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Noviembre 2001
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r e p o r t a j e
l Gobierno del
PP ha presentado al Parlamento un proyecto
de PGE para 2002
con previsiones y
cuentas poco creíbles e inadecuadas para el contexto de incertidumbre económica en
que se desarrollará el próximo ejercicio. Con estos
presupuestos,
nuestra economía
reaccionará tarde,
ralentizará la recuperación futura y
condicionará unas
administraciones
en conflicto, con
altas tasas de precariedad laboral y
sin derechos colectivos.
E
Con un Gobierno que juega con los PGE de 2002 a la ocultación y la mentira, no ha sido posible un acuerdo en las administraciones.
Los PGE son poco creíbles
e inadecuados para 2002
Los Presupuestos Generales del Estado no responden a ninguna
de las demandas sindicales en empleo, retribuciones, derechos
sindicales y garantía de cumplimiento de los acuerdos suscritos
Tribuna
ace algunos días, el ministro para las Administraciones Públicas instaba a las
organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de la
Función Pública a aceptar la
oferta de acuerdo del Gobierno
para los empleados públicos, calificándola de “probablemente
excesiva”. CCOO declinaba la
oferta, calificando, a su vez, la
propuesta de negociación de
“embustera”.
Con la referencia del incremento salarial de los empleados
públicos a la previsión de IPC
para 2002, el Gobierno vuelve a
construir una mentira, como en
los últimos años. Desde 1999,
no aciertan una, porque no tienen la intención de situar la economía ante un sistema de previsiones realista que oriente al
conjunto de los agentes económicos. Su intención es reducir
las rentas salariales como único
modo de alcanzar el déficit cero,
ante su incapacidad para actuar
H
El Gobierno ha presentado sus PGE en el Parlamento “reconociendo” que
se trata de unos presupuestos “optimistas”.
sobre los precios o sobre los beneficios especulativos de algunos sectores de nuestra economía.
Pero esta no es, desde luego,
la única “mentira” de los PGE
presentados en el Parlamento.
Según la Confederación de
CCOO, “la previsión de recaudación de cuotas sociales para el
año 2002 sólo se cumpliría si se
produjera una recesión económica acompañada de reducción de
empleo”. Si este fuera el caso,
dígase. Lo que no tiene sentido
es incluir en el cuadro de previsiones de la economía un aumento del empleo del 1,8 por
ciento y de los salarios del 3 y, al
mismo tiempo, calcular unos ingresos para el INEM inferiores
en más de 41.500 millones de
pesetas al más razonable cierre
del presente ejercicio.
Por otra parte, en las cuentas
y memorias presentadas, existe
un importante desfase entre la
dotación presupuestaria para
operaciones de capital y las que
se afirma se abordarán en el próximo ejercicio. Según el Gabinete Técnico de CCOO, “cerca del
treinta por ciento de los programas de inversión (1,064 billones
de pesetas) están deslocalizados,
fuera del presupuesto…” y, por
ello, si fueran ciertos los datos
de la memoria económica, “fuera del control del Parlamento”.
No obstante, el Gobierno ha
presentado sus PGE en el Parlamento “reconociendo” que se
trata de unos presupuestos “optimistas”. Tras reconocer en la me-
“En la actual situación económica,
no incrementar la inversión pública
será ralentizar más el crecimiento
y frenar la recuperación”
tribuna
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moria de presentación la desaceleración del crecimiento y la situación crítica de los motores de
la economía mundial, el Gobierno ignora las incertidumbres que
se derivan del 11 de septiembre y
los conflictos armados en curso.
No obstante, afirman que la economía española crecerá un 2,9
por ciento, muy por encima de la
media de la UE y de EEUU.
En este marasmo de cifras,
donde se conjugan previsiones
de crecimiento optimistas con
cifras de ingresos al INEM adecuadas a una fase recesiva de la
economía, el Gobierno insiste en
el equilibrio presupuestario como objetivo central. Las cuentas,
como la estadística, conveniente
extorsionadas, acaban siempre
confesando la verdad.
Lo cierto es que ni el crecimiento será el previsto en el proyecto de PGE, ni los ingresos del
INEM serán los indicados en
aquel, ni la inversión pública alcanzará las cifras de su memoria
de presentación. El presupuesto
no es creíble. Pero el equilibrio
presupuestario o déficit cero, resulta lo único que cuadra porque,
cuando el resto de indicadores
hagan “aguas”, aparecerán los
ingresos del INEM no previstos
y otras previsiones de ingresos
calculados a “vuela pluma”, sin
el menor rigor. Esto será a la larga lo más lamentable porque, en
la actual situación de incertidumbre económica, no incrementar de forma sustancial la inversión pública, aún a costa del
déficit, será ralentizar más el
crecimiento y frenar la recuperación. Es decir, si la mayoría de
las previsiones y cifras no son
creíbles, las únicas que podemos
asegurar que el Gobierno cumplirá son las menos adecuadas
para la situación actual.
En lo que afecta a las administraciones, en materia de retribuciones y empleo de sus trabajadores, el proyecto de PGE contiene la oferta retributiva del Gobierno, es decir, un crecimiento
salarial del 2 por ciento y una dotación adicional de 10.500 millones de pesetas, equivalente al
0,53 de la masa salarial de los activos en el presupuesto del Estado. Falta por conocer el alcance y
las verdaderas intenciones de esta acción, que podría haber dejado una puerta abierta al futuro.
Aunque parece poco probable.
Más de 34.760 millones de
pesetas se destinan a creación de
nuevo empleo en la Administración del Estado. Un 7 por ciento
de estos fondos se destina a nuevo personal en el Ministerio de
Justicia, un 63 al de Defensa, un
5 a Instituciones Penitenciarias,
un 8 a la Guardia Civil y un 17 al
Cuerpo Nacional de Policía. Sin
discutir la necesidad de estos
“CCOO y UGT
iniciarán acciones
unitarias de
protesta frente
a la falta
de acuerdo
y negociación
en las
administraciones”
El Área Pública de CCOO hará un llamamiento a los trabajadores para secundar las movilizaciones unitarias.
empleos en el contexto de unas
fuerzas armadas profesionales,
del terrorismo y de la seguridad
ciudadana y de la objetivamente
necesaria mejora del funcionamiento de la Justicia, esta propuesta refleja claramente el modelo de administración pública
del PP.
Mientras la tasa de reposición
de efectivos mantiene nuestros
parques naturales y nacionales,
nuestras presas, los servicios sociales o comunitarios o nuestros
servicios de extranjería con dotaciones inframínimas de efectivos, privatizando áreas de servicio público, la administración
pública del PP apuesta en exclusiva, aunque sea necesaria su mejora, por la defensa, el orden público y la justicia. Con el Gobierno del PP avanzamos decididamente hacia atrás, hacia un modelo liberal “puro y duro” propio
del siglo XIX. La única diferencia es que en aquel siglo, los particulares debían desarrollar la acción social que no abordaba el
Estado y ahora se entrega esta
función a empresas privadas, no
para que hagan “gasto solidario”,
sino para que hagan “negocio
privado” con los ingresos públicos, con los dineros de todos.
Respuesta sindical
Sin garantía del mantenimiento del poder adquisitivo, al menos, sin políticas activas de estabilidad laboral, eliminando la tasa de reposición de efectivos y
sin garantías solventes de cumplimiento de los acuerdos, en un
escenario enloquecido y con un
Gobierno que juega con los PGE
de 2002 a la ocultación y la mentira, no ha sido posible un acuerdo en las administraciones.
La respuesta sindical y de los
empleados públicos debe hacerse patente. CCOO y UGT, al cierre de esta edición, tienen prevista una rueda de prensa para
anunciar a la opinión pública el
inicio de una campaña unitaria y
continuada de acciones de rechazo a la imposición del Gobierno.
Ambas organizaciones están
visitando estos días a los distintos
grupos parlamentarios para hacerles entrega de las enmiendas a
los Presupuestos y leyes de acompañamiento preparadas por las organizaciones sindicales, con la intención de no renunciar a ninguna
vía de intervención en el resultado final de los PGE y harán públicas las conclusiones de estos encuentros, incidiendo en la opinión
pública y en los empleados públicos, desde esta plataforma.
Igualmente, se anunciará en
la rueda de prensa el inicio de un
plan de información conjunta en
los centros de trabajo de las distintas administraciones, haciendo un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de la administraciones para que secunden
las acciones unitarias, que empezarán con concentraciones de representantes y trabajadores en
las cabeceras de todas las provincias del Estado el próximo
día 13 de noviembre. La recuperación de la acción sindical unitaria en las administraciones, debe servir de motor a una respuesta masiva de todos.
Por su parte, la FSAP iniciará
además una campaña para la promoción de una iniciativa legislativa popular (ILP) por la mejora y
eficacia de los derechos colectivos en las administraciones. Este
esfuerzo, que comparte con el
Área Pública de CCOO y el Sindicato Unificado de Policía
(SUP), debe servirnos para llevar
al Parlamento los derechos de los
empleados públicos, para exigir
de los distintos partidos un posicionamiento claro y, si es posible,
obtener la ratificación parlamentaria, con rango de ley, de los derechos que los distintos gobiernos
niegan en las administraciones.
Una ratificación necesaria. Más
aún cuando el proyecto de Estatuto de la Función Pública, acordado con los sindicatos y las administraciones autonómicas y locales en 1998, sigue sin tramitarse,
desmintiendo las declaraciones
públicas de los ministros Acebes
y Posadas que se comprometieron a presentarlo en las Cortes.
Han pasado casi cuatro años y el
Gobierno sigue sin cumplir el
mandato constitucional.
Por todo ello, los ejes de nuestro trabajo en los próximos meses
deben ser las movilizaciones unitarias frente a la imposición del
Gobierno y una acción organizativa e informativa, continuada y
decidida, para llevar a los centros
de trabajo nuestra iniciativas y
propuestas y al Parlamento los
derechos de negociación colectiva de los empleados públicos. ◆
Cartel de la Campaña Unitaria de CCOO y UGT.