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Los editores de diarios lamentan que la Ley
de Economía Sostenible no dote de mayor
protección a la propiedad intelectual
Carlos Solchaga cita como “auténticas” claves económicas tomarse en serio
el FROB, extremar el ajuste fiscal y reformar el mercado de trabajo
Madrid, 25 de marzo de 2010
En el transcurso de la primera Jornada de un ciclo sobre Economía Sostenible del
Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información, los editores de
diarios han lamentado hoy que el Gobierno no haya incorporado ninguna de sus
propuestas al Proyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado en Consejo de
Ministros el viernes pasado y pendiente de tramitación parlamentaria. Los editores
habían solicitado tanto a la vicepresidenta primera del Gobierno como al
presidente del Consejo Económico y Social que la nueva ley mantuviese la
obligatoriedad de incluir los anuncios financieros y societarios en prensa, y que a
la vez reforzase la defensa de los derechos de los editores en materia de
Propiedad Intelectual, dos aspectos finalmente omitidos en el proyecto.
El director general de AEDE, Ignacio M. Benito, ha participado hoy en la primera
sesión del Ciclo sobre Economía Sostenible, organizado en Madrid por el
Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información. En su intervención,
indicó que la ley corre el riesgo de desperdiciar una buena oportunidad para
consolidar la seguridad jurídica facilitada por los anuncios societarios en prensa,
tal y como ha hecho la Unión Europea, y para extremar la defensa de los derechos
de autor.
Los editores de diarios expusieron que la posible retirada de las inserciones
obligatorias de los anuncios financieros y societarios en prensa supondrá un grave
perjuicio para el derecho de información de los pequeños accionistas. Recordó
además que la Unión Europea debatió recientemente este mismo asunto y
rechazó dicha medida, por entender necesario publicar los anuncios societarios en
prensa por razones de seguridad jurídica y para acreditar de forma fehaciente el
contenido y la fecha de publicación de los mismos.
Asimismo, los editores plantearon la conveniencia de aprovechar la reforma de la
Ley de Economía Sostenible al Real Decreto Legislativo 1/1996, de Ley de
Propiedad Intelectual, para clarificar y extremar la defensa de los derechos de
autor de los editores. Solicitan en ese sentido que se corrigiese la exclusión de los
editores de diarios de la compensación equitativa por copia privada, por cuanto
vulnera la Directiva 2001/29 de la Comunidad Europea, y que se ampliasen con
mayor claridad y eficiencia los derechos de propiedad intelectual de sus medios a
los nuevos contenidos y soportes digitales.
Carlos Solchaga
La intervención central de la jornada corrió a cargo de Carlos Solchaga, exministro
de Economía y Hacienda, que evaluó el Proyecto de Ley de Economía Sostenible
como una suerte de cajón de sastre que “acopia iniciativas de los distintos
ministerios para impulsar la economía, la mayoría de ellas planteadas en la
dirección correcta, pero carentes en conjunto de suficiente vertebración, sin una
espina dorsal capaz de cohesionar la política económica que se necesita, lo que
difumina el sentido último de la labor del legislador”. “Espero que su paso por el
Congreso no la difumine más, y que en cambio sirva para encauzar las auténticas
prioridades del Gobierno en materia económica, que deben ser tomarse en serio el
FROB, el ajuste fiscal y la reforma del mercado de trabajo”, añadió.
“Hemos llegado a un punto donde la reducción del déficit debe especificarse en
partidas concretas, sin entrar un desmentidos al día siguiente porque las
reducciones del gasto siempre tienen que salir de algún sitio. Resulta un juego
muy fácil para Gobierno y oposición expresar dónde quieren reducir, un ejercicio
que hasta ahora los dos nos vienen escamoteando, pero que resulta indispensable
resolver antes de la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del
Estado. Si no se incluyen medidas muy concretas de reducción del déficit en esos
próximos presupuestos, la credibilidad de la economía española estaría en grave
crisis”, indicó Solchaga.
Como posibles iniciativas positivas contenidas en el Proyecto de Ley, Solchaga
citó los impulsos de la actividad investigadora y de la sociedad de la información,
la liberalización del sector del transporte y la reforma, a su juicio insuficiente, de la
Formación Profesional para incardinarla mejor en el sistema educativo ajustar
mejor su oferta a las necesidades de las empresas. Valoró también positivamente
las medidas para fomentar el alquiler de viviendas, donde cabría ir más allá, “si
bien al menos restablece la neutralidad fiscal entre alquiler o compra”, así como el
apoyo a las renovables.
Medio millón de emprendedores
Javier Cremades, abogado y presidente del Observatorio, abrió la jornada y afirmó
que los Notarios españoles están liderando las transformaciones que demanda la
sociedad digital al mundo del derecho de los negocios. Asimismo, señaló que la
mejor receta para la recuperación económica de España es un modelo productivo
adaptado al entorno digital. “Por contraste, la reciente Ley de Economía Sostenible
no hace ninguna referencia al sector de las nuevas tecnologías ni a la economía
digital. Incluso genera problemas a sectores digitalmente avanzados como los
Notarios porque confunde la constitución de una sociedad con la creación de una
empresa. También llama la atención que la ley que quiere impulsar la
productividad se olvide de fomentar el espíritu emprendedor. Lo que España
necesita son medio millón de emprendedores para reactivar la economía”.
Clausuró la sesión Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado.
Declaró que los tres mil notarios españoles comparten el objetivo del Gobierno con
este Proyecto de Ley, impulsar la recuperación económica y un nuevo modelo
productivo, y se mostró convencido de que los notarios tienen algo que aportar a
su tramitación parlamentaria. En ese sentido, hizo una llamada a los grupos
parlamentarios para que tanto en este proyecto como en el de Ley de Blanqueo
de Capitales se permita a los notarios mejorarlos y extremar en ambos la
seguridad jurídica.