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BOLETÍN N° 118-10
INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES
EXTERIORES recaído en el proyecto de
acuerdo, en segundo trámite constitucional,
sobre aprobación del "Acuerdo entre la República
de Chile y los Estados Unidos de América",
suscrito en Santiago el 11 de Junio de 1.990.
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HONORABLE SENADO:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene
el honor de informaros respecto del proyecto de acuerdo -en segundo trámite
constitucional e iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la
República- relativo a la aprobación del "Acuerdo entre la República de Chile y
los Estados Unidos de América", como asimismo de su "Compromiso" anexo,
suscritos entre ambos países en Santiago, el día 11 de Junio de 1.990.
Conjuntamente con darse cuenta del proyecto de
acuerdo aprobado por la Honorable Cámara de Diputados -lo que ocurrió en
la sesión de 19 de Marzo del año en curso-, el Senado tomó conocimiento de
un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que se
hacía presente la urgencia para el despacho de la iniciativa, en todos sus
trámites, calificándola de "simple".
Posteriormente, en sesión de 16 de Abril próximo
pasado, Su Excelencia el señor Presidente de la República retiró la urgencia,
haciéndola presente nuevamente, para todos los trámites, con calificación de
"simple", en mensaje del que se dio cuenta en sesión de 14 de Mayo de
1.991.
Finalmente, y habiendo caducado la anterior
urgencia por el término de la legislatura extraordinaria, el Ejecutivo la hizo
nuevamente presente, para todos los trámites, con el carácter de "simple", en
mensaje del que se dio cuenta en sesión de 4 de Junio en curso.
Vuestra Comisión celebró numerosas sesiones
para tratar esta materia. A una de éstas concurrieron, además de los
miembros de ella, el Honorable Senador señor Pacheco y, a otra, especialmente invitados, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Enrique
Silva Cimma, y el señor Subsecretario de la misma Cartera, don Edmundo
Vargas Carreño.
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En el estudio del proyecto de acuerdo en informe,
vuestra Comisión tuvo presentes, entre otros, los siguientes antecedentes:
A) El 21 de Septiembre de 1.976 se produjo un
atentado en la ciudad de Washington D.C., explotando una bomba, activada
por control remoto, en un automóvil que conducía don Orlando Letelier del
Solar, ex Ministro del Interior, de Relaciones Exteriores, y de Defensa
Nacional de nuestro país, y ex Embajador de Chile ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América. Viajaban en el vehículo, junto al señor Letelier,
su colaboradora en el Instituto de Estudios Políticos de Washington, señora
Ronni Moffitt y el marido de ésta, don Michael Moffitt. Como consecuencia de
la explosión, fallecieron la señora Moffitt y el señor Letelier, y quedó herido el
señor Moffitt.
B) El Fiscal de la ciudad de Washington, con la
cooperación del FBI y de otras agencias del Gobierno de los Estados Unidos,
incoó un proceso criminal en el que se sometió a juicio a una persona de
nacionalidad norteamericana y a otras, de igual nacionalidad, de origen
cubano.
A petición del Gobierno norteamericano, en
virtud de lo que se denominó "Acuerdo Silver-Montero" y para cooperar en el
esclarecimiento del crimen, el Gobierno chileno expulsó del país,
entregándolo a funcionarios norteamericanos, al que aparecía como principal
inculpado, el ciudadano norteamericano Michael V. Townley; y autorizó para
que Fiscales de esa nacionalidad investigaren en Chile. Dentro de igual
propósito, el Gobierno de la época excluyó el juicio relacionado con este
asunto, denominado "de los pasaportes" y, en general, las responsabilidades
que pudieren existir por el "caso Letelier", de los efectos de la Ley de
Amnistía del año 1.978.
Con fecha 14 de Febrero de 1.979, un Gran
Jurado de la Corte Distrital de Columbia encontró a los acusados culpables
de los cargos de conspiración para asesinar a un funcionario extranjero;
asesinato de un funcionario extranjero; homicidio en primer grado (Orlando
Letelier), homicidio en primer grado (Ronni Moffitt), y asesinato por uso de
explosivos.
El Tribunal norteamericano, más adelante, declaró
la necesidad de someter a juicio a tres ciudadanos chilenos, por lo que el
Gobierno de los Estados Unidos solicitó su extradición.
Por sentencia de primera instancia del, a la
sazón, Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, don Israel Bórquez,
se rechazó la extradición. Dicho fallo fue confirmado, en forma unánime, por
el Pleno de dicha Excelentísima Corte Suprema. En las sentencias se
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analizaron, en sus diversos aspectos, las distintas cuestiones jurídicas
planteadas. El rechazo de la extradición se basó, fundamentalmente, en que
las pruebas hechas valer en el proceso llevado a cabo en Estados Unidos en especial los testimonios correspondientes a lo que se denomina "delación
compensada"- no tenían validez en Chile. En el fallo confirmatorio se dejó
constancia de que el Gobierno de los Estados Unidos de América no hizo
uso del derecho que se le otorgó de presentar testigos en Chile. Asimismo,
se ordenó que el Tribunal que conocía del proceso iniciado en Chile para
investigar el otorgamiento de pasaportes falsos, lo hiciere, también, para
establecer la eventual participación de chilenos en el asesinato del señor
Letelier y la señora Moffitt.
Como resultado de esa decisión, el Embajador de
Estados Unidos en Chile, George Landau, fue llamado a Washington por su
Gobierno. El Departamento de Estado, por su parte, formuló una declaración
en la cual manifestó que: "El Gobierno de los Estados Unidos continúa
creyendo que el Gobierno de Chile tiene la obligación de asegurar de que
este acto de terrorismo internacional no puede quedar sin ser castigado.".
El 30 de Noviembre de 1.979, el Gobierno del
Presidente Carter anunció la imposición de diversas sanciones diplomáticas,
económicas y militares en contra del Gobierno de Chile, por su negativa a
extraditar a los tres ciudadanos eventualmente involucrados en el asesinato
de Orlando Letelier y Ronni Moffitt. Estas sanciones incluyeron una
disminución de seis millones de dólares en la ayuda económica y militar de
Estados Unidos a Chile; el cese de las operaciones en Chile del "ExportImport Bank" y de la "Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero"
(Overseas Private Investment Corporation); la detención del envío de equipos
militares que estaban por ser remitidos, y la reducción del personal
diplomático en la Embajada de los Estados Unidos en Santiago.
C) El 8 de Agosto de 1.978, la viuda de Orlando
Letelier, Isabel Morel de Letelier y sus cuatro hijos, el viudo de Ronni Moffitt,
Michael Moffitt, así como los padres de ella, Murray e Hilda Karpen,
presentaron una demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del
Gobierno de Chile y de otras nueve personas que se indican en el libelo. Tal
demanda fue la primera en la historia de los Estados Unidos en la que se
acusaba a un Estado extranjero de ser responsable de homicidios
practicados en territorio norteamericano.
El 11 de Marzo de 1.980, la Juez Federal Joyce
Hens Creen decidió que el Gobierno de Chile podía ser demandado en los
Estados Unidos por los perjuicios de orden civil causados en relación al
asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt.
A raíz de este proceso, el Gobierno de Chile
representó, en ocho oportunidades, al Gobierno de los Estados Unidos que,
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conforme a normas del Derecho Internacional y a lo que se denomina la
"inmunidad de jurisdicción", como Estado soberano no podía ser demandado
ante un Tribunal de otro país, solicitándole hiciera presente esta
circunstancia al Juez respectivo, para los fines pertinentes.
Como el Gobierno de Estados Unidos no
aceptare este predicamento, Chile reiteradamente solicitó llevar la cuestión
de la "inmunidad de jurisdicción" ante la Corte de Justicia Internacional de la
Haya, lo que el Gobierno norteamericano no aceptó.
El aludido libelo, luego de los trámites procesales
correspondientes, terminó en una sentencia -dictada el 5 de Noviembre de
1.980 por la aludida Juez de la Corte del Distrito de Columbia, Joyce Hens
Green- que condenó, en el juicio civil iniciado por las referidas familias
Letelier y Moffitt, a la República de Chile y a las personas naturales -chilenas
y extranjeras- que indica, a pagar, "separada y conjuntamente", las
siguientes indemnizaciones:
a) A los demandantes Isabel, Christián, José,
Francisco y Juan Pablo Letelier, la suma de US$ 30.000,00 como
indemnización compensatoria por don Orlando Letelier;
b) A Michael Maggio, en calidad de representante
personal de don Orlando Letelier, la suma de US$ 1.526.479,00 como
indemnización por la muerte de don Orlando Letelier;
c) A Michael Moffitt e Hilda y Murray Karpen, la
cantidad de US$ 80.000,00 como indemnización compensatoria por doña
Ronni Karpen Moffitt;
d) A Michael Moffitt, en calidad de representante
personal de doña Ronni Karpen Moffitt, la suma de US$ 916.096,00 como
indemnización por la muerte de doña Ronni Moffitt;
e) A Michael Moffitt, la suma de US$ 400.000,00
como indemnización compensatoria por lesiones corporales, dolor y
sufrimiento, y
f) Además, a todos los demandados, salvo la
República de Chile, a pagar una suma adicional, ascendente a US$
2.110.279,97, por concepto de daños punitivos y costas judiciales.
El cobro de las referidas indemnizaciones a las
personas naturales condenadas, no presenta mayores problemas, en la
medida que tales personas posean bienes suficientes para solucionar su
obligación.
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No sucede lo mismo, en cambio, con la República
de Chile.
Como se ha dicho, no puede el Poder Judicial de
un Estado juzgar a otro Estado, ni tiene imperio para hacer cumplir las
resoluciones condenatorias que pudiere dictar. Ello, en virtud del citado
principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados, reconocido
internacionalmente.
Como el Gobierno de Chile se negara a cumplir la
sentencia que lo había condenado, los demandantes, para obtener la suma
de dinero que se les había otorgado, solicitaron embargar los activos, en los
Estados Unidos, de LAN Chile. Inicialmente lograron su propósito mediante
una decisión del 18 de Marzo de 1.983, del Juez Federal Charles B. Brieant,
quien dispuso inmovilizar los bienes de LAN Chile en los Estados Unidos,
incluyendo sus aviones. LAN Chile, entonces, depositó una fianza por la
suma que el Gobierno de Chile había sido condenado a pagar por la Juez
Green, lo que le permitió normalizar sus actividades. Posteriormente, LAN
Chile apeló, del embargo del que había sido objeto, ante la Corte Federal de
Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, la cual, sobre la base de
una interpretación del principio de la "inmunidad de jurisdicción de los
Estados" contenida en el "Foreing Sovereing Inmunities Act" de 1.976,
revocó la decisión del Juez Briant. La Corte Suprema de los Estados Unidos
rechazó, posteriormente, una solicitud para pronunciarse sobre ese caso, con
lo cual la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de reconocer la
inmunidad del Estado de Chile pasó a ser definitiva.
D) La decisión de la Corte de Apelaciones del
Segundo Circuito de Nueva York dejó a los familiares de Orlando Letelier y
Ronni Moffitt sin posibilidades prácticas de obtener, en los Estados Unidos,
mediante la vía judicial, la indemnización a cuyo pago había sido condenada
la República de Chile y otros.
En vista de ello, el Gobierno de Estados Unidos, el
28 de Julio de 1.987, solicitó al Gobierno de Chile, por medio de una nota
diplomática, que éste pagase "ex-gratia" una indemnización a los familiares
de Orlando Letelier y Ronni Moffitt. El Gobierno de Chile, en Agosto de ese
año, rechazó esa solicitud.
Posteriormente, en Abril de 1.988, el Gobierno
de los Estados Unidos decidió asumir la representación, mediante la
utilización de la vía diplomática, del interés de los familiares que eran
ciudadanos norteamericanos; esto es, el señor y la señora Karpen, Michael
Moffitt y Juan Pablo Letelier, el único de los cuatro hijos de Orlando Letelier
que era ciudadano norteamericano a la muerte de su padre.
Asumiendo la representación de esos ciudadanos
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norteamericanos, el Gobierno de los Estados Unidos, en aplicación de lo que
en el derecho del "common law" es conocido como la doctrina del "espousal",
esto es, una acción de un Estado a otro Estado, formalmente solicitó al
Gobierno de Chile una indemnización de doce millones de dólares en favor
de sus representados. En esa suma se incluían los gastos en que habría
incurrido el Gobierno de Estados Unidos por la investigación de las muertes.
Agregaba, textualmente, la nota con la que el
Gobierno norteamericano pedía la indemnización:
"Esta suma no incluye todos los elementos del
daño sufridos por los Estados Unidos y sus ciudadanos. El Gobierno de los
Estados Unidos se reserva el derecho de incluir otros elementos de daño, en
un futuro, si esta demanda no es resuelta con prontitud.".
El Gobierno de Chile, en Mayo de 1.988, rechazó
esta petición.
Se expresó en el seno de vuestra Comisión que la
opinión dominante, en materia de Derecho Internacional, es que los Estados
no pueden otorgar su protección diplomática en estos casos, toda vez que no
se trata de una denegación injustificada de justicia, por los tribunales o
autoridades del país requerido a peticiones formuladas por ciudadanos del
país requirente. En este caso, la negativa del Gobierno de Chile se fundó en
que, conforme a la "inmunidad de jurisdicción", como Estado soberano, no
podría haber sido demandado ante un Tribunal de otro país -en este caso,
Estados Unidos- ni, por lo mismo, haber sido condenado.
Se agregó que la circunstancia que, por no
haberse respetado dicha norma, Chile haya debido invocar la "inmunidad de
ejecución", no altera, en su esencia, el problema.
E) El Gobierno de los Estados Unidos de América,
considerando el escaso resultado del proceso criminal y la imposibilidad
jurisdiccional -a su criterio y por las razones ya expuestas- de obtener del
Estado de Chile el pago de indemnizaciones, hizo suya la reclamación de los
ciudadanos norteamericanos, familiares del señor Letelier y de la señora
Moffitt, y elevó la controversia a la categoría de diferendo internacional. Se
agregó en el seno de vuestra Comisión que tanto los familiares de las
víctimas del crimen, como el propio Gobierno norteamericano, han tenido
abiertas las puertas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, para
demandar al Estado de Chile ante los Tribunales de nuestro país.
Es así como el 12 de Enero de 1.989, el
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América envió, a la
Embajada de Chile en Washington, una nota en la que -junto con recordar
que nuestro país tenía designados sus representantes ante la Comisión de
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Investigación del "Tratado para la Solución de las Dificultades que Surgieren
entre Chile y los Estados Unidos de América" venía en designar a sus
propios representantes ante dicha Comisión. (El aludido Tratado,
denominado, corrientemente, "Tratado Bryan", será comentado más adelante
en este informe).
Expresa la nota que "los Estados Unidos han
intentado resolver, a través de medios diplomáticos, la Disputa entre Estados
Unidos y Chile", relativa a la eventual responsabilidad de Chile en las
muertes de la señora Moffitt y del señor Letelier. Estos esfuerzos -agrega la
nota- que han buscado poner a disposición de la justicia a los acusados de
los hechos aludidos "y compensar a los Estados Unidos y a las familias de
las víctimas por el daño sufrido, han probado ser infructuosos.".
Continúa la comunicación señalando (traducción
no oficial):
"En consecuencia, en interés de una solución
pacífica de esta materia, Estados Unidos hoy está sometiendo a la Comisión
este asunto para su investigación e informe y, en este acto, conforme al
artículo III del Tratado, convoca a la Comisión e informa de ello a sus
miembros."
"Específicamente, Estados Unidos solicita a la
Comisión que investigue e informe acerca de los hechos que rodearon las
muertes de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington D.C. el 21 de
Septiembre de 1.976, incluyendo la participación de funcionarios del
Gobierno chileno en dichas muertes, y que investigue sobre las posteriores
investigaciones del Gobierno de Chile respecto de esta materia.".
Termina la nota expresando que el Gobierno
norteamericano dará a la Comisión toda la colaboración posible para que
pueda llevar a efecto su cometido, y, asimismo, que Estados Unidos espera y
confía que el Gobierno de Chile también le otorgue toda la asistencia posible.
Se expresó en el seno de vuestra Comisión que
como antecedente complementario conviene hacer presente que, a iniciativa
del Presidente de la República, se han dictado nuevas normas legales para
que el llamado "proceso de los pasaportes" -dentro del cual, como se ha
dicho, debe investigarse la eventual responsabilidad de chilenos en el
asesinato de don Orlando Letelier y de la señora Moffitt- sea conocido en
forma excepcional por un Ministro de la Excelentísima Corte Suprema,
habiéndose ya formulado, expresamente, la petición a ese Alto Tribunal para
que, si lo estima procedente en el actual estado de tramitación del proceso,
efectúe la designación respectiva.
F) Otro antecedente que estudió la Comisión es el
"Tratado para la Solución de las Dificultades que Surgieren entre Chile y los
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Estados Unidos de América", que invocó el Gobierno norteamericano.
En
la
14ª
Conferencia
de
la
Unión
Interparlamentaria, celebrada en Londres en 1.906, el Secretario de Estado
de los Estados Unidos de América, William J. Bryan, propuso la celebración
de tratados bilaterales cuyo propósito era establecer la investigación y el
arbitraje internacionales como mecanismos de solución pacífica de
controversias entre Estados.
En efecto, los Estados Unidos negociaron, con
posterioridad, numerosos pactos internacionales de este tipo; uno de ellos,
con Chile. Hoy se conocen como "Tratados Bryan", precisamente por haber
sido su impulsor el aludido Secretario de Estado.
El 24 de Julio de 1.914, don Eduardo Suárez
Mujica, en representación de Chile, y don William J. Bryan, por los Estados
Unidos de América, suscribieron, en Washington D.C., el "Tratado para la
Solución de las Dificultades que Surgieren entre Chile y los Estados Unidos
de América". Luego de cumplidos los trámites constitucionales en ambos
países (en Chile fue aprobado por la ley número 3.060), se canjearon las
respectivas ratificaciones y el aludido instrumento internacional entró en vigor
el 19 de Enero de 1.916.
En relación con sus normas, cabe destacar lo
siguiente:
1) Ambos países convienen en que "todas las
cuestiones que en el futuro se susciten entre ellas, y que no hubieren podido
arreglarse por la vía diplomática, sean sometidas para su investigación e
informe a una Comisión Internacional.". (Artículo I);
2) La aludida Comisión Internacional (que tiene el
carácter de permanente) se compone de cinco miembros, designados en la
siguiente forma:
a) "Cada Gobierno elegirá dos miembros, de los
cuales sólo uno podrá ser de su propia nacionalidad.", y
b) El quinto miembro -que actúa como Presidente"será elegido de común acuerdo por ambos Gobiernos, no pudiendo recaer
la designación en ciudadano de ninguna de las nacionalidades ya
representadas en la Comisión.".
Las Partes pueden revocar, antes de iniciarse la
investigación, el nombramiento de cualquiera de los miembros por ellas
designados, debiendo, en el mismo acto, nombrar el o los reemplazantes.
También pueden retirar su aceptación del quinto miembro, caso en el cual se
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designa, de común acuerdo, un reemplazante. En subsidio de este acuerdo,
tal nombramiento lo efectúa el Presidente de la Confederación Suiza.
La Comisión, que debió constituirse cuatro meses
después del canje de las ratificaciones del Tratado, establece sus propias
normas procesales.
Sus acuerdos se adoptan por mayoría.
Sus gastos se costean por mitades entre ambos
Gobiernos.
La propia Comisión determinará el país en el que
deba funcionar, "tomando en cuenta las mayores facilidades de
investigación". (Artículo II);
Si se produce alguna dificultad entre las Partes,
que éstas no hayan podido solucionar por la vía diplomática, cualquiera de
los dos Gobiernos Contratantes puede convocar a la Comisión.
Ambas Partes "se obligan a suministrar a la
Comisión Internacional todas las facilidades que sean necesarias para la
investigación e informe.". Este informe deberá evacuarse "dentro del término
de un año, a contar desde el día que ella hubiere designado para empezar la
investigación", plazo que puede ser prorrogado por mutuo acuerdo de las
Partes. (Artículo III);
4) Entregado el informe a ambos Gobiernos,
"éstos disponen de un término de seis meses para procurar nuevamente el
arreglo de la dificultad en vista de las conclusiones del mencionado informe;"
y, si pese a este nuevo plazo, no pudieren llegar a una solución amistosa, "se
someterá la cuestión a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya".
Pese
a
lo
anterior,
el
Tratado
especifica
claramente que:
"No será, sin embargo, sometida a arbitraje
ninguna cuestión que pueda afectar a la soberanía, honor o intereses vitales
de cualquiera de los dos países, a las disposiciones de sus respectivas
cartas fundamentales o a los intereses de una tercera potencia .". (Artículo
IV), y
5) Finalmente, el "Tratado Bryan" que
comentamos, en su artículo V, establece que él tendrá una duración de cinco
años "y se entenderá que continúa subsistente por períodos sucesivos de
igual duración, mientras alguna de las Altas Partes Contratantes no haya
comunicado a la otra su resolución de ponerle término.". Hasta la fecha, ni
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nuestro país, ni los Estados Unidos de América han expresado su voluntad
de poner fin al instrumento internacional referido.
En consecuencia, el "Tratado para la Solución
de las Dificultades que Surgieren entre Chile y los Estados Unidos de
América" se encuentra plenamente vigente.
G)
Vuestra
Comisión
tuvo, además, en
especial consideración, el mensaje con el que Su Excelencia el señor
Presidente de la República originó -en la Honorable Cámara de Diputados- el
proyecto de acuerdo respecto del cual tenemos el honor de informaros.
Refiriéndose a la competencia de la Comisión del
Tratado Bryan" -convocada por los Estados Unidos- expresa que:
"En el caso en cuestión, le habría correspondido
indagar acerca tanto de la procedencia y monto de la indemnización antes
aludida como de la responsabilidad en que habría incurrido el Estado de
Chile por causa del suceso referido.".
En otras palabras, según el mensaje, los
Estados Unidos sometieron a la Comisión dos órdenes de materias:
Primero, indagar acerca de "la precedencia y
monto de la indemnización" que el Estado de Chile fue condenado a pagar, a
título de indemnización de perjuicios por la muerte de la señora Moffitt y del
señor Letelier y por los daños del señor Moffitt; indemnización que -según el
mensaje- asciende a la cantidad de "dos millones novecientos mil dólares".
En realidad, de acuerdo con los antecedentes que tuvo a la vista vuestra
Comisión, esta indemnización alcanza a la suma de dos millones novecientos
cincuenta y dos mil quinientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 2.952.575,00).
Segundo, indagar sobre "la responsabilidad en
que habría incurrido el Estado de Chile por causa del suceso referido.".
Expresa textualmente el mensaje con el que el
proyecto de acuerdo fue enviado a la Honorable Cámara de Diputados, en lo
pertinente:
"Teniendo presente que, siempre según dicho
Tratado, cualquiera de los dos Gobiernos contratantes puede convocar a la
Comisión Internacional en él prevista, encontrándose, por lo demás,
obligados los Estados Partes a suministrar todas las facilidades que sean
necesarias para su investigación e informe, y habida consideración, en
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consecuencia, del interés en no hacer incurrir al Estado de Chile en el
incumplimiento de las obligaciones internacionales contempladas en el
indicado cuerpo jurídico, el Gobierno de Chile procuró que los dos elementos
de la disputa o controversia fuesen tratados separadamente, tanto en lo
atinente a su análisis como en su solución.".
Agrega el mensaje que, por esa vía, se logró el
Acuerdo respecto del cual vuestra Comisión tiene el honor de informaros.
Y continúa, expresando:
"Dicho Acuerdo, dice relación, por ende, con sólo
uno de los aspectos de la controversia, a saber, el pertinente a la
indemnización de perjuicios objeto de la protección diplomática ejercida por
los Estados Unidos de América ante el Gobierno de Chile.
En lo atinente al otro elemento, esto es, la
responsabilidad internacional que habría asumido el Estado de Chile por no
haber cooperado oportuna y eficazmente -a criterio del Gobierno de los
Estados Unidos de América- con la acción de la justicia en lo relativo al
asesinato del señor Letelier y la señora Moffitt, se reitera, por medio de la
Declaración Conjunta emitida el día en que se suscribió el Acuerdo en
comento, el compromiso asumido por el Gobierno de Chile de cooperar, con
todos los medios a su alcance y con plena sujeción a su ordenamiento
jurídico, en el esclarecimiento de tal crimen. Con ello, se reconoce que esa
obligación internacional del Gobierno de Chile todavía se encuentra vigente
y, por lo tanto, que aún puede ser cumplida, no habiéndose generado,
consecuentemente, responsabilidad alguna en tal sentido. Además, se
sustrae de la competencia de la Comisión Internacional prevista en el
Tratado de 1.914, la investigación en Chile de los hechos que dieron origen
al caso, radicando tal indagación en los órganos nacionales
correspondientes.".
Agrega el mensaje que el acuerdo al que se llegó
se circunscribe al arreglo económico de las demandas civiles originadas por
las muertes de la señora Moffitt y del señor Letelier, como asimismo por los
daños del señor Moffitt. No incluye, en consecuencia, la investigación ni el
informe de "los hechos que pudieren estimarse que dan origen a la eventual
responsabilidad del Estado de Chile en el caso en comento y que conforman
la cuestión o dificultad suscitada entre las Partes.".
Añade
el
mensaje
que
una Comisión
determinará un monto, una cantidad, que el Gobierno de Chile consiente en
pagar "ex-gratia", sin admitir responsabilidad en los hechos aludidos, y "como
una forma de facilitar la normalización de las relaciones con los Estados
Unidos de América".
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El referido pago "ex-gratia", agrega el mensaje,
será pagado al Gobierno de los Estados Unidos y recibido por éste "en
representación de los familiares del señor Letelier y de la señora Moffitt".
Continúa expresando el mensaje que dicho monto
será determinado por la Comisión Internacional establecida en el llamado
"Tratado Bryan". Sin embargo, explica, los miembros de ella y los
procedimientos que deberán cumplirse por ésta se establecen en el
Compromiso Anexo al Acuerdo respecto del cual tenemos el honor de
informaros.
El nuevo Tratado, en consecuencia, es distinto al
de 1.914, puesto que la competencia de la Comisión establecida en aquél es
considerablemente más reducida que la que tiene en éste. "La Comisión
Internacional simplemente determinará el monto del pago ex-gratia que el
Gobierno de Chile ha consentido en realizar, objetivo éste no previsto para la
aplicación del Tratado de 1914 ya que ello no constituye, de por sí y
previamente, una dificultad o controversia, máxime cuando se reconoce su
procedencia y resta sólo establecer su monto.".
"Por la misma razón", -continúa expresando- "la
convocatoria de la Comisión Internacional prevista en el Tratado de 1914, no
se efectúa en virtud de lo estipulado en él, sino de lo convenido ahora en el
Acuerdo suscrito el 11 de Junio de 1990. Este no constituye un acto de
ejecución o aplicación del Tratado mencionado, sino que es la forma
mediante la cual se contrae, por parte del Estado de Chile, un nueva
obligación internacional, cual es, la de efectuar un pago ex-gratia al Gobierno
de los Estados Unidos.".
Si bien el pago "ex-gratia" será de un monto "igual
al que correspondería realizar si se hubiesen establecido responsabilidades
para el Estado de Chile", relativas a las muertes de la señora Moffitt y del
señor Letelier, ello -agrega- "no implica, en modo alguno, que el Gobierno de
Chile reconozca tales responsabilidades. Se ha optado por este modo de
cálculo habida cuenta la ausencia de otro elemento objetivo que pudiere
emplearse en este asunto, y además, porque para el empleo de tal modo de
cálculo, la Comisión Internacional deberá ceñirse a los principios de Derecho
Internacional aplicables y, en consecuencia, no regirán los previstos en las
legislaciones internas de los Estados Partes del Acuerdo sino en la medida
en que participen de esos principios.".
Termina expresando el mensaje que:
"Al recurrirse el pago ex-gratia, si bien con ello
se satisface una pretensión de los Estados Unidos de América formulada con
anterioridad como alternativa a la alegada indemnización de perjuicios, no es
menos cierto que en esa forma se sigue una práctica aceptada por el
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Derecho Internacional y, además, se da por satisfecha toda otra posible
reclamación civil que el Gobierno de aquel país pudiere tener en contra del
Gobierno de Chile en relación a la materia.
De
esta
manera,
la
nueva obligación
internacional de realizar un pago ex-gratia sustituirá tanto a la pretensión
norteamericana de reclamar una indemnización que Chile no acepta como a
la obligación internacional de responder a la convocatoria de la Comisión
Internacional, en los términos consentidos en el Tratado de 1914, para
investigar e informar sobre todos los aspectos involucrados en dicho crimen y
que se vinculen a la responsabilidad del Estado de Chile.
Pero, además, esta nueva obligación se sustenta
exclusivamente en el propósito de facilitar la normalización de las relaciones
entre los Estados Unidos de América y Chile y, por ende, al carecer de
causalidad jurídica con la disputa habida, expresamente no se admite
responsabilidad alguna respecto de ésta, la que, por otra parte, se da por
solucionada y, por tanto, no podrá en el futuro volver a plantearse.".
H) Al momento de firmarse el Acuerdo y su
Compromiso anexo, respecto de los cuales os informamos, se emitió una
"Declaración Conjunta de los Gobiernos de Chile y de los Estados Unidos", el
que fue un antecedente que estudió vuestra Comisión, y cuyo tenor,
brevemente, será analizado a continuación.
a)
Se
declara que ambos Gobiernos han
firmado un Acuerdo "relativo a los procedimientos para el arreglo de las
demandas civiles originadas por las muertes de Orlando Letelier y Ronni
Moffitt, en Washington el 21 de Septiembre de 1.976". Se agrega que estas
demandas tuvieron su origen en la sentencia de 5 de Noviembre de 1.980,
dictada por la Corte del Distrito de Columbia, que otorgó compensación a las
familias de las víctimas; y añade "El Gobierno de los Estados Unidos ha
hecho suyas y patrocinado esas demandas.". (Número 1);
b) Se declara que el Gobierno chileno "sin admitir
ni pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado de Chile en la materia"
"ha acordado efectuar un pago ex-gratia al Gobierno de los Estados Unidos,
para ser recibido en nombre de las familias". Se agrega que este pago,
"práctica frecuente en el derecho internacional contemporáneo", "estará
sometido a las correspondientes normas constitucionales de Chile.". (Número
2);
c) Se declara que una Comisión Internacional
"establecida de acuerdo con las disposiciones del Tratado de 1.914 para la
Solución de Controversias que puedan surgir entre los Estados Unidos y
Chile, determinará el monto de esta compensación.". Se agrega que el
Acuerdo respecto del cual os informamos "será sometido a la aprobación del
14
Congreso Nacional". (Número 3);
d) Se declara, asimismo, que "ambos Gobiernos
reconocen que el asunto predominante es someter a juicio a los
responsables de los asesinatos de Orlando Letelier y Ronni Moffitt.".
(Número 4).
e) El Gobierno de Chile, se dice, "reitera su
compromiso de cooperar con todos los medios a su alcance en el
esclarecimiento de estos crímenes dentro del marco y con plena sujeción a
su ordenamiento jurídico.". (Número 5), y
f) Finalmente, se declara la complacencia del
Gobierno de los Estados Unidos de América "por el compromiso del
Gobierno de Chile por ver que se haga justicia en este caso", y se agrega
que el Gobierno norteamericano "estima la firma de este acuerdo como un
paso importante que contribuirá a que las relaciones con Chile se puedan
desenvolver libres de restricciones o limitaciones legales extraordinarias,
permitiendo así que ellas alcancen su pleno y normal desarrollo." (Número
6).
Con el mérito de los antecedentes antes
reseñados, vuestra Comisión de Relaciones Exteriores se abocó al estudio
del proyecto de acuerdo cuyo análisis tuvisteis a bien encomendarle.
El mensaje con el que Su Excelencia el
Presidente de la República envió el proyecto de acuerdo a la Honorable
Cámara de Diputados contenía dos artículos.
Muy brevemente explicados, el artículo primero
aprobaba el Acuerdo y su Compromiso anexo y, el segundo, disponía que el
gasto que demandare el pago "ex-gratia" sería cargado al presupuesto del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, la Honorable Cámara de Diputados
suprimió el artículo segundo, por estimar "que las normas de este artículo
deben ser aprobadas por ley y no en el Acuerdo sancionatorio del Tratado".
Cabe hacer presente, además, que el Ejecutivo había formulado una
indicación para eliminar el referido artículo segundo, y que envió a dicha
Honorable Cámara un proyecto de ley que lo faculta para dictar disposiciones
con fuerza de ley para dar cumplimiento al referido pago ex-gratia.
Pasó, así el artículo primero a ser artículo único.
En consecuencia, vuestra Comisión se abocó al
análisis de esta disposición y de sus antecedentes.
15
El artículo único dispone la aprobación del
"Acuerdo entre la República de Chile y los Estados Unidos de América" y su
"Compromiso" anexo, suscritos en Santiago de Chile el 11 de Junio de 1.990.
Además, en el texto de dicho artículo se explícita que en el aludido Acuerdo
se conviene que la Comisión Internacional establecida en el "Tratado para la
Solución de las Dificultades que Surgieren entre Chile y los Estados Unidos
de América", de 1.914, determinará la cantidad que el Gobierno de Chile
pagará, "ex-gratia", de acuerdo con los términos de ambos instrumentos
internacionales.
Cabe, en consecuencia, analizar el contenido de
los instrumentos internacionales cuya aprobación se propone.
A. Acuerdo entre la República de Chile y los
Estados Unidos de América.
Este Acuerdo -suscrito en Santiago de Chile el 11
de Junio de 1.990- consta de siete números, relativos a las siguientes
materias:
a) Los Gobiernos de Chile y de los Estados Unidos
de América concuerdan en que entre ambos Estados existe una disputa
respecto de la responsabilidad por las muertes de don Orlando Letelier y
doña Ronni Moffitt, ocurridas en Washington D.C., Estados Unidos de
América, el 2 de Septiembre de 1.976. (Número 1);
b) Se deja constancia que con fecha 12 de Enero
de 1.989, Estados Unidos invocó el "Tratado para la Solución de las
Dificultades que Surgieren entre Chile y los Estados Unidos de América,
"para investigar y evacuar un informe sobre los hechos que rodearon las
muertes de Orlando Letelier y de Ronni Moffitt". (El Acuerdo denomina al
referido instrumento internacional "Tratado para la Solución de Controversias
que puedan surgir entre Chile y Estados Unidos"). (Número 2);
c) Se agrega que Estados Unidos pidió a Chile, en
representación de las familias Letelier y Moffitt, "el pago de una
compensación sobre la base de que Estados Unidos considera al Estado de
Chile como legalmente responsable, bajo el Derecho Internacional, por las
muertes de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, y por los daños sufridos por
Michael Moffitt.".
Por su parte, el Gobierno de Chile, "sin admitir
responsabilidad en la materia" y como una forma de facilitar la normalización
de las relaciones, está dispuesto a efectuar un pago, ex-gratia, al Gobierno
norteamericano, que éste recibirá en representación de las familias de las
víctimas. Dicho pago será de un monto que se determinará en la forma que
se analizará más adelante(Número 3).
16
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tuvo
presente, en forma muy especial, los términos en que está redactado el
acuerdo. En efecto, se dice en los números 3, 4 y 5 que el Gobierno de Chile
pagará una "compensación" por las muertes de la señora Moffitt y del señor
Letelier y por los daños sufridos por el señor Moffitt. En ninguna parte del
Acuerdo se habla de pagar una "indemnización" por tales hechos.
Ahora bien, dado que las palabras que emplea
la legislación, conforme al artículo 20 del Código Civil, "se entenderán en su
sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras", es
necesario concluir que los términos "compensación" e "indemnización" no
son sinónimos. Como el sentido natural y obvio de los términos, según su
uso general, está definido por el Diccionario de la Lengua Española, de la
Real Academia Española de la Lengua, es necesario atender a la definición
que éste da para los vocablos que nos interesan. Indemnización es "acción y
efecto de indemnizar" e indemnizar es "resarcir de un daño o perjuicio", en
otras palabras, lograr que el indemnizado quede indemne, o sea, "libre o
exento de daño". En cambio, compensación es "acción y efecto de
compensar" (y, antiguamente, según el aludido Diccionario, sinónimo de
indemnización). A su vez, compensar, en la acepción que corresponde, es
"dar alguna cosa o hacer un beneficio en resarcimiento del daño, perjuicio o
disgusto que se ha causado". En otros términos, la compensación no
pretende dejar "indemne" al compensado. Por otra parte -a propósito de la
reforma constitucional de 1.971, que posibilitó la nacionalización de la gran
minería del cobre- esta materia ya ha sido planteada en nuestra legislación,
llegándose a la misma conclusión antes anotada;
d) Ambos Gobiernos convienen en que el monto
del pago ex-gratia deberá ser "igual al que correspondería pagar si se
hubieren establecido responsabilidades".
Además, se establece que la cantidad que se
deba pagar será determinada por la Comisión establecida en el Tratado de
1.914, que ya se ha analizado precedentemente en el texto de este informe,
"en concordancia con el Compromiso anexo a este Acuerdo".
Asimismo, acuerdan que pese a la invocación,
hecha por los Estados Unidos, del Tratado de 1.914, "la única materia
sometida a la Comisión será la determinación del monto de la compensación
a pagar.". (Número 4).
e) Se conviene en que el Gobierno chileno
pagará al norteamericano, "ex-gratia", el monto de la compensación que
determine la Comisión. Este pago deberá hacerse "con la mayor prontitud
posible y una vez que sean compatibles las correspondientes exigencias
legales, luego de la determinación de la Comisión.". (Núnero 5);
17
f) Se establece que recibido que sea el pago "exgratia", el Gobierno de los Estados Unidos considerará satisfecha la
reclamación que hizo al Gobierno de Chile, mediante Nota del 18 de Abril de
1.988, "así como toda otra posible reclamación civil el Gobierno de los
Estados Unidos en relación a esta materia.". (Número 6), y
g) Se conviene en que el Acuerdo en comento
entrará en vigor luego que el Gobierno norteamericano sea notificado por el
de Chile "que se han completado todos los trámites que para este efecto
establece la legislación chilena para que aquél entre en vigor.". (Número 7).
B. Compromiso. (Anexo)
El "Compromiso" Anexo al Acuerdo que se acaba
de comentar consta de nueve números, cuyo contenido se analiza,
brevemente, a continuación:
a)
Chile
y Estados Unidos acuerdan
convocar a la Comisión Internacional establecida en el Tratado de 1.914.
(Número 1);
b) Se establece que la Comisión estará integrada
por las siguientes personas:
1) Señor Andrés Aguilar Mawdsley (Presidente);
2) Señor Francisco Orrego Vicuña;
3) Señor Julio María Sanguinetti Coirolo;
4) Hon. William Mulligan, y
5) Sir John Freeland.
La persona señalada en el número 1), designada
por ambas Partes, actúa como Presidente; las indicadas en los números 2) y
3), fueron designadas por Chile, y las señaladas en los números 4) y 5), lo
fueron por los Estados Unidos. (Número 2);
c) Se establece que dicha Comisión determinará
el monto de la compensación que el Gobierno de Chile pagará, "ex-gratia", al
de los Estados Unidos (actuando en representación de las familias
afectadas), por la muerte de la señora Moffitt y del señor Letelier, y por los
daños personales sufridos por el señor Moffitt. (Número 3).
Vuestra Comisión tomó especial nota de que el
pago "ex-gratia" sería una compensación y no una indemnización; como
asimismo, que la suma que se determine por la Comisión Internacional sólo
cubrirá la aludida compensación por la referidas muertes y daños, y no
incluirá ningún otro rubro, como costas procesales, costas personales,
posibles daños a otras personas, etcétera;
18
d) Se acuerda que la Comisión determine el monto
del pago "ex-gratia" "de acuerdo con los principios de Derecho Internacional
aplicables, como si se hubiere establecido responsabilidades.". (Número 4).
Cabe recordar que -como se ha dicho- para el
cálculo no regirán los principios de las legislaciones internas de los Estados
Partes, sino en la medida en que participen de esos principios "de Derecho
Internacional";
e) Se establece que la Comisión determinará sus
propias reglas de procedimiento, en el ámbito determinado por las Partes en
el Compromiso que comentamos. (Número 5);
f) Se preceptúa que las presentaciones de las
Partes de la Comisión, como asimismo las alegaciones y las pruebas
deberán ser escritas y deberán permanecer confidenciales. (Número 6);
g) Se determinan los plazos de las presentaciones
de las Partes y el de la Comisión para comunicar su determinación. Estos, en
síntesis, son:
1. Desde la vigencia del Acuerdo, Estados
Unidos tendrá treinta días para exponer su presentación ante la Comisión;
2. "Dentro de los siguientes treinta días", Chile
presentará sus observaciones a la presentación de los Estados Unidos, si las
hubiere;
Cabe destacar que no resulta claro si estos treinta
días se cuentan desde que venzan los primeros o desde que Estados Unidos
haga su presentación; similar observación resulta pertinente en lo relativo a
los plazos de las restantes actuaciones de las Partes;
3. "Dentro de los siguientes diez días" Estados
Unidos podrá comentar las observaciones chilenas;
4. "Dentro de los siguientes diez días" Chile podrá
responder tales comentarios, si los hubiere, y
5. Finalmente, "dentro del plazo de treinta días"
contado desde la última presentación a la Comisión hecha por cualquiera de
las Partes, ésta comunicará a armbos países lo que haya determinado en
relación con el monto del pago ex-gratia. (Número 7).
El procedimiento no resulta claro. En efecto,
bastaría que Chile no formulara observaciones a la presentación de los
19
Estados Unidos, para que la Comisión tuviera vencido el plazo fatal dentro
del cual debe comunicar su decisión. Esto ocurriría si Chile, que tiene -como
se ha dicho- el término fatal de treinta días para formular observaciones a la
presentación norteamericana, no lo hiciera. De este modo para Chile habría
precluído su derecho para evacuar el traslado correspondiente, pero,
simultáneamente, habría transcurrido también el plazo que tiene la Comisión
para comunicar su decisión, puesto que éste es "de treinta días contado
desde la última presentación a la Comisión hecha por cualquiera de las
Partes". En este caso hipotético, la última presentación sería la de los
Estados Unidos, y la fecha en que ésta fuera realizada, constituiría el inicio
del cómputo de ambos plazos aludidos.
h) La decisión de la Comisión será comunicada a
las Partes en una reunión, citada al efecto, en Santiago o en Washington
D.C..(Número 8), e
i) Se establece que las Partes solicitarán a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en
Washington D.C., que facilite sus instalaciones para el trabajo de la
Comisión. (Número 9).
Es de destacar que el procedimiento no contempla
una segunda instancia, por lo que vuestra Comisión estima que la decisión
de la Comisión es de término.
Conforme a lo preceptuado en el artículo 108 del
Reglamento, en relación con el artículo 31 del mismo, se sometió la iniciativa
-por tratarse de un asunto de artículo único- a discusión general y particular,
a la vez.
Durante el debate, que se prolongó por cinco
sesiones, intervinieron activamente todos los miembros de vuestra Comisión,
como, asimismo -en la sesión a la que concurrieron- el señor Ministro de
Relaciones Exteriores y el señor Subsecretario de esta Cartera. Respecto de
lo expuesto por los Honorables señores Senadores y por los aludidos
representantes del Ejecutivo, no se deja constancia en el texto de este
informe de sus opiniones, en atención a que, unánimemente, se acordó que
el debate tuviere el carácter de reservado.
Puesto en votación el proyecto de acuerdo, todos
los miembros de vuestra Comisión fundaron su voto.
En primer lugar,
lo hizo el Honorable Senador
señor Otero.
Expresó Su Señoría que existen numerosas y bien
fundadas razones para oponerse a la iniciativa en informe, y que, en términos
20
generales, concuerda con las opiniones vertidas por el Honorable Senador
señor Urenda, las que resumirá en el fundamento de su voto.
La
pretensión
norteamericana
-explicó-
es
contraria a derecho.
En efecto, el fallo dictado en contra de Chile -que
es la base en que se funda el acuerdo entre nuestro país y los Estados
Unidos- viola el Derecho Internacional, pues claramente ignora el principio de
la inmunidad de jurisdicción de los Estados. Además, en otro sentido, se
contrarían las normas jurídicas internacionales, pues los Estados Unidos
están dando protección diplomática a sus nacionales, contra Chile, por
hechos ocurridos en ese país, respecto de los cuales -bien o mal- se
pronunciaron sus propios Tribunales. Esta protección jurídica, conforme a los
principios del Derecho Internacional, puede otorgarse por un Estado a sus
nacionales, cuando, en otro Estado, son violados sus derechos; presupuesto
que no se da en la especie. No se trata, aquí, de que en Chile se hayan
conculcados derechos de ciudadanos norteamericanos, sin que nuestros
Tribunales les hayan dado la protección jurídica a que pueden aspirar.
En lo relativo al derecho interno -expresó el
Honorable señor Senador- el inciso segundo del artículo 38 de la
Constitución Política de la República preceptúa que:
"Cualquier persona que sea lesionada en sus
derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las
municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere
causado el daño.".
El camino correcto, entonces, habría sido que los
afectados por hechos en los que, eventualmente, tendría responsabilidad el
Estado de Chile, hubieren recurrido a nuestros Tribunales en demanda de
justicia, lo que no se ha hecho.
Más aún, cuando se solicitó, por los Estados
Unidos, la extradición de determinados ciudadanos de Chile -lo que no fue
otorgado, en primera ni en segunda instancia por nuestros Tribunalesexistían testigos, que fueron traídos a nuestro país, pero que no fueron
presentados. ¿Por qué?. Parte importante del fallo de la Excelentísima Corte
Suprema establece que no se probaron -conforme a los medios de prueba
reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico-los hechos en que se fundaba
la petición, pese a que, aparentemente, ello pudo haberse hecho. No
podían, entonces, nuestros Tribunales, acoger la extradición solicitada.
Continuó expresando Su Señoría que existen
numerosos otros argumentos que avalan su posición y la de su Partido, pero
21
que no los hará valer en esta oportunidad, reservando su derecho a hacerlo
en la Sala. Que su intención y voluntad son las de llegar a un acuerdo con los
Estados Unidos, país por el que siente especial afecto, pero siempre que
dicho acuerdo esté concebido en términos que no resulten lesivos para Chile.
El Presidente de la República, según su opinión, debería retirar esta iniciativa
y formular otra, que supere los problemas que presenta la actual. Es decir,
que lesiona la soberanía nacional; daña el honor de Chile, y, además,
establece un precedente muy peligroso.
Vota que no.
En seguida, fundó su voto el Honorable Senador
señor Sule.
Expresó Su Señoría que no concuerda con los
argumentos, muy respetables, expresados en el debate por los Honorables
Senadores señores Urenda, Mc Intyre y Otero, puesto que la mediación es
una forma útil de resolver controversias -y, en la especie, es innegable que
ellas existen- a la que frecuentemente recurren los Estados. Práctica ésta
-agregó- muy usual en el Derecho Internacional. Aquí, sin reconocer
responsabilidad alguna, el Estado de Chile se muestra dispuesto a solucionar
-por la vía de un pago "ex gratia"- un problema que ya se arrastra por
demasiado tiempo, entregando a un mediador, la Comisión del "Tratado
Bryan", la responsabilidad de determinar su monto, conforme a normas de
Derecho Internacional.
Agrega que pese a haberse incorporado a
vuestra Comisión hace sólo dos sesiones, ha estudiado el asunto con
profundidad y que concuerda -plenamente- con los propósitos de la iniciativa,
añadiendo que también los términos del Acuerdo son adecuados. Cree que
nada aconseja prolongar una situación ingrata.
Vota que sí.
Enseguida, procedió a fundar su voto el Honorable
Senador señor Mc Intyre.
Expresó Su Señoría que las relaciones de Chile
con Estados Unidos están en un muy buen pie, y ambos Gobiernos se
relacionan, constantemente, en forma amistosa. Es por ello que estima que
se está legislando dentro de un contexto muy promisorio para las mutuas
relaciones.
Agregó que -a su juicio, erradamente Estados
Unidos ha manifestado que Chile tendría una responsabilidad internacional,
por no cooperar cumplidamente al esclarecimiento de los hechos, en la
22
instancia judicial correspondiente.
Ello -añadió el Honorable señor Senador- no es
así. A vía de ejemplo, citó diversos antecedentes que respaldan su
afirmación.
Entre otros, ocurrido durante el Gobierno de las
Fuerzas Armadas, cabría mencionar:
a) El Acuerdo Silver-Montero;
b) La expulsión de Chile de Michael Townley;
c) La autorización otorgada a los Fiscales
norteamericanos para investigar hechos, en Chile;
d) La tramitación -estrictamente ajustada
derecho- de las solicitudes de extradición y de las cartas rogatorias;
a
e) La exclusión del "proceso de los pasaportes"
del marco de la Ley de Amnistía;
f) Etcétera.
Actualmente -agregóse está cooperando
seriamente al esclarecimiento de los hechos. Buena prueba de su afirmación
está en la circunstancia que se haya reabierto el "proceso de los pasaportes",
pasándolo a la justicia civil; y, más aún, en el hecho que -en la propia
Declaración Conjunta suscrita con el Acuerdo el 11 de Junio de 1.990- se
diga, textualmente:
"5. El Gobierno de Chile reitera su compromiso de
cooperar con todos los medios a su alcance en el esclarecimiento de estos
crímenes dentro del marco y con plena sujeción a su ordenamiento jurídico.".
Estima Su Señoría que no es conveniente el
precedente que se sentaría de aprobarse el Acuerdo.
El Gobierno de Chile debería pagar las
correspondientes indemnizaciones, siempre que, ante los Tribunales de
Chile, y luego de haberse llegado a una sentencia ejecutoriada al respecto,
fuere condenado a pagarlas.
Finalmente -expresó el Honorable señor Senadorque si se hubiera logrado el reemplazo del artículo 3 del Acuerdo, por otro
que resguarda el honor y la dignidad de Chile, Su Señoría estaría dispuesto a
reconsiderar su decisión.
23
Vota que no.
A continuación,
Honorable Senador señor Páez.
procedió
a fundar su voto el
Expresó Su Señoría que sería muy breve al
exponer su opinión. Que respeta, aunque no comparte, la posición de los
Honorables Senadores Urenda, Mc Intyre y Otero, pero que cree que hay
que proceder, derechamente, a aprobar o desechar el proyecto.
Agregó que todas las posibilidades de modificar
algunos de los términos del Acuerdo ya se han agotado y que, a mayor
abundamiento, tanto el señor Ministro de Relaciones Exteriores, como el
señor Subsecretario de esa Cartera, expresaron su opinión en igual sentido.
Añadió que vuestra Comisión aceptó que se
hicieran todas las gestiones oficiosas que algunos Honorables señores
Senadores estimaron convenientes, con el objeto de plantear el Acuerdo en
distintos términos, gestiones éstas que fracasaron.
Por lo anterior, no tiene sentido dilatar más el
pronunciamiento sobre la materia.
El Convenio es claro -agregó- en señalar que
Chile no reconoce responsabilidad en las muertes del señor Letelier y la
señora Moffitt y, además, deja netamente establecido que "como una forma
de facilitar la normalización de las relaciones" con Estados Unidos, Chile
"está dispuesto a efectuar un pago ex gratia".
En consecuencia -concluyó- está conforme con el
proyecto de acuerdo en informe.
Vota que sí.
Al iniciar la fundamentación de su voto, el
Honorable Senador señor Urenda expresa que desea dejar en claro su
posición frente a la materia sobre la cual debe pronunciarse la Comisión de
Relaciones Exteriores.
Señala que está plenamente conciente que
existen diferencias importantes entre los Gobiernos de la República de Chile
y de los Estados Unidos de América, en relación con las muertes de Orlando
Letelier y Ronni Moffitt, ocurridas en Washington D.C. el 21 de Septiembre de
1.975.
24
A este respecto, agrega que la posición del Estado
de Chile en esta disputa se ha visto menoscabada por actos y declaraciones
de las autoridades chilenas, y que es un hecho que la posición y prestigio de
nuestro país, son, en muchos aspectos, inconfortables.
Por ello y teniendo, además, especialmente en
cuenta la conveniencia de mantener las mejores relaciones posibles con la
nación más poderosa de la tierra, en principio apoya todos los pasos que
tiendan a poner término a la disputa y a mejorar dichas relaciones.
Por último, teniendo presente que uno de los
factores que dificultan la solución del problema está en la actuación y en los
intereses de los familiares de las víctimas, que aspiran a un tipo de
compensación o indemnización, está dispuesto a considerar un acuerdo que
implique un pago "ex-gratia" que esté destinado a los familiares y que, al
mismo tiempo, contribuya a mejorar las relaciones con los Estados Unidos de
América.
Considera que el propósito del Gobierno de Chile,
en especial del Ministerio de Relaciones Exteriores es, en el fondo,
coincidente con ese criterio, al proponer el Tratado cuya aprobación ha sido
sometida al Congreso.
Sin embargo, estima imprescindible precisar que
el texto del Tratado, el de la Declaración Conjunta de ambos Gobiernos, y el
del propio mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República,
contienen errores de fondo y de forma que, a juicio de Su Señoría, hacen
imposible aceptar el primero, en su texto actual.
Para facilitar la comprensión de este punto de
vista, indica que, en relación con esta disputa, podría señalarse, en grandes
rasgos, que los planteamientos del Gobierno norteamericano son los
siguientes:
a) Considera al Estado de Chile como legalmente
responsable, bajo el Derecho Internacional, por las muertes de Orlando
Letelier y Ronni Moffitt y los daños sufridos por Michael Moffitt;
b) Estima que los Tribunales norteamericanos
tendrían jurisdicción para conocer de demandas en contra del Gobierno de
Chile y que, por ende, la sentencia dictada el 5 de Noviembre de 1.980 por la
Juez Federal Joyce Hens Green, es válida y, en consecuencia, otorga
derechos a los demandantes en contra del Estado de Chile;
c) Sostiene que el proceso criminal incoado por
el Fiscal de la ciudad de Washington que estableció responsabilidad de
ciudadanos chilenos, residentes en Chile, en relación con la muerte del señor
25
Letelier y de la señora Moffitt, otorga derecho a solicitar la extradicción de
dichos ciudadanos, al margen de la naturaleza de las pruebas que sirven de
fundamento a dicha apreciación;
d) Considera que en la investigación de las
muertes tantas veces mencionadas, habría faltado una cooperación
adecuada de parte chilena, para determinar a los responsables y someterlos
a la justicia, y
e) Estima que podía otorgar su protección
diplomática a los demandantes en el juicio civil a que se refiere la letra c)
anterior, por no estar éstos en situación de hacer cumplir la sentencia.
Por su parte, y según aparece de los antecedentes
que se han analizado en la Comisión, los planteamientos de Chile y de su
Gobierno son, y deben ser, fundamentalmente, los siguientes:
a) En manera alguna está probada una
responsabilidad del Estado de Chile por las muertes sufridas por don Orlando
Letelier y doña Ronni Moffitt y los daños sufridos por don Michael Moffitt, toda
vez que, en ningún juicio válido para nuestro país -ni dentro ni fuera de Chilese ha establecido dicha responsabilidad;
b) La "inmunidad de jurisdicción" que protege a
los Estados soberanos en general y, por consiguiente, a Chile, no permite la
iniciación de un juicio en contra de nuestro país en un Tribunal extranjero.
Asimismo, y como consecuencia de lo anterior, y
con mayor razón, esta "inmunidad" impide la ejecución de fallos que pudieren
haberse dictado, no obstante lo anterior, por Tribunales extranjeros;
c) De acuerdo con nuestro orden jurídico público,
no son válidos en Chile, ni permitidos en nuestro Derecho, determinados
medios de prueba, entre ellos lo que se llama la "delación compensada" y,
por consiguiente, no se puede pretender ejecutar, en el país, sentencias o
resoluciones que están fundadas en dicho tipo de probanzas;
d) Chile ha prestado cooperación a la justicia
norteamericana para el esclarecimiento de los hechos, con la deportación y
entrega, a personeros de Estados Unidos, del ciudadano norteamericano
residente en Chile, Michael V. Townley; con las facilidades otorgadas para
que Fiscales norteamericanos investigaran en Chile; accionando ante los
Tribunales para que, junto con la investigación de "pasaportes falsos", se
procurara determinar si ciudadanos chilenos están, de alguna manera,
comprometidos en los asesinatos tantas veces mencionados, y
e) Por último, nuestro país considera que la
26
protección diplomática que el Gobierno de Estados Unidos ha otorgado a los
familiares de las víctimas no corresponde en este caso, por cuanto, dentro de
Chile, nadie les ha impedido que inicien las demandas o juicios que estimen
pertinentes, incluso en contra del Estado, lo que nuestra legislación permite,
impedimento que es la única situación que habilita para otorgar tal protección
diplomática, sin perjuicio de las gestiones oficiosas que un Gobierno puede
hacer, frente a otro, en relación a problemas que afectan a sus nacionales.
De la simple lectura del Tratado, de su Anexo,
de la Declaración Conjunta de los Gobiernos y, aun, del propio Mensaje de
Su Excelencia el señor Presidente de la República se desprende que los
puntos de vista de las partes están planteados en una forma muy desigual y,
lo que es más grave, Chile está aceptando -implícita o explícitamenteafirmaciones o hechos que lo dejan en una situación desmedrada y que
afectan, incluso, a su prestigio y honra como nación.
A vía de ejemplo, señala Su Señoría que Estados
Unidos afirma rotundamente que considera al Estado de Chile, bajo el
Derecho Internacional, como legalmente responsable por las muertes y
daños ocasionados a Orlando Letelier, Ronni Moffitt y Michael Moffitt, sin que
haya la adecuada impugnación por parte de nuestro país, haciéndose, en
cambio, la simple declaración de que no se admite responsabilidad.
Y, como lo anterior no bastare, al establecerse un
procedimiento para fijar el monto del pago "ex-gratia", se expresa que ello
deberá hacerse como si se hubiesen establecido responsabilidades, sin que,
al respecto, se contenga nada en el Tratado que desvirtúe la interpretación
que naturalmente hará cualquier lector de él.
La Declaración Conjunta no se cuida de salvar
esos aspectos y, por otra parte, no establece, como debiera hacerse si se
desea tratar la materia, el compromiso de ambas partes de investigar los
hechos y de sancionar a los culpables.
Ninguna salvedad se hace a la posición de Chile
frente a la "inmunidad de jurisdicción", al tipo de probanzas utilizadas, ni a la
circunstancia de que nuestro país, en todo este enojoso asunto, ha procedido
conforme a las normas de nuestro Derecho y del Derecho Internacional.
Por loables que sean los propósitos que se
persiguen en el Tratado, no puede menos de tenerse presente que, si él
tiende a facilitar el mejoramiento de las relaciones entre ambos países, y a
que éstas se desenvuelvan libres de restricciones o limitaciones legales
extraordinarias, no es posible que, en lo que constituye un acuerdo, por el
que Chile, generosamente y que sin que haya un juicio suficiente, puede
quedar obligado a desembolsar sumas importantes, se contengan
declaraciones o afirmaciones que afecten su honor, o que pueden sentar
27
precedentes muy inadecuados para situaciones futuras.
Es evidente -expresó Su Señoría- que frente a
afirmaciones inaceptables para Chile, nuestro país debiera rechazarlas con la
mayor claridad y energía, sin perjuicio que, dado el propósito que se
persigue, lo natural sería eliminar todo lo que no sea estrictamente
indispensable, y circunscribirse al objetivo preciso del convenio.
Al margen de lo anterior -agregó- está de más
señalar que el Convenio no es lo suficientemente cuidadoso para impedir
que, percibida una suma por el Gobierno de Estados Unidos, destinada a los
familiares de las víctima, éstos, sintiéndose insatisfechos, pudieren intentar
nuevas acciones o demandas. La circunstancia de que éstas tuvieren poca o
ninguna posibilidad de éxito, no es óbice para que se adopten resguardos
mínimos, con el fin de evitar situaciones que resultarían, en todo caso,
inconfortables.
De allí que, teniendo presente la conveniencia de
llevar a cabo todo aquello que legítima y honorablemente pueda hacerse
para solucionar la disputa existente y, muy en especial, mejorar las
relaciones con los Estados Unidos de América, estima Su Señoría que
vuestra Comisión debería, antes de pronunciarse sobre el Tratado que se
somete a la aprobación del Honorable Senado, dar los pasos necesarios
para que se pudieren obtener las modificaciones -del Tratado y de la
Declaración- que eliminen de sus respectivos textos aquellas disposiciones
inadecuadas y, tal vez más que ello, para que los documentos tengan textos
adecuados que tiendan, directa y específicamente, al objetivo que se
persigue, adoptándose todas las precauciones para impedir sentar
precedentes que podrían ser funestos o dejar en un muy mal pie,
innecesariamente, al Gobierno y al Estado de Chile.
Simultáneamente -sostuvo el Honorable señor
Senador- debieran aclararse, por el Ejecutivo, aquellas materias que resultan
inadecuadamente tratadas en el mensaje, reafirmándose aquellos derechos,
conceptos y políticas que Chile ha sustentado, y que convienen a su interés
permanente como Estado soberano.
Al respecto señala Su Señoría que, en contra de lo
que se ha afirmado, y a pesar que las gestiones que personalmente ha
realizado, a este respecto, no han tenido éxito, es necesario hacer cuantos
esfuerzos sean posibles para lograr el resultado deseado, que se traduzca en
un Tratado que aunque implique un sacrificio para Chile, contribuya
realmente a la solución de una disputa, y no afecte o menoscabe sus
derechos frente a este u otros problemas, diplomáticos o de relaciones
internacionales, que pueda tener en lo futuro.
Al respecto señala que hay precedentes de pagos
28
"ex-gratia" en que se han aplicado fórmulas más sencillas y menos
comprometedoras y, a su vez, conoce la opinión de distinguidos diplomáticos
chilenos que creen que, existiendo acuerdo en el fondo, debiera ser
razonablemente posible llevar a cabo los cambios, del Tratado y de la
Declaración, que se auspician.
Ahora bien, ante el rechazo mayoritario de
proceder en la forma señalada, concluye Su Señoría señalando que, frente al
texto actual del Tratado, de su Anexo, de la Declaración Conjunta y, aun, del
propio mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República, no
puede sino dar su voto negativo a la aprobación de él, dejando, así,
constancia, de que concurriría a aprobar un Tratado, que persiguiera los
mismos fines, pero que estuviere redactado en la forma a que ha hecho
referencia.
Vota que no.
En consecuencia, por tres votos por la negativa
(Honorables Senadores señores Urenda, Mc Intyre y Otero) y dos por la
afirmativa (Honorables Senadores señores Páez y Sule), vuestra Comisión
de Relaciones Exteriores tiene el honor de proponeros que rechazáis el
proyecto de acuerdo en informe.
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Acordado en sesiones de los días 9 de Abril, 14 de
Mayo, 12 (2) y 19 de Junio, con la asistencia de los Honorables Senadores
señores Urenda (Presidente); Alessandri (Otero); Mc Intyre; Navarrete y
luego Sule, y Páez.
Sala de Comisión, a 20 de Junio de 1.991.
CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario