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Respuesta de Yo Sí Sanidad Universal y Jo Sí Sanitat
Universal al comunicado del Hospital de Dénia en
relación a lo sufrido por Milagros Villalobos en dicho
centro (o lo que el hospital llama “el caso de la mujer
venezolana embarazada”)
El Hospital de Dénia ha colgado en su página web un comunicado en
respuesta a la historia de Mila, publicada en eldiario.es.
http://www.eldiario.es/sociedad/aborto-rechazos-hospital-publicovalenciano_0_297120878.html
Desde Yo Sí Sanidad Universal (Madrid) y Jo Sí Sanitat Universal
(Valencia) queremos puntualizar algunas de las cuestiones aducidas por
el hospital:
1. Atender pidiendo a la persona que primero firme un
compromiso de pago o diciéndole que no tiene derecho a la
asistencia gratuita no es atender. Y en el caso de las urgencias
y de mujeres embarazadas, es además ilegal.
2. El 9 de julio Mila acudió por primera vez a las urgencias del
hospital por un sangrado repentino abundante. Al llegar a
urgencias le dijeron que por no tener permiso de residencia y
por consiguiente no tener tarjeta sanitaria no la iban a atender
sin firmar antes un documento que la hubiera comprometido a
pagar 185 euros si, pasados 10 días de la firma, no actualizaba
su tarjeta sanitaria (algo que Mila no puede hacer porque no
tiene permiso de residencia ni lo iba a poder conseguir en 10
días). Mila, consciente de sus derechos, intentó explicar que
no tenía ninguna obligación de pagar la atención puesto que se
trataba de una urgencia y además estaba embarazada. Ambos
supuestos están recogidos por el Real Decreto 16/2012, que
reconoce el derecho a ser atendido con cargo a fondos
públicos en tales circunstancias, sea cual sea su situación
administrativa o laboral (tenga o no tenga papeles, esté
cotizando o no). No es la primera vez que se incumple la ley en
los centros de salud y hospitales valencianos, y los informes
del Observatorio del Derecho Universal a la Salud así lo
reflejan:
https://mail.google.com/mail/#inbox/14830528deec70e7?projec
tor=1
Finalmente, el día 12 de julio volvieron ella y su marido al
hospital, ya que Mila seguía sangrando, y aceptaron firmar el
compromiso de pago para poder recibir la atención. El médico
la atendió y le dio cita para el día 16 de julio.
3.
4.
Campaña
de desobediencia al
Real Decreto-Ley
16/2012
El “parte de paciente privado”, como dice el hospital de
Dénia, que obligaron a firmar a Mila es otra forma de llamar
al compromiso de pago, y genera factura. Y el Hospital de
Dénia lo sabe. Este parte está diseñado para personas que
acuden a urgencias de un hospital público y tienen cubierta
la asistencia sanitaria por otras vías (mutuas de accidentes
o laborales, seguro privado) y sirve para identificar a estos
pacientes, que puedan llevar su tarjeta sanitaria hasta 10
días después de haber recibido la asistencia y de ese modo
el hospital le puede cobrar a la mutua o al seguro privado.
Las personas a las que se les ha privado de tarjeta sanitaria
no son pacientes privados. No tienen la cobertura
asegurada por otros medios. No van a poder regularizar su
situación en 10 días. Nadie les va a dar la tarjeta sanitaria
en ese tiempo. Si se da un parte de paciente privado a una
persona sin tarjeta por culpa del RD-L 16/2012 se le está
dando un compromiso de pago en urgencias y en el caso
de Mila, a una embarazada. Dar un parte de paciente
privado en esta situación es ilegal, además de disuasorio. Y
sí, estamos de acuerdo con el Hospital de Dénia aquí, lo
hacen muchos hospitales públicos. Pero los que lo hacen
deben saber que lo hacen mal, muy mal. Con lo que no
estamos de acuerdo con el Hospital de Dénia es con que un
compromiso de pago no signifique que se vaya a facturar.
Los partes de pacientes privados, o compromisos de pago,
generan automáticamente una factura que llega a las casas
de estas personas http://www.eldiario.es/sociedad/VIDEOmorir_0_264224551.html.
Dos días antes de la cita con el médico, el 14 de Julio, Mila
recibió una llamada de alguien que no se identificó y que le
preguntaba por qué se había atrevido a acudir a solicitar
atención sanitaria si “sabía que no tenía cobertura”, que no
la “cubría el servicio” y que no se le ocurriera volver a
urgencias porque no la atenderían sin antes pagar la deuda
de los 185 euros con la Seguridad Social. Además, esta
persona, respondiendo a una pregunta directa de Mila, le
informó de que cada consulta, que tendría que pagar, eran
60 euros. Finalmente le dijo que le iba a anular la cita del
día 16 con el médico. Mila nos decía: “yo estaba asombrada
y no lograba digerir la situación, y cuando “por fin” terminó
la conversación, me puse a pensar en que yo no incurrí en
ningún delito como ella me quería demostrar, que yo firmé
el papel y acepté pagar a pesar de que la ley me beneficia
en este Estado, así que ahora estoy en mi casa, esperando
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alerta, síntomas de cualquiera de las tres cosas que el
médico quiso descartar, un ectópico, la continuación de
un aborto o un embarazo de riesgo”. Y también: “mi
marido está nervioso con la factura, pregunta todo el
tiempo cuántos días faltan para que se venza y que no
quiere que la ejecuten pero yo no creo que eso sea así de
rápido. En todo caso, si la envían a casa se puede refutar
con la tarjeta provisional que, confío en Dios, finalmente
me concedan...”
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Respecto a la Trabajadora Social, Mila tuvo que hacer
varios trámites. Primero acudió a su centro de salud y allí
le dijeron que tenía que ir a la trabajadora social del
ayuntamiento puesto que en el ambulatorio no había. La
trabajadora social del ayuntamiento le empezó a tramitar
la tarjeta de “embarazada extranjera” con toda la
documentación que aportó Mila y con el informe del
médico que confirmaba el estado de embarazo. La
trabajadora del ayuntamiento a los pocos días tenía
vacaciones, así que la trabajadora social del hospital de
Denia se encargó de continuar los trámites y luego volvió
a la trabajadora del ayuntamiento. En definitiva, Mila tuvo
que hacer todo un peregrinaje por los centros para
conseguir la tarjeta de embarazada. En estas idas y
venidas constatamos además la falta de formación y de
información que han recibido los trabajadores sociales y
administrativas acerca de los derechos de los pacientes
que carecen de tarjeta sanitaria y de cual es el modo de
proceder en cada caso.
6. Mientras se estaba tramitando la tarjeta de “embarazada
extranjera”, Mila sufrió un aborto, que confirmó el médico.
Cuando volvió a la trabajadora social después de recibir
la noticia y se lo comunicó, ésta llamó a la oficina de
Afiliación y Validación de Alicante. Allí dijeron que como
ya no estaba embarazada y no había dado tiempo a que
se acabara de tramitar la tarjeta, se le iba a facturar toda
la atención que había recibido hasta entonces. Una
irregularidad flagrante que pone en evidencia que la
Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana está
actuando de manera arbitraria y saltándose la ley con las
personas que quedaron excluidas del Sistema Nacional
de Salud.
Campaña
de desobediencia al
Real Decreto-Ley
16/2012
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7. En todo momento el trato del personal médico y de
enfermeros ha sido muy bueno y no son los que han
puesto dificultades en la atención sino todo lo contrario. El
problema, como ya venimos comprobando estos dos
años, está en la puerta de entrada del hospital, está en
que los pacientes con frecuencia no consiguen llegar a
ver al médico ni ser atendidos por las barreras que ha
creado el Real Decreto 16/2012, pero no sólo. La
Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana no ha
sido capaz de informar y de establecer un protocolo claro
de actuación que sirva para todos los centros de salud.
Esto provoca una arbitrariedad en la manera de aplicar la
ley en los diferentes centros de salud y hospitales y que
el personal esté totalmente desinformado, con lo que ello
provoca: compromisos de pago que disuaden a las
personas que por ley deben ser atendidas sin cobro
alguno, facturas en urgencias, problemas en la atención a
menores y embarazadas, un Programa Valenciano de
Protección de la Salud que no está llegando a las
personas que podrían acogerse, etc. El Hospital de Dénia
tenía en su mano actuar conforme a la ley y haber
atendido a Mila en su primera visita al hospital, aunque
ella se negara a firmar un documento que no tenía porqué
firmar. Pero prefirieron ir más allá en la aplicación del
Real Decreto y dificultar el acceso a la atención de una
embarazada.
8. Por último, consideramos que la identificación del día de
cita de la paciente por parte del hospital de Dénia atenta
contra su privacidad y no entendemos por qué el hospital
difunde esta fecha.
JO SÍ SANITAT UNIVERSAL y YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL.
Campaña
de desobediencia al
Real Decreto-Ley
16/2012
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