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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
MAESTRIA EN ADMINISTRACION FISCAL
FACULTAD DE CONTADURIA
Experiencia educativa:
Finanzas Públicas
Catedrático:
Lic. Jorge Antonio Acosta Cazares
Tema:
La política de egresos del estado mexicano y la justicia social
Integrantes del Equipo:
 Pérez Hernández Paola
 Zarrabal Fernández Yansuleth
Boca del Río, Ver., a Sábado 12 de Marzo de 2011
INDICE
Tema
Nº de Pág.
1. Introducción…………………………………………………………………….. 3
2. Gasto público en las Finanzas Clásicas y en las Finanzas Modernas…… 4
3. Política y tendencias del gasto público en México…………………………. 6
4. La política de gastos y las condiciones socio-políticas para su diseño…. 10
5. Objetivos de la política presupuestal del gasto público en México……….11
6. La justicia social…………………………………………………………………13
7. Antecedentes en México……………………………………………………….14
8. Política de gasto en México para el ejercicio 2011……………………….. 15
9. Conclusión……………………………………………………………………... 20
10. Fuentes de Información……………………………………………………… 22
1
INTRODUCCION
La política de egresos constituye uno de los elementos más importantes de la
política económica y social de México, que como tal puede inducir un ritmo
determinado del crecimiento de la actividad económica y el empleo, al mismo
tiempo que orientar el sentido social del desarrollo. Debe dirigirse hacia la
promoción de un mayor ritmo de crecimiento económico, hacia una mayor
integración y eficiencia de la estructura productiva y hacia una mejor distribución
del ingreso. Además, se debe avanzar en la descentralización de las decisiones y
en el fortalecimiento de la soberanía de estados y municipios. El objetivo
fundamental es garantizar los derechos económicos de los mexicanos para
beneficiarse del producto de su esfuerzo y de sus derechos sociales a la igualdad
de oportunidades.
En la presente información se muestra una breve explicación sobre la política de
gastos que ha implementado el Estado México y como ésta ha impactado en un
nuevo concepto de justicia social, partiendo desde su conceptualización hasta los
hechos que hoy en día dejan ver los resultados con que estas políticas se han
dejado en la sociedad.
nota
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Los gastos públicos en la Hacienda Pública Clásica y en la Hacienda Pública
Moderna.
El estado tiene en los gastos públicos un instrumento decisivo para el
cumplimiento de sus fines. Estas erogaciones son de carácter imperativo y están
dirigidas a cubrir los servicios públicos y las necesidades de organización estatal.
La verdadera naturaleza de los gastos públicos no es demasiado importante ni son
éstos un problema de orden financiero, sino verdaderamente administrativopolítico. Para los hacendistas clásicos, la ubicación de un determinado gasto no
implicaba un planteamiento de tipo financiero; más bien era una cuestión de
elección política entre las diversas actividades del Estado. La verdadera
importancia estaba en su monto global y no es su composición. Esta concepción
condenaba cualquier exceso en los gastos que implicara un desequilibrio del
presupuesto gubernamental.
La hacienda Pública Moderna considera más importante la composición de los
gastos que su suma global. Una de sus preocupaciones principales es estudiar el
contenido de las erogaciones públicas y que, en consecuencia, se inclinan por el
aspecto cualitativo de dichas erogaciones, en contraposición a su aspecto
cuantitativo en la Hacienda Clásica. Los hacendistas clásicos, por el contrario,
sostenían que los gastos públicos eran un consumo, mientras que los hacendistas
modernos sostienen que son una simple transferencia de riqueza. En la Hacienda
Clásica el ideal tácito era el Estado “avaro”. Para ésta los gastos públicos eran
males necesarios, teniendo el poder público la obligación de gastar estrictamente
lo indispensable. Asimismo, consideraba que las funciones estatales debían
circunscribirse casi exclusivamente a prestar servicios públicos, y vigilar por la
seguridad exterior y el orden público interior.
Los clásicos alegaban que los gastos públicos eran un consumo de los bienes que
estaban a disposición de la colectividad y que, a mayor consumo público, menor
cantidad de bienes disponibles para los particulares. Esto traía como
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consecuencia un aumento en la pobreza de la población. Para los clásicos, a cada
categoría de gastos correspondía una de ingresos. Los gastos a cargo del Estado
eran de dos tipos: ordinarios y extraordinarios. Los primeros se destinaban a cubrir
los servicios normales del Estado, mientras que los segundos constituían la
excepción, se aplicaban para satisfacer las necesidades de emergencia surgidas
de guerras, problemas económicos, etc. y además podían cubrirse con
empréstitos.
Los hacendistas modernos dejaron atrás la clasificación de gastos ordinarios y
extraordinarios sustituyéndola por la de “gastos de funcionamiento” y “gastos de
capital”. Los gastos de funcionamiento se destinan a los servicios públicos y al
mantenimiento normal del Estado. Estas erogaciones no constituyen una
transferencia de capital del sector público al privado, ni una capitalización para el
Estado, se emplean para el pago de personal, mantenimiento de equipo, etc. En
cambio los “gastos de capital” si constituyen auténticas transferencias de capital
de un sector a otro que afectan la riqueza de la nación; se destinan a la compra de
equipo, inversiones físicas y financieras, etc.
La pugna entre la concepción clásica y la moderna de los gastos públicos tiene en
gran parte un carácter político. Los defensores de la concepción clásica son
conscientes de que los gastos públicos no son aniquiladores y destructivos; saben
que se trata de una redistribución de pública de recursos. Su oposición al gasto
público no es tanto porque estén convencidos de que los particulares sean
superiores al Estado para manejar la riqueza; más bien podría ser que la exacción
de las rentas privadas, para su posterior redistribución, los lesiona en sus
intereses económicos. Esto no significa que los partidos de derecha se inclinen
por la concepción clásica, y los de izquierda por la concepción moderna ya que en
ocasiones, ha sido a la inversa
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Política y tendencias del gasto público en México.
En México, el gasto público ha sido compatible con las metas fiscales definidas
para generar un entorno de estabilidad macroeconómica. Su orientación ha
procurado promover un desarrollo con mayor justicia social y abatir las
inequidades socioeconómicas entre los diferentes estratos de la población y
regiones del país, así como fomentar las actividades productivas. La mayor
participación de los Poderes Legislativos, Judicial y de los gobiernos estatales y
municipales en el ejercicio del presupuesto ha beneficiado al proceso democrático
y fortalecido el equilibrio entre los Poderes.
A partir de la década de los 80`s se inició la reforma del Estado mexicano, que
incluyó un conjunto de cambios estructurales orientados a elevar la eficiencia de la
actividad gubernamental y privada. Esta reforma se tradujo en un proceso de
apertura comercial y firma de tratados de libre comercio, privatización de
empresas paraestatales, desregulación, reconversión de la planta productiva,
reformas de seguridad social, entre otras, lo que transformó el concepto, tendencia
y montos del gasto público.
Política social y gasto público
Los criterios de asignación del gasto social pueden analizarse desde dos
perspectivas: Una instrumental, en donde se hace referencia a la determinación de
los elementos que componen los indicadores para determinar los montos para
cada fondo, programa, proyecto u obra. La otra, que es la que aquí se aborda,
tiene que ver con las determinaciones de más alto nivel que conforman la base
sobre la que se erigen, no sólo los criterios para el gasto social, sino, de hecho la
política social misma y sus posibilidades de existencia.
Al interior de un sistema capitalista basado en una estructura de clases y en la
utilización privada del capital, la política social puede adquirir formas muy
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diferenciadas, ya que la naturaleza de las funciones que desempeña, su
fundamento filosófico, su contenido político y su sustento teórico se encuentran
determinados por el contenido del Estado (que es en donde aquella se diseña y se
aplica). Y este contenido está determinado por el arreglo político y social
institucionalizado que sustenta al Estado y que a lo largo del presente siglo no ha
sido único ni definitivo, sino temporal y variable. En tanto dicho contenido se define
a partir de:
a) La variabilidad de la fuerza de las clases y grupos sociales,
b) Su nivel de organización,
c) Su capacidad de negociación frente al Estado,
d) La forma particular que adquieren sus intereses y objetivos y,
e) La forma y capacidad para defender la perdurabilidad de las reformas sociales
ya otorgadas por el Estado de bienestar a lo largo del presente siglo.
Por lo tanto la política social no ha sido única ni definitiva a lo largo de este
período. El origen de la política social se ubica en la necesidad de institucionalizar
e instrumentar, como política de Estado, un conjunto de acciones concretas que
permitan el acceso, a amplios grupos sociales, a un conjunto de satisfactores
básicos que les son inalcanzables por la vía del mercado, pero que le son
fundamentales para su subsistencia, para su incorporación y su mantenimiento en
el mercado de trabajo y en general en la actividad productiva, en la medida en
que, las transformaciones del capitalismo provocan que sus capacidades laborales
no pueden seguir sirviendo como la base de su subsistencia. En estas
circunstancias, el Gobierno se ha visto en la imperiosa necesidad de encontrar los
mecanismos viables, a través del gasto público, para mantener los principios de
equidad, solidaridad y subsidiaridad social. El gasto social, se convierte así, en el
principal instrumento redistributivo de recursos de la sociedad. El gasto social se
orienta hacia los individuos de menores ingresos, hacia las regiones con menores
recursos y hacia los segmentos sociales más desprotegidos (justicia social).
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En México, la política social tiene como objetivos:
a) Elevar los niveles bienestar y calidad de vida de la población.
b) Propiciar la igualdad de oportunidades y de condiciones, garantizando los
derechos individuales y colectivos.
c) Disminuir la pobreza y la exclusión social.
La política social pretende crear las condiciones básicas para que las familias,
particularmente las de escasos recursos, tengas acceso a mejores niveles de vida
con una perspectiva a largo plazo. Los programas de política social atienden a un
criterio de equidad y se orientan a la disminución de los rezagos fundamentales,
como educación, salud, alimentación, vivienda, servicios básicos como energía
eléctrica, agua potable, drenaje, telefonía rural, caminos de acceso, recolección de
basura. Etc.
En este sentido la política social puede entenderse como un mecanismo que
busca garantizar la posibilidad de transformar la fuerza de trabajo en mercancía
adecuada para el mercado de trabajo. Como una estrategia para incorporar a la
fuerza de trabajo en una relación salarial, contribuyendo, de este modo, a la
constitución de la clase trabajadora. Ello en la medida en que socialmente se
requieren un conjunto de precondiciones para que los trabajadores asalariados
actúen como tales. Porque para serlo sus condiciones de vida no son suficientes
ya que requieren, que ciertas funciones de reproducción básicas como salud,
educación, seguridad social, etc. sean cubiertas luego, este mecanismo se
extiende tanto hacia los ya asalariados como a los no asalariados. De este modo
puede asegurarse el control sobre la regulación de las condiciones en que los
trabajadores asalariados en particular y las masas populares en general participan
o no en el mercado de trabajo.
En esta perspectiva, es necesario establecer que la funcionalidad y viabilidad de la
política social, deriva de dos elementos de carácter contradictorio que la hacen
posible:
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1.- De un lado, de los intereses y las necesidades de las clases populares que al
convertirse en demandas orgánicas, se constituyen en una presión para el Estado.
2.-De otro lado, del hecho de que éstas sean, al mismo tiempo, requisitos del
proceso de valorización del capital y condición indispensable para la armonía
social.
El hecho de que las primeras coincidan (mas posiblemente en el largo que en el
corto plazo) con los intereses del capital y las necesidades de modernizar las
condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la acumulación de capital genera la
posibilidad de que esas demandas se materialicen como parte de una estrategia
de política social (Un ejemplo muy claro lo constituyen el cuidado de la salud y los
sistemas de educación, que a la vez que satisfacen las demandas de los
trabajadores, representa un instrumento para obtener fuerza de trabajo mejor
capacitada y mas sana y , por tanto, con mejores posibilidades para desempeñar
un trabajo mas productivo). Así, la intervención del Estado en el gasto social,
como afirma De la Garza, se considera, en primera instancia como necesidad
económica de consumo y sólo en segundo término como necesidad de
legitimación (“Ascenso y crisis del Estado social autoritario”).
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La coyuntura económica y las condiciones socio-políticas como punto de
arranque en el diseño de las políticas de gasto público y la racionalidad
como camino más confiable para la toma de decisiones.
Toda política sana de finanzas públicas requiere necesariamente de un estudio
detenido de la posible influencia de un cierto gasto sobre la economía, teniendo en
cuenta la coyuntura correspondiente a ese momento. El conocimiento de las
condiciones económicas es prerrequisito básico para el diseño de cualquier
política de gasto público: por ello no es posible separar el estudio de los gastos del
estudio de una determinada coyuntura económica. La política de gastos es
dinámica y ajustable a las circunstancias del momento, por tal motivo las fases
económicas son el punto de arranque para el diseño y ajuste de las políticas del
gasto público.
El carácter improductivo del gasto se define atendiendo, además de a la coyuntura
económica, a la social y política. La política de los gastos públicos debe ser
flexible y adecuada a las coyunturas del momento, pues toda rigidez en la
implementación de las políticas del gasto es indicio de apartamiento de la realidad
objetiva de la situación económica y del contexto social de la vida de una nación.
En su sentido económico financiero, los gastos son instrumentos y herramientas
de promoción y de cambio y también elementos de orientación de la economía
para la consecución de ciertas políticas previamente determinadas.
Debido a la variedad de criterios que se presentan para valorar las alternativas
que se le presentan a los responsables de la elaboración y de la aprobación del
presupuesto, en cuanto a los montos destinados a los distintos renglones de
aplicación del gasto, resulta que dichos criterios se deben derivar de opiniones
muy subjetivas. La racionalidad es, posiblemente, el camino más confiable para
tomar las mejores decisiones en materia de gasto público. De aquí la necesidad
insoslayable de someterlo a un comportamiento racional y estricto que responda
auténticamente a las prioridades básicas de la nación y del Gobierno.
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Las decisiones de mayor importancia en los programas de asignación de recursos
tendrán que ser siempre tomadas por políticos que sepan equilibrar las
aportaciones de los técnicos, modelos matemáticos o de estudios científicos en
base un sentido histórico, sensatez, racionalidad, criterio y reconocimiento objetivo
de los límites financieros y de la realidad económica y social.
Objetivos de la política presupuestal del gasto público en México.
Los objetivos del gasto público pueden ser múltiples. En principio se establecen de
acuerdo a su contribución al bienestar social. En la práctica, es necesario
aproximar la maximización deseada del bienestar social mediante la interacción de
los representantes populares y los funcionarios del Poder Ejecutivo. Los primeros
señalan las demandas de la sociedad y los segundos las posibilidades reales de
llevarlas a cabo, de acuerdo con el conjunto de restricciones existentes. Los
objetivos básicos de la política presupuestal del sector público son tres:
1.- Procurar la mayor eficiencia económica.
2.- Propiciar condiciones de equidad, vertical y horizontal, entre los sectores
sociales y agentes económicos
3.- Mantener la estabilidad macroeconómica.
La eficiencia se logra mediante la mejor asignación de los recursos públicos,
siempre escasos a fines alternativos, de forma tal que se optimice el bienestar
social. En materia de política presupuestal la equidad conlleva la responsabilidad
del Estado en la búsqueda de la justicia social. La eficiencia económica por si
misma no garantiza la equidad, ya que pueden existir diversas condiciones en la
distribución de oportunidades, en situaciones de optimización de eficiencia. En
este contexto, la equidad indica favorecer a los segmentos más desprotegidos de
la sociedad, de acuerdo a los principios expresados por Rawls (Minimax). Ello
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implica la optimización de la eficiencia y la transferencia de recursos hacia los
sectores e individuos más desfavorecidos.
La estabilidad económica constituye un principio básico de la política presupuestal.
En economías globalizadas y mercados financieros abiertos, el gasto público debe
mantener el equilibrio básico de los ingresos del Estado.
La justicia social
La Justicia Social es la que promueve y acrecienta toda acción dirigida al bien
común y que ordena finalmente su cumplimiento, con más precisión la Justicia
Social tiene por finalidad el bien común, es decir el bienestar de todos en igualdad
de oportunidades de quienes componen la sociedad, sin excepciones, ni
privilegios de ninguna clase. La Justicia Social debe manifestarse sobre todo en
un orden jurídico y social que beneficie a toda la comunidad de un Estado sin dejar
de estimular la producción que es tan importante para que los países tengan los
recursos económicos para su desarrollo productivo.
La Justicia Social procede de la equidad, su base es la educación y la salud. El fin
primordial es propiciar el desarrollo integral de la sociedad consolidando el
combate a la pobreza, la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho.
La Salud y la Educación son indispensables para que exista en una sociedad la
Justicia Social y la igualdad de oportunidades para todos.
México cuenta con un amplio sistema educativo público que comprende los cuatro
niveles educativo (básico, medio/superior, superior y posgrado). El papel del
sistema educativo ha sido esencial para alcanzar los niveles de desarrollo
económico, es componente esencial de la política social en cualquier país
11
La justicia social desde el liberalismo económico: la perspectiva de Friedrich
Hayek
Para Friedrich Hayek representante de la teoría clásica liberal del siglo XX, la
noción de justicia social en una sociedad de hombres libres, es una fórmula vacía
que no tiene ningún significado. El término justicia social o justicia distributiva,
según el padre del liberalismo económico: “no puede aplicarse a los resultados de
una economía de mercado: no puede haber justicia distributiva donde nadie
distribuye. La justicia tiene sentido sólo como una regla de conducta humana y
ninguna regla concebible para la conducta de los individuos que se ofrecen entre
sí, bienes y servicios en una economía de mercado producirá una distribución que
pueda describirse con significado como justa o injusta”.
La justicia social no es más que un “instinto” heredado de las formas de
organización primitiva, y constituye una tendencia moral inaplicable en la
civilización actual, donde la justicia social es incompatible con un orden social
centrado en la búsqueda por favorecer y preservar, en el mayor alto grado posible,
la libertad y el cumplimiento de los intereses individuales: “la responsabilidad
moral individual por las acciones de cada uno es incompatible con la realización
de cualquier modelo general de distribución”. La justicia distributiva, desde el
liberalismo más consecuente, es totalmente rechazada debido a que no existen
acuerdos o principios de justicia distributiva universalmente aplicables y
reconocidos. Por otro lado, aunque pudieran condensarse, éstos no podrían ser
instrumentados en una sociedad donde todos los individuos son libres de utilizar
sus capacidades y conocimientos para competir y alcanzar fines privados.
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Antecedentes en México
La concepción de justicia social del Estado posrevolucionario estuvo moldeada por
el origen popular de la Revolución y por objetivos de desarrollo. Las concepciones
que sostenían los ideólogos revolucionarios se guiaban por una lógica en la que la
igualdad de oportunidades para todos favorecería el desarrollo, y este a su vez
traería consigo la justicia social. Desarrollo y justicia social eran vistos como
componentes de la misma ecuación: para satisfacer las demandas de las masas
populares que habían hecho la Revolución, sobre todo las de los trabajadores del
campo era preciso impulsar el crecimiento económico del país, lo cual se lograría
con más facilidad si se daba a los trabajadores la oportunidad y los medios.
En estrecha relación con la voluntad de proporcionar igualdad de oportunidades a
los trabajadores, la concepción de justicia social estuvo modulada por la actividad
del Estado dirigida a conducir el desarrollo económico por medio de la
industrialización vía sustitución de importaciones y por su función de articulador de
amplias capas sociales.
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POLÍTICA DE GASTO EN MÉXICO PARA EL EJERCICIO 2011
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2011, el Ejecutivo Federal propone una política de gasto público orientada,
principalmente, a fortalecer tres aspectos fundamentales para el pleno desarrollo
de la nación y de la sociedad mexicana en su conjunto:

El crecimiento económico y la generación de más y mejores empleos, los
cuales han mostrado una importante recuperación durante 2010;

El apoyo al desarrollo social, con particular énfasis en educación, salud y
combate a la pobreza, para mejorar las condiciones de vida y la igualdad
de oportunidades para todos los mexicanos, en especial de los niños y
jóvenes;

Y las actividades en materia de seguridad pública y procuración de justicia,
con el fin de avanzar en la lucha frontal contra el delito y la delincuencia
organizada. El ejercicio del gasto público seguirá desarrollándose en un
marco de responsabilidad, austeridad, eficiencia y transparencia en la
conducción de las finanzas públicas, con la finalidad de hacer más con
menos y hacerlo cada vez mejor.
En 2011, el Gobierno Federal busca consolidar el crecimiento económico y la
generación de empleos observada en 2010, orientando los recursos públicos hacia
aquellos sectores, actividades y programas que inciden, de manera directa e
indirecta, con mayor intensidad en el ritmo de nuestra actividad económica a nivel
nacional y regional. El reto en 2011 es lograr mantener el dinamismo de la
actividad económica, consolidar el crecimiento observado en 2010 y potenciar la
generación de empleos, mediante una política de gasto eficiente y focalizada en
actividades prioritarias de alto impacto. Por ello, en el Proyecto de Presupuesto
2011 se propone continuar destinando significativos recursos para el desarrollo de
infraestructura. En 2011, se destinan recursos para proyectos de infraestructura
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ferroviaria y portuaria en 22.2 por ciento y 21.4 por ciento con respecto a lo
aprobado para 2010, y se contemplan obras prioritarias, nuevas y en proceso, del
Programa Nacional de Infraestructura en materia carretera. Con el fin de apoyar la
generación de empleo durante la actual Administración, se han favorecido de
manera importante a las PyMEs, ya que son núcleos generadores de empleo por
excelencia. De esta forma, en 2011 se considera una asignación de 6,755.1 mdp
para el Fondo PyME.
El sector turismo es un sector estratégico para la consolidación del crecimiento
económico, además de que permite posicionar a nuestro país en la escena
internacional como un destino atractivo para los potenciales visitantes. Con su
desarrollo, se genera una gran cantidad de empleos directos e indirectos y se
captan divisas, contribuyendo a la consolidación el crecimiento económico. En
2011 se proponen asignaciones presupuestarias por 684.3 mdp para la promoción
de México como destino turístico, lo que representa un incremento de 134.6 por
ciento con respecto a 2010. Asimismo, para el desarrollo de infraestructura
turística se destinarán 626.6 mdp, 85.4 por ciento más que en 2010.
Para incrementar la competitividad, y con ello la actividad económica y el empleo,
es vital realizar mayores inversiones en ciencia, tecnología e innovación, y en
capital humano. Por ello, se propone que en 2011 el gasto en estos rubros se
incremente en 3.5 por ciento con respecto al de 2010. Así, el CONACyT contará
en 2011 con un presupuesto de 17,279.6mdp. Destaca el Programa de Becas de
Posgrado, el cual contará en 2011 con 10.3 por ciento más recursos que en 2010.
Asimismo, para la investigación científica y elaboración de publicaciones, así como
para el programa de desarrollo tecnológico e innovación, se contempla
incrementar los recursos en 5.5 por ciento y 6.1 por ciento, respectivamente, con
respecto a lo aprobado para el ejercicio fiscal de 2010.
El PPEF 2011 también se orienta al fortalecimiento de la política de desarrollo
social, a través de los programas en materia de educación, salud y combate a la
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pobreza, que tienen mayor incidencia en el mejoramiento de las condiciones de
vida y las oportunidades de todos los mexicanos, en especial la de nuestros niños
y jóvenes. A través de la política social, el Gobierno Federal busca reducir las
desigualdades existentes en ciertos sectores de la población, mediante acciones
de carácter estructural que buscan que la población con mayor rezago pueda
alcanzar y potenciar el desarrollo de sus capacidades básicas, y con ello avanzar
hacia un pleno Desarrollo Humano Sustentable. Para 2011, se brinda especial
atención a lograr la universalización y portabilidad de los servicios de salud, así
como a la prevención de enfermedades y la obesidad, y prevención y atención de
adicciones, entre otros.
El Seguro Popular contará en 2011 con una asignación de 59,983.6 mdp, que
representa un incremento de 12.7 por ciento real con respecto a 2010. Asimismo,
la educación es uno de los elementos fundamentales para que los individuos
puedan lograr un desarrollo humano sustentable. En la propuesta de gasto para
2011 se destinan 145,178.1 mdp a los programas concernientes a la expansión de
la oferta educativa en Educación Media Superior y Superior, y a inversión en la
infraestructura necesaria para estos niveles debido a una mayor demanda de
estos servicios por la misma dinámica poblacional. Cabe mencionar que la
estrategia social planteada desde el inicio de la Administración continuará al
destinarse importantes recursos a programas tales como Oportunidades, 70 y
más, guarderías y estancias infantiles y a programas destinados a pueblos
indígenas, por señalar algunos ejemplos que permitirán mantener a la población
empadronada actualmente en dichos programas.
Para 2011 se propone asignar a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas un presupuesto de 7,733 mdp, mayor, en términos reales en 1.3 por
ciento a los recursos presentados en el proyecto de presupuesto de 2010.
Asimismo, en el PPEF 2011, se consideran las asignaciones presupuestarias que
las dependencias y entidades proponen destinar a los programas para la igualdad
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entre mujeres y hombres, cuyo monto asciende a 59,460.2 mdp, que representa
3.1 por ciento más, en términos reales, que el presupuesto propuesto en 2010.
Desde el inicio de esta Administración, el Gobierno Federal se ha planteado como
una de sus más altas prioridades el fortalecimiento del Estado de Derecho y la
seguridad pública, con el objeto de retomar el control de los espacios ganados por
el crimen y el delito y restablecer el tejido social. Desde 2007 se inició la que quizá
sea la más importante de las transformaciones institucionales recientes: la
renovación profunda y el fortalecimiento de las corporaciones policiales, así como
de los órganos de procuración e impartición de justicia de todo el país, con el fin
de garantizar la seguridad a los ciudadanos y prevenir el delito. En este contexto,
se destinan recursos para el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía
Federal para el combate a la delincuencia organizada bajo el Nuevo Modelo
Policial federal que incluye procesos, procedimientos y protocolos de actuación,
para articular especialidades y potenciar capacidades. De manera paralela, se
apoya el establecimiento de un Mando Único de Policías con el fin de fortalecer la
seguridad pública a nivel local, con el objeto de hacer de cualquier rincón de
nuestro país un lugar seguro para los mexicanos. Para este fin, en el Proyecto de
Presupuesto se asignan 2,400 mdp. En esta Administración, con el fin de
reconocer la labor irreemplazable de nuestras Fuerzas Armadas, por su entrega,
sentido del deber y gran vocación de servicio, se les han incrementado las
asignaciones presupuestarias. Así, en 2011 se otorgarán importantes recursos
para su apuntalamiento, toda vez que son pieza clave para garantizar la seguridad
interior del país y defender la integridad y la soberanía de la nación.
De esta forma, la política de gasto público no es ajena al problema de seguridad
que afecta a nuestro país, por lo que se seguirá trabajando en la plena vigencia
del Estado de Derecho y en el combate a la delincuencia y al crimen organizado
para dar la seguridad y tranquilidad que los ciudadanos merecen. Sin embargo, la
política de seguridad tiene que ser una política de Estado. Es decir, no puede ni
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debe ser sólo una política del Gobierno en turno; tiene que ser un esfuerzo
permanente y un esfuerzo de todos.
La política de gasto para 2011, además de promover las prioridades señaladas,
será austera, transparente y de cara a la sociedad. La transparencia facilita la
rendición de cuentas y la evaluación de resultados produciendo así un uso más
eficiente de los recursos públicos.
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CONCLUSIÓN
La política de gasto público puede y debe contribuir al crecimiento de la actividad
económica y es perfectamente compatible atender necesidades sociales urgentes
y, simultáneamente, mantener equilibradas las finanzas públicas. Para ello, es
necesario reformar la estructura del presupuesto federal a fin de eliminar los
gastos administrativos superfluos o indebidos y la corrupción. De manera
específica, las asignaciones innecesarias y los gastos contingentes que no sean
destinados a prevenciones de aumentos de sueldos y cuotas de seguridad social,
así como otras partidas para gastos personales de los altos funcionarios públicos
deben eliminarse totalmente y prohibirse a través de la ley.
Definitivamente, una de las responsabilidades más importantes del Gobierno, a lo
largo del tiempo, ha sido la de elaborar una política presupuestal que conlleve al
bienestar a la población, brinde un panorama de equidad y justicia social y
garantice un ambiente favorable para los sectores más desprotegidos.
Sin embargo, a pesar de que políticamente se busca ese fin, hasta la fecha no se
ha logrado. Por más que el Gobierno, se jacte de que al establecer su política de
egresos siempre perseguirá el bienestar social, esto en la práctica no se lleva a
cabo. Año con año se destinan millones de recursos hacia los rubros de
educación, salud y combate a la pobreza por mencionar algunos, pero ¿En dónde
se encuentran aplicados realmente los recursos destinados a estos rubros? ¿Por
qué la pobreza en México sigue siendo desigual, incluso en un mismo Estado,
cuando lo que se busca, de acuerdo a las políticas de egresos, es la igualdad?
Desde nuestro particular punto de vista consideramos que la principal causa
generadora de pobreza es sin duda la injusta distribución de la riqueza. Es
inexplicable que un solo hombre posea más riqueza que la que tienen varios
países juntos, y es vergonzoso para nuestro país tener entre los ciudadanos al
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hombre más rico del mundo cuando el resto de la población vive, en su mayoría,
en niveles extremos de pobreza.
Equidad y justicia social es lo que necesita este país, equidad para que todos
tengamos las mismas oportunidades y obligaciones, para que haya una verdadera
inclusión social que permita a las personas vivir con calidad, dignidad y
oportunidad, y justicia social para reducir ese abismo que media entre el rico y el
pobre, la brecha económica entre los que tienen dinero y no lo tienen, en México
es de las más grandes y se debe trabajar, legislar y operar para que cambie este
estado injusto de cosas y en esto, todos los gobiernos tienen una obligación que
cumplir.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
Páginas en Internet
 Biblioteca del Colegio Interamericano de Defensa. Disponible en:
http://library.jid.org/en/mono36/rottmann.pdf
 Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y
Jurídicas Disponible en: http://www.eumed.net/libros/2008a/359/index.htm
 Biblioteca Jurídica Virtual. Disponible en:
http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1440/1.pdf.
 Cámara de Diputados. Disponible en
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estu
dio/02_centro_de_estudios_de_finanzas_publicas__1
 Política del gasto publico para el 2011. Disponible en
http://www.shcp.gob.mx/Paginas/Default.aspx
 Las Finanzas Públicas, la Polis, la Filosofía y la actividad del Hombre.
Disponible en www.kratopolis.blogspot.com
 Video sobre justicia social. Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=48Qt4L4wXDQ
Libros:
 Barcelata, H. (2008). Las finanzas públicas en México, 1988-2000. México.
 Faya J. (2004). Finanzas Públicas, 2ª Edición. Porrúa: México.
 Barnes, G. (2000). Las finanzas del sistema Federal Mexicano. La reforma
del sistema fiscal. Visión parlamentaria. México
 Edgar N. La influencia de la política presupuestal.
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