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Chávez Aguilar 1
Estado Neoliberal y la Cultura de la Violencia en El Salvador
(1992-2002)
Ponencia Preparada para el Primer Encuentro de Historia de El Salvador
Universidad de El Salvador
22 al 25 de Julio de 2003
Joaquín Mauricio Chávez Aguilar
15 de Junio de 2003
Título de la Ponencia: Estado Neoliberal y la Cultura de la Violencia en El Salvador
Nombre del Autor: Joaquín Mauricio Chávez Aguilar
Dirección Postal (a partir del 26 de Junio del 2003 y hasta el 30 de julio del 2003):
Apartado Postal A-141 Antiguo Cuscatlán La Libertad El Salvador
Dirección electrónica: chavezyaguilar@yahoo.com
Título Académico: Bachelor of Arts (Estudios Centroamericanos), Skidmore College,
Saratoga Springs, Nueva York.
Especialidad: Estado y Violencia
Chávez Aguilar 2
Institución dónde cursa estudios: New York University, Departamento de HistoriaEl
Estado Neoliberal y la Cultura de la Violencia en El Salvador (1992-2002)
Introducción
El Salvador es considerado actualmente como uno de los países más violentos de
América Latina. Tras el fin de la Guerra Civil (1980-1992) este país presentó una de las
tasas más elevadas de homicidios en el mundo y en general, altos niveles de violencia1
social y criminal.
Esta ponencia analiza la relación entre el Estado neoliberal y la cultura de la
violencia2 en El Salvador durante la última década. La fundación del Estado liberal a
fines del siglo XIX intensificó los conflictos de clase y étnicos de tres maneras
fundamentales: a) mediante la creación de una economía agrícola basada en la
expropiación de las tierras comunales y en una explotación laboral extrema; b) mediante
la organización de un aparato represivo que posibilitó el ejercicio de la dominación
oligárquica a través de la coercion (terror y terrorismo de Estado); y c) mediante la
articulación de un consentimiento en la sociedad “Criolla” alrededor de una ideología
“nacional” caracterizada por la exclusión social, el racismo y el anticomunismo. Esta
forma de hegemonía3 creó un ciclo de violencia política donde el terror y el terrorismo de
Estado4 fueron periódicamente desafiados por diversas formas de rebelión y resistencia
originadas en sectores campesinos indígenas y ladinos, sectores de la clase media
intelectual y trabajadores urbanos, las cuales generaron al menos dos crisis de
hegemonía5 en la formación originaria del Estado liberal: durante el levantamiento
popular y la posterior matanza de 1932 y durante el período revolucionario y la guerra
civil (1970-1992). La primera crisis de hegemonía fue resuelta mediante la comisión de
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un genocidio y la militarización de la estructura Estatal; en tanto que la segunda fue
resuelta mediante una negociación política entre los representantes del Estado y las
fuerzas insurgentes del FMLN y mediante la ejecución de una reforma política. La
violencia social ha sido un rasgo dominante de la transición a la democracia resultante de
dicha reforma política. Diversos factores estructurales e instrumentales caracterizan esta
ecología de la violencia6. Patrones culturales violentos (“la cultura de la violencia”)
generados por la exclusión social, por el legado de la violencia política y por la
proliferación de armas de fuego son componentes principales (pero no exclusivos) de esta
ecología. Las políticas sociales y económicas implementadas por el Estado salvadoreno
durante la transición democrática han deteriorado sustancialmente factores de exclusión
social relacionados con la cultura de la violencia, tales como niveles de pobreza,
desempleo, bajos niveles de ingreso, falta de acceso y bajo nivel de permanencia en el
sistema educativo y otros.
Esta ponencia está basada en un ensayo titulado “Estado Liberal y la Cultura de la
Violencia en El Salvador” el cual está dividido en tres capítulos. El primero analiza la
fundación del Estado liberal (1876-1885) como la creación de una nueva hegemonía
(síntesis de consentimiento y coerción) tras el fín de la restauración conservadora en
Centroamérica y su primer crisis de hegemonía durante el levantamiento popular y el
genocidio de 1932. El segundo capítulo analiza el militarismo como la nueva forma de
hegemonía establecida entre 1932 y 1992, y la segunda crisis de hegemonía en el Estado
ocurrida entre 1970 y 1992. El tercer capítulo analiza la transición a la democracia y la
creación del Estado neoliberal “híbrido”7como la tercera hegemonía, la cual hereda y
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reproduce una cultura de violencia. Esta presentación abordará exclusivamente este
último proceso.
La Transición a la Democracia en El Salvador
Las transformaciones y adversidades enfrentadas por los y las salvadorenas entre
1992 y 2002 pueden ser mejor comprendidas en el contexto de los procesos que afectaron
a la región centroamericana durante este período:
a) Las transiciones democráticas de los noventas ó las reformas políticas que
sucedieron a las dictaduras militares tras el fin de las guerras civiles8;
b) La profunda crisis económica y social que abatió a la región como resultado de
diversos factores endógenos y exógenos9;
c) El dramático incremento de la violencia social y la criminalidad10;
d) La debilidad de los partidos políticos como mediadores de la participación
ciudadana durante las transiciones11.
Como resultado de estos procesos las sociedades centroamericanas presentan altos
niveles de apatía y desilusión política, los cuales se reflejan en el alto grado de
ausentismo en los procesos electorales (entre el 50% y 60%). Las transiciones
democráticas en Centroamérica enfrentan tremendos obstáculos y su futuro parece
incierto: la consolidación de la democracia, el regreso al autoritarismo, el surgimiento de
regimenes populistas o la perpetuación de las democracias “defectuosas”12 son algunos
de los posibles escenarios.
La transición a la democracia en El Salvador ha sido también una transición de la
guerra a la paz inserta en dos transiciones socioeconómicas y culturales fundamentales: a)
La ejecución del modelo neoliberal; y b) el colapso de la economía agrícola que se inicia
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en los ochentas y continúa en los noventas. Desde 1989 el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han ejecutado
políticas económicas y sociales que han impactado profundamente a la sociedad
salvadorena agudizando la exclusión social. Políticas neoliberales tales como la drástica
reducción del aparato del Estado; el despido de miles de trabajadores del sector público;
la privatización de los sectores claves del Estado; los intentos de privatización de los
sistemas de salud y educación; la reducción de la inversión en las áreas sociales; y la
privatización de los fondos de pensiones han deteriorado gravemente el nivel y la calidad
de vida de la mayoría de salvadorenos.
El colapso de la economía agrícola tradicional generó dos modificaciones
sustanciales en la estructura social: a) la transformación de la oligarquía agroindustrial en
una oligarquía financiera13 y b) la migración masiva del campo a los centros urbanos en
El Salvador14, Los Estados Unidos15 y otros países. Depués de perder su tradicional base
económica, El Salvador carece de una base productiva estable y depende
fundamentalmente del sector terciario16 y de las remesas. Como resultado de estas
transiciones económicas, diferentes indicadores muestran que los niveles de
concentración de riqueza y exclusión social en la posguerra son mayores de los que
existían antes de la guerra civil. De acuerdo a Ramos cuando las expectativas de
mejoramiento de las condiciones de vida de la población no son satisfechas (en la
realidad o en la subjectividad de la gente) como resultado de una transición democrática,
se producen sensaciones de frustración y enojo que podrían estar vinculadas al
incremento en la agresividad y la violencia social (en Chávez 46).
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Presentar una evaluación global de la reforma política generada por los
Acuerdos de Paz, está más allá de los límites de esta ponencia; sin embargo es posible
mencionar de forma sintética sus principales logros y obstáculos. Los principales logros
son: a) la desmilitarización de la sociedad y el fin del terror y del terrorismo de Estado;
b) la creación de “enclaves” democráticos en las instituciones del Estado los cuales
constituyen rasgos distintivos del nuevo tipo de hegemonía; y c) el surgimiento de una
cultura democrática.
La reforma militar ha sido posiblemente el aspecto más exitoso de la transición a
la democracia: la Fuerza Armada (FAES) perdió su control tradicional de la vida política
y se convirtió en una pequena institución militar supeditada al poder civil17. El terror y el
terrorismo de Estado han finalmente desaparecido, a pesar de los intentos de ciertos
sectores de derecha de mantener esta práctica después del fin de la guerra civil18. Sin
embargo una prueba decisiva de la adhesión de la FAES al sistema democrático podría
plantearse cuando se produzca la alternancia en el poder ejecutivo.
La creación de instituciones democráticas se asemeja más a la formación de
“enclaves” democráticos que a una democratización comprensiva del Estado, es decir,
existen agrupamientos democráticos conviviendo con enclaves autoritarios en la mayoría
de las instituciones del Estado19. La Asamblea Legislativa y los gobiernos municipales
integran a todas las fuerzas políticas del país, incluyendo al FMLN, el cual se ha
convertido en el partido político mayoritario en las elecciones del 2003. Este es
probablemente el signo más visible de la nueva hegemonía: la expansión del espectro
político ha producido una considerable democratización del debate público. En otras
palabras, el consentimiento que está a la base de la nueva hegemonía surgida de los
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Acuerdos de Paz es incomparablemente más democrático que el que caracterizaba a la
vieja hegemonía, precisamente porque la nueva hegemonía incorpora nuevos y más
heterogéneos actores políticos. La coerción juega un papel muy secundario en la actual
hegemonía, es decir, la represión Estatal no es su aspecto dominante; no obstante, las
prácticas autoritarias, la corrupción y la impunidad son comunes en las actuaciones de las
instituciones del Estado.
El surgimiento de una cultura democrática es un proceso con múltiples y
complejas expresiones tales como la existencia de un sector de medios de comunicación
alternativos, la expansión del sector de las ONGs y el intenso ejercicio de la participación
democrática en sectores de la sociedad civil. A pesar de que este proceso cultural aún
enfrenta muchos obstáculos originados en el temor, la desconfianza y el escepticismo, ya
ha permeado el discurso público de manera decisiva. En este sentido, los actores
culturales emergentes (la izquierda política e intelectual, los medios de información
alternativos, el movimiento social y las ONG entre otros) han logrado modificar hasta
cierto punto la vieja hegemonía al crear un nuevo tipo de consentimiento que incorpora
nuevos valores como la tolerancia, la crítica social y el debate abierto de ideas. Es decir,
las formas de democracia popular o de base practicadas ampliamente en sectores de la
sociedad civil se reflejan cada vez con mayor fuerza en la cultura política del país.
Los principales obstáculos a la reforma política originada en los Acuerdos de
Paz pueden resumirse de la siguiente forma: a) la generación de un nuevo ciclo de
concentración de la riqueza, la profundización de la exclusión social y la intensificación
de los conflictos sociales como resultado del modelo económico vigente; b) la
consolidación de la impunidad institucional mediante la aprobación de la Ley de
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Amnistía de 1993, la cual impide el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad
cometidos durante la guerra civil; c) los vicios del sistema político los cuales obstruyen la
participación política ciudadana, particularmente la existencia de un sistema político
bipolar (ARENA-FMLN)20 que limita el logro de consensos nacionales en torno a temas
cruciales tales como el desarrollo económico, la reforma social, la prevención de la
violencia, la recuperación del medioambiente y otros; y d) la carencia de políticas
adecuadas para la reinserción a la vida civil de excombatientes y soldados, factor que
junto a otros, ha contribuido a intensificar la violencia social y la criminalidad.
La Tercera Hegemonía21
Un nuevo bloque hegemónico ha surgido como resultado de la transición a la
democracia. El sector dominante de esta nueva hegemonía es la oligarquía financiera
cuyos intereses económicos y políticos han prevalecido sobre el resto de las clases aliadas
y enemigas. ARENA representa fundamentalmente los intereses de la oligarquía
financiera y complementariamente los intereses de otros sectores de la burguesía, de la
burocracia Estatal (incluídos sectores militares), de la clase media y de los campesinos
conservadores. El principal aliado de ARENA es el PCN, el cual representa a un pequeno
sector de la burguesía, de la burocracia estatal y de los campesinos conservadores. Al
integrarse al aparato estatal, el FMLN se incorpora formalmente a la nueva hegemonía.
En este sentido, la nueva hegemonía integra sectores previamente excluídos de la
participación política legal (campesinos pobres, trabajadores urbanos, sectores radicales
de la clase media y otros) con la significativa excepción de sectores indígenas22. Durante
este proceso, el FMLN sufrió una serie de divisiones internas, las cuales produjeron la
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formación de movimientos políticos de orientación socialdemócrata y de corta vida: el
Partido Demócrata lidereado por Joaquín Villalobos y el Movimiento Renovador
lidereado por Facundo Guardado. Después de un período de divisiones y pugnas internas,
el FMLN reafirmó su ideología “socialista y revolucionaria”; pero en la práctica siguen
conviviendo en su interior diversas tendencias (social demócratas, socialistas
democráticas y marxistas-leninistas), siendo la mayoritaria la marxista-leninista
(conocida como ortodoxa) lidereada por Shafik Hándal y Salvador Sánchez Cerén. El
FMLN se ha convertido en una formidable “maquinaria electoral” que ha venido de
menos a más en las cuatro elecciones ocurridas después de la guerra civil, hasta
convertirse en el partido político mayoritario. De esta manera, el FMLN ha contribuido a
la legitimización del sistema político y consecuentemente a la consolidación de la nueva
hegemonía. De acuerdo a Zamora existe una considerable “convergencia programática”
entre el FMLN y ARENA (82). Ciertamente, la novísima alianza parlamentaria entre el
FMLN y el PCN podría ser otro elemento que reforzaría la tesis del “transformismo23”
defendida por Zamora en relación a la naturaleza del sistema de partidos surgido en la
posguerra. En esta lógica, el Plan de Nación podría considerarse como el programa del
transformismo en El Salvador24.
Por otra parte, el Centro Democrático Unido (CDU), una agrupación de centro
izquierda surgida en la posguerra y dirigida por exmiembros del FDR, constituye otro
componente minoritario del nuevo sistema político. El Partido Demócrata Cristiano (otro
partido minoritario) y el CDU han intentado (hasta ahora sin exito) la construcción de un
centro que mediatice el sistema bipolar antes descrito.
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Por su parte, la oligarquía financiera representada por ARENA ha
implementado cuatro estratégias principales orientadas a consolidar su posición
dominante en el nuevo bloque hegemónico: a) la construcción de alianzas parlamentarias
entre las fuerzas de derecha y ocasionalmente entre la derecha y el centro; b) la
neutralización de los aspectos más radicalmente democráticos de los Acuerdos de Paz
(recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la integración del Foro Socioeconómico
y otros); c) el desgaste del FMLN como una alternativa de poder viable25; y d)la
cooptación de intelectuales de izquierda y populares26.
Otro importante componente de la nueva hegemonía es la jerarquía de la Iglesia
Católica encabezada por Monsenor Fernando Sáenz Lacalle, miembro del Opus Dei. El
viraje ideológico de ciento ochenta grados experimentado en la jerarquía de la Iglesia
Católica desde los tiempos de Monsenor Romero y Monsenor Rivera y Damas hasta los
del actual Arzobispo, ha posibilitado el acercamiento entre la Iglesia oficial y los
Gobiernos de ARENA. Por otra parte, si bien sectores de la Iglesia Católica influenciados
por la Teología de la Liberación continúan presentes en el movimiento social, su
participación actual no parece ser tan importante como lo fuera durante los setentas y
ochentas.
La única fuerza que parece desafiar al orden creado por la nueva hegemonía es
el poderoso movimiento social que emerge a finales de los noventas. Este movimiento ha
mantenido una permanente campana de protesta en contra de las políticas oficiales,
particularmente en contra de la privatización del sector público; pero carece de un
programa nacional que vaya más allá del de los partidos políticos. Por otra parte, existen
pequenos grupos de izquierda al margen del FMLN que plantean agendas políticas más
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radicales27; sin embargo, sus posibilidades de convertirse en fuerzas políticas nacionales
parecen limitadas bajo las actuales circumstancias del país.
En suma, hasta ahora la transición no ha producido ni una democracia liberal
plena, ni un Estado totalmente autoritario. La ejecución de las políticas neoliberales han
consolidado ciertos rasgos del viejo liberalismo (uso patrimonial del Estado por las elites
oligárquicas, fortalecimiento del discurso sobre el “progreso” ahora sustituido por el
término “desarrollo” y otros) con la obvia excepción del uso del terror y del terrorismo de
Estado para manejar los conflictos sociales. En este sentido, la transición ha originado lo
que Karl denomina “una formación Estatal híbrida”, es decir, un sistema político que
preserva rasgos autoritarios al tiempo que adopta ciertos rasgos democráticos (Zamora
90). Sin embargo, la tensión fundamental creada entre la democratización del sistema
político y la naturaleza excluyente de la estructura socioeconómica podría generar nuevas
crisis de hegemonía en el futuro.
La Ecología de la Violencia (1992-2002)
La transición es el escenario en cual ocurre una ecología de la violencia
caracterizada por su alta intensidad y sus devastadores efectos sociales. Algunos factores
de riesgo estructurales asociados a la violencia social y a la criminalidad son: a) la
profundización de la exclusión social; b) el legado de la violencia política,
particularmente del terror y del terrorismo de Estado: irrespeto a la vida humana;
traumas psicosociales generalizados; legitimización de métodos violentos para resolver
conflictos; y deficiente reintegración de excombatientes y soldados a la vida civil; c) la
debilidad de las instituciones nominalmente democráticas; y d) el incremento en la
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actividad del crimen organizado28. Los factores de riesgo instrumentales asociados a la
violencia son incontables (proliferación de armas de fuego, consumo de alcohol y drogas,
caos en en tráfico vehicular y muchos otros). Sin embargo, en esta presentación nos
ocuparemos solamente de la exclusión social, del legado de la violencia política y de la
proliferación de armas de fuego en su relación con la epidemia de violencia social y
criminalidad de la posguerra.
Exclusión Social y Violencia
La mayoría de indicadores de exclusión social se deterioraron gravemente
durante los ochentas y noventas29. Esta situación podría vincularse a la intensificación de
la violencia social de los noventas de las siguientes maneras: a) la exclusión social debe
ser considerada como una forma primaria de violencia, tal como Ramos lo ha senalado,
es decir, la privación de condiciones para satisfacer las necesidades humanas básicas es
en sí la forma más esencial de violencia; b) el debilitamiento de la vida familiar resultante
del deterioro de los indicadores de exclusión social ha sido vinculado a la proliferación de
las pandillas y la violencia juvenil (Smutt 10); c) “la conciencia de exclusión” o la
percepción de los socialmente excluídos a cerca de su situación y de las causas de su
situación, podría vincularse al uso de la violencia como método para recuperar poder
social y político (Ramos 42); y d) la persistencia de grandes desigualdades sociales y las
expectativas insatisfechas por la transición podrían ser una fuente de frustración,
resentimiento y agresividad.
Particularmente “la conciencia de exclusión” en su profundo sentido
ideológico se convierte en un factor potencial para el desarrollo de una “conciencia
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revolucionaria”, la cual, en la visión de Gramsci se vuelve el elemento decisivo en la
creación de una crisis de hegemonía (Carnoy 79).
El Legado de la Violencia Política
El Informe de la Comisión de la Verdad (ICV) plantea una buena síntesis de
los patrones y el legado de la violencia política occurrida durante la guerra civil. De
acuerdo al ICV, los patrones de violencia de los agentes del Estado y sus colaboradores
se originaron en una concepción que consideraba como sinónimos “oponente político,
subversivo y enemigo”, es decir, aquellos que sostenían ideas contrarias a las ideas
oficiales corrían el riesgo de ser eliminados como si fueran “enemigos armados en el
campo de batalla”. Estas circunstancias están ejemplificadas por “las ejecuciones
extrajudiciales, las desapariciones forzosas y el asesinato de oponentes políticos”. La
contrainsurgencia incluyó una política de eliminación de los habitantes de las áreas dónde
las fuerzas guerrilleras se hallaban presentes. De acuerdo al ICV, los patrones de
violencia del FMLN indican que se consideraba “legítimo eliminar físicamente” a
aquellas personas consideradas como “objetivos militares”: “traidores, informantes y aun
opositores políticos”. “Los asesinatos de alcaldes, intelectuales de derecha, funcionarios
públicos y jueces ejemplifican esta óptica”. El ICV ofrece cinco conclusiones a cerca de
las causas y condiciones en las cuales ocurrió el fenómeno de violencia política durante la
guerra civil: a) la falta de garantías para el respeto de los derechos humanos y la
organización de la sociedad sin un orden legal controlado por el estamento militar; b) el
completo control del estamento militar y más específicamente de “ciertos elementos de la
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Fuerza Armada” sobre las autoridades civiles; c)la falta de capacidad de los poderes
judicial, legislativo y ejecutivo de controlar el creciente dominio de los militares sobre la
sociedad; d) la total impunidad para los escuadrones de la muerte organizados por civiles
y militares, los cuales crearon terror en la sociedad salvadorena; y e) el escalamiento de la
confrontación militar que permitió a la Fuerza Armada y las fuerzas insurgentes
constituirse en los representantes de un Estado “primitivo” no sujeto a ningún control
político o institucional, esta situación les permitió actuar con “abyecta impunidad”.
Existen al menos dos hipótesis que podrían vincular la violencia política de las
pasadas décadas con la intensificación de la violencia social y la criminalidad en la
postguerra: a) el uso sistemático y prolongado del terror y el terrorismo de Estado para
resolver los conflictos sociales ha reforzado actitudes culturales violentas para resolver
conflictos (personales, comunales, sociales y políticos) en la sociedad salvadorena; y b)
los efectos psicosociales de la violencia política reforzaron patrones culturales violentos
no solamente en los participantes en la guerra civil sino también en la sociedad en su
cojunto.
Gramsci sostiene que el Estado debe ser considerado como un “educador”,
puesto que “tiende a crear una nueva civilización” (Carnoy 76). En otras palabras, las
instituciones Estatales proveen una racionalización de los procesos económicos (Carnoy
76) y de los procesos sociopolíticos. Si esto es cierto, históricamente el Estado
salvadoreno ha educado a la sociedad en el uso sistemático de la violencia política y en su
justificación como lo ha ilustrado claramente el ICV. Adicionalmente, el Estado
salvadoreno ha legitimizado la impunidad al negarse a enjuiciar a los responsables de los
crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil y al incumplir las
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recomendaciones fundamentales planteadas por el ICV para erradicar y prevenir la
impunidad.
De acuerdo a Martín-Baró los efectos psicosociales de la represión son
diferentes en el represor, las víctimas y los espectadores. Los efectos psicosociales en los
represores incluyen:
a) la disonancia cognitiva: “una incomodidad psíquica de un individuo que
enfrenta dos o más pensamientos contradictorios”. Este desorden implica
“incongruencia o inconsistencia con el yo” (por ejemplo: “Soy un pacifista y
me he enlistado voluntariamente en el Ejército”) y “un imbalance que el
individuo siente la necesidad de superar”. El entrenamiento militar trata de
resolver esta disonancia por medio de la negación de “uno de los conceptos
disonantes: la humanidad de la víctima”. Este entrenamiento crea un
progresivo distanciamiento entre el represor y la víctima. Cuando “el represor
no se puede distanciar de la víctima se crea un mal-estar”. Algunas veces esta
situación forza al represor a voltearse en contra de quienes lo han forzado a
emplear la violencia represiva;
b) el aprendizaje de habitos violentos: un comportamiento violento recurrente
crea una inclinación “a emplear la violencia para resolver problemas sociales”
o a involucrarse en actividades “criminales violentas o casi criminales”. “En
casos de confrontación, discrepancia o conflicto” la respuesta más probable
del represor sera la “violencia agresiva” (Martín-Baró 155-57).
Los anteriores efectos psicosociales de la represión en los represores pueden
observarse en el alto grado de involucramiento de exsoldados, expolicías y paramilitares
en crímenes violentos y protestas violentas durante la postguerra. Los efectos
psicosociales en las víctimas de la represión política incluyen:
a) aquellos producidos por los diferentes niveles de dano físico sufrido como
resultado de un acto violento;
b) el incremento en los niveles de frustración y agresión contra el represor el
cual conlleva el escalamiento de los niveles de represión necesarios para
contener los crecientes niveles de frustración y agresión (Martín-Baró 15062)
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Los efectos psicosociales de la represión en los espectadores difieren de acuerdo
al grado de identificación entre el espectador y las víctimas:
a) cuando el espectador se identifica con las víctimas ocurre un aprendizaje
vicario; el castigo aplicado a las víctima modela el comportamiento del
espectador y promueve una “discriminación situacional más que de
comportamiento”: un comportamiento clandestino orientado a evadir a las
fuerzas represivas y a incrementar la agresividad del espectador en contra del
represor;
b) cuando los espectadores no se identifican con las víctimas, éstas son
percibidas como “chivos expiatorios” y como personas que merecen ser
castigadas;
c) independientemente del nivel de identificación entre el espectador y las
víctimas, se produce un aprendizaje del valor de la violencia política, es
decir, el valor del uso de la violencia política para resolver conflictos sociales
(Martín-Baró 163-64).
El anterior contexto podría contribuir a explicar los altos niveles de aceptación
de conductas violentas en las actitudes culturales de los Salvadorenos durante los
noventas, reflejadas en los estudios realizados por el IUODOP de la Universidad
Centroamericana José Simeón Canas (UCA)30. Ciertamente, la guerra civil no originó la
violencia política ni los patrones culturales violentos en El Salvador, sino más bien
contribuyó a su generalización y exacerbación.
La Proliferación de Armas de Fuego y la Violencia
Otro factor instrumental en la ecología de la violencia es la proliferación de las
armas de fuego y la “cultura de las armas”, es decir, actitudes culturales generalizadas
que favorecen la posesión, portación y uso frecuente de armas. El número de armas de
fuego en manos de civiles se incrementó dramáticamente en la postguerra. En 1999 el
registro nacional de armas de fuego en control de la FAES reportó 130,000 armas
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legalmente registradas (Chávez, “El Control” 67). Algunos expertos estiman en al menos
200,000 el número de armas de fuego no resgistradas.
Si bien no existe información concluyente que vincule el uso de las armas de
fuego y el número de homicidios a nivel nacional, expertos policiales del Consejo
Nacional de Seguridad Pública (CNSP) estimaron que en 1997 un 70% de los homicidios
fueron cometidos con armas de fuego y un 30% con armas blancas. En 1997 la Fiscalía
General de la República reportó 6,573 muertes violentas, de las cuales 95 fueron
tipificadas como asesinatos, mientras el resto fueron tipificadas como homicidios. El
análisis de estos datos permitió a expertos policiales del CNSP concluir que estos
crímenes fueron producto de repentinas confrontaciones violentas donde la presencia de
un arma de fuego posibilitó la comisión de delitos mortales que de otra manera pudieron
haber sido evitados o de haberse producido sin la presencia de armas de fuego,
probablemente habrían causado heridas menos graves. Un estudio realizado por el
IUODOP de la UCA en 1998 concluyó que la posesión y la portación de armas de fuego
incrementa las posibilidades de la comisión de actos violentos (Chávez “El Control” 69).
Algunas hipótesis que podrían explicar la prevalencia de la “cultura de las armas”
en la sociedad salvadorena en los noventas son las siguientes: a) el uso masivo de armas
durante la guerra civil legitimizó su utilización como instrumentos para resolver
conflictos sociales; b) la falta de capacidad del Estado para garantizar la seguridad
personal justifica la masiva tenencia y portación de armas; c) la carencia de una adecuada
política de control de armas y el apoyo a la aprobación de modificaciones a la Ley de
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares por parte de los
legisladores derechistas (ARENA y PCN) en 1999 dio luz verde a la proliferación de un
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mayor número de armas de fuego especialmente de aquellas de grueso calibre; y d) la
irrestricta publicidad y comercialización de armas de fuego promovidas por un grupo de
empresas, las cuales reafirman la percepción pública de que su adquisición es una
necesidad básica en las actuales condiciones del país.
Los Costos Sociales de la Violencia
Algunos indicadores usados para medir el costo de la violencia social en los
noventas son los siguientes: a) El Salvador presentó durante la primera mitad de esa
década una de las tasas de homicidios más altas del mundo: 138.9 por 100,000; b) en
1997 El Salvador perdió 180,000 anos de vida saludable como consecuencia de la
violencia social (Rubio 62); c) en 1997 el 12% del presupuesto del Ministerio de Salud
Pública fue destinado a la atención de las víctimas de la violencia (Rubio 62); d) se
registran al menos 1250 casos mensuales de violencia intrafamiliar en los cuales se han
producido graves heridas físicas; e) se estima que el 90% de los ninos Salvadorenos han
sufrido abuso físico (Quinonez 147); f) las pérdidas creadas por la violencia social se
estiman en 17% del presupuesto nacional (Rosales 85); y g) el costo total de la atención a
las víctimas de la violencia alcanzó $700 millones o el 17% del PNB en 1995 (Rosales
85). El costo social y económico de la “epidemia” de la violencia y la criminalidad en El
Salvador resulta virtualmente imposible de valorar, dada su intensidad y masividad.
Después de todo ¿cómo se puede medir el “costo social” de la pérdida de una vida
humana a causa de la violencia?
Conclusión
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La situación de Centro América en los noventa estuvo caracterizada por el
inicio de transiciones democráticas, inestabilidad política y por una profunda crisis
socioeconómica agravada por desastres naturales. Cambios históricos tales como la
ejecución de la reforma política contenida en los Acuerdos de Paz y grandes
transformaciones en la estructura socioeconómica (el fin de la sociedad agraria,
migraciones masivas y los desastrosos efectos sociales de las políticas económicas
neoliberales) caracterizaron la situación en El Salvador durante el mismo período. Un
nuevo bloque hegemónico dominado por la oligarquía financiera; pero también integrado
por actores emergentes tales como el FMLN y otros partidos de centro-izquierda
ampliaron el espectro ideológico e integraron a ciertos actores sociales anteriormente
excluídos de la hegemonía con la significativa excepción de los pueblos indígenas. Esta
nueva hegemonía ha dado origen a un Estado neoliberal híbrido. Esta combinación de
agentes culturales tradicionales (la oligarquía, la burguesía, sectores conservadores de la
Iglesia Católica y los medios de prensa conservadores) y agentes culturales emergentes
(los partidos políticos de izquierda, la prensa alternativa y otros sectores de la sociedad
civil) genera no solamente una formación Estatal híbrida, sino también una cultura
política híbrida. Valores autoritarios y democráticos permean virtualmente todos los
sectores de la sociedad; sin embargo la democracia de base tiende a expresarse cada vez
más en la cultura política. Esta nueva hegemonía genera un proceso sociopolítico
intrínsicamente contradictorio: por un lado promueve una democracia política limitada y
distorsionada y por el otro promueve mayores niveles de concentración de la riqueza y la
masificación de la exclusión social.
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La intensificación de la violencia social y la criminalidad ocurre en el contexto
del agravamiento de las tensiones socioeconómicas y políticas durante la transición.
Hemos analizado brevemente la exclusión social, el legado de la violencia política y la
proliferación de armas de fuego como componentes (factores de riesgo) de la ecología de
la violencia. Sostenemos que la exclusión social (en su acepción más amplia: exclusion
sociopolítica y exclusión socioeconómica) es el factor primario en la generación de la
cultura de violencia en El Salvador, es decir, la exclusión social en sí es una forma de
fundamental y permanente de violencia (¿qué puede ser más violento que un sistema que
impide la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población?) la cual
origina y/o exacerba diversas formas de violencia política y social. En este sentido,
hemos enfatizado el impacto de las políticas neoliberales en el agravamiento de diversas
formas de violencia social y política. Al examinar el legado de la violencia política de las
pasadas décadas hemos concluído que el uso prolongado del terror y el terrorismo de
Estado y la impunidad de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra
civil han legitimizado el uso de la violencia como un medio para resolver conflictos
sociales y han generado traumas psicosociales ligados a la creación de comportamientos
y hábitos violentos. Finalmente examinamos la proliferación de armas de fuego como
otro factor (instrumental) en la ecología de la violencia, particularmente la
responsabilidad de los representantes del Estado (legisladores y poder ejecutivo) y de un
grupo de empresas distribuidoras de armas, en la promoción del armamentismo como una
alternativa de solución viable y legítima para enfrentar la falta de seguridad pública
resultante de la epidemia de violencia social y criminalidad.
Chávez Aguilar 21
Evidentemente, la violencia no es un fenómeno reciente sino histórico,
profundamente enraizado en la ideología y las estructurales estatales creadas por el
“liberalismo” en El Salvador. Durante los pasados 127 anos, el Estado “liberal” y sus
variaciones posteriores han generado un proceso contínuo de expansión y consolidación
de la ecología de la violencia al reforzar patrones culturales que se alimentan y a la vez
nutren este proceso. En esta presentación nos hemos referido exclusivamente a la
dinámica ocurrida durante la última década de este proceso histórico.
Notas
1
En esta ponencia definiremos violencia como “una relación social desigual donde el uso de la fuerza
(física, psicológica o simbólica) se convierte en el patrón que define los términos de esa relación en una
manera permanente o temporal” (Ramos 10).
2
En esta ponencia el término cultura se refiere al conjunto de valores, sistema de creeencias y actitudes que
caracterizan a una sociedad. Consecuentemente el término “cultura de la violencia” se refiere a una
sociedad donde el cojunto de valores, sistema de creencias y actitudes están altamente influenciadas por la
violencia.
3
De acuerdo a Carnoy, el concepto de hegemonía en Gramsci tiene dos significados principales: a)es un
proceso en la sociedad civil donde una facción de la clase dominante ejerce el control sobre otras facciones
aliadas de la clase dominante por medio de su liderazgo moral e intelectual; b) es una relación entre las
clases dominantes y dominadas. La hegemonía involucra intentos exitosos de las clases dominantes en el
uso de su liderazgo político, moral e intelectual para establecer su visión del mundo como totalizante y
universal y de moldear los intereses y necesidades de los grupos subordinados (69-70). De acuerdo a
Anderson, en Cuadernos de Prisión existen tres definiciones de hegemonía de acuerdo al sitio que el
Estado ocupa en cada una de ellas, en esta ponencia utilizaremos la interpretación de hegemonía en la cual
la noción de Estado incluye a la sociedad civil (Estado igual a sociedad política más sociedad civil) o
hegemonía como “una síntesis de consentimiento y coerción” (en Carnoy 72-73).
4
Terror de Estado es una forma de violencia política contra población civil no armada que involucra la
participación de agentes del Estado de manera oficial (es decir militares, policías o fuerzas paramilitares
uniformadas). El terrorismo de Estado involucra la participación de agentes del Estado en la ejecución de
violencia contra civiles no armados, realizada en forma clandestina o no oficial (militares, policías,
paramilitares que actúan anónimamente o que asumen identidades falsas; operaciones clandestinas
atribuídas a “escuadrones de la muerte”,etc.). Muchas veces los representantes del Estado niegan
responsabilidad en la comisión de este tipo de violencia e incluso llegan a condenarla públicamente.
5
Gramsci también desarrolló el concepto de “crisis de hegemonía” para referirse a períodos históricos
donde la hegemonía tradicional de las clases dominantes es desafiada enmedio de las luchas de las clases
subordinadas dirigidas hacia el cambio social. Las crisis de hegemonía son períodos de la historia en los
cuales las clases sociales se desprenden de sus partidos políticos; la clase no reconoce más a los hombres
que dirigen a los partidos y a sus expresiones. En estos períodos, la Iglesia, las altas finanzas y otras
instituciones (que son independientes de la opinión pública) incrementan su poder y autonomía (Carnoy
78).
6
Este término empleado por Papadopoulus para analizar la violencia social designa a un sistema de
violencia donde diversos factores (sociales, económicos, políticos, psicológicos y otros) crean un ciclo
autosostenido de violencia. Las actitudes culturales violentas (cultura de la violencia) pueden considerarse
como un importante factor de este ciclo.
Chávez Aguilar 22
7
El término “Estado híbrido” es utilizado por Karl para designar a una formación estatal la cual presenta
rasgos democráticos y autoritarios (Zamora 90).
8
En Nicaragua, la transición a la democracia inició con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y
continuó con las elecciones de 1984, la Constitución de 1987 y las elecciones de 1990 cuando el FSLN
posibilitó una transición pacífica del poder al gobierno de Violeta Chamorro, el cual inauguró una serie de
gobiernos conservadores caracterizados por un alto grado de corrupción.
9
Los efectos devastadores de las guerras; la drástica reducción de la ayuda económica norteamericana a la
región y las consecuentes políticas de austeridad implementadas por los gobiernos; los efectos de las
políticas de ajuste y estabilización económica orientadas a la privatización del sector público y la reducción
de la inversión social; la deuda externa y los efectos de los desastres naturales. Durante los noventa el
crecimiento de PNB per cápita regional alcanzó el 1.4%, Nicaragua se convirtió en el segundo país más
pobre del Continente con un ingreso per cápita de $466 al ano y Honduras el tercero con $691. Con la
excepción de Costa Rica los niveles de pobreza en la región son los peores del Continente: en Guatemala el
83% de la población vive en la pobreza, 80% en Nicaragua, 74% en Honduras, 48% en El Salvador y 20%
en Costa Rica (Leogrande en Chávez 41).
10
En 1996 la tasa de homicidios por 100,000 fue de 139 en El Salvador, 53 en Guatemala, 44 en Honduras,
15 en Nicaragua, 27 en Centroamérica y 17 en América Latina (Saldomando 77). En 1997 el numero de
crímenes por 100,000 era de 366 en Honduras, 1054 en El Salvador, 289 en Guatemala y 1290 en
Nicaragua (Saldomando 77).
11
Recientes evaluaciones del sistema de partidos políticos en cada uno de los países de la región refuerzan
esta idea. Solórzano Martínez llama a la democracia Guatemalteca “defectuosa” debido a su incapacidad de
resolver los principales problemas para consolidar el orden democrático debido a la acomodamiento de las
élites y la distribución de prebendas (54). Salomón considera las debilidades de la democracia en Honduras
en estos términos: cultura autoritaria, resistencia a la democracia participativa y persistencia de diversos
vicios en el sistema político (clientelismo, patrimonialismo, inmunidad asumida como impunidad, falta de
modernización y democratización de los partidos políticos y ausencia de oposición) (98-99). Ortega Hegg
analiza el sistema hegemónico bipartidario, el clientelismo y el caudillismo en el sistema político de
Nicaragua como los principales obstáculos para la participación democrática. Zamora analiza el
autoritarismo, el clientelismo y la hegemonía polar bipartidaria en el sistema político de El Salvador como
los principales obstáculos para la participación democrática (78-79).
12
Este término ha sido usado por Solórzano Martínez para referirse a la democracia Guatemalteca (54).
13
Integrada por cuatro grupos financieros: Banco Agrícola, Banco Cuscatlán, Banco de Comercio y Banco
Salvadoreno.
14
84 centros urbanos que concentraban el 35% de la población en los setentas concentran el 51% de la
población en los noventas. Ciudades como Soyapango alcanzaron un crecimiento poblacional del 1100%
durante los noventas (Zamora 74).
15
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Latinos del 2002 del Pew Hispanic Center/Fundación Kaiser
Family, los salvadorenos representan el 65% de los Centroamericanos que viven en Estados Unidos.
16
De acuerdo a Zamora durante los setentas la agricultura representó 27% de PIB y solamente el 10% en
los noventas, en contraste el “sector terciario” representó 60% del PIB durante los noventas(74).
17
La FAES fue reducida de 65,000 efectivos en 1992 a unos 12,000 a mediados de los noventas; todos los
generales y la mitad de los coroneles que comandaron la institución durante la guerra civil están
oficialmente retirados como resultado de las recomendaciones de la Comisión Ad Hoc (Zamora 69-70). Los
antiguos cuerpos de seguridad, la masiva estructura paramilitar y los batallones contrainsurgentes fueron
desmobilizados.
18
Al menos 60 líderes y activistas del FMLN fueron asesinados por “escuadrones de la muerte” entre 1992
y 1994.
19
Un ejemplo de este fenómeno es la existencia de “enclaves” o sectores de la PNC comprometidos con los
principios civiles, democráticos y profesionales de dicha institución y aquellos caracterizados por prácticas
autoritarias y por actos de corrupción.
20
Resultado de la polarización social originada en la formación socioeconómica del país y reforzada
durante el período revolucionario y la guerra civil (1970-1992).
21
Si se considera como primera la hegemonía liberal surgida a fines del siglo XIX durante el período
presidencial del Dr. Rafael Zaldívar (1876-1885) y como segunda la hegemonía oligárquico-militar
Chávez Aguilar 23
establecida a partir de 1932, la cual entra en crisis durante el período revolucionario y la guerra civil
(1970-1992).
22
En este sentido la nueva hegemonía conserva un carácter étnico esencialmente ladino/blanco.
23
Transformismo es un término usado a partir de 1880 para referirse al sistema político que surgió del
Resurgimiento en Italia en el cual las diferencias programáticas entre la Izquierda y la Derecha
prácticamente desaparecen. El transformismo tiene dos períodos: a) el transformismo “molecular” (18601900) cuando figuras de la oposición democráticas son absorvidas individualmente a la clase política
conservadora-moderada; y b) el transformismo a partir de 1900 cuando grupos enteros de izquierdistas se
pasan al campo de los moderados (notas en Gramsci 58).
24
El “Plan de Nación” podría considerarse como el programa del transformismo en El Salvador en dos
sentidos: a) en su proceso de elaboración participaron intelectuales y profesionales de izquierda y derecha;
y b) ha sido respaldado por sectores de centro izquierda (el Movimiento Renovador y sectores del FMLN) y
de derecha (por ejemplo, Armando Calderón Sol declaró recientemente que de ganar las elecciones del
2004 adoptaría el Plan de Nación como su plan de gobierno).
25
Reeditando cada vez con menos éxito el viejo discurso anticomunista y la responsabilidad del FMLN en
la violencia política ocurrida durante la guerra civil.
26
Un grupo de intelectuales de izquierda del período de la guerra civil están ahora integrados a la
burocracia del Estado (en calidad de funcionarios y de asesores del Gobierno de ARENA) o se han
convertido en columnistas de los periódicos de derecha (La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy). Algunos
antiguos intelectuales de izquierda se han convertido en ardientes críticos del FMLN y del movimiento
social y en defensores de ideas abstractas relativas al “interés nacional” y el “proceso democrático”.
Algunos exlíderes del FMLN se han convertido en aliados permanentes o temporales del partido oficial
como lo ejemplifica el caso de Joaquín Villalobos fundador del Partido Demócrata y signatario del efímero
“Pacto de San Andrés” con el Presidente Armando Calderón Sol (1994-99).
27
Como la Brigada Revolucionaria de Estudiantes Salvadorenos (BRES), la cual ha protagonizado diversas
actividades de protesta violenta en contra de las políticas oficiales.
28
Un factor importante en el incremento de la actividad del crimen organizado ha sido la mutación de los
“Grupos Ilegales Armados con Motivación Política”(GIAMP) que operaron antes, durante y después de la
guerra civil en grupos dedicados al crimen organizado, tal como lo previera en 1994 el Informe del Grupo
Conjunto para la Investigación de los GIAMP dirigida por el jurista peruano Diego García Sayán.
29
Una somera revisión de los principales indicadores de exclusión social en los noventas extraída de datos
proporcionados por la Encuesta de Hogares y Propósitos Mútiples (en Ramos 26-39) y otras fuentes
periodísticas, brinda una idea de este fenómeno: a)los niveles de pobreza se redujeron del 59.7% en 1992 al
48.3% en 1997, sin embargo 5 de cada 10 salvadorenos no pudieron resolver sus necesidades básicas y 2 de
cada 10 no resolvieron sus necesidades nutricionales básicas; b) la tasa de desempleo se incrementó del
7.65% en 1995 al 7.97% en 1997, sin embargo estos datos resultan enganosos si se considera que la tasa de
desempleo oficial considera en la categoría de “empleado” a los subempleados y a los empleados en el
“sector informal” de la economía; c) el nivel de ingresos para los empleados a tiempo completo entre 1995
y 1997 se incrementó en 4% para aquellos sin ninguna educación formal; se estancó para aquellos con 1 a 3
anos de educación; se incrementó en 9.1% para aquellos con 4 a 6 anos de educación; se incrementó en
14.3% para aquellos con 10 a 12 anos de educación; y se incrementó en 20% para aquellos con 13 o más
anos de educación; d) el porcentaje de ninos sin acceso a la escuela alcanzó 13% o 211,000 en 2003
[Ramírez Claudia. “211 mil ninos fuera del Sistema Educativo”. La Prensa Gráfica (San Salvador) 1 de
Febrero de 2003]; e) 35% de la población no tiene acceso a ningún tipo de infraestructura de salud (esta
situación se agrava en las zonas rurales); el déficit habitacional alcanzó más de 500,000 unidades en 1997,
este déficit se incrementó sustancialmente a raíz de los terremotos del 2001; f) se ha producido un deterioro
de las redes sociales como lo indica un estudio realizado en el Área Metropolitana de San Salvador:
solamente un 32.6% de los entrevistados manifestó pertenecer a algún tipo de asociación local,
organización o comité (Ramos 37); g) la densidad poblacional del Área Metropolitana de San Salvador se
ha incrementado dramáticamente (la ciudad de San Salvador tiene 5749 habitantes por km2) esta situación
a menudo se vincula al incremento de la agresividad y la violencia (Ramos 39).
30
El mencionado estudio publicado en 1998 plantea los siguientes datos relativos a las actitudes culturales
sobre la violencia entre las personas entrevistadas: a) 38.8% aprobaría matar a “alguien que haya violado a
su hija”, 40% no lo aprobaría pero lo entendería y 20% no lo aprobaría ni lo entendería; b) 21.6% aprobaría
matar a “a alguien que atemorice a la comunidad”, 47.7% no lo aprobaría pero lo entendería y 30.7% no lo
Chávez Aguilar 24
aprobaría ni lo entendería; c) 15.4% aprobaría matar a “gente indeseable”, 46.6% no lo aprobaría pero lo
entendería y 38.0% no lo aprobaría ni lo entendería; d) 59.1% está de acuerdo en que una persona tiene el
derecho de matar para proteger a su familia, 33.8% están en desacuerdo y 7% no están seguros; e) 42.1%
está de acuerdo en que una persona tiene el derecho de matar para proteger a su propiedad, 52.1% están en
desacuerdo y 5.8% no están seguros (Cruz 91-3).
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