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Legislatura
LVIII
Año: III
Periodo
Gaceta
Parlamentaria
Fecha
Segundo Ordinario
91
Marzo 20, 2003
Del Sen. Armando Chavarría Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el
párrafo décimo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
LA DIMENSIÓN CONSTITUCIONAL DE LA PENSIÓN UNIVERSAL
C.C. SECRETARIOS Y SECRETARIAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.PRESENTE
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el
suscrito senador Armando Chavarría Barrera de la LVIII Legislatura del
Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, vengo a presentar a la consideración de esta
Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN
EL PÁRRAFO DÉCIMO AL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y QUE CREA LA PENSIÓN
UNIVERSAL PARA LOS CIUDADANOS MEXICANOS.
Al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El fenómeno social de las personas de la tercera edad o adultas mayores ha
ocupado crecientemente la atención de los principales actores políticos y
sociales del país. Ello es así, entre otras razones, dado un cambio en la
estructura poblacional, denominada transición demográfica, tal que cada vez
son más las personas que alcanzan esa edad, debido a un incremento en la
esperanza de vida que en el país alcanza ya los 70 años. Es decir, la población
adulta mayor ha crecido constantemente y se espera que a futuro su aumento
sea mayor.
Pero, por otro lado, la política de derechos sociales responsabilidad del
Estado, no se ha desarrollado de modo tal que cubra a la totalidad de las
personas adultas mayores que requieren y merecen su cobertura, en particular
por cuanto respecta a la seguridad social. No es por tanto extraño que se haya
generado un desequilibrio estratégico que ha dado lugar a un creciente
descontento y a una justa demanda social.
Este binomio conflictivo de crecimiento de la población adulta mayor y de bajo
perfil en el cumplimiento del derecho a la seguridad social -si bien insuficiente
desde su origen-, adquirió rasgos extremos en las últimas dos décadas. Ello
debido, de una parte, a las crisis y recesiones recurrentes de 1981-1982; 19851986, 1995-1996 y 2001-2002 que propiciaron bajos o nulos crecimientos
económicos, desempleo, precarización de las condiciones laborales y de
ingreso de los mexicanos y debilitamiento de las finanzas del gobierno
nacional, acotando marcadamente el gasto público social; y de otra parte, a un
cambio estructural que tiene como consecuencia el inició de una sostenida
estrategia que mercantiliza los valores sociales, en particular la privatización de
los sistemas de seguridad social.
El resultado general ha sido hasta ahora una polarizada concentración del
ingreso y un severo cuadro de desigualdad e inequidad social, particularmente
agudo para ciertos sectores poblacionales, como es el caso de un alto
porcentaje de los adultos mayores.
En materia de seguridad social, el cambio de estrategia ha implicado
sustancialmente el fin del antiguo sistema, para suplirlo por el de capitalización
individual, por más que en el tiempo se paguen el costo de la transición y el
bono de reconocimiento, y aún se cubra el pago público de un mínimo para
quienes ahora están en el sistema privado. Los resultados sociales generales
de este cambio de estrategia están a la vista: un debilitamiento estructural de la
solidaridad social intra e intergeneracional, en tanto se transmitieron a
poderosos grupos financieros cuantiosos recursos públicos. En contraste, los
beneficios individuales del cambio del sistema de seguridad social aún están
por verse.
Entonces, en este contexto, con relación a la población adulta mayor tenemos
que está constituida por casi 5 millones de personas que serán el doble en
2020 y casi siete veces más en 2050. Esto quiere decir que el XXI será el siglo
del envejecimiento de la población, como el XX fue el del crecimiento
demográfico. Tal situación supone el reto de prever y orientar el fenómeno en
términos de salud y de bienestar familiar y social.
Actualmente, de manera aproximada solo 1.5 millones de mexicanos en edad
avanzada tienen la cobertura de la seguridad social debido a su relación laboral
formal, mientras el resto está socialmente desprotegido. Así, el
cuestionamiento salta a la vista: ¿puede considerarse justa una sociedad que
es incapaz de reconocer los derechos más elementales de las personas que
hicieron su mejor esfuerzo para construirla? ¿Es justo un país incapaz de
formular una iniciativa para dotarlas de un mínimo de calidad de vida? ¿Es
acaso improbable una solución al problema? Nosotros sostenemos que, sin
duda, existen alternativas.
En este sentido vale decir que, cada cual a su manera, países como Argentina,
Costa Rica, Chile, Cuba y Uruguay otorgan una pensión asistencial a las
personas que no son cubiertas en sus derechos por la seguridad social. Por
cuanto respecta a México, carece de un programa de asistencia social formal y,
en todo caso, los adultos mayores que no tienen seguridad social o una
pensión asistencial, aspiran a cubrir algunas necesidades básicas a través de
programas como PRONASOL, PROGRESA y ahora Oportunidades.
No obstante esta situación empieza a modificarse, toda vez que el Gobierno
del Distrito Federal hace un esfuerzo por dotar a los adultos mayores de 70
años en delante de una protección económica básica y del acceso a la
protección gratuita a la salud, hasta alcanzar actualmente una cobertura del
80% del universo de la entidad, equivalente a 250 mil personas. De acuerdo
con una encuesta, de ellos el 90% ha mejorado su alimentación, el 79% ha
logrado comprar productos que antes no estaban a su alcance, el 71% se
siente más seguro, el 68% se siente más independiente y 38% ha mejorado su
relación familiar.
Estos son a grandes rasgos, los resultados del Programa de Apoyo
Alimentario, Atención Médica y Medicamentos gratuitos, acordado el 6 de
febrero del 2001 por el gobierno del Distrito federal. Por otra parte,
recientemente el gobierno federal, a través del programa Hábitat, se ha
propuesto transitar por un camino similar. Además y con la misma tendencia,
hace apenas unos días se inició un programa de adultos mayores en el Estado
de Guerrero.
En este contexto, es pertinente recordar que muy recientemente, el 26 de abril
de 2002, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores, paso importante para la formulación y ejecución de
una política pública transversal y concurrente para este sector de la población.
Eso quiere decir que, al fin, el país empieza reconocer que tiene una deuda con
ese sector de la población y que la misma no puede ser pagada de manera
coyuntural o estar vigente por un periodo finito de tiempo, sino convertirse en
un derecho universal progresivo y, por tanto, en una política pública
permanente.
Con estos antecedentes alentadores, resulta incierto el argumento de que, aún
siendo justo ese derecho y pertinente dicha política pública, resulta demasiado
onerosa para el gasto público y que, por tanto, el problema debe resolverse por
la vía del mercado. Estudios recientes indican que el costo nacional para dotar
de una pensión de un salario mínimo a las personas mayores de 65 años
equivaldría al 1.16% del producto interno bruto que es aproximadamente el
costo de la transición hacia la privatización del sistema de pensiones del
Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero si se opta por iniciar cubriendo sólo
a la población de 70 años en adelante, entonces se requeriría únicamente el
0.73% del PIB. Es decir, nada fuera de lo económicamente posible, sobre todo
si consideramos la deuda histórica que el país tiene con sus adultos mayores.
Compañeras y compañeros legisladores, a nuestro juicio estamos en el
momento preciso para tomar una decisión trascendente a favor de las personas
adultas mayores, de modo que frenemos el deterioro de su calidad de vida,
determinado por muy bajos niveles de empleo, ingresos salariales insuficientes,
condiciones sanitarias y de salud inapropiadas, precaria o nula asistencia
social, seguridad social limitada, relaciones sociales y familiares conflictivas
con marcados rasgos de maltrato, solo por mencionar las desventajas más
evidentes.
Estamos convencidos de que no debemos permitir que los efectos negativos de
la transición demográfica nos alcancen. Estamos ciertos que no podemos dejar
para un futuro incierto la solución de un problema trascendente que será cada
día mayor y más complejo.
Es hora, compañeras y compañeros legisladores, de que modifiquemos esta
realidad, de que le demos la vuelta a la cara de la moneda, de que apostemos
por una alternativa distinta tanto para las personas de la tercera edad de las
generaciones presentes como futuras. Es hora de que este sector de la
población viva dignamente en una patria que los reconoce y en la que se
reconocen. Compañeras y compañeros legisladores, los convoco a que con
altura de miras y amplia generosidad, apoyen la iniciativa de reforma que ahora
presento, enalteciendo así al Congreso de la Unión toda vez que de alguna
manera reestablecerá plenamente un derecho social a millones de mexicanos.
En razón de los motivos antes expuestos y se propone la adición de un párrafo
décimo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 4º............
El Estado garantizará a los mexicanos una pensión universal. La ley que para
tal propósito expida el Congreso de la Unión establecerá las características de
la misma así como los instrumentos para su ejecución.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Esta disposición tendrá vigor al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. EL Congreso de la Unión tendrá un plazo de tres meses a partir de
la entrada en vigor de la presente disposición, para formular y expedir la ley
reglamentaria a que haya lugar.
ATENTAMENTE.- ARMANDO CHAVARRÍA BARRERA, SENADOR DE LA
REPÚBLICA.- LVIII LEGISLATURA