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Montevideo, 14 de noviembre de 2016
CONFERENCIA DE PRENSA
Los trabajadores judiciales hemos transitado un largo camino en nuestra
pretensión de que se cumpla con lo dispuesto por ley.
En el año 2010, el Parlamento Nacional, incluyó en el Presupuesto Nacional
la equiparación de las remuneraciones de los Ministros con la de los
Senadores de la República, esta decisión determinó el incremento salarial de
los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y por las normas que establecen
la escala salarial del Poder Judicial, el aumento de sueldos para todos sus
funcionarios.
En el año 2011, durante 3 meses y medio, se cumplió con la ley, y los
trabajadores percibimos el ajuste salarial.
A partir de abril de 2011, el gobierno nacional, a través de sus representantes
en el Parlamento, promovió un conjunto de normas inconstitucionales
buscando desconocer los derechos de los trabajadores judiciales.
Esta situación, que no admitió espacios de diálogo por parte del gobierno,
llevó en el año 2014 a la presentación de una demanda de los gremios de
funcionarios y actuarios judiciales.
A finales del 2014, el gobierno quiso imponer una “solución” legislativa, que
fue declarada parcialmente inconstitucional a fines de 2015.
En marzo de este año, el juicio llegó a su fin y los trabajadores obtuvimos
una sentencia favorable a nuestro reclamo. El Estado fue condenado y tras
una trabajosa liquidación, el Juzgado Civil de 19° Turno, ordenó al Ministerio
de Economía y Finanzas el depósito de los haberes de los reclamantes y el
cumplimiento de la sentencia que también contenía una “condena a futuro”,
ordenando se proceda a la adecuación salarial establecida en la Ley de
Presupuesto del año 2010.
La Suprema Corte de Justicia, en nota remitida al Ministro de Economía,
solicitó los créditos necesarios para cumplir con lo ordenado en la sentencia.
Ante el silencio oficial, la Asociación de Funcionarios Judiciales y la Asociación
de Actuarios Judiciales, solicitaron al Ministerio de Trabajo, se convoque a
una reunión, a efectos de que el Poder Ejecutivo se exprese sobre el
cumplimiento de la sentencia judicial.
Dicha reunión tuvo lugar el pasado 20 de octubre, participando el Ministro de
Trabajo por el Poder Ejecutivo, con la notoria ausencia del Ministerio de
Economía. En la instancia, el Ministro escuchó el planteo de las gremiales y
solicitó una nueva reunión en un plazo de 15 días ya que el Presidente de la
República no se encontraba en el país.
Vencido el plazo, sin que la reunión se haya concretado, y vista no sólo la
falta de voluntad del Ministerio de Economía de cumplir con lo ordenado por
el Juzgado Civil, ni de atender lo solicitado por la Suprema Corte de Justicia,
sino la más absoluta falta de cortesía y respeto por responder las demandas
de la Justicia.
Los trabajadores judiciales nos declaramos en estado alerta ante el
avasallamiento del Estado, el desconocimiento de los derechos de los
trabajadores y el incumplimiento de la sentencia judicial.
Convocamos para el próximo miércoles 16 de noviembre, a un paro general
de carácter nacional, con concentración en la Plaza Libertad y marcha al
Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la consigna: “Las Sentencias deben
cumplirse. Basta de dilatorias”