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PARLAMENTO EUROPEO
1999
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2004
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades
25 de abril de 2000
OPINIÓN
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades
para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
sobre la comunicación de la Comisión "Hacia una Europa para todas las edades
- Fomentar la prosperidad y la solidaridad entre las generaciones"
(COM(1999)221 - C5-0185/99 - 1999/2159(COS))
Ponente de opinión: Christa Prets
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PROCEDIMIENTO
En la reunión del 25 de noviembre de 1999, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad
de Oportunidades designó ponente de opinión a Christa Prets.
En las reuniones de los días 22 de marzo y 18 de abril de 2000, la comisión examinó el
proyecto de opinión.
En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las enmiendas por unanimidad con 1
abstención.
Estuvieron presentes en la votación los diputados: Theorin (presidente), Eriksson
(vicepresidente), Prets (ponente de opinión), Gröner, Izquierdo Rojo (suplente de Ghilardotti),
Klass, Kratsa, Lulling, Müller E.F., Sörensen y Swiebel.
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BREVE JUSTIFICACIÓN
Introducción
En su comunicación con ocasión del Año Internacional de las Personas de Edad, la Comisión
aborda un tema complejo, de gran importancia para la cohesión económica y social de las
sociedades de la UE por la evolución demográfica ulterior que cabe esperar. La competencia
de la Comunidad en esta materia resulta de numerosas disposiciones de los Tratados
referentes al fomento del desarrollo económico y social así como a la protección social, la
evitación de discriminaciones por razones de edad o de sexo, por ejemplo, y a cuestiones de
educación, formación y salud. Sólo mediante el examen de los distintos factores -como
empleo, formación y perfeccionamiento profesional así como cobertura sanitaria y de
pensiones- a la luz del material estadístico disponible y de las condiciones previsibles en el
futuro pueden desarrollarse políticas estructurales que conduzcan a resolver de modo
satisfactorio para todos el problema del envejecimiento progresivo de la población.
Esta comisión ha de estudiar las consecuencias que esta situación social entraña para las
mujeres y presentar propuestas al respecto.
1.
Sector del empleo
El relativo retroceso de la población activa y las menores tasas de natalidad ofrecen
oportunidades tanto a las mujeres jóvenes como a las de mayor edad, tal como ya
revela la creciente participación de la mujer en la vida laboral. En las directrices para
el empleo de 1998, la Comisión califica la creciente tasa de actividad de las mujeres,
con razón, de condición previa para el aumento del empleo y el mantenimiento del
nivel de vida.
No obstante, las mujeres sólo pueden aprovechar las oportunidades citadas si se
cumplen varios requisitos. Por una parte, no puede atribuírseles en exclusiva la tarea
de compatibilizar vida laboral y familiar. Los hombres también han de asumir dicha
tarea. La división vertical y horizontal de los ámbitos profesionales que se constata con
frecuencia sólo puede suprimirse haciendo realidad la igualdad de oportunidades, es
decir, el reparto justo de las cargas entre hombres y mujeres también en el ámbito de
los cuidados a la familia. Esto presupone una mayor oferta de formas flexibles de
trabajo para mujeres y hombres.
Para posibilitar también a las trabajadoras de más edad una mayor duración de su vida
laboral, los lugares de trabajo deberían dotarse, mediante tecnología moderna y
medidas ergonómicas, de condiciones favorables al mantenimiento de la capacidad
laboral. Por último, deberían agotarse todas las posibilidades de abandono gradual de
la vida laboral o de trabajo temporal que tengan en cuenta la capacidad de rendimiento
de las afectadas. En este contexto se requieren, también en el interés general, una
cooperación responsable de los interlocutores sociales comprometida con el bien
común así como los correspondientes impulsos del legislador.
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Además debe permitirse a la mujer, mediante medidas de perfeccionamiento y
reciclaje profesional, que se reintegre a la vida profesional tras los períodos dedicados
al cuidado de los niños y la atención a la familia. El hecho de que en el futuro crecerá
la necesidad de recursos humanos más cualificados y capaces de ocupar múltiples
puestos entraña oportunidades adicionales para las mujeres, que, por término medio,
tienen ya un mejor nivel de formación que los hombres jóvenes. Esta comisión ya
reveló en su opinión sobre los futuros puestos de trabajo (Sornosa Martínez) la
existencia de múltiples posibilidades, sobre todo en el sector terciario, como ámbito
principal de crecimiento.
2.
Jubilación
La jubilación de las mujeres presenta particularidades desfavorables frente a la de los
hombres, como consecuencia de "biografías" casi siempre diferentes. Las nuevas
estructuras familiares, el incremento del número de hogares unipersonales y de
mujeres que asumen solas el sustento y la educación de los niños llevan con frecuencia
a prestaciones de jubilación insuficientes, por haber desarrollado una actividad menos
cualificada, presentar interrupciones en la vida profesional o depender
económicamente del cónyuge o de su pensión. El problema de las mujeres de edad que
viven en el umbral de la pobreza está muy extendido. Por consiguiente, se plantea la
necesidad de contar con unas prestaciones básicas, por lo que ya abogaba el
Parlamento en su informe de marzo de 1997.
3.
Prestaciones sanitarias y asistenciales
La función de la mujer no puede ser perpetuar esquemas tradicionales de
comportamiento, siendo quien principalmente se encarga del cuidado de las personas
mayores y discapacitadas, pues dispone de menos tiempo y fuerzas para ello, toda vez
que las mujeres ejercen de forma creciente una actividad profesional. Ello
representaría una carga múltiple injustificable. Pero la renuncia a ejercer una profesión
más cualificada en aras de la atención a la familia no sólo entraña una pérdida de
ingresos y, por consiguiente, una mayor dependencia económica durante la etapa
activa de la vida de la mujer, sino que repercute también en la denominada cuarta
etapa de la vida cuando la pensión de jubilación se revela insuficiente. Es discutible
que la sociedad muestre su reconocimiento por el enorme ahorro de gastos que esto le
supone. Hace algunos años, sólo en el Reino Unido, se estimaba que el coste de los
cuidados informales prestados por familiares superaba los 100 millones de ecus
anuales.
Las medidas de cualificación profesional o la creación de perfiles profesionales hoy
inexistentes dirigidos al cuidado de los mayores darían lugar a tareas más exigentes y,
por tanto, a perspectivas profesionales más favorables.
4.
La asistencia a las mujeres de edad
La mayoría de las personas mayores son mujeres, que -según aumenta su edad- quedan
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solas y pasan a su vez a necesitar cuidados.
A las personas mayores debe permitírseles, al igual que a los jóvenes, el acceso a una
asistencia sanitaria adecuada. Tales prestaciones deben adaptarse además de modo
específico a sus necesidades. La rehabilitación juega en este contexto un papel de
especial importancia para mantener la movilidad corporal. En este ámbito, las
necesidades de establecimientos de bajo coste registrarán un fuerte crecimiento en el
futuro.
CONCLUSIONES
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades pide a la Comisión de
Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore los siguientes elementos
en la propuesta de resolución que apruebe:
1.
Acoge favorablemente la comunicación de la Comisión referente al Año Internacional
de las Personas de Edad y aboga por que se celebre un amplio debate con y entre los
interlocutores sociales, la sociedad civil y representantes de los grupos afectados sobre
esta importante cuestión social, para que, tanto al nivel de la Comunidad como de los
Estados miembros, se produzcan sin demora las necesarias iniciativas políticas de
reforma;
2.
Señala las consecuencias que tendrá en las pensiones de jubilación de las mujeres su
mayor participación en el trabajo a tiempo parcial, en sistemas de trabajo precario o
formas de trabajo atípico;
3.
Constata que, dentro del proceso de envejecimiento de la sociedad, la situación de la
mujer presenta particularidades en cuanto al empleo, la jubilación y la asistencia
sanitaria que deben tenerse en cuenta para evitar discriminaciones;
4.
Pide a los Gobiernos y los interlocutores sociales que faciliten a las mujeres el acceso
a carreras profesionales seguras y mejor remuneradas y garanticen al mismo tiempo la
igualdad de trato en lo que concierne al perfeccionamiento profesional y la ampliación
de conocimientos durante toda la vida laboral;
5.
Se fija como objetivo la compatibilidad de la vida familiar y laboral y pide un mejor
reparto de las cargas familiares entre hombres y mujeres así como una política de
empleo y de protección social que tenga más en cuenta las obligaciones de las mujeres
y los hombres en lo referente al cuidado de los ancianos y los niños; propugna un
mayor empleo de las políticas en materia de familia y fiscalidad para fomentar la tasa
de actividad de las mujeres;
6.
Pide a los Gobiernos de los Estados miembros y a los interlocutores sociales que
materialicen en todos los sectores profesionales el principio establecido en el artículo
141 del Tratado relativo a la igualdad de retribución para un mismo trabajo o de igual
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valor, y que también se aplique la igualdad de trato en relación con la contratación, la
promoción y el perfeccionamiento profesionales y los ascensos;
7.
Pide a los Estados miembros y los interlocutores sociales que adopten medidas
específicas que permitan a las mujeres (y madres de familias monoparentales) regresar
al mercado de trabajo y reintegrarse en el mismo tras interrupciones de su vida laboral;
8.
Pide medidas especiales para adaptar los insuficientes regímenes de pensiones a las
necesidades de las mujeres, teniendo en cuenta su mayor dedicación a actividades
asistenciales y las consiguientes interrupciones de su vida profesional;
9.
Subraya la necesidad de mantener la capacidad de rendimiento de los trabajadores y
trabajadoras de más edad con ayuda de la ergonomía y la tecnología;
10.
Señala la creciente necesidad de establecimientos destinados a prevención sanitaria,
rehabilitación y cuidado de los ancianos así como de servicios sociales, y pide que
sean accesibles y asequibles a todos; aboga por fomentar la creación de redes locales y
regionales para favorecer la integración social y la solidaridad entre las generaciones.
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