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Fosa común, destino de los
“olvidados”
Omisión de procuradurías limita crear registro nacional de
extraviados: CNDH
IMPACTO. Los servicios médicos forenses, como el de Ciudad Juárez, preparan cada
año las fosas comunes donde colocan los cuerpos que no son identificados ni
reclamados (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )
Domingo 02 de enero de 2011
Liliana Alcántara/ Enviada | El Universal
Cuántos muertos están en el olvido? ¿Quiénes son los mexicanos que ocupan
las fosas comunes? ¿Cuántas personas llevan años buscando a sus familiares
extraviados o desaparecidos sin saber si están con vida o no?
Por mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se propuso desde hace cuatro años
elaborar un registro nacional de personas extraviadas y fallecidas no
identificadas. La finalidad es evitar el viacrucis de los familiares que buscan a un
ser querido extraviado o desaparecido en manos de alguna autoridad y reducir el
número de muertos que son sepultados sin que se conozca su identidad.
Pero el trabajo de este organismo es casi una utopía. La elaboración de esa
base de datos se dificulta porque la tasa de homicidios aumenta en el país y
rebasa la capacidad de las instituciones de justicia; 15% de las procuradurías le
niegan información a la CNDH sobre las personas que fallecen o le dan datos
incompletos, sólo la mitad de los servicios médicos forenses elaboran las
pruebas de ADN y el crimen organizado deja los cadáveres irreconocibles o ni
siquiera deja los restos.
En cuatro años la CNDH sólo ha podido resolver un caso, el de una persona que
fue reportada como desaparecida, que se le localizó después sin vida y en el
que se pudo acreditar la responsabilidad de autoridades estatales.
El director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, Tomás
Serrano, dice que la situación es delicada, sobre todo en el actual contexto de
violencia que hay en el país porque cada vez mueren más personas sin ser
identificadas.
De 2006 a la fecha, con la poca información proporcionada por las procuradurías
de las entidades, la comisión nacional ha podido elaborar una base de datos en
la que hay 5 mil 397 personas reportadas como extraviadas, la mayoría de
Puebla, estado de México, Coahuila, Distrito Federal, Chiapas, Hidalgo y
Guanajuato.
La cifra de muertos sin identificar es mayor. De ellos, hay 8 mil 898 casos en
todo el país, 663 son mujeres y 7 mil 211 son hombres, el resto de los casos, mil
024 muertos, están inscritos en dicho registro con el sexo indeterminado por el
grado de descomposición en el que fueron encontrados. La edad promedio de
los fallecidos sin identificar es de entre 20 años de edad y 60 años de edad, y
80% murió en hechos violentos y en accidentes. La mayor parte de quienes
tuvieron una muerte violenta son de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y
Durango.
Los datos disponibles refieren un incremento de los homicidios en esa región del
país. Raúl Benítez, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con
Democracia, asegura que en aquellas entidades donde se ha incrementado la
violencia entre los grupos criminales, los homicidios han aumentado
notablemente, sobre todo, los de alto impacto. “Analizando el ascenso de la
violencia en el norte del país (Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa,
Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), tenemos que los homicidios
aumentaron de 2 mil 013 en 1990 a 2 mil 365 en 2007, registrando un
incremento de 17.49%”.
Cada 15 días, 20 cadáveres al hoyo
El más reciente reporte del gobierno federal refiere que de 2006 a la fecha, en el
contexto de la lucha contra el crimen organizado, han muerto 30 mil 196
personas. La última cifra anual refleja un incremento respecto a 2009. Sólo hasta
noviembre de 2010 se registraron 12 mil 456 personas fallecidas. En 2009, hubo
9 mil 635 muertes.
Pocos de esos muertos son reconocidos. “Muchas veces los cadáveres ya están
en la fosa común y si es el caso, hacemos lo necesario para que se realice la
exhumación sin costo alguno y se hagan las pruebas de ADN porque hasta el
año pasado a muchos cadáveres no se les realizaba la prueba. En 2010, la
procuraduría de Chihuahua, por ejemplo, realizó pruebas de ADN y las archivó,
pero no todas las autoridades lo hacen”, asegura Serrano.
En el Distrito Federal, por ejemplo, de acuerdo con datos del Servicio Médico
Forense, cada 15 días unos 20 cadáveres son trasladados a la fosa común,
luego de permanecer dos semanas en sus gavetas sin nadie que reclamara o
identificara el cuerpo.
Reportes de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la
Fiscalía General de Justicia de Chihuahua señalan que en 2010, 95 cuerpos
fueron depositados en la fosa común del panteón de San Rafael. Previamente,
el Servicio Médico Forense clasificó los cuerpos según su perfil genético y señas
particulares como tatuajes, cicatrices, dentadura, lunares y vestimenta para
poder localizar el cadáver en caso de que sea reclamado.
Tras la pista
El 26 de agosto de 1997, Fermín Luis Manuel Varea Falcón desapareció. Uno de
sus familiares reportó a la CNDH que no se volvió a saber nada de su paradero
después de una visita que realizó al Distrito Federal, justo el día en que
regresaba a su casa ubicada en Oaxtepec, Morelos.
Después de hablar con testigos y visitar agencias del Ministerio Público, su
familiar supo que Varea Falcón había sido detenido por agentes de la Policía
Judicial de Morelos.
La CNDH se enteró de que la detención ocurrió afuera del juzgado primero penal
del Sexto Distrito Judicial en Cuautla, Morelos, sin que hubiera alguna orden
expedida por un juez. Varea Falcón enfrentaba un proceso judicial en libertad
condicional por homicidio en grado de tentativa, desobediencia y resistencia de
particulares.
Pero la comisión nacional también encontró que el 2 de septiembre, la Agencia
Investigadora de Chalco, estado de México, inició una averiguación previa tras el
hallazgo del cadáver de una persona del sexo masculino que fue localizado
abandonado en un paraje solitario a la altura del kilómetro 4 de la carretera
Xochimilco-Oaxtepec. La autoridad determinó en la necropsia que el hombre
murió a causa de las lesiones producidas por 28 proyectiles de arma de fuego.
Tras cruzar los datos de esta persona con el reporte de desaparecidos, la CNDH
pudo confirmar en 2006 que se trataba de Varea Falcón.
Las indagatorias del homicidio pudieron determinar la responsabilidad de los
agentes que lo detuvieron de manera arbitraria, según la CNDH, quienes
declararon que dispararon en su contra por oponerse a la detención.
Casos como éste, afirma el director del Programa de Presuntos Desaparecidos,
pueden resolverse si las procuradurías entregaran la información necesaria que
requiere la CNDH para elaborar la base de datos de personas extraviadas y
fallecidas no identificadas.
“El problema es que las procuradurías no dan, en el mayor de los casos, la
información que se les pide, no aportan la averiguación previa ni nada que nos
permita vaciar un indicador. En el mejor de los casos nos mandan el acta de
defunción y de ahí no se pueden obtener los datos. Algunas instituciones
argumentan que no cuentan con el soporte científico para vaciar los datos de
identificación. Otros nos dicen que por su situación económica no pueden tener
una base de datos”, explica el funcionario de la comisión.
Agrega que su labor se dificulta aún más cuando hay cambios de administración
o de servidores públicos pues se interrumpe el seguimiento de los casos y la
comunicación.
Entidades retrasan registro
La información que requiere la CNDH para elaborar una base de datos es: el
sexo, la edad, el motivo de la muerte (violenta o accidental o por problemas de
salud), el lugar donde se localizó el cadáver, cómo se levantó el mismo, en qué
condiciones y de ser posible las huellas dactilares o cualquier otro dato que
permita determinar su identidad (tatuajes, ropa, cicatrices).
A dos años de haber puesto en marcha el registro, la CNDH sólo había recibido
información de Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala y el DF, que le permitió elaborar un censo de 2 mil 855
personas fallecidas no identificadas. El resto había negado información o dieron
datos incompletos. A la fecha, dice Tomás Serrano, aún entidades como Baja
California Sur o Nayarit entregan información incompleta.
Tiempos insuficientes
Alberto Gómez, antropólogo forense, afirma que los trámites para recuperar un
cadáver de la fosa común deben agilizarse, pues hay un plazo de 72 horas para
que un cuerpo permanezca en los servicios médicos forenses “y ese a veces es
muy poco tiempo”.
“En 72 horas es casi imposible que una persona se entere de que un familiar
falleció y más si la muerte ocurrió en un estado distinto del que se es originario o
de donde se le vio por última vez. Eso ocurre muchas veces con los migrantes,
por ejemplo o, con los trabajadores que emigran a las grandes ciudades”,
explica. Al respecto, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, asegura que a
este registro se incorporará la búsqueda de migrantes.