Download El Convenio 81 sobre la inspección del trabajo

Por una Estrategia
Iberoamericana en Seguridad y
Salud en el Trabajo
Perspectiva Sindical
(Texto completo)
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ÍNDICE
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
1.1
Materia Sociolaboral
1.2
Protección Social
1.3
Salud y Seguridad en el TRABAJO
2. MARCO
DE
REFERENCIA
OBLIGADO
INTERNACIONALES Y REGIONALES
2.1
2.2
Y
ANTECEDENTES
Marco de Referencia Obligado
Antecedentes internacionales y regionales
3. OBJETIVOS DE UNA ESTRATEGIA IBEROAMERICANA EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
3.1
Generación de empleo con derechos laborales y protección social
3.1.1 Ejes estratégicos en protección social
3.1.2 Reconfirmación de la Responsabilidad del Estado Nación en
Protección Social
3.2
Promover políticas de Estado en Salud y Seguridad en el Trabajo con
consenso tripartito.
3.3
Fortalecimiento del tripartismo y el Diálogo Social en Salud y Seguridad
en el Trabajo (avanzar en el protagonismo de los agentes sociales en la
Seguridad y Salud en el Trabajo)
3.3.1 Participación Sindical
3.4
Fortalecimiento mejora y avance de la cultura preventiva
3.5
Incrementar la cooperación y la colaboración regional en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1
Conocer la situación de la Seguridad y Salud de los trabajadores en
cada país. Perfil nacional. Mejora de los Sistemas de Información y
Registro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
4.2
Reforzar el marco normativo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.3
Reforzar los Órganos Técnicos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.4
Reforzar las Instituciones nacionales de Inspección y Control de las
Obligaciones Preventivas.
4.5
Avanzar en el estudio de la multicausalidad de los accidentes de
trabajo.
4.5.1 Mejorar los sistemas de detección de Enfermedades profesionales
4.6
Promover programas de apoyo a las empresas de menos de 15
trabajadores y a los trabajadores dependientes.
4.6.1 Promover programas específicos para trabajadores y empresarios
de empresas contratistas y subcontratistas
4.7
Mejorar la capacitación de los agentes implicados en la salud y
seguridad.
5. PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO CSA Y LA ESTRATEGIA REGIONAL
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5.1
La CSA y la Seguridad y Salud en el trabajo a nivel regional
2
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
Para desarrollar una adecuada estrategia iberoamericana en seguridad y salud
en el trabajo es necesario conocer en detalle las características tanto
cuantitativas como cualitativas de la situación sociolaboral en la Región.
Aunque todos los organismos internacionales señalan que no existen datos
fiables en lo referido a empleo, protección social y Seguridad y Salud en el
Trabajo, hay ciertos rasgos destacables que podemos apuntar como
significativos.
1.1 MATERIA SOCIO-LABORAL
En la mayoría del los países de la región preexiste un alto índice de pobreza y
de indigencia relacionado con una muy inequitativa distribución de la renta (la
peor a nivel mundial), que según la CEPAL (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe) y la OIT, se agudizará con la crisis que estamos sufriendo
actualmente y repercutirá en los ya elevados índices de desempleo, entre otros
indicadores.
El tejido laboral está dominado por el fenómeno de la “informalidad” (casi la
mitad del que existe), con unos índices muy altos de trabajo precario, sin
derechos laborales ni de protección social para la mayoría de la población.
El sector agrícola arrastra un importante atraso, que hace que sus condiciones
de trabajo sean especialmente desfavorables y que este considerado junto con
la minería y a la construcción dentro de los de mayor siniestralidad. En todos
los sectores existe un bajo nivel de productividad tecnológica que convive con
cláusulas de productividad en la fijación de salarios, lo cual incide
negativamente en las economías de la clase trabajadora
Para conseguir abaratar aún más los costes laborales se están dando
importantes procesos de deslocalización, que conllevan a su vez menores
niveles de protección social y son
muy importantes los procesos de
terciarización y subcontratación que hacen que se acaben diluyendo
responsabilidades empresariales, especialmente en los temas de seguridad y
salud en el trabajo.
Son las mujeres las que sufren condiciones de trabajo más desfavorables, ya
que lejos de tenerse en cuenta los aspectos de género, se ahonda aún mas en
la desigualdad y en la discriminación. Junto a ellas los jóvenes y la población
migrante, son los colectivos más vulnerables y más afectados por esta
situación sociolaboral de falta de derechos laborales básicos.
La crisis internacional nos afecta por varios canales aunque no a todos los
países por igual; aunque América Latina y el Caribe están mejor preparadas
que en crisis anteriores para afrontarla, ya se observan deterioros en algunos
indicadores económicos, así por ejemplo, la importancia de las remesas es
muy significativa para algunos países del Caribe y de Centroamérica, como
México, Colombia Guatemala y estas se están viendo afectadas seriamente.
Por otro lado se esta produciendo una desaceleración de las exportaciones y
una caída del precio de los productos básicos, que también afecta
negativamente a la economía iberoamericana y se espera según CEPAL un
deterioro de los términos de intercambio en 2009.
3
Para intentar abordar todos estos problemas se hace necesaria una implicación
del Estado, que deberá asumir un nuevo rol protegiendo a los sectores más
vulnerables y asegurando un desarrollo inclusivo tal, y como se recoge en el
programa de acción de la Confederación Sindical de las Américas. Deberá así
mismo promocionar el tejido productivo que incorpore mas conocimiento y de
prioridad a la innovación y por último deberá regular la actividad económica
para que la búsqueda de rentabilidad privada no conspire contra en bienestar
general de la sociedad.
El importante acervo jurídico con el que actualmente se cuenta debe ser
fortalecido en su puesta en practica, vigilancia y control por parte de los
Estados creando y dotando de medios a los organismos responsables,
especialmente a la Inspección de Trabajo.
Apoyando a las Instituciones y a las políticas públicas de protección social y
Salud y Seguridad en el trabajo el Estado se iniciará un camino acertado hacia
la mejora de la calidad de vida de todos los trabajadores latinoamericanos.
Es imprescindible conseguir que la crisis no aumente la inequidad a través del
sesgo de las medidas y preservar la capacidad de mantener el gasto social,
especialmente aquel orientado a aumentar el desarrollo humano (educación,
sanidad, etc.)
En todo este proceso de cambio es vital que la voz de los trabajadores se oiga,
fortaleciendo los mecanismos de tripartismo y el Diálogo Social, acabando con
las limitaciones que hoy existen al ejercicio de la acción sindical
y
desarrollando la negociación colectiva como instrumento para que los agentes
sociales sean protagonistas en todos los procesos de cambio.
La declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos fundamentales en
el trabajo y su seguimiento constituye una contribución decisiva para el logro
de este objetivo, con especial relación al Convenio de la OIT 87 de Libertad
Sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948 y el Convenio 98
sobre el derecho de sindicación y Negociación Colectiva de 1949.
1.2 PROTECCIÓN SOCIAL
El artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos del 1948 señala que
el derecho a la seguridad social es un Derecho Humano fundamental, pero la
situación en América Latina es que la mayoría de la población trabajadora
disfruta de unos escasos o nulos niveles efectivos de protección.
El programa de acción de la CSA (Confederación Sindical de las Américas)
recoge el acceso gratuito y universal a los servicios públicos como educación,
sanidad y agua, pero la realidad es que la mayoría de los países
latinoamericanos no garantizan estos derechos a sus poblaciones
La progresiva aplicación del modelo neoliberal ha causado un deterioro
Importante en los indicadores socioeconómicos; se ha reducido
considerablemente el papel del Estado y la participación de las organizaciones
sociales y se han destruido los sistemas de seguridad social, iniciándose un
proceso de privatización en salud, pensiones y riesgos profesionales.
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Por otro lado, existen políticas de privatización y de contención del gasto social,
que han afectado a los sistemas de asistencia médica, excluyendo servicios y
aumentando los gastos de bolsillo.
Actualmente existen importantes déficits en la protección a la maternidad y a la
infancia, siendo especialmente lamentables los datos que indican que más de
17 millones de niños trabajan y de ellos 22.000 fallecen al año por falta de
medidas preventivas en el trabajo.
Incluso la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico)
considera en la última edición de Perspectivas Económicas de América Latina
(2009), que en una sociedad tan afectada por las disparidades
socioeconómicas como Latinoamérica, es preciso reorientar la fiscalidad y el
gasto público para combatir la pobreza y reducir la desigualdad y como en el
informe del año pasado insiste en que el sistema fiscal debe aumentar y
diversificar sus ingresos, y mejorar la eficiencia y la justicia del gasto público.
Es necesario mejorar la calidad del gasto público, atendiendo a las
necesidades de coberturas mínimas de la población, mejorando el deficiente
sistema de pensiones existente, el gasto en educación por alumno (que es
cinco veces inferior que en los países de la OCDE) y tratando de que el Estado
recupere el control sobre el sistema sanitario haciéndolo gratuito y universal
con la coordinación necesaria.
Según CEPAL en el año 2007 el gasto social por PIB en América latina y el
Caribe fue del 18,3%. Superando para ese mismo año el 40% en la Unión
Europea y el 35% en los países de la OCDE.
Se hace necesario diseñar políticas fiscales y tributarias progresivas, así como
el reforzamiento de la capacidad de recaudación, control y sanción de las
administraciones para evitar la evasión de impuestos y la generalizada
percepción de impunidad existente en la actualidad. Las políticas de
responsabilidad fiscal y financiera deben estar subordinadas a las metas
sociales, tal y como se señala en el documento de la plataforma laboral de las
Américas.
Además se debe tener en cuenta la política demográfica en las políticas
públicas. Según CEPAL se prevé que en Latinoamérica en 2050 la población
mayor de 60 años supere el 23%, mientras que la joven decrezca en un 17%
con lo cual se de un envejecimiento que generará unas necesidades que habrá
que cubrir.
No obstante, en Latinoamérica y el Caribe, África, y Asia el 75% de la
población se encuentra sin cobertura de la Seguridad Social, razón por la cual
el problema prioritario para estas regiones es extender la protección social a
su población. La injusta distribución de la riqueza genera profundas
desigualdades, sólo el 10% de la población mundial concentra los mayores
ingresos. La discriminación de género condena a las mujeres a la pobreza y a
los puestos de trabajo más precarios. El envejecimiento de la población
mundial es un hecho que preocupa a Latinoamérica y hoy afecta
principalmente a la Unión Europea, los EEUU y Japón. En estos países con
alto grado de cobertura esto representa un desafío en el futuro cercano sobre
la sustentabilidad de sus sistemas de protección social. El gran desafío para
América Latina es la ampliación de la cobertura y el diseño de políticas que
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apunten a la eliminación de la informalidad y prever coberturas para el adulto y
la adulta mayor tanto en salud como en pensiones.
1.3 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:
El diagnóstico en materia de seguridad y seguridad y salud, al formar parte esta
política de las maltrechas políticas sociales no es muy distinto de lo comentado
hasta ahora.
Existen estimaciones gravísimas sobre la siniestralidad (40.000 accidentes
mortales) y morbilidad (200.000 muertes por enfermedades profesionales al
año) con especial atención al cáncer de origen laboral. Hay que tener en
cuenta que dada la preponderancia de la economía informal en la región, es
difícil hacer valoraciones certeras en cuanto a estos datos, además de la
inexistencia en la Región de registros fiables de daños derivados del trabajo.
En la mayoría de los países existe una total ausencia de sistemas de
información que nos proporcionen datos sobre los daños derivados de los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Los sectores agropecuario, minería y construcción son los que mas altos
índices de siniestralidad registran (140.000 muertes derivadas de accidente de
trabajo o enfermedad profesional anuales estimadas), por lo que deben ser
objeto de acciones prioritarias, tendentes a la progresiva reducción de esos
datos negativos.
Es necesario priorizar acciones sobre la economía informal y las pequeñas y
muy pequeñas empresas. Ya que “los déficit de trabajo decente son mas
acusados en la economía informal y a menudo su trabajo se caracteriza por
lugares de trabajo pequeños o no definidos, condiciones de trabajo inseguras e
insalubres, bajos niveles de competencias y productividad, ingresos bajos o
irregulares, largas jornadas laborales y por falta de acceso a la información a
la tecnología y a la formación”
“Aunque están expuestos a mayores riesgos y, por lo tanto están mas
necesitados la mayoría no recibe protección social ni prestaciones de la
seguridad social o recibe muy pocas” (Conferencia General de la OIT,
congregada en su 90ª reunión, 2002)
Dentro de este diagnóstico de situación, destaca, por su especial gravedad e
invisibilidad estadística, la situación de las mujeres trabajadoras. Aunque en las
encuestas la mayoría de ellas declaran estar sometidas a ritmos de trabajo
altísimos, trabajo en cadena, trabajos repetitivos y situaciones en las que no
pueden tomarse ni un momento de descanso, la ausencia de datos fiables que
avalen la existencia de estos problemas hace que no se tomen las medidas
preventivas necesarias para subsanar esta situación.
Las enfermedades psicosociales y las alteraciones músculo esqueléticas son
problemas comunes que refiere una gran mayoría de trabajadoras y que sería
necesario abordar con urgencia para mejorar sus condiciones laborales y
conseguir que su trabajo se aproxime mas a lo que se considera decente.
Las políticas de seguridad y salud en el trabajo no suelen aparecer en los
planes de trabajo de los gobiernos. La mayoría de los países no han ratificado
o aplicado las normas internacionales, y más aún, en muchos casos se
desconoce la existencia del Convenio 155 de la OIT como norma de
referencia.
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Para intentar atajar este grave problema es imprescindible el conocimiento y la
difusión de las soluciones técnicas y organizativas que harán que el medio
laboral sea más seguro, pero actualmente nos encontramos con que no
existen instituciones investigadoras y divulgadoras del conocimiento científico
adaptado a la mejora de las condiciones de trabajo. Al mismo tiempo la
totalidad de los agentes implicados (trabajadores, mandos intermedios,
empleadores) carecen de formación adecuada en materia preventiva.
Además no existen sistemas eficaces de inspección, vigilancia y control del
cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
lo que genera una extendida impunidad ante la infracción de las normas. Esta
impunidad se ve agravada por la generalizada terciarización y subcontratación
laboral y de riesgos, que hace que se diluya la responsabilidad empresarial.
La sociedad en general carece de información sobre los riesgos y los daños
derivados del trabajo, y existe por tanto una escasa sensibilización y una muy
pobre cultura de la prevención.
El nivel de protección en caso de accidente de trabajo o de enfermedad
profesional es muy escaso y, dada la falta de cultura preventiva, se suele
desconocer que los riesgos derivados del trabajo y los daños que producen son
evitables.
Para tratar de abordar el problema de la siniestralidad laboral deben estar
implicados todos los agentes (trabajadores, empresarios y gobiernos), creando
marcos de participación homogéneos que permitan avanzar en el
establecimiento de políticas de seguridad y salud en el trabajo.
En este sentido la creación de órganos de coordinación entre administración y
agentes sociales, al estilo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
trabajo de España, constituiría un instrumento importante en el diseño de
políticas preventivas y en la coordinación de actuaciones de todos los
implicados.1
La negociación colectiva se perfila como herramienta indispensable en este
campo, debiendo incorporar la Seguridad y la Salud en el trabajo como materia
prioritaria. En este contexto las centrales sindicales tendrán que desarrollar un
papel importantísimo, por lo que se hace necesario el fortalecimiento de sus
capacidades a nivel organizativo y funcional.
1
Una referencia válida puede ser la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Española,
órgano de participación institucional en la materia, integrada por representantes de la Administración
General del Estado (de diferentes Ministerios y Direcciones facilitando así la coordinación interna), de
las Administraciones locales autónomas, y por representantes de las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas, constituyendo así, los cuatro grupos de representación de la misma.
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2. MARCO DE REFERENCIA OBLIGADO Y ANTECEDENTES
INTERNACIONALES Y REGIONALES
2.1 MARCO DE REFERENCIA OBLIGADO
2.1.1. Posiciones movimiento sindical de las Américas:

Plataforma Laboral de las Américas.

Programa de Acción Confederación Sindical de trabajadores y
trabajadoras de las Américas - CSA, en su apartado de Salud
laboral y ambiente de trabajo, establece que “La salud laboral se
construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con
condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y
trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y
donde sea posible su participación para la mejora de las
condiciones de salud y seguridad. La CSA, por ser América
Latina y Caribe una de las regiones más afectadas por casos de
trabajadores con enfermedades laborales o muertes
ocasionadas por su labor, se compromete a avanzar en el logro
de metas que permitan un abordaje prioritario de esta situación.
Entre ellas señalamos: vincular la salud laboral a las políticas y
prácticas de salud medioambiental y de salud pública; fortalecer
los convenios, convenciones y programas de la OIT; darles
seguimiento y promoverlos; tener en cuenta la necesidad de
adoptar enfoques diferenciados en los países desarrollados y en
desarrollo; servirse de ello como elemento central de las
campañas de lucha contra el VIH/SIDA; prevenir las muertes, las
lesiones y enfermedades laborales a causa de los efectos de las
sustancias químicas o peligrosas, como el amianto; y asegurar el
derecho a la salud reproductiva de los hombres y las mujeres.
2.1.2 Normas Internacionales de Trabajo:

Convenios fundamentales de la OIT:
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, (núm. 87) 1948. Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva (núm. 98)1949. Convenio
sobre el trabajo forzoso (núm. 29) 1930. Convenio sobre la
abolición del trabajo forzoso (núm. 105) 1957. Convenio sobre la
discriminación (empleo y ocupación) (núm. 111) 1958. Convenio
sobre igualdad de remuneración (núm. 100) 1951. Convenio
sobre la edad mínima de trabajar (núm. 138) 1973. Convenio
sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 182) 1999

El Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores y
medio ambiente de trabajo, en el que se establece la obligación
de los Estados miembros de formular, poner en práctica y
reexaminar una política nacional y coherente en materia de
seguridad y salud de los trabajadores, adoptándose las
correspondientes mediadas y se establecen unas garantías y
derechos para conseguirlo.
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
El convenio 161 sobre los Servicios de Salud en el trabajo, en el
que los estados miembros se comprometen a establecer
progresivamente servicios de salud en el trabajo para todos los
trabajadores, incluidos los del sector público y los miembros de
las cooperativas de producción, en todas las ramas de actividad
económica y en todas las empresas.

El convenio 187 para el marco promocional para la seguridad y
salud en el trabajo, en el que los Estados que lo ratifiquen se
comprometen a:
1. Promover la mejora continua de la seguridad y salud en el
trabajo con el fin de prevenir las lesiones, enfermedades y
muertes ocasionadas por el trabajo mediante el desarrollo de
una política, un sistema y un programa nacionales, en consulta
con las organizaciones más representativas de empleadores y
de trabajadores.
2. Adoptar medidas activas con miras a conseguir de forma
progresiva un medio ambiente de trabajo seguro y saludable
mediante un sistema nacional y de seguridad y salud en el
trabajo, teniendo en cuenta los principios recogidos en los
instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
pertinentes para el marco promocional para la seguridad y salud
en el trabajo.
3. En consulta con las organizaciones más representativas de
empleadores y de trabajadores, deberá examinar periódicamente
las medidas que podrían adoptarse para ratificar los convenios
pertinentes de la OIT en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

La Recomendación 194 relativa a la lista de Enfermedades
Profesionales y el registro y notificación de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales.

Convenio 102 sobre la Seguridad Social. Norma mínima,
principal instrumento jurídico a nivel internacional que establece
el carácter mínimo de la protección que deben establecer los
países que lo suscriben. Estructura nueve ramas de
prestaciones: asistencia médica, prestaciones monetarias por
enfermedad, prestaciones por desempleo, prestaciones de
vejez, accidentes de trabajo y enfermedad profesional (parte VI),
prestaciones familiares, maternidad, invalidez y sobrevivientes.

Convenio 121, de segundo nivel de protección, relativo a las
prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.

Convenio 81 sobre la inspección del trabajo y otros vinculados.

Estrategia Global en Salud y Seguridad en el Trabajo –
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). En la 91.ª reunión
(2003) de la CIT, se llevó a cabo una discusión general sobre
un enfoque integrado de las actividades normativas de la OIT
en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de
aumentar su grado de coherencia, pertinencia e influencia. Con
este enfoque se busca desarrollar un consenso entre los
9
mandantes de la OIT para disponer de un plan estratégico de
acción. La Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una
Resolución para el establecimiento de un plan de acción de la
OIT para la promoción de la seguridad y salud en el trabajo entre
sus Estados miembros que incluye los siguientes rubros: 1
Promoción, sensibilización y actividades de movilización; 2.
Programas nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST); 3. Asistencia y cooperación técnica en áreas prioritarias;
4. Producción, orientación y difusión de conocimientos; 5.
Colaboración internacional e inter-agencial.
2.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES Y REGIONALES
Consensos Tripartitos de Referencia:

Agenda Hemisférica 2006-2010.Se plantea el objetivo de que la
Salud y Seguridad en el Trabajo se conviertan en una prioridad
para los actores sociales de la región y la meta de, en un plazo
de 10 años reducir en un 20 por ciento la incidencia de
accidentes y enfermedades laborales, y duplicar la cobertura de
la protección de la Seguridad y Salud en el Trabajo a sectores y
colectivos escasamente cubiertos.

Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR de 1998, en su
apartado de SST; Resoluciones del Subgrupo 10 del
MERCOSUR sobre Asuntos laborales, empleo y seguridad
social; Decisión 584 de “Instrumento ANDINO de Seguridad y
Salud en el Trabajo”.

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una
globalización equitativa, 2008. La Conferencia reconoce y
declara entre sus objetivos el de adoptar y ampliar las medidas
de protección social y protección de los trabajadores, incluida la
salud y seguridad en el Trabajo, que sean sostenibles y estén
adaptadas a las circunstancias nacionales con inclusión de unas
condiciones de trabajo saludables y seguras.

Declaración OIT sobre Empresas Multinacionales que señala
entre otros los siguientes puntos: Los gobiernos deberían
asegurarse de que tanto las empresas multinacionales como las
nacionales apliquen normas adecuadas en materia de seguridad
e higiene para sus trabajadores. Las empresas multinacionales
deberían mantener un nivel máximo de seguridad e higiene, de
conformidad con las exigencias nacionales, teniendo en cuenta
la experiencia adquirida a este respecto en el conjunto de la
empresa, incluido cualquier conocimiento sobre riesgos
especiales. Deberían comunicar a los representantes de los
trabajadores en la empresa y, si lo solicitan, a las autoridades
competentes y a las organizaciones de trabajadores y de
empleadores en todos los países en que operen, informaciones
acerca de las normas sobre seguridad e higiene aplicables a sus
operaciones locales, que observen en otros países.
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3. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA IBEROAMERICANA EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3.1 GENERACIÓN DE EMPLEO CON DERECHOS LABORALES Y
PROTECCIÓN SOCIAL
El trabajo decente va unido indisolublemente a los derechos laborales y la
protección social.
Los gobiernos son actores imprescindibles en la generación de este tipo de
empleo, constituyéndose en garantes de tales derechos y teniendo un rol
activo en el proceso de cambio necesario para llevar a cabo políticas de
generación de empleo, de innovación tecnológica de seguridad y salud y de
previsión social, con el fin de conseguir el objetivo de un trabajo digno.
La economía informal, muy habitual en la región, se caracteriza porque los
trabajadores tienen un alto nivel de desprotección frente a los daños a la salud,
con menor asistencia médica o sin ella y sin protección económica ante la
pérdida del ingreso. Una de las tareas más necesarias es tratar de acabar con
esta ausencia de derechos, antítesis de lo que se considera trabajo decente,
tratando de establecer los mecanismos adecuados para facilitar la labor de
todos los sujetos implicados en el proceso.
Como punto inicial para la extensión de los derechos laborales y protección
social (Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo) a mayores
porcentajes de la población trabajadora, puede establecerse como objetivo de
la región la reducción en un 50% de los índices actuales de empleo no
registrado, antes de finales de 2012, a través del diseño del paquete de
acciones que se consideren mas eficientes.
La OIT, en la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización
Equitativa de 2008, sienta una nueva base a partir de la cual puede apoyar los
esfuerzos de sus mandantes para promover y alcanzar el progreso y la justicia
social a través de los cuatro objetivos de la Agenda de Trabajo Decente: los
principios y derechos fundamentales en el trabajo empleo, protección social,
diálogo social y tripartismo. Es más, al resaltar la naturaleza interdependiente
de estos cuatro objetivos, la Declaración subraya que la falta de apoyo a
cualquiera de ellos afectaría la promoción de los demás.
Los gobiernos deben acabar con las prácticas antisindicales existentes todavía
en países de la región, y las barreras al ejercicio del derecho fundamental a la
libertad sindical y profundizar en la Negociación Colectiva que servirá como
medio de mejora de las condiciones de trabajo en las empresas y los centros
de trabajo.
En otro nivel, la institucionalización del diálogo social, bipartito, tripartito o
multipartito, a través de la creación de mecanismos y procedimientos de
decisión es indispensable para avanzar hacia un modelo social basado en el
desarrollo económico y social con justicia social, que ha de definir acciones
concretas para la extensión de la cobertura de seguridad socialLa prioridad de acciones en seguridad social y en seguridad y salud en el
trabajo debe ir sobre los colectivos mas desfavorecidos y vulnerables, como
mujeres, jóvenes y migrantes, con especial atención a las maquiladoras y al
servicio doméstico y sobre la economía informal en el que hay un mayor nivel
de desprotección frente a daños a la salud, con menor asistencia médica y sin
protección económica ante la pérdida del ingreso.
11
Para conseguir la generación de empleo con derechos laborales y de
protección social los Estados deben mantener un estricto respeto a los
Convenios de la fundamentales de la OIT y de igual forma, cumplir los
compromisos del Trabajo decente de la OIT, tales como:
sobre la cantidad y calidad del empleo
promoción del trabajo decente para la juventud y el desarrollo
económico local y la prevención y erradicación del trabajo infantil
promuevan las dimensiones del trabajo decente en las políticas
sociolaborales
Contribuir a la reducción de la economía informal y del empleo no
registrado.
La adopción de la declaración de 1998 constituye una contribución decisiva al
logro del objetivo de “proteger y fomentar los derechos básicos de los
trabajadores”, priorizando la vigencia de los Convenios fundamentales de la
OIT: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, (núm. 87) 1948. Convenio sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva (núm. 98)1949. Convenio sobre el trabajo forzoso (núm.
29) 1930. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (núm. 105) 1957.
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (núm. 111) 1958.
Convenio sobre igualdad de remuneración (núm. 100) 1951. Convenio sobre la
edad mínima de trabajar (núm. 138) 1973. Convenio sobre las peores formas
de trabajo infantil (núm. 182) 1999
3.1.1 Ejes Estratégicos en Seguridad Social
La Seguridad Social es un Derecho Humano fundamental, y el rol
protagónico del Estado es esencial para garantizarlo (como tutor y
garante)
Las normas internacionales de la OIT en materia de Seguridad Social
son un referente práctico y vigente de consenso tripartito, que ofrecen
flexibilidad, progresividad y reglas claras en los procesos de extensión
de la cobertura.
Los gobiernos deben impulsar políticas de Trabajo Decente que
incrementen las oportunidades de acceso a empleos en mejores
condiciones de ingreso, seguridad, y productividad, favoreciendo la
“formalización” del empleo con derechos, en coherencia con los Planes
Nacionales de Trabajo Decente, y con el adecuado tratamiento de
género.
Es condición necesaria la participación, en igualdad de condiciones, de
las organizaciones sindicales y de empleadores en el diseño y control
de los modelos de Seguridad Social en cada país.
12
3.1.2 Reconfirmación de la Responsabilidad del Estado Nación en
Seguridad Social
La función prioritaria del Estado es extender la cobertura de la
seguridad social a todos los ciudadanos, a través de un modelo de
Seguridad Social integral, de responsabilidad pública y universal.
La columna vertebral de la Seguridad Social tiene que continuar siendo
la solidaridad social tutelada por el Estado en sus ámbitos local y
nacional.
La seguridad del ingreso requiere una protección social bajo la forma de
intervenciones públicas estatales en seguridad social.
El Estado es la única institución que puede formular un plan nacional
general de desarrollo de la Seguridad Social, con participación de
trabajadores y empleadores, en el que la cobertura de prestaciones
básicas sólo puede entenderse como un primer paso en el proceso de
extensión de la cobertura a todas las personas, sobre todos los riesgos,
con
prestaciones
suficientes,
permanentes
y
sostenibles
financieramente.
El seguro privado no está en condiciones de cubrir adecuadamente los
riesgos sociales. Las franjas con menos recursos de la población están
excluidas por la limitación o carencia de su capacidad contributiva
3.2 PROMOVER POLÍTICAS DE ESTADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO CON CONSENSO TRIPARTITO
El objetivo de la estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el trabajo
es el cuidado de la salud y la vida de los trabajadores en el ámbito preventivo y
reparador, en coherencia con la promoción del trabajo decente. Para conseguir
este objetivo es necesario que se establezcan políticas de Estado en Seguridad
y Salud en el trabajo cuyo objetivo sea mejorar las condiciones de trabajo en
coherencia con las premisas definidas para el trabajo decente. En la
elaboración de estas políticas deberán participar, el Estado, los representantes
de los empresarios y los representantes de los trabajadores.
Los pilares de esta política de Estado han de ser, como hemos definido en el
marco de referencia:
I. Los Convenios de la OIT relativos a la materia:
El Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo.
El convenio 161 sobre los Servicios de Salud en el trabajo2
El convenio 187 para el marco promocional para la seguridad y salud en el
trabajo.
13
La Recomendación 194 relativa a la lista de Enfermedades Profesionales y el
registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Convenio 102 sobre la Seguridad Social. Norma mínima.
El Convenio 121 relativo a las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional
El Convenio 81 sobre la inspección del trabajo
Asimismo las necesarias estrategias nacionales de Seguridad y Salud en el
Trabajo, (derivadas del compromiso de los Gobiernos con la Estrategia
Iberoamericana) y las experiencias nacionales deberán formar parte las bases
para elaborar las políticas de Seguridad y Salud.
Las políticas de Estado en Seguridad y Salud en el Trabajo deben incluir el
reforzamiento del marco normativo en todos los países de la región, marcando
las pautas para su elaboración donde no exista o completándolo con desarrollo
reglamentario sobre determinados riesgos donde sea necesario,. Es
imprescindible que en la elaboración de este marco normativo participen tanto
los representantes de los trabajadores, como los de los empresarios y el
Estado.
II. El reforzamiento de los sistemas de vigilancia y control es indispensable
para el cumplimiento del mismo, dotándolos de medios materiales y humanos
y planificando programas específicos de trabajo orientados a los sectores con
más siniestralidad en cada país
Deberá llevarse a cabo el desarrollo y reforzamiento de los Sistemas
Preventivos en cada país miembro. Según el convenio 187 el Sistema Nacional
al menos debe incluir la legislación, los convenios colectivos en su caso, una
autoridad u organismo, o autoridades u organismos responsables de la
seguridad y salud en el trabajo; mecanismos para garantizar la observancia de
la legislación nacional, incluidos los sistemas de inspección, y disposiciones
para promover en el ámbito de la empresa la cooperación entre la dirección, los
trabajadores y sus representantes, como elemento esencial de las medidas de
prevención relacionadas con el lugar de trabajo.
III Garantizar prestaciones sociales suficientes en los casos de Accidentes de
Trabajo y las Enfermedades Profesionales El grave déficit de trabajo decente
esta haciendo que los niveles de cobertura, reparación rehabilitación y
readaptación profesional sean escasos o inexistentes, por lo cual las políticas
de Seguridad y Salud en el Trabajo deben establecer los mecanismos
necesarios para que el trabajador que sufra un daño derivado del trabajo vea
cubiertas todas sus necesidades.
IV El propio Estado, en su papel de empleador, deberá ser ejemplo en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia preventiva, incluso en los casos
en los que subcontrate actividades con empresas privadas
V Se articularán mecanismos de cooperación técnica internacional a través de
la OIT u organismos similares, para el diseño y la aplicación de las Políticas de
Estado en Seguridad y Salud en el trabajo en los países que tengan más
dificultades y se prestará apoyo técnico a las Organizaciones Sindicales a
través de instituciones técnico- sindicales especializadas en SST como por
14
ejemplo el Instituto Laboral Andino o el Instituto Sindical para América Central y
el Caribe.
Del mismo modo se promoverá la creación o el fortalecimiento de Organismos
técnicos nacionales, aprovechando las estructuras técnicas existentes en cada
país, cuyas funciones serán: El asesoramiento técnico en la elaboración de
normativa legal nacional, la realización de actividades
de formación,
investigación, estudio y divulgación en temas de prevención de riesgos
laborales, el apoyo técnico y colaboración con los organismos de inspección
vigilancia y control, entre otras.
VI. Se fomentará el desarrollo y cumplimiento de la Responsabilidad Social de
las empresas multinacionales para la homogeneización de las condiciones
sociolaborales que estas aplican en los diferentes países, tomando como
referencia la de su país de origen.
La Plataforma Laboral de las Américas señala que las empresas deben asumir
su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la
sociedad, ajustando obligatoriamente su actuación a la Declaración Tripartita
de la OIT las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE
(2004), El “Global Compact” de las Naciones Unidas ("Pacto Mundial" entre las
Naciones Unidas y el mundo de los negocios cuyo fin es que todos los pueblos
del mundo compartan los beneficios de la mundialización e inyectar en el
mercado mundial los valores y prácticas fundamentales para resolver las
necesidades socioeconómicas)., y los Acuerdos Marco internacionales en
vigencia3
El Programa de Acción de la Confederación Sindical Americana en su punto 70
señala que se continuará con el trabajo iniciado de investigación y seguimiento
a multinacionales, y en su punto 72 apunta que el importante desarrollo
alcanzado en esta década por la FSI en materia de acuerdos bilaterales con
determinadas multinacionales recomienda un proceso de difusión de su
contenido y promoción de su uso.
3.3 FORTALECIMIENTO DEL TRIPARTISMO Y EL DIÁLOGO SOCIAL EN
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (avanzar en el protagonismo
de los agentes sociales en la Seguridad y Salud en el Trabajo):
Participación Sindical
Como herramienta imprescindible para la profundización del Tripartismo en
Salud y Seguridad en el Trabajo se deberán constituir o fortalecer espacios de
Diálogo Social Tripartitos antes del año 2010 en los que se elaboren políticas
en materia de seguridad y salud teniendo en cuenta los principios de
coherencia (recursos suficientes para conseguir los objetivos marcados), con el
adecuado consenso (al que llegar garantizando una participación informada y
propositiva en igualdad de condiciones) y coordinación (entre las diferentes
áreas de la administración pública involucradas en la ejecución de los acuerdos
y los programas derivados de los mismos)
15
El objetivo de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo
es concretar programas básicos de actuación, articulando líneas de trabajo
concretas y desarrollando una Estrategia propia en cada país en coherencia
con los rasgos diferenciales de la siniestralidad en Ibero América.
Esta estrategia deberá ser objeto de análisis y posterior adaptación a la
realidad nacional a partir del diagnóstico obtenido Deben tenerse en cuenta las
diferencias históricas, culturales, los antecedentes jurídicos de los países y la
diferencia de intereses y posiciones en la delegación tripartita de cada país.
La planificación de la Estrategia Nacional en Seguridad y Salud en el Trabajo
en cada país debe contar con el compromiso de los gobiernos de cumplir y
desarrollar la Estrategia Regional en la medida de sus competencias federales.
Deberá llevarse a cabo una continua evaluación de la aplicación de la
Estrategia Nacional contando para ello con la participación de la representación
de los trabajadores se identificaran unos indicadores eficaces de seguimiento
focalizando inicialmente los accidentes mortales e incapacitantes de los
sectores con más siniestralidad como son el agropecuario, la minería y la
construcción.
La plataforma Laboral de las Américas propone crear mecanismos y
procedimientos de decisión y consulta tripartitos de carácter sociolaboral
articulados por la OIT.
Es necesario fomentar la participación activa en la empresa estableciendo
mecanismos para que los trabajadores y sus representantes, con el apoyo de
sus centrales intervengan en la gestión preventiva. Para ello se creará la figura
del delegado sindical en prevención en las empresas de más de 10
trabajadores y de Comités paritarios en las empresas de más de 50
trabajadores.
Es primordial favorecer y fomentar la inclusión de los aspectos de la Seguridad
y Salud en el Trabajo en la Negociación Colectiva
Tanto delegados como comités contarán con una reglamentación básica que
recoja sus funciones, derechos y protección y serán capacitados de forma
continua para el ejercicio de sus actividades. Para esta capacitación se tendrá
el apoyo institucional y de cooperación técnica de entidades especializadas
iberoamericanas y europeas.
En todo caso todo trabajador tendrá derecho a interrumpir una situación de
trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro
inminente y grave para su salud, estando protegido en tal caso de
consecuencias injustificadas.
Las centrales sindicales trabajaran en coordinación con las instituciones de
inspección vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en Salud y
Seguridad en el trabajo en sus funciones.
3.4 FORTALECIMIENTO,
PREVENTIVA
MEJORA Y AVANCE
DE LA
CULTURA
La difusión e impulso de la cultura preventiva a todos los niveles es
indispensable para conseguir integrar la Seguridad y la Salud en todo en
engranaje laboral.
16
Entendemos que hay cultura preventiva cuando:
Se es capaz de entender los riesgos que se enfrentan; priorizarlos; identificar
caminos prácticos para ponerlos bajo control; se cuenta con mecanismos de
discusión para lograr el mejor tratamiento; cuando los individuos están alertas y
son “dueños” de la salud y seguridad; tienen una actitud consciente y
minuciosa hacia los temas de salud y seguridad; tienen buenos canales de
información; la Dirección muestra su compromiso con el tema en cada actitud y
tienen información técnica actualizada.
Para lograr que la cultura de la prevención se integre, es necesario que en
todas las políticas públicas: empleo, economía, salud y seguridad social,
educación, industria, medio ambiente, etc.
Para conseguir su fomento y expansión se deberán instaurar las siguientes
medidas:
 Antes de 2012 se debe incorporar la Seguridad y la Salud a los diferentes
programas educativos.
 Se desarrollarán campañas informativas dirigidas a empresas, trabajadores
y sociedad en general siguiendo unos criterios de priorización y eficiencia
determinados:
o Se realizarán al menos 2 campañas anuales hasta 2012, que
coincidirán con el día mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, para concienciar a la sociedad de que el accidente de
trabajo y la enfermedad profesional tienen causas previsibles y
evitables y no son una fatalidad asociada al trabajo.
o Se realizarán campañas sectoriales sobre los sectores con más
siniestralidad laboral, como son el sector agrario, la minería y la
construcción.
o Se promoverán campañas priorizadas sobre, mujeres, jóvenes y
poblaciones originarias.
3.5 INCREMENTAR LA COOPERACIÓN Y LA COLABORACIÓN
REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos anteriormente señalados, es
necesario contar con el apoyo de organismos e instituciones regionales e
internacionales con conocimiento y experiencia en la materia.
El diseño de la estrategia Iberoamericana en Seguridad y Salud en el Trabajo
hace necesaria la cooperación y colaboración de organismos internacionales,
Cooperación internacional, la Confederación Sindical Internacional y la Unión
Europea.
La Confederación Sindical Americana, destaca la necesidad de fortalecer los
procesos de integración subregional y regional, con una participación plena de
los trabajadores y trabajadoras, como respuesta a los tratados de libre
comercio, que solo profundizan en la brecha entre, y dentro, de los países
empobrecidos y países ricos
Los países de la Región deben asumir el compromiso de aportar a los
organismos intencionales, que tripartitamente se decida los datos necesarios
para el seguimiento del grado de cumplimiento de la Estrategia
17
Iberoamericana. Anualmente se elaborará un informe con los resultados y se
pondrá a disposición de la Confederación Sindical de las Américas. A través de
esta misma organización, el movimiento sindical latinoamericano, como
mandantes de la OIT, pedirá la colaboración técnica que estime conveniente en
este proceso a la Oficina Internacional del Trabajo.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.1 CONOCER LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES EN CADA PAÍS.
Un elemento imprescindible a la hora de abordar el problema de la
siniestralidad laboral, es tener el máximo de información sobre sus
características cualitativas y cuantitativas. El conocimiento de las causas de los
accidentes y de las condiciones de trabajo de los diferentes sectores,
especialmente los más golpeados por la siniestralidad laboral y el conocimiento
también de los datos existentes sobre accidentes nos facilitará la elaboración
de planes de trabajo eficaces. A la hora de tratar la información debemos tener
en cuenta las características propias de cada país, sus diferencias culturales,
sociolaborales, históricas, etc.
Los sistemas de información y registro de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales pueden ser mejorados:

Es necesario disponer de información precisa y actualizada sobre los
daños de origen laboral en la Región para orientar adecuadamente la
acción preventiva y como indicadores de la misma a medio y largo plazo
(actualmente sólo se registran entre el 5 y el 10%).

Las Encuestas sobre salud y condiciones de trabajo son un instrumento
útil de análisis, y un complemento indispensable ante sistemas de
registro de daños deficientes
1. Antes de 2012 se diseñarán e implementarán Encuestas de
Condiciones de Trabajo de ámbito nacional y subregional para
conocer las condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo y
mejorar así el Sistema de información en Seguridad y Salud en el
Trabajo. Se llevará a cabo con la conveniente cooperación técnica
internacional que será muy necesaria para conseguir una correcta
homogeneización regional de conceptos.
2. Antes de 2012 se promoverá incluir en las encuestas de hogares,
vida o censos un módulo con preguntas sobre condiciones de
trabajo y de salud laboral para mejorar el sistema de información y
conocimientos en esta materia.
Es precisa la coordinación entre los Ministerios de Trabajo, de Salud, las
autoridades competentes en materia preventiva y la Seguridad Social para el
diseño, con la participación de los agentes sociales, de procedimientos de
detección, declaración y registro adecuados. Para esta tarea se contará con la
conveniente colaboración técnica internacional.
El trabajo de coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y el de Trabajo
puede marcarse los siguientes objetivos:
18
•
Antes de 2012 se diseñarán programas formativos dirigidos al personal
sanitario de atención primaria y especializada de toda la red de
asistencia, a fin de capacitarlos en la detección de enfermedades y
daños relacionados con el trabajo.
•
Antes de 2012 los Ministerios de Salud y de Trabajo elaborarán un
protocolo de intercambio de información a fin de mejorar los sistemas
de registro y de protección social y sanitaria.
•
Llevar a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores de la
economía informal al objeto de detectar y tratar precozmente los daños
y alteraciones de su salud relacionados con el trabajo. Los Ministerios
de Salud y de Trabajo de cada país desarrollarán los mecanismos de
colaboración necesarios para intercambiar datos y mejorar de esta
forma el sistema de información y la protección social de este colectivo
tan vulnerable.
•
Antes de 2012 se diseñarán y realizarán en cada país programas de
vigilancia de epidemiológica sobre determinadas enfermedades
relacionadas con el trabajo que se consideren de mayor incidencia en
cada país
¿Por que es necesaria esta coordinación?
Necesitamos un sistema de información sanitaria que permita el control y el
registro de morbilidad y mortalidad por enfermedad profesional
La primera condición para poder solucionar un problema es reconocer que
existe: es necesario evidenciar la relación que existe entre los daños a la salud
que sufrimos (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) y las
deficientes condiciones de trabajo en las que desarrollamos nuestra tarea en
los centros de trabajo para poder exigir que se implanten medidas de
prevención de riesgos laborales. De esta manera se podrá implementar el
conjunto de medidas necesarias, tanto para evitar los riesgos, como para
proporcionar la cobertura necesaria a la persona trabajadora que ha sufrido un
accidente o enfermedad profesional.
Un Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral (SISSL) debe permitir, a
través de la información que genera, mejorar el conocimiento del estado de
salud de la población trabajadora para, tras el correspondiente análisis, poder
implementar las medidas necesarias dirigidas a aumentar el mencionado nivel
de salud de los trabajadores y trabajadoras a través de la mejora de sus
condiciones de trabajo.
Serán actividades derivadas de la implantación de un Conjunto Mínimo de
Datos imprescindibles (regulados normativamente), la recogida anual de la
información, su análisis e interpretación, la difusión de sus resultados y la
definición de planes y programas de salud laboral.
4.2 REFORZAR EL MARCO NORMATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO.
19
Todos los países deben disponer de un marco normativo específico relativo a la
prevención de riesgos laborales, la salud y seguridad en el trabajo y la
cobertura de los riesgos profesionales, tomando como referencia los Convenios
Internacionales respectivos de la OIT (155, 161, 187, 102, 121 y los
Cconvenios fundamentales).
El diseño, actualización o reforma de los marcos normativos nacionales deben
realizarse con la participación de las organizaciones sindicales.
La responsabilidad de los empresarios (incluido el Estado como empleador) en
Seguridad y Salud en el Trabajo debe quedar claramente definida en el cuerpo
normativo de cada país, así como la regulación de los derechos de
participación y representación de los trabajadores.
El sistema normativo debe contener regulaciones sobre riesgos específicos,
agentes físicos, químicos y biológicos, y sobre los sectores de alta
siniestralidad (construcción, minería y agropecuario). Asimismo debe regular la
figura, funciones, derechos y garantias de los representantes de los
trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo y de los Comités de salud y
seguridad, para las empresas de más de 10 trabajadores los primeros, y de
más de 50 trabajadores los segundos
La regulación de la subcontratación y de las responsabilidades derivadas de la
misma deben constituir una prioridad a alcanzar antes de final de 2012.
Para el diseño o reforma de los sistemas normativos podrá contarse con la
Cooperación técnica internacional correspondiente.
4.3 REFORZAR LOS ÓRGANOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.
La creación y fomento de órganos técnicos nacionales públicos de salud y
seguridad en el trabajo, como órganos técnicos de referencia, es necesaria
para conseguir los objetivos de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Construidos a partir de
las experiencias nacionales o internacionales
existentes, estos órganos técnicos se constituyen como entidades de estudio,
análisis e investigación, con producción técnica rigurosa e independiente y
entre sus funciones estarán:
• El diseño y ejecución de encuestas en Seguridad y Salud en el Trabajo
• La elaboración de guías de buenas prácticas para los diferentes sectores
• La elaboración de informes de daños a la salud y sus causas.
• La elaboración de documentos técnicos como las notas técnicas
• El diseño de programas formativos
La definición de sus prioridades de actuación y de seguimiento de las acciones
que acometan se realizará tripartidamente.
4.4 REFORZAR LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE INSPECCIÓN Y
CONTROL DE LAS OBLIGACIONES PREVENTIVAS.
Las funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa son
sumamente importantes en la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Para que puedan cumplir adecuadamente con sus tareas
deberán fortalecerse los medios humanos y materiales, disponiendo de un ratio
adecuado de inspectores por número de trabajadores.
20
Los inspectores y demás personal técnico que forme parte de estas
instituciones requerirá una adecuada formación y una capacitación continua.
Así mismo deberán establecerse garantías de independencia de la actuación
inspectora o controladora instaurándose sistemas retributivos adecuados.
Entre las funciones de estas instituciones estará la de asesoría técnica, que
deberá asistir especialmente a las pequeñas empresas.
Actuarán de forma coordinada con las Organizaciones Sindicales,
especialmente en las labores de vigilancia y control.
4.5 AVANZAR EN EL ESTUDIO DE LA MULTICAUSALIDAD DE LOS
ACCIDENTES DE TRABAJO.
Todos los países de la Región deberán unificar sus métodos de investigación
de accidentes de trabajo y se establecerá una prioridad de actuación sobre los
accidentes de trabajo mortales e incapacitantes. Para ello se deberá disponer
de herramientas metodológicas comunes para la evaluación de riesgos
específicos.
Será preciso contar con el apoyo del ILA (Instituto Laboral Andino) y el ISACC
(Instituto Sindical para América Central y el Caribe )promover programas de
investigación en Salud y Seguridad en el Trabajo, dando prioridad a los
sectores y colectivos mas vulnerables, y dotar a estos programas de la
financiación necesaria para que puedan ser desarrollados.
4.5.1 MEJORAR LOS SISTEMAS
ENFERMEDADES PROFESIONALES.
DE
DETECCIÓN
DE
La invisibilidad de las enfermedades profesionales respecto a los accidentes de
trabajo, hace que sea necesario implementar esfuerzos adicionales para poder
reducir su incidencia.
Será necesario recopilar experiencias internacionales sobre métodos y
programas de detección de Enfermedades Profesionales y Enfermedades
Relacionadas con el trabajo Vigilancia sanitaria con el objetivo de suministrar
información útil para el diseño de medidas de prevención en diferentes sectores
y actividades.
Es imprescindible disponer de herramientas metodológicas comunes para la
evaluación de riesgos específicos, con especial atención a los riesgos
psicosociales, las alteraciones músculo esqueléticas y el riesgo tóxico.
Deberán homogeneizarse los listados de enfermedades profesionales tomando
como referencia la Recomendación 194 de la OIT como listado abierto y se
deberán mejorar los sistemas de declaración y calificación objetiva de forma
consensuada con los agentes sociales para tratar de evitar la demora
administrativa y la judicialización de los procesos.
Para facilitar la detección de enfermedades profesionales y enfermedades
relacionadas con el trabajo, y el intercambio de información sobre el tema, se
establecerán mecanismos de coordinación con las áreas de salud pública.
4.6 PROMOVER PROGRAMAS DE APOYO A EMPRESAS DE MENOS
DE
15
TRABAJADORES
Y
A
LOS
TRABAJADORES
INDEPENDIENTES.
Las pequeñas empresas y los trabajadores / as independientes deben ser
ayudados a cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales.
21
Para ello:
 Se diseñaran sistemas de gestión específicos para este tipo de
empresas
 Se diseñaran programas de formación tanto para los empresarios como
para los trabajadores, que se perfilarán de manera tripartita por los
representantes de los trabajadores, los representantes de los
empresarios y el Estado.

Las instituciones dedicadas a la vigilancia y control del cumplimiento de la
normativa desarrollaran funciones de asesoramiento para las pequeñas
empresas.
Se deberá ampliar la cobertura por contingencias profesionales a los
trabajadores independientes, asistiéndoles según su capacidad de aporte.
4.6.1PROMOVER
PROGRAMAS
ESPECÍFICOS
PARA
TRABAJADORES
Y
EMPRESARIOS
DE
EMPRESAS
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
Cuando existe subcontratación de actividades o cualquier otra modalidad de
descentralización productiva se hace mas complicada la gestión de la
prevención de riesgos laborales y en ocasiones las responsabilidades de los
empleadores suelen acabar diluyéndose. Es especialmente importante
establecer mecanismos de representación de los trabajadores en Seguridad y
Salud para que los trabajadores participen activamente en la gestión de la
prevención a lo largo de la cadena de subcontratación.
Será muy útil asimismo crear Registros de Subcontratación en la construcción,
por ser este sector uno de los de más siniestralidad y uno los que más recurre
a esta modalidad, tanto en la obra pública como en la privada.
Deberán desarrollarse normativamente las condiciones y responsabilidades en
Seguridad y Salud en la obra pública
Las empresas con altos índices de siniestralidad serán objeto de programas
específicos de actuación por parte de las Administraciones competentes y de la
Inspección de trabajo, con objeto de intentar reducir estos índices y mejorar las
condiciones de trabajo.
Se limitará la facultad de contratar con la administración a las empresas que no
cumplan con la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se establecerá un régimen de ordenación y limitación de la subcontratación en
la construcción que proporcione transparencia en la gestión y garantice el
derecho a la Seguridad y Salud en el trabajo a los trabajadores de las
empresas incluidas en las cadenas de subcontratación
Otra de las medidas necesarias será establecer mecanismos jurídicos de
responsabilidad solidaria del empresario principal ante la cadena de
subcontratación.
4.7 MEJORAR LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS EN
LA SALUD Y SEGURIDAD
22
Los agentes implicados en la gestión de la prevención de riesgos laborales en
la Región presentan necesidades formativas que deben ser subsanadas para
conseguir los objetivos de la estrategia. Para solucionar este problema se
diseñaran programas formativos de forma tripartita para empresarios, mandos
intermedios, trabajadores, órganos de inspección y control, especialistas en
Prevención de Riesgos Laborales y personal sanitario. El diseño de los
programas incluirá el aprovechamiento de experiencias nacionales, para el
conocimiento de todos.
Estos programas se presentarán con asignación de los recursos necesarios,
sus fuentes de financiación y llevando a cabo una priorización por sectores. El
objetivo es que antes del 2012 estén capacitados el 25% de los trabajadores y
el 25% de los empresarios de cada país.
5 PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO CSA Y LA ESTRATEGIA
REGIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Se establecerá un plan de acción tanto a nivel Regional, como Nacional y
Subnacional para lograr los objetivos propuestos en la estrategia.
El plan de acción Regional deberá realizarse con la participación de la CSA.
Todos ellos, tanto el Regional, como el Nacional y el Subregional , tendrán en
cuenta el grado de desarrollo preventivo de las diferentes realidades
nacionales, graduando su progresividad en la culminación de los objetivos
marcados y sus indicadores de seguimiento y evaluación mas adecuados se
establecerán de forma tripartita.
Los planes de acción Nacionales y Subregionales respectivos, se diseñaran en
las mesas de diálogo social tripartito correspondientes.
El movimiento sindical latinoamericano, como mandante del la OIT, y a través
de la CSA, solicitará la cooperación técnica que estime conveniente en este
proceso a la Oficina Internacional del Trabajo.
5.1 LA CSA Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
La Confederación Sindical Americana fomentará y apoyará la creación de
Secretarías de Salud Laboral en sus centrales sindicales y, con la cooperación
Técnica internacional la creación de equipos técnicos-sindicales en seguridad y
salud en el trabajo.
Además promoverá con los apoyos necesarios la divulgación de los aspectos
técnico-sindicales de mayor relevancia entre sus dirigentes sindicales e
impulsará la celebración de reuniones regionales anuales sobre la estrategia
Sindical Regional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
La CSA promoverá, con los apoyos necesarios campañas de difusión de la
Estrategia Regional y de las estrategias nacionales y subregionales que se
adoptaren, fomentando el intercambio de experiencias y buenas prácticas
utilizando los canales propios de la Confederación.
Eliminar barreras a la sindicalización
23
La Confederación Sindical de las Américas señala que la CSA asume el
compromiso de acompañar y articular regionalmente las luchas y los esfuerzos
de sus afiliadas para organizar sindicatos, negociar sus condiciones de trabajo
y defender los derechos de
los/as trabajadores/as. Esto implicará el
reforzamiento del accionar de la Región junto con la Confederación Sindical
Internacional en todos los órganos de la OIT. En su punto 35 indica que la
Confederación Sindical Internacional se compromete a luchar sin vacilaciones
por el derecho a la libre sindicalización y la negociación colectiva incluso en el
sector público, como soportes indispensables de una democracia real y la
vigencia de los derechos básicos de los trabajadores.
El movimiento sindical, consciente de la importancia que la negociación
colectiva tiene para mejorar las condiciones de trabajo, deberá poner todo su
empeño en superar los obstáculos que para el desarrollo de la misma se
pueda encontrar, como por ejemplo la dificultad para encontrar interlocutores
para la negociación en la parte empleadora, etc4.
Corolario:
El movimiento sindical debe reivindicar y ejercer con firmeza el protagonismo
que le corresponde en Salud y Seguridad en el trabajo, fortaleciendo su acción
sindical con capacidad de propuesta (con los apoyos y alianzas necesarios),
eligiendo sus propias prioridades sobre las que centrar el debate y
construyendo posiciones prácticas que contribuyan a definir estrategias
Nacionales en Seguridad y Salud en el Trabajo, identificar prioridades de
actuación sobre colectivos, sectores y riesgos, y redefinir y fortalecer
mecanismos eficaces de participación y Diálogo Social en Seguridad y Salud
en el Trabajo en igualdad de condiciones.
4
La negociación colectiva sectorial se perfila como un instrumento necesario para mejorar las
condiciones de trabajo de los trabajadores/as que estando en un mismo sector desempeñan su
trabajo bajo muy diversas formas de contratación o de prestación de servicios y en centros de
trabajo de características muy distintas (pequeñas y muy pequeñas empresas).
24