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Marisa Radrigan R.
Trabajadora Social
Magister en Filosofía de las Ciencias
corpintegritas@integritas.cl
“NUEVOS PARADIGMAS EN EL CAMPO DE LA DISCAPACIDAD PSÍQUICA”
PRESENTACIÓN EN CEPAL
Viernes 30 de Mayo 2014
Las personas con discapacidad psíquica de origen psiquiátrico representan aproximadamente
el 1 a 3 por mil de la población mundial. Esta proporción es casi independiente del período
histórico y de las condiciones de vida de las naciones. En el caso de las patologías podemos
nombrar a la esquizofrenia, la depresión profunda, los trastornos obsesivo-compulsivos y los
trastornos esquizo-afectivos, entre otros. En el caso de las condiciones mentales,
nombraremos al síndrome de Asperger y al autismo. Una de las diferencias entre patologías
mentales y condiciones mentales es que las primeras son re-habilitables y las segundas
habilitables. Si los protocolos médicos y terapéuticos se cumplen a cabalidad, actualmente las
personas con patologías psiquiátricas pueden recuperar la salud en sus dimensiones cognitiva,
social y funcional. Y esto es algo en lo que la sociedad debe ser educada. Para el caso de las
condiciones mentales, si los protocolos se cumplen a cabalidad, las personas deberían poder
desarrollar todo el potencial genético que portan.
En esta oportunidad queremos afirmar que existe una profunda diferencia entre patología o
condición versus discapacidad. Desde nuestro punto de vista, la discapacidad es un estadio
que deviene de la patología o condición, como resultado de la rehabilitación. En otras
palabras, es necesario distinguir entre una persona que está enferma, de una persona que
presenta una discapacidad.1
También afirmamos que sólo mediante esta distinción, es posible generar y articular de
manera racional y efectiva las estrategias de intervención para procurar el bienestar y el
desarrollo de las personas con discapacidad psíquica.
En base a la distinción mencionada, señalamos que es imprescindible ordenar los dispositivos
ministeriales, presupuestarios, y el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, en al
menos dos grandes fases: 1º Rehabilitación y habilitación y, 2º Integración social.
La primera fase debería corresponder a los dispositivos de salud, y deberían estar
monitoreados, financiados y apoyados estatalmente por el Ministerio de Salud.
En esto caben los dispositivos como hospitales diurnos, hospitalizaciones, escuelas especiales,
subsidios a la rehabilitación y el transporte.
1
En esta ocasión no dispongo del tiempo suficiente para desarrollar los argumentos para apoyar esta
tesis.
La segunda fase, de integración social, en la que las personas con discapacidad deberían tener
derecho a recibir el alta terapéutica luego de su paso por los dispositivos de salud, tendría que
corresponder a dispositivos de los Ministerio del Trabajo y de Desarrollo Social. Se incluye
en esta etapa, apoyos a la capacitación laboral, al empleo y a la vivienda, entre otros.
Específicamente, en
la dimensión de lo laboral, es preciso que los organismos
gubernamentales y la sociedad civil, apoyen el tránsito desde los talleres laborales, en los
centros de rehabilitación/habilitación, propios del campo de la salud y dispuestos según la ley
18.600 y su Decreto 48, a la conformación de empresas sociales solidarias, en el campo del
trabajo, que deberían tener su figura legal en el Código del Trabajo y en la ley 16.744 de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Allí debería consignarse un capítulo
específico para los derechos y deberes laborales de las personas con discapacidad. Estos
cuerpos legales deberían contener las disposiciones salariales, jornadas de trabajo, protección
social y la tributación por parte de dichas empresas, entre otras.
En esta epata de integración social, las empresas sociales solidarias requerirán de subsidios de
inicio que permitan cubrir un porcentaje de los sueldos y viáticos de locomoción y
alimentación. SENCE, por ejemplo, podría ser llamado a administrar estos programas. Los
apoyos podrían supeditarse a una disminución gradual conforme a plazos, a la evaluación del
desempeño, la productividad, y limitaciones propias de la discapacidad específica.
Queremos insistir en que la adecuada discriminación de diagnósticos y fases permitirá
encauzar los procesos hacia el objetivo deseado por todos: el desarrollo social y la felicidad de
quienes más lo merecen.