estado, como la
reducción por ley de la jornada de trabajo o la reglamentación de las
condiciones del trabajo realizado.
El general Cassola ha pasado a la historia por ser el autor de un
proyecto de Ley Constitutiva del Ejército presentado a las Cortes el 22 de abril
de 1887, a los pocos días de ser nombrado ministro de la Guerra por Sagasta.
Ese proyecto de reformas militares, durísimamente combatido por la oposición
conservadora, y aún por militares liberales. apasionó a la opinión pública y a las
filas castrenses hasta tal punto que el propio gabinete Sagasta acabó por
considerarlo peligroso y dejó en la estacada a su promotor que, tras una
primera dimisión no aceptada (enero), presentó su renuncia definitiva en junio
de 1888, pretextando un conflicto protocolario que le enfrentó con Martínez
Campos, uno de sus más duros antagonistas. En el proyecto presentado -al
que acompañaba otro de creación de un Banco Militar de Préstamos para
aliviar la dramática situación económica de muchos militares profesionales- se
articulaban los grandes lemas de una política militar de la que tan necesitado
estaba el ejército español de la Restauración. Pero fue el debate acerca de la
obligatoriedad del servicio militar, sin posibilidad de redención o sustitución, el
que acaparó la atención de la sociedad y los parlamentarios. Cassola no pudo
hacer valer su tesis de que era socialmente injusto un sistema del que
quedaban excluidos quienes tenían dinero o cultura el abandono de su
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provecto impidió la necesaria modernización del ejército y su vertebración en la
sociedad en vísperas del 98.
V- EL RETORNO DE LOS SABLES.
En la década de los 90, en el periodo de crisis, estalla en Cuba (1895, el
grito de Baire) y en Filipinas (1896) un movimiento emancipador con la idea de
obtener la independencia. A pesar de la poca extensión de las islas, sobre todo
para España era vital el mantenimiento de Cuba, pues aparte de suministrar
azúcar, café y tabaco absorbía productos peninsulares. La guerra de Cuba se
produjo gracias a la madurez del movimiento independentista indígena bajo el
liderazgo de José Martí y Antonio Maceo, así como los errores cometidos por
los distintos gobiernos de la península que fueron retrasando la concesión de
un autogobierno, para preservar los intereses de los indianos peninsulares,
facción muy poderosa en la política española. A este sentimiento de frustración,
hay que unirle el interés de EEUU, para hacerse con el control de la isla en su
propio beneficio, lo que le llevaría a respaldar dicho movimiento de
independencia.
A mediados de la década de los noventa es nombrado gobernador de
Filipinas. En estos años se opuso a los movimientos independentistas. Este
factor permitió que volviera a ser bien considerado en el ámbito militar. Su
dimisión tuvo lugar cuando el gobierno no le concedió la ayuda que había
solicitado.
polavieja logró una cierta popularidad entre medios cortesanos, el
catalanismo burgués conservador y entre elementos clericales, como lo
demostró la famosa "crisis del balcón" a su vuelta a España en mayo de 1897.
Fracasada la política de reconciliación de Martínez Campos, Cánovas
eligió a Weyler para someter la insurrección (1896). Empleó una táctica de
guerra total: organizó campos de concentración para los campesinos, destruyó
los edificios que pudieran servir de refugio a los sublevados, prohibió la zafra,
etc. La reorganización constante del Ejército de Operaciones caracterizó los
veintiún meses de mando en Cuba del marqués de Tenerife. Estas
reestructuraciones trataban de dar respuesta a los cambios originados por el
19
desarrollo de la guerra. Entre las medidas más significativas estuvo la de
sustituir los destacamentos del ejército, en fincas e ingenios, por voluntarios.
Otra de sus medidas fue la de incrementar las guerrillas. Éstas, denominadas
volantes, operarían junto a las columnas del ejército regular. Durante las
operaciones cumplían misiones de exploración, marchaban a la extrema
vanguardia y retaguardia, cubrían los flancos e, incluso, se enfrentaban a
pequeños contingente de insurrectos. Sus integrantes eran naturales del país o
habían permanecido en él durante mucho tiempo; eso los dotaba de
conocimiento del terreno, adaptación al clima y conocimiento del proceder de
los cubanos.
Las reiteradas promesas del Capitán General y Gobernador de la isla de
Cuba de pacificar al país no se materializaban tras diecinueve meses de
campaña. En Occidente, por donde debía haber comenzado la pacificación, se
seguía combatiendo y no había podido pasar a la ofensiva en Oriente, provincia
en la que los insurrectos controlaban grandes extensiones de territorio. A ello
se agregaba que su política de guerra de tierra arrasada y la reconcentración
eran censuradas cada vez con más firmeza tanto en España como
internacionalmente y en Cuba era apoyada casi exclusivamente por el Cuerpo
de Voluntarios. Estos y otros factores de carácter político se conjugaron para
que el general Valeriano Weyler fuera sustituido de su mando en Cuba.
Tras el asesinato de Cánovas del Castillo en 1897, Sagasta se hizo con
el gobierno, e intentó un proyecto de autonomía más amplio, pero ya era
demasiado tarde y a pesar de las buenas intenciones no existían muchas
salidas, pues EEUU, estaba dispuesta a llegar hasta el final. La Chispa que
desencadenó todo, fue el hundimiento del acorazado Maine en la rada del
puerto de La Habana, los estadounidenses responsabilizaron al gobierno
español y aún que este propuso un comité de investigación, EEUU, propuso o
bien la compra de la isla o un ultimátum si no renunciaba a la soberanía de
ésta. España acudió a la guerra sin alianzas con ningún otro país y sin
preparación adecuada. El 1/5/1898, la flota del Pacífico del almirante Dewey,
destruía en Cavite (Filipinas) a la flota española del almirante Montojo. Sin
tener en cuenta este desastre, se mandó a Cuba la flota del almirante Cervera,
20
la cual sería destruida por el almirante Sampson el 4 de julio de 1898. Sin flota
con la que abastecer a un ejército de 200.000 hombres y con la isla en rebelión
declarada, España pidió un armisticio, firmando la paz de París el 10/12/1898,
en la que renunciaba a Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam en las
Marianas, los últimos restos de nuestro Imperio colonial.
Es el clima de la derrota, dónde hace surgir una serie de críticas hacia el
funcionamiento del sistema político y la propia mentalidad derrotista y
conformista del país. Se aceptó la derrota con resignación y fatalidad.
Polavieja publicó el 1 de septiembre de 1898 una carta-manifiesto de tono
regeneracionista que se centraba en reformas de la Hacienda, el Ejército y las
administraciones
municipal,
provincial
y
de
Justicia,
además
de
la
descentralización administrativa para Cataluña. La convulsión se produjo entre
los políticos e intelectuales, no entre las clases populares. Son éstos
los
llamados “regeneracionistas”, personas como Picabea o el propio Joaquín
Costa, quiénes atacan la corrupción de los partidos políticos y el sistema
canovista.
Tras la victoria de la Lliga en las elecciones municipales de 1905 en
Barcelona, oficiales del ejército asaltaron y destruyeron los locales de dos
periódicos de este partido, considerándose ofendidos por una serie de chistes
allí publicados. Las Cortes y el gobierno de Madrid no sólo no desautorizaron el
gesto sino que aprobaron la Ley de Jurisdicciones, que identificaba los delitos
contra el Ejército, incluidas las injurias, como delitos contra la Patria, y los
ponía bajo jurisdicción militar, la Ley desprestigió a los liberales, además como
era dirigida contra la expansión del catalanismo, como efecto contrario provocó
la unión de las principales fuerzas nacionalistas catalanas, desde carlistas a
republicanos.
VI – DE LAS JUNTAS MILITARES A LA DICTADURA.
Ya en 1910, casi 7 años antes de la aparición de las Juntas Militares,
algunos oficiales jóvenes abogaban por una reforma dentro del Ejército, para
evitar desastres como “el de barranco del lobo” de 1909.
21
El punto de arranque de los “junteros” se inició cuando el Ministerio de la
Guerra, trató de evaluar a los oficiales de jefes para arriba, para ver si estaba
capacitado en una situación de guerra, era como una “reválida” que muchos no
estaban dispuestos a pasar. En un principio lo que nació como una protesta sin
ánimo de “sindicalismo” en 1917, derivaría hacia unas Juntas, que elaborarían
el “Manifiesto de las Juntas” que buscaba:
1. Orden moral lo que produce la falta de interior satisfacción que anula el
entusiasmo.
2. Orden profesional o técnico, por la falta de material con el que realizar
sus fines.
3. Orden económico, tanto oficialidad como tropa, tiene unas condiciones
inferiores a los civiles análogos.
La primera junta militar fue establecida en Barcelona bajo mando del
general Márquez y la máxima autoridad para Cataluña, el general Alfau; desde
allí se extendió al resto de España y se constituyeron en casi todas las
capitales de provincia menos en Madrid. El movimiento que había surgido con
fines corporativistas y reivindicaciones sindicales fue transformándose con el
tiempo en una especie de oligarquía militar, que representaba una amenaza
constante para la estabilidad de los gobiernos parlamentarios, temerosos hacia
la posibilidad de que se produjeran pronunciamientos.
Durante la crisis de 1917, que propició la sustitución del gobierno de
Romanones por el de García Prieto, el general Alfau rompió con el movimiento
juntero y, el 25 de mayo de 1917, ordenó su disolución en veinticuatro horas,
tras las cuales, ante la negativa, sus miembros fueron arrestados. La reacción
provocó la destitución de Alfau, único medio para frenar un ejercito muy dolido,
si bien este suceso inició el conflicto que permitió la extensión de las juntas por
toda España.
El nombramiento como sustituto de Alfau al general Marina, que había
sido una especie de gobernador de Melilla, alteró todavía más las
sensibilidades. El 1 de junio los jefes de Cuerpo llevaron a Capitanía el
22
Manifiesto de las Juntas, en el cual expusieron cuáles eran sus problemas y
qué deseaban como solución, al tiempo que exigían la rehabilitación para los
arrestos sin represalias. El manifiesto, presentado al gobierno como un
ultimátum, debería cumplirse en doce horas. La situación entró en una fase
crítica. El pulso al gobierno fue ganado por los militares, pues fueron
excarceladas las juntas de Barcelona, La Coruña, Vitoria, Sevilla y Badajoz. Al
mismo tiempo el general Marina aprobó todos los puntos del reglamento de las
juntas y, sin siquiera reconocerlas, el gobierno de García Prieto dimitió tras
cincuenta días en el poder.
El 11 de junio se formó un nuevo gabinete ministerial encabezado por
Eduardo Dato, que colocó en la cartera del ministerio de la Guerra a F. Primo
de Rivera. El día 25 las Juntas presentaron un nuevo Manifiesto en el que se
volvía a atacar al gobierno, que intentó prohibir su difusión sin éxito. La
situación del país era grave. En una nueva intromisión de los militares contra el
poder civil, las juntas reclamaban un amplio gobierno de concentración. El
desconcierto creado fue aprovechado por otras fuerzas políticas y sociales del
país también descontentas y deseosas de llevar a cabo una revolución, que
tuvo su epicentro en la Lliga catalana de Cambó que buscó el apoyo del
ejército sin conseguirlo. En agosto de ese mismo año 1917 se celebró una
huelga general que acabó convirtiéndose en un enfrentamiento entre las
autoridades y los manifestantes, que fue sofocada tras obligar al gobierno a
solicitar el apoyo de las juntas, primeras en aplacar esta situación extrema.
Curiosamente, el general Márquez fue el primero en salir a las calles de
Barcelona para defender la legalidad vigente. Este acto confirmó el poder de
las juntas sobre un poder civil dependiente.
Sin embargo, de forma progresiva, las juntas aumentaron la fractura con
buena parte del ejército, sobre todos los llamados africanistas, que vieron en el
movimiento desde el principio una actuación insolidaria y simplemente
burocrática por parte de sus compañeros de cuerpo, mientras ellos luchaban en
una guerra. Si en un primer momento parecía que la amplitud del movimiento
podía representar un intento regenerador, el juntismo evolucionó a posturas
23
totalmente reaccionarias y conservadoras, que contaron con el consentimiento
y comprensión del monarca Alfonso XIII.
En este ambiente y con los conflictos abiertos entre el poder civil y
militar, así como la crisis del parlamentarismo y la presión de las fuerzas
catalanistas lideradas por Cambó, se generaría la huelga general de 1917, que
se inició el 20 de julio en Valencia de mano de los ferroviarios, se extendió por
toda España y desencadenó una auténtica revolución social durante el mes de
agosto. Aunque fueron de la UGT y CNT los principales protagonistas de los
enfrentamientos con las fuerzas del orden y del ejército, el movimiento fue
preparado por socialistas (P. Iglesias, Besteiro) ugetistas (Largo Caballero),
republicanos (Lerroux), contando con la colaboración de la CNT. La detención
en Madrid del Comité Directivo de la Huelga y el decidido apoyo del ejército al
gobierno, determinaron el fin y represión de los huelguistas. El balance fue
trágico, unos 80 muertos y más de 2000 detenidos, el 29 de septiembre los
miembros del Comité de Huelga, fueron condenados a muerte, pena
conmutada por cadena perpetua ante las manifestaciones y protestas
generalizadas. De hecho, pocos meses más tarde los encarcelados obtuvieron
su libertad al decretar el gobierno su amnistía, tras ser elegidos diputados.
Pese a la derrota, demostró a los sindicatos sobre todo la UGT y el
sindicato anarquista CNT,
el poder de movilización que tenían, pero a la
misma vez provocó un acercamiento de la oficialidad del ejército apoyando la
represión y el mantenimiento del orden a toda costa para evitar cualquier
radicalización del sistema.
Pero en definitiva se inició el desgaste total de los políticos del sistema
de turno de partidos y la descomposición del propio régimen 1918-1923, es lo
que se llamó el trienio bolchevique. Si la situación era mala en las zonas del sur
de España, en Cataluña y sobre todo en Barcelona, dicha situación no era
mejor, y esta se complicó cuando la principal compañía de abastecimiento
eléctrico de la ciudad, La Canadiense, se propuso la reducción de salarios y el
despido de obreros. Rápidamente los anarquistas convocaron movilizaciones
que acabaron en huelga general y la paralización de la ciudad durante 44 días,
24
a lo que el gobierno tuvo que ceder, concediendo la readmisión de los
despedidos, subida salarial y jornada de 8 horas. Pero la situación empeoró
cuando los industriales con el apoyo de las fuerzas militares y del orden público
de la ciudad decidieron combatir el movimiento obrero a su manera, para ello,
algunos industriales crearon el llamado Sindicato Libre, una organización de
pistoleros financiada por los sectores más duros de la patronal y que actuó, con
el apoyo de la policía, asesinando a los líderes más importantes del movimiento
obrero barcelonés. A ello respondió el anarquismo con la “acción directa”
contra los “libres” y personajes de la burguesía catalana.
Pero la situación se haría insostenible, tras el recrudecimiento de la
guerra de Marruecos, tras terminar la I GM, Francia inició la ocupación de su
zona, España emprendió igualmente una política de expansión. Bajo las
órdenes del Alto Comisario, general Berenguer, se emprendió una acción lenta
de ocupación del territorio marroquí, frente a unas cábilas cada vez más
beligerantes y en unas zonas más abruptas, añadiendo a ello un ejército
español heterogéneo formado por regulares (indígenas), tropas de reemplazo y
la Legión. En verano de 1921, una acción mal planificada de la comandancia
de Melilla por el general Fernández Silvestre (amigo personal de Alfonso XIII),
permitió al líder rifeño Abd- el-Krim, atacar la posición de Annual, defendida por
tropas mal agrupadas y organizadas, que reaccionaron huyendo, lo que
convirtió la situación en una cacería, provocando la muerte de 13000 vidas,
incluida la de su general en jefe. Aunque en los meses posteriores, Berenguer
recompuso la situación, se pidieron explicaciones, se comenzó un expediente
instruido por el general Picasso, que acusaba de negligente no sólo a Silvestre
sino al propio Berenguer y buena parte del ejército español, así como a
personajes influyentes del régimen, dicho expediente no vio la luz debido al
golpe de Estado del general Primo de Rivera.
Una de las consecuencias que provocaría la guerra de Marruecos sería
que
las juntas fueron definitivamente disueltas como organización en
noviembre de 1922, una vez que habían caído en un total descrédito y
desprestigio y fuertemente combatidas por los africanistas, sobre todo tras el
Desastre de Annual en 1921.
25
VII – LA DICTADURA.
Como bien se recoge a lo largo de los numerosos escritos realizados por
Primo de Rivera como con sus coetáneos, el Manifiesto que Primo de Rivera
leyó en Barcelona, hablaba que el asumir el mando del gobierno, era “una
operación de urgencia”, debido a la situación de inestabilidad en la que se
encontraba España, debido a los problemas derivados de los enfrentamientos
entre patronos y obreros en Barcelona, así como a la tragedia de Marruecos,
por todo ello, Primo de Rivera, asumiría el poder que recibiría del monarca,
pues el Rey, “podía designar libremente a sus ministros” y el 14 de septiembre
de 1923, Alfonso XIII “decidió” a favor de Primo de Rivera, por lo que el Rey y
su trono estaban, a partir de ese momento, “inextricablemente ligados a la
Dictadura”.
Primo de Rivera establecería tras asumir el control, un Directorio Militar,
cuyo gobierno estaba constituido totalmente por militares, tiene la intención de
resolver el problema del pistolerismo y los desórdenes callejeros, para ello
decretó la suspensión de la Constitución de 1876, la disolución de las Cortes, la
prohibición de las actividades políticas por parte de los partidos políticos, la
condena del separatismo
(suprimió la Mancomunidad de Cataluña) y la
represión del anarquismo. Todas estas medidas fueron acompañadas por la
destitución de todos los gobernadores y su sustitución por militares. El orden
público fue otra de las obsesiones, además para él era lo mismo delincuencia
que anarquismo, por lo que reprimió sin contemplaciones cualquier conato de
manifestación o protesta, lo que hizo que se redujese drásticamente la
inestabilidad callejera.
Pero sin duda el gran éxito político del Directorio Militar, fue acabar con
la guerra de Marruecos. En un principio, Primo de Rivera era incluso partidario
de abandonar Marruecos, pero la presión de los llamados africanistas, como
Sanjurjo, Queipo de Llano, Franco o Millán Astray le hizo rectificar, para ello
contactó con Francia que también había sido atacada por Abd-el Krim y se
propuso una intervención conjunta que terminaría con un desembarco en la
retaguardia de las fuerzas rifeñas, el desembarco de Alhucemas en 1925, que
26
conllevaría a la derrota de los rifeños y la rendición de Abd- el Krim a los
franceses. La guerra había terminado, con lo que la popularidad de Primo de
Rivera alcanzó sus máximos niveles.
En esta “luna de miel” en la que se encontraba el régimen, Primo de
Rivera, dio paso al Directorio Civil apoyado por la Unión Patriótica, especie de
partido único, creado por el Dictador para perpetuarse en el poder, a
semejanza
del
fascismo
italiano
de
Mussolini,
se
dio
paso
a
la
institucionalización del régimen.
Pero la élite de los «viejos políticos», en estrecha vinculación con las
cancillerías extranjeras (especialmente la embajada inglesa que actúa como
centro nucleador de la conspiración), se entrega a una febril actividad
subversiva, apoyada también por cada vez más amplios sectores del ejército.
La Sanjuanada, conspiración cruzada entre el mundo político (desde
Romanones a Marcelino Domingo) y figuras militares (el general Weyler)
prefiguraba la lucha que el complot de Prats de Montgó, preparado por el
general catalán Maciá.
Otro de los principales problemas que tuvo la dictadura de Primo de
Rivera fue el conocido como el conflicto artillero. El conflicto estalló a raíz de la
supresión de la escala cerrada por el Decreto del 9 de junio de 1926, y se
agravó con motivo del Decreto del 26 de julio, que establecía el ascenso por
elección. Cabanellas justifica el origen del conflicto de esta forma: Los artilleros
han mantenido siempre el principio de la escala cerrada, que rechaza tantos
ascensos por méritos de guerra como por elección. Estos últimos fueron
establecidos por Primo de Rivera. El Real Decreto del 16 de junio de 1926 que
determinaba recompensas en tiempo de guerra, fue resistido por el Arma de
Artillería, estimando que afectaba a un compromiso de honor, adquirido desde
su ingreso en la Academia Militar, de no aceptar otra forma de ascenso que el
del más riguroso escalafón. El conflicto abierto entre el dictador y el cuerpo de
Artillería quedó cerrado con la depuración de dicha arma, algo que no
perdonaría posteriormente, ni al dictador ni al monarca, pues este había
respaldado a Primo de Rivera.
27
A finales del 29 se produce la revuelta de Sánchez Guerra, antaño fiel a
Primo de Rivera, al mando de una conjura militar que se asentaba en una
extensa trama civil. Como por arte de magia, todas las fuerzas españolas,
desde la derecha a la izquierda coinciden en el acoso a la dictadura. Las
tensiones nacionalistas se agravan, y todavía está por esclarecer el papel de
las logias masónicas, especialmente activas en estas fechas, que fueron
utilizadas como elemento privilegiado de infiltración en la izquierda liberal. Los
numerosos disparos cruzados consiguen el efecto deseado: Primo de Rivera
renuncia tras verse desautorizado por la plana mayor del ejército, y se procede
a una progresiva desmantelación del régimen.
Alfonso XIII encargó la formación del gobierno al general Berenguer, el
cual como objetivo prioritario tenía el de la vuelta al régimen constitucional,
pero dicho proceso era imposible de cumplir por la falta de apoyos, además
cometió una serie de errores donde destaca su política económica restrictiva,
basada en la eliminación del gasto público, lo que llevó a un hundimiento de la
producción, aumento del paro y los conflictos sociales.
VIII – LA II REPÚBLICA Y EL EJÉRCITO.
La implicación de la Monarquía en la Dictadura, convirtió en republicanos
a muchos liberales y nacionalistas, a gran parte de los intelectuales, a las
organizaciones socialistas y anarquistas, así como a antiguos monárquicos.
Representantes de todas estas fuerzas políticas de oposición se pusieron de
acuerdo en el Pacto de San Sebastián, agosto de 1930 para terminar con la
Monarquía. Se organizó un “Comité Revolucionario” encabezado por Alcalá
Zamora y a ello se le añadió, un mitin de carácter republicano en la Plaza de
Toros de Madrid, huelgas de la CNT en Barcelona y de la UGT en Madrid, así
como un pronunciamiento republicano en la guarnición de Jaca en diciembre
de 1930 que a pesar de su fracaso y fusilamiento de los capitanes Galán y
García Hernández, provocaron un giro de la opinión pública y sobre todo la
dimisión de Berenguer el 14/2/1931.
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Alfonso XIII, encargó formar gobierno al almirante Aznar que convocó
elecciones municipales para el 12 de abril. Los republicanos ganaron de forma
aplastante en los núcleos urbanos más importantes, además la actitud de
algunos componentes de las fuerzas armadas y sobre todo de Sanjurjo, jefe de
la Guardia Civil que se puso el 14 de abril a las órdenes de Miguel Maura y
apoyando por lo tanto a la República, hizo que tras conocer los resultados de
las elecciones la salida hacia el exilio de Alfonso XIII y la proclamación de la II
República Española el 14/4/1931.
Don Manuel Azaña como ministro de la Guerra empezaría en el mismo
año de 1931 lo que se conoce con el nombre de “Reformas militares de
Azaña”. El Ejército español, después de las campañas de Marruecos
presentaba unos problemas: atraso técnico, burocratización creciente, falta de
actividad y macrocefalia.
Los decretos más importantes fueron los siguientes:
Con la Ley Azaña y el Decreto del 25 de abril de 1931 se estableció un
plazo, para que todos aquellos oficiales que no quisiesen jurar fidelidad al
nuevo régimen pasasen a la reserva conservando el sueldo íntegro. Con el
Decreto del 8 de mayo se acordó:
•
Reducir a 8 las 16 divisiones, una por cada Región militar.
•
Reorganización del Ministerio de la Guerra y del Estado Mayor Central.
•
Supresión de los Tribunales de Honor y el Consejo Supremo de Justicia
Militar, que ponían fin al fuero especial de los militares y aseguraban su
obediencia al Poder Civil.
•
Desmilitarización de Marruecos.
•
Cierre de la Academia Militar de Zaragoza.
•
Reorganización de la Industria de Armamentos.
29
Las reformas no sentaron bien en determinados círculos militares que
junto con la creación de la Guardia de Asalto provocó la preocupación de los
militares por su futuro profesional.
En conjunto, la legislación militar del primer bienio constituyó un esfuerzo
impresionante de planificación, y de haberse podido aplicar como fue diseñada,
habría cambiado la faz de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la reforma y,
especialmente, la reducción de plantillas, fue duramente combatida por la
derecha y por un sector de la oficialidad que, como el general Mola, veía en ella
un propósito político de "trituración" de un Ejército del que desconfiaban los
gobernantes republicanos. Azaña, no exento de soberbia política, hizo poco
para defender su proyecto ante la opinión pública y sus desahogos verbales,
que le llevaron a ser tachado de jacobino, contribuyeron a crear agravios que
pesaron luego en la actitud contraria al régimen de muchos militares. El intento
de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo, en agosto de ese año,
fue exponente del malestar de una parte del Ejército por causas no
estrictamente políticas. La fortísima campaña desatada por los medios
conservadores contra la reforma, personalizada en la figura de Azaña,
contribuyó, además, a convertir al primer ministro en la auténtica bestia negra
de muchos militares.
Las acciones del gobierno causaron la pérdida de mucho de su apoyo
entre los trabajadores y fomentaron el crecimiento de partidos de derecha
representantes de la oligarquía terrateniente, los grandes negocios y la Iglesia,
quienes miraron hacia el ejército para defender sus privilegios.
El mayor de estos partidos fue la extremadamente conservadora
coalición católica "Confederación Española de Derechas Autónomas"-CEDA.
La fascista Falange fue fundada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del
dictador y llamado la cual pedía una "revolución nacionalista de masas". El
ministro de finanzas del dictador, José Calvo Sotelo, fundó la monárquica
Renovación Española, la cual combinaba una ideología fascista con llamadas a
los militares para instaurar una dictadura.
30
Encarado por un lado con varios intentos de golpes militares y por el otro
con el incremento de combatividad de la clase obrera, el gobierno republicanoPSOE colapsó en 1933 y le siguió una coalición de gobierno de derechas,
liderado por el Partido Radical de Alejandro Lerroux pero dependiente del
apoyo parlamentario de la CEDA. Dicha coalición procedió a eliminar las
reformas sociales limitadas de Azaña, restaurar el poder de la Iglesia y
prepararse para una Guerra Civil. La entrada de tres ministros de la CEDA en
el gobierno en Octubre 1934 precipitó la sublevación en Asturias y la
proclamación de una república independiente en Cataluña.
Habiendo visto en Franco un opositor intransigente de la revolución, el
gobierno de Lerroux le envió a aplastar la sublevación de Asturias. Usando
tácticas de terror que había desarrollado en la guerra colonial en Marruecos,
Franco ordenó a los aviones bombardear los barrios obreros y lanzó sobre ellos
a la Legión Extranjera-la primera vez que fue utilizada en la península-para
aplastar la rebelión.
En mayo de 1935, el gobierno fue reorganizado y la CEDA obtuvo cinco
ministerios. José María Gil-Robles, el líder de la CEDA, fue nombrado Ministro
de la Guerra e inmediatamente nombró a Franco jefe del Estado Mayor. Franco
inició la purga del ejército y se puso en contacto con la Unión Militar Española,
la organización secreta de los oficiales monárquicos estrechamente vinculados
con Renovación Española de Calvo Sotelo. Fueron actualizados los planes
para traer al ejército africano en el caso de futuras tensiones sociales.
Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936,
la situación se radicalizó y comenzaría el plano inclinado hacia la guerra Civil.
La U.M.E se organizaría para preparar el golpe de Estado, preparado
por Sanjurjo, en el exilio y Mola en el interior, que coordinaría las fuerzas. En
un principio el golpe estaba previsto para el 19 de abril, pero quedó suspendido
por el derrumbamiento moral y físico del “jefe invisible”. Mientras Mola,
finiquitaba el plan, el gobierno elegía a Casares Quiroga como jefe de
Gobierno, que no reunía las condiciones precisas para conjurar la tormenta.
31
Además el nuevo gobierno se tenía que enfrentar, por un lado a los
golpistas y por otro a las fuerzas sindicalistas, pero los que no dejarían al
gobierno ni a la República con vida serían los militares que desde su base en
Marruecos tenían organizada la trama para acabar con el régimen, que con su
desaparición, provocaría la ausencia de democracia en España, hasta pasados
40 años.
REFLEXIÓN FINAL
El libro Militarismo y Civilismo en la España Contemporánea de Carlos Seco
Serrano, hace una interpretación global de nuestra contemporaneidad desde el
prisma del problema militar. Hasta el sexenio revolucionario, el militarismo es la
inserción de militares de alta graduación.
Desde el nacimiento de un Ejército “popular” tras el conflicto conocido
como Guerra de Independencia, dónde se abandona el concepto de Ejército al
servicio del Monarca, para pasar a un Ejército al servicio del pueblo y en
defensa de la legitimidad constitucional, pasando por el juego de los partidos
políticos a causa de la esencial debilidad del sistema representativo, que lleva
a grupos políticos a utilizar la fuerza militar para alcanzar sus objetivos.
Después del 98 el poder militar suplanta ya claramente las atribuciones del
poder civil a fin de imponer sus propios criterios como colectivo. Entre estos
dos momentos, para Seco, el período 1874-1906 es una etapa de verdadero
civilismo porque el Ejército no decide los cambios políticos, sino que garantiza
la legalidad legítimamente establecida.
El momento de la guerra de la Independencia dio lugar a un nuevo
Ejército que se inclinó al liberalismo, cuya instauración se conseguiría después
de una cadena de pronunciamientos , el principal problema era el del papel a
jugar por este Ejército que, debiendo defender la idea de la soberanía nacional,
estuviese sometido a ésta y no la oprimiese; el dilema se simbolizó en la pugna
entre el jefe político y el capitán general, mientras que la legislación de abril de
1821 extendía la jurisdicción militar a los delitos políticos. Se desplaza por lo
32
tanto la idea de un Ejército puesto al servicio de la monarquía, aunque el Rey
como tal figura sigue conservando el grado supremo dentro de él.
Suavizada la depuración militar del inicio de la Década Ominosa por los
aperturismos centristas surgidos en el seno del régimen, la crisis dinástica se
orientó gracias a ello hacia el liberalismo y, potenciada por la guerra carlista, la
élite militar fue la baza decisiva en la pugna entre moderados y progresistas.
Sobre ese trasfondo, en el que los militares eran la fuerza política de que
carecían los civiles, se desplegó el «régimen de los generales » (Espartero,
Narváez, O'Donnell, Prim), en el que cada cambio político fue el resultado de
un pronunciamiento civil enmascarado en un acto de fuerza militar, de tal forma
que nacieron las conspiraciones militares que terminarían derrocando de su
poder a uno y otro jefe político de tendencias tan dispares, como la
conservadora o progresista y el enfrentamiento por lo tanto entre los mismos
compañeros de armas, mientras que de fondo subyacía la guerra carlista,
dónde se enfrentaban por un lado los militares comprometidos con la
monarquía isabelina, independientemente de la tendencia política y por el otro
lado los defensores del tradicionalismo, auspiciado por la figura de un rey
carlista.
Los primeros años del sexenio suprimieron la posibilidad de que el
Ejército pudiera continuar siendo la expresión de realidades sociales que la
ficción electoral no permitía reflejar, vinculados sus mandos a la Revolución del
68, era ya la garantía del orden constitucional. Pero la proclamación de la I
República le obligaría a una toma de posiciones, como colectividad, frente a un
estado de cosas que repugnaba a su esencia: secesionismo, indisciplina y
violencia social determinaron el golpe de Pavía. Un Ejército que perdería en
este periodo la oportunidad de haber sido un Ejército verdaderamente popular,
pues las sublevaciones contra el orden establecido, hizo que al intervenir en
política para acabar con los problemas de tipo militar que asolaban al estado
Central
(guerra
carlista,
cantonalista,
cubana)
volviese
a
tener
una
preponderancia que mantendría a lo largo de todo el siglo XIX, sobre todo con
la consiguiente Restauración Borbónica y la unión entre el Trono y el Ejército.
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Por la situación de las fuerzas en presencia, la restauración de la
Monarquía, en la persona de Alfonso XII, era la salida histórica natural, que fue
precipitada por el golpe de Martínez Campos, en el que la opinión mayoritaria
del Ejército se sintió reflejada. Para Seco, el clima civilista fue una tónica del
Ejército de la Restauración. Cánovas, que entendía la Restauración como un
proyecto de síntesis y consenso, estaba decidido a acabar con la permanente
presencia del Ejército en la vida política y con el monopolio del poder por los
moderados. Colocado el monarca a la cabeza del Ejército, cuya cúpula había
experimentado una profunda renovación generacional, esta alianza entre el
trono y la milicia se convertía en la base del régimen y hacía imposible la
intervención militar contra el sistema cuyo orden constitucional estaba
garantizado por el Ejército. El Ejército por lo tanto se convertiría en parte
integrante de la política española.
En la compleja crisis, centrada simbólicamente en el desastre de 1898,
se diseña una ruptura del civilismo de la Restauración y se inicia la
manifestación de un militarismo creciente como respuesta al agotamiento del
sistema de partidos (Polavieja, Weyler) y como reacción defensiva, tanto ante
la imputación de la responsabilidad total por la derrota militar como ante los
ataques de los sectores regionalistas, que ven en las Fuerzas Armadas la
expresión de un Estado en el que no se reconocen. A partir de ahora el poder
militar tenderá a ir suplantando al Estado, una situación muy diferente de la
experimentada en la época isabelina, en la que el Estado no quedó supeditado
al Ejército como institución, aunque fuera el marco de intervenciones de
sectores militares empujados por grupos políticos civiles.
Tras el significativo paso que en ese proceso significó la Ley de
Jurisdicciones (1906), el movimiento de las Juntas de Defensa mateó una
profundización del retroceso del poder civil ante las exigencias del Ejército. La
cesión que realizó el gobierno al poder de los militares, le supuso que éstos se
tribuyesen una serie de “prerrogativas” que marcaría el devenir futuro para su
intervención en cualquier momento de la vida política y con ello presionar al
sistema democrático. La agitación social de la postguerra, con el recurso
repetido al estado de guerra por parte de unos Gobiernos débiles e incapaces
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de afrontar el orden público con otras alternativas, acabaría de cerrar el círculo
de militarización del poder, perfilándose claramente el Ejército como el único
sostén del régimen y del modelo de sociedad existente.
La culminación sería la dictadura de Primo de Rivera. El golpe de Estado
se produjo sin intervención del Rey y con cierta esperanza ilusionada de la
sociedad en su potencial regeneracionista para superar el dilema centralismo separatismo, para pacificar las relaciones sociales y para vitalizar las
instituciones acercándolas a la nación. Pero, enganchado Primo de Rivera en
la red de la gestión gubernamental, la primitiva idea de una acción rápida y a
plazo fijo dio paso a una situación cuyo final no se concretaba en absoluto.
Aunque el Ejército ejerció el poder durante la dictadura militar, pronto
aparecieron distanciamientos y resentimientos por la peculiar forma de
actuación del dictador, que al final, carente de la base sobre la que había
elevado su régimen, se retiró de la escena política arrastrando en su descrédito
al Rey y a la Monarquía, lo que conllevaría un cambio de régimen político,
dónde por primera vez el Ejército no intervendría, y sería la voluntad popular
sumada a la pasividad del Ejército la que traería este cambio pacífico.
Afectado por los avatares de su constante intervencionismo, el Ejército,
como institución, fue un espectador del advenimiento de la II República. En el
nuevo marco histórico, Azaña intentó reformar las Fuerzas Armadas para
asustarlas a lo que debían ser teóricamente sus funciones en un mundo
moderno. Su atinada política desplegó amplia hostilidad, se canalizó, primero,
hacia el pronunciamiento minoritario contra el Gobierno (1932) y, después, a
través de la política militar del bienio derechista.
El deslizamiento radical de la etapa del Frente Popular facilitó el éxito de
las incitaciones golpistas que se hacían al Ejército. Con la guerra civil, el
carácter militar del bando vencedor marcó claramente la esencia del régimen
resultante: el Ejército era el poder.
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