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Planteamientos al Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología
Eduardo Silva S.J.
Agradezco la invitación de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación
del Senado para comentar este proyecto de ley. Mi primera palabra es para saludar y felicitar
que este proyecto de ley que crea un Ministerio de Ciencia y Tecnología, este ya presentado al
Congreso. Lo precede un largo debate que ve en la formula ministerial más ventajas que
inconvenientes, más oportunidades que amenazas. Un órgano conductor que tenga una
mirada de conjunto, se ve como propicio para un sistema muy fragmentado. Así lo manifestó
la Comisión presidencial y así lo resume el propio mensaje de la Presidenta que nos introduce
en el proyecto. Dicho esto, no me sumo a las voces que creen que la mera creación del
Ministerio será la solución de nuestros problemas en este campo. La forma que adopte, el
modo como salga al paso de las dificultades que la propia creación del ministerio produce y las
otras cuestiones que hay que realizar son fundamentales. En mi primer apartado ofrezco una
mirada crítica respecto de estos tres aspectos. En el segundo me ocupo del lugar fundamental
que tienen las universidades en investigación y tecnología, de las que el proyecto se ocupa
poco o casi nada. En tercer lugar ofrezco algunas reflexiones sobre los cambios en curso que
nos obligan a considerar en crisis algunos de los modelos sobre ciencia y tecnología que
debemos repensar.
Saludo entonces como positiva la creación de un Ministerio, en tanto la capacidad ejecutiva de
Conicyt se percibe como en crisis y la fragmentación de las instituciones dedicadas a la
Innovación (Corfo) y Ciencia (Conicyt) se diagnóstica ineficiente. Dicho lo anterior, se enuncian
los siguientes puntos críticos en relación al Proyecto de Ley ingresado al Senado:
Comentarios sobre el proyecto presentado
El proyecto de ley presentado para crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología se
presenta con una sola justificación: “la necesidad de articular con un órgano rector un
sistema disperso”.
Los 3 objetivos del Mensaje y los 3 artículos del proyecto (los otros dos son breves
disposiciones generales y normas adecuatorias) indican claramente que se trata de crear un
Ministerio, una agencia y dos órganos para fortalecer-consolidar el sistema (El Consejo
Nacional y el Comité de ministros). Pero de estas estructuras lo único realmente nuevo es el
ministerio: la agencia es el nuevo nombre que tendrá el CONICYT, el Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo es el heredero del actual CNID (Consejo
Nacional de Innovación para el desarrollo, cuyo origen tiene que ver más con productividad y
Competitividad) y el Comité Interministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación reemplaza al
actual Comité de Ministros de Innovación (la novedad está en que ahora se incorpora al nuevo
ministro de Ciencia). Lo nuevo del proyecto es el carácter, estatuto de ministerio que adquiere
la Ciencia y tecnología, y quizás con ello baste. Pero quizás no basta.
El proyecto mantiene los “dos subsistemas paralelos actuales:…: un subsistema de capital
humano y ciencia, radicado principalmente en CONICYT y el Misterio de Educación, y un
subsistema de innovación y emprendimiento, radicado principalmente en la CORFO y el
Ministerio de Economía”. Al salir de Educación uno de los subsistemas, se visibiliza más un
tercer subsistema que es la relación del Ministerio de Educación con las universidades: allí
queda el Consejo de Rectores (o más bien lo que queda de él) y allí queda el destino de la más
importante partida de recursos para la investigación: los aportes basales. El 2013 el
presupuesto de CONICYT fue de 348 millones de dólares para formación de capital humano;
los fondos basales para las universidades fueron de 546 millones de dólares. Volveré sobre
esto en el segundo punto.
La sola creación del Ministerio puede provocar que estos órganos sean mejores, superen sus
problemas actuales y fortalezcan el Sistema (Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación) pero
nada hay en el proyecto que nos lo pueda asegurar. No es claro que los actuales problemas
administrativos y de financiamiento de CONICYT se vean superados por que ahora se llama
Agencia y depende de otro ministerio.
Tampoco es claro que el sesgo hacia la productividad y la competitividad del actual “Consejo
nacional de innovación y desarrollo” va a ser superado por la figura de Consejo Nacional que
ahora se propone, ni que la Estrategia Nacional de CTI que debe elaborar sea más integral que
la estrategia de desarrollo que nos ofrece el actual CNID. En este diseño esa Estrategia es
determinante, por lo que un debate respecto de quienes son sus integrantes y sobre qué tipo
de reflexión se espera de ellos (para poder integrar y asumir la complejidad del cambio en el
que estamos y no repetir formulas propias de paradigmas ya superados), es fundamental1.
Lo mismo podemos decir de la Política Nacional de CTI que sobre la base de la Estrategia debe
elaborar el nuevo Comité Interministerial (que claro ahora suma al flamante ministro de CyT, al
de Hacienda, Economía, Fomento y Turismo y Educación). Lo único nuevo, reitero, –y quizás
solo ello cambia todas las cosas– es la creación de un nuevo Ministerio. A este respecto,
pudiera ser pensable –y me atrevo a sugerirlo– que se incorpore el Ministro de Desarrollo
Social a este comité de ministros.
Esta falta de definiciones conceptuales y concreciones políticas, esta suerte de carencia parece
no ser un olvido sino una intensión querida por quienes diseñaron el proyecto. Mario Hamuy,
su artífice es explícito en confesarlo: “el proyecto de ley es como los cimientos de una casa
vacía. La arquitectura quedara fijada en la tramitación en el Congreso… Quien asuma el cargo
(de ministro) deberá entonces en buena parte fijar la política, es decir, ponerle los muebles”
(entrevista a Hamuy).
Hay quienes han señalado que no solo faltan los muebles, sino la plata para comprarlos: “el
proyecto no contempla una estrategia para incrementar el gasto en investigación en Chile… en
su forma actual es un proyecto “costo 0” para el Estado” (Couve). Un asunto no menor en un
1
Solo a modo de ejemplo, tal reflexión debe considerar la crisis de la sociedad industrial, de la
modernidad ilustrada, de un paradigma de desarrollo que solo vela por productividad y crecimiento
económico, que tiende a privilegiar las ciencia útiles por sobre las ciencias puras, que cree más en las
ciencias exactas y naturales, que en las ciencias sociales y las humanidades, una fe literalmente del
“carbonero” propia del siglo XIX (y de un progreso ya añejo) que confía más en las ciencias gruesas que
en las finas, que privilegia a las disciplinas que se dedican a los “objetos” (para medirlos y explicarlos) y
no a las que se ocupan de los “acontecimientos” y las personas (para describirlos y comprenderlos, etc.
(sobre este punto volveré más adelante).
año de vacas flacas y donde otros proyectos de ley, cercano al asunto, como la Reforma
educacional luchan por incrementar sus recursos.
Los críticos de este proyecto sostienen que más importante que CONICYT cambie su nombre y
migre desde Educación a un nuevo Ministerio, es que pueda aumentar sus recursos, toda vez
que felizmente la cantidad y calidad de los investigadores que concursan ha aumentado, y los
fondos no dan abasto, dejando fuera proyectos de calidad. Dotar de mayores recursos a
FONDECYT sería la clave, pues se trata para algunos “de la columna vertebral de la ciencia
chilena, por cuanto acrecienta la base de investigación y permite que se construya una
comunidad de investigadores diversificada que acomete el desafió de sumergirse en variadas
disciplinas: artes y humanidades, ciencias sociales, ciencias exactas y naturales tecnologías”
(Krauskopf, 404). En definitiva, para estos críticos, la clave es simplemente que el Estado
asuma sin titubeos su rol insustituible en el financiamiento de la investigación y que se
acerque desde el actual gasto del 0,4% de su PIB en I+D, al 2,3% que promedian los países de la
OCDE.
Sin presupuesto, el proyecto también evita, todo tipo de definiciones conceptuales (que
entendemos por ciencia, por tecnología, por innovación); todo tipo de debate reflexivo (que
entendemos por desarrollo, como se articula en un desarrollo integral, el conocimiento, la
cultura, la novedad con la productividad, lo económico y los mercados); toda cuestión de
principios o jerarquías (entre los campos de las artes y las humanidades, de las ciencias
sociales, las ciencias naturales y exactas, y la ingeniería” (art 17)).
No estoy sosteniendo que tales reflexiones deben estar en el proyecto de ley, sino que
subrayo, que son ellas las que decidirán de nuestro desarrollo científico y no la mera creación
de un nuevo órgano, un ministerio, de que conocemos solo sus objetivos administrativos.
Quizás la presentación del proyecto es una ocasión propicia –más que por la esperanza
(bastante incierta) que su trámite legislativo culminara en septiembre y tendremos un nuevo
ministro en enero del 2018– para intensificar el debate sobre los motivos que lleva a su
proposición y las maneras como debemos fortalecer la investigación en el país.
En definitiva, la creación del ministerio es condición necesaria pero no una condición
suficiente. Respecto de esas insuficiencias, me gustaría referirme al déficit que en el proyecto
tiene el lugar de las universidades y el déficit de reflexividad que si bien no se puede pedir al
proyecto, si será necesaria para orientarlo.
El lugar de las universidades.
Si recordamos que son los investigadores el contingente más significativo en el trabajo en
investigación y desarrollo (57% de investigadores, 31% de técnicos, 12% personal de apoyo
(Santelices, 2015, 423) y que la mayoría de estos trabajan en universidades (70%) (el resto
trabaja en empresas (20%), en ONG (15%) y en el estado (5%), aceptaremos que el rol de esos
investigadores en las universidades es un asunto clave para el desarrollo de investigación (y
por tanto de la ciencia, la tecnología y la innovación. “La mayor parte de la creación de
conocimiento y una parte importante de la innovación tecnológica se realiza en unas pocas
universidades” (Santelices, 423). A pesar de esa evidencia el proyecto es tacaño en sus
alusiones a las universidades. Además de la creación de conocimiento quiero recordar otros 3
aportes fundamentales que realizan los investigadores en las universidades:
-los académicos que investigan contribuyen mejor a la enseñanza y la formación de personas:
hay en esto un círculo virtuoso entre la investigación y la docencia que contribuye a la
formación de mejores profesionales y a alentar que algunos continúen con postgrados.
Nuestras universidades napoleónicas se enriquecerían si adoptando el modelo de universidad
humboliana validaran con más determinación este círculo virtuoso entre docencia e
investigación.
-los investigadores chilenos (escasos en número, 10 mil frente a los 9 millones del mundo) son
un pequeño contingente vital para traducir para el país, la investigación que se realiza fuera,
que sin ellos nos seria desconocida.
- la formación de nuevos investigadores con entrenamiento doctoral
-las universidades por su propia definición cumplen con dos polos: el uso público de la razón y
la indagación de lo extraordinario.
Por ello no es solo importante explicitar con más claridad los vínculos entre el nuevo ministerio
y las universidades –intensificando los fondos concursables (FONDECYT y otros que son
fundamentales para el desarrollo de los investigadores), apoyando los programas de
doctorado en Chile (que significan un gran ahorro vs el apoyo a doctorados fuera), etc.–, sino
terminar por reconocer la novedad, riqueza y heterogeneidad del sistema universitario. Un
reconocimiento que, en el debate sobre la Reforma a la Educación Superior, está todavía
pendiente. Lejos del reconocimiento mutuo y justo que distintas universidades nos debemos,
lo que ha primado es la defensa corporativa del propio financiamiento, no solo ensalzando el
tipo de universidad propia, sino que también denostando los otros. Mientras los rectores de
las U estatales y algunos parlamentarios de centro izquierda estiman que en esta vuelta lo
único que cabe es fortalecer a las universidades estatales (confundiendo trato preferente con
trato exclusivo y excluyente), rectores de las U privadas y algunos parlamentarios de centro
derecha estiman que todas las privadas deben ser tratadas por igual (amenazando con el
tribunal constitucional cada vez que el reconocimiento de una diferencia les suena a
discriminación), desconociendo que algunas de ellas –las privadas con vocación publica– son
complejas con investigación y doctorados, que tienen acreditación y respetan la libertad
académica, mientras otras son solo docentes y tuvieron finalidad de lucro. Menciono esta
necesidad de reconocer tres subsistemas al interior del sistema universitario (estatales,
publicas no estatales y privadas) porque esta división tripartita tiene un aire de familia con la
que es necesario hacer a propósito de investigación.
En primer lugar existen 5 o 10 universidades de investigación (cinco producen cerca del 75% de
las publicaciones y solo la Chile y la PUC tienen el 50% de la producción). Sin duda requieren y
merecen recursos proporcionales a su aporte. En segundo lugar existen otras 10 que dedicadas
a la investigación no pretenden cubrir todo el campo del saber, sino que se especializan en
algunas de sus áreas. En regiones hay algunas dedicadas a la investigación más relevante a su
región: hay otras que como la que yo represento nos queremos especializar en ciencias
sociales y humanidades y desde allí aportar con nuestra investigación y programas de
doctorado. En tercer lugar existen otras 20 que están sobre todo interesadas en la docencia y
en la formación de profesionales. Ellas si tienen calidad podrán adscribirse a la gratuidad pero
no requieren de aportes basales.
En este punto el proyecto de ley de la Reforma a la Educación Superior y el proyecto de ley que
crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología se pueden enriquecer mutuamente. Juntos nos dan
luces respecto de la determinación de qué es público y qué no lo es. La reducción de lo público
a lo estatal, difícil de justificar a la hora de pensar en las universidades (que son públicas por
naturaleza) se hace insostenible cuando pensamos en la ciencia. “La ciencia como
conocimiento… es un bien público… Los investigadores se asocian, en Chile y en todas partes,
independientemente de si trabajan en una institución estatal o una privada… La asociatividad
en investigación científica se construye entre pares que se reconocen recíprocamente y no en
virtud de redes mandatadas por la propiedad de la universidad” (Krauskof, 2011, 389-413). Así
ha operado CONICYT, la agencia que se ha ocupado orgánicamente del desarrollo de la ciencia
y tecnología en el país. Así ha distribuido los fondos FONDECYT: el instrumento que financia,
por méritos del proyecto y del postulante, proyectos de investigación en concursos abiertos y
altamente competitivos. Resultaría escandaloso que la llamada revisión por pares o peer
review dejara de ser el pilar fundamental a la hora de asignar recursos y analizar la ciencia, y
fuera sustituida como criterio por el carácter estatal o privada de la universidad de pertenencia
del investigador.
Pero esto que es evidente, respecto de los 348 millones de dólares con los que contaba en el
2013 el presupuesto de CONICYT, parece no serlo respecto de la mayor inversión que hace el
Estado chileno en investigación: los 546 millones de dólares de los fondos basales para las
universidades. Ellos se han distribuido desde siempre por razones discrecionales e históricas.
Uno de los mayores aportes a la investigación que realiza el país, quedo determinado,
detenido, gracias al todavía vigente Decreto con Fuerza de Ley 4, de enero de 1981 que
determino que los aportes basales solo se dan a las universidades que existen con anterioridad
a diciembre de 1980. Un decreto anacrónico, que desconoce absolutamente lo que ha
sucedido en el sistema universitario en todos estos años después de la dictadura. Este asunto
no es solo algo que tenga que ver con la Reforma a la Educación Superior. Tiene que ver, y
mucho, con la creación de este ministerio, pues si las universidades son claves para la
investigación y la innovación, la ciencia y la tecnología, los aportes basales a aquellas que
realizan investigación es un asunto clave. Me atrevería a decir, con algo de imprudencia, que el
remedio a la fragmentación del sistema que el proyecto pretende, se vería mas logrado si
tenemos un Ministerio de Educacion Superior, Ciencia y Tecnología.
El lugar del conocimiento, las ciencias y las humanidades en estos tiempos de crisis
Desde la edad media, para el desarrollo de una sociedad ha sido importante lo que se ha
llamado el “Saber Superior” tradicionalmente encomendado a las universidades donde
quedaba radicada la investigación. Hasta el siglo XVI ese saber estaba vuelto a comprender y
actualizar lo que enseñaron los filósofos y maestros de la antigüedad. A partir de ese siglo, los
sabios se vuelcan fuertemente hacia el conocimiento científico de la naturaleza lo que permitió
no sólo conocer las leyes que la regían, sino dominarla y poner sus recursos al servicio del
hombre.
La sociedad industrial
Con la invención de las máquinas a vapor y luego la electricidad, se genera una sociedad que
produce nuevas relaciones sociales, un nuevo tipo de sociedad y de conflictos. La razón se
enfoca crecientemente hacia la creación de nuevas tecnologías que refuerzan al capitalismo
naciente y la dominación de las clases dominantes. Eso acrecentó un cierto positivismo que
concentró el conocimiento en las ciencias exactas y en la tecnología y lo orientó
fundamentalmente hacia la economía y la productividad. Si bien eso redundó en grandes
beneficios en torno al bienestar material y la salud, se descuidaron otras dimensiones del ser
humano esenciales para la sociedad. En muchos aspectos, la investigación salió de las
universidades hacia laboratorios especializados al servicio de la industria.
La globalización de la economía
Las grandes transnacionales trajeron consigo dos consecuencias importantes: los estados
perdieron parte de su autonomía debilitando la política y sobre todo, se generó una noción de
progreso exclusivamente centrada en lo económico disociado de lo social, lo humano y el bien
común.
La era de las comunicaciones
El acelerado progreso técnico, dejó atrás la “era industrial”, afianzando la globalización pero
sin resolver los problemas de las desigualdades, del control de una economía financiera que
pone en riesgo el futuro del planeta y el destino humano. Las comunicaciones produjeron un
cambio profundo en el modo de pensar, en la acumulación de conocimientos y en la manera
de trasmitirlos, revolucionando hasta en sus raíces la comunicación humana. (Manuel Castells
“La era de la información: economía, sociedad y cultura, la sociedad red”. Siglo XXI México)
(“Redes de indignación y esperanza: los movimientos osicales en la era de internet. Alianza
Editorial, Madrid), (“Comunicación y Poder”, Alianza Editorial. Madrid).
La era postsocial
Luego de la crisis económica del 2007-2008 que debilitó en su raíza a todas las instituciones
sociales, Alain Touraine ha hecho un agudo análisis hablando del fin de las sociedades, donde
aparece necesario redefinir el progreso, velar por los derechos universales del sujeto, cuidar
las identidades conjugando lo común, con lo singular. Por lo que es necesario analizar los
movimientos sociales surgidos en el mundo para escuchar las voces de alerta
Un nuevo ministerio de ciencia y tecnología
El tema es de máxima importancia para el desarrollo del país. No podemos generar un
ministerio para responder a un “mercado que está en profunda crisis.
Es fundamental crear un ministerio que tenga claro el tipo de progreso y desarrollo que
deseamos. ¿Se trata de fomentar solo un desarrollo material o un desarrollo integral que vela
por el bienestar material y sobre todo la auténtica felicidad humana? Hay que escuchar a los
movimientos sociales.
Es esencial que la universidad que es una institución que debería generar una conciencia crítica
sobre la cultura, con mirada global y a largo plazo. La Universidad y la investigación
universitaria más universal deben tener una voz en este ministerio. Es fundamental ampliar la
noción de conocimiento para no encerrarlo en lo tecnológico y económico.
Es muy importante usar con cuidado la expresión “Sociedad del Conocimiento”. Porque
conocimiento no puede reducirse a las ciencias positivas y menos a la tecnología, esencial
también el conocimiento social, antropológico, humanista y estético.
Debemos velar porque este ministerio no descuide a las humanidades, lo que debe quedar
explícito en la configuración de la nueva entidad. A veces se confunden los conceptos y no se
valora el aporte esencial que las disciplinas humanistas realizan al desarrollo del país en la
formación de sociedades críticas, informadas y diversas. Se iría en contra corriente de la
tendencia mundial que busca potenciar la ciencia y la investigación aplicada y el trabajo
académico en humanidades.
“Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos
destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser
dejada de lado”—Laudato si’, p.20