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Ensayo
Notas para la
Historia de la
Industria Argentina
(octava y última parte)
Los artículos que componen esta
serie pueden consultarse en
http://www.edutecne.utn.edu.ar/
historia-industria/hist-ind.html
Autora:
Dra. Alicia Angélica Malatesta
amalatesta@arnet.com.ar
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TU&E Nº 30
partir de la recuperación
de la vida democrática
A
en octubre del año 1983 –y
a lo largo de la gestión de
Raúl Alfonsín– el contexto
económico genera escasas
condiciones propicias para la
reactivación de las actividades fabriles. En ese marco, el
14 de mayo de 1989, se
realizan las elecciones presidenciales que dan el triunfo
a Carlos Menem-Eduardo
Duhalde por el Frente Justicialista Popular que se impone a la fórmula de la UCR
Eduardo Angeloz-Juan M.
Casella. El acontecimiento
adquiere gran trascendencia
pues la sucesión presidencial
demuestra la consolidación
del sistema republicano y de
las instituciones.
M a r c o i ns t i t u c i o n a l
Carlos Saúl Menem asume el
8 de julio de 1989 y conforma
un gabinete compuesto por representantes del peronismo
–tales como Ítalo Luder en Defensa– y hombres de su círculo
tales como Eduardo Bauzá en
Interior, el sindicalista Jorge
Triaca en el Ministerio de Trabajo, Antonio Salonia, en Educación y Roberto Dromi en
Obras Públicas, mientras que
convoca a Domingo Cavallo en
Relaciones Exteriores y a Miguel Ángel Roig en el Ministerio
de Economía y a Álvaro Alsogaray como asesor presidencial.
Por otra parte, y a pesar de
contar con la mayoría parlamentaria, su gestión se caracteriza por los numerosos decretos de necesidad y urgencia
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mediante los que adopta decisiones cuyo tratamiento corresponde al Congreso de la Nación. De
igual modo, logra la aprobación
de las leyes de Emergencia
Económica y la Ley de Reforma
del Estado, con las que se suspenden subsidios, privilegios y
regímenes de promoción, se autoriza el despido de trabajadores
estatales y se aprueban la privatización de un importante conjunto de empresas públicas. Seguidamente, y con el propósito
de incrementar la adhesión de la
Corte Suprema de Justicia, logra
la renuncia de parte de sus integrantes y envía al Senado el
proyecto para incrementar el número de sus miembros, que se
aprueba en abril de 1990.
L e v a n t a m i e nt o s e
indu ltos
El 3 de diciembre de 1990 se
produce un nuevo levantamiento
protagonizado por fuerzas militares, esta vez al mando del coronel Seineldín; la represión provoca trece muertos y más de
veinte heridos.
A los pocos días el presidente
Menem, considerando que la sociedad argentina no estará pacificada mientras haya militares
condenados por acciones llevadas a cabo durante la dictadura
de 1976, dispone una de sus resoluciones más cuestionadas por
la opinión pública, en particular
por las asociaciones de derechos
humanos: el indulto a los comandantes participantes en el
denominado Proceso de Reorganización Nacional y al líder de los
Montoneros Mario Firmenich.
Cabe señalar que tal disposición descomprime la presión militar y limita la influencia política
de las Fuerzas Armadas en su
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conjunto; a ello contribuye también la ampliación del indulto a
doscientos dieciséis militares
procesados o condenados por
violaciones a los derechos humanos, como así también las sublevaciones de Semana Santa,
Monte Caseros, Villa Martelli, la
Guerra de Malvinas y a sesenta
y cuatro civiles, entre ellos, los
jefes Montoneros Fernando Vaca
Narvaja y Roberto Pernía.
A t e nt a d o s
En el mes de marzo de 1992
un artefacto explosivo detona en
el edificio de la Embajada de Israel que provoca la muerte de
veintinueve personas y más de
doscientos cincuenta heridos.
Dos años después, en el mes de
julio, se produce un nuevo atentado que destruye el edificio de
la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) que ocasiona la muerte de ochenta y
seis personas y más de cien heridos. En ambos casos se hace
referencia a la participación de
organizaciones iraníes aunque
no se esclarecen los hechos.
Pa ct o de O livo s y
R ef orma cons t it uc ional
A lo largo de 1993 el gobierno
propone la reforma de la Constitución Nacional que introduzca
modificaciones tales como acortar el mandato de los senadores,
elección directa del intendente
de la ciudad de Buenos Aires, la
reelección presidencial inmediata.
El titular de la Unión Cívica Radical –el ex presidente Raúl Alfonsín– acuerda la necesidad de
la reforma cuando, desde el oficialismo, se aprueban las suge-
rencias impulsadas por el Radicalismo tales como creación del
Consejo de la Magistratura para
la designación de los jueces,
autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la creación de la Jefatura de Gabinete, elección de
tres senadores por provincia de
los cuales uno debe pertenecer a
la minoría, incorporación del balotaje. De este modo, el 13 de
diciembre se firma el Pacto de
Olivos entre los jefes de las fuerzas políticas más importantes,
que resulta duramente cuestionada por los demás partidos.
El 10 de abril de 1994 se realiza la elección de convencionales
para la reforma constitucional
donde se impone el Justicialismo. Desde el 25 de mayo hasta
el 22 de agosto, la Asamblea delibera en las ciudades de Santa
Fe y Paraná fecha en que se
sanciona la nueva Constitución
Nacional que establece nuevos
períodos de mandato –el presidencial de cuatro años y para los
senadores de seis años–, la reelección del presidente por dos
períodos consecutivos, la acción
de amparo, habeas corpus y habeas data como garantía de los
derechos humanos, el Consejo
de Magistratura, el derecho de
los habitantes de Capital Federal
de elegir a su propio gobierno,
entre otros aspectos de alta importancia.
E lec ci ones pres i denci ale s
El 14 de mayo de 1995 se realizan los comicios donde se impone nuevamente Carlos Menem
como Presidente, acompañado
por Carlos Ruckauf como Vice.
Cuentan con la adhesión de las
capas altas y medias de la sociedad –en virtud de la estabilidad
económica– como así también
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C o nv er tibi lid ad y n eo li be rali sm o
de los sectores humildes atraídos por el fuerte asistencialismo
impulsado desde sectores gubernamentales.
La asunción se produce el día
8 de julio con la novedad de la
incorporación del Jefe de Gabinete, Eduardo Bauzá. El gabinete se conforma con Domingo Cavallo en Economía, Carlos Corach en Interior, Guido Di Tella
en Relaciones Exteriores, Oscar
Camilión en Defensa, Jorge
Rodríguez en Educación, Alberto
Mazza en Salud y Acción Social,
José Caro Figueroa en Trabajo.
C rímenes y esc ándal os
Durante la primera gestión de
Carlos Menem se producen hechos que conmocionan a la opinión pública; uno de ellos, en
1990, es el asesinato de la adolescente María Soledad Morales
en la provincia de Catamarca
que posee proyección nacional al
generar demandas de esclarecimiento por parte de amplios sectores de la sociedad. De igual
modo, en 1994 la muerte del
soldado Omar Carrasco, a causa
de maltratos en una dependencia militar, provoca el reclamo
social que culmina en la supresión del Servicio Militar Obligatorio, vigente en el país desde
1901.
En el plano económico adquiere gran trascendencia el caso
denominado “Swiftgate” cuando
se denuncia, por parte de la empresa estadounidense, un pedido
de soborno que involucra al funcionario, y cuñado del presidente, Emir Yoma.
Ya en tiempos del segundo
mandato, en enero de 1997, el
asesinato del reportero gráfico
José Luis Cabezas provoca reclamos del periodismo, de organis-
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“Conocidos los ribetes del
caso Swift y ante el fracaso de
la estabilización económica
instrumentada, el ministro
González renuncia. En su
reemplazo asume Domingo
Cavallo que diseña el Plan de
Convertibilidad. Encuadrado
en una versión del neoliberalismo, pretende asegurar el
libre juego del mercado y de
la competencia y tiene como
objetivos principales liberalizar la economía.”
mos de derechos humanos que
finalizan en reformas en la Policía Bonaerense.
Al poco tiempo, estalla el
escándalo derivado del contrato
entre el Banco de la Nación, presidido por Aldo Dadone, con la
empresa IBM que genera renovadas sospechas que se suman
a importantes críticas surgidas
frente a resonados casos tales
como el contrabando de oro, la
venta de armas a Croacia y a
Ecuador y el creciente proceso
de privatizaciones de los activos
del Estado.
La polí t ica ec onómic a
En nuestro país, desde 1989
tiene lugar el desarrollo de una
etapa que ha sido caracterizada
como de virtual quiebra del Estado como resultado de decisiones políticas que imponen el retiro de los poderes públicos de
áreas vitales de la vida nacional.
Así, a través de diversos planes
se procura salir de una fenomenal hiperinflación y recesión privilegiando la atención a los intereses de acreedores del exterior,
la gran banca nacional y de las
mayores empresas nacionales.
De tal manera, el presidente
electo argumentando la necesidad de actualizar la doctrina peronista y de adecuar las políticas
públicas a las nuevas condiciones del mercado, de insertar a
Argentina en el mundo globalizado, abandona sus promesas de
campaña de “salariazo” y de “revolución productiva”. Pone en
marcha un programa económico
de claro corte liberal en el que
sobresale la transferencia de los
activos públicos a grandes empresas nacionales y transnacionales que ponen en marcha las
recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial.
La idea señera es desarticular
los mecanismos del Estado benefactor, de su intervención en
la vida económica. Desde los
medios de comunicación son innumerables los programas y los
artículos en los que diversas
personalidades condenan al Estado por su ineficiencia y justifican la necesidad de la apertura
económica que desmonte la protección estatal para ciertas actividades.
El primer plan
ec onómico
Se denomina Burge y Born debido a que dos de los más importantes directivos de este tradicional grupo económico son
nombrados consecutivamente
ministros de Economía: Miguel
Roig y, tras su deceso, Néstor
Rapanelli. El plan se apoya en un
modelo agroexportador con un
carácter de ajuste y ordena-
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miento de las cuentas fiscales
que, a poco andar, resulta ineficaz y establece importantes alzas en los combustibles, electricidad, gas y transporte.
Al privilegiar los grandes sectores de la economía y comprimir los ingresos de los capas populares, la recesión se incrementa y la inflación ronda el 200 %
mensual. Son los tiempos en
que se aprueban las ya comentadas leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica
que aprueban las privatizaciones, la suspensión de subsidios,
eliminación del sistema del
“Compre Nacional” y la liberalización de las inversiones externas.
Los pl anes E rman
La segunda etapa se inicia en
diciembre de 1989 y se extiende
hasta febrero de 1991 con Antonio Erman González como ministro de Economía. Es entonces
cuando se lanza el Plan Erman I
que se caracteriza por liberar los
precios, el aumento salarial de
suma fija y el mantenimiento de
las tarifas públicas. Sin embargo, la inflación retoma fuerza
como así también crece la deuda
interna y externa.
Desde enero de 1990, mediante el Plan Erman II o Bonex, se ordena un canje compulsivo de los depósitos a plazo
fijo y en caja de ahorro –existentes al 28 de diciembre de
1989- y títulos de deuda interna
del Estado por títulos públicos
en dólares a diez años, que imponen una gran pérdida para
los depositantes y provoca una
mayor recesión e inflación. Entonces, el 1º de marzo, se
aprueba el Plan Erman III que
profundiza el rumbo adoptado y
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se dispone un mayor ajuste en
las compras del Estado, la reducción del empleo público,
congelamiento de vacantes, jubilaciones de oficio e inicio de
las privatizaciones.
Como resultado de las disposiciones aprobadas pueden mencionarse: el incremento de las
exportaciones y la reducción de
importaciones lo cual acarrea
superávit fiscal; pero también,
se produce recesión y reducción
salarial en un marco inflacionario. Es entonces cuando se aplica
el Plan Erman IV que, para incrementar los ingresos fiscales
necesarios para el pago de los
intereses de la deuda externa,
ordena modificaciones en el esquema tributario. En octubre de
1990, mediante el Plan Erman V
se establece una mayor reducción del gasto público a través
del congelamiento de salarios a
empleados estatales, demora de
pagos a los proveedores del Estado, eliminación de subsidios
sociales.
Sin embargo, a pesar de todos
los planes implementados la actividad económica se encuentra
en una clara depresión en medio
de la escalada en la cotización
del dólar.
Pl an d e C onverti bili dad
Conocidos los ribetes del caso
Swift –que estalló a fines de
1990 por chantaje a la empresa
estadounidense– y ante el fracaso de la estabilización económica
instrumentada, el ministro
González renuncia. En su reemplazo, en 1991, asume Domingo
Cavallo que diseña el Plan de
Convertibilidad. El mismo, encuadrado en una versión fuerte
del neoliberalismo, pretende
asegurar el libre juego del mer-
cado y de la competencia y tiene
como objetivos principales liberalizar la economía.
Apunta a desmontar la participación del Estado e instrumentando un gran recorte en las
funciones del poder público,
pues se sostiene que la acción
estatal constituye la principal
fuente de inestabilidad económica. De igual modo, se apunta a
minimizar la inflación, profundizar la reforma estructural y las
privatizaciones, impedir la emisión monetaria sin respaldo, favorecer la importación, equilibrar las cuentas fiscales reduciendo el gasto público y flexibilizar el mercado laboral.
Así, el 1º de abril de 1991 el
Congreso Nacional sanciona la ley
Nº 23.928 que establece la convertibilidad que fija la paridad
diez mil australes por dólar, la libre conversión de la moneda nacional con respecto a toda moneda extranjera. De igual modo, el
1º de enero de 1992 se cambia
la denominación de la moneda
nacional que pasa a llamarse
peso que reemplaza al austral
quitándosele cuatro ceros.
El ministro Cavallo logra poner
en marcha un amplio plan económico neoliberal que tantos economistas anteriores intentaron imponer sin éxito desde 1955. La gran
diferencia es que la gestión en la
que actúa ha llegado al poder con
el amplio voto peronista.
En función de los objetivos
propuestos, los resultados de las
drásticas disposiciones adoptadas son positivos en el corto plazo dado que se logra la estabilidad de precios y la contención
de la inflación. Al mismo tiempo,
se registra un alza en la producción en virtud del incremento de
la demanda y el déficit del Estado ya no puede cubrirse con
emisión monetaria.
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Ape rt ura de la economí a
C r ít ic a si t uac ió n
A fines de 1991 se profundiza
la desregulación económica interna que se traduce en una mayor libertad de contratación temporaria de trabajadores. Además, se dispone la disolución de
organismos reguladores del mercado de productos rurales, la
competencia en el transporte de
cargas y de pasajeros, la eliminación de restricciones para comercialización de medicamentos,
alimentos y seguros, y de la regulación de honorarios profesionales.
Paralelamente, se afianza el
camino que avanza hacia un comercio exterior más libre; éste
se manifiesta en la disminución
de los aranceles de importaciónexportación, con la excepción de
la importación de automotores.
De igual manera, se dispone la
apertura financiera y la desregulación del mercado de capitales,
lo cual favorece la salida irrestricta de fondos en concepto de
licencias, dividendos, intereses
y, también, se autoriza el ingreso masivo de inversiones financieras provenientes del exterior.
Esto se completa con el cierre de
bancos oficiales y cooperativos,
la privatización de los provinciales, el aumento de sucursales y
avance de las entidades bancarias extranjeras.
Ciertamente, las exportaciones
argentinas demuestran en esos
años un importante crecimiento
hasta 1997, en especial. aceites
vegetales, cereales, carnes, productos químicos derivados de hidrocarburos, metales. Claro está
que el incremento de las importaciones es la nota más relevante, con lo cual la competencia
externa para la producción argentina crece día a día.
Sin embargo, a partir de 1995
la situación cambia tanto por la
finalización del ingreso de recursos producto de las privatizaciones y por el influjo de la crisis
mexicana. Desde entonces, el
gobierno procura lograr el equilibrio fiscal reduciendo partidas de
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“
Se dispone la
apertura financiera y
la desregulación del
mercado de capitales, lo cual favorece
la salida irrestricta
de fondos en concepto de licencias,
dividendos, intereses
”
sueldos estatales y de la inversión pública. No obstante, el déficit continúa acentuado por las
elevados gastos reservados, el
incremento de la deuda externa,
la implementación del sistema
de jubilaciones privadas que
profundiza el desfinanciamiento
de la seguridad social, el desempleo que trepa al 18,6 %, todo
ello en el marco de la disminución de las exportaciones y el
aumento de las importaciones.
Asimismo, ante la situación
desfavorable el gobierno central
cede a las provincias y a los municipios la responsabilidad y la
administración de hospitales públicos, escuelas primarias y secundarias, parte de la red vial y
ferroviaria. Pero no se efectúa la
transferencia de los recursos para
hacer frente a dicha gestión.
D e u d a e xt e r na y d e u d a
i n te r n a
Con respecto a la deuda externa, se debe tener presente que
en 1992 Argentina ingresa en el
Plan Brady que permite la reestructuración de los compromisos
tomados con la banca privada, a
quince años para los atrasos en
el pago de intereses y a treinta
años para el capital, con el compromiso de abonar puntualmente los intereses correspondientes.
Al mismo tiempo, se incrementa la deuda interna con los jubilados, con los proveedores del
Estado, con los propios empleados públicos, con la inversión en
educación, en salud, en seguridad. A ello se suma la delicada
situación compuesta tanto por la
aceptación estatal de los pasivos
de las empresas privatizadas
como por la suba de los préstamos en el exterior tomados por
los grandes grupos económicos
nacionales. Así, se afirma que
entre los años 1993 y 1999 la
deuda pública total sufre un incremento superior al 70 % y
para el fin de los años 90 el Estado ha transferido a manos privadas la mayor parte de sus activos.
L as pri vatiz ac iones
Como hemos dicho, la gestión
menemista pone en marcha un
amplio programa de privatizaciones con los propósitos de generar ingresos a las arcas del
Estado y transferir recursos del
sector público al privado. De
igual modo, se espera la minimización de las distorsiones del
mercado cerrado y la ineficiencia
del accionar de las empresas estatales.
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La etapa inicial se realiza a un
acelerado y desprolijo ritmo que
impide al Estado obtener los mejores términos en la negociación,
lo condiciona a aplicar incrementos de tarifas antes de la entrega
a los compradores. Al mismo
tiempo, no se conforman los entes de control. y no se puede
contrarrestar la formación de
monopolios. Este es el caso de la
venta de Aerolíneas Argentinas,
ENTEL, petroquímicas Polisur,
Petropol e Induclor, los canales
de televisión 11 y 13 y el otorgamiento de concesiones viales.
Como hemos dicho, pese a los
fondos que se obtienen con las
privatizaciones, el país no consigue alcanzar la anhelada estabilidad económica y persiste la inflación.
El segundo momento privatizador tiene lugar luego de la aprobación del Plan de Convertibilidad, se desarrolla en un marco
de mayor control y de éste resulta la privatización de: ramales
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ferroviarios, subterráneos, provisión de agua corriente, red cloacal y electricidad, instalaciones
portuarias, entidades bancarias
como la Caja Nacional de Ahorro
y Seguro, empresas siderúrgicas
como SOMISA, empresas integrantes de Fabricaciones Militares, correos, los activos de YPF.
Finalmente, en el último tramo
se privatizan los aeropuertos, el
Banco Hipotecario Nacional y la
participación remanente del Estado en YPF.
En gran medida, el proceso privatizador contribuye a la concentración económica al favorecer el
accionar de los grupos económicos asociados a empresas externas y beneficiados desde tiempo
atrás con contratos, subsidios y
exenciones tributarias. Entre
ellos, se destacan Pérez Companc, Bunge y Born, Macri-SOCMA, Soldati, Zorraquín, Massuh,
Fortabat, Acevedo-Acindar, Bemberg, Roggio, Richards, AstraGrueneisen, Rocca-Techint.
Pr iv atizac io ne s
“En gran medida, el
proceso privatizador
contribuye a la concentración económica
al favorecer el accionar de los grupos
económicos asociados
a empresas externas y
beneficiados desde
tiempo atrás. con
contratos, subsidios y
exenciones tributarias.
Entre ellos, se destacan Pérez Companc,
Bunge y Born, MacriSOCMA, Soldati,
Zorraquín, Massuh,
Fortabat, AcevedoAcindar, Bemberg,
Roggio, Richards,
Astra-Grueneisen,
Rocca-Techint”.
L a a ct i v i d ad i n d u s tr i al :
a band ono del c amino
e mprendi do
A lo largo de los años analizados, y en el marco de la etapa
de evolución del sector fabril
post-sustitutiva de nuestro país,
tiene lugar una progresiva desindustrialización, es decir, la pérdida de participación de la actividad industrial en el PBI global
que ya se había iniciado en
tiempos del autodenominado
Proceso de Reorganización Nacional, como analizamos en las
“Notas para la historia de la industria argentina sexta parte”.
En efecto, el conjunto de políticas aplicadas conducen a una
verdadera destrucción del sector
fabril con una clara expulsión de
la mano de obra. Esto ocurre
porque se deja de lado toda acción de promoción y se reducen
los beneficios ya concedidos de
la industria, como así también,
se registra la detención de las
inversiones en obras públicas
como parte de la aplicación de
transformaciones estructurales.
De acuerdo con lo expresado,
no es posible advertir disposiciones que apunten a preservar o a
favorecer una estructura industrial integral y, por ello, a las
políticas adoptadas se suma la
falta de decisión en favor del desarrollo de infraestructura en
materia de vías de comunicación
y generación de energía. Paralelamente, tiene lugar la eliminación del Banco Nacional de Desarrollo que muestra la intención
de finalizar con todo el sistema
vigente de apoyo o de sostén a
la actividad fabril nacional. De
igual modo, los recortes presupuestarios al Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI),
de gran parte del complejo de
ciencia y tecnología, y el freno a
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los proyectos de la Comisión Nacional de Energía Atómica son
claras notas del rumbo emprendido.
Puesto que se quitan abruptamente, a la industria nacional, la
protección del mercado interno,
la promoción oficial y el sistema
global de incentivos, todo, sin un
tiempo de corrección de errores
o de ajuste al nuevo marco de
acción conduce a un cuello de
botella de difícil tránsito para las
empresas. Las nuevas reglas
afectan particularmente el accionar de las medianas y pequeñas
empresas, muchas de las cuales
no logran sobrevivir como unidades fabriles y, en el mejor de los
casos, inician la comercialización
de distintos bienes o servicios. Al
respecto, debe recordarse el importante rasgo que caracteriza a
la pequeña empresa como alta
captadora de mano de obra que,
al desaparecer o transformarse,
ocasiona notables pérdidas de
puestos de trabajo.
El boom de los ar t ícu los
impor tados
A partir de la aplicación de la
convertibilidad, la apertura comercial y el retraso cambiario se
ve afectada fuertemente la actividad fabril, produciendo la real
desaparición de la producción de
bienes de capital y de consumo
directo, pues estimula en el
mercado consumidor una avalancha de productos importados.
Tal es el impacto de las políticas
adoptadas que no pocos estudiosos coinciden en afirmar que, a
lo largo de la década de 1990,
en nuestro país se registra una
verdadera desarticulación y desintegración de las actividades industriales, incluso de las empresas más antiguas. Esto profundi-
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za la vulnerabilidad de la economía nacional y su especial dependencia de capitales externos
y de bienes de consumo, materias primas complejas y bienes
de capitales producidos en el extranjero.
Como hemos visto, en las políticas del Estado se privilegia el
fortalecimiento del comercio de
importación de productos terminados lo cual profundiza el abultado déficit comercial. Desde
luego, también ingresan variados insumos pero, a poco andar,
este segmento disminuye en
razón de la desaparición de numerosas empresas fabriles. Al
mismo tiempo, si bien aumenta
la importación de bienes de capital, cabe señalar que ello conduce a la sustitución de la importante producción argentina por
artículos extranjeros que se encuentran beneficiados por la
desgravación arancelaria e incentivos para la provisión de importaciones de equipos extranjeros y de automóviles provenientes de Brasil.
C ont rac ció n f abri l
La evolución del sector industrial demuestra un menor crecimiento que el Producto Bruto Interno e incluso desciende progresivamente su participación en
él, que pasa del 30,9 % en 1989
al 17,4 % en el año 1998. Estos
porcentajes denotan la clara
contracción de la actividad fabril
que se desprende de la crítica situación de desaparición de las
fábricas y la pérdida de miles de
puestos de trabajo industrial, y
toman mayor significación si se
tiene presente que los servicios
registran una evolución del
48,8% en el año base y del
62,2% en 1998.
Los segmentos productivos
que atraviesan una crítica situación e involucionan son el sector
electrónico, la producción de
máquinas herramienta –que
caen a la tercera parte de los
volúmenes alcanzados en
1988–, astilleros e industria de
material y equipos ferroviarios,
la fabricación de aviones en Córdoba y las producciones específicas de Fabricaciones Militares.
Todos estos sectores, ciertamente, se encuentran con graves
restricciones resultado de la creciente competencia de los productos importados y se ven obligados a replantear su inserción
productiva.
Al mismo tiempo, es característica de esos años la dificultad para exportar la producción
nacional. En efecto, en el rubro
textil las mayores firmas exportadoras de las décadas del 70 y
80 quedan reducidas a la mitad
de su volumen de comercialización. Por su parte, prácticamente desaparece la exportación de
productos metalmecánicos y de
máquinas herramienta.
Por el contrario, avanza la exportación de los denominados
commodities ya sean éstos provenientes de la producción agroganadera –particularmente alimentos– cuanto mineral, como
la producción de metales comunes. Todo ello impulsado por las
ventajas comparativas naturales
que gozan esas producciones en
nuestro país y, al mismo tiempo,
como resultado del rumbo adoptado que facilita la acción de dichos sectores productivos, abandonando a su suerte al resto de
los rubros fabriles.
Los años 90 significan para la
industria un retroceso indiscutible. Sin embargo, como se advierte, no se trata de un proceso
de características uniformes u
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homogéneas, dado que paralelamente a la realidad de sectores
que desaparecen, es posible reconocer que se desarrollan importantes cambios como los tecnológicos en virtud de que algunas empresas logran incorporar
tecnología actualizada y mejorar
la producción y sus posibilidades
de competir en un mercado
abierto. Así, la difusión de créditos a cuotas fijas pactadas en
dólares, impulsa la expansión
del consumo tanto de electrodomésticos y de equipamiento
del hogar cuanto de viajes de
turismo.
Esa peculiar bonanza oculta
por momentos la dureza de la
realidad productiva. En efecto,
la nota dominante en esa etapa
es el retroceso y la desarticulación de la estructura industrial
que resultan de las políticas
aplicadas. De este modo, en la
progresiva desintegración del
aparato industrial, es notable el
aprovisionamiento vía importación de productos y bienes de
consumo e intermedios de producción que antes eran de fabricación nacional.
D es naci onali zac ión d el
apa rato produc tivo
En la década de 1990, en las
actividades productivas tiene lugar un avance del capital extranjero como resultado de las privatizaciones de empresas públicas
y también de la creciente presencia de monopolios en las
grandes cadenas de comercialización, en los servicios públicos
como las comunicaciones, el
transporte, la generación y
transporte de energía, los combustibles, las entidades bancarias y financieras. Todo esto,
afecta de gran manera a la in-
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dustria y la producción nacional
en virtud de las tarifas elevadas
que se aplican, la instalación de
peajes en rutas, entre otros aspectos relevantes.
Sobre ese particular, puede
añadirse que en el año 1993 las
empresas de capital nacional y
las asociaciones con empresas
extranjeras generan el 50,7%
del valor, en 1997 ese porcentaje desciende al 31%, del cual
solo un 20% corresponde a empresas de capital nacional. De
tal modo, el proceso de extranjerización de la industria –y la
especial concentración económica– acentúa la dependencia y la
distorsión de dicha actividad
productiva al provocar importantes vacíos en el tejido industrial que son atendidos por productos importados y ocasionan
la ruina y desaparición de una
parte muy importante de la industria nacional.
A c t i v i d ad au to m o t r i z
Cabe resaltar que en el deteriorado universo industrial argentino en los años 90 la actividad automotriz exhibe la mayor
y más dinámica actividad dado
que resulta protegida como consecuencia de las disposiciones
adoptadas tales como el mantenimiento de aranceles y cupos
de importación. De igual manera, se registra el acuerdo con las
terminales automotrices para
importar vehículos y autopartes
con un arancel muy reducido,
que las empresas deben compensar con exportaciones y también se dispone la existencia de
cupos para la importación de
modelos no producidos en el
país.
En la década de 1990 la fabricación de automóviles se caracteriza por sus altos contenidos
importados como por la incorporación de nuevos y actualizados
modelos. Aquí, cabe señalar que
el mercado responde con alta
demanda atrasada desde la década anterior y, al mismo tiempo, los acuerdos preferenciales
con el MERCOSUR actúan impulsando la actividad.
Es válido aclarar que el incremento en las ventas de automóviles no implica un aumento en la producción de los
mismos dado que muchas empresas se posicionan como ven-
Involuc ión prod uctiv a
“Los segmentos productivos
que atraviesan una crítica
situación e involucionan son
el sector electrónico, la
producción de máquinas
herramienta –que caen a la
tercera parte de los volúmenes alcanzados en 1988–,
astilleros y industria de material y equipos ferroviarios, la
fabricación de aviones en
Córdoba y las producciones
específicas de Fabricaciones
Militares.”
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Ensayo
dedoras de vehículos importados desde otros países, en particular, provenientes de Brasil.
Otro rasgo del sector, es la permanencia de un reducido número de empresas autopartistas que proveen a las fábricas
transnacionales debido a que
muchas de las firmas han desaparecido o bien sólo colocan su
producción en el mercado de
reposición.
S e c t o r a g r o i n d u s tr i al
A lo largo de la década de
1990, la producción agroindustrial se consolida como la actividad de mayor importancia en
consonancia con las políticas gubernamentales. Así, las fábricas
de bebidas y alimentos exhiben
un comportamiento positivo y
muchas de ellas atraen también
el interés de inversiones extranjeras.
Aumentan su producción el
sector lácteo, el aceitero y los
frigoríficos que expanden su labor a raíz de la mayor oferta de
materias primas. De igual
modo, la industria cervecera incrementa su actividad al cambiar pautas de consumo en amplios sectores de la sociedad.
No obstante, es dable destacar
que los sectores exportadores
que se ven perjudicados por la
vigencia del peso sobrevaluado
con dificultades para integrarse
en el mercado global, reciben
subsidios, reintegros y compensaciones fiscales.
C o n se cue n cia s s o cia le s
Con frecuencia se afirma que
la clara disminución de la mano
de obra industrial deriva de la
modernización de los procesos
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productivos aplicados y de la
manifiesta incorporación de
nuevas tecnologías. Sin embargo, la baja en los niveles del
empleo en los años 90 se halla
fuertemente relacionada con las
transformaciones dispuestas en
la economía nacional, que se
traducen en la diminución de la
producción y que provocan graves consecuencias en las condiciones de vida de vastos sectores de la población. En efecto,
el cierre de las plantas productivas –en particular las medianas
y pequeñas– determina, en primer término, la brusca contracción de la ocupación en el sector.
De la misma manera, se registra una importante disminución en el ingreso a raíz de la
caída de los salarios reales y,
también, de la escasa demanda
del trabajo formal y el aumento
de personas ocupadas en sectores informales de la economía.
La precarización de las condiciones de trabajo se traduce en
la aplicación de contratos de
corto plazo y la difusión de la
modalidad “de trabajo en negro”. Al mismo tiempo, tiene lugar un incremento en los gastos, en especial de los servicios
públicos privatizados. Así, es
posible afirmar que avanza la
inequidad en la distribución del
ingreso en los sectores activos
de la población y también en la
franja de los jubilados que sufren el congelamiento de sus
haberes.
Más grave todavía resulta
que, en un marco de alta concentración de la riqueza en cada
vez menos porcentajes de la
población del país, crecientes
sectores de la fuerza laboral sufren la pérdida de su empleo
tanto por el cierre de empresas
cuanto por los despidos masivos
en el sector público nacional y
provincial. En consecuencia, se
profundiza el incremento de la
desocupación y del subempleo
y, desde luego, se profundiza la
desigualdad social, el crecimiento de la pobreza en nuestro país y la aparición de la categoría “los nuevos pobres” que
abarca la clase media en retroceso y a los obreros calificados
que perdieron sus empleos. Al
respecto, se estima que a lo
largo de la década de 1990 se
eliminan 600.000 puestos de
trabajo.
Ante la crítica situación por la
que atraviesan miles de familias
argentinas, los reclamos no dejan de hacerse sentir a través
de protestas y huelgas. De igual
modo, como forma de resistir
los embates de la desocupación
se desarrollan cortes de calles
y rutas, movilizaciones que ponen en marcha nuevas modalidades de acción colectiva cuyos
participantes comienzan a ser
denominados “piqueteros” y
“fogoneros”. Éstos logran atención momentánea para sus demandas al obtener ciertos beneficios como alimentos, ropa,
y especialmente, mediante los
“Planes Trabajar”.
A esto se suman otros aspectos importantes en el complejo
panorama de los elevados costos
sociales derivados de las políticas públicas impuestas tales
como la pérdida de conocimientos y experiencias adquiridas, el
deterioro psicofísico de los operarios y empleados que pierden
su trabajo, el aumento de la precariedad laboral como así también de trabajos temporarios y,
desde luego, el crecimiento de la
marginalidad y el surgimiento de
la exclusión social.