Download Un proyecto liberal frente

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
“JOSE SIMEÓN CAÑAS”
La Iglesia católica salvadoreña y la laicización de la educación en
1881:
¿Un proyecto liberal frente a una respuesta ultramontana?
TESIS PREPARADA PARA LA
FACULTAD DE POSTGRADOS
PARA OPTAR AL GRADO DE
MAESTRO EN FILOSOFÍA IBEROAMERICANA
POR
JORGE GUSTAVO ARAUJO LOZANO
MAYO DE 2009
ANTIGUO CUSCATLÁN, EL SALVADOR, C.A.
Rector
José María Tojeira
Secretario General
René Alberto Zelaya
Decana de la Facultad de Postgrados
Lidia Salamanca
Director de Maestría en Filosofía Iberoamericana
Héctor Jesús Samour Canaán
Director de Tesis
Sajid Alfredo Herrera Mena
ÍNDICE
Introducción………………………………………………………………………pág. 1
CAPÍTULO PRIMERO
Importancia de las publicaciones periódicas para comprender la
propuesta de laicidad educativa de 1881………………………………………..pág. 5
CAPÍTULO SEGUNDO
Entendiendo el debate: antecedentes históricos del conflicto por la
completa laicidad educativa en El Salvador………………………..…………pág. 9
I.
La idea de una reforma educativa: ¿borbónica o liberal?...................pág. 10
II.
Las revoluciones europeas del siglo XIX y la Iglesia Católica……….pág. 14
1. Pío IX y la reacción ultramontana…………………………………pág. 15
2. León XIII y una Iglesia protagonista de cambios sociales…….…pág. 20
3. La Iglesia Católica en el período posterior a las independencias
de América Latina……….………………………………………….pág. 23
4. La relación entre el liberalismo y cristianismo..…………………..pág. 26
III.
La Iglesia católica salvadoreña de fines del siglo XIX..……………….pág. 28
1. Iglesia y Estado de la mano..………………………………………..pág. 28
2. El régimen de Santiago González..…………………………………pág. 29
a) Los debates constitucionales de 1871…………………...pág. 31
b) El Tratado Arbizú-Samayoa..…………………………...pág. 33
c) La supresión del periódico La Verdad…………………..pág. 34
d) La suspensión del concordato con la Santa Sede………pág. 35
e) La supresión de la cátedra de teología………………….pág. 35
f)
La secularización de los cementerios…….……………..pág. 36
g)
El Reglamento relativo al derecho de patronato……....pág. 36
3. El régimen de Rafael Zaldívar…..………………………………….pág. 38
a) La Constitución de 1880…..…………………………….pág. 41
IV.
Liberales y conservadores: ¿dos categorías antagónicas?....................pág. 45
CAPÍTULO TERCERO
El régimen jurídico salvadoreño sobre la enseñanza privada, secundaria y
Superior; la exclusión del clero y la reacción de EL CATÓLICO……………pág. 49
I.
II.
III.
IV.
La Constitución Política de 1880 y la “libertad de enseñanza”…………pág. 49
Los Estatutos Universitarios.………………………………………………pág. 51
Reglamentos sobre enseñanza privada, Liceos y Colegios.………………pág. 53
Reacciones de El Católico ante la completa laicidad educativa.…………pág. 58
a. Importancia de la instrucción religiosa (12-6-1881)…….………..pág. 60
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
El Racionalismo(19-6-1881)….……………………………..………pág. 62
La enseñanza laica y el señor don R.R. (3-7-1881)………..………pág. 64
La enseñanza laica (24-7-1881)..……………………………………pág. 67
El maestro de escuela de Ilobasco y La Discusión (14-8-1881)……pág. 70
La enseñanza debe ser laica (14-8-1881)………………………….pág. 73
La enseñanza Laica y el Señor Doctor Don Rafael Reyes
(28-8-1881)………………………………………………………….pág. 74
La enseñanza Laica y el Señor Doctor Don Rafael Reyes
(4-9-1881…………………………………………………………….pág. 82
Al público (11-9-1881)……………………………………………...pág. 86
La enseñanza Laica y el Señor Doctor Don Rafael Reyes
(18-9-1881)…………………………………………………………..pág. 87
La educación laica (25-9-1881)…………………………………….pág. 91
La Fe y la incredulidad (2-10-1881)……………………………….pág. 94
La educación religiosa (9-10-1881)………………………………...pág. 94
La libertad de enseñanza (16-10-1881)……………………………pág. 97
Carta Abierta al Sr. Gral. Don Luciano Hernández
(23-10-1881)……………………………………………………. …..pág.106
La enseñanza del clero (6-11-1881)..………………………………pág.112
CAPÍTULO CUARTO
Una mirada al interior del conflicto: la decisión de reglamentar la enseñanza
Privada y la fundación de Liceos y Colegios por parte del Consejo Superior
de Instrucción Pública.
a) Memoria del secretario de la Universidad Nacional
(1-1-1881)…………………………………………………………..pág.117
b) Acta de la sesión del 4 de junio de 1881.………………………….pág. 120
c) Acta de la sesión del 18 de junio de 1881………………………....pág. 121
d) Acta de la sesión del 13 de julio de 1881………………………….pág. 123
e) Acta de la sesión del 20 de septiembre de 1881.…………………pág. 124
f) Acta de la sesión del 5 de octubre de 1881………………………..pág. 125
g) Opinión separada del consejero Francisco Vaquero……………..pág. 128
h) Remisión del Informe al Ministro de Instrucción Pública……….pág. 131
i) Comunicación del Ministerio de Instrucción Pública……………pág. 131
j) Memoria del secretario de la Universidad Nacional (1-1-1882)…pág. 134
CAPÍTULO QUINTO
Conclusiones y reflexiones finales……………………………………………..pág. 137
BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………….pág. 141
Introducción
¿O será mas bien la enseñanza laica que nació apénas en 1789,…que es el precursor de
las revoluciones…que no tiene mas vigor que la fuerza material…ni mas partidarios que los
enemigos de Cristo y de su Iglesia?
En el término ya de su largo camino, el Señor R. R., recoge sus cansadas fuerzas para
mostrarnos netamente el antagonismo entre la enseñanza laica y el catolicismo: Repetimos pues,
dice, nada de términos medios: enseñanza laica ó enseñanza religiosa, la salud ó la muerte,
república ó tribu, León XIII, o Julio Ferry, libertad ó absurdo autoritarismo.
Nosotros, también ya en el término del nuestro, le contestamos con la inmensa mayoría
del católico pueblo salvadoreño: que se quede con su enseñanza laica, con su salud, con su
república, con su protestante Julio Ferry, y con su libertad. Nosotros nos quedamos con nuestra
religión; con la vida que dá el catolicismo; con la patria que nos legaron nuestros católicos
1
padres; con León XIII à quien veneramos y con los absurdos que nos enseñó Jesu-Cristo . (El
Católico, 3 de julio de 1881, Número 5, pág. 4)
El anterior extracto de uno de los primeros ejemplares del periódico El
Católico cumple el deber de introducirnos a una lucha de ideas de mucha
trascendencia para la creación del Estado liberal salvadoreño: la laicización de
la educación. Parece ser que, a juicio del texto, la batalla fue a muerte y que la
Iglesia junto al presunto pueblo salvadoreño (en su mayoría católico)2 decidió
enfrentar al mismo gobierno en esta misión. El objetivo primordial de la
presente investigación es aclarar si las últimas acciones gubernamentales de
laicización educativa, adoptadas bajo el régimen de Rafael Zaldívar,
constituyeron un triunfo de los liberales anticlericales, o por el contrario
significaron un primer triunfo de las libertades constitucionales frente a las
facciones más radicales de la política salvadoreña.
1
Esta posición católica en contra de la enseñanza laica fue una de las manifestaciones de la postura
ideológica que en el seno de la Iglesia católica recibió el nombre de ultramontanismo, y se utiliza en la
presente investigación como un catolicismo activo, integral, que reconocen como su cabeza espiritual al
Papa, y que era partidario de la libertad de la Iglesia y de su independencia del Estado. Durante el siglo
XIX, las posiciones ultramontanas triunfaron bajo el Papado de Pío IX, y su condena total a las ideas
modernas trayendo como consecuencia una batalla con la mayoría de intelectuales (detrás del surgimiento
de los nuevos Estados) y que propugnaban por una sumisión del poder eclesial al poder civil.
http://www.enciclopediacatolica.com/u/ultramonta.htm (6-junio-2008)
2
En el año de 1878 se llevó a cabo el primer censo general de población en El Salvador, obteniéndose un
resultado de 482,422 personas. A esta cifra se le efectuó un ajuste, adicionándole un 15% para cubrir el
número de personas que no pudieron empadronarse, por lo que la población para 1878 fue fijada en
554,785 habitantes. El presidente Rafael Zaldívar creó el 5 de noviembre de 1881 la Oficina Central de
Estadística, que tuvo como primera tarea la realización de un nuevo censo, que para el año de 1882
obtuvo un resultado de 532,994 habitantes, al que se le aplicó el mismo ajuste del censo anterior, por lo
que la cifra poblacional final fue de 612,943 habitantes. Ver: Rodolfo Barón Castro, La población de El
Salvador, Biblioteca de Historia Salvadoreña, Volumen No. 6, Tercera Edición, Dirección de
Publicaciones e Impresos, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, CONCULTURA, San Salvador,
2002. La Geografía Elemental de Dawson señala como cifra poblacional para el año de 1890 la de
679,228 habitantes. Ver: Guillermo J. Dawson, Geografía elemental de la República de El Salvador,
(1890). Edición facsimilar de la Academia Salvadoreña de Historia y la Fundación María Escalón de
Núñez, (1996). p. 14.
1
Durante el segundo semestre de 1881, El Católico dedicó una buena parte
de sus editoriales al tema de la “Educación Laica” en un intento por exponer
sus vicios o debilidades, al mismo tiempo que ensalzaba los beneficios de una
educación católica para la juventud salvadoreña. Asimismo, dirigió fuertes
ataques a miembros del Consejo Superior de Instrucción Pública y al Director
de la Escuela Normal, Rafael Reyes, quienes promovieron la exclusión de la
curia salvadoreña de la enseñanza privada (secundaria y superior) como última
etapa de la laicidad en materia educativa.
De igual manera, el Diario Oficial cumplió la inestimable tarea de guardar en
sus páginas las actas de las sesiones del Consejo Superior de Instrucción
Pública, entidad promotora de las reformas educativas que son el objeto del
presente trabajo de investigación. El punto de partida del debate que nos
ocupará se encuentra en la Constitución Política de 1880, que habiendo sido
dictada para cumplir primordialmente el deseo de reelección de Rafael
Zaldívar, ratificó en su artículo 38 la tan aclamada “libertad de enseñanza”.3
Esta norma constitucional será fundamental en el presente trabajo, pues
como toda norma jurídica sujeta a interpretación de las autoridades, significará
para algunos la oportunidad para separar por completo al clero de cualquier
actividad educativa, incluyendo la enseñanza privada y la fundación de colegios
de carácter privado. Para la Iglesia salvadoreña representará la garantía de
que su función educativa no se extinguirá, sino que deberá competir con los
esfuerzos impulsados por el gobierno.
De igual manera, el presente trabajo pretende contribuir a las opiniones que
sostienen que la dicotomía de liberales y conservadores, como bando políticos
en conflicto durante el siglo XIX, es insuficiente para explicar la complejidad y la
riqueza de las luchas sociales de este período.4 Para los liberales era
3
La libertad de enseñanza apareció consignada por primera vez en la Constitución de 1871, dictada por la
Asamblea Constituyente durante el gobierno del Mariscal Santiago González. Su texto expresaba en la
Constitución de 1880 lo siguiente: Art. 38.-La enseñanza es libre en la República, y la primaria gratuita y
obligatoria. El Poder Ejecutivo tiene la dirección de la enseñanza costeada por la Nación, pudiendo al
efecto dictar los estatutos y demás leyes que la reglamenten. Asi mismo, le corresponde la suprema
inspección sobre todos los establecimientos de instrucción pública aun cuando no sean sostenidos con
fondos nacionales. Ver Gallardo, Ricardo. Las Constituciones de El Salvador. II Derecho Constitucional
Salvadoreño, Madrid, 1961. p. 418.
4
Ver: Sonia Alda Mejías, “El debate entre liberales y conservadores en Centroamérica. Distintos medios
para un objetivo común, la construcción de una república de ciudadanos (1821-1900)”, Espacio, Tiempo y
Forma, Serie V, H.a Contemporanea, t. 13, 2000, págs. 271-311; Adolfo Bonilla, Ideas Económica en la
2
fundamental romper con el monopolio educativo clerical existente, pero esto no
significó necesariamente que todos los liberales eran anticlericales. De igual
manera, si bien puede hablarse una Iglesia Católica integrista o ultramontana
encabezada por Pío IX, esto no debe permitir la generalización de un
calificativo tan europeo para un clero salvadoreño que, desde las mismas
luchas por la independencia, demostró poseer tendencias bastante liberales en
su misma jerarquía.
El desenlace del combate fue inesperado: si bien la educación pasó de
manos de la Iglesia Católica a ser controlada, dirigida y supervisada por el
Estado salvadoreño, no se completó la laicidad educativa de una manera
excluyente tal como que algunos liberales anticlericales (como Rafael Reyes y
Luciano Hernández) intentaron imponerle a la Iglesia. La Iglesia Católica perdió
un monopolio bien asentado desde la época colonial, como producto de las
reformas de los gobiernos liberales de Santiago González y Rafael Zaldívar,
pero al mismo tiempo comprendió que la nueva Constitución liberal le protegía,
como a cualquier otro ciudadano, en sus derechos y libertades fundamentales.
La reconstrucción de la reacción que tuvo la Iglesia católica salvadoreña en
este conflicto, a la luz de los ejemplares de El Católico durante el período que
comprende de junio a noviembre de 1881, nos permitirá acceder a la voz de un
clero que reclamó el derecho a seguir siendo educador y que alertó sobre los
“peligros” que el mundo moderno planteaba a los cristianos a través de las
ideas liberales, del positivismo, del racionalismo, y de la masonería, entre otros.
Un análisis más detallado del conflicto nos pondrá en contacto con actores
más personales, como son Rafael Reyes5 y Luciano Hernández6, liberales
Centroamérica Ilustrada 1793-1838, FLACSO Programa El Salvador, 1999; Sajid Herrera, ¿Liberales
contra conservadores? Las facciones políticas en El Salvador del siglo XX. (inédito);
5
Rafael Reyes nació el 18 de junio de 1847 y falleció el 8 de enero de 1908. Se desempeñó como
funcionario en las siguientes instituciones gubernamentales: Subsecretaría de Relaciones Exteriores,
Secretaría Particular de la Presidencia, Gobernación Departamental de San Salvador, Juzgados de 1ª.
Instancia, y Alcaldía Municipal. Además fue miembro varias Comisiones de Legislación, Director de la
Escuela Normal, Redactor de el Diario Oficial, y ejerció varios cargos diplomáticos. Fue condecorado
como Comendador de la Legión de Honor y con las Palmas de Oro de la Instrucción Pública del gobierno
de Francia. Ejerció durante muchos años su profesión de Abogado y Notario. Fundó varios periódicos de
combate que produjeron sinsabores y tristezas. Reseña Biográfica de M. Castro Ramírez.
6
Luciano Hernández nació en Sensuntepeque el 18 de enero de 1835. Se doctoró en Derecho en la
Universidad Nacional, y durante su vida pública ejerció diversos cargos entre los que destacan: Ministro
de Instrucción Pública, Auditor General de Guerra, Subsecretario de Relaciones Exteriores, Rector de la
Universidad Nacional, y Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante varios Gobiernos. Entre
sus condecoraciones se incluyen las Palmas de Oro del Ministerio de Instrucción Pública y Caballero de
3
promotores de la reforma educativa y a quienes El Católico se encargó de
dedicarles diversos editoriales como defensa a sus ataques a la fe católica. El
periódico religioso, con el objeto de convencer al pueblo salvadoreño de las
anticatólicas intenciones de estos dos personajes, sobre todo del primero de
ellos, defendió los principios de la fe y la doctrina del magisterio en
cumplimiento de su misión fundamental. El debate a que dio lugar el
“Reglamento sobre enseñanza privada, Liceos y Colegios”, emitido por el
Consejo Superior de Instrucción Pública el 4 de junio de 18817 fue el acto
administrativo que originó la primera batalla de opinión pública que libró El
Católico, y de cuyo desarrollo y desenlace nos ocuparemos a continuación.
Hasta ahora, el tratamiento del tema educativo en El Salvador, a fines del
siglo XIX, no ha efectuado una mirada detallada al debate planteado en la
presente tesis. Los trabajos de Gilberto Aguilar Avilés y Héctor Lindo-Fuentes
sobre el sistema escolar nacional en el siglo XIX, plantean un vistazo sinóptico
a los grandes cambios institucionales, curriculares y jurídicos que ayudan a
comprender el estado actual de la educación, pero que no menciona el conflicto
por la laicidad educativa de 1881.8 De igual manera, Héctor Lindo-Fuentes ha
dirigido principalmente su atención al tema del gasto público en educación y a
los indicadores fundamentales (número de escuelas, número de alumnos,
estudiantes por escuela, habitantes por escuela, número de profesores, etc)
que posibilitan comprender el fracaso de la educación salvadoreña como motor
de la economía nacional del siglo XIX.9 Rodolfo Cardenal efectuó un excelente
análisis de la influencia de la Iglesia en la sociedad salvadoreña durante el
período comprendido de 1871 a 1931, pero en el tratamiento de la
secularización de la enseñanza se concentró de manera bastante general en
dos aspectos: la prohibición gubernamental de la enseñanza del catecismo en
las escuelas públicas de primeras letras durante el año de 1880; y los reclamos
de la curia al gobierno por los constantes ataques a la doctrina cristiana en
la Legión de Honor del Gobierno de Francia. Ver B. Pérez Marchant, Diccionario Biográfico de El
Salvador, Escuela Tipográfica Salesiana, Nueva San Salvador, C.A. 1937.
7
D.O. Número 203, Tomo 11, del 3 de setiembre de 1881.
8
Gilberto Aguilar Avilés, Héctor Lindo-Fuentes, Un vistazo al pasado de la educación en El Salvador. El
sistema escolar de El Salvador en el siglo XIX, Segunda edición, FEPADE, San Salvador, 1998.
9
Héctor Lindo Fuentes, La economía de El Salvador en el siglo XIX, Biblioteca de Historia Salvadoreña,
Volumen No. 12, Primera edición en español, Dirección de publicaciones e Impresos, Consejo Nacional
para la Cultura y el Arte, CONCULTURA, San Salvador, 2002. pp. 117-125.
4
diversas publicaciones periódicas.10 Nada dijo del debate puntual del que se
ocupa la presente tesis.
Esta es la novedad de la presente investigación, pues posibilita acceder a
una discusión de suma trascendencia para la defensa de la libertad de
enseñanza establecida en la Constitución de 1880, y para el ejercicio de la
enseñanza privada católica, secundaria y superior. Este debate ejemplifica la
existencia de conflictos dentro de las facciones políticas liberales de El
Salvador, y constituye un claro desencuentro sobre la laicidad educativa, entre
los liberales anticlericales como Rafael Reyes y Luciano Hernández y los
liberales constitucionalistas como Antonio J. Castro y el mismo presidente
Rafael Zaldívar.
El corpus de publicaciones utilizado en este esfuerzo académico
comprende primordialmente dos periódicos: El Católico, semanario religioso
que me permitió reconstruir la voz eclesiástica del conflicto; y el Diario Oficial,
periódico del gobierno que posibilitó una mirada al interior del conflicto en
cuestión. Frente a las preguntas de ¿Por qué utilizar publicaciones periódicas
para esta investigación? ¿Por qué los ejemplares de El Católico? ¿Por qué el
Diario Oficial? Debo comenzar aclarando que existen múltiples razones. En
primer lugar, las publicaciones impresas posibilitan el acceso, de otra forma
muy limitado, a los espacios de debate público de la época estudiada, y
permiten edificar de nuevo los imaginarios de las sociedades ante una
problemática particular.11 Normalmente aceptamos la idea de que la Iglesia
católica fue conservadora reaccionaria e intolerante frente a los cambios
científicos y políticos del siglo XIX. Si tenemos acceso a extractos como el
siguiente, tomado de El Católico podríamos asentir en tal apreciación:
El error mas funesto de nuestro siglo y por desgracia el más generalizado, es el
racionalismo. Este es el sistema que, negando la revelación divina, se esfuerza en
comprender y explicar los misterios religiosos con solo la luz de la razón natural. De
esta definición se deduce claramente que el racionalismo, no solo dista mucho, sino que
se opone diametralmente al perfeccionamiento de la inteligencia humana.12
10
Cardenal, Rodolfo. El poder eclesiástico en El Salvador1871-1931, Biblioteca de Historia Salvadoreña
Volumen No. 9, Segunda Edición, Dirección de Publicaciones e Impresos, Consejo Nacional para la
Cultura y el Arte, CONCULTURA, San Salvador, 2001. pp. 163-164.
11
Miguel Ayerdis, “Publicaciones periódicas, formas de sociabilidad y procesos culturales en Nicaragua
1884-1926” Banco Central de Nicaragua, Managua, 2004. p. 47.
12
El Católico, “El Racionalismo”,19 de junio de 1881.
5
No obstante lo anterior, una revisión detallada de los artículos del
semanario religioso nos permitirá ser más balanceados y críticos de tal
concepción, pues comprobaremos que la misma Iglesia salvadoreña, actuó en
el debate educativo, desde una plataforma mayormente liberal al asumir la
defensa de su actividad formativa bajo presupuestos tales como la libertad de
enseñanza; presupuestos nada conservadores como normalmente se cree.
En este mismo sentido, las publicaciones periódicas plantearon y articularon
las voces de sectores particulares de la sociedad salvadoreña de la época, que
aspiraba a renovarse, o mejor dicho "civilizarse" bajo las enseñanzas del
liberalismo, y amparadas en el derecho a la libertad de expresión. Los
editoriales y artículos que El Católico dedica al debate sobre la educación laica
nos permiten acceder a la postura de una Iglesia que está dispuesta a luchar
por no ser excluida arbitrariamente de uno de sus antiguos privilegios desde el
período colonial: la actividad educadora.
En segundo término, y como bien señala Paula Alonso, desde su
nacimiento en los conflictos ideológicos y políticos de las independencias
latinoamericanas y durante buena parte del siglo XIX y principios del XX, la
prensa se convirtió en uno de los principales ámbitos de discusión pública.13
Por ende, debemos aceptar que su objetivo primordial, más que el de informar,
era el de hacer política.14 Es bajo esta concepción que debe situarse la
importancia de los ejemplares del periódico El Católico que se analizan en este
trabajo. Se trata de una Iglesia que pretende influir directamente en las políticas
educativas del Estado salvadoreño, teniendo a su favor, la Constitución Política
de 1880 y el argumento de la obediencia moral del “ferviente y católico pueblo
salvadoreño”.
Una tercera razón es la función educativa liberal que cumplían las
publicaciones periódicas de este período, y no sólo en El Salvador.
Por
ejemplo, en el estado de Magdalena, Colombia, los periódicos jugaron un papel
importante en la divulgación de los principios pedagógicos y de las
innovaciones o mejoras educativas efectuadas por el Estado. De igual manera
las publicaciones periódicas permitían acceder a los ejemplos educativos de
13
Paula Alonso (comp.) Construcciones Impresas Panfletos, diarios y revistas en la formación de los
estados nacionales en América Latina, 1820-1920. Fondo de Cultura Económica de Argentina, S.A.
(2004) p. 7.
14
Ídem.
6
Norteamérica y Europa con la intención de generar en las personas el deseo de
imitar tales prácticas.15 Esta misma técnica será utilizada por El Católico bajo la
sección de “Crónica Exterior” para resaltar los ejemplos relevantes, para su
causa, de los países y de los católicos ejemplares.
Una cuarta razón para recurrir a este tipo de publicaciones consiste en que
las mismas (oficiales y privadas), además de ser verdaderos mecanismos para
plantear imaginarios y construir espacios públicos, aspiran finalmente a
convertirse en la "opinión pública" que represente a la nación o al pueblo
entero.16 El Católico también compartía esta pretensión de ser la opinión del
ilustre pueblo salvadoreño.
Y es precisamente en la construcción de esa opinión pública en donde el
vínculo con la educación, como bien sostiene Ayerdis, es axiomático. No puede
hablarse de una participación activa del ciudadano sin una formación del
individuo que le posibilite conocer y ejercer sus derechos.17 La formación de
individuos, provista por un sistema institucional establecido por el Estado,
disciplina a los ciudadanos que pasan por dicho sistema mediante una
herramienta fundamental: la cultura oficial impresa.18 El autor nicaragüense
formula claramente el papel de la educación formal en la creación de espacios
públicos reales, y la importancia de estos últimos como medio de socialización
del individuo:
La educación formal, además de ser un medio formador idóneo de la sociedad,
permite sentar las bases para la creación de espacios públicos reales, y los abstractos
donde converjan las diversas expresiones sociales. Estos espacios públicos abstractos,
representados en las publicaciones periódicas están entre los medios más importantes en
el proceso de socialización de la idea del ciudadano, y de todo lo que este sujeto
encierra en su constitución.19
La Iglesia católica del siglo XIX comprendió este vínculo y El Católico
significó un medio para educar un nuevo ciudadano que debía civilizarse sin
15
Luis Alarcón Meneses, Jorge Luis Calderón y Adriana Santos Delgado, “La cuestión de los métodos
pedagógicos en el estado soberano del Magdalena: Un Discurso Modernizador”. En VIII Anuario de
Historia Regional y de las Fronteras. Universidad Industrial de Santander, Facultad de Ciencias
Humanas, Escuela de Historia (2002) Pp. 130-131
16
Hilda Sábato. “La reacción de América: La Construcción de las Repúblicas en el siglo XIX.” Roger
Chartier, Antonio Feros (directores) Europa, América y el Mundo: Tiempos Históricos" Fundación Rafael
Del Pino-Fundación Carolina-Colegio Libre de Eméritos Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales,
S.A. Madrid-Barcelona 2006.
17
Miguel Ayerdis, Op. Cit. p.47.
18
Ídem.
19
Ídem.
7
abandonar los principios y valores de la religión católica. Visto desde esta
perspectiva, las publicaciones periódicas del siglo XIX y principios del XX se
transformaron en el barómetro del grado de libertad de opinión otorgado por el
gobierno, y por lo tanto del nivel de “civilización” de una sociedad.20 El simple
hecho de acceder a los ejemplares de El Católico del período que nos ocupa es
argumento suficiente para sustentar que existía libertad de opinión bajo el
régimen de Rafael Zaldívar, sin importar los cuestionamientos que se hiciese
directa o indirectamente al mismo gobierno. Hay que recordar que su antecesor
en la presidencia, el mariscal Santiago González no había mostrado la misma
tolerancia frente a la libertad de opinión al clausurar otro periódico religioso, La
Verdad, en el año de 1875.21
Concluyendo sobre este punto podemos sostener, que la importancia de las
publicaciones periódicas durante el siglo XIX, radica en su función como
vehículo de proyectos, instrumento de debate, propulsor de valores, educador
de ciudadanos, hacedor de políticas, y reproductor-constructor de imaginarios
sociales de esa época.22 Existe además un argumento de orden práctico: ¿De
qué otra manera podemos conocer las opiniones y reacciones de la Iglesia
salvadoreña ante el intento de completa exclusión del clero de la actividad
educativa sino a través de sus propias publicaciones?
No obstante lo anterior, este esfuerzo de investigación posee varias
limitantes: primera, la de no constituir una visión amplia del accionar liberal
tanto de los políticos en conflicto con el clero como de quienes apoyaron la
libertad de enseñanza, en detrimento de sus grandes esfuerzos por la
construcción de un estado liberal salvadoreño; segunda, el de no haber sido
capaz de encontrar fuentes primarias que ratificaran las expresiones y
publicaciones anticlericales de Rafael Reyes, por lo que su tratamiento asume
la fidelidad de los redactores de El Católico como la expresión directa de sus
ideas; y tercera, la de no haber incluido otras publicaciones periódicas de la
época que pudieron haberse pronunciado simultáneamente sobre el debate de
la enseñanza laica. No obstante lo anterior, la misma delimitación del tema de
esta tesis como el estudio de la reacción de la Iglesia católica frente al esfuerzo
20
Paula Alonso, Op. Cit. p. 8
Rodolfo Cardenal, Op. Cit. pp. 159-194
22
Paula Alonso, Op. Cit. p. 10
21
8
de laicización educativa de fines de 1881, me obligó a privilegiar el tratamiento
de El Católico y de El Diario Oficial por encima de otras fuentes que, sin lugar a
dudas, abren espacios para futuras contribuciones a la investigación de la
temática educativa salvadoreña en el siglo XIX.
Este trabajo se divide en cinco capítulos: el primero, nos pondrá en contacto
con los antecedentes históricos mínimos para contextualizar el conflicto que
analizaremos; el segundo, parte de la premisa que los esfuerzos por la reforma
educativa y su secularización constituyen un proceso de larga duración que se
inició desde la dinastía borbónica en 1750 y que concluyó con el esfuerzo de
laicidad educativa en 1881, para abordar así el régimen jurídico aplicable al
conflicto por la enseñanza laica; el tercer y cuarto capítulo están estrechamente
relacionados y constituyen la mirada externa del debate, la que se produce en
las publicaciones periódicas, reconstruyendo una reacción de El Católico de
carácter abstracto y general ante las propuestas de educación laica de Rafael
Reyes; el cuarto capítulo completa la recuperación de las posturas del
semanario religioso, en la esfera de la opinión pública, pero ahora ante el
hecho oficial concreto de la exclusión del clero de la enseñanza privada; el
quinto capítulo constituye la mirada al interior de la controversia que enfrentó a
liberales en el seno del mismo gobierno, mediante la verificación de los hechos
ocurridos en las actas de las sesiones del Consejo Superior de Instrucción
Pública que aparecieron publicadas en el Diario Oficial de 1881; y finalmente,
se plantean las conclusiones y reflexiones finales que se pueden extraer de la
presente investigación.
Se consultaron los siguientes archivos para la elaboración de la presente
tesis: 1) el Archivo Histórico del Arzobispado de San Salvador (AHASS); y 3) La
Biblioteca Florentino Idoate SJ, Colecciones Especiales de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
9
CAPÍTULO PRIMERO
Entendiendo el debate: antecedentes históricos del conflicto por la
completa laicidad educativa en El Salvador.
Procedamos a contextualizar el debate que nos ocupa, de manera tal que
tengamos elementos suficientes para una mejor comprensión de la reacción
católica a la laicización educativa. En primer término, debe comprenderse que
el siglo XIX representó un momento de grandes cambios y revoluciones
(políticas, científicas, económicas) para las monarquías europeas, y la Iglesia
Católica no estuvo exenta de estas agitaciones sociales; por lo que la reacción
negativa de la Iglesia católica a estos grandes cambios fue el parámetro, de
muchos liberales anticlericales, para considerar al clero salvadoreño como
intolerante, intransigente y ultramontano sin mayores reflexiones. La Iglesia
salvadoreña tuvo que defenderse frente a tales acusaciones, sin poder
renunciar a la influencia, carácter, y escritos de los sumos pontífices del siglo
XIX. En segundo lugar, debe situarse a la Iglesia católica salvadoreña en las
circunstancias por las que atravesó su relación con los gobiernos liberales
(principalmente los de Santiago González y Rafael Zaldívar) en el momento en
que se produjo esta reforma educativa. Finalmente, y para concluir este
capítulo será útil cuestionar si las categorías de liberales y conservadores
fueron en realidad antagónicas, sobre todo en su relación con el cristianismo:
los liberales atacaban al clero mientras que los conservadores defendían los
intereses eclesiásticos. Dentro de la clase política salvadoreña, y dentro de la
misma Iglesia salvadoreña podemos encontrar liberales con ideas y objetivos
comunes, cuya diferencia radicaba más bien en los métodos empleados.23Este
último apartado provee elementos que permiten un mejor análisis del conflicto
sobre la laicización educativa en El Salvador.
I.
Las revoluciones europeas del siglo XIX y la Iglesia católica.
El siglo XIX representó un momento de grandes cambios y revoluciones
(políticas, científicas, económicas) para las monarquías europeas, y la Iglesia
Católica no estuvo exenta de estas agitaciones sociales. Desde el Congreso de
23
Ídem.
10
Viena (1815), pasando por la pérdida de los Estados Pontificios y la unificación
por la fuerza de la República Italiana bajo Víctor Manuel II (1870), hasta la
suscripción de los Pactos de Letrán (1929) momento en que finalmente la
Iglesia reconoce a Italia como Estado soberano, nos encontraremos con una
jerarquía eclesiástica que se resiste a los cambios. Las revoluciones políticas
de 1830 se encargaron de destruir los cimientos del antiguo régimen
monárquico. Esto significó que aspectos como la autoridad absoluta, el derecho
divino de los reyes, los privilegios de cuerpos o corporaciones como la misma
Iglesia se vieron enfrentados a un nuevo planteamiento democrático que
postulaba igualdad, participación popular mediante el sufragio, y por sobre
todo, libertad de conciencia.24
El grado de intensidad de la reacción de la Iglesia Católica frente a esta
nueva realidad política, económica y social dependió, en gran medida, del
liderazgo y personalidad del Papa. Son seis los Papas que dirigen la Iglesia
católica en el siglo XIX: Pío VII (1800-1823), cuyo pontificado quedó marcado
por la influencia napoleónica y la reconstrucción posterior a la caída del
emperador francés; León XII (1823-1829), quien entre otras cosas, fue el
responsable de lidiar con el problema del establecimiento de diócesis en los
países que se habían independizado de España; Pío VIII (1829-1830), un
convencido de lo imposible de dar marcha atrás frente a la nueva realidad
política y social, y por consiguiente un buscador de acuerdos con el nuevo
régimen; Gregorio XVI (1831-1846), considerado como un defensor del
régimen absolutista y un represor de la oposición ideológica, que agudizó
dramáticamente las tensiones entre liberales y conservadores (aún cuando
existieran posturas intermedias entre ambas corrientes); Pío IX (1846-1878),
llamado por algunos el fundador del papado moderno, fue el encargado de
plantear la postura más intransigente y conservadora, comúnmente llamada
ultramontana, frente a las reformas liberales que se producían en América
Latina; León XIII (1878-1903), fue el responsable de hacer ver a amigos y
enemigos que la Iglesia era indiferente a regímenes políticos (monarquías,
24
Juan María Laboa, Historia de la Iglesia IV: Época contemporánea, Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid, 2002. págs. 31-33
11
imperios y repúblicas) e instó a los católicos a participar en la vida pública en el
marco de las nuevas constituciones republicanas.25
Para efectos de la presente investigación nos interesan particularmente las
posturas y liderazgos de Pío IX (1846-1878) y de León XIII (1878-1903) ya que
en ellos se esbozan las dos grandes actitudes de la Iglesia Católica durante el
siglo XIX: en Pío IX, el rechazo y lucha por la vuelta al antiguo régimen
(monárquico), y en León XIII, la aceptación de que los cambios se deben
producir en una nueva realidad política, las Repúblicas democráticas.
a) Pío IX y la reacción ultramontana.Una de las influencias decisivas en la línea editorial de El Católico saldrá
de las ideas y acciones de este noble italiano, nacido el 13 de mayo de 1792 en
Semigallia, y que fuera electo en 1846 como el papa Pío IX. Si bien su fama
incluía el calificativo de hombre de tendencias liberales, desde muy temprano
en su pontificado marcó una profunda huella conservadora. Su primera
encíclica Qui pluribus, (“A esto tiende”), dada el 9 de noviembre de 1846, se
convirtió en un claro ataque contra el racionalismo, el indiferentismo, al mismo
tiempo que afirmó que la regla inmediata de la fe era el magisterio vivo e
infalible del papa.26 Así sobre el racionalismo señala:
De allí que, con torcido y falaz argumento, se esfuercen en proclamar la fuerza
y excelencia de la razón humana, elevándola por encima de la fe de Cristo, y vociferan
con audacia que la fe se opone a la razón humana. Nada tan insensato, ni tan impío, ni
tan opuesto a la misma razón pudieron llegar a pensar; porque aún cuando la fe está
sobre la razón, no hay entre ellas oposición ni desacuerdo alguno, por cuanto ambas
proceden de la misma fuente de la Verdad eterna e inmutable, Dios Optimo y Máximo:
de tal manera se prestan mutua ayuda, que la recta razón demuestra, confirma y
defiende las verdades de la fe: y la fe libra de errores a la razón, y la ilustra, la confirma
y perfecciona con el conocimiento de las verdades divinas.27
Debe recalcarse de igual manera el pronunciamiento del mismo pontífice
en cuanto al tema de la “Obediencia al poder civil”:
Inculcad al pueblo cristiano la obediencia y sujeción debidas a los príncipes y
poderes constituidos, enseñando, conforme a la doctrina del Apóstol que toda potestad
viene de Dios, y que los que no obedecen al poder constituido resisten a la ordenación
de Dios y se atraen su propia condenación, y que, por lo mismo, el precepto de obedecer
25
Juan María Laboa, Op. Cit. págs.3-30, 226-230.
Juan María Laboa, Op. Cit. págs. 24-25.
27
Qui pluribus, 9 de noviembre de 1846. Ver: Numeral 4.
http://ar.geocities.com/magisterio_iglesia/pio_9/qui_pluribus.html (20-junio-2008)
26
12
a esa potestad no puede ser violado por nadie sin falta, a no ser que mande algo contra
la ley de Dios y de la Iglesia.28
El origen divino del poder del monarca, respaldado por la Iglesia católica,
sería uno de los principios más atacados frente al poder originado en el
acuerdo de voluntades de los habitantes o ciudadanos de las nuevas
Repúblicas. Ante estos postulados, era sumamente difícil no calificar de
conservador y monárquico al clero.
No puede olvidarse que Pío IX tuvo que convivir con la crisis política de
la existencia misma de los Estados Pontificios que él presidía, frente a la
inevitable formación del reino de Italia.29 Este acontecimiento marcó
profundamente su pontificado y su mensaje, sobre todo en cuanto a la actitud
hacia la tendencia republicana de los nuevos Estados.
Pero la obra más recordada de Pío IX será su famoso Syllabus o Índice
de los principales errores de nuestro siglo. En este documento se enumeran 80
errores que abarcan cualquier pensamiento moderno que significase una
amenaza para el status quo de la Iglesia. Se encuentran categorizados en: I.
Panteísmo, Naturalismo y Racionalismo Absoluto; II. Racionalismo moderado;
III. Indiferentismo. Latitudinarismo; IV. Socialismo, Comunismo, Sociedades
secretas, Sociedades bíblicas, Sociedades clérico-liberales; V. Errores acerca
de la Iglesia y sus derechos; VI. Errores tocantes a la sociedad civil
considerada en sí misma o en sus relaciones con la Iglesia; VII. Errores acerca
de la moral natural y cristiana; VIII. Errores sobre el matrimonio cristiano; IX.
Errores acerca del principado civil del Romano Pontífice; y, X. Errores relativos
al liberalismo de nuestros días.30
Este Índice representa no sólo la postura de la Iglesia Católica, sino la
actitud con la que su jerarquía y miembros debían enfrentar el mundo moderno,
sus valores y nuevas libertades. ¿Qué posición tendría la Iglesia en relación
con las libertades políticas, de prensa, de educación, de conciencia y de
cultos?31 La respuesta a esta interrogante y a muchas otras puede encontrarse
28
Qui pluribus, 9 de noviembre de 1846. Ver: Numeral 13.
http://ar.geocities.com/magisterio_iglesia/pio_9/qui_pluribus.html (20-junio-2008)
29
Juan María Laboa, Op. Cit. p. 24
30
Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores. 8 de diciembre de 1864. Ver:
http://www.filosofia.org/mfa/far864a.htm (21-junio-2008)
31
Juan María Laboa, Op. Cit. p.105.
13
en el Syllabus. Su simple lectura nos permite darnos cuenta que se trata de un
texto radical y reaccionario en contra del mundo moderno. Lo anterior no
significa que dentro de la misma Iglesia Católica no existiesen importantes
voces que apoyasen las ideas liberales y democráticas, o que clamaran por
una modernización de la Iglesia Católica. De hecho, Felicité de Lamennais32 en
Francia, Antonio Rosmini en Italia, Lord Acton en el Reino Unido fueron no sólo
católicos sino también liberales que veían las nuevas libertades como una
oportunidad sin precedentes para actualizar a la Iglesia en el siglo XIX.
Lamentablemente, muchos de sus pronunciamientos fueron silenciados por las
voces más conservadoras del clero romano, que son las que terminaron
influyendo más decisivamente en la redacción del Syllabus (especialmente los
jesuitas italianos de la revista La Civiltà Cattolica33).
Vale la pena recordar algunos de los “errores del siglo XIX” postulados
por el Syllabus en lo concerniente al racionalismo, la libertad de culto, el
protestantismo, el poder civil, el fuero eclesiástico, el matrimonio civil, la
educación y la religión católica34:
Sobre el racionalismo, libertad de culto y protestantismo sostiene como
errores el que:
III. La razón humana es el único juez de lo verdadero y de lo falso, del bien y
del mal, con absoluta independencia de Dios; es la ley de sí misma, y le bastan sus solas
fuerzas naturales para procurar el bien de los hombres y de los pueblos…XV. Todo
hombre es libre para abrazar y profesar la religión que guiado en la luz de la razón
juzgare por verdadera. XVI. En el culto de cualquiera religión pueden los hombres
hallar el camino de la salud eterna y conseguir la eterna salvación…XVIII. El
32
Félicité Robert de Lamennais nació en Saint Malo en 1782 y murió en París en 1854. Filósofo católico
y teólogo que en lo incios de su vocación sacerdotal escribió “Ensayo sobre la indiferencia”, obra que
proporcionó al la Iglesia ultramontana un renovado brillo para defender su postulados frente a la
Revolución francesa. La evolución de su pensamiento le llevará a distanciarse del ultramontanismo y a
convertirse en un promotor del catolicismo liberal, que tuvo en Bélgica , Irlanda y Polonia ejemplos
notables de combinación del credo liberal con la defensa de la fé católica. Como consecuencia de sus
nuevas ideas será su obra “Palabras de un creyente” la que le terminará ocasionando su ruptura con la
jerarquía católica, culminando en su excomunión por parte del Papa Gregorio XVI. Ver:
http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=252 (22-julio-2008) y
http://www.newadvent.org/cathen/08762a.htm (23-julio-2008)
33
Esta revista católica fundada por Pío IX en 1849, y a cargo de un colegio de escritores de la Compañía
de Jesús, tenía como objetivo la defensa de la Iglesia y de la religión católica desde su fundación.
Discurso del Juan Pablo II en el 150 aniversario de fundación de la revista “La Civiltá Cattolica”. Ver:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1999/april/documents/hf_jpii_spe_19990422_civilta-cattolica_sp.html (20-julio-2008)
34
No debe olvidarse que dada la categorización de “errores” utilizada en el Syllabus su enunciado implica
justamente una condenación por parte del Papa y de la Iglesia Católica de tal postulado.
14
protestantismo no es más que una forma diversa de la misma verdadera Religión
cristiana, en la cual, lo mismo que en la Iglesia, es posible agradar a Dios.35
No fue menos tolerante en cuanto a cuando al poder civil, el fuero
eclesiástico, el matrimonio civil, y la religión al condenar a quien considerase
que:
XIX. La Iglesia no es una verdadera y perfecta sociedad, completamente libre,
ni está provista de sus propios y constantes derechos que le confirió su divino fundador,
antes bien corresponde a la potestad civil definir cuales sean los derechos de la Iglesia y
los límites dentro de los cuales pueda ejercitarlos…XXXI. El fuero eclesiástico en las
causas temporales de los clérigos, ahora sean estas civiles, ahora criminales, debe ser
completamente abolido aun sin necesidad de consultar a la Sede Apostólica, y a pesar
de sus reclamaciones…LV. Es bien que la Iglesia sea separada del Estado y el Estado de
la Iglesia…LXVI. El sacramento del matrimonio no es sino una cosa accesoria al
contrato y separable de este, y el mismo sacramento consiste en la sola bendición
nupcial…LXXVII. En nuestra edad no conviene ya que la Religión Católica sea tenida
como la única religión del Estado, con exclusión de otros cualesquiera cultos.36
Y en cuanto al tema que nos ocupa en la presente investigación, la
educación laica, es categórica al prohibir suscribir postulados como:
XLV. Todo el régimen de las escuelas públicas, en donde se forma la
juventud de algún estado cristiano, a excepción en algunos puntos de los seminarios
episcopales, puede y debe ser de la atribución de la autoridad civil; y de tal manera
puede y debe ser de ella, que en ninguna otra autoridad se reconozca el derecho de
inmiscuirse en la disciplina de las escuelas, en el régimen de los estudios, en la colación
de los grados, ni en la elección y aprobación de los maestros...XLVII. La óptima
constitución de la sociedad civil exige que las escuelas populares, concurridas de los
niños de cualquiera clase del pueblo, y en general los institutos públicos, destinados a la
enseñanza de las letras y a otros estudios superiores, y a la educación de la juventud,
estén exentos de toda autoridad, acción moderadora e ingerencia de la Iglesia, y que se
sometan al pleno arbitrio de la autoridad civil y política, al gusto de los gobernantes, y
según la normas de las opiniones corrientes del siglo.37
El Syllabus fue el resultado, por una parte, de la tensión de una Iglesia
católica luchando en contra de las legislaciones anticlericales de los Estados; y
por otra, de conflictos internos entre católicos liberales y conservadores
ultramontanos. Los primeros postulaban, como diría Montalembert38, el ideal de
35
Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores. 8 de diciembre de 1864. Ver:
http://www.filosofia.org/mfa/far864a.htm (21-junio-2008).
36
Ídem.
37
Ídem.
38
Charles Forbes René de Montalembert (1810-1870), publicista e historiador francés, discípulo de
Lamennais y dirigente del catolicismo liberal francés que se convirtió en uno de los adversarios
intelectuales más fuertes de Pío IX y el Syllabus. Ver:
http://www.1911encyclopedia.org/Charles_Forbes_Montalembert (7-agosto-2008)
15
una Iglesia libre en un Estado libre39, mientras que los últimos se oponían a
cualquier cambio que menoscabase la posición de la Iglesia frente al Estado. Al
leer el Syllabus, se comprende fácilmente quienes prevalecieron. Es muy
probable que, la idea de condenar como un todo las ideas dominantes de la
sociedad moderna, no haga mucho sentido ahora, y que tampoco lo tuviese en
su época, pero para Pío IX era un ejercicio de fuerza política en el que no
estaba dispuesto a ceder frente a nadie. 40
El Syllabus demostró no solo que la Iglesia no estaba dispuesta a
dialogar ni dentro ni fuera de la misma, sino también que no aceptaba ni
comprendía el nuevo modelo de sociedad que se estaba edificando. Las
consecuencias lógicas de tan drástica postura eclesiástica no se hicieron
esperar, e incluyó el más rotundo rechazo por parte de los gobiernos liberales,
que veían despreciados los principios de sus nuevas constituciones, por lo que
decidieron evitar la difusión del documento. Pero a más largo plazo, la condena
global y total del Syllabus marcó la posición de la Iglesia Católica como
intransigente e intolerante, frente a cualquier relación y negociación futura con
los Estados liberales.41 Esta será la imagen de la Iglesia ultramontana que
encontraremos en los pronunciamientos de personajes como Rafael Reyes y
Luciano Hernández, quienes se negaban a reconocer que la realidad del clero
salvadoreño no necesariamente se apegaba a la intransigencia e intolerancia
de Pío IX.
b) León XIII y una Iglesia protagonista de los cambios sociales.León XIII42 comprendió desde el inicio de su pontificado que su principal
punto de apoyo se encontraba en los derechos civiles y políticos garantizados
en los textos de las mismas constituciones liberales. La Iglesia comprendió por
fin, que mediante el voto de sus fieles católicos podía seguir influyendo en la
vida social. No se trataba ya de conseguir el apoyo del Gobierno, que siempre
39
Juan María Laboa, Op. Cit. p.113.
Ídem.
41
Juan María Laboa, Op. Cit. Págs. 114-118.
42
Nacido en Carpineto, Roma, en 1810. Desde muy temprana edad inició su formación sacerdotal. Su
nombramiento como nuncio apostólico en Bélgica, le permitirá conocer, de primera mano, las relaciones
entre Iglesia y el nuevo estado liberal belga, fundado gracias a la colaboración de católicos liberales, y por
tanto libre de los presupuestos anticlericales propios de otros regímenes liberales. Esta experiencia
marcará profundamente su pontificado. Ver: Juan María Laboa, Op. Cit. Págs. 227-267.
40
16
demostró ser sumamente importante, sino de aprovechar los espacios que se
abrieron en la vida pública para los ciudadanos católicos de las nuevas
democracias.43 Esta fue la postura que adoptó el clero salvadoreño al postular
defensa de su derecho a enseñar desde la misma libertad de enseñanza
garantizada por la Constitución Política de 1880.
Las diferencias de postura con su predecesor (Pío IX) se hicieron sentir
de varias maneras: primero, al establecer relaciones más cordiales con los
gobiernos, evitando conflictos innecesarios, e intentando acercarse a la cultura
misma de esos Estados44; segundo, comprendiendo que un rechazo tajante de
la sociedad moderna y del liberalismo, como la efectuada por el Syllabus, solo
conduciría a la marginación eclesial; tercero, a través de su interés por
fomentar la cohesión eclesial mediante publicaciones de libros, revistas y hojas
de espiritualidad dirigidos a la población católica de los nuevos Estados; y
cuarto, en el impulso de nuevas iniciativas católicas a favor de los más pobres
o de los excluidos en un mundo cada vez menos solidario.45
El documento más recordado de León XIII lo constituyó la encíclica
Rerum Novarum (De las cosas nuevas). Entendida como una postura
referencial de la Iglesia frente a la llamada “cuestión social”.
asentamientos
humanos
que
poblaron
los
cinturones
de
Los
pobreza
característicos en los alrededores de las ciudades industriales europeas desde
principios del siglo XIX, eran un recordatorio de que la distribución de la riqueza
producto de las ideas liberales económicas no habían sido capaces de
beneficiar a todos, o mejor dicho, beneficiaban a muy pocos. La inexistencia de
normas que evitasen los abusos a los trabajadores sometidos a jornadas de
trabajo sin horario, junto con las insalubres condiciones de la mayoría de
fábricas, los pobres salarios pagados a los trabajadores, y el trabajo
indiscriminado de las mujeres y de los menores, fueron el germen de un
movimiento político ideológico que reclamaba cambios sociales en las
estructuras económicas y jurídicas de las naciones industriales. El concepto de
43
Juan María Laboa, Op. Cit. Págs. 227.
Firmó concordatos con Austria y Bosnia Herzegovina en 1881, con Suiza (1884), Montenegro y
Portugal (1886) y con Colombia (1887). Ver: Juan María Laboa, Op. Cit. Págs. 243.
45
Entre estas organizaciones católicas de apoyo a los más necesitados pueden mencionarse Cáritas,
nacida en Colonia en 1897 por obra de Lorenz. Ver: Juan María Laboa,Op. Cit. p.253.
44
17
lucha de clases cobró sentido y vigencia para las asociaciones de trabajadores
ansiosas de mejoras en sus condiciones de vida.
Esta era la situación sobre la que se pronunció la Rerum Novarum. Fiel
al visionario espíritu de León XIII, esta encíclica trató de estudiar seriamente el
problema social ocasionado por la industrialización desde un panorama amplio.
Mientras que condenaba al socialismo, reconocía el derecho natural a la
propiedad y el valor social de ésta:
Para solucionar este mal, los socialistas, atizando el odio de los indigentes
contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando
mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas
que rigen el municipio o gobiernan la nación... Pero esta medida es tan inadecuada para
resolver la contienda, que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras; y es,
además, sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera
la misión de la república y agita fundamentalmente a las naciones.46
Se pronunciaba por acabar con los abusos hacia los trabajadores,
señalándoles a los ricos sus deberes:
Y éstos, los deberes de los ricos y patronos: no considerar a los obreros como
esclavos; respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la persona, sobre todo
ennoblecida por lo que se llama el carácter cristiano. …Por lo cual es obligación de los
patronos disponer que el obrero tenga un espacio de tiempo idóneo para atender a la
piedad…y no apartarlo en modo alguno de sus atenciones domésticas y de la afición al
ahorro. Tampoco debe imponérseles más trabajo del que puedan soportar sus fuerzas, ni
de una clase que no esté conforme con su edad y su sexo.47
Asignaba al Estado un rol de promotor del bien común, de la prosperidad
pública y de la privada, con lo que se esperaba superar el déficit del estado
liberal extremo48:
Así, pues, los que gobiernan deben cooperar, primeramente y en términos
generales, con toda la fuerza de las leyes e instituciones, esto es, haciendo que de la
ordenación y administración misma del Estado brote espontáneamente la prosperidad
tanto de la sociedad como de los individuos…lo que más contribuye a la prosperidad de
las naciones es la probidad de las costumbres, la recta y ordenada constitución de las
familias, la observancia de la religión y de la justicia, las moderadas cargas públicas y
su equitativa distribución, los progresos de la industria y del comercio, la floreciente
agricultura y otros factores de esta índole, si quedan, los cuales, cuanto con mayor afán
son impulsados, tanto mejor y más felizmente permitirán vivir a los ciudadanos.49
46
Rerum Novarum, Ver: http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_lxiii_enc_15051891_rerum-novarum_sp.html (20-junio-2008).
47
Ídem.
48
Juan María Laboa, Op. Cit. p.225.
49
Rerum Novarum, Ver: http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_lxiii_enc_15051891_rerum-novarum_sp.html (20-junio-2008)
18
Es a partir de la Rerum Novarum que se marca el nacimiento de una
serie de pronunciamientos eclesiásticos que se agrupan bajo el nombre de la
“doctrina social de la Iglesia”.50
El Católico y sus diversos artículos y editoriales recibieron estas
influencias, y como ya se expresó anteriormente, dentro de sus páginas
ocuparon un lugar preponderante, de acuerdo con las circunstancias, tanto las
ideas y planteamientos de Pío IX como las de León XIII. Así por ejemplo, en el
ejemplar del Año I, número 3 del 19 de junio de 1881, se condenará al
racionalismo siguiendo el Syllabus:
El error mas funesto de nuestro siglo y por desgracia el más generalizado, es el
racionalismo. Este es el sistema que, negando la revelación divina, se esfuerza en
comprender y explicar los misterios religiosos con solo la luz de la razón natural. De
esta definición se deduce claramente que el racionalismo, no solo dista mucho, sino que
se opone diametralmente al perfeccionamiento de la inteligencia humana.51
Mientras que en el Año II, número 48 del 23 de abril de 1882, El Católico
reproducirá íntegramente la Encíclica de León XIII, Etsi Nos del 15 de febrero
de 1882), que al referirse a las condiciones de la Iglesia católica en Italia,
efectuó un llamado para que los católicos trabajen por el bien de la Iglesia:
En el interin, vosotros, venerables Hermanos, despertad á los perezosos,
compeled á los tibios, alentad con vuestro ejemplo y autoridad á todos, para que
cumplan con energía y constancia los deberes en que consiste la vida activa de los
cristianos. …Como importa supremamente á la sociedad cristiana que esté y aparezca el
Romano Pontífice libre de todo peligro, molestia y dificultad en el gobierno de la
Iglesia, en cuanto sea posible según las leyes, hagan, pidan y trabajen en pró del
Pontífice; sin darse reposo, hasta que realmente, y no en apariencia, nos tornen aquella
libertad á que, por cierto necesario vínculo, se une, no solo el bien de la Iglesia, sinó la
marcha próspera de las cosas de Italia y la tranquilidad de los cristianos.52
Si El Católico publicaba la encíclica Etsi Nos de León XIII, casi un año
después de condenar el racionalismo (siguiendo a Pío IX) puede decirse que
este periódico católico también opinó desde la moderación de un Pontífice que
pide obediencia a las leyes de las nuevas repúblicas, al mismo tiempo que
exhorta a luchar por el bien de la Iglesia. Son estos matices en la voz
eclesiástica las que se rehusó a considerar tajantemente el grupo de
50
Pío XI escribió en 1931 la Quadragesimo anno; Juan XXIII redactó la Mater et Magistra (1961); Pablo
VI, de la Octogesima adveniens (1971); y Juan Pablo II, de la Centesimus annus (1991) Ver: Juan María
Laboa, Op. Cit. p. 224.
51
El Católico, Número 3, 19 de junio de 1881.
52
El Católico, Número 48, 23 de abril de 1881. Las cursivas son mías.
19
funcionarios anticlericales que empujaron la reglamentación que separó al clero
de la enseñanza privada secundaria y superior en 1881.
c) La
Iglesia
católica
en
el
período
posterior
a
las
independencias de América Latina.La Iglesia católica tenía relaciones estrechas con la corona española y
portuguesa al momento de las independencias del siglo XIX. Esta realidad le
obligó a proceder con suma cautela frente al reconocimiento de los nuevos
gobiernos
que
se
proclamaban
independientes
para
no
herir
las
susceptibilidades de los monarcas europeos. Esta postura de una Iglesia
católica, desde Roma, hacia los nuevos gobiernos de los países de América
Latina determinó en buena medida la percepción general que de ella se tuvo
durante el siglo XIX: una iglesia romana preocupada por sus relaciones
europeas, pero indiferente con América Latina.
Tal y como señala Bethel, la Iglesia salió sumamente debilitada de la lucha
por la independencia, dados sus estrechos lazos con la monarquía, de varias
maneras.53 En primer lugar y en el campo intelectual,
frente a la filosofía
racionalista y sus críticas al pensamiento religioso, la Iglesia responde
demandando del Estado protección y censura eclesiástica.
Esto es un breve extracto de cómo El Católico se aproxima críticamente al
racionalismo:
El racionalismo es la proclamación teórica y práctica de esa independencia absoluta,
ó mas bien, la insurrección de la inteligencia criada contra la inteligencia creadora. Es el
orgullo intelectual que desvía la inteligencia del foco eterno de toda luz, y del limpio
manantial de sus conocimientos verdaderos. Los dos principios fundamentales del
racionalismo, son: 1º. Que la razón humana es suficiente para conocer todas las verdades:
2º. Que nada debe creer y admitir aun en religión, sino solo aquello que puede entender y
explicar.54
Argumentos
como
estos
eran
los
utilizados
por
los
funcionarios
anticlericales para mostrar la intolerancia del clero salvadoreño frente a las
nuevas realidades científicas y políticas del siglo XIX.
En segundo lugar, la Iglesia católica desde Roma no solo rehusó cooperar
con los nuevos dirigentes políticos, ante la decisión de éstos de ejercer sobre la
53
Leslie Bethel., ed. Historia de América Latina 5. La Independencia. Cambridge University Press,
Cambridge. Editorial CRÍTICA. Barcelona (2000) págs.204-208.
54
El Católico, Número 3, 19 de junio de 1881.
20
Iglesia los derechos de patronato55 sino que se encargó de mantener vacantes
una cantidad considerable de sedes episcopales, con la esperanza de que los
cambios tomasen un giro favorable a sus intereses. Por ejemplo, desde la
muerte del arzobispo de Guatemala56 y del obispo de Puebla en 1829, la región
latinoamericana se quedó sin un solo obispo. Esta situación de acefalía se
mantuvo por períodos prolongados de tiempo en buena parte del continente
durante la primera mitad del siglo XIX. La lista de sedes episcopales vacantes
incluyó: México, 1824-1839; Michoacán, 1810-1831: Oaxaca, 1828-1841;
Guatemala, 1830-1831; Nicaragua, 1825-1849; Caracas, 1817-1827; Bogotá,
1818-1827; Cuenca, 1814-1847; Lima, 1822-1834; Trujillo, 1821-1836;
Concepción, 1817-1832;
La Plata, 1816-1834; Santa Cruz, 1813-1835;
Asunción, 1820-1845; Buenos Aires, 1813-1833; Córdoba, 1816-1857.57
Era predecible que los nuevos gobiernos resintieran esta actitud
eclesiástica, que pudo haber contribuido, en algunos casos a la desintegración
eclesiástica de las estructuras inferiores de la curia por la falta de guía y
dirección apropiada.58
Un tercer aspecto de la debilidad de la Iglesia lo constituyó el decaimiento
en las vocaciones religiosas. Tradicionalmente, la carrera eclesiástica era
considerada como una de las mejores opciones profesionales a las que podían
acceder los jóvenes desde la época colonial, pero su disminución en el período
posterior a las independencias fue tan marcada que llegó a alcanzar el 50 por
100 del clero secular, e incluso más en el clero regular.59
Finalmente, el patrimonio económico de la Iglesia se vio seriamente
menoscabado por una serie de eventos que incluyeron la clausura de la
Compañía de Jesús en 1767 y el consiguiente secuestro y venta de sus
numerosas propiedades, así como las guerras mismas de independencia.60
La posición ideológica de la Iglesia católica al inicio de la vida de las
nuevas repúblicas latinoamericanas era demasiado frágil para hacerle frente a
55
El derecho a proponer nombres a Roma para ocupar un puesto eclesiástico de alto rango, generalmente
obispos y arzobispos. Leslie Bethel, ed. Historia de América Latina 5. … p.206.
56
El arzobispo de Guatemala, Ramón Casaus y Torres nació el 13 de febrero de 1765 en Aragón, España
y falleció el 10 de noviembre de 1845 en La Habana, Cuba. Ver: http://afehc-historiacentroamericana.org/index.php/index.php?action=fi_aff&id=647
57
Leslie Bethel, ed. Historia de América Latina 5…p. 206.
58
Ídem.
59
Ídem.
60
Ídem.
21
los nuevos Estados, alimentados por las ideas liberales. Como acertadamente
lo sugiere Bethel:
Los gobiernos de las nuevas repúblicas de Hispanoamérica reconocieron el
catolicismo como religión del Estado, pero al mismo tiempo aceptaron frecuentemente
el principio de la tolerancia religiosa. Muchos liberales, además de sustentar la
supremacía del estado secular y de defender la libertad de pensamiento, deseaban
reducir el poder temporal y la influencia de la Iglesia, a la que consideraban el principal
obstáculo para la modernización económica, social y política de la postindependencia.61
Es necesario aclarar, como lo plantea Bethel, que las relaciones entre
Estado e Iglesia en los distintos países de América Latina no fueron siempre
las mismas. Existieron grandes diferencias entre la oposición a la reforma
educativa laica impulsada por gobiernos liberales en América Latina.
62
Estas
divergencias existían incluso dentro de los mismos Estados, en los cuales,
diferentes
jerarcas
católicos
tenían
opiniones
moderadas
algunos,
y
conservadoras otros.
Por ejemplo, en Colombia y a partir de 1870, las relaciones entre la Iglesia y
el Estado entraron en una crisis producto de la reforma educativa emprendida
por las autoridades civiles. Las medidas propuestas iban dirigidas a garantizar
una educación primaria gratuita y obligatoria, además de evitar que el Estado
impartiera instrucción religiosa. No obstante, los sacerdotes podrían encargarse
de la misma dentro de las escuelas.63 Mientras el arzobispo de Bogotá, Vicente
Arbelaez, hombre de ideas moderas, estuvo dispuesto a aceptar las escuelas
laicas y a trabajar por la reconciliación, las fuerzas católicas conservadoras de
Popayán y Cauca movilizaron sus recursos, citaron el Syllabus y amenazaron
con excomunión a quienes enviaran sus hijos a las escuelas laicas. En el otro
extremo los liberales fanáticos contribuyeron al encarnizado conflicto.64 Ante la
imposibilidad de los eclesiásticos moderados para imponer razonamientos en la
discusión, el conflicto contribuyó a una revolución conservadora-católica en
1876, y a la guerra civil de 1876-1877.65
De igual manera, las posiciones anticlericales de los nuevos gobiernos
liberales variaron y estuvieron determinadas por factores como: las diferentes
61
Leslie Bethel, Ibíd. p. 207.
Leslie Bethel., ed. Historia de América Latina 8. América Latina: Cultura y Sociedad 1830-1930
Cambridge University Press, Cambridge. Editorial CRÍTICA. Barcelona (2000) p.94-96.
63
Ibíd. p.104
64
Ídem.
65
Ídem.
62
22
historias y tradiciones nacionales; el carácter y creencias de gobiernos y
caudillos; y el poder y riqueza de la Iglesia.66 Como veremos más adelante, la
Iglesia salvadoreña tuvo uno de sus mejores momentos durante el gobierno de
Francisco Dueñas (1863-1871); pero soportó los peores ataques bajo el
régimen de Santiago González (1871-1876), quien siguió fuertemente la línea
anticlerical adoptada por su homólogo guatemalteco, Justo Rufino Barrios
(1873-1885).
Existe un factor adicional que todavía no ha sido considerado debidamente
en la historia de El Salvador, y que podría proporcionar mayor luz para abordar
el debate Estado-Iglesia en el siglo XIX: el poder y la influencia política de la
Masonería en la creación y consolidación del Estado liberal salvadoreño.67
II.
La Iglesia católica salvadoreña de fines del siglo XIX.
Ahora es necesario revisar las crisis y condiciones bajo las cuales se
desarrolló la Iglesia católica salvadoreña durante el momento de las reformas
educativas que bajo el Consejo Superior de Instrucción Pública, pretendieron
concluir el proyecto de laicizar la educación.
a) Iglesia y Estado de la mano.Para comprender el descontento del clero salvadoreño frente a las medidas
adoptadas por las autoridades educativas en 1881, hay que recordar la
excelente relación que había tenido la Iglesia católica con el Presidente
Francisco Dueñas (1863-1871)68. Rodolfo Cardenal relata algunas acciones
concretas que daban razones de sobra para que la Iglesia estuviera agradecida
con el Presidente Dueñas:
…reconstruyó con fondos del Estado la catedral arruinada después de la revolución de
1863; influyó poderosamente para que el concordato se llevara a efecto lo más fielmente
posible; influyó mucho en la erección del cabildo eclesiástico de 1864; compró en 20,000
pesos una casa para residencia episcopal; pagó la subvención del poder eclesiástico, no
íntegra y formalmente, pero mejor que ningún otro gobierno; el 29 de julio de 1864 permitió
66
Ídem.
Roberto Valdés, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas (UCA) se encuentra involucrado en una investigación sobre este tema en particular, y en lo
personal me he beneficiado mucho de sus agudos comentarios y observaciones.
68
Francisco Dueñas nació en San Salvador en 1810 y muere en San Francisco, California en 1884. Su
vida política comenzó desde muy temprano y ocupó diversos cargos públicos hasta llegar en tres
ocasiones a la Presidencia de la República en los períodos de 1852-1854, un breve tiempo en el año de
1856, y un tercer mandato prolongado de 1863-1871. http://www.casapres.gob.sv/presidentes/dir3.htm
(21-julio-2008)
67
23
el establecimiento de los capuchinos en Santa Tecla; igualmente permitió el ingreso de los
jesuitas y de las hermanas de la caridad, apoyando económicamente ambas fundaciones;
propuso a José Luis Cárcamo Rodríguez para obispo auxiliar, y, finalmente, dio libertad a
las autoridades eclesiásticas para ejercer su ministerio en paz.69
Obviamente esta generosidad tuvo como contrapartida el uso de la
influencia eclesiástica para el mantenimiento del orden público en aquellas
poblaciones donde existió descontento con la administración del presidente
Dueñas.70 Lo anterior evidencia los beneficios, para ambas partes, de mantener
una buena relación entre la Iglesia y el Estado.
La intervención del clero salvadoreño durante esta época de excelentes
relaciones no llegaba únicamente a su influencia sobre la feligresía, sino que
también incluyó la participación directa en política como diputados electos de la
Asamblea Constituyente de 187171. Pero esta amplia participación de la curia
en la vida civil estaba por cambiar con la llegada del mariscal Santiago
González.
b) El régimen de Santiago González72 y la traumática separación
de la Iglesia y el Estado.Pocos momentos en la historia de la Iglesia salvadoreña estuvieron llenos
de tanto conflicto y represión para el clero salvadoreño como el período del
mariscal Santiago González, comprendido entre el 12 de abril de 1871 y el 1
de febrero de 1876. Durante este breve lapso de tiempo se puede evidenciar la
consolidación de la hegemonía absoluta del Estado sobre toda la sociedad,
muy a pesar de la Iglesia. Una sucesión de eventos nos permitirá ratificar esta
percepción: primero, la imposibilidad de evitar las reformas constitucionales de
1871-1872 que menoscabaron los privilegios eclesiásticos del régimen
constitucional de 1864 (religión única y oficial, fuero eclesiástico, protección y
69
Rodolfo Cardenal, Op. Cit. p.67.
No todas las órdenes religiosas accedían a la solicitud de tranquilizar a los habitantes y de incentivarles
a obedecer al gobierno del presidente Dueñas. Cardenal relata que en el caso de Cojutepeque, los jesuitas
se negaron a cumplir con tal servicio especial, por lo que fueron los capuchinos quienes terminaron
cumpliendo los deseos del gobernante. Rodolfo Cardenal, Op. Cit. p. 67.
71
Rodolfo Cardenal, Op. Cit. pp. 71-81.
72
Santiago González nace en Zacapa, Guatemala, el 25 de julio de 1818. Agricultor y comerciante en San
Vicente y después en San Salvador. Participó en la lucha armada contra Rafael Carrera. En 1863
González persiguió a Gerardo Barrios con instrucciones de dejarle escapar, facilitándole embarcarse en
un barco inglés en La Unión que le llevó al exilio. Muere en San Salvador el 1 de agosto de 1887. Ver:
http://www.casapres.gob.sv/presidentes/pres/sgonzalez1871.htm (12-6-08)
70
24
subvención estatal, y monopolio educativo), a pesar de que representantes del
clero eran diputados de la Asamblea constituyente de 1871; segundo, la
represión y expulsión de miembros del clero (jesuitas entre ellos) acusados de
subversión del orden público, y como consecuencia de la fuerte influencia del
presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios; tercero, la supresión del
periódico católico La Verdad, publicación referente de la defensa de la Iglesia
católica contra los ataques de los anticlericales; cuarto, la suspensión del
Concordato con la Santa Sede el 8 de agosto de 1873; quinto, la supresión de
la cátedra de teología de la Universidad Nacional (8 de febrero de 1875); sexto,
la secularización de los cementerios para controlar el importe económico de los
derechos de sepultura (28 de mayo de 1875); y finalmente, la emisión de un
Reglamento que reguló el ejercicio del derecho del patronato73 (10 de junio de
1875), y que desató el combate frontal con las autoridades eclesiásticas que
consideraban haber sido convertidas en siervos del Estado salvadoreño.74
La revisión de estos sucesos nos permitirá comprender que el régimen de
Zaldívar no representó un rompimiento tan dramático con la Iglesia; muy por el
contrario, permitió un acercamiento que no se había visto entre las autoridades
civiles y eclesiásticas desde la época del presidente Dueñas. Incluso podemos
sugerir que Rafael Zaldívar tuvo que convivir durante su gestión presidencial
con la influencia de un sector sumamente radical y anticlerical que no siempre
estuvo satisfecho con la tolerancia del presidente hacia la actividad educativa
del clero.
i) Los debates constitucionales de 1871.Durante las discusiones para el establecimiento de la Asamblea
constituyente de 1871 la Iglesia católica, por intermedio de sus diputados, fue
uno de los principales actores. Por ejemplo, el entonces presbítero José Luis
73
El derecho de patronato ejercido por la Corona española en América tiene su base en la bula
Universalis Ecclesiae regiminis del 28 de julio de 1508, mediante la cual el Papa Julio II concedió a los
Reyes Católicos de España el derecho de Patronato y de Presentación sobre todos los beneficios
consistoriales y no consistoriales, monasterios y lugares píos, ya erigidos o por erigirse, en las islas y
tierra firme descubierta o por descubrir. Con el nacimiento de los nuevos Estados, los gobiernos
reclamaron de la Iglesia Católica los mismos derechos que fueron concedidos a la corona española. Ver:
Fray Marco Salinas, Relaciones entre Iglesia y Estado en la República de El Salvador 1821-1871,
Ediciones V Centenario de la Evangelización y Sesquicentenario de la Diócesis de San Salvador, El
Salvador, C.A., Arzobispado de San Salvador, El Salvador, C.A. 1992. Págs. 185-186.
74
Para un detalle completo de los conflictos entre Iglesia salvadoreña y Estado durante este período ver
Rodolfo Cardenal, Op. Cit. págs.109-139.
25
Cárcamo Rodríguez jugó un papel de primer orden, al ser el redactor tanto del
decreto de convocatoria a elecciones de diputados constituyentes como de la
nota circular para los gobernadores departamentales requiriendo absoluta
libertad de elección.75 Como era de esperarse, el gobierno de Santiago
González dirigió sus críticas a la anterior administración (Francisco Dueñas)
por su estrecha y condescendiente relación con el clero salvadoreño. Ante tales
ataques, el 13 de mayo de 1871 apareció el periódico católico La Verdad, bajo
el ejercicio de la libertad de imprenta y como
ataques en contra del clero y la doctrina católica.
respuesta a los constantes
76
La participación política de la Iglesia alcanzó su apogeo con la elección de
cinco clérigos como diputados constituyentes77, cuya participación fue
determinante para garantizar el rechazo provisional de un proyecto de texto
constitucional que incluía la libertad de culto, la exclusión de los eclesiásticos
de los cargos de elección popular, y la libertad enseñanza conforme a leyes
civiles.78 No obstante la presión de los cinco diputados eclesiásticos, y tras
fuertes discusiones, la Constitución de 1871 finalmente aprobada avanzó
muchísimo en la secularización de la educación y la libertad de culto.
Refirámonos ahora a las principales de estas disposiciones constitucionales.
Si bien este texto constitucional ratificó tanto el reconocimiento de la
Religión Católica, Apostólica romana (Artículo 6) como la oficial del Estado,
como la obligación de protección que le debe el Gobierno, añadió un segundo
inciso que señaló que:
…se tolera el culto público de las sectas cristianas en cuanto no ofendan á la moral ni al
orden público.79
De esta manera se inicia el tratamiento constitucional en El Salvador de la
“libertad de culto” bajo la forma de “tolerar el culto público de otras sectas
cristianas”, y evolucionando del simple respeto a las creencias privadas
contenido en la Constitución anterior (1864).
75
Ibíd. p. 71
Ibíd. p. 69.
77
El canónigo Aguilar por el distrito de San Salvador; el obispo electo Cárcamo por los distritos de
Teotepeque y Aguas calientes; el canónigo Rodríguez, por el distrito de Chalatenango; el cura de
Cacaguatique, Norberto Cruz, por los distritos de Jucuapa y Gotera; el cura de San Francisco, Reyes
Aparicio, suplente por el distrito de Teotepeque. Ver Rodolfo Cardenal Op. Cit. p.72
78
Ibíd. p. 73
79
Ricardo Gallardo, Las Constituciones de El Salvador. II Derecho Constitucional Salvadoreño, Madrid,
1961. p. 388
76
26
Se produce además en esta Constitución el primer reconocimiento expreso
de la “libertad de enseñanza” tanto secundaria como superior mediante el
Artículo 125, que literalmente señaló:
Es libre la enseñanza secundaria y superior, pero estará sujeta á la vigilancia de
la autoridad de la autoridad. Esta vigilancia debe estenderse á todos los establecimientos
de enseñanza y educación sin excepción alguna. La instrucción primaria en la República
es uniforme, gratuita, y obligatoria. Todo individuo puede enseñar y establecer escuelas
ó colegios, siempre que reuna las condiciones necesarias de ciencia y moralidad. Los
alumnos de estos establecimientos, serán en todo tiempo admitidos á los grados
literarios en la Universidad Nacional sufriendo los exámenes correspondientes.80
La anterior norma constitucional refleja el alcance que tendrían las
autoridades civiles en materia educativa, así como hizo patente la
preocupación del gobierno por evitar discriminaciones hacia los alumnos que
proviniendo de establecimientos privados intentarían ser admitidos en la
Universidad Nacional. Por un lado se estableció la libertad de enseñanza
secundaria y superior, abriendo de esta manera la opción para el
establecimiento de instituciones educativas laicas, frente a las tradicionales
escuelas religiosas. Por otra parte, al sujetarla a la vigilancia del Estado puso
bajo control y supervisión estatal la enseñanza impartida en las escuelas
católicas, renuentes a cualquier control estatal de su actividad. El segundo
inciso refleja que la libertad de educación comprendía no sólo la posibilidad de
establecer instituciones educativas laicas, sino también la facultad para que
cualquier ciudadano, aunque no fuera religioso, pudiera impartir clases en las
escuelas públicas o privadas. La parte final de este mismo artículo pretendió
evitar las dudas sobre el reconocimiento de los grados académicos otorgados
por las escuelas laicas, a la hora de acceder a la educación universitaria. El
objeto de tal reconocimiento era la de prevenir cualquier acción limitativa al
acceso a la educación universitaria por parte de las autoridades eclesiásticas
que estuviesen al frente de la Universidad Nacional en defensa de la libertad de
enseñanza. Esto contrastaría con las preocupaciones del Consejo Superior de
Instrucción Pública en 1881, que al regular la enseñanza privada secundaria y
superior, intentó excluir completamente al clero salvadoreño del ejercicio de la
libertad de enseñanza, violando la misma disposición constitucional.
80
Ibíd. p. 418.
27
Es comprensible que ante tal producto final, los diputados del clero
presentaran una declaración escrita (17 de octubre de 1871) por la que
manifestaban que su firma de aprobación comprendía exclusivamente aquellos
artículos que no entrasen en contradicción con las disposiciones eclesiásticas.
Puntualmente, citaban oposiciones con el Concordato y el Syllabus de Pío IX
en cuanto a la prohibición para obtener cargos de elección popular (Artículo 23)
y la supresión del fuero eclesiástico (Artículo 113).81
ii) El Tratado Arbizú-Samayoa y la Compañía de Jesús.Otro acontecimiento que enfrentó seriamente a las autoridades civiles y
eclesiásticas salvadoreñas tuvo como motivo la suscripción del Tratado de
alianza ofensiva-defensiva entre Guatemala y El Salvador (24 de enero de
1872), conocido como Tratado Arbizú-Samayoa. Si bien las motivaciones de
dicho convenio internacional fue la garantía mutua de apoyo frente a una
amenaza de invasión por parte del Gobierno de Honduras del presidente
Medina, dicho instrumento internacional contenía en el artículo 12 una
disposición por la cual ambos gobiernos acordaban “…no permitir la existencia
de los padres de la Compañía de Jesús en ninguna parte de sus respectivos
territorios.”82 Como ha mostrado Rodolfo Cardenal, esta medida afectó a la
Iglesia salvadoreña y particularmente a la Compañía de Jesús83. No solo
significó la expulsión de los jesuitas que, saliendo forzosamente de Guatemala,
se habían asilado en nuestro país, sino que predispuso al gobierno
salvadoreño en contra del entonces obispo Mariano Ortíz Urruela, al que
notificaron de la invitación para abandonar el país el 21 de junio de 1872
acusado de desafección al gobierno.84
iii.
La supresión del periódico La Verdad.-
81
Rodolfo Cardenal, Op. Cit. p. 79. El Art. 113 de la Constitución de 1871 señalaba que: “Sólo los
tribunales establecidos con anterioridad por la ley, podrán juzgar y conocer en las causas civiles y
criminales de los salvadoreños. Las comisiones y tribunales especiales quedan abolidos, como contrarios
al principio de igualdad de derechos y condiciones. En consecuencia todos estarán sometidos al mismo
orden de procedimientos y de juicios que establece la ley.” Ver: Ricardo Gallardo, Op. Cit. p.417.
82
Rodolfo Cardenal, Op. Cit. p. 82.
83
Los jesuitas afectados fueron José Telésforo Paúl, Roberto María Pozo, Eladio Rojas y Francisco
Aragón. Ver Rodolfo Cardenal, Op. Cit. p. 105.
84
Para un detalle completo del conflicto y las medidas adoptas por ambas partes, ver: Rodolfo Cardenal,
Op. Cit. pp. 81-93.
28
Otro golpe propiciado por el gobierno de Santiago González a la Iglesia en
el año de 1872, tendrá como objetivo el periódico La Verdad, que como
mencionamos anteriormente se había constituido en el medio de respuesta y
ataque a las acciones gubernamentales en contra del clero salvadoreño. El 22
de julio de 1872, el gobierno suspendió la publicación de dicho semanario por
incumplimiento de los requerimientos de censura de prensa impuesto el 17 de
julio del mismo año con motivo de un levantamiento popular en Cojutepeque.85
En el fondo, lo que había colmado la paciencia de las autoridades salvadoreñas
era la condena que el Número 60 de La Verdad había efectuado del “derecho
de insurrección”, en clara alusión al régimen del presidente salvadoreño:
Cada hombre debía ocupar el puesto destinado por la mente ordenadora de Dios,
sabiendo que contaba con las cualidades necesarias para desempeñarlo bien y ser feliz. Era
una lamentable equivocación creer que cualquiera podía gobernar. La misma providencia
divina se encargaba de castigar a aquellos que, temerariamente, no contentos con su propia
mediocridad para la cual tenían aptitudes, “saltaban hasta la cumbre del poder sobre el
abismo de su nulidad”. Estos hombres, que han buscado gloria en el poder, sólo han hallado
infamia porque en el ejercicio de sus funciones han puesto al descubierto su mediocridad e
inutilidad.86
Lo que estaba claro era que las autoridades civiles no desperdiciarían las
oportunidades de desobediencia clerical para recordarles que quien hacía las
leyes se encargaría de imponerlas. Si durante gobiernos anteriores, este tipo
de opiniones editoriales se aceptaban como un mal menor de la libertad de
expresión, a partir de este momento la Iglesia se vería obligada a cuidar el
fondo y la forma de su discurso. Una década más tarde, el presidente Zaldívar
daría muestras de tolerancia ante las opiniones del periódico El Católico que
cuestionaron las medidas adoptadas por el Consejo Superior de Instrucción
Pública en junio de 1881.
iv.
La suspensión del Concordato con la Santa Sede (8 de
agosto de 1873).-
Si entendemos el Concordato como un acuerdo internacional celebrado
entre la Santa Sede y otro Estado, que tiene por objeto la regulación de las
relaciones entre las autoridades civiles y eclesiásticas, comprenderemos que
cualquier interrupción temporal del cumplimiento de las obligaciones en el
85
86
Ibíd. p. 93.
Ibíd. p. 94.
29
mismo produciría una serie de problemas de primer orden para el clero. Uno de
los incumplimientos más evidentes fue la suspensión de toda ayuda económica
proporcionada por el gobierno salvadoreño al obispo, canónigos, seminario y
culto de la catedral. En pocas palabras el gobierno de González dejaba en
claro que el financiamiento estatal para la Iglesia estaba en suspenso, y por
consiguiente, la curia salvadoreña se encontraba en difícil posición para
subsistir. Las razones alegadas para tal medida fueron que el Concordato era
contrario a la tolerancia religiosa y a la libertad de enseñanza. Si bien tal
disposición gubernamental no fue implementada por el gobierno, su eventual
ejecución se mantuvo como una amenaza latente hacia el clero.87
v.
La supresión de la cátedra de teología de la Universidad
Nacional (8 de febrero de 1875).-
Esta medida, adoptada por decreto presidencial, comprometió la capacidad
de la Iglesia salvadoreña para formar al clero, ya que hacía imposible la
obtención de grados académicos en teología, y la enseñanza de tal asignatura.
La Iglesia salvadoreña carecía de los fondos necesarios para cubrir el pago de
los profesores por lo que imploró al Gobierno que honrase el artículo 6 de la
Constitución y le otorgase la protección debida a la Iglesia católica, apostólica
romana.88
Es difícil no intuir un objetivo anticlerical en la acciones del presidente
González, al comprometer el funcionamiento mismo de la Iglesia tanto en su
vida
interna
(o institucional), atacando directamente
sus fuentes de
financiamiento; como en su relación con los feligreses, al encarecer la
formación de sacerdotes, tan necesarios para su misión pastoral.
vi.
La secularización de los cementerios (28-mayo-1875).-
Esta vez fue la Asamblea Legislativa la que contribuyó con el proceso de
secularización cambiando dramáticamente las reglas relativas al marco jurídico
que regulaba los cementerios. La nueva ley de 1875 introdujo dos grandes
cambios: primero, suprimía el control y la administración eclesiástica de dichos
lugares y la transfería a las autoridades municipales; y segundo, tomaba el
87
88
Ibíd. pp. 111-112.
Rodolfo Cardenal, Op. Cit. pp. 112-114.
30
control de los derechos de sepultura, que hasta entonces estaban en poder de
la Iglesia, y que representaba una de las fuentes principales y más estables de
ingreso para las parroquias.89
Este último cambio amenazaba seriamente la viabilidad de muchas
parroquias, que al verse imposibilitadas a obtener fondos directos sin el parecer
municipal, quedaban sujetas exclusivamente a la caridad de una feligresía
escasa y con pocos medios para subsistir.90
vii.
El Reglamento relativo al ejercicio del derecho del patronato
(10 de junio de 1875).-
Bajo este nuevo ordenamiento, que llegó a ser conocido como “leyes
eclesiásticas”, el gobierno salvadoreño pretendió que ningún eclesiástico
entrara en posesión de su dignidad o beneficio sin que antes el poder ejecutivo
le hubiese otorgado el “pase” o autorización a su nombramiento. Las
condiciones a cumplir para el otorgamiento de la autorización a los
eclesiásticos nombrados incluían: la adhesión al sistema republicano,
instrucción y moralidad. Bajo la primera cualidad podía leerse, entre líneas,
sumisión al poder civil.91
Era evidente que la Iglesia se resistiría a semejante afrenta, por lo que se
estableció una sanción lo suficiente severa por incumplimiento: expulsión
temporal del país y nulidad de los actos realizados por el infractor.92
Para añadir agravio a la injuria hecha a la curia, la reglamentación incluía,
entre otros: 1) una prohibición a la publicación y observancia de las bulas,
breves, rescriptos pontificios, letras apostólicas, decretos y disposiciones
conciliares que no hubiesen recibido el “pase” del ejecutivo. La negativa del
“pase” obedecería a la protección de las instituciones y leyes de la república,
así como a evitar que se produjesen alteraciones a la tranquilidad o daño a la
nación o a los particulares93; 2) la garantía y permiso del gobierno (bajo el
principio de tolerancia religiosa) para que otras sectas cristianas tuvieran
templos, capillas, cementerios, establecimientos de beneficencia y enseñanza,
89
Ibíd. pp. 119-120.
Ídem.
91
Rodolfo Cardenal, Op. Cit. p.122.
92
Ídem.
93
Ídem.
90
31
y sus propios tribunales eclesiásticos; 3) la prohibición de órdenes monásticas
y religiosas de cualquier tipo, bajo pena de prisión por el delito de asociaciones
ilícitas y la nacionalización de sus bienes; 4) la declaratoria como días festivos
de fechas no contempladas con tal carácter en el calendario eclesiástico; y 5) la
necesidad de aprobación del poder ejecutivo de los estatutos y reglamentos de
las cofradías y hermandades religiosas o piadosas.94
Con las anteriores medidas, el gobierno de Santiago González dio clara
muestras de que la lucha por sacar a la Iglesia de la vida civil y política del país
había comenzado.
Esta confrontación se agudizó aún más con motivo del “motín de San
Miguel del 21 de junio”95que se encargó de enfrentar al clero salvadoreño y al
presidente González constantemente durante los meses de Junio a Agosto de
1875. Este conflicto fue provocado por el nombramiento por parte de la Iglesia
de un nuevo párroco en San Miguel, José Miguel Palacios, a quienes los
comerciantes y latifundistas rechazaron y consiguieron que el gobierno
nombrase al de su preferencia, padre Sabino Bustamante. El desenlace incluyó
desórdenes y destrucción de propiedad privada, liberación de 90 reos, el
asesinato del gobernador departamental y daños materiales que la legación
estadounidense estimó en 600,000 dólares de la época. La represión oficial
incluyó el fusilamiento de más de 50 personas, y la expulsión de buena parte
de la jerarquía eclesiástica que tuvo que asilarse en Chinandega, Nicaragua.
La santa Sede apoyó la posición de su Obispo en el conflicto y complicó aún
más la relación con el gobierno de Santiago González.96
Serán los nuevos conflictos militares con los gobiernos de Justo Rufino
Barrios en Guatemala y con tropas hondureñas, durante los primeros meses de
1876, los que obligarán a Santiago González a preocuparse por su estabilidad
en el poder, y a buscar una mejor relación con la Iglesia salvadoreña.
Cabe señalar que hay dos elementos que resaltan fuertemente en esta
represión clerical del gobierno de Santiago González. En primer lugar, la fuerte
influencia que el gobierno de Guatemala, país de nacimiento del presidente
González, ejercía sobre su política hacia la Iglesia. Tanto en el Tratado Arbizú-
94
Rodolfo Cardenal, Op. Cit. pp. 123-124.
Ibíd. pp. 125-131.
96
Ídem.
95
32
Samayoa y la expulsión de los jesuitas, como en la supresión de La Verdad, y
otras de las medidas anticlericales adoptadas, las autoridades guatemaltecas
manifestaron al gobierno salvadoreño la necesidad de actuar con firmeza en
contra del clero salvadoreño. Lo anterior es indicativo de la cercana relación
entre los grupos políticos de ideologías afines que además de liberales, eran
anticlericales.
Y un segundo aspecto, relativo a las motivaciones de los funcionarios
salvadoreños en su reacción anticlerical, lo constituyó el calificar la actuación
de la Iglesia como subversiva al gobierno. El carácter subversivo en las
acciones del clero salvadoreño tenía que ver con las relaciones y apoyo hacia
los grupos políticos, llamados tradicionalmente conservadores, que le ofrecían
un regreso a los privilegios del régimen de Dueñas.97 Este elemento
condicionará políticamente los calificativos de conservadora, defensora del
antiguo régimen y en contra del progreso, que le atribuyen a la Iglesia Católica
sus opositores partidarios de un Estado laico.98
Con estos antecedentes podemos apreciar de mejor manera la posición de
la Iglesia salvadoreña con la llegada al poder del presidente Rafael Zaldívar.
c) El régimen de Rafael Zaldívar.-99
Desde el inicio de su mandato, el presidente Zaldívar demostró un muy
atinado sentido del balance político. Conociendo los acuerdos con el Gobierno
de Guatemala, que le habían permitido llegar al poder; y al mismo tiempo la
necesidad de pacificar las relaciones con el clero salvadoreño, tan molesto con
las “leyes eclesiásticas”, decidió satisfacerlos a ambos. Como señala Cardenal,
procedió a negociar siempre en privado con los representantes del clero
salvadoreño, llegando al siguiente acuerdo: las leyes eclesiásticas no serían
97
Rodolfo Cardenal, Op. Cit. p. 96.
No es apropiado utilizar las categorías antagónicas entre liberales y conservadores en El Salvador del
siglo XIX para interpretar el conflicto sobre la enseñanza laica que nos ocupa en la presente
investigación. Este es justamente el tema que se aborda en esta tesis bajo el apartado “Liberales,
conservadores y cristianismo” en la presente investigación.
99
Rafael Zaldívar nació en San Alejo en 1834 y murió en París, Francia en 1903. Médico de profesión
ejerció como presidente de la República en varias ocasiones (1876-1880, 1880-1884, 1884-1885). Ejerció
como Vicerrector de la Universidad Nacional, Miembro del Consejo Superior de Instrucción Pública,
Secretario de los despachos de Instrucción Pública y Guerra, y Presidente del Poder Legislativo. Estuvo
vinculado políticamente al presidente Francisco Dueñas, y cuando este es derrocado debe exiliarse en
Costa Rica. Su gestión pública es comúnmente calificada como liberal y anticlerical. Bajo su gobierno se
produce la privatización de las tierras comunales e indígenas, y la extinción de las comunidades
indígenas. Ver: http://www.casapres.gob.sv/presidentes/pres/rzaldivar1876.htm (26-julio-2008)
98
33
derogadas, cuidando así su compromiso con el gobierno de Guatemala, pero al
mismo tiempo no aplicaría tales leyes a la Iglesia.100 Comprobaremos en la
presente investigación que Rafael Zaldívar honró su compromiso con la Iglesia
al defender la libertad de enseñanza del artículo 38 de la Constitución Política,
aún en contra de funcionarios claves en el proyecto de laicidad educativa de su
gestión gubernamental.
Si bien la Iglesia hubiera preferido la derogación expresa de tan nefasta
legislación, debía conformarse con la palabra empeñada del presidente
Zaldívar como el mejor arreglo posible. La fórmula de armonía podía resumirse
en que tanto la Iglesia como el Estado debían concentrarse en desempeñar sus
deberes en sus ámbitos respectivos. La Iglesia debía ceñirse al campo
espiritual y respetar el proceder del gobierno como autoridad civil. Por su parte
el gobierno debía demostrar celo y cooperación con las autoridades
eclesiásticas teniendo siempre en cuenta en sus actuaciones un “santo temor
de Dios”.101
Zaldívar entendía perfectamente la necesidad de una buena relación con la
Iglesia católica para llevar a cabo sus reformas económicas y políticas. El
principio de neutralidad eclesiástica y de reconocimiento de las autoridades
constituidas por parte de la curia salvadoreña permitió comenzar su mandato
de excelente manera.102 No debe olvidarse que Zaldívar también llevó a cabo
durante 1881 las reformas económicas más importantes en la historia
salvadoreña del siglo XIX: la privatización de las tierras comunales e indígenas
y la abolición de las comunidades indígenas. Ambas medidas tenían un
objetivo común: insertar a El Salvador en la economía mundial mediante un
modelo económico agro exportador de café, para el que se contaba con la
ventaja competitiva de una mano de obra indígena barata.
No obstante lo anterior, el proyecto de consolidación del Estado liberal,
impulsado por el presidente Zaldívar, no dejó de tener tensiones con la curia
salvadoreña, y de hecho, su período presidencial, visto desde las medidas
adoptadas, está caracterizado por una mezcla de acciones anticlericales y pro
100
Rodolfo Cardenal, Op. Cit. p. 139.
Ibíd. pp. 143-146.
102
Ibíd. p. 148.
101
34
clericales.103 Las primeras se dirigieron hacia la aplicación de las leyes sobre el
matrimonio civil, cementerios y la laicización de la educación; mientras que las
últimas incluyeron, entre otras, el relajamiento en la aplicación de las “leyes
eclesiásticas”, el apoyo para la visita del obispo Cárcamo a Roma (por 3,000
pesos), la devolución temporal de los cementerios y de sus fondos a los
párrocos (noviembre de 1876), y el restablecimiento de la cátedra de Teología
en la Universidad Nacional (14 de octubre de 1880).104
Desde otra perspectiva, el mejor punto de partida para evaluar el tipo de
postura que un Gobierno determinado adoptó frente a la Iglesia católica en El
Salvador es un análisis de la normativa constitucional, dado que constituía el
“pacto social” que legitimaba la actuación del gobernante frente a sus
habitantes. Una revisión de los textos de las normas constitucionales que
afectan a la Iglesia católica, en la Constitución de 1880, nos proporcionará otro
parámetro para calificar el régimen de Zaldívar.
Como se mencionó anteriormente, para proceder a evaluar la Constitución
de 1880 debe tenerse en cuenta lo señalado en la presente investigación sobre
sus antecesoras del período de Santiago González (Constituciones de 1871 y
1872), en cuanto a que la gran ruptura se produce entre la Constitución proclerical del Presidente Francisco Dueñas (1864) y la de Santiago González de
1871. Si aceptamos esta premisa podemos analizar la gestión del presidente
Zaldívar desde otra visión que confirma su credo político liberal, y que reconoce
al mismo tiempo su capacidad para defender la Constitución de 1881, aún
cuando esta favorezca al clero salvadoreño.
i.
La Constitución de 1880105.-
El 19 de febrero de 1880 el presidente Zaldívar ratifica la nueva
Constitución, aprobada por la Asamblea Constituyente el día anterior. Esta
norma fundamental contiene una serie de disposiciones, no sólo las relativas a
la educación, que establecían el papel que la Iglesia católica tenía en la vida
103
Esta era la mejor manera de mantener contento a los políticos guatemaltecos que demandaban acciones
anticlericales de parte del gobierno salvadoreño. El presidente Zaldívar llega al poder con el apoyo del
dictador guatemalteco Justo Rufino Barrios, por lo que no era extraño que debiera mantener una línea de
acción concordante con su homólogo del vecino país.
104
Rodolfo Cardenal, Op. Cit. pp. 140-143
105
No debe olvidarse que el objetivo primordial de esta nueva Constitución de 1880, como la de sus
antecesoras radicaba en el interés, por parte del gobernante de turno, de obtener la reelección presidencial
sin “violar” la Constitución. Ver Rodolfo Cardenal, Op. Cit. pp. 150-189.
35
política y social. A continuación se analizan esas disposiciones con la finalidad
de verificar qué cambios se produjeron, en relación con las Constituciones
anteriores, y evidenciar si el calificativo de liberal anticlerical le es aplicable al
presidente Rafael Zaldívar.
El artículo 4 proclamaba:
Religión
Art. 4.-Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin que esto pueda
extenderse hasta ejecutar actos subversivos o prácticas incompatibles con la paz y el
orden público, ni dé derecho para oponerse al cumplimiento de las obligaciones civiles
y políticas; pero siendo la religión católica, apostólica, romana la que profesan los
salvadoreños, el Gobierno la protejerá.106
Esta disposición constitucional garantizaba la libertad de culto, con la única
limitación de que en el ejercicio de tal derecho no se altere la paz y el orden
público o se desobedezcan obligaciones civiles y políticas. El cambio producido
entre la antigua época de la religión oficial y única (1841,1864) a la libertad de
culto produjo la reacción de la curia salvadoreña. Como relata Cardenal, el
representante de la curia, Miguel Vecchiotti, comunicó al gobierno su malestar
cuando el nuevo texto constitucional aún no había sido aprobado.107 La Iglesia
manifestaba su oposición a tal redacción fundamentalmente por tres razones:
en primer lugar, desconocía a una nación en su mayoría católica al dejarla sin
culto oficial; segundo, se constituía un gobierno regido por el “ateísmo político”;
y tercero, ninguna Constitución anterior había dejado a la Iglesia católica en
una situación de tal vulnerabilidad.108 Comparemos el texto de la Constitución
de 1864 para entender el malestar del clero salvadoreño:
Art. 5.-La Religión Católica, Apostólica y Romana, única, verdadera, profesa El
Salvador, y el Gobierno le dará toda la protección.109
Efectivamente se estaba produciendo cambios en detrimento de la
influencia de la Iglesia católica salvadoreña en la vida de la sociedad. Además
existían otras tres disposiciones en la constitución de 1880 que generaron
grandes preocupaciones en la Iglesia. El artículo 38 rezaba:
106
Ricardo Gallardo, Op. Cit. p. 456. Las cursivas son mías.
Rodolfo Cardenal, Op. Cit. págs. 150-189.
108
Ibíd. p. 160
109
Ricardo Gallardo, Op. Cit. p. 362.
107
36
Art.38. La enseñanza es libre en la República, y la primaria gratuita y obligatoria. El
Poder Ejecutivo tiene la dirección de la enseñanza costeada por la Nación, pudiendo al
efecto dictar los estatutos y demás leyes que la reglamentan. Asimismo le corresponde
la suprema inspección sobre todos los establecimientos de instrucción pública, aún
cuando no sean sostenidos con fondos nacionales.110
Las Constituciones de 1871 (Artículo 125)111 y de 1872 (Artículo 42)112
tenían disposiciones similares por lo que puede decirse que la Iglesia ya tenía
experiencia conviviendo con la libertad de enseñanza. Esta norma, el artículo
38 de la Constitución de 1880, repite la finalización del control eclesiástico
sobre la educación. Plantea, en primer lugar, la libertad educativa por la que
cualquier persona puede proveer la enseñanza, ratificando la ruptura del
monopolio educativo que tuvo la Iglesia antes de 1871. Además, y en
consonancia con la importancia de las escuelas de “primeras letras” obliga a
que tratándose de este nivel de enseñanza, la misma sea gratuita y obligatoria.
La segunda oración del artículo 38 plantea un elemento de control de la
educación pública, el que la financia (el Estado salvadoreño) decide cómo
dirigirla y las reglas para tal efecto. La posibilidad de reglamentación adicional
será uno de los aspectos más relevantes, sobre todo porque, como
comprobaremos en la presente investigación, esta facultad será ejercida por el
Consejo Superior de Instrucción Pública para excluir al clero de la enseñanza
privada secundaria y superior. Finalmente, quedan claramente establecidas las
facultades de supervisión y vigilancia (suprema inspección) por parte del
Gobierno sobre todos las escuelas públicas, ya fuera financiadas o no por el
Estado salvadoreño. Es decir, independientemente de que la Iglesia
salvadoreña decidiese fundar sus propias escuelas -difícil tarea dada la
escasez de fondos- las mismas estarían siempre bajo la vigilancia y supervisión
110
Ibíd. p. 462.
“Art. 125.-Es libre la enseñanza secundaria y superior, pero estará sujeta a la vigilancia de la
autoridad. Esta vigilancia debe estenderse a todos los establecimientos de enseñanza y educación sin
excepción alguna. La instrucción primaria es la República es uniforme, gratuita y obligatoria. Todo
individuo puede enseñar y establecer escuelas ó colegios, siempre que reuna las condiciones necesarias de
ciencia y moralidad. Los alumnos de estos establecimientos, serán en todo tiempo admitidos á los grados
literarios en la Universidad Nacional sufriendo los exámenes correspondientes.” (Constitución de 1871).
Ricardo Gallardo, Op. Cit. p. 418.
112
“Art.42.- Todos los habitantes de la República son libres para dar o recibir la instrucción que á bien
tengan y podrán obtener grados literarios en la Universidad Nacional, sin más condiciones que sujetarse á
los exámenes previos y demás requisitos que prescriban los estatutos de la misma. La enseñanza primaria
en la República, es gratuita y obligatoria.” (Constitución de 1872). Ricardo Gallardo, Op. Cit. p. 429.
111
37
del Gobierno. Paradójicamente, fue esta misma disposición constitucional la
que protegió los derechos del clero para continuar con su actividad educativa
de carácter privado.
Otras disposiciones que podían ser calificadas de anticlericales, pero que
ya habían sido adoptadas bajo el régimen de Santiago González (1871-1872)
fueron el artículo 40 de la misma Constitución de 1880 que expresaba:
Art. 40.-Se garantiza el derecho de asociación y solo se prohíbe el establecimiento de
congregaciones conventuales y de toda especie de instituciones monásticas.113
Y el artículo 50 rezaba:
Art. 50.- Ningún eclesiástico podrá obtener cargo de elección popular.114
Como ya analizó Rodolfo Cardenal, los argumentos planteados por el padre
Vecchioti ante estas normas constitucionales incluían el de respeto al principio
republicano de igualdad ante la ley para todos los ciudadanos, incluyendo a los
sacerdotes católicos. Era obvia la pérdida de participación política de la clase
religiosa y por ende su capacidad de influencia en el seno de la Asamblea
legislativa.115
Pero el conflicto por las reformas constitucionales no se agotaba en la
jurisdicción civil sino que incluía el derecho de patronato, por el cual la
designación de obispos recaería en el Poder Ejecutivo:
Art. 86.- Son facultades del Poder Ejecutivo:…11ª. Ejercer el derecho de Patronato.116
Esta atribución del Poder Ejecutivo, si bien no estaba presente en las
primeras Constituciones (1824, 1841) ya aparece en los textos constitucionales
de 1864 (Art. 35 atribución 20ª), de 1871 (Art. 47 atribución 20ª) y de 1872 (Art.
91 atribución 11ª)117. Dada la buena relación del presidente Dueñas con el
clero salvadoreño, la aplicación de tal norma constitucional no fue en
detrimento de la Iglesia. Muy por el contrario, el mariscal Santiago González
hizo de este ejercicio del patronato, uno de los puntos de honor en su
enfrentamiento con la curia nacional.
113
Ídem.
Ricardo Gallardo, Op. Cit. p. 463.
115
Ibíd. p. 163
116
Ibíd. p. 473.
117
Ibíd. págs. 373, 403, 401.
114
38
El régimen de Rafael Zaldívar será prudente con el ejercicio de esta facultad
y no presionará por obtener designaciones o nombramientos en franca disputa
con la voluntad del clero salvadoreño. El derecho de patronato nunca dejó de
ser visto por la Iglesia como parte de su jurisdicción eclesiástica, por lo que
siguió considerando injerencia del poder ejecutivo el ejercicio de tal derecho.
Sin embargo, la Iglesia terminó aceptando que su papel en la sociedad
salvadoreña, como diría Rodolfo Cardenal, de “un cadáver sin libertad y sin
acción alguna118 tenía matices con los que podía continuar viviendo.
Obviamente ninguna de las observaciones y recomendaciones efectuadas
por el clero salvadoreño fueron aceptadas durante la discusión y aprobación de
la Constitución de 1880. La separación de la Iglesia del Estado salvadoreño
había comenzado desde 1864 bajo el régimen de Francisco Dueñas,
acentuándose con mayor fuerza en 1871-1872 con el mariscal Santiago
González, y ratificándose con Rafael Zaldívar. El mejor lugar para iniciar tal
separación fueron los textos constitucionales, algo contra lo que la Iglesia,
separada de su participación política en 1871, nada pudo haber hecho. Desde
el pedestal constitucional, y bajo el principio de supremacía de la misma,
ninguna otra norma de rango inferior podría devolverle a la Iglesia el terreno
perdido; pero al mismo tiempo, ninguna autoridad podía violar los principios
constitucionales establecidos a favor de todos los ciudadanos, incluyendo los
miembros del clero salvadoreño. Esta fue la mayor omisión de los liberales
anticlericales, quienes al no haber excluido en la Constitución a la curia
salvadoreña de la libertad de enseñanza, verán como sus mismos ideales
liberales se convirtieron en la garantía y defensa de la Iglesia Católica.
III.
Liberales, conservadores y cristianismo.-
El presente apartado tiene la intención de romper con la concepción
tradicional de asumir que los conflictos de ideas del siglo XIX se dieron entre
opuestos absolutos o categorías dicotómicas. Así por ejemplo, si se defendía la
independencia y el surgimiento de las nuevas repúblicas se era liberal, y si por
el contrario se defendía a la corona y a la Iglesia se era conservador. De igual
manera, se presume que la pertenencia a la Iglesia católica o al cristianismo
118
Rodolfo Cardenal, Op. cit. p. 162
39
produce
como
resultado
axiomáticamente
la
pertenencia
al
partido
conservador. La realidad de los hechos históricos supera la ficción de las
construcciones teóricas, y el enfrentamiento con tales eventos nos obliga a
considerar la existencia de posturas intermedias o disidentes de las opiniones
oficiales o institucionales comúnmente aceptadas como las más válidas. En
este sentido, comprender que tanto dentro de la Iglesia católica hubo espacios
y representantes liberales, como que en las independencias de la región
centroamericana existieron herencias y objetivos comunes, más allá de la
dicotomía liberal-conservador, es fundamental para comprender la lucha de
ideas de que se ocupará el presente trabajo en los próximos capítulos.
a) La relación entre el liberalismo y cristianismo.Si asumimos que el contenido del liberalismo incluye una serie de
derechos y libertades del ser humano recogidos en la Declaración de derechos
y deberes del ciudadano (vida, libertad y propiedad), así como los ideales de
igualdad y fraternidad y el objetivo del progreso, se vuelve más evidente su
potencial de conflicto frente a la institución que había compartido el poder y los
privilegios con las monarquías hasta el siglo XIX: la Iglesia Católica.119
Pero para que existiese un conflicto entre Iglesia y Estado se hacía
indispensable que, frente a las medidas adoptadas por los nuevos gobiernos
liberales, la Iglesia católica asumiera una actitud beligerante como respuesta.
No era difícil imaginarse que las transformaciones políticas, económicas y
sociales que se produjeron desde finales del siglo XVIII y durante buena parte
del XIX dieran origen a una reacción eclesial defensiva; sobre todo cuando las
nuevas medidas que adoptarían los Estados liberales dejaron claramente
establecida, en la mayoría de los casos, la separación entre el Estado y la
Iglesia y la subordinación de esta última a la primera.
Laboa plantea muy elocuentemente las condiciones del enfrentamiento
entre el Estado y la Iglesia:
Los liberales estaban convencidos de que la sociedad estaba demasiado
sacralizada y de que la presencia y el influjo de la Iglesia era excesiva, invasiva y
perjudicial, y pensaban que no era posible modernizar la sociedad ni gozar de plena
libertad sin su secularización. Naturalmente, este planteamiento provocó el
119
Juan María Laboa, Op. Cit. p. 55
40
enfrentamiento con el clero y con la Iglesia en general, que, por su parte, no estaban
dispuestos a modificar nada de lo establecido.120
Desde esta postura, los liberales pretendieron liberar al ciudadano del
control y dogma eclesiástico mediante un programa que constaba de cuatro
puntos centrales: a) nacionalización de los bienes eclesiásticos; b) expulsión o
neutralización de los religiosos; c) desmonopolización educativa; y, d)
intervención en la actividad asistencial.121 El efecto práctico de este plan
conllevó la constitución de una sociedad laica o laicista, en la que la Iglesia
había sido excluida de la vida social, o tenía una presencia mínima en sus
antiguos ámbitos hegemónicos de la educación y asistencia social.122
La Iglesia católica, como ya analizamos, a través de Pío IX (1846-1878)
vivió convencida de que tenía el derecho a ser apoyada por la sociedad civil y
el Estado en el cumplimiento de su misión.123 Será responsabilidad de León XIII
(1878-1903) devolverle a la Iglesia estabilidad y respeto en un nuevo mundo
con libertades y derechos para todos los ciudadanos, y bajo el gobierno de las
autoridades liberales de los Estados.
No debe generalizarse la posición ultramontana, representada por papas
como Gregorio XVI (1831-1846) y Pío IX, pues existieron dentro de tal
institución elocuentes voces de moderación que no sólo abrazaban el credo
liberal sino que consideraban que el respeto a la libertad de conciencia
fortalecería a la misma Iglesia Católica en lugar de destruirla.124 El catolicismo
liberal puede considerarse como un intento que, lejos de mantenerse
indiferente a la situación política, pretendía conjugar la defensa de las
libertades y la democracia con su fe católica y la doctrina cristiana.
Propugnaban por la libertad no solo para la Iglesia sino también dentro de la
Iglesia. Félicité de Lamennais (1782-1854) será el más notable representante
en Francia de esta corriente que, como podía preverse, terminó siendo
silenciada por la Santa Sede.125 Este movimiento liberal dentro de la Iglesia
120
Ídem.
Juan María Laboa, Op. Cit. p.57.
122
Ídem.
123
Ídem
124
Ibíd. pp. 58-67.
125
Sobre el papel que jugó Felicité de Lamennais para el catolicismo en Francia ver:
http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=252 (5/6/2008)
121
41
tuvo sus representantes no solo en Francia sino también en Italia, Alemania,
Inglaterra y España.126
Es necesario puntualizar lo anterior para evitar asumir que todos los
católicos eran conservadores y que todos los liberales eran anticlericales. De
hecho la combinación de los atributos de católico y liberal no eran excluyentes
e inclusive existieron miembros del credo liberales y muy activos en la política
de los nuevos estados europeos y latinoamericanos.127 Son precisamente estas
posibilidades de moderación las que tampoco aceptarán los miembros que
intentaron excluir al clero salvadoreño de la actividad de enseñanza privada.
b) Liberales y conservadores: ¿dos categorías antagónicas?
Los conservadores centroamericanos se mantuvieron muy escépticos acerca de la
habilidad para gobernar de cualquiera que no fuera de la clase propietaria y educada.
Una institución más importante dentro del conflicto liberal-conservadora fue la iglesia.
Los liberales procuraban separarla del estado y eliminar su poder político y económico,
mientras que los conservadores la tenían en alto como defensora de sus privilegios y
elemento vital para controlar a las masas y asegurar su apoyo. Los liberales buscaban
destruir el control monopólico sobre la economía y eliminar los fueros que disfrutaban
los conservadores-eclesiásticos, comerciales, universitarios, etc.128
El anterior párrafo ilustra la interpretación clásica del conflicto de ideas
políticas que se suscitan en el marco de las independencias de las nuevas
repúblicas en
la
región
centroamericana.
Tal
clasificación,
“liberales-
conservadores”, ofrece la ventaja de permitir agrupar grandes sectores o
secciones en función de intenciones políticas bastantes generales: defender las
propiedades e intereses adquiridos como producto del período colonial, en
cuyo caso serían conservadores; y propugnar por cambios que privilegien las
libertades del individuo y el libre comercio, en cuyo caso serían liberales.
Obviamente bajo esta concepción la Iglesia es conservadora sin lugar a otra
posibilidad. De ser así, ¿Por qué eran 13 de los 27 firmantes del Acta de
Independencia clérigos? O ¿Es posible la hipótesis de una Iglesia liberal? O
126
Juan María Laboa, Op. Cit. p.61
Bélgica es un ejemplo notable de la unión entre católicos y liberales para lograr la independencia de
Holanda en donde no solo consiguieron juntos la independencia sino que elaboraron juntos la constitución
(7 de febrero de 1831). Juan María Laboa Op. Cit. p.67.
128
Ralph Lee Woodward Jr., “Central America”, en Héctor Lindo-Fuentes, La Economía de El Salvador
en el siglo XIX. Dirección de Publicaciones e Impresos, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte,
CONCULTURA, San Salvador, 2002. p. 180.
127
42
¿Será que la dicotomía liberales-conservadores es muy limitada para explicar
la lucha de ideas políticas del siglo XIX?
Recientes investigaciones han obligado a reconsiderar la tradicional
interpretación de dos posturas antagónicas entre liberales y conservadores en
la Centroamérica del siglo XIX, y han concluido señalando que tanto liberales
como conservadores tenían un objetivo común: la construcción de repúblicas
representativas de ciudadanos instruidos y formados. Sus diferencias
radicaban pues no en la finalidad perseguida sino en el método o formas
empleadas para alcanzar el objetivo propuesto.129 Así por ejemplo, tanto
Santiago
González
y
Rafael
Zaldívar
impulsaron
proyectos
para
la
consolidación de una República liberal, pero se distanciaron en la intensidad de
sus medidas anticlericales para obtener lo deseado.
Para Sajid Herrera, por ejemplo, la lucha entre liberales y conservadores
representaba en algunos casos una ficción creada por las facciones en
contienda, y en otros tan solo una dimensión de la variedad de posturas
ideológicas de la época. Y es que utilizar el calificativo de “liberales y
conservadores” no permite explicar con precisión los matices existentes entre
ambos extremos. Herrera sugiere, a guisa de hipótesis, que en lugar de una
lucha entre liberales y conservadores lo que se experimentó durante el siglo
XIX fue:
…una diversidad “partidaria”-centralistas, federalistas, liberales
católicos, liberales anticlericales (católicos, masones), etc.-. Todos ellos coincidieron en
la construcción de un régimen republicano, interpretándolo, en términos generales,
como la asociación de ciudadanos basada en los principios de soberanía del pueblo,
sufragio, división del poder, libertades civiles y políticas, virtudes cívicas, preceptos
morales o religiosos. Esta diversidad partidaria tuvo sus orígenes en las posturas
republicanas sustentadas desde 1821 por los criollos san salvadoreños frente a los
monarquistas.130
Adolfo
Bonilla discrepa
con la interpretación conservadora de la
independencia, pues a su juicio, la independencia tiene que leerse como parte
del pensamiento político ilustrado, que inicia en el marco del experimento
129
Sonia Alda Mejías, “El debate entre liberales y conservadores en Centroamérica. Distintos medios para
un objetivo común, la construcción de una república de ciudadanos (1821-1900)”, Espacio, Tiempo y
Forma, Serie V, H.a Contemporanea, t. 13, 2000, págs. 271-311.
130
Sajid Herrera, ¿Liberales contra conservadores? Las facciones políticas en El Salvador del siglo XX.
(inédito).
43
liberal de Cádiz.131 Para Bonilla, la Ilustración fue un ambicioso programa de
liberación de la ignorancia, dogmas religiosos, prejuicios, superstición,
fanatismo, y despotismo que llegó a
Centroamérica bajo las Reformas
Borbónicas, antes mencionadas, de Carlos III de España.132 El programa
ilustrado de reformas administrativas, económicas y educativas contó con el
apoyo de todos los participantes, inclusive la Iglesia (a cargo de la
educación).133 Por lo anterior, siguiendo a Bonilla, es comprensible que durante
el período de 1770-1838 las ideas políticas de la región centroamericana
estuvieron dominadas por el pensamiento ilustrado, y que este hecho
fundamental,
hace
134
conservadora.
imposible
el
desarrollo
de
una
filosofía
política
Sin una filosofía política conservadora es muy difícil que
existiera un pensamiento político conservador, y por lo tanto una independencia
impulsadas por ideas conservadoras.135
La dependencia económica de los agricultores y comerciantes salvadoreños
de sus homólogos guatemaltecos para el intercambio comercial de productos
como el añil, que se exportaba a Europa, era una razón suficiente para que el
deseo de independencia fuera bastante compartido por la élite criolla
salvadoreña a principios del siglo XIX. El malestar producido por los constantes
abusos en el pago de precios extremadamente bajos por los productos de
exportación que se comercializaban con la corona española por valores
sustanciales, y de cuyos precios una pequeña fracción llegaba a los
salvadoreños, fueron gestando el incentivo económico para que las ideas del
libre intercambio encontraran tierra fértil.
En el mismo sentido, la necesidad por romper toda sujeción con Guatemala
incluyó al clero salvadoreño, quienes desde 1810 habían promovido la creación
de una sede Episcopal para San Salvador.136 Dicha solicitud, y que fuera
131
Adolfo Bonilla, Op. Cit. p. 221.
Ibíd. p. 49.
133
Ibíd. p. 53.
134
El autor sostiene que fueron dos los aspectos centrales que impidieron el desarrollo de una filosofía
política conservadora: a) el éxito de la reforma política ilustrada; y b) la solidez del absolutismo
monárquico. Ibíd. p. 55.
135
Ibíd. p.221.
136
Carlos Meléndez Chaverri, José Matías Delgado, Prócer Centroamericano, Dirección de
Publicaciones e Impresos, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, Concultura, San Salvador, 2000. p.
287.
132
44
tratada con desdén por el Arzobispo de Guatemala,
produjo no solo
descontento sino el primer cisma eclesiástico en la región centroamericana.137
El 30 de marzo de 1822 la Diputación Provincial de San Salvador adoptó la
siguiente resolución:
Teniendo en consideración que hace muchos años, que esta Provincia solicita que se
erija en Obispado: que a este fin se hicieron diversos ocursos al Gobierno Supremo
Español, que propendiendo a ello, libró varias reales cédulas para la formación del
expediente: que instruído éste últimamente en la Diputación Provincial de Guatemala,
se dio cuenta poco antes de la Independencia al mismo Gobierno: que la necesidad se
hace cada vez más urgente, por el aumento de la población y por el dilatado tiempo de
diez y nueve años que hace no se visita la Provincia…, se acordó: Que desde luego
quede erigida en Obispado y que sea el primero que ocupe esta silla, según la voluntad
general de toda la Provincia manifestada en el mismo expediente, el señor doctor don
José Matías Delgado, Cura y Vicario de esta ciudad y Presidente de esta Junta
provisional gubernativa…138
De hecho, y como consecuencia del irrespeto de las normas del derecho
canónico para la erección de la Diócesis de San Salvador y la elección del
Obispo José Matías Delgado, la Santa Sede fue enfática al comunicarle al
gobierno salvadoreño el no reconocimiento de tales actos.139 Esto pudo haber
contribuido a la opinión de una iglesia ultramontana y poco receptiva a las
peticiones del nuevo gobierno salvadoreño de ideas liberales.
Más allá de los excesos de la autoridad civil al invadir un ámbito puramente
eclesiástico en la erección de la sede episcopal, ¿Cómo era posible que en el
cura Delgado coincidiesen las calidades de Vicario y Presidente de la Junta
Provisional Gubernativa bajo la dicotomía liberales-conservadores?
Existía pues un anhelo común de independencia, tanto para los seglares
como para la Iglesia en la vida política salvadoreña del siglo XIX, que no
encuentra explicación satisfactoria bajo la dualidad “liberal-conservador”.
Lo anterior no significa que no existieron elementos del clero salvadoreño a
quienes podía haberse aplicado el calificativo de ultramontanos, muy
probablemente los hubo; pero esto no justifica aplicar una generalización tan
amplia que agota las posibilidades para explicar debates como el de la
enseñanza laica en El Salvador, y que no encaja necesariamente en la
dicotomía liberal-conservador.
137
Fray Marco Salinas, Relaciones entre Iglesia y Estado en la República de El Salvador 1821-1871,
Ediciones V Centenario de la Evangelización y Sesquicentenario de la Diócesis de San Salvador, El
Salvador, C.A., Arzobispado de San Salvador, El Salvador, C.A. 1992.
138
Carlos Meléndez Chaverri, Op. Cit. p.288.
139
Fray Marco Salinas, Op. Cit. p. 84.
45
•
•
•
El ultramontanismo de la Iglesia católica que impuso Pío IX no pudo callar
del todo las fuertes voces disidentes que siguieron clamando por un
cristianismo que abrazase las libertades modernas. Como consecuencia, en
varios países de Europa (Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, Bélgica) y en
nuestro país también, existieron miembros del clero que no representaron el
integrismo católico y que participaron del fenómeno independentista con
ideales y objetivos liberales. La Iglesia salvadoreña enfrentó durante el período
de Santiago González los ataques más fuertes para conseguir limitar su
participación en la vida política y social del país, a la de una guía espiritual en
el templo. Rafael Zaldívar significó para el clero salvadoreño un cordial liberal,
en comparación con su antecesor, y un político hábil que balanceó
estratégicamente los intereses de la curia y de los reformadores liberales en el
marco constitucional de 1880. Si aceptamos la idea de una nueva forma de
interpretar no solo el fenómeno de la independencia, sino también la lucha por
la separación del Estado y la Iglesia, será más factible explicar las posibilidades
intermedias que enriquecen y explican de manera más amplia el debate político
entre los extremos de un clero anti-liberal y un liberalismo anticlerical. Para los
efectos del presente trabajo asumo las tesis de quienes postulan que la
herencia ilustrada proporcionó un sustrato común sobre el cual se construyeron
las ideas y luchas políticas de las nuevas repúblicas centroamericanas. Es bajo
esta concepción, la de una herencia ilustrada y un objetivo común republicano,
que enmarcaré el análisis del discurso periodístico que nos ocupará en los
siguientes capítulos de la presente investigación.
46
CAPÍTULO SEGUNDO
Reformas y regulaciones de la educación salvadoreña: los Borbones
(1750) y el régimen de Zaldívar en 1881.
El movimiento reformador educativo no era una idea exclusiva del siglo XIX.
Si bien es cierto que las discusiones que se sostenían en Francia sobre una
educación pública, gratuita, y laica (en particular las Leyes Ferry140 de 1881 y
1882) se producen casi simultáneamente con las últimas medidas del gobierno
salvadoreño para laicizar la educación, esto no significa una simple importación
de un debate francés a título de trasplante legislativo para el caso salvadoreño.
De hecho, el proceso secularizador educativo tuvo su origen en la España
borbónica y constituye un proceso de largo alcance cuya última etapa se
produce en el año de 1881.141 El presente capítulo plantea dos aspectos
fundamentales: en primer lugar, aborda el origen borbónico de las reformas
educativas, que incluyeron la primera etapa de secularización educativa por
parte de la corona española; y en segundo término, permite conocer en detalle
el régimen jurídico educativo que sirvió de base para el proceder
inconstitucional del Consejo Superior de Instrucción Pública.
I.
La idea de una reforma educativa: ¿borbónica o liberal?
La necesidad por convertir la educación en un instrumento para la
civilización de las masas populares se remonta hasta mediados del siglo XVIII,
en plena época colonial y durante el reinado de los Borbones en España.142 Tal
y como señala Sajid Herrera, desde mediados del siglo XVIII muchos
intelectuales borbones (Gaspar Melchor de Jovellanos, Juan Picornell y Gomila
y Manuel Aguirre y Landazuri) estaban persuadidos de que la condición previa
140
Llamadas así en honor a su promotor y máximo defensor el ministro de Educación Jules Ferry. Son un
grupo de leyes sobre la escuela primaria, y que dotan, en Francia, a la enseñanza de sus caracteres de
público y gratuito (1881) y obligatoria (1882). En 1882, la enseñanza también se convierte en laica. La
última de estas leyes, dictada el 28 de marzo de 1882, constituye el ejemplo de sincronía perfecta entre el
debate educativo reflejado en las páginas de “El Católico” y la lucha por la educación laica en Francia.
Ver texto en: http://www.senat.fr/evenement/archives/D42/index.html (18-junio-2008). Jules Ferry nació
en Saint Dié en 1832 y murió en París en 1893. Abogado y político francés que ocupó dos veces el cargo
de Primer Ministro, además de los de Ministro de Instrucción Pública y de Relaciones Exteriores. Ver:
http://www.histoiredefrance.net/biographie-de-jules-ferry-p72.html (27-julio-2008)
141
Sonia Alda Mejías, “El debate entre liberales y conservadores en Centroamérica. Distintos medios para
un objetivo común, la construcción de una república de ciudadanos (1821-1900)”, Espacio, Tiempo y
Forma, Serie V, H.a Contemporanea, t. 13, 2000, págs. 271-311.
142
Leslie Bethel., ed. Historia de América Latina 6. América Latina Independiente 1820-1870.
Cambridge University Press, Cambridge. Editorial CRÍTICA. Barcelona (2000) p.73.
47
de la felicidad de los pueblos era la educación.143 La intención de estos
primeros reformadores no tenía nada que ver con los ideales republicanos, sino
más bien con la necesidad de transformar la decadente situación de la corona
española en una nueva etapa de riqueza y prosperidad.144 Deseaban erradicar
la miseria de los habitantes de las colonias mediante cambios en la educación
que permitiera castellanizar a los indígenas, cambiar sus costumbres por medio
de preceptos religiosos y morales, y hacer avanzar las artes, agricultura,
comercio e industria.145
Adolfo Bonilla retrata muy bien el legado de Carlos II y la dinastía de los
Habsburgos:
El reinado de Carlos II, último miembro de la dinastía de los Habsburgos, ha
sido descrito como un reinado decrépito gobernando un imperio a punto de colapso. La
bancarrota política y económica se expresó en términos de desempleo, una circulación
caótica de la moneda, un tesoro nacional exhausto, ausencia de industria, pobre
agricultura dominada por grandes predios baldíos sin cultivar, un ejército y una marina
débil, una administración central en caos y que mostraba serios vicios de corrupción.146
Esta era la situación que debía transformar el reformismo borbónico a partir
de 1700, y como nos refiere Leslie Bethel,
las reformas borbónicas
constituyeron un gran programa de racionalización administrativa, económica,
fiscal y educativa; y más importante aún, fueron la raíz de los grandes cambios
en las colonias españolas durante el período pre-independencia.147 La
magnitud de las medidas adoptadas durante el período de reformismo
borbónico exceden obviamente el ámbito educativo, y de hecho incluían, entre
otras: la introducción del sistema de intendencias administrativas; la
incorporación de castas (“clases”) sociales antes discriminadas, como por
ejemplo, la integración de los ladinos en la sociedad; el ataque a los privilegios
jurídicos de la Iglesia y la reducción de su interferencia en la economía; y a
partir de 1780, la implementación de las primeras medidas para establecer
escuelas primarias públicas y la incorporación de instrucción empírica y
científica en la escuela secundaria.
143
Sajid Herrera, “La educación de primeras letras en el San Salvador y Sonsonate borbónicos, 17501808” Revista ECA No. 671 (2004), Págs. 927-947.
144
Ibid.
145
Ibíd.
146
Adolfo Bonilla, Ideas Económica en la Centroamérica Ilustrada 1793-1838, FLACSO Programa El
Salvador, 1999. p. 46.
147
Leslie Bethel, ed. Historia de América Latina 6… p.73.
48
A pesar del alcance del movimiento reformador, el mismo no perdió su
carácter de absolutista, y como tal la monarquía ilustrada de los borbones vio a
la Iglesia como un rival en sus esfuerzos de centralización del poder. Por lo
tanto, al expandir la autoridad del Estado no tardarían en ganar terrenos que
antes constituían feudos de la Iglesia católica.
Para el caso de El Salvador (San Salvador y Sonsonate), es muy probable
que el reformismo borbónico alcanzase únicamente a la educación primaria, las
llamadas escuelas de “primeras letras”.148 Una de las principales medidas
adoptadas bajo este proyecto educativo se conoció como la “secularización de
las doctrinas”. Mediante la Real Cédula de 1 de febrero de 1753 el rey
Fernando VI ordenaba poner en:
… manos del clero secular, y ya no en la órdenes regulares, la educación de los indios
pues se buscaba que todos ellos aprendiesen castellano.”149
Su implementación no estuvo exenta de oposición por parte de los indios,
por lo que tal orden real debió ser moderada en su ejecución (Real Cédula de 5
de junio de 1754) y su alcance limitado a los casos de nombramientos de clero
secular cuando hubiese vacantes (Real Cédula de 23 de junio de 1757). El
clero nombrado debía conocer las lenguas nativas de los indios.150 El objetivo
de la secularización de las doctrinas consistía en la integración completa del
indio, una vez castellanizado, a la monarquía española.151
Pero las medidas más relevantes tenían que ver con el papel que el Estado
(la Corona española) debería desempeñar en el rubro educativo. Fue así como
mediante Real provisión del 5 de octubre de 1767 se declaró que la educación
era “objeto de beneficio y utilidad social”; y a través de la Real Cédula del 14 de
agosto de 1768 se confirmaba que la enseñanza pública debería estar bajo la
protección, cuidado y superintendencia del monarca, y dejaba de ser un
patrimonio exclusivo de la familia y de la Iglesia.152 Como puede apreciarse, la
corona española, por medio de estas reformas, quedaba ampliamente
facultada para decidir sobre los aspectos más importantes del tema educativo:
148
Sajid Herrera, Op. Cit.
Sajid Herrera, Op. Cit. p. 932
150
Idem.
151
Idem.
152
Idem.
149
49
establecimiento de escuelas de primeras letras, finalidad y medios para la
enseñanza, designación de maestros y la forma de pago por sus servicios.153
Esto significa que la llamada “secularización de la educación” comprendería
un largo proceso emprendido desde mediados del siglo XVIII durante la
dinastía de los Borbones al frente de la Corona española, y que posibilitó dos
aspectos fundamentales: primero, el desplazamiento de los funcionarios
eclesiásticos de las actividades educativas claves y su reemplazo por
funcionarios regios (intendentes, alcaldes, etc); y segundo, la incorporación del
tema educativo como competencia y responsabilidad del Estado (monarca
español). No obstante lo anterior, el papel de la educación religiosa seguía
siendo incuestionable, y se comprendía como un instrumento moralizador para
que el hombre cristiano obedeciese dócilmente las políticas reales.154 La Iglesia
salvadoreña seguirá jugando este papel de instrumento de control social, como
moneda de cambio frente a los argumentos de los anticlericales. Esto
constituyó la primera etapa del fenómeno secularizador.
Entrado el siglo XIX, la educación continuará siendo vista como el
instrumento fundamental para civilizar y transformar a hombres incultos e
ignorantes en virtuosos y útiles ciudadanos. Desde la independencia de las
antiguas colonias españolas, durante el primer cuarto del siglo XIX, y con la
implantación de sistemas políticos republicanos que se fundamentaron en la
priorización del individuo, se requerirán dos aspectos del nuevo sistema
educativo: en primer lugar, un incremento sustancial en los destinatarios de la
educación, incorporando a las masas populares al proceso educativo; y en
segundo término, un cambio en el contenido de los conocimientos impartidos,
privilegiando claramente aquellos de aplicación práctica y en concordancia con
las nuevas ciencias.155
Para los nuevos gobiernos, la combinación de ignorancia e inexperiencia
constituían los grandes valladares en la construcción de verdaderas repúblicas.
Conceptualmente hablando, el papel de la educación en la superación de estos
obstáculos era protagónico, y debía cumplir funciones diferentes dependiendo
del nivel de enseñanza que se debía impartir. La educación básica, bajo control
153
Sajid Herrera, Op. Cit. p. 933
Ibíd. p.935.
155
Leslie Bethel., ed. Historia de América Latina 6… p.47.
154
50
del Estado, sería la encargada de imprimir la lealtad de los habitantes a los
nuevos gobiernos, al mismo tiempo que la responsable de transformar a los
habitantes
de
156
democráticas.
la
ignorancia
en
los
ciudadanos
de
las
repúblicas
La educación superior, dirigida a las élites, debía producir
nuevos profesionales de una cúpula empresarial pragmática para la nueva
sociedad liberal en construcción.157
Una segunda parte del nuevo proceso de secularización de la educación lo
constituirán precisamente las reformas impulsadas por los gobiernos liberales
de la segunda mitad del siglo XIX, que establecieron tanto la libertad de
enseñanza (Constitución de 1871), como intentaron obtener la separación
completa del clero salvadoreño de la enseñanza privada, durante el régimen
del presidente Rafael Zaldívar. Este tema forma parte del apartado que aborda
la situación de la Iglesia Católica salvadoreña de la época, y que trata la
laicidad educativa como una parte del proyecto liberal de Zaldívar.158
II.
El régimen jurídico educativo salvadoreño de 1881: ¿Cuál era el
lugar del clero, la escuela o el templo?
Para comprender los derechos y obligaciones que tenían los miembros del
clero, al igual que otras personas vinculadas con la enseñanza, en el año de
1881, es necesario hacer una revisión de las normas jurídicas aplicables a tal
actividad en tres diferentes niveles. El primero de ellos, y el más importante, el
Artículo 38 de la Constitución Política de 1880, que recogió la libertad de
enseñanza. El segundo nivel, los Estatutos Universitarios también conocidos
bajo el nombre de “Ley Universitaria”, y que en sus disposiciones del Capítulo
3º. Artículo 9, estableció el Consejo Superior de Instrucción Pública- como la
máxima entidad educativa en el país- facultada bajo los incisos 9 y 10 del
Artículo 20, para autorizar a los profesores titulados para dar en privado la
enseñanza, y para dictar el Reglamento a cumplirse en la enseñanza
secundaria y superior recibida en los Colegios y Liceos de la República.
Finalmente, y como tercer escalón normativo nos referiremos con mayor detalle
156
Ídem.
Ídem.
158
El período comprendido de 1880 a 1888 tiende a ser considerado como el de secularización del Estado
salvadoreño. Las medidas incluyen no solo la enseñanza sino también el matrimonio y el control sobre los
cementerios. Debe señalarse que la reforma constitucional de 1880 tenía por objetivo fundamental
garantizar la reelección de Rafael Zaldívar. Ver. Rodolfo Cardenal, Op. Cit. pp. 159-194
157
51
al Reglamento sobre enseñanza privada, Liceos y Colegios dictado por el
Consejo Superior de Instrucción Pública el 4 de junio de 1881, en cumplimiento
de las atribuciones establecidas en la Ley Universitaria antes mencionada.159
El análisis de esta normativa nos permitirá comprender el trasfondo jurídico del
debate que se produjo a partir de junio de 1881.
a. La Constitución Política de 1880160 y la “libertad de
enseñanza”.Si bien la necesidad primordial por dictar un texto constitucional que
reformase el de 1872 tuvo que ver con el deseo de reelección del Presidente
Rafael Zaldívar, esta oportunidad permitió reabrir el tema de la separación de
la Iglesia y el Estado que ya había sido discutido en Constituciones anteriores
(1864 y 1872). Ya fueron abordadas en el capítulo primero los cambios que
afectaron a la Iglesia católica, en lo relativo a la libertad de culto y de
asociación, por lo que nos ocuparemos exclusivamente en este apartado de la
tan sonada “libertad de enseñanza”. Durante el mes de enero de 1880, el Diario
Oficial publicó un documento titulado “Consideraciones sobre el proyecto de
Constitución últimamente publicado”
en el cual Antonio J. Castro161,
subsecretario de Instrucción Pública y autor del documento, siguiendo su modo
de ser actual y su razón liberal, expuso a los lectores sus consideraciones
sobre las disposiciones que estaban siendo discutidas por los diputados
constituyentes de 1880.162 El texto de la disposición relativa a la libertad de
enseñanza, y que en el proyecto era el número 41 expresaba:
Art. 41.-La enseñanza es libre: pero para optar á los títulos universitarios y
profesionales se observarán las prescripciones de los Estatutos universitarios y demás
leyes de la materia.163
159
D.O. No. 203, Tomo 11, del 3 de setiembre de 1881. Págs. 210-211.
Para mayor precisión se ha utilizado el texto que apareció publicado en el D.O. No.46, Tomo 8, del 22
de febrero de 1880. Págs. 183-189.
161
Antonio J. Castro (1845-¿?). Ejerció entre otros cargos públicos los de Juez, Ministro de Instrucción
Pública, y Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es considerado como uno de los iniciadores y
promotores de la revolución de ideas del estado salvadoreño. Ver: Miguel Angel García, Diccionario
Histórico-Enciclopédico de la República de El Salvador, Tomo 11, Imprenta Nacional, San Salvador,
1948. p. 506.
162
D.O. No. 9 Tomo 8, del 10 de enero de 1880, p. 35; D.O. No. 10, Tomo 8, del 11 de enero de 1880, p.
39; D.O. No. 11, Tomo 8, del 13 de enero de 1880, págs. 45-46; D.O. No. 12, del 14 de enero de 1880, p.
50; D.O. No. 13, Tomo 8, del 15 de enero de 1880, págs. 51-52; D.O. No. 14, Tomo 8, del 16 de enero
de 1880, págs. 57-58.
163
D.O. No. 11, Tomo 8, del 13 de enero de 1880, p.46.
160
52
Sobre el particular, Antonio J. Castro consideraba que:
En una ley fundamental debe consignarse el principio y nada más. Es un axioma
jurídico que todo principio debe ser interpretado por una ley secundaria que lo
desarrolle sin contrariarlo, porque de otra manera matamos el principio mismo. Si
sujetamos á los Estatutos expresamente la existencia del principio tal cual el proyecto lo
prescribe, consignamos una ilusoria libertad, es decir, asesinamos la conquista más
preciosa de los tiempos que corremos.164
Sin entrar a valorar los argumentos jurídicos del abogado Antonio J. Castro,
y que parecen atender más a una preocupación por la vida autónoma de la
“libertad de enseñanza” sin sujeción a otra norma secundaria, la redacción
definitiva del entonces artículo 38 de la Constitución Política de 1880 cambió
sustancialmente, y fue la siguiente:
Art. 38.-La enseñanza es libre en la República, y la primaria gratuita y
obligatoria. El Poder Ejecutivo tienen la dirección de la enseñanza costeada por la
Nación, pudiendo al efecto dictar los estatutos y demás leyes que la reglamenten. Asi
mismo le corresponde la suprema inspección sobre todos los establecimientos de
instrucción pública aún cuando no sean sostenidos con fondos nacionales.165
Entre el proyecto de texto (Artículo 41) y el Artículo 38 antes citado
algunas diferencias que vale la pena analizar. En primer lugar, se ratifican la
gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria. Y en segundo término, se
atribuyen inequívocamente tres facultades al Poder Ejecutivo: a) la dirección de
la enseñanza pública (costeada por el Estado); b) la regulación, vía leyes y
reglamentos de la enseñanza; y c) la suprema inspección de los
establecimientos (escuelas, colegios y liceos) sin distinción de quien los
mantuviese económicamente. Existió pues entre el texto del proyecto (Artículo
41) y el artículo 38 aprobado diferencias que justifican pensar en una
preocupación de parte de los más altos funcionarios del gobierno de Zaldívar
por garantizar su poder para someter a los establecimientos privados de
carácter religioso cuyo financiamiento no controlaban.
Si bien la disposición constitucional no estableció restricciones de
ninguna clase en el ejercicio de la libertad de enseñanza, es decir que tanto
seglares como religiosos podían fundar establecimientos y dictar cátedras,
164
Ídem. La cursiva es nuestra. Llama mucho la atención la el uso del lenguaje utilizado para referirse a la
libertad de enseñanza como la “conquista más preciosa”, lo que proporciona una idea de la importancia
que tenía la laicización de la educación en el período de Zaldívar.
165
D.O. No.46, Tomo 8, del 22 de febrero de 1880, p. 184.
53
algunos funcionarios del Gobierno de Zaldívar, en particular Luciano
Hernández y Rafael Reyes, convirtieron la facultad del Poder Ejecutivo para
regular la enseñanza privada en una batalla por la separación total y definitiva
de la curia salvadoreña de la labor educativa. Como veremos más adelante, a
través del Reglamento de enseñanza privada, impulsaron un proyecto de
laicización educativa de corte francés, en perfecta consonancia con los
proyectos de leyes Ferry sobre educación que se discutían simultáneamente en
ese país europeo.166
El mismo subsecretario de Instrucción Pública, Antonio J. Castro, había
advertido ya del riesgo que representaba el querer subordinar la libertad de
enseñanza a una norma secundaria, que la desarrollase hasta el punto de
contrariarla. El subsecretario Castro, como veremos en el siguiente capítulo, se
vio obligado a intervenir y su actuación fue decisiva para la protección de la
libertad de enseñanza.
b) Los Estatutos Universitarios o la “Ley universitaria”.En la edición del martes 19 de octubre de 1880 del Diario Oficial No.
240, Tomo 9, aparecen publicados los nuevos Estatutos Universitarios, que
tenían por objeto dotar a la Universidad Nacional de personalidad jurídica y
establecerle el marco regulatorio aplicable para sus actividades educativas.
En el Capítulo 3º, Artículo 9 de dichos Estatutos se establece el Consejo
Superior de Instrucción Pública, en quien descansa la función de gobierno de la
Universidad.167 Las atribuciones del referido Consejo están contenidas,
principalmente, en el Artículo 20 de los Estatutos, y en sus incisos 8, 9 y 10
literalmente faculta al Consejo para:
Art. 20…8.- Conocer de las solicitudes sobre fundación de establecimientos de
enseñanza secundaria y superior, concediendo la licencia siempre que el solicitante
reuna las condiciones de instrucción y moralidad que se requieren…9.-Autorizar á los
profesores titulados para dar en privado la enseñanza secundaria ó profesional,
sujetándolos á las formalidades y requisitos que aseguren el fiel cumplimiento de sus
compromisos, para que no se relaje la disciplina universitaria…10.-Formar el
reglamento que debe observarse en la enseñanza secundaria y superior que se reciben en
166
Para el año de 1898 se copió al pie de la letra currículum de estudio de enseñanza secundaria que se
impartía en Francia. Ver: Gilberto Aguilar Avilés y Héctor Lindo-Fuentes, Op. Cit. p. 81.
167
El Art. 7 inciso 1 de los Estatutos señala: “El Gobierno de la Universidad será ejercido por una Junta
denominada CONSEJO SUPERIOR DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, cuya organización y atribuciones se
determinan en esta ley…”. Ver D.O. No. 240, Tomo 9, del 19 de octubre de 1880, p. 873.
54
Colegios y Liceos de la República, indicando las condiciones que deben concurrir en los
Académicos ó solicitantes, para permitir la apertura de esos Institutos.168
Estas tres atribuciones otorgaron al Consejo Superior de Instrucción
Pública, el control completo sobre la vida de los establecimientos privados de
enseñanza secundaria y superior. El inciso 8 le otorgó la facultad para decidir
sobre la concesión o no de la licencia de funcionamiento. El inciso 9 se encargó
de controlar quiénes puede dar clases, con carácter privado, en tales
establecimientos. El inciso 10 delegó la facultad de reglamentar la enseñanza
secundaria y superior al Consejo, incluyendo las condiciones que deberán
reunirse por los académicos y solicitantes, para que inicien operaciones las
escuelas, colegios o liceos. Por supuesto que tales facultades deberían
enmarcarse siempre en la garantía de la libertad de enseñanza.
De la simple lectura de tales competencias, nos damos cuenta que los
Estatutos universitarios desarrollaban el Artículo 38 de la Constitución Política
(1880) y dejaron la puerta abierta para que, en lo sucesivo, las
reglamentaciones más específicas fueran establecidas por el Consejo Superior
de Instrucción Pública. No existe nada en el texto antes transcrito que
menoscabe la libertad de enseñanza contenida en el artículo 38; y los cuatro
requisitos establecidos, con carácter genérico, no contemplan de manera
expresa restricciones que afecten a ciudadanos o personas pertenecientes al
clero o del estado seglar. ¿Cuál es el problema entonces con las atribuciones
del Consejo Superior? Para contestar a esta pregunta, tendremos que
descender un eslabón más en la cadena normativa y proceder a revisar con
mayor detenimiento el Reglamento que sobre enseñanza secundaria y superior
dictase el Consejo Superior de Instrucción Pública el 4 de junio de 1881. Fue
este Reglamento el que desató un serio debate y un agrio conflicto entre los
sectores más radicales y anticlericales del Gobierno del presidente Zaldívar, y
los funcionarios moderados que siendo liberales, defendieron al mismo tiempo
la libertad de enseñanza sin restricciones hacia el clero. Algunos podrán
considerar a estos últimos como pro-clericales, pero personalmente estoy
convencido que su rechazo a las posturas más radicales no necesariamente
tuvo que ver con su adhesión a la doctrina y principios católicos, como pudo
168
D.O. No. 240, Tomo 9, del 19 de octubre de 1880, p. 874
55
haber sido el caso, sino más bien a una defensa de la libertad de enseñanza,
como parte de las libertades constitucionales garantizadas por el Estado liberal
salvadoreño.
c) Reglamento sobre enseñanza privada, Liceos y Colegios.
El 4 de junio de 1881, el Consejo Superior de Instrucción Pública169 celebró
una sesión que abordó cuatro puntos de carácter puramente administrativo170,
y como último aspecto a tratar, procedió a darle cumplimiento al Artículo 20,
incisos 9 y 10, de la Ley Universitaria y emitió el reglamento que debía fijar las
reglas tanto para dar clases privadas por profesores titulados, cuyos cursos
tendrían valor en la Universidad Nacional, como para abrir colegios y liceos de
segunda enseñanza.
El Reglamento se compone de 13 artículos divididos en 4 secciones
(Enseñanza privada, Fundación de Colegios y Liceos, Del Director, e
Inspección). En la Sección Primera (Enseñanza privada) el Artículo 1°
expresaba:
Art. 1°.- El profesor titulado que pretenda abrir clases privadas sobre los cursos
no exceptuados en el artículo 179 de los Estatutos, deberá presentarse por escrito al
Consejo Superior de Instrucción Pública solicitando se le conceda el permiso
correspondiente. En esta solicitud se especificarán los ramos sobre que debe recaer la
enseñanza, los cuales no podrán exceder de los que equivalgan á dos cátedras de la
Universidad. El profesor deberá ser del estado seglar, salvo que sea para dar clases en
la Facultad de Teología. Este permiso lo concederá el Consejo, con conocimiento de
causa, por el término de dos años, contados desde la fecha en que se conceda, pudiendo
renovarse por igual término á solicitud del interesado.171
Si reparamos en la frase que aparece en cursiva, El profesor deberá ser del
estado seglar, salvo que sea para dar clases en la Facultad de teología, nos
damos cuenta que se trata de una prohibición para que ningún miembro del
clero pueda proceder a ejercer la enseñanza privada. Obviamente surge la
interrogante de si tal redacción, a todas luces anticlerical, no entra en
169
El día de la sesión, el Consejo se encontraba integrado por los señores Vicerrector Buitrago, y
Consejeros Chacon, Delgado, Vaquero, Palacios, Fiscal Moreira, el Secretario Ramón González, y el
nuevo Rector, Don Luciano Hernández. Ver D.O. No. 203, Tomo 11, del 3 de setiembre de 1881. Págs.
210-211.
170
Se dieron lectura a los Acuerdos del Poder Ejecutivo por los que: 1) se admitió la renuncia del antiguo
rector de la Universidad Nacional, Lic. Nicolás Tigerino; y, 2) se nombró al señor General Luciano
Hernández como nuevo Rector de la Universidad. Se conoció el caso de dos profesionales, un supuesto
médico (León Castillo) y un supuesto dentista (en San Miguel) que ejercen su profesión sin haber
obtenido las licencias correspondientes. Ver D.O. No. 203, Tomo 11, del 3 de setiembre de 1881. Págs.
210-211.
171
D.O. No. 203, Tomo 11, del 3 de setiembre de 1881. p. 210. Las cursivas son mías.
56
contradicción con el Artículo 38 de la Constitución política antes analizado, y
con la “libertad enseñanza”.
En la Sección Segunda (Fundación de colegios y liceos), Artículo 6, del
mismo Reglamento se estableció la misma prohibición para la fundación de
establecimientos educativos de enseñanza secundaria y superior:
Art. 6.-Solo pueden abrir colegios y liceos para la enseñanza secundaria y
superior las personas del estado seglar, con tal que reunan las condiciones de
moralidad é instrucción especial para la dirección del establecimiento. La
disposición de este artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
final del artículo 75 de los Estatutos universitarios.172
Significó entonces que, mientras la Constitución Política de 1880
garantizaba la “libertad de enseñanza”, el Reglamento a la Ley Universitaria se
encargaba de excluir tanto de la enseñanza privada, como de la fundación de
instituciones, al clero. ¿Es posible sostener que el Reglamento sobre
enseñanza privada, Liceos y Colegios podía establecer exclusiones por encima
de la misma Constitución Política? Jurídicamente hablando no es posible
defender tal medida reglamentaria, puesto que no solo contradice una
disposición constitucional (artículo 38) sino que también viola el principio de
igualdad que apareció reflejado en la Constitución de 1880:
Art. 25.- Todos los hombres son iguales ante la ley, ya proteja o castigue.173
Como era de esperarse, existió oposición a tales normas reglamentarias por
parte de algunos miembros del Consejo, misma que aparece consignada en el
acta de la Sesión del Consejo Superior de Instrucción Pública en la que se
adoptó este Reglamento174. En dicha acta consta la discusión que se produce
sobre el Artículo 6 arriba transcrito, y que justamente evidencia la oposición al
mismo por parte de dos miembros del Consejo. Refirámonos a este incidente,
tal y como consta en el Acta de la sesión del 4 de junio de 1881:
Llegada la discusión del artículo 6 del anterior reglamento, y á petición de uno de
los señores consejeros, se suspendió la sesión para continuarla el siguiente día hábil; y
en efecto, el lunes 6 de los corrientes, con asistencia de los mismos consejeros de la
sesión anterior, más la del señor Bertis (don Manuel) á quien previamente se le dio
posesión por el señor Rector, recibiéndole la protesta constitucional, se continuó la
172
Ídem. Las cursivas son mías.
D. O. No.46, Tomo 8, del 22 de febrero de 1880. p.184.
174
D.O. No. 203, Tomo 11, del 3 de setiembre de 1881. p. 210.
173
57
discusión sobre los demás artículos del reglamento que habían quedado pendientes, el
cual fue aprobado en todas sus partes con las ligeras modificaciones que se creyeron
oportunas.175
Como puede notarse del texto transcrito, uno de los consejeros pidió
suspender la sesión y continuarla el siguiente día hábil, lunes 6 de junio de
1881. Si bien las razones para postergar la discusión pueden haber tenido que
ver con la oposición de algún consejero, quien pidió la suspensión, y de cuya
identidad guardó silencio el acta; lo que es mucho más probable es que la curia
salvadoreña se enterase al final de la sesión del 4 de junio y durante los días
inmediatos a la sesión de las intenciones del Consejo Superior de Instrucción
Pública. Cuando la sesión se reanuda el día 6 de junio, ya hubo un nuevo
consejero presente, don Manuel Bertis176, quien asume junto a P. Buitrago la
oposición frente al Artículo 6 del Reglamento:
En este estado, los señores consejeros Buitrago y Bértis, pidieron que se
insertara en el acta su voto particular en los siguientes términos: “Los infrascritos
después de haber estudiado la moción hecha por uno de vuestros honorables miembros
para que se excluya al clero secular de los derechos de fundar y servir como catedráticos
en los establecimientos de segunda enseñanza, la encuentran contraria á los artículos 38,
40 y 43 de la Constitución de la República; por lo que le niegan su voto, y piden que
conste en el acta esta negativa.||P. Buitrago|| Manuel Bértis||”177
Hemos discutido ya el contenido del artículo 38 de la Constitución de
1880, pero no así el de las otras dos normas constitucionales invocadas por los
Consejeros Bértis y Buitrago como razones para la inconstitucionalidad del
Artículo 1 y 6 del Reglamento. El Artículo 40 garantizaba la libertad de
asociación, y sólo prohíbe el establecimiento de congregaciones conventuales
y de instituciones monásticas. El Artículo 43 prohibía la violación de las
garantías establecidas en la Constitución, y dentro de las cuales se encontraba
tanto la libertad de enseñanza como de asociación. Veamos su texto íntegro:
Art. 43.-Ningún poder, tribunal ó autoridad podrá alterar ni violar ninguna de
las garantías enunciadas, y el que lo hiciere será responsable y juzgado con arreglo al
título de responsabilidad de esta Constitución.178
175
Ídem.
Manuel Bertis nació en 1842, médico de profesión, sirvió en el Consejo Superior de Instrucción
Pública, como Secretario de la Universidad Nacional y como Conciliario de la misma por más de 20 años,
durante los cuales ejerció la cátedra de patología. Sirvió también como Alcalde y Regidor Municipal.
Falleció el 23 de agosto de 1895. Ver B. Pérez Marchant, Diccionario Biográfico de El Salvador, Escuela
Tipográfica Salesiana, Nueva San Salvador, C.A. 1937. Págs. 234-237
177
D.O. No. 203, Tomo 11, del 3 de setiembre de 1881. Pp. 210-211.
178
D. O. No.46, Tomo 8, del 22 de febrero de 1880. p.184.
176
58
Los consejeros opuestos (Bértis y Buitrago) no sólo expresaron las
razones jurídicas de su posición sino que dejaron entrever la responsabilidad
que existía para el funcionario que violase los principios constitucionales, en
clara alusión a sus colegas consejeros. Como mencionamos anteriormente, el
fundamento de este conflicto en el seno del Consejo Superior de Instrucción
Pública no se debió necesariamente a la defensa de los intereses eclesiásticos,
sobre todo cuando existieron en los artículos 1° y 6° del Reglamento sobre
enseñanza secundaria claras violaciones al derecho de libertad de enseñanza
y asociación, tal como fue planteado por Manuel Bértis y P. Buitrago.
Jurídicamente no existía una base constitucional para prohibir al clero
salvadoreño el ejercicio de estas libertades. Las preguntas que surgen
entonces son ¿Qué intereses anticlericales deseaban obtener la exclusión total
del clero de la enseñanza secundaria y superior? Y más aún ¿Quiénes
representaban tales posturas anticlericales? Las respuestas se obtendrán
cuando analicemos los argumentos expuestos en el periódico El Católico desde
el mes de junio hasta noviembre de 1881.
Pero la oposición de Bértis y Buitrago no se quedó en la simple
consignación de su voto particular, puesto que en la misma Acta de la Sesión el
consejero Buitrago solicitó que se diera cuenta al supremo gobierno para que
resolviese el tema antes de que se publicase el Reglamento. Muy a pesar de la
solicitud de Buitrago, el Consejo decidió:
…en atención á que los incisos 9 y 10 del artículo 20 de los Estatutos,
ya citados, le dan no solo la facultad sino que también le imponen la obligación
privativa de emitir el mencionado reglamento, sin consulta ulterior, por
unanimidad de votos acordó: desechar la moción del señor Buitrago.|| No
habiendo más que tratar, se levantó la sesión. ||179
No obstante la vehemente solicitud de no publicar hasta que el supremo
gobierno del Presidente Zaldívar resolviera el incidente, la negativa unánime
del Consejo para desechar la propuesta del consejero Buitrago evidencia el
convencimiento de que la obligación de emitir el Reglamento era de primer
orden. Esta primera batalla la habían ganado los anticlericales en el seno de la
179
D.O. No. 203, Tomo 11, del 3 de setiembre de 1881. p. 210-211.
59
Corporación, pero el debate entre estos y los defensores de la Constitución
apenas comenzaba y tendría un desenlace poco esperado para los primeros.
El clero salvadoreño no se quedó de brazos cruzados ante tal medida
del Consejo Superior de Instrucción Pública y tal como consta en la edición del
Diario Oficial (Número 254, Tomo 11) del 2 de noviembre de 1881, el presbítero
Adolfo Pérez Aguilar procedió a presentar una queja, en el mismo mes de junio,
contra los artículos 1° y 6° del Reglamento sobre enseñanza secundaria, que
eran las disposiciones que privaban a los clérigos del derecho de enseñanza
privada, secundaria y superior. Tal queja fue abordada en sesión del Consejo
celebrada el 31 de octubre del mismo año.180 Entre el 4 de junio de 1881, en
que se dicta el Reglamento, y el 31 de octubre del mismo año, fecha en que se
discute la queja presentada por el presbítero Pérez Aguilar trascurren casi
cinco meses de intensa actividad para El Católico. Desde la tribuna editorial de
este semanario, la Iglesia católica discutirá los males de la educación laica y
las bondades de la educación cristiana; atacará personalmente a Rafael Reyes
y en menor medida a Luciano Hernández; ejemplificará el valor de la educación
cristiana en el colegio católico Liceo Salvadoreño; y finalmente, ya pasada la
controversia, dejará que otros temas, como la masonería, ocupen sus páginas
principales.
Tenemos ya claridad sobre la medida gubernamental (Artículos 1° y 6°
del Reglamento sobre enseñanza privada, Liceos y Colegios) dictada el 4 de
junio de 1881, que excluye al clero secular de la enseñanza privada secundaria
y superior, en violación de la Constitución de 1880. Conocemos que el
presbítero Adolfo Pérez Aguilar impugnó tales disposiciones el mismo mes de
junio de 1881. Procedamos a continuación, a verificar la defensa que plantea la
Iglesia católica ante la nueva situación reglamentaria que violaba sus derechos
constitucionales.
Es muy importante hacer notar que en la reacción de El Católico de
perciben dos momentos claramente distinguibles: el primero, durante los meses
de junio a finales de septiembre de 1881, y en los cuales se dedicó a
cuestionar la educación laica en términos generales, y a responder a los
ataques del Doctor Rafael Reyes; y un segundo momento, en los meses de
180
D.O. No. 254, Tomo 11, del 2 de noviembre de 1881. p. 421
60
octubre y noviembre,
durante los cuales atacó directamente al Consejo
Superior de Instrucción Pública por la decisión adoptada. ¿Qué evento separa
este cambio en el volumen y dirección de los ataques? A mi juicio, la
publicación en el Diario Oficial del Reglamento en controversia, con lo que se
vuelve público lo que antes se conocía sólo por rumores o comentarios entre
los miembros del Consejo y la sociedad salvadoreña: la exclusión total del clero
de la actividad educativa privada. Este hecho diferencial justifica el tratamiento
en los capítulos tercero y cuarto de la presente investigación, como dos
momentos separados, de una misma reacción del clero salvadoreño en el
periódico El Católico.
•
•
•
El proyecto de secularización educativa puede ser considerado como un
esfuerzo de largo alcance iniciado con las reformas de Carlos III, que
permitieron que la corona española sustituyese con funcionarios regios el lugar
que antes ocupaban los clérigos en las funciones de control y administración
educativa, tomando así el control de la educación al servicio del imperio para la
modernización del mismo. No obstante lo anterior, el papel del clero en la
educación, como maestros o docentes, siguió siendo incuestionable y se
mantuvo el papel moralizador que la curia le imprimía a la educación de la
época. En una segunda etapa, a fines del siglo XIX y durante el régimen de
Rafael Zaldívar, los liberales salvadoreños se enfrentaron por conquistar la
laicidad educativa, y separar por completo a la Iglesia del magisterio. Para ello
intentaron conciliar un marco jurídico que había protegido en la misma
Constitución Política de 1880 la “libertad de enseñanza”, con un Reglamento
sobre enseñanza privada y fundación de Liceos y Colegios que, en junio de
1881, intentó excluir al clero de la actividad educativa. La consecuencia jurídica
de tal accionar anticlerical era evidente: la inconstitucionalidad de los Artículos
1° y 6° del Reglamento en controversia. La resistencia a tal reconocimiento por
parte de los liberales anticlericales es lo que originó el debate que se
reconstruye y analiza en los siguientes capítulos de la presente investigación.
61
CAPÍTULO TERCERO.
Una mirada pública al conflicto: El Católico y la enseñanza laica.
La discusión que se reconstruye y analiza en los capítulos tercero y cuarto
de esta investigación tienen como objeto acercarnos al debate por la laicidad
educativa desde dos perspectivas igualmente valiosas: la primera, expuesta en
este capítulo, se ocupa de los planteamientos efectuados por el clero
salvadoreño en el periódico El Católico, tratando de persuadir al público lector
de los inconvenientes de la educación laica y de las intenciones anticatólicas
de sus promotores; la segunda, planteada en el capítulo cuarto, recoge el
abierto enfrentamiento que se produjo al interior del gobierno y del cual hizo
constante denuncia la Iglesia por medio de los editoriales de El Católico. El
evento que divide la presentación de estas dos miradas al conflicto, lo
constituye la publicación en el Diario Oficial del 3 de septiembre de 1881, del
Reglamento sobre enseñanza privada, y fundación de Liceos y Colegios. El
hecho de hacer del conocimiento público, en el periódico del gobierno, las
disposiciones reglamentarias (artículos 1° y 6°) que excluían al clero de la
actividad educativa constituyó un punto de inflexión en el debate.
El cambio que se produjo, a partir del mes de septiembre de 1881, en la
intensidad del lenguaje y en los hechos referidos por El Católico, y los ataques
directos a Rafael Reyes y Luciano Hernández, justifican el tratamiento
separado de estos dos momentos en la presente investigación. La metodología
adoptada prescinde de la tradicional presentación del conflicto por temas en
disputa, pero el abordaje de dos momentos cronológicos claramente
distinguibles posibilita no solo el seguimiento sucesivo de la diversidad de los
argumentos planteados por el clero en la discusión, sino también una mejor
comprensión de los matices del debate entre Rafael Reyes, Luciano Hernández
y los redactores de El Católico.
El presente capítulo reconstruye la mirada exterior o pública del conflicto y
reflexiona sobre los editoriales y artículos que El Católico dedicó a debatir, en
términos generales, a la enseñanza laica y religiosa, durante el período
comprendido del 12 de junio al 11 de septiembre de 1881.
62
El Católico nace el 5 de junio de 1881, con la misión de difundir la verdad de
la religión católica en sus dogmas, en su moral y en su culto.181 Al mismo
tiempo contemplaba como objetivo la difusión de sanas doctrinas y útiles
conocimientos de otras materias que ilustren, moralicen y perfeccionen al
hombre.182 Su fundación fue producto, como señala su Prospecto, de la
vinculación de varios amigos, sacerdotes y seculares que compartían el amor a
la religión y a la patria, por lo que no representaba a ningún partido político, ni
recibía ningún subsidio gubernamental.183
En su primera página aparece como representante y Agente General don
Federico Prado, agricultor y comerciante. Una de las primeras causas católicas
que se presentaron para defender, desde sus páginas editoriales, fue la
importancia de la educación religiosa y los peligros de la educación laica.
Desde el ejemplar Número 2, titulado “Importancia de la instrucción
religiosa”, El Católico asume la defensa de la educación católica frente al
ataque anticlerical del Consejo Superior de Instrucción Pública. No es
casualidad que habiéndose adoptado el Reglamento sobre enseñanza privada,
Liceos y Colegios, el día 6 de junio de 1881, proceda este periódico a iniciar tan
sólo seis días después (12 de junio) su tratamiento del tema.
Debe aclararse que los redactores de El Católico fueron muy cuidadosos en
no atacar, al inicio, las medidas anticlericales sino el efecto o las
consecuencias que tales medidas producirían en los jóvenes salvadoreños. De
esta manera cuestionaban los principios de la educación laica sin referirse
directamente al Reglamento ya discutido. Este celo extremo pudo ser producto
de varios motivos: primero, el que la información relativa al proceder del
Consejo Superior de Instrucción Pública no era del conocimiento público, pues
apareció publicada en el Diario Oficial hasta el mes de octubre de 1881; y
segundo, el aprendizaje que tuvo el clero, durante el período del presidente
Santiago González descrito en el primer capítulo, de las consecuencias de
181
El Católico, Número 1, 5 de junio de 1881.
Ídem.
183
Ibíd. p. 2. Eran precisamente este grupo de amigos, sacerdotes y seglares los responsables de los
editoriales y artículos que defendieron la enseñanza del clero. Los editoriales de El Católico no indican el
autor o autores de los mismos, y sólo en el caso de artículos remitidos por otras personas el nombre de
estos colaboradores aparece al pie de sus escritos. De igual manera, cuando los textos son sacados de
otras publicaciones, el semanario religioso hace constar tal circunstancia.
182
63
enfrentarse abiertamente con el Gobierno y la consiguiente clausura del
periódico La Verdad. Cualquiera de estas razones evidenció un cambió en la
actitud eclesiástica y esto permitió que manejase esta tensión con el estado
salvadoreño de manera más inteligente. Era obvio que el conocimiento que
tuvo el clero salvadoreño de las medidas anticlericales provino de los mismos
miembros del Consejo que se opusieron a ellas, y por lo tanto esta información
debió ser manejada con mucha cautela para evitar repetir las acusaciones que
conllevaron a las expulsiones de miembros del clero la década anterior.
Parecía ser que el llamado para defender a la Iglesia desde las mismas
constituciones democráticas que efectuaría León XIII el 15 de febrero de 1882,
en su encíclica Etsi nos había sido anticipado y practicado por la Iglesia
salvadoreña.
El análisis de los editoriales y artículos relevantes de El Católico que se
presentan seguirá un orden cronológico que posibilitará comprender la
continuidad y diversidad de los argumentos, así como las respuestas del
periódico a las críticas efectuadas por funcionarios como Rafael Reyes y
Luciano Hernández a la educación religiosa. Cuando sea necesaria se apoyará
tal exposición con la información aparecida en el Diario Oficial de 1881, sin
perjuicio de que el tratamiento oficial del conflicto será motivo del capítulo
quinto de la presente investigación.
a) “Importancia de la instrucción Religiosa” (12-junio-1881)
Así se titula el primero de la serie de artículos dedicados por El Católico
a la lucha por evitar la completa laicidad educativa. Este texto no aparece en el
editorial sino en la sección religiosa, y en su contenido resaltan tres
argumentos centrales: en primer lugar, la importancia de la educación de los
jóvenes para el progreso de la Nación y la sociedad; en segundo término, los
peligros de una educación atea o anticatólica, que ha sido la causa de la ruina
de las grandes naciones en la historia de la humanidad; y en tercer lugar, la
necesidad de la educación religiosa y católica como única solución para los
males que aquejan a la sociedad.
Sobre el primer argumento, sostiene El Católico que:
El mayor beneficio que puede hacerse á un pueblo es la instrucción de la
juventud, particularmente entre la clase media y baja del Estado. De ella depende el
64
honor de sus padres, la felicidad de los hijos, el perfeccionamiento de las artes, la
respetabilidad de la religión y el progreso de la sociedad. El objeto de la instrucción es
desarrollar á cada individuo en toda la perfeccion de que es susceptible; y en la
realización de este desarrollo están cifrados los inestimables bienes que hemos
mencionado.184
Evidentemente, tanto los miembros del Consejo Superior de Instrucción
Pública como la curia salvadoreña estaban de acuerdo en la importancia
estratégica de la educación para el desarrollo de El Salvador, pero discrepaban
sobre la forma en que debía llevarse a cabo tal actividad. Para los primeros, la
Iglesia debía separarse por completo, tal y como lo hizo el Consejo mediante el
Reglamento sobre enseñanza privada, Liceos y Colegios; mientras que para el
clero salvadoreño, el peor de los males era justamente una educación atea o
anticatólica:
Empero, si es cierto que el mayor beneficio que se puede hacer á un pueblo es la
instrucción de la juventud, no es menos cierto que el mayor mal que se le puede hacer es
proporcionarle ó tolerar una instrucción atea ó anticatólica.185
En alusión indirecta, a la decisión adoptada por el Consejo Superior de
Instrucción Pública, el periódico expresó que:
Muchos gobiernos y aun muchos padres miran con el mayor desden la
instrucción religiosa, y creen haber llenado sus deberes adornando las tiernas
inteligencias de sus súbditos ó de sus hijos con flores estériles, cuales son por sí
solos los conocimientos científicos: esta es la preocupación mas funesta de nuestros
días.186
Este era el caso de Francia, que se encontraba discutiendo las leyes
propuestas por el Ministro de Instrucción Pública, Jules Ferry, y que culminaron
con el objetivo de dotar a ese país europeo de un sistema educativo público,
gratuito y laico. Y en cuanto a la religión como condición necesaria de toda
buena educación, El Católico, utilizaba un argumento de autoridad, no de un
católico sino de un protestante francés187, al plantear que:
184
El Católico, Número 2, 12 de junio de 1881.
Ídem.
186
Ídem
187
El gobierno de Justo Rufino Barrios promovió y apoyó la inmigración protestante a Guatemala para
fortalecer el proceso educativo y alfabetizador de su gestión. Para un mayor detalle de la relación entre
gobiernos liberales y protestantes en América Latina, ver Jean Pierre Bastian (compilador) Protestantes,
liberales y francmasones. Sociedades de ideas y modernidad en América Latina, siglo XIX, Comisión de
Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina, Fondo de Cultura Económica, 2003.
185
65
La educación cristiana es el único remedio de los males que deploramos, pues como
ha dicho el protestante Guizot, PARA QUE LA INSTRUCCIÓN SEA
VERDADERAMENTE BUENA Y SOCIALMENTE UTIL, ES NECESARIO QUE
SEA PROFUNDAMENTE RELIGIOSA.188
No sería extraño que el autor utilizado, Francois Guizot189, escondiese la
ironía de ser francés además de protestante, y que constituyese una clara
alusión a que inclusive los nuevos protegidos (los protestantes) de los
gobiernos liberales reconocen la importancia de la educación cristiana. En el
primer capítulo de la presente investigación se señaló el rasgo de influencia
que
los
gobernantes
guatemaltecos
ejercieron
sobre
los
presidentes
salvadoreños (Santiago González y el mismo Rafael Zaldívar). Existen razones
para pensar que el clero salvadoreño era conocedor de esta estrecha conexión
entre la política anticlerical guatemalteca y salvadoreña que tanto les había
afectado, por lo que el argumento utilizado estuvo dotado no solo de sutileza
sino también de fuerza comunicativa hacia los miembros anticlericales del
Consejo Superior de Instrucción Pública.
Finalmente, este ejemplar de El Católico concluía amenazando a los que
se inclinasen por la educación laica, al relatar una historia de un “espíritu fuerte
francés” que habiendo educado a sus tres hijos sin más referentes que la
filosofía y las leyes de la naturaleza, terminó su vida lamentado dolorosamente,
en su locura, el destino de su prole: su primogénito ejecutado por ladrón; su
segundo hijo abandonado por su mujer liberal como él; y, su única hija
abandonada en un asilo para dementes.190 Así cerraba el texto:
En toda escuela bien organizada, primero debe enseñarse lo esencial que lo
accidental, y los esencial al hombre es la RELIGION; ella le impide hacer el mal y de
esta victoria surge el bien, que como ha dicho un célebre crítico de nuestros días, EL
BIEN EN ESTE MUNDO NO ES MAS QUE EL TROFEO DE UN MAL
VENCIDO.191
188
El Católico, Número 2, 12 de junio de 1881. Mayúsculas en el original.
Francois Guizot nace en Nimes el 4 de octubre de 1787, y se destacó como historiador, político,
escritor en periódicos liberales y profesor de la Sorbona. Ocupó diversos cargos públicos entre los que
destacan: diputado y Ministro del Interior en 1830; Ministro provisional de Instrucción Pública; Ministro
de Relaciones Exteriores; Diputado en la Constituyente de 1848. Fue electo miembro de la Academia
francesa en 1836. Muere en 1874. Ver http://www.academiefrancaise.fr/Immorntels/base/academiciens/fiche.asp?param=372 (3/7/2008)
190
El Católico, Número 2, 12 de junio de 1881.
191
Ídem.
189
66
b) “El Racionalismo” (19-junio-1881)192.Si bien el título del editorial del número 3 de El Católico pareciera no
tener relación con el tema educativo, debe recordarse que el racionalismo
constituía uno de los presupuestos fundamentales de los liberales de la época.
El racionalismo significó la ruptura con las explicaciones divinas del origen del
hombre y de la autoridad de los gobernantes, y por ende de la misma
intervención de la Iglesia en la sociedad civil. Por estas razones el ataque al
racionalismo era más que relevante para el tema educativo, puesto que
significa un intento por debilitar la base misma de los intelectuales
anticlericales.
Así enuncia, el semanario religioso los dos pilares del racionalismo:
Los dos principios fundamentales del racionalismo, son: 1º. Que la razón
humana es suficiente para conocer todas las verdades: 2º. Que nada debe creer y admitir
aun en religión, sino solo aquello que puede entender y explicar.193
Sobre el primero de ellos enfatiza la imposibilidad humana individual
para conocer todo lo que existe:
…la razón individual, por muy superior que se la suponga, si se le considera
aislada, nada ó poquísimo vale por sí, y necesita de la acción social y del concurso de
otras inteligencias para su lento desarrollo…“El más luminosos conocimiento de la
razón, dice Pascal, es conocer que hay una infinidad de cosas que la sobrepasan”. Es
muy claro que no puede tener ni toda la extensión, ni toda la perfección del
conocimiento; porque ni puede conocer in actu todas las verdades conocibles, ni conoce
todo lo conocible de un objeto por pequeño que sea.194
Sobre el segundo postulado racionalista, la necesidad de entender y
explicar previo a creer cualquier dogma religioso, los redactores de El Católico
postulaban que:
El segundo principio es del todo falso, aun en el orden natural: mucho más en
religión. Porque si la razon solo debe admitir y creer lo que puede comprender y
explicar, es necesario que niegue y rechace innumerables verdades que vè y palpa en el
mundo sin comprenderlas y explicarlas. Los mecánicos y físicos mas inteligentes no han
podido conocer y explicar la ley del movimiento contínuo, la íntima naturaleza de los
seres, aun de los mas usados como la luz, el fuego, la electricidad, etc. Ni la causa de
muchos fenómenos que se ven todos los días.195
192
El Católico, Número 3, 19 de junio de 1881.
Ídem.
194
El Católico, Número 3, 19 de junio de 1881. Cursivas y comillas en el original.
195
Ídem.
193
67
La crítica al racionalismo, fundamento mismo de la educación laica de la
época, constituyó uno de los argumentos más utilizados por los detractores de
la educación religiosa como Rafael Reyes, para sostener su constante retorno
al oscurantismo, y a la negación de las luces que los nuevos conocimientos
científicos y los conocimientos prácticos le proponían a las nuevas sociedades.
Actualmente muchos de los fenómenos que se consideraban inexplicables en
el siglo XIX, y utilizados en el editorial que nos ocupa, han sido explicados y
comprendidos, justamente a través de las ciencias físicas y químicas que tanta
desconfianza generaban en algunos sectores de la Iglesia católica del siglo
XIX. No obstante lo anterior, la realidad centroamericana nos proporciona
ejemplos que disuaden de caer en la generalización de que toda educación a
cargo de la Iglesia en los siglos XVIII y XIX fuera necesariamente retrógrada y
anticientífica. De hecho, para el año de 1767, el fraile franciscano José Antonio
Liendo y Goicoechea, se había convertido en el profesor de física newtoniana
en la Universidad San Carlos de Guatemala.196 Esta misma casa de estudios,
se convirtió en el sitio predilecto para la educación de las élites políticas y
económicas de Centroamérica, por lo que no sería acertado inferir de las
críticas al racionalismo que todos los miembros del clero en la región
centroamericana eran oscurantistas. Como se planteó en el primer capítulo de
esta investigación, las ideas ilustradas del reformismo borbónico no solo
estuvieron presentes sino que fueron determinantes para la construcción de los
nuevos Estados liberales, y de los cuales El Salvador no era una excepción.
c) “La enseñanza laica y el señor Don R.R.” (3-julio-1881).197Este es el primero de una serie de cuatro editoriales que le dedica El
Católico al influyente Director de la Escuela Normal del gobierno del presidente
Zaldívar, Rafael Reyes. Como puede notarse del mismo título del editorial, los
redactores respetaban el cuasi anonimato del autor de ataques anticlericales.
Esta situación cambiará en menos de un mes, y el periódico enfrentará
directamente a tal personaje, muy cercano en sus ideas al presidente del
Consejo Superior de Instrucción Pública, Luciano Hernández.
196
197
Adolfo Bonilla, Op. Cit. p. 53.
El Católico, Número 5, 3 de julio de 1881.
68
Este artículo se planteó como respuesta a otro texto publicado en el
número 47 del periódico “La Linterna” por el enigmático señor Don R.R.198 y
constituye una de las discusiones más fuertes entre el clero salvadoreño y
algunos miembros del gobierno del presidente Zaldívar. Me refiero a “algunos”
porque como ya analizamos en el apartado del Reglamento sobre enseñanza
privada, Liceos y Colegios, no hubo unanimidad en las intenciones
anticlericales dentro de la Corporación ni dentro del gobierno liberal de
Zaldívar. Si bien es cierto que Luciano Hernández junto a Rafael Reyes son las
caras más visibles de este anticlericalismo, también nos daremos cuenta más
adelante que otros funcionarios, como Antonio J. Castro, pensaban de manera
diferente.
El Católico inicia su réplica refiriendo que hasta entonces, no eran los
miembros del clero quienes habían señalado los problemas de la enseñanza
laica, sino que fue uno de sus propios defensores y promotores, don R.R.,
quien describió las críticas que se levantaron contra tal objetivo. Así refiere,
según el semanario religioso, las críticas que don R.R. ha escuchado en contra
de la enseñanza laica:
…la enseñanza laica es la destrucción del catolicismo, la negación de todos los
dogmas, la antitesis de la moral evangélica, la extinción completa de la piedad del alma
de los niños, el desborde de las pasiones en la juventud,…199
De tal manera que, según El Católico, muy ciertas debieron de ser tales
atributos de la enseñanza laica, si las hace uno de su mismos promotores. Acto
seguido, el editorial procede a recordar los tres elementos problemáticos de la
enseñanza católica, o de “enseñanza de secta” como le llama Don R.R. Así se
resumen tales problemas: es inútil porque llena de errores la mente de la
juventud; es inconveniente porque dificulta la enseñanza de la verdad; y, es
perniciosa porque no solo falsea los principios de la moral y justicia sino que
inspira en el hombre la intolerancia y el horror al progreso.200
Los errores que introduce en las mentes son los dogmas del pecado
original, de la eucaristía, y los misterios de la encarnación, redención y
divinidad de Jesucristo. En pocas palabras, según El Católico, la enseñanza
laica de don R.R. constituye la negación absoluta de los dogmas y misterios
198
No fue posible obtener acceso a esta publicación.
El Católico, Número 5, 5 de julio de 1881.
200
Ídem.
199
69
fundamentales de la religión católica, o dicho en pocas palabras el mismo
ateísmo.201 En cuanto al segundo problema, una moral y justicia falseadas, don
R.R. recuerda la historia del pueblo de Israel para ejemplificar que la moral
dada en la Tablas de la Ley a Moisés es una moral humana y no divina, y
continuó destacando que desde los primeros cristianos se manifestó un odio a
los que se oponían a los mandamientos, un odio creado por la religión.
Además, para don R.R. según el periódico, la Iglesia católica al predicar la
regeneración del culpable mediante el arrepentimiento y la confesión (el
sacramento de la confesión), ha fomentado la inmoralidad del infractor; y por si
fuera poco lo anterior, la moral que predica la Iglesia se funda en el terror del
castigo.202
En su réplica, El Católico describió la enseñanza laica como aquella:
…que enseña a los niños católicos que el Decálogo es una impostura; que la
confesión es inmoralidad; que la mortificación es un engaño; que la eternidad de las
penas es un absurdo; que el culto una idolatría; que sus ministros son avaros, &, &; ¿no
es el verdugo que inmola su fé y su piedad en las aras del libre pensamiento y de la
corrupción?
Al referirse al tercer grave inconveniente de la educación de secta, don
R.R., según El Católico, hizo un recorrido por los ya conocidos senderos de las
cruzadas, la Inquisición, las guerras de religión en Francia que culminaron con
noche de San Bartolomé (1572).203 Así amenaza a la Iglesia católica don R. R.,
según el periódico religioso, para que recuerde el destino que le espera ante su
papel de:
…fantasma amenazante, con el vestido ennegrecido con el humo de la hoguera,
con los útiles de tormento en la mano, llevando en la otra el anatema contra todos los
pueblos, para ser condenada por la justicia inflexible de la humanidad indignada, y
para ser relegada al olvido mas absoluto.204
El Católico responderá que tales acusaciones han sido sobradamente
desvanecidas, y que don R.R. necesita pedir más obras a Europa para
encontrar mejores agravios, pues los mencionados producen risa. Por la única
201
Ídem.
Ídem.
203
Ídem. Cursivas en el original. Célebre matanza de nobles protestantes franceses, ocurrida en el período
de guerras religiosas en Francia (1559-1598), y que se llevó a cabo durante la boda de Enrique de
Navarra. http://www.portalplanetasedna.com.ar/malas11.htm (6-8-2008)
204
Ídem. Cursivas en el original.
202
70
razón que le incumbe darles respuesta, es por tratar de envenenar la mente de
los más jóvenes en contra de la religión católica.205
Prosigue, según los redactores del periódico, el señor don R.R.
refiriéndose a los malos efectos que la religión católica ha ocasionado en la
patria salvadoreña. Y para tales fines, ha utilizado la imparcial obra de Lorenzo
Montúfar quien aconseja la educación laica al Consejo Superior de Instrucción
Pública por ser el gran desideratum de las personas que desean la felicidad de
la patria.
206
Antes de concluir, El Católico reserva sus mejores mensajes al
mismo Consejo, en relación con el Reglamento que les privó de la enseñanza
privada secundaria y superior, al señalarles un ligero problema para cumplir
con el deseo de la enseñanza laica: la Constitución de 1880 sancionó la
libertad de enseñanza. Si don R.R. pretende, sugiere el semanario católico,
separar entre el error y la verdad:
¿Y quién será el juez en el Salvador, que determine cuál es el error y cuál es la
verdad? ¿Qué tribunal calificará cuál es la verdadera enseñanza que debe gozar de la
libertad constitucional, y la falsa que se debe reprimir? Si es la Constitución?—No
distingue nada. Si es el Gobierno?—Este cumple la Constitución… Solo que la
Enseñanza laica sea el juez de las doctrinas….; pero entonces se hará juez y parte….ó
juez de su rival y enemigo mortal.
Don R.R. ya ha anticipado su respuesta a tales interrogantes, de
acuerdo con el editorial que nos ocupa, que cita textualmente su anticlerical
analogía:
Así como se prohibe la falsificación de moneda sin hacer caso del principio de
libertad de industria, asi debe prohibirse la falsificación de la enseñanza (de la
Religión Católica) sin hacer caso de la libertad de enseñanza, porque aquella es la
peor de las falsificaciones.207
Al concluir el editorial, sus redactores le recuerdan a don R.R. a otro
grupo de libres pensadores (Guizot, Voltaire, Rousseau) quienes alabaron la
educación religiosa a la que pretende destruir, para implantar una enseñanza
errónea, impía e inmoral: la enseñanza laica.
205
Ídem.
Lorenzo Montúfar y Rivera nació en 1823 y falleció en 1898. Escritor, político e historiador
guatemalteco. Ocupó importantes cargos públicos entre los que destacan juez de la Corte Suprema en
1850 y Ministro de Relaciones Exteriores en 1856. Su obra más famosa en la “Reseña histórica de
Guatemala” que narra los acontencimientos sucedidos desde 1821 hasta 1860. Ver:
http://www.larramendi.es/Poligrafos/lorenzo_montufar.htm (29-julio-2008).
207
Ídem. Cursivas en el original.
206
71
Este artículo nos permite corroborar que la Iglesia ya estaba en pie de
guerra contra la decisión adoptada por el Consejo de Instrucción Pública el 4
de junio de 1881, pero que al mismo tiempo era capaz de separar el actuar
particular de algunos de sus funcionarios de la postura del gobierno del
presidente Zaldívar. ¿Qué les hacía pensar que tanto Rafael Reyes como
Luciano Hernández no representaban el parecer del Gobierno? ¿Qué
influencias tendría el clero para sugerir que el gobierno, en este caso,
obedecería la Constitución, y por ende le favorecería?
Para buscar respuesta a estas inquietudes continuemos nuestro análisis
de los ejemplares de El Católico que abordan este tema.
d) “La enseñanza laica”(24-julio-1881)208.Tres semanas después del primer encuentro con don R.R., y en el
número 8 de El Católico, el clero salvadoreño iniciaba su campaña de
alfabetización sobre lo que debía comprenderse por enseñanza laica
contestando a tres preguntas fundamentales: ¿Qué se entiende por la
enseñanza laica? ¿Es conveniente a los intereses de la juventud? Y ¿Qué
motivos justifican la reforma que se quiere introducir?
En cuanto a la primera cuestión, señalaban sus redactores que el
vocablo “laico” si bien se contrapone al de “eclesiástico”, no lo hace en función
de la condición del que imparte la enseñanza. El calificativo le viene
directamente de las ramas o saberes a los que se les califica de tal manera. Así
los redactores expresan que:
…el epíteto de laica les corresponde esencialmente, por la naturaleza de los
ramos de que se ocupan, sin referencia alguna al estado, condición ó credo religioso del
que los profesa. Clérigo ó lego, hombre ó mujer, judío ó mahometano, las matemáticas
que enseña serán matemáticas ni mas ni menos, como la geografía geografía, los
idiomas idiomas &.209
Por lo anterior, lo que importa será ante todo la capacidad e idoneidad
del profesor, sin importar su condición seglar o eclesiástica. Continúa el
editorial, ejemplificando que en Bélgica se le llamó educación laica a la que
estableció oficialmente el Estado; y que si bien retiró cualquier intervención de
la autoridad eclesiástica, no significó una restricción para el establecimiento de
208
209
El Católico, Número 8, 24 de julio de 1881.
Ídem.
72
instituciones privadas de enseñanza primaria y secundaria como estaba
ocurriendo en El Salvador.210 De lo que se trata, prosigue El Católico, es de
proceder a:
…desterrar en el país la enseñanza religiosa, como uno de los medios mas
seguros para combatir la creencia nacional del catolicismo, y en tal concepto se reclama
la imposición de la laica, es decir de la RACIONALISTA.211
Si bien este editorial no estaba dirigido a don R.R., sí se refirió a la
categoría genérica de los “articulistas” que defienden la enseñanza laica. Cobra
mayor sentido el editorial antes discutido y titulado “El Racionalismo” (19-junio1881) al comprender que de esto están acusando los miembros de la Iglesia
salvadoreña a ciertos funcionarios del gobierno, de querer instaurar más que
una educación laica, una “educación racionalista”.
Sobre la conveniencia a los intereses de la juventud salvadoreña, El
Católico reconoce que por necesidad imprescindible de su naturaleza racional,
el hombre es un ser eminentemente religioso que tiene necesidad no solo de
los conocimientos científicos, sino también de los sentimientos que formen su
corazón.212 De no entenderse esta doble dimensión del hombre, se corre el
riesgo de materializarle y por consiguiente de negarle la consecución de fines
superiores que son fundamentales en sus relaciones con Dios, consigo mismo
y con sus semejantes. Es en este último aspecto, según los redactores, donde
la religión cumple su más importante misión al servicio del hombre, al:
…conducirlo desde la infancia con mano hábil, inspirándole amor á la virtud,
corrigiendo sus pequeños extravíos y haciéndole contraer hábitos de moderación y de
213
justicia.
El modelo de honradez, de abnegación y virtud que quiere fomentar en
los ciudadanos el Estado, no se obtendría del estudio puro de las diferentes
ciencias, sentenciará El Católico.214 La alusión es directa al rol de control social
que la Iglesia puede jugar al servicio del Estado salvadoreño.
Pero es la respuesta a la interrogante de los intereses que motivan la
reforma, la que deja ver con mayor fuerza la posición del clero salvadoreño
210
Ídem.
Ídem. Mayúsculas en el original.
212
Ídem.
213
Ídem.
214
Ídem.
211
73
frente al Reglamento sobre enseñanza privada ya discutido. Al calificar tal
reforma de “anti-liberal”, sostienen que llevada a las últimas consecuencias la
abolición de la educación religiosa equivaldría a la supresión oficial de la
religión católica.215 Y advierten que:
Los propagandistas de la enseñanza laica, alucinados por la novedad de una
reforma que creen estar en consonancia con el espíritu de la época, han penetrado muy
poco en el fondo de injusticia é inconveniencias sociales que ella envuelve. ¡Matar de
un solo golpe las creencias tradicionales de un pueblo pacífico, honrado y laborioso!
Puede el gentil, el moro y el judío ejercer su libertad religiosa en pais extraño, ¡pero no
lo puede el católico en el suyo propio!216
A continuación El Católico reitera los argumentos esgrimidos en contra
de don R.R. en el editorial del 3 de julio de 1881 (“La enseñanza laica y el
Señor Don R.R.”) y devuelve las mismas respuestas añadiendo ejemplos de la
prosperidad que el catolicismo trajo tanto a las naciones más desarrolladas,
como Gran Bretaña, como en aquellas en las que más se le persigue.217 Y para
concluir le advierte de nuevo a los defensores de la reforma por una educación
laica que:
Si posdictámenes de la razon y las lecciones de la experiencia nada
alcanzan en el ánimo de los propagandistas de la enseñanza laica, estén advertidos
por lo mènos, qué medidas que impliquen alguna violencia y qué tiendan á hacer
aceptar al pueblo instrucciones que rechaza, no solo contradicen los fueros de su
libertad, sinó que tambien son el mas completo descrédito de la reforma que desean
ver introducida: la cual, incapaz de imponerse por el convencimiento, ofrecería el
triste espectáculo de mendigar los recursos de la fuerza.218
Si los que impulsan la enseñanza laica son incapaces de convencer a
los salvadoreños de las bondades de tal proyecto, parece que los redactores
del semanario católico preguntasen más directamente ¿Por qué debe
obligárseles a los mismos ciudadanos a aceptar una educación laica a costa de
su propia libertad de opción? ¿Cómo se justifica un gobierno liberal que atenta
contra las mismas libertades que la Constitución política consagra y declara
proteger? Este argumento es central para comprender que no se trata de un
debate entre liberales y conservadores, pues de hecho el conflicto se produce
inserto en un Estado salvadoreño liberal; y más aún, los planteamientos
esgrimidos por la Iglesia son profundamente liberales, pues se basan en la
215
Ídem.
Ídem.
217
Ídem.
218
Ídem.
216
74
defensa de la libertad de enseñanza y de asociación. ¿Quiénes son los
liberales? ¿La Iglesia católica que defiende su libertad de enseñar y de fundar
colegios? o ¿Luciano Hernández y Rafael Reyes que excluyeron por completo
al clero de tal actividad?
e) “El Maestro de Escuela de Ilobasco y La Discusión”. (14agosto-1881).219El número 11 de El Católico recogió en sus páginas dos artículos
dedicados a responder a los textos que fueron publicados en otros periódicos.
El primero de ellos, que apareció en el número 26 del periódico universitario La
Discusión y que se tituló “Cuatro palabras sobre el pecado original”, retoma el
ataque a los dogmas de la doctrina católica, y en particular el dogma del
pecado original.220 Los redactores de El Católico relatan cómo el preceptor de
una escuela en Ilobasco, utilizando el artículo de La Discusión, ha sido capaz
de explicar hasta la perfecta comprensión de los más pequeños alumnos el
carácter de invención humana que hay en el pecado original. Prosigue el
semanario religioso señalando como después de haber felicitado al maestro
por tal logro, La Discusión, insta a los demás preceptores y preceptoras a que
procedan de igual manera, y para tal efecto se compromete a remitirles tal
periódico universitario.221 Añade El Católico, la cita textual del mordaz
comentario dirigido por La Discusión al clero salvadoreño:
Si los Reverendos Curas quisieran tomarse la molestia de leerlo a sus feligreses,
tambien se lo remitirìamos á ellos; pero hasta hoy no lo hemos hecho, porque de seguro
aplicarían su lógica condenándolo a las llamas.222
Ante tal invitación, El Católico no dudó en calificar la conducta del
Maestro de Ilobasco de muy arbitraria, muy inmoral y muy ridícula.223 La
arbitrariedad radica en que siendo un maestro pagado por el Gobierno y al
servicio de todos los salvadoreños debe cumplir su función de conformidad con
la Constitución y la ley de enseñanza primaria, que en ninguna parte ordena
atentar contra los principios de la doctrina católica. En el mismo sentido, al
219
El Católico, Número 11, 14 de agosto de 1881.
Ídem.
221
Ídem.
222
Ídem.
223
Ídem.
220
75
decretar la libertad de cultos, el supremo Gobierno, continúa El Católico,
pretendió que ninguno se enseñase como el oficial, pero al mismo tiempo
implicaba
la
obligación
224
De no comprender el alcance fundamental de la garantía
impugnada.
correlativa
de
que
ninguna
creencia
fuese
establecida por la libertad de cultos en la Constitución, se podría caer en la
tentación de que las escuelas oficiales:
…se convertirían en centros de propagación de las otras sectas y de destrucción
de la Religión Católica en el Salvador, lo que no está prescrito todavía por la
Constitución, ni es la mente de la ley, ni ha podido ser jamás la intención del Supremo
Gobierno.225
El carácter jurídico que imprimen los redactores en esta parte es notable
y constantemente recuerda a los promotores de la enseñanza laica y
anticlerical la inconstitucionalidad de su proceder. De igual manera se enfatizó
la separación entre la medida del Consejo Superior de Instrucción Pública y la
intención del Supremo Gobierno. De nuevo aparecen indicios para ratificar la
existencia de evidentes elementos anticlericales en el gobierno; pero al mismo
tiempo, potenciales aliados de la defensa de la Constitución. Obviamente estos
últimos serán considerados aliados del clero pues el efecto que produce la
defensa de la libertad de enseñanza, es la ratificación y aceptación de los
planteamientos que El Católico efectuó desde sus primeros editoriales.
La inmoralidad del proceder del maestro de Ilobasco radica, según el
semanario católico, en la violación del derecho que tienen los padres y la
Iglesia sobre la educación religiosa de sus hijos. El controvertir en el aula lo
que se ha enseñado en el hogar o en la Iglesia no hace otra cosa, sugiere El
Católico, que destruir la autoridad paterna, y transformar en impostores a los
progenitores.226 Aceptar tal control de parte de los maestros de escuela sobre
la educación de los niños y jóvenes, sugiere El Católico, equivaldría a hacer:
…degenerar la escuela, haciendo que esa institución, que es la mejor garantía de
la autoridad paternal, ó como suele decirse, una segunda paternidad, se convirtiera en
antagonista de la misma paternidad y en la destrucción radical del hogar doméstico, lo
que es el gérmen de las más funesta inmoralidad227.
224
Ídem.
Ídem. Las cursivas son mías.
226
Ídem.
227
Ídem.
225
76
La ridiculez de esta anécdota del maestro de Ilobasco, sostienen los
redactores del periódico, radica en haber transformado los alumnos de una
escuela primaria en un cuerpo deliberante infantil, que en virtud del voto de
cada alumno, incluso los de más tierna edad, concluyó que el dogma del
pecado original no era más que una invención humana.228
Para concluir el editorial, sus redactores recordaron a los señores de La
Discusión, que de conformidad con la libertad de enseñanza ellos pueden
difundir sus principios anticlericales, siempre y cuando los costeen con sus
propios fondos y no se aprovechen de los recursos del Estado salvadoreño
para tal efecto. De manera sutil El Católico reitera al gobierno del presidente
Zaldívar la inconstitucionalidad del proceder del Consejo Superior de
Instrucción Pública y del Reglamento sobre enseñanza privada:
Si nuestra débil voz pudiera subir á las altas esferas del Supremo Gobierno, ella
iría á denunciar la conducta del maestro de escuela de Ilobasco, y los conatos de “La
Discusión”, como contrarios á la Carta Fundamental y á las leyes vigentes. Pero ya que
no alcanzamos tanto, lo hacemos ante la sociedad y los padres de familia salvadoreños,
como contrarios a la religión nacional y á los sagrados derechos de la paternidad.229
En ese mismo número 11 de El Católico apareció un segundo artículo
dedicado al mismo conflicto y que bajo el título de “La enseñanza debe ser
laica” pretendió replicar a otro texto publicado por don R. R., quien a partir de
esta fecha, sería Rafael Reyes. Procedemos a analizar tal contestación.
f) “La enseñanza debe ser laica”. (14-agosto-1881)230.En esta ocasión se trata de otra publicación periódica llamada El Patriota
de Chalchuapa, que solicitó a Rafael Reyes colaboración para su labor
periodística, y a lo que el conocido escritor respondió mediante el artículo
titulado como el presente apartado: “La enseñanza debe ser laica”.
Según El Católico, esta era la tesis central y textual de Rafael Reyes:
“En paises como el nuestro, en que se respetan las opiniones religiosas de todos,
la enseñanza que se da á la juventud no debe ser afectada por ningún carácter de secta:
es decir, enseñanza libre; y solo la enseñanza Laica puede llenar esa necesidad social,
porque es una enseñanza comun á la que dan las diferentes sectas religiosas, con la
231
ventaja de no tener los vicios de éstas.”
228
Ídem.
Ídem. Las cursivas son mías.
230
El Católico, Número 11, 14 de agosto de 1881.
231
Ídem. Las cursivas son mías. Comillas en el original
229
77
Este es un buen ejemplo del alcance geográfico que pretendió conseguir
el movimiento anticlerical que impulsó la educación o enseñanza laica. No se
limitaba exclusivamente a la capital, San Salvador, sino que empezaba a
penetrar otras ciudades de importancia relativa para el país. Básicamente, los
redactores de El Católico recordaron a sus lectores que Rafael Reyes entendía
por enseñanza religiosa o católica “enseñanza de secta”, en contraposición a
la enseñanza laica que es aquella que destruye el catolicismo.232 Hecha esta
aclaración, el periódico religioso procedió a relatar la forma en que el autor
anticlerical pretende acabar con la enseñanza laica las doctrinas y principios
católicos más fundamentales para postular que tal enseñanza es la suma de
todas la herejías. Por lo que El Católico, siguiendo el argumento de Rafael
Reyes, planteó que si la enseñanza de secta (católica), es mala como una, la
enseñanza laica era mala como mil, pues era la suma de las herejías de todas
las sectas anticatólicas que han producido:
…la división y los ódios en la Sociedad. La división y los ódios, trastornan el
órden social: el trastorno del órden social, ha producido las guerras intestinas y la
anarquía: éstas, han destruido las instituciones y las nacionalidades. Luego aquella
enseñanza laica, tan defendida y propagada por el Señor Dr. Don Rafael Reyes,
necesariamente empujará á nuestra patria, en época talvez no lejana, á los horrores de
esta espantosa é inevitable degradación.233
La advertencia para los lectores y el supremo gobierno salvadoreño
estaba hecha: la cruzada de la enseñanza laica de Rafael Reyes podría ser la
causa de anarquía, desórdenes y revoluciones que afectaría los destinos de El
Salvador. Si bien no podemos presumir este señalamiento como una amenaza
de la Iglesia salvadoreña al gobierno del presidente Zaldívar, tampoco
debemos olvidar que todavía estaba fresca en la memoria los acontecimientos
del motín de San Miguel que en 1875 habían provocado una de las más serias
crisis entre el Estado salvadoreño y la Iglesia.234 De igual manera, Rafael
Zaldívar había dejado claro desde el inicio de su gestión gubernamental la
importancia de mantener la armonía en sus relaciones con la curia
salvadoreña.
232
Ídem.
Ídem.
234
Sobre este aspecto ver en el Capítulo Primero. “El régimen de Santiago González y la traumática
separación de Iglesia y Estado” de la presente investigación.
233
78
Habían transcurrido un poco más de dos meses desde que se dictó el
Reglamento sobre enseñanza privada, Liceos y Colegios, y ya estaba en
apogeo un serio debate, en las publicaciones periódicas de la época (El
Católico, La Discusión, La Linterna, y El Patriota) por la defensa del derecho
del clero salvadoreño a continuar ejerciendo su libertad para enseñar
privadamente, y para fundar colegios privados de enseñanza secundaria y
superior. El debate por convencer a la opinión pública continuaba, pero ahora
era una nueva respuesta de Rafael Reyes al editorial publicado en el número 5
de El Católico (3-julio-1881), y que apareció en el Diario de Avisos, lo que
mantuvo ocupados a los redactores del semanario religioso.
g) “La enseñanza laica y el Señor Doctor Don Rafael Reyes”.
(28-agosto-1881)235.En el número 42 del Diario de Avisos, el Doctor Rafael Reyes decidió
responder a los postulados vertidos por El Católico (3-julio-1881) en relación
con la enseñanza laica. Los redactores del periódico religioso citan al
respondente para destacar la importancia del tema controvertido:
Pero como el mismo Dr. Reyes ha dicho, y con mucha razón: que la enseñanza
laica es un punto de suma trascendencia que merece ser estudiado por el legislador y
por el estadista,…236
La ruta que siguió El Católico en esta ocasión para intentar demostrar
los errores de su adversario fue extensa-en consideración a la importancia
conferida por Reyes al debate-y estuvo dividida en 5 secciones: la primera
parte pretendió aclarar la definición de enseñanza laica que poseía Rafael
Reyes; la segunda recordó a los lectores del periódico el argumento de la
enseñanza laica como la suma de todas la herejías; la tercera sección instó a
revisar las funestas consecuencias que tal tipo de enseñanza podría ocasionar
a El Salvador; la cuarta parte discutió la ilegalidad de la tan afamada
enseñanza laica y por ende de los artículos 1° y 6° del Reglamento sobre
enseñanza privada, Liceos y Colegios.237; y finalmente, la quinta sección se
235
El Católico, Número 13, 28 de agosto de 1881.
Ídem. Cursivas en el original.
237
Ídem.
236
79
ocupó de controvertir las tres razones por las que el Doctor Rafael Reyes
sostuvo que debía combatirse el catolicismo.
Procedamos con la primera parte, El Católico reconoce cuatro
significaciones de enseñanza laica: etimológica, en función del estado civil del
que la imparte, la que se decretó en Bélgica, y la racionalista.
Atendiendo a la etimología del vocablo, la educación laica se contrapone
a la secular en razón del contenido de las ciencias o conocimientos que se
imparten, así serán laicas las que no tengan nada que ver con las ciencias
eclesiásticas, como la religión o la teología, cánones, escritura, historia
litúrgica, etc. En función del estado civil, la segunda acepción se centra en el
estado seglar o religioso del que imparte la enseñanza, así será laica la que no
sea impartida por profesores eclesiásticos o en establecimientos regidos por
sacerdotes. La tercera significación comprende a la enseñanza de un Estado
que, como Bélgica, habiendo separado a la autoridad eclesiástica de la
supervisión educativa, sin tener religión oficial y con libertad de cultos,
reconoce
como
238
nacionales.
oficial
supervisándola
y
manteniéndola
con
recursos
Finalmente, la última de las significaciones de enseñanza laica,
que analizan los editores católicos, y que es la que parece interesarle a Rafael
Reyes, es aquella que:
…emancipada de la fé y de la revelación, niega y refuta todos los dogmas de fé
y todas las prácticas del culto, sustituyéndolas con los sistemas de la razón, del libre
examen y de la libertad individual. Esta enseñanza, cuyo adjetivo, laica, es sinónimo de
racionalista, se opone diametralmente á la enseñanza católica, que tiene por base la
revelación y la fé, por fuente la Escritura y la Tradición, y por órgano la autoridad de la
Iglesia.239
Y por si quedase alguna duda, El Católico transcribe, la misma definición
que parece haber planteado Rafael Reyes:
“pues bien, á esto llamo yo enseñanza laica, enseñanza exenta de todo misterio,
que prepara á la juventud mediante la adquisición de conocimientos sólidos é
incontrovertibles, para el conocimiento y resolución de los grandes problemas de la
vida.”240
Queda evidenciado que el semanario católico pretendió aclarar que
existiendo otras posibilidades de enseñanza laica, que no tenían como
fundamento el ataque directo a la Iglesia Católica, se dejaba al descubierto las
238
Ídem.
Ídem. Cursivas en el original.
240
Ídem. Cursivas y comillas en el original.
239
80
intenciones anticlericales de Rafael Reyes. De hecho, la utilización del ejemplo
de Bélgica era un excelente recordatorio sobre cómo podía mantenerse la
libertad de cultos y de enseñanza y separar a la autoridad eclesiástica de toda
supervisión educativa, sin que esto implicase atacar las doctrinas de la Iglesia
Católica o el ejercicio de libertades constitucionales.
La segunda sección del editorial retomó los ataques de Rafael Reyes
contra los dogmas fundamentales de la religión católica comenzando por los
dogmas del Pecado Original, al que consideró una leyenda como lo
consideraron los arrianos; de la Eucaristía, que era un escándalo como
Berengario sostuvo en siglo XII; de la Divinidad de Jesucristo, quien no era otra
cosa que puro hombre como los expresaron Evión, Cerinto y Nicolás en el siglo
I; de la Encarnación del Verbo, que era una absurda contradicción al estilo de
Eustiques y Nestorio en Constantinopla; y así también el Santo Sacrificio, los
Sacramentos, la Inmaculada Concepción, y la infalibilidad de la Iglesia.241 Si se
niegan o refutan estos dogmas, reconoce El Católico:
…caen por tierra los demás artículos de la fé, las prácticas del culto, y la
disciplina católica, que no tienen entonces razón de ser, como lo afirman todas las
herejías.242
De nuevo, el argumento de la enseñanza laica como suma de todas las
herejías tuvo como sentido demostrar hasta donde llegaba el nivel de ataque
que Rafael Reyes hacía a la Iglesia. Era difícil para el clero salvadoreño
encontrar otro objetivo que no fuera la destrucción total de la religión católica y
no la mera separación del clero de la actividad educativa. ¿A qué obedece tal
agresividad y beligerancia contra la Iglesia Católica? ¿Por qué no conformarse
con la libertad de enseñanza, de cultos, de asociación y dedicarse a
defenderlas como funcionarios del supremo gobierno?
Tratemos de encontrar respuestas a estas preguntas en las siguientes
secciones del editorial que nos ocupa. La tercera parte advirtió sobre las
funestas consecuencias que la implantación de la enseñanza laica tal como la
profesaba Rafael Reyes podría traer a El Salvador. Toda advertencia es una
especie de amenaza sobre la responsabilidad de enfrentar las consecuencias
de sus actos o de sus omisiones, y esto me parece es el mensaje que estaba
241
242
Ídem.
Ídem.
81
enviando el clero al supremo gobierno en esta parte. Citando a Monseñor
Dupanloup243, El Católico refería que:
“la mayor felicidad de un pueblo, es que tenga unidad de creencias; porque de
ella nace la unidad de opiniones y de costumbres; y de aquí, la unidad en todo, que es la
fuerza y la vida para todo. Y al contrario la mayor infelicidad de un pueblo es que tenga
contrariedad de creencias; porque de ella nace la contrariedad de opiniones y de
costumbres; y de aquí la contrariedad en todo, que es la decadencia y la muerte de
244
todo.”
Habiendo gozado El Salvador de tal felicidad en esos tiempos, incluso:
Cuando los partidos políticos nos han separado, la comun religión nos ha unido:
cuando la posición, la desgracia, el saber, la riqueza nos han distinguido, la comun
religión nos ha nivelado. En nuestras desgracias, calamidades, ruinas y adversidades
públicas ó privadas, la común fé nos ha consolado. Y cuando la sociedad y la patria ha
necesitado el concurso universal de todos sus hijos, la comun religión y la misma fé,
son quienes se lo han presentado.245
¿Qué beneficios podría producirle a El Salvador la enseñanza laica del
Director de la Escuela Normal? Sobre todo cuando en su implementación se
atacaba a un actor fundamental, la Iglesia católica, que podría contribuir al
proyecto político de consolidación del modelo económico agro-exportador
persuadiendo a los fieles católicos de la obediencia a las autoridades
gubernamentales. En mayo de 1881, el presidente Zaldívar había dictado el
Reglamento para la división de los terrenos de las comunidades de ladinos é
indígenas.246 ¿No sería más beneficioso para el supremo gobierno tener una
relación armoniosa con la Iglesia católica en momentos que demandaría de ella
su función de control social?
En la cuarta sección del editorial, El Católico sustentó su afirmación de
que la enseñanza laica como la entiende el Dr. Reyes, es ilegal en las escuelas
y establecimientos públicos del Salvador.247 En términos constitucionales, si
existe la libertad de enseñanza (Artículo 38), es de esperarse que el Estado
salvadoreño no promueva en las escuelas públicas ningún culto, pero de igual
243
Monseñor Dupanloup nació en Saint-Félix en 1802 y falleció en 1878. Obispo de Orleans, escritor de
obras cristianas dedicadas a la juventud, orador sacro, profesor en La Sorbona, y político liberal opuesto a
la infalibilidad pontificia. Fue electo como senador y diputado en 1875. Él fue uno de los autores de la
Ley de libertad de enseñanza de 1850 en Francia. Sin lugar a dudas ha sido uno de los católicos más
influyentes en la política francesa del siglo XIX.Ver: http://www.canalacademie.com/MonseigneurDupanloup-academicien.html (26-julio-2008)
244
Ídem. Comillas en el original.
245
Ídem. Las cursivas son mías.
246
D.O. No. 104, Tomo 10, del 6 de mayo de 1881.
247
El Católico, Número 13, 28 de agosto de 1881.
82
manera quiere decir que no debe impugnar en los mismos establecimientos
educativos ninguna de tales creencias. Esto último es precisamente lo que al
parecer hizo Rafael Reyes y a lo que se dedicó en sus diversos artículos a los
que hace alusión el semanario católico. En el mismo sentido, sostuvo El
Católico, si la Ley universitaria estableció una prohibición de la enseñanza de
doctrinas religiosas, los maestros de las escuelas no tienen más alternativa que
abstenerse completamente de enseñar tales doctrinas; pero de igual manera
no puede ocurrir, bajo la llamada enseñanza laica, la instrucción de creencias
anticatólicas. Si se permite tal enseñanza laica, se estaría violando la
prohibición legal establecida, por lo que la enseñanza laica sería ilegal.248 Y por
si quedase alguna duda de la inconstitucionalidad e ilegalidad del proceder del
Doctor Reyes y del Consejo Superior de Instrucción Pública249, El Católico
transcribe las mismas palabras que el Doctor Rafael Reyes utiliza para referirse
a la religión y su lugar en el proceso educativo:
…los puntos relativos á la religión revelada, según las creencias de cada secta,
son exclusivamente del resorte de la familia y del sacerdote de cada comunidad
religiosa.250
¿Cómo se justifica entonces la aclamación que hizo al maestro de
Ilobasco el periódico La Discusión por haber convencido democráticamente a
los niños de la escuela pública que el dogma del pecado original era pura
invención humana?251
Y para concluir este apartado, El Católico efectuó una excelente
exposición de lo que se conoce como el principio de legalidad, cuando se
refiere a la actuación de los ciudadanos, y cuando atañe a los actos que
realicen los funcionarios públicos. En el primer caso, los particulares están
facultados para hacer todo lo que las leyes expresamente no les prohíban;
dicho de otra manera, si las leyes no lo prohíben les está permitido actuar. Por
el contrario, para los funcionarios gubernamentales el principio de legalidad les
faculta únicamente para realizar aquellas actuaciones que las leyes
expresamente les manda u ordena; de manera más simple, lo que no les está
248
Ídem.
Si bien El Católico no se refiere a tal organismo directamente, habiendo sido esta entidad la
responsable de dictar el Reglamento que generó la controversia no queda duda que es también a sus
miembros anticlericales, además del Dr. Reyes a quienes se está dirigiendo.
250
Ídem. Cursivas en el original.
251
El Católico, Número 11, 14 de agosto de 1881.
249
83
facultado legalmente lo tienen prohibido como funcionarios públicos. Así lo
planteó El Católico:
…que esa libertad [de enseñanza] es para los ciudadanos en sus actos
particulares y en sus establecimientos propios, costeados y regidos por ellos. Pero los
empleados públicos, directores de establecimientos oficiales, no tienen libertad para
enseñar lo que quieran, ni como quieran: sinó que deben estrictamente sujetarse á las
prescripciones de la ley, al programa y disposiciones que para ellos tiene sancionados el
Supremo Gobierno.252
Sería muy difícil rebatir jurídicamente los argumentos planteados en esta
cuarta sección del editorial que nos ocupa, por lo que cabe sospechar que ya
existía un fuerte apoyo jurídico en la redacción del periódico, quizá a cargo del
presbítero Adolfo Pérez Aguilar o de otros abogados cercanos a la Iglesia.
Llama la atención la actitud del semanario religioso por revelar
públicamente a los lectores del periódico y transcurridos casi 3 meses desde el
4 de junio de 1881, los argumentos del recurso de queja que oportunamente
habían planteado ante el Consejo Superior de Instrucción Pública. El retraso
del Diario Oficial en la publicación de los Acuerdos adoptados por el Consejo
debe de haber ocasionado ansiedad en el clero salvadoreño que sabía que
contaba con una resolución a su favor. De igual manera, considero que la
prudencia en no mencionar nombres de los funcionarios anticlericales, por
parte de la curia salvadoreña, encuentra su justificación en la necesidad de
mantener la relación Estado-Iglesia católica en los mejores términos posibles.
En el quinto y último apartado de este editorial, El Católico recoge un
aspecto de suma importancia para el análisis que nos ocupa: ¿Qué razones
impulsaron al Doctor Rafael Reyes y a otros funcionarios anticlericales para
excluir al clero de la enseñanza privada secundaria y superior? Según el
semanario católico, eran tres las causas invocadas por Rafael Reyes para
combatir el catolicismo: primera, la ignorancia de la clase popular como
consecuencia de la actuación del clero salvadoreño; segunda, la intolerancia
del clero frente a otras creencias e ideas modernas; y tercera, el fanatismo de
las masas como producto de la sencillez de mucha gente. 253
No puede olvidarse que los argumentos planteados por Rafael Reyes,
leídos en el contexto histórico, y particularmente europeo de la época, podrían
haber tenido mucho sentido. Baste recordar el Syllabus de Pío IX o el Índice de
252
253
Ídem.
Ídem.
84
libros prohibidos por la Iglesia en donde se encontraron buena parte de las
obras científicas más importantes de la época para darle la razón en algunos
de sus postulados. Sin embargo, no estoy tan seguro que las condiciones de la
Iglesia
católica
salvadoreña
reuniesen
a
la
perfección
las
mismas
características de la Iglesia europea que fuera calificada de ultramontana,
radical e intolerante.
El fanatismo no es exclusivo de los grupos religiosos, sino también de
los partidos políticos a la hora de transmitir sus doctrinas. Habiendo estado
vinculada la Iglesia salvadoreña con la independencia política de corte liberal,
por intermedio del presbítero José Matías Delgado, entre otros, este calificativo
liberal pudo habérsele aplicado; sin embargo, era más fácil recordar la buena
relación del clero con los gobiernos llamados conservadores, sobre todo si
encajaba con la percepción ultramontana de la Iglesia católica europea.
Para concluir su planteamiento en contra de Rafael Reyes y de la
enseñanza laica por él postulada, El Católico recogió otra cita textual de ilustre
personaje que abonaba en su convencimiento de la negativa influencia del
clero en El Salvador:
Finalmente el Sr. Dr. Reyes, de la manera mas cortés, pero más sensible para
nosotros, dice: “me resisto a creer que lo único que ha tenido en mira “El Católico,” es
concitarme al odio de la gente ignorante.”254
A lo que el mismo periódico responderá cortésmente que:
…no: muy léjos de abrigar nuestro pecho tal avieso sentimiento, al contrario;
lo apreciamos sinceramente, deseamos su bien, y sentimos, sus prevenciones contra la
Iglesia Católica. Nuestra única y verdadera intención es demostrar lo que és en realidad
la ENSEÑANZA LAICA, para alejar de nuestra patria los males que produce, y
defender la fé de nuestros hermanos del soplo letal de sus errores.255
Existe, pues, una inconsistencia entre los promotores de la enseñanza
laica que, como Rafael Reyes, pregonaron la libertad de enseñanza y al mismo
tiempo utilizaron las aulas para atacar al catolicismo como el responsable de la
ignorancia, la intolerancia y el fanatismo del pueblo. Mientras por un lado se
profesa la libertad de culto y se prohíbe la enseñanza de doctrinas religiosas en
las escuelas públicas, por el otro se instruye en la destrucción de los principios
de la religión católica en los mismos centros educativos. Se trata pues de
254
255
Ídem. Comillas en el original.
Ídem. Mayúsculas en el original.
85
enseñar una anti religión católica, en cuyo caso sigue siendo un sistema de
creencias por lo que de igual manera estaría prohibida tal conducta. Más aún,
el problema no estuvo en ser ateo, porque nadie estaba obligado a creer
aquello de lo que no estuviera convencido, como era el caso de Rafael Reyes y
del presidente del Consejo Superior de Instrucción Pública, Luciano
Hernández, sino en que se utilizase el sistema público de enseñanza para
atacar tales creencias religiosas.
Si aplicamos el principio de libertad de enseñanza y de libertad de
cultos, para el caso de la enseñanza privada, serían los padres quienes
decidirían el tipo de educación y las creencias religiosas para sus hijos; y el
Estado salvadoreño, respetuoso de tal decisión, dejaría a los mismos padres la
decisión de escoger la institución que estimaran conveniente. Si a los
sacerdotes se les prohibía la fundación de colegios privados, obviamente
religiosos pero bajo la supervisión y vigilancia del Consejo Superior de
Instrucción Pública, el Estado estaría limitando la posibilidad de brindar la
opción educativa católica a los padres y a sus hijos, violando el principio de
libertad de enseñanza y cultos antes mencionados. Esto era justamente lo que
realizó el Reglamento sobre enseñanza privada, Liceos y Colegios, mediante
sus artículos 1° y 6° al excluir totalmente a los miembros del clero de cualquier
actividad de enseñanza privada.
Pero El Católico no concluiría todavía sus pronunciamientos sobre este
debate, y en el siguiente número de tal periódico, de fecha 4 de septiembre de
1881, bajo el mismo título de “La enseñanza laica y el señor Doctor Don Rafael
Reyes” continuaría su defensa de la educación católica y sus ataques contra la
educación laica de Rafael Reyes.
h) La enseñanza laica y el Señor Doctor Don Rafael Reyes.
(4-septiembre-1881)256
Como era de esperarse, el Doctor Rafael Reyes contestó al editorial
anterior de El Católico en el Diario de Avisos número 480. Según el semanario
católico la aclaración de Rafael Reyes se circunscribe fundamentalmente a la
definición de “enseñanza laica”. Como se analizó en el editorial anterior, El
256
El Católico, Número 14, 4 de setiembre de 1881.
86
Católico se refirió a cuatro acepciones de “enseñanza laica”, habiendo sugerido
que era la última de ellas la que adoptaba el destinatario de los editoriales. Es
decir, que para Reyes, sugirió El Católico al citarlo textualmente:
“Se llama enseñanza laica aquella que, emancipada de la fé y de la revelación,
niega y refuta todos los dogmas de fé y todas las prácticas de culto; sustituyéndolas con
los sistemas de la razón, del libre examen y de la libertad individual. Esta enseñanza,
cuyo adjetivo laica, es sinónimo de racionalista, se opone diametralmente á la
enseñanza católica, que tiene por base la revelación y la fé, por fuente la Escritura y la
Tradición, y por órgano la autoridad de la Iglesia.”257
Rafael Reyes expresó, según el artículo católico, que no era tal la
“enseñanza laica” que él admitía, profesaba
y practicaba, puesto que su
enseñanza laica no solo no es anti-católica ni combate los principios del
catolicismo, sino que los principios de razón natural que él enseña son
generales y comunes a todas las creencias.258
El Católico volvió a citarle
textualmente para mayor claridad de sus lectores:
“Es así, que la enseñanza que yo [Rafael Reyes] sostengo, es distinta de la que
refuta los dogmas de la fe: luego “El Católico” no ha tenido razón en afirmar que la
enseñanza, que yo sostengo, es contraria á la enseñanza católica.”259
El Católico se dio a la tarea de comprobarle al público lector que las
palabras del Doctor Reyes no correspondían con sus actuaciones. Para tal
efecto, procedió primero a recordar que las opiniones vertidas, por el que se
defendía, en diferentes publicaciones periódicas como La Linterna, El Patriota,
y el Diario de Avisos260, eran prueba contundente de su más ferviente
refutación de dogmas y misterios católicos, además de constatar la amarga
censura de las prácticas católicas.261
En segundo lugar, el periódico católico
recalcó que las enseñanzas de Rafael Reyes servían para demostrar la
inconsistencia entre lo que dijo y lo que hizo:
…cuanto porque es público, que la mayor parte de sus discípulos, ha
abandonado sus primeras creencias católicas, y ha adoptado las negaciones que él
sostiene en sus citados escritos.262
257
Ídem. Comillas y cursivas en el original.
Ídem.
259
Ídem. Comillas y cursivas en el original.
260
Las respuestas de El Católico a tales artículos del Doctor Rafael Reyes ya han sido abordados en el
análisis de los editoriales anteriores.
261
Ídem.
262
Ídem.
258
87
Y finalmente se refirieron, los redactores católicos, a la actividad
magisterial de Rafael Reyes enfatizando que desde sus diversas posiciones
académicas -en la prensa, en su Colegio, en la Escuela de Artesanos, en la
Universidad- se ha dedicado a combatir lo que él llama errores funestos que
dificultan la enseñanza de la verdad, y que falsean la moral y la justicia, y que
los católicos reconocen como sus dogmas y doctrinas fundamentales.263 Ante
tales evidencias, sostuvo El Católico, ya no se trata de una simple lucha de
opiniones personales, sino más bien de un esfuerzo por convencer que los
hechos hablaban más que las palabras que el Doctor Reyes utilizó en su última
respuesta en el Diario de Avisos.264 Y concluye afirmando categóricamente
que:
LA ENSEÑANZA LAICA QUE EL DR. REYES DÁ Á SUS ALUMNOS, ES
EL PROPIO Y FUNESTO RACIONALISMO, QUE EL CONCILIO VATICANO
ACABA DE DECLARAR, LA PEOR DE LAS DEFECCIONES RELIGIOSAS.265
Este último argumento planteado por El Católico es evidencia de la
profunda influencia que tenían todavía los postulados integristas de la Iglesia
bajo el Pontificado de Pío IX, y a los que tanto se criticó desde las posiciones
liberales tanto seculares como clericales.266 Era imposible dialogar entre la
concepción ultramontana y anti racionalista, que El Católico abordó en su
número 3 de 19 de junio de 1881, y una enseñanza laica racionalista que
parecía ser lo postulado por Rafael Reyes. Y es precisamente aquí donde se
encuentra la contrariedad fundamental al llevar las creencias religiosas a las
aulas de clase. ¿Puede enseñarse el racionalismo como metodología para el
aprendizaje sin atacar las creencias religiosas en las escuelas? ¿Puede
aceptar la religión católica una enseñanza laica de corte racionalista si el
263
Ídem.
Ídem.
265
Ídem. Mayúsculas en el original. Se refiere a la condena efectuada al racionalismo en el Concilio
Vaticano I (1869-1870) por Pío IX.
266
La cita textual se refiere al Concilio Vaticano I, que en su Constitución Dogmática “Filius Dei”
(Sobre la Fe Católica) del 24 de abril de 1870 condenaba al racionalismo de la siguiente manera: “De esta
manera nace y se difunde a lo largo y ancho del mundo aquella doctrina del racionalismo o naturalismo
--radicalmente opuesta a la religión cristiana, ya que ésta es de origen sobrenatural--, la cual no ahorra
esfuerzos en lograr que Cristo, quien es nuestro único Señor y salvador, sea excluido de las mentes de las
personas así como de la vida moral de las naciones y se establezca así el reino de lo que ellos llaman la
simple razón o naturaleza. El abandono y rechazo de la religión cristiana, así como la negación de Dios
y su Cristo, ha sumergido la mente de muchos en el abismo del panteísmo, materialismo y ateísmo, de
modo que están luchando por la negación de la naturaleza racional misma, de toda norma sobre lo
correcto y justo, y por la ruina de los fundamentos mismos de la sociedad humana. Ver:
http://es.catholic.net/sacerdotes/222/2456/articulo.php?id=23281 (08-07-2008)
264
88
Estado garantiza que no se atacarán los dogmas y principios fundamentales de
la doctrina católica? ¿No existe punto de encuentro entre el racionalismo que
defiende Rafael Reyes y la condena pontificia a tal doctrina? Es precisamente a
esta oposición a la que se refiere el periódico religioso cuando postula
tajantemente, citando a Rafael Reyes:
“Repetimos pues, nada de términos medios: enseñanza laica, ó enseñanza
religiosa; la salud, ó la muerte; república, ó tribu; León XIII, ó Julio Ferry; libertad, ó
absurdo autoritativo.”267
Y es a tal extremismo que responde El Católico con no menos
radicalidad:
Consideramos al Dr. Reyes, con la enseñanza laica de Julio Ferry, pisoteándo
los Cristos, proscribiendo los misterios, profanando las tumbas con los masones y
racionalistas: y nos consideramos nosotros, con la enseñanza religiosa de León XIII,
confesando todos los dogmas, y venerando las prácticas del catolicismo.268
Es interesante el hecho de que el semanario religioso incluya dentro de
las clases de personas con intenciones anticlericales a los masones, situación
que no había ocurrido antes en lo relativo al tratamiento del tema de la
enseñanza laica. Dicho de otra manera, El Católico informó a sus lectores que
el Doctor Rafael Reyes, junto con los masones y racionalistas, que siguieron la
influencia del ministro de Instrucción Pública francés Jules Ferry, eran los
responsables de la propuesta de enseñanza laica que siendo de base
racionalista no podía ser otra cosa que anticatólica.
Otro aspecto que merece destacarse del presente editorial es la
intención deliberada de Rafael Reyes por rehusar expresamente el calificativo
de anticatólico:
…luego “El Católico” no ha tenido razón en afirmar que la enseñanza, que yo
sostengo, es contraria á la enseñanza católica.269
Tal postura y sobre todo el énfasis por aclararlo, parecieran demostrar
un interés de Rafael Reyes por separar su pensamiento del calificativo de
anticatólico. De los textos analizados, es la primera vez que el controvertido
autor plantea tan explícitamente esa intención. Esto puede obedecer a varias
razones: una de ellas sería la necesidad por desvincular su propuesta de
267
El Católico, Número 14, 4 de setiembre de 1881. Comillas en el original.
Ídem. Las cursivas son mías.
269
Ídem.
268
89
enseñanza laica de cualquier contenido religioso, algo que sería difícil de hacer
dados los constantes ataques efectuados, por él mismo, a los dogmas y
principios cristianos en anteriores artículos recogidos por El Católico en sus
editoriales; otra sería la trascendencia que en el seno del gobierno del
presidente Zaldívar estaban teniendo estas discusiones periodísticas entre la
Iglesia católica y ciertos funcionarios del gobierno. También podría ser una
combinación de ambas, en cuyo caso seguiría siendo más relevante el cambio
de postura frente a otros miembros del gabinete, inclusive frente al mismo
presidente Zaldívar, quienes probablemente no compartían los ataques
anticlericales que se habían estado desarrollando desde el mes de junio de
1881. Eso hace más importante aún la continuidad del debate que se produjo
en los editoriales católicos hasta finales de octubre de 1881, pues nos permite
corroborar si nos encontramos en un obligado punto de inflexión para los
personeros del gobierno más anticlericales como Rafael Reyes y Luciano
Hernández.
En la misma tónica, los redactores de El Católico, haciendo alarde de
tolerancia personal, pero de intolerancia doctrinal, concluyeron:
Enteramente de acuerdo con el Dr. Reyes, nosotros también sabemos distinguir
entre la persona y las doctrinas de un hombre; y bien se puede estimar, considerar, amar
y respetar á una persona, al mismo tiempo que se combaten, se reprueban y lamentan
sus opiniones, y doctrinas. Nosotros tenemos la satisfacción de apreciar, considerar,
respetar y amar al Dr. Reyes, por cuyo bien y felicidad dirigimos á Dios humildes votos;
pero lamentamos y sentimos sus actuales opiniones religiosas; porque, alejando á él y á
todos cuanto se las comunique, del foco eterno de la verdad y del bien, los desvía a los
lejanos términos del error y del mal.270
Los editores del semanario religioso parece que decidieron aplicar el
principio clerical de condenar al pecado pero perdonar al pecador. ¿Se trataría
de una invitación a la moderación del volumen argumentativo de su oponente?
En cualquiera de los casos, ¿Por qué era necesario hacerlo ahora? ¿Sería este
el final de la discusión con el Doctor Reyes?
i) “Al público”. (11-setiembre-1881)271.Una semana después, en su número 15 y en una nota a continuación del
editorial, el periódico religioso destacaba la carta del párroco de Ilobasco
270
271
Ídem.
El Católico, Número 15, 11 de setiembre de 1881.
90
Ignacio Hernández, quien con fecha 26 de agosto de 1881 respondía a los
ataques que La Discusión (en su número 2°, Tomo 2°) le había hecho a su
nombre y dignidad sacerdotal. El motivo de tal represalia era, según el párroco,
el haber advertido a los padres de familia sobre los males que se avecinaban
dado el tipo de instrucción herética que estaba impartiendo el preceptor de la
escuela de tal población.272 El Católico dedicó su editorial del 14 de agosto de
1881 a tal incidente, y que ya fue comentado por lo que no ahondaremos en el
mismo. Sin embargo, es curioso que el párroco Hernández establezca una
relación causal entre los hechos que le imputan una “señorita” y su oposición
férrea, en su calidad sacerdotal, a la enseñanza herética del maestro de
Ilobasco. Y es así como se expresó tal miembro del clero ante las supuestas
calumnias:
He aquí tambien el motivo del episodio en que los RR. de “La Discusión” en su
Núm. 2º, Tomo 2º, me echan en cara un fárrago de embustes e inepcias oratorias, que
ellos, con los datos de una Señorita de Ilobasco, han forjado á su manera para burlarse
de mí como predicador, en mi calidad de cura de esta feligresía.273
Baste un pequeño extracto de la respuesta del cura a tales difamaciones
para comprender el ánimo encendido y su terrible cólera con los redactores del
periódico universitario:
Pues basta leer el articulejo á que me refiero, para que toda persona de buen
sentido no crea á los RR. de “La Discusión”, ni a su corresponsal Señorita…[pues] todo
eso es invento vuestro, y dígalo en altavoz á mis malcriados detractores, porque maldita
la gana que tenga yo, ni de viajar por aquellas regiones [del infierno], ni de arañaros
allá…274
Era evidente que la publicación de la carta tuvo la intención, en
apariencia indirecta, de mostrar los constantes ataques de los que era objeto el
clero por parte del periódico universitario La Discusión y de los miembros
anticlericales del gobierno de Zaldívar. Si bien no tenemos elementos para
demostrar la relación existente entre las enseñanzas del maestro de Ilobasco,
la defensa del párroco Hernández y las acusaciones de La Discusión, no
debería extrañarnos que hubiesen ocurrido tal y como lo menciona el cura del
referido pueblo dado el momento álgido de ataques en contra de la Iglesia por
parte de la prensa anticatólica. Nada se mencionó en el resto de El Católico de
272
Ídem.
Ídem.
274
Ídem.
273
91
esta fecha, en relación con el tema de la enseñanza laica, pero esto no
significaba que la discusión estuviera concluida pues en el siguiente número
del semanario religioso volvieron a chocar Rafael Reyes y los redactores
católicos.
•
•
•
Hemos considerado en el presente capítulo cada uno de los argumentos
planteados por El Católico en defensa de la enseñanza religiosa y en respuesta
a los ataques de Rafael Reyes durante el período comprendido entre el 12 de
junio y el 11 de septiembre de 1881. Son cuatro de ellos los que destacan: la
importancia de la educación de los jóvenes para el progreso de la Nación y la
sociedad; los peligros de una educación atea o anticatólica, que ha sido la
causa de la ruina de las grandes naciones en la historia de la humanidad; la
necesidad de la educación religiosa y católica como única solución para los
males que aquejan a la sociedad; y la inconstitucionalidad de la exclusión del
clero de la enseñanza. La Iglesia expresó que su rol en la actividad educativa
era de primer orden para el beneficio de El Salvador, y que el Estado
salvadoreño debía considerar seriamente las desgracias que conllevaría seguir
la ruta transitada por los países que adoptaron la completa laicidad educativa,
como era el caso de Francia. Por su parte, Rafael Reyes, según El Católico,
había señalado con claridad las tres causas para combatir el catolicismo:
primera, la ignorancia de la clase popular como consecuencia de la actuación
del clero salvadoreño; segunda, la intolerancia del clero frente a otras creencias
e ideas modernas; y tercera, el fanatismo de las masas como producto de la
sencillez de mucha gente. En pocas palabras, la Iglesia católica era la
responsable de la penosa situación del país, y por ende su separación de la
actividad educativa era imperativa si se quería alcanzar el progreso de la
Nación salvadoreña. Este era justamente la oposición que nos planteaba el
debate y a la que debía dársele salida respetando el artículo 38 de la
Constitución de 1880.
92
CAPÍTULO CUARTO
Una respuesta inesperada: El Católico ante la moderación de Rafael
Reyes y la actuación del Consejo Superior de Instrucción Pública.
He planteado hasta ahora la primera parte de lo que denomino la mirada
exterior o pública del debate periodístico que enfrentó a los redactores de El
Católico con Rafael Reyes, y sus diferentes artículos, en defensa de la
enseñanza laica. Como ya anticipamos en la introducción del capítulo tercero,
el mes de septiembre de 1881 marca un cambio fundamental en la discusión
de que se ocupa la presente investigación, con la publicación del Reglamento
sobre enseñanza privada, Liceos y Colegios en el Diario Oficial del 3 de
septiembre del mismo año. Ahora evidenciaré, en este capítulo, cómo el mismo
autor que antes se mostró tan beligerante, según El Católico, atempera su
postura y reconoce sus déficits en materia religiosa. Pero también puede
observarse como el periódico religioso se torna más incisivo y abiertamente
ataca a Rafael Reyes, a Luciano Hernández y al Consejo Superior de
Instrucción Pública, como promotores de una reforma educativa que viola la
libertad de enseñanza de la Constitución política de 1880.
Este capítulo consta de dos partes que reconstruyen la reacción de El
Católico frente a dos aspectos: el primero, la moderación de Rafael Reyes que
sirve para anunciar un desenlace inesperado para los liberales anticlericales; y
el segundo, la inamovible postura del Consejo Superior de Instrucción Pública
en su decisión de excluir al clero de la enseñanza privada aún en contra del
Ministerio de Instrucción Pública.
I.
El Católico y la moderación de Rafael Reyes.-
El Católico obtuvo una respuesta inesperada de su contendiente: Rafael
Reyes, según el semanario religioso, moderó sus ataques e inclusive negó ser
anticatólico. Por su parte, el periódico católico se volvió más incisivo y
beligerante en la defensa de su causa. Analizar este cambio de actitud puede
aportar en la comprensión de un desenlace insólito para los liberales
anticlericales.
93
a) “La enseñanza laica y el señor Doctor Don Rafael
Reyes”(18-setiembre-1881)275
Se trata de la 3ª réplica de Rafael Reyes a los artículos de El Católico, la
que aparece publicada bajo el número 16 de este periódico. En el mismo, los
redactores acusan al controvertido autor de cambiar la naturaleza del
problema, de no contestar a los argumentos propuestos por el periódico y de
dirigir la atención hacia otros puntos que se alejan del tema en disputa.276
En concreto, este texto inició efectuando un resumen del debate
desarrollado hasta esa fecha, recogiendo los argumentos ya expresados tanto
por Rafael Reyes como por El Católico, y que durante los meses de junio a
septiembre de 1881 mantuvo ocupadas a publicaciones periódicas diversas (La
Linterna, Diario de Avisos, El Patriota) en El Salvador. En breve, El Católico
intentó dejar sentado dos aspectos fundamentales: primero, que la enseñanza
laica propuesta por el señor Reyes se define como la antítesis de la enseñanza
católica, al constituir la suma de todas las herejías, sin importar todo lo que el
autor anticlerical pretende desmentir de tal aseveración; y segundo, que las
obras (artículos, enseñanzas y discípulos) del mismo autor constatan mejor que
sus palabras sus intenciones anticlericales.277
Así las cosas, según el semanario católico, Rafael Reyes procede a
cambiar la naturaleza concreta de la discusión por una más abstracta al
postular:
“queda pues, según las palabras del mismo Católico, admitida la principal de las
proposiciones, esto es, que hay un sistema de enseñanza laica, que no es contrario al
catolicismo ni á secta alguna; luego la enseñanza laica en sí, no es mala para “El
Católico”, sinó cuando se propone refutar los misterios de alguna secta religiosa.”278
Se lamenta el periódico religioso que en lugar de refutar con hechos
concretos sus postulados anticatólicos, se sirva el señor Reyes de un giro
dialéctico para dirigir la atención en otra dirección: la enseñanza laica no es
mala en sí misma sino en cuanto sea contraria al catolicismo. El mismo
semanario se cuestiona ¿en qué número, en qué artículo ha dicho El Católico
275
El Católico, Número 16, 18 de setiembre de 1881
Ídem.
277
Ídem.
278
Ídem. Comillas y cursivas en el original.
276
94
que la enseñanza laica en sí no es mala?
279
Sobre este punto y citando de
nuevo a Francois Guizot y a Jean Jacques Rousseau, los redactores religiosos
sentencian:
LUEGO TODA ENSEÑANZA LAICA ES MALA, PORQUE PRESCINDE
DE LA RELIGIÓN;…“Sentado el principio de que TODA ENSEÑANZA LAICA ES
MALA, no hay duda que será PEOR ó PÉSIMA, según se oponga más ó ménos á la
religión.280
Se hace más evidente en este artículo el cambio de intensidad en los
ataques de Rafael Reyes en contra de la religión católica y que inició en el
editorial del 4 de septiembre de 1881. Ahora el autor pareció más preocupado
por dirigir su atención a los problemas que había atravesado el sistema
educativo salvadoreño, y a la importancia de una reforma a través de la
enseñanza laica como solución a tales inconvenientes. Así encontramos una
cita textual del Doctor Reyes que transcriben, con evidente malestar, los
redactores católicos:
…lo que me propuse demostrar en el artículo de la Linterna, fue solamente la
inconveniencia del sistema de enseñanza que hasta ahora hemos tenido; y recomendar
la enseñanza laica, sistema que no reune los inconvenientes de los antiguos métodos.281
El malestar de El Católico se produjo como consecuencia de la
supuesta moderación en el tono anticatólico del Doctor Reyes, y sus maniobras
evasivas a las interpelaciones del clero. Más les enfurece que por respuesta el
autor anticlerical, se limite a responderles que:
“En el sistema de enseñanza, no he tenido nunca la manía de enseñar misterios,
ni menos de combatirlos... Las publicaciones á que alude El Católico solamente
probarán que yo no puedo enseñar misterios, ni tengo ni he tenido la pretensión de
enseñar una cosa, tan superior á mis alcances.”282
¿Cómo se explica tal cambio de actitud de parte de Rafael Reyes?
Entrando en el terreno especulativo se vuelve plausible la hipótesis de que el
choque de opiniones por la enseñanza laica ya estuviera produciendo conflictos
en el seno del mismo gobierno de Zaldívar, y que este cambio súbito de
volumen en las posturas del antiguo opositor reflejase una moderación
impuesta a Reyes por el presidente mismo; o bien un cambio de estrategia de
los anticlericales que anticipaban que la defensa de la libertad de enseñanza
279
Ídem. Mayúsculas en el original
Ídem.
281
Ídem. Cursivas en el original.
282
Ídem. Comillas y cursivas en el original.
280
95
consagrada en la Constitución estaba cobrando mayores fuerzas y apoyos de
políticos cercanos al presidente Zaldívar.
No obstante El Católico pretende recuperar el conflicto para obtener de
su adversario respuestas anticatólicas irrefutables, Rafael Reyes se limita a
contestar que su intención nunca ha sido esa, y que inclusive las mejores
pruebas a su favor las constituyen: primero, que el tratamiento de los dogmas
supera sus alcances intelectuales; y segundo, que en su colegio y clases él no
ha procedido a refutar los dogmas católicos por varias razones:
“1ª porque la niñez no es capaz de entender la refutación: 2ª porque otras
plumas los refutan mas ventajosamente: 3ª porque en ello se pierde un tiempo precioso;
y 4ª porque la niñez no debe ser sectaria.”283
Ante tal estrategia de suma moderación de Rafael Reyes, El Católico
asumió la beligerancia y le atacó directamente al recordarle que no ha sido
capaz de vindicar las acusaciones que le han hechos sus detractores de la
enseñanza laica: primero, de ser destructora y contraria de la religión católica;
segundo, de ser funesta para el pueblo al quitarle la unidad de creencia y
dividirla; y tercero, de ser ilegal por oponerse a la Constitución y leyes de la
República.284
Para concluir este artículo los redactores transitaron una ruta bastante
peligrosa al rememorar, por medio de preguntas directas, las medidas
anticlericales que fueran adoptadas durante los gobiernos de Santiago
González y del mismo presidente Rafael Zaldívar. Y así demandan las
respuestas
a
interrogantes
que
deben
consignarse
en
la
presente
investigación:
¿Qué tiene que ver nuestra presente discusión con la libertad de cultos
sancionada en el 71, y con el Tratado Arbizú-Samayoa en el 72? ¿Qué relación tiene
nuestra discusión concreta y de hecho, con el periodismo y con el matrimonio civil?
¿Para qué cambiar la fisonomía de una cuestión puramente científica, debatida entre los
particulares, en cuestión política y de partidos?285
Parece que el clero salvadoreño asigna responsabilidad de tales eventos
al mismo grupo que ahora defiende la enseñanza laica, y de la que
indudablemente, para El Católico, forma parte Rafael Reyes. La relevancia de
283
Ídem. Comillas en el original.
Ídem.
285
Ídem.
284
96
estos cuestionamientos también obedece a que permite comprobar que la
Iglesia salvadoreña entendía el proceso de secularización del Estado como un
fenómeno compuesto por medidas que venían ocurriendo por lo menos desde
hacía una década (1871) y que seguían siendo impulsadas por el mismo sector
que ahora empuñaba la antorcha de la laicidad educativa.
A partir de esta fecha el periódico religioso continuó sus reclamos al
personaje anticlerical pero utilizó la mecánica de publicación de textos de “otros
autores”, siempre relativos al tema de la reforma educativa laica. El
planteamiento de la Iglesia católica salvadoreña aún no había terminado y
tendría todavía serias acusaciones que lanzar en contra de Rafael Reyes y de
otros personajes claves de la educación salvadoreña.
b) “La Educación Laica” (25-septiembre-1881)286.Este es un artículo que El Católico recoge en sus páginas como
“remitido” por un autor que se protege bajo el seudónimo de “UN POBRE” y
que se encargó de recordar a los reformistas laicos la imposible tarea de una
educación laica como la que propuso Rafael Reyes.
Si el autor anticlerical quiso referir, sugiere “UN POBRE”, a que:
…hay una educación laica, que imparcial para todas las religiones, ni impugna
ni defiende ninguna…, es éste por lo menos el punto de vista, con que, la así llamada
educación laica, se ha presentado en Bélgica é Inglaterra, aunque no ignoramos que en
Francia ha tomado un carácter más hostil á las religiones.287
Y a juicio de este autor, según El Católico, el presupuesto de tal
educación laica era la realidad social de los países como Bélgica e Inglaterra,
que podían señalar que:
…ya que tenemos Católicos y Protestantes, y además agnósticos y ateos, y qué
sé yo cuántas más formas de opiniones religiosa e irreligiosas, si el Estado tienen que
educar a sus súbditos, es necesario que no enseñe religión; porque de lo contrario,
atacaría la conciencia de los padres de familia, quienes desean por lo comun que sus
hijos se eduquen en su religión ó no religión.288
Esta educación laica, cuya acepción había sido recogida por El Católico
en su editorial del 28 de agosto de 1881 sin mayor oposición, recibe ahora su
dosis de crítica pragmática al postular, el remitente del artículo, que el
286
El Católico, Número 17, 25 de setiembre de 1881.
Ídem. Las cursivas son mías.
288
Ídem.
287
97
cumplimiento de tal imparcialidad se hace imposible por varias razones:
primero, por el papel fundamental que personajes cristianos habían jugado en
la historia ¿cómo se enseñaría la historia sin tocar la vida y obra de Jesucristo?
¿Bajo qué creencia religiosa debería hacerse? ¿Cómo sería posible explicar
entonces
su
importancia?;
segundo,
por
la
imposibilidad
de
otros
conocimientos distintos de la historia y la religión de explicar elementos claves
en la vida del ser humano, ¿Cómo explicar a Dios y al alma sin caer en un
deísmo? Por estas razones, deja entrever el POBRE, sería mejor que el
laicismo se diera cuenta de la imposibilidad de cumplimiento de su promesa de
imparcialidad.289
El escenario cambió desde que Rafael Reyes moderó su acepción de
enseñanza laica, dejó de plantearla anticatólica, y más importante aún la
ejemplificó en países como Bélgica, y curiosamente no como Francia. Ahora El
Católico estaba obligado a persuadir a sus lectores de que también esta
acepción de enseñanza laica, si bien no era nociva, era imposible de ofrecerse
en la práctica. Dicho de otra manera, El Católico empujaba ahora hacia su
solución única: la educación religiosa. Aceptar tal postulado de la Iglesia
salvadoreña no estaba exento de problemas: ¿Se referían a la educación
religiosa de todas las creencias sin distinción? O ¿se trataba de la educación
religiosa exclusivamente católica? Si la respuesta era afirmativa a esta
pregunta ¿No se violaba la libertad de cultos establecida en la Constitución?
Obviamente al tratarse de un artículo “remitido” pudiera ser que el
POBRE desconociera las complejidades legales de tal propuesta bajo el nuevo
marco constitucional de 1880.
Otro elemento que merece la pena destacar en cuanto a la educación
laica, en la alusión que hace el articulista, es que era en Francia donde ha
tomado un carácter más hostil á las religiones.290 Francia fue un referente y
modelo educativo de gran peso en la construcción del sistema educativo liberal.
Como se ha mencionado en los antecedentes de la presente investigación,
simultáneamente a las discusiones en los periódicos salvadoreños, el gobierno
francés debatía las famosas leyes de educación laica conocidas como leyes
Ferry que separaron la religión de las aulas de clase en el sistema público
289
290
Ídem.
Ídem.
98
educativo. No es casualidad que tanto Rafael Reyes como el presidente del
Consejo Superior de Instrucción Pública, Luciano Hernández, hayan sido
condecorados con la Legión de Honor, la más alta distinción que otorga a un
ciudadano extranjero el gobierno francés, además de las Palmas de Oro a la
Instrucción Pública. Considero que el proyecto de laicización educativa
impulsado, entre otros, por Rafael Reyes y Luciano Hernández era
precisamente de corte francés y de ahí su marcada necesidad por separar a
Dios de las escuelas públicas y privadas.
No considero que el proyecto de laicidad educativa francés persiguiera
como objetivo la destrucción de las creencias religiosas del pueblo, y por lo
tanto que fuera de corte anticlerical como la propuesta salvadoreña. De hecho,
tampoco intentó la Ley Ferry, de 28 de marzo de 1882, separar la moral de la
educación laica. En palabras del mismo Jules Ferry, esta era la intención de tal
reforma:
La ley del 28 de marzo se caracteriza por dos elementos que se complementan sin
contradecirse: por un lado, se separan del programa obligatorio de la enseñanza la
instrucción de todo dogma particular; por otro lado, pone en un primer orden de importancia
la enseñanza de la moral y cívica. La instrucción religiosa pertenece a las familias y a la
Iglesia, la instrucción moral a la escuela.291
Más aún, tal proyecto de laicidad educativa, plantea el ministro Ferry, estuvo
fundado en el respeto a la libertad de conciencia (cultos) de los maestros y los
alumnos:
El legislador no entendió hacer de su ley una obra puramente negativa. Sin duda tuvo
como primer objetivo la separación de la escuela de la iglesia, y de garantizar la libertad de
conciencia de los maestros y de los alumnos… Pero hay otra aspecto en la ley del 28 de
marzo: ella afirma la voluntad de fundar en Francia una educación nacional sobre las
nociones del deber y del derecho que el mismo legislador no puede ignorar.292
291
Carta a los maestros del 17 de noviembre de 1883. Traducción libre mía. El texto original se lee: La loi
du 28 mars se caractérise par deux dispositions qui se complètent sans se contredire : d'une part, elle met
en dehors du programme obligatoire l'enseignement de tout dogme particulier, d'autre part elle y place
au premier rang l'enseignement moral et civique. L'instruction religieuse appartient aux familles et à
l'église, l'instruction morale à l'école. Ver texto completo en: http://www.crdpnice.net/editions/supplements/2-86629-368-1/TR05 (27-julio-2008).
292
Ibíd. Le législateur n'a donc pas entendu faire une œuvre purement négative. Sans doute il a eu pour
premier objet de séparer l'école de l'église, d'assurer la liberté de conscience et des maîtres et des
élèves… Mais il y a autre chose dans la loi du 28 mars : elle affirme la volonté de fonder chez nous une
éducation nationale et de la fonder sur des notions du devoir et du droit que le législateur n'hésite pas à
inscrire au nombre des premières vérités que nul ne peut ignorer. Ver texto completo en:
http://www.crdp-nice.net/editions/supplements/2-86629-368-1/TR05 (27-julio-2008).
99
Por lo anterior, me parece más que los funcionarios salvadoreños que
impulsaron la separación de la Iglesia de la actividad educativa privada, y que
la atacaron frontalmente en las aulas de clase, intentaron ir más allá de la
misma laicidad educativa francesa al controvertir las creencias católicas como
ejercicio del racionalismo practicado en las aulas.
c) “La Fe y la Incredulidad” (2-octubre-1881)293.Bajo este título apareció publicado en el número 18, un nuevo artículo en
el que El Católico se encargó de recordarle al supremo gobierno sobre los
beneficios de la fe, y los graves perjuicios que acarrearía al país la
incredulidad. Si bien el argumento no era nuevo, pues ya había sido abordado
bajo la expresión las funestas consecuencias que traerá a El Salvador la
enseñanza laica294, sí constituyó un seguimiento a la exposición de motivos del
clero salvadoreño para mantener el tema de la enseñanza laica en agenda
pública. Y así recalcó la importancia de la fe católica:
Es un hecho muy importante, confirmado por la historia, que la fé católica es la
única base de la felicidad de los pueblos; así como la felicidad de los pueblos es el único
fundamento sólido de la prosperidad de los gobiernos. Anonadad la fé, y se presentará el
salvajismo; derribad los gobiernos de sentimientos católicos, y aparecerán tiranos;
destruid los altares de Jesu-Cristo, y al momento tendréis cadalsos y verdugos.295
Prometedor escenario el que se ofrecía a los gobernantes y funcionarios
anticlericales, bajo el castigo divino para el que ataca a la religión católica. El
mensaje de este texto, del autor Passerel, era bastante claro: la Iglesia puede
ser un gran aliado del supremo gobierno en su lucha por civilizar y hacer
progresar a la nación salvadoreña. Independientemente de la visión
instrumentalista que implica esta postura, el recordatorio de las autoridades
eclesiásticas era evidente: para los creyentes, sin la religión católica solo
pueden esperar revoluciones y anarquía; para los no creyentes, sin el apoyo de
la Iglesia católica, el proyecto liberal de la privatización de tierras y extinción de
las comunidades indígenas del presidente Rafael Zaldívar podría verse
seriamente entorpecido.
293
El Católico, Número 18, 2 de octubre de 1881.
El Católico, Número 13, 28 de agosto de 1881.
295
El Católico, Número 18, 2 de octubre de 1881.
294
100
d) “La Educación Religiosa” (9-octubre-1881)296.Si en el último artículo de El Católico sus redactores pretendieron
establecer que la única enseñanza buena para El Salvador era la enseñanza
religiosa, el 9 de octubre de 1881 plantearon el contenido programático de la
enseñanza religiosa en la educación primaria, secundaria y superior de las
escuelas privadas religiosas cuya fundación se había prohibido a las
autoridades eclesiásticas. Así enfatizaron la defensa de su derecho:
Nunca se repetirá bastante: la instrucción religiosa es la parte esencial de la
educación.297
Y es que solamente la educación religiosa desde muy temprana edad
sería capaz de evitar las desviaciones de carácter del hombre, sostenía El
Católico298. Para el clero salvadoreño, la educación religiosa se componía de
dos etapas o grados: el de la memoria, que correspondía a la instrucción
primaria; y el de la inteligencia, que se desarrollaba en la educación superior.299
La enseñanza primaria tiene a su vez dos etapas: una doméstica y una escolar.
Durante la primera de ellas, la madre asume la responsabilidad de iniciar a sus
hijos en los hábitos de la fe católica y en las primeras oraciones. La importancia
de tal apostolado de enseñanza lo resume así el periódico religioso:
¡Feliz la madre que, transformando el hogar en templo, la cuna en ara y su hijo
en víctima, sabe ofrecer á la Divinidad el digno sacrificio de su maternidad! Pero ¡mil
veces más feliz el hijo á quien la Divina Providencia dio una madre cristiana que,
madre, maestra, ángel y sacerdote, supo representarle el mas bello tipo de la Bondad
Divina en este mundo!300
Se produce así una revalorización del papel de la mujer como primera
educadora en la fe católica, y por lo tanto como primera guardiana de la
religión. Durante la etapa escolar de la educación primaria, se pueden producir
ya los primeros problemas en la educación religiosa de los niños, sugiere El
Católico, pues pasamos a la época en la que la responsabilidad recae en las
escuelas primarias.301 Para el semanario católico existieron tres clases de
escuelas primarias: primero, las oficiales, que por su naturaleza han
296
El Católico, Número 19, 9 de octubre de 1881.
Ídem.
298
Ídem.
299
Ídem.
300
Ídem.
301
Ídem.
297
101
prescindido de la enseñanza de la religión; segundo, las escuelas primarias
laicas privadas que, estando a cargo de directores que perdieron la fe
producirán igual deterioro en sus alumnos; y finalmente, las escuelas primarias
católicas privadas, cuyos maestros han comprendido el augusto carácter de
segundo padre de sus alumnos, y continúan desarrollando y perfeccionando lo
enseñado en el hogar.302 Es sumamente curioso que tanto El Católico como el
ministro Jules Ferry estuvieran de acuerdo en el delicado papel del maestro, al
compararlo con la figura de padre de familia. Así lo expresa el político francés
al dirigirse a los maestros:
Ustedes son el auxiliar y, en ciertos aspectos, el suplente del padre de familia;
hablen a sus hijos como quisieran que se les hablase a los suyos; con fuerza y autoridad
toda vez que se trate de una verdad incontestable, de un precepto de la moral común; y
con la mayor reserva cuando se trate de un sentimiento religioso del cual Usted no es
juez.303
No necesitamos precisar que son solo las escuelas primarias de obvio
carácter religioso, las que procuraran a los padres de familia la seguridad de
una fe católica para sus hijos. Esto se conseguiría mediante la enseñanza del
catecismo diocesano, que a través de la memoria se grabaría desde temprano
en el corazón de los niños.304 Llegada la época de la juventud pasaba la tarea a
las escuelas medias y superiores, a las que correspondía instruir en la
demostración de la fe y en la explicación de los dogmas.305 En la primera de
estas tareas se infunde en el joven los fundamentos filosóficos e históricos de
las creencias católicas; mientras que en las segunda, se les proveerá de
verdadera inteligencia, admirando su perfecta armonía.306 Nada dice el
periódico de cómo se bridará tal inteligencia para la comprensión de los
dogmas, pero más adelante aclaró que:
Las verdades de la fé son de suyo tan bellas, que no es posible verlas en su
propia luz, sin que el espíritu se extasíe contemplándolas.307
302
Ídem.
Carta a los maestros del 17 de noviembre de 1883. Traducción libre mía. El texto original se lee: Vous
êtes l'auxiliaire et, à certains égards, le suppléant du père de famille; parlez donc à son enfant comme
vous voudriez que l'on parlât au vôtre ; avec force et autorité, toutes les fois qu'il s'agit d'une vérité
incontestée, d'un précepte de la morale commune ; avec la plus grande réserve, dès que vous risquez
d'effleurer un sentiment religieux dont vous n'êtes pas juge.
Ver texto completo en: http://www.crdp-nice.net/editions/supplements/2-86629-368-1/TR05 (27-julio2008).
304
El Católico, Número 19, 9 de octubre de 1881.
305
Ídem.
306
Ídem.
307
Ídem.
303
102
Y es precisamente esa demostración de la fe, prosigue El Católico, la
que constituye el curso de Religión, compuesto por tres partes: apologética,
dogmática y moral. A la primera le correspondía explicar los principios
racionales de la fe, la demostración de la fe cristiana y la refutación de los
errores modernos. La segunda se haría cargo de la serie completa de los
dogmas de la fe, y misterios de Dios y de la creación. Finalmente, la moral
instruiría en el contenido de los deberes y virtudes cristianas que incluyen,
entre otros,
los mandamientos, los pecados, las buenas obras y los
308
sacramentos.
¿Qué necesidad había de especificar el programa completo de
la asignatura de religión que se impartiría en escuelas secundarias y superiores
cuando el clero salvadoreño no podía fundarlas ni dirigirlas? Es evidente que la
Iglesia salvadoreña confiaba en que la prohibición para la enseñanza privada y
fundación de establecimientos privados de enseñanza no duraría mucho
tiempo más. ¿En qué descansaba tal confianza? Esto significaba que la Iglesia
católica había obtenido el suficiente apoyo de parte del gobierno de Zaldívar
para proceder con la enseñanza privada, secundaria y superior, así como la
fundación de Liceos y Colegios aún en contra de la férrea voluntad de los
anticlericales presentes en el Consejo Superior de Instrucción Pública.
¿Tendría este artículo una intención de promoción de las instituciones
educativas religiosas? La respuesta era afirmativa. De hecho, el mismo Adolfo
Pérez Aguilar fundaría el 6 de noviembre de 1881 el Liceo del Salvador, mejor
conocido como Liceo Salvadoreño. El presbítero Pérez Aguilar era el
responsable de haber interpuesto un recurso ante el supremo gobierno por la
ilegalidad del Reglamento de enseñanza privada secundaria y superior. Si la
Iglesia católica consiguió lo que deseaba, en defensa de la libertad de
enseñanza (Art. 38 de la Constitución de 1880), ahora parecía tener como
interés el promover entre sus lectores la mejor enseñanza posible: la religiosa
impartida en los colegios católicos.
Este artículo expresa claramente los fundamentos y el contenido de la
educación religiosa que impartía la Iglesia, y que entre sus herramientas
fundamentales
308
privilegiaba
la
memoria
para
aprender
los
dogmas,
Ídem.
103
mandamientos, y principios de la doctrina cristiana. Esta concepción educativa
contrasta rotundamente con el ideario educativo liberal, según el cual la
educación cumplía una función esencial para transformar a las masas
ignorantes en útiles ciudadanos al servicio del Estado. ¿Para qué sirve la
memoria en los conocimientos prácticos y artes útiles? ¿No es fundamental la
memoria para la repetición de dogmas religiosos? ¿Dónde queda la capacidad
crítica y analítica para cuestionar los presupuestos actuales y proponer mejores
soluciones a problemas prácticos?
Este era el principal vicio que Rafael Reyes y Luciano Hernández, entre
otros, acertadamente le achacaban a la educación religiosa. Para estos
liberales, el Estado salvadoreño, al igual que otras repúblicas de América
Latina, tuvieron como desideratum la formación de un hombre nuevo, de un
ciudadano con capacidad de transformación de la sociedad a través del
conocimiento. Como bien plantea Domingo Amunátegui Solar al referirse en
Chile al Instituto Nacional y los ciudadanos que debía formar:
...no sólo eclesiásticos instruidos y virtuosos, estadistas profundos y
magistrados honrados, sino sabios exactos que rectifiquen la ruda agricultura, den a las
artes los primeros empujes, ilustren los talleres y rompan las entrañas de la tierra;
juristas elocuentes que hagan la concordia civil; químicos que analicen la riqueza que,
por desconocida, pisamos en el país de la laceria; botánicos que desenvuelvan las
virtudes útiles de los preciosos vegetales que, desvirtuados, acarreamos a grandes costos
y distancias; médicos bien elementados, que auxilien la naturaleza doliente; cirujanos
educados en la disección, que alejen las incertidumbres de las operaciones; y
ciudadanos virtuosos, dispuestos y útiles en todas las clases del estado.309
Lamentablemente para los promotores de la reforma educativa sus
loables fines no justificaron los medios utilizados, y al violar la libertad de
enseñanza poco había que discutir sobre la justificación filosófica de la
reformas efectuadas por el Consejo Superior de Instrucción Pública.
II.
El Católico y la actuación del Consejo Superior de Instrucción
Pública.A partir del 16 de octubre de 1881, El Católico no daría tregua al
Consejo Superior de Instrucción Pública, y a su presidente Luciano Hernández,
309
Sol Serrano, “La ciudadanía examinada: el control estatal de la educación en Chile (1810-1878)”. En
Inventando la Nación.
Iberoamérica siglo XIX.
Antonio Annino, Francois-Xavier Guerra
(coordinadores) Fondo de Cultura Económica (FCE), 2003.
104
por su resistencia y dilación en reconocer la flagrante violación a la libertad de
enseñanza del clero. Desde la fecha en que se dictó el Reglamento sobre
enseñanza privada, Liceos y Colegios, el 4 de junio de 1881, la Corporación
había mantenido una postura anticlerical, a pesar de haber recibido
instrucciones para rectificar su proceder inconstitucional de parte de Antonio J.
Castro, subsecretario de Instrucción Pública el mismo mes de junio de 1881.
Esta desobediencia jerárquica explica el tono de los editoriales que a
continuación se analizan y nos evidencian la suma confianza de un clero que
anticipaba una victoria.
a) “La libertad de enseñanza” (16-octubre-1881)310.Este es uno de los artículos más relevantes del debate que ocupa a la
presente investigación pues constituye un llevar a la luz pública el conflicto que
a nivel del supremo Gobierno del presidente Zaldívar se produjo durante el mes
de junio de 1881. No sólo revela, haciendo referencia al acta del Consejo
Superior de Instrucción Pública del 4 de junio de 1881, quiénes se opusieron
por
razones
de
inconstitucionalidad
a
las
medidas
que
excluyeron
completamente al clero de la enseñanza privada secundaria y superior (a
excepción de la materia de teología) así como de la fundación de Colegios y
Liceos; sino también informó a los lectores de las instrucciones que giró el
subsecretario de Instrucción Pública demandando suprimir tal restricción. Esto
significa que a pesar de la orden superior girada por el ministerio responsable
del ramo de Instrucción Pública, el Consejo Superior decidió hacer caso omiso
de sus instrucciones y mantuvo vigentes las restricciones sin pronunciarse al
respecto.
En el número 20 de El Católico y bajo el título de una de las libertades
constitucionales consagradas en la norma fundamental de 1880, los redactores
del periódico procedieron a revelar un complot tramado por un grupo de
funcionarios anticlericales en el seno del Consejo Superior de Instrucción
Pública. Esta Corporación emitió un reglamento en contra de la Constitución y
se rehusaron a rectificar aún cuando así les demandó su superior jerárquico, el
Ministro de Instrucción Pública.
310
El Católico, Número 20, 16 de octubre de 1881.
105
Al rememorar lo ocurrido en la sesión del 4 y 5 de junio de 1881, El
Católico hizo expresa mención de los artículos 1° y 6° del Reglamento, para
proceder a evaluar la oposición que existió en el seno del Consejo en la
referida sesión:
Por el “Diario Oficial” número 203, consta que los Señores Consejeros Doctor
Don Pablo Buitrago y Licenciado Don Manuel Bértis sostuvieron la
inconstitucionalidad de dichos artículos, dieron su voto negativo, y quisieron
consignarlos en la misma acta, puntualizando los tres artículos constitucionales
contrariados por el Reglamento. Igual oposición, y por las mismas razones, hizo en la
discusion el Señor Licenciado Don Ricardo Moreira, Fiscal; cuya negación y
consignación de voto no aparece, porque como Fiscal, no tiene voz decisiva en las
deliberaciones del Consejo.311
El Católico trató de evidenciar que a pesar de que los Consejeros Pablo
Buitrago, Manuel Bertis y el Fiscal Ricardo Moreira (sin voto) expresaran su
contrariedad por razones de inconstitucionalidad a los otros miembros del
Consejo Superior de Instrucción Pública, este decidió proceder con la
aprobación del Reglamento con la anuencia del resto de miembros del
Consejo, entre los que destacó el licenciado Luciano Hernández, presidente y
principal promotor de la reforma educativa.312 Más aún, el consejero Buitrago
llevó su oposición hasta solicitar que:
…se diese cuenta al Supremo Gobierno de esta acta para su resolución, ántes
que sea publicada.313
Y como se indicó con anterioridad, el Consejo hizo caso omiso de tal
requerimiento personal. Lo relatado ya era conocido por la descripción
efectuada en el marco jurídico de la educación en la presente investigación, a
excepción del detalle del Fiscal Ricardo Moreira quien también expresó su
disconformidad. Todos lo hicieron alegando violaciones a la Constitución de
1880, y particularmente a la libertad de enseñanza consignada en el Artículo
38. Y es a partir de aquí que El Católico nos provee de información nueva y
relevante para la disputa que venimos analizando, pues se trata de que:
Por fortuna, uno de los profesores que iban á ser perjudicados, ocurrió al
Supremo Gobierno para el amparo de sus derechos y garantías constitucionales.314
311
Ídem.
Ídem.
313
D.O. No. 203, Tomo 11, del 3 de setiembre de 1881.
314
Ídem.
312
106
¿Quién sería el profesor que iba a ser perjudicado? Como anticipamos,
era el presbítero Adolfo Pérez Aguilar. Así consta en el Acta del Consejo
Superior de Instrucción Pública de fecha 31 de octubre de 1881, en la que se
recoge que:
Con presencia de la queja interpuesta por el señor presbítero doctor don Adolfo
Pérez contra los artículos 1° y 6° del Reglamento emitido por el Consejo Superior de
Instrucción Pública el 4 de junio próximo pasado, por los cuales se priva a los clérigos
del derecho de abrir clases privadas de los cursos no exceptuados en el artículo 119 de
los Estatutos y de abrir colegios, cuya enseñanza sea válida para ganar cursos
universitarios.315
Dada las fechas de retraso en la publicación del acta de la sesión del
Consejo (4 de junio de 1881) en el Diario Oficial316, podemos suponer que tal
queja debió ser presentada durante el mismo mes de junio de 1881, y que
producto de la misma es que el Ministro de Instrucción Pública, como señaló El
Católico, procede a emitir su opinión sobre el conflicto en los siguientes
términos:
“El Ejecutivo crée que los artículos 1º y 6º del Reglamento emitido por ese
Consejo, en su sesion de 4 del corriente, no estan muy conformes con el espíritu de la
letra de nuestra Constitucion y ley universitaria vigente, en la parte en qué se niega á
los clérigos el derecho de enseñar.”317
Afortunadamente, en la Sección Universitaria del Diario Oficial del 21 de
octubre de 1881, se encuentra consignado el informe que rinde el Presidente
del Consejo Superior, Luciano Hernández, ante la solicitud y los legítimos
deseos del Supremo Poder Ejecutivo, al Ministro de Instrucción Pública.318 El
informe está fechado el 7 de octubre de 1881, y siendo el producto de la
reconsideración efectuada en tres sesiones del mismo Consejo, planteó:
…que el Artículo 1° del reglamento atrás mencionado, no se opone de manera
alguna á la letra ni al espíritu de nuestra Constitución. Este artículo, en efecto, no priva
á los clérigos del derecho de dar clases privadas: ellos pueden enseñar todo lo que saben
ó creen saber; pero los certificados que dén a sus discípulos no habilitan á éstos para
ganar cursos universitarios.319
En otras palabras, la mayoría de los miembros del Consejo era de la
opinión que no violaba la libertad de enseñanza puesto que cualquiera podía
enseñar, lo que no significaba que tales cursos serían habilitados para ingresar
315
D.O. Número 254, Tomo 11, del 2 de noviembre de 1881. p. 421
El acta del 4 de junio salió publicada en el D.O. de 3 de septiembre de 1881.
317
El Católico, Número 20, 16 de octubre de 1881. Cursivas y comillas en el original.
318
D.O. Número 241, Tomo 11, 21 de octubre de 1881.
319
Ídem.
316
107
a la Universidad. Es decir, pueden hacerlo, pero no sirve de nada para los que
quieran proseguir estudios universitarios. ¿Qué sentido tendría estudiar
secundaria sino para proseguir estudios universitarios? Lo único que hacía el
planteamiento del Consejo era trasladar el objeto de la restricción no al
ejercicio de la enseñanza privada, sino a los efectos que produciría tal
enseñanza en el expediente académico del estudiante. Es curioso que se
llegue a tal conclusión mediante una interpretación de la libertad de enseñanza
como un principio que no es absoluto, sino limitado por la facultad de dictar
estatutos, leyes y reglamentos sobre la materia que se le atribuyó al referido
Consejo. Bajo esta línea hermenéutica, efectivamente descansaba en el
Consejo reglamentar como les fuere más conveniente a sus miembros. El
problema central de esta postura radica en que la garantía constitucional ya no
se encuentra protegida por la misma Constitución sino supeditada a la
subjetividad del funcionario en quien se delega la reglamentación secundaria.
Esto contradice la noción misma de libertades fundamentales sin restricción
alguna. En este caso la restricción era justamente la expresión de la voluntad
de los miembros del Consejo.
En cuanto al Artículo 6°, el Consejo Superior reconoció que su primera
redacción no implicaba una oposición a la Constitución, y que tuvo como
finalidad el evitar que esta enseñanza privada católica habilitase para ganar
cursos universitarios. Nunca fue su intención, sostuvo la Corporación, la de
prohibir a los clérigos la fundación de colegios y liceos.320 La misma crítica
expuesta antes se aplicaría ahora a esta disposición reglamentaria. No
obstante lo anterior, al explicar las razones de la posición del Consejo Superior,
Luciano Hernández, nos legó una expresa declaración anticlerical al sostener
que:
…el Consejo piensa que el dia en que la patria tuviera la desgracia de caer en el
poder de hombres imbuidos en las funestas doctrinas del ultramontanismo, se perderían
irremisiblemente las pocas conquistas, que á costa de tan penosos esfuerzos, hemos ido
haciendo en el campo de la moderna civilización.321
No debemos olvidar que las declaraciones de Luciano Hernández, en su
calidad de presidente del Consejo, reflejan una concepción liberal extrema que
320
321
Ídem.
Ídem.
108
consideraba a la Iglesia salvadoreña como la responsable de la ignorancia,
fanatismo y miseria de las gentes, tal como lo había sostenido Rafael Reyes en
sus artículos periodísticos.
Para evitar la desgracia del ultramontanismo, el Consejo proponía una
nueva redacción del Artículo 6° que garantizaría que los clérigos abriesen y
fundasen colegios y liceos con la única limitante señalada (de que no
habilitasen para estudios universitarios):
“Art. 6°.cualquiera persona puede abrir colegios y liceos para la enseñanza
secundaria y superior, con tal que reuna las condiciones de moralidad é instrucción
especial para la dirección del establecimiento; pero la enseñanza que se reciba en dichos
colegios y liceos no habilita para ganar cursos universitarios sino cuando los directores
sean del estado seglar.”322
Cierra
su
misiva
Luciano
Hernández
solicitando
se
haga
del
conocimiento del presidente Rafael Zaldívar tal informe. No tenemos razones
para creer que el Ministro del ramo no informase al presidente Zaldívar de esta
importante comunicación del Consejo, y que este último no girase instrucciones
a su ministro. Estos son los antecedentes de la comunicación a que se refirió El
Católico, de fecha 23 de junio de 1881, y por la que el mismo Ministro de
Instrucción Pública ordenó al Consejo Superior de Instrucción Pública:
“se sirva consignar los artículos citados, sin la restricción á que dejo hecha
referencia.”323
Conociendo que Rafael Zaldívar estuvo al tanto del conflicto, y que
tendría injerencia en la decisión ministerial que restauraba al clero las
posibilidades de fundar colegios y dar clases privadas, se comprenden de
mejor manera los argumentos editoriales antes analizados de El Católico.
Nunca fue una disputa contra el supremo gobierno, ni contra el presidente
Zaldívar, ni se trató de un debate entre liberales febriles y conservadores
serviles; consistió en una disputa entre la Iglesia salvadoreña y funcionarios
anticlericales, como Rafael Reyes y Luciano Hernández, en el marco de un
Estado liberal con la Constitución de 1880 como la principal arma de defensa
del principio de libertad de enseñanza. ¿Qué hay de conservador en una iglesia
defendiendo su libertad de fundar colegios privados? ¿Qué hay de liberal en
Luciano Hernández y Rafael Reyes prohibiendo a los clérigos su derecho
322
323
Ídem. Comillas en el original.
Ídem. Comillas y cursivas en el original.
109
constitucional de libertad de enseñanza? ¿Quiénes eran los liberales y quiénes
los conservadores en la reforma educativa impulsada en 1881?
De igual manera, es ahora más fácil asimilar por qué el periódico
religioso se cuidó durante todo el debate, en torno al tema de la enseñanza
laica, de separar la voluntad de Rafael Reyes y la del supremo gobierno. Aclara
todavía más la expresión del periódico religioso al referirse a la comunicación
del ministro de Instrucción Pública:
La simple lectura de ese documento oficial, hace comprender que él es la clara
expresión de la mente y de la voluntad del Supremo Gobierno: de la mente, que juzga y
afirma la inconstitucionalidad; de la voluntad, que reprueba y suprime la restriccion
referida.324
Volviendo a la reconstrucción del editorial de El Católico, sus redactores
continuaron exponiendo las razones por las que consideraba inconstitucional la
decisión del Consejo Superior de Instrucción Pública, relativa a la prohibición
para el ejercicio de la enseñanza privada (a excepción de la Teología) y la
fundación de Colegios. En primer término la libertad de enseñanza presupone,
decía El Católico:
…la necesidad de que todos sus habitantes tengan el derecho de poder enseñar,
sin otra restricción de personas, materias y métodos, que la dirección del Supremo
Gobierno en la enseñanza costeada por la Nación y la suprema inspección en la
enseñanza particular o privada.325
Por lo que el Consejo Superior de Instrucción Pública estaría facultado
para dirigir la enseñanza oficial e inspeccionar la enseñanza privada, pero en
ningún caso restringir o violar la libertad de enseñanza ni en su extensión de
sujetos ni en el contenido de sus materias.326 Debido a su decisión de emitir el
Reglamento, conteniendo los artículos 1° y 6° las restricciones a la libertad de
enseñanza privada para el clero, había violado no solo el Artículo 38 sino
también el 43 –ningún poder o autoridad podrá alterar ni violar ninguna de las
garantías constitucionales- y debía de ser juzgado y responsabilizado como lo
preveía la misma Constitución.327
324
El Católico, Número 20, 16 de octubre de 1881.
Ídem.
326
Ídem.
327
Ídem.
325
110
Para cerrar sus argumentos, El Católico retomó el desacato del Consejo
ante la opinión y voluntad expresada por el supremo gobierno de forma clara
en la nota del Ministro de Instrucción Pública al expresar que:
desde el instante mismo que la opinión y voluntad del Ejecutivo, está expresada
oficialmente en cuanto á la calificación y extensión de un artículo de la Constitución, no
puede contrariarla, ni despreciarla ninguna de las instituciones, que, como el
Honorable Consejo de Instrucción Pública, no son mas que sus cooperadores
subordinados en la direccion de los diferentes ramos administrativos328.
Ante tales hechos, no podemos dejar de preguntarnos ¿Por qué
desobedeció el Consejo Superior de Instrucción Pública las instrucciones del
Ministro del Ramo? ¿Por qué se permitió que funcionarios anticlericales
irrespetasen la Constitución desde el 23 de junio hasta el 31 de octubre de
1881? ¿Qué consecuencias trajo para el presidente del Consejo esta postura
de desobediencia al superior jerárquico?
Esta misma desobediencia explica la beligerancia de El Católico hacia
Rafael Reyes y no hacia el supremo Gobierno. La Iglesia católica estaba
plenamente consciente de la decisión ministerial que les favorecía, por razones
de constitucionalidad, y por lo tanto quisieron revelar a sus lectores la
existencia de funcionarios anticlericales que se habían dado a la tarea de
afectar los intereses eclesiásticos desde la misma época de Santiago
González. Esto explica también la insistencia por demostrar el carácter
anticatólico de la enseñanza laica del Doctor Rafael Reyes, y del presidente del
Consejo, Licenciado Luciano Hernández, a quien le dedicará, el semanario
religioso, su próximo espacio editorial.
En la Sección Universitaria, del Diario Oficial del 23 de octubre de 1881,
que publicó en la Sección Universitaria la opinión disidente de “F. Vaquero”.
Este miembro del Consejo Superior de Instrucción Pública, que con fecha 20
de septiembre del mismo año, había informado a sus colegas de su humilde
parecer en cuanto al Reglamento sobre enseñanza privada, sostuvo:
No abrigo duda alguna de que el artículo 1° es conforme al 38 de la
Constitución porque si bien en éste se declara la libre enseñanza en la República…desde
el momento en que pretenda que esos estudios le valgan para una profesión,…entonces
ya no puede ser tan libre porque afectando los intereses de la sociedad, el Gobierno debe
asegurar la idoneidad y demás condiciones de los profesores; y por tanto muy bien
328
El Católico, Cursivas en el original.
111
puede prescribir que sean aquellos solo del estado seglar, cuando no se trate de Teología
ú otra ciencia eclesiástica.329
Pero en lo relativo al Artículo 6° contundentemente sostenía:
…que el artículo 6° se suprima, no solo por ser contrario al artículo
constitucional que he citado [Art. 39.-libertad de industria], sino porque con las otras
disposiciones del reglamento quedan prevenidos los males que con él se han querido
evitar.330
El interés de este consejero por proteger la libertad de industria -en
donde consideró se encontraba contenida la fundación de colegios y liceos- se
explica por la convicción de los liberales de que la enseñanza de ciencias y
artes útiles, que formaba parte de la industria, traería progreso al país en todas
las áreas. Su argumento era consistente con la opinión mayoritaria del
Consejo, al sostener que los clérigos podían fundar colegios siempre que se
valga de profesores seglares para dar las clases, si quisiera que valieran en la
Universidad tales estudios.331
Estos últimos artículos que aparecen publicados en el Diario Oficial y
que hemos utilizado para dar mayores elementos de comprensión al editorial
de El Católico, nos brindan una buena muestra de lo relevante del tema en las
publicaciones periódicas, no sólo clericales, y nos permiten corroborar la
variedad de opiniones que hubo al respecto. Tenemos al menos tres posturas o
posiciones: en primer lugar, las posturas del licenciado Luciano Hernández y
Rafael Reyes tendentes a mantener la prohibición para que el clero participase
de la enseñanza privada y en la fundación de colegios, bajo la premisa de que
la misma Iglesia católica era la responsable de la ignorancia, fanatismo y
miseria del pueblo; un segundo grupo, cuyas posiciones incluían los que no
siendo necesariamente religiosos o católicos defendieron la libertad de
enseñanza como garantía constitucional sin importar que beneficiase a la
Iglesia católica, como era el caso de Antonio J. Castro; y finalmente existieron
también, quienes siendo profundamente católicos, creían que se estaba
violando un derecho constitucional por lo que se opusieron a tal medida
(Manuel Bértis, Pablo Buitrago y Ricardo Moreira). A los primeros les llamaré
anticlericales liberales, a los segundos
liberales constitucionalistas, y a los
329
D.O. Número 246, Tomo 11 del 23 de octubre de 1881.
Ídem.
331
Ídem.
330
112
últimos liberales católicos. No he encontrado elementos en los editoriales de El
Católico, ni en las publicaciones del Diario Oficial que me den elementos para
considerar que este debate era entre conservadores y liberales, como
mencioné anteriormente. Esto no significa que los ejemplos dados por los
liberales anticlericales, relativos a la intolerancia religiosa del siglo XIX, sean
falsos; pero tampoco justifica el creer que todo el clero salvadoreño era
ultramontano, como sugiere Luciano Hernández en su informe al Ministro de
Instrucción Pública. Tampoco sugiero que no existieran miembros del clero que
pudieran ser calificados de ultramontanos, o que la misma Iglesia desde el
Vaticano estuviese considerando seriamente enviar obispos más cercanos a
las autoridades eclesiásticas que a las civiles, sobre todo luego de la erección
cismática de la diócesis de San Salvador, por el presbítero José Matías
Delgado.332
Como puede constatarse de las publicaciones del Diario Oficial referidas
en el presente apartado, el mes de octubre fue crucial para la libertad de
enseñanza, y más aún lo sería en su último día, el 31 de octubre de 1881,
fecha en que se daría por concluido el debate entre la Iglesia salvadoreña y los
anticlericales.
b) “CARTA ABIERTA al Señor General Dr. Don Luciano
Hernández, Rector de la Universidad Central.” (23-octubre1881)333.Es ahora el turno de El Católico para responder la comunicación que
dirigiera Luciano Hernández al Ministro de Instrucción Pública, Domingo López,
que ya hemos analizado. En su espacio editorial del 23 de octubre de 1881 y
dándole espacio y palabra al presbítero José Antonio Aguilar, antiguo capellán
de la Universidad Central, se presentaron serios cuestionamientos a los
planteamientos del rector Hernández y se ratificó por enésima vez las
violaciones constitucionales de que era objeto la libertad de enseñanza por
parte del clero.
Lo que le legitima, según el presbítero, para escribir tal epístola era que:
332
333
Fray Marco Salinas, Op. Cit. p. 84.
El Católico, Número 21, 23 de octubre de 1881.
113
Esta cuestion [prohibición al clero de enseñanza privada y fundación de
colegios] afecta mis derechos, bajo cuatro aspectos: porque como Profesor de esta
Universidad, anula en mucha parte mis títulos adquiridos y reconocidos en ella; como
Sacerdote, restringe mi ministerio: como miembro del Clero, me irroga una exclusión
infamante; y como salvadoreño, me priva de una garantía, que la Constitución concede
á todos los que, como yo, nacieron en el suelo de mi Patria y con la dignidad de su
ciudadanía.334
Y es en ese cuádruple carácter de agraviado como procedió a la defensa
de sus derechos el padre Aguilar. En primer término desarticulando la postura
que relativizaba la libertad de enseñanza, al considerarla un principio que no
era absoluto, pues debía ser dirigido por la autoridad competente: el Consejo
Superior de Instrucción Pública. Si esto fuera así, expresaba el sacerdote, toda
libertad dejaría de serlo y de ahí se seguiría:
Io. Que en la República del Salvador no hay ninguna libertad; porque la libertad
de la prensa, la libertad de cultos, la libertad de asociación, la libertad de hablar, la
libertad de industria, la libertad de tránsito, &, &, no serían libertades, porque todas
pueden y deben ser dirigidas por el Poder, que en la sociedad está encargado de guardar
el órden, y garantir los mútuos derechos y obligaciones de todos los asociados.335
El segundo problema radicaba en la confusión entre libertad física y
libertad moral, entendiendo la primera como todo aquello que le es posible
físicamente al hombre, y la última como lo que es justo y legal. Si las leyes no
son más que ampliaciones, garantías y normas de la libertad moral, la
interpretación de Luciano Hernández significaría que cada ley lleva en sí misma
el germen del que los hace:
…ver en cada ley una cadena, en cada gobierno un tirano, en cada tribunal una
opresión, en cada regla una usurpación, que ellos se esfuerzan por aniquilar.336
¿Cuál es la garantía que dicha interpretación, a todas luces anticlerical,
le ofrece a la libertad de enseñanza? Prosigue el presbítero Aguilar señalando
que la misma Constitución de 1880 reconoció únicamente dos clases de
enseñanza: oficial y privada. Sobre la primera, costeada por el Estado, rige la
plena dirección del supremo gobierno; pero sobre la segunda, financiada por
los particulares, se aplica la suprema inspección del gobierno. No obstante lo
anterior, sostiene el presbítero Aguilar, el rector Luciano Hernández habló de
enseñanza profesional, asimilando las dos clases bajo un mismo fin y las
334
Ídem.
Ídem.
336
Ídem.
335
114
equipara para proceder a regularlas en igual sentido. El sacerdote agraviado
continua sosteniendo que el supremo gobierno ya tiene la facultad de suprema
inspección, que comprende la obligación por parte de todo aquel que estudió
en un establecimiento privado, de someterse a examen, juicio y a la calificación
de la Universidad para establecer su competencia o incompetencia. ¿Cuál
sería el peligro entonces del ejercicio de una profesión cuyo mecanismo de
autorización se encuentra en el supremo gobierno? ¿Cómo podría alguien
escabullirse de los exámenes del mismo Consejo Superior de Instrucción
Pública? Lo anterior es muy cierto, pues hemos podido constatar en el mismo
Diario Oficial de 1882, como aparecen publicados los resultados de los
exámenes practicados por los delegados del mismo Consejo Superior de
Instrucción Pública para hacer del conocimiento público de la nación la
competencia de los candidatos. Por ejemplo, en la Sección Universitaria del
Diario Oficial Número 8, Tomo 12, del 10 de enero de 1882, aparecen
publicados por Departamento los resultados de los examinandos en la
Universidad Nacional en las diferentes asignaturas con nombre y apellido.337
¿Cómo era posible escapar de este filtro de aptitud académica controlado por
el mismo gobierno?
A continuación, el clérigo Aguilar procedió a evaluar el alcance de la
exclusión del Artículo 1° del Reglamento sobre enseñanza privada ya conocido,
ejemplificando lo que en la práctica significaba tal exclusión:
1º Ningún clérigo, que sea Dr. En Leyes, aunque sea tan competente como el
Dr. Menéndez, ó el Dr. Rodríguez; ó Doctor en Medicina, podrá enseñar ninguno de los
ramos de las facultades de Derecho ó de Medicina, solo porque es clérigo. 2º. Ningun
clérigo, aunque haya sufrido todos sus exámenes, aunque haya obtenido sus títulos, ó
sea académico en la Facultad de Ciencias y Letras, podrá enseñar privadamente alguno
de los ramos de aquella Facultad, porque es clérigo. 3º. Ningun sacerdote extranjero que
quiera inmigrar al pais, aunque sea tan astrónomo como el Padre Secchi, tan físico como
el Padre Cámidas, tan poeta como el Padre Calderon de la Barca, tan lingüista como el
Padre Mezofanti, podrá enseñar ni astronomía, ni física, ni literatura, ni idiomas, porque
es clérigo.338
Las referencias de sacerdotes ilustres de la época tuvieron por intención
llevar hasta el absurdo el argumento de Luciano Hernández, y demostrar que
una buena parte de los hombres más sabios y preparados de la época eran
parte de la Iglesia católica. ¿De qué se estaba privando entonces a la juventud
337
338
D.O. Número 8, Tomo 12, 10 de enero de 1882.págs 30-32.
El Católico, Número 21, 23 de octubre de 1881.
115
salvadoreña? ¿De excelentes maestros por el mero hecho de ser sacerdotes?
Pero lo que más decepción le produjo al presbítero Aguilar era la razón central
expresada
por
el
339
ultramontanismo.
rector
para
excluir
al
clero:
porque
enseñan
el
Y así le increpó directamente:
¿Es posible Dr. Hernandez que la aversión al clero llegue á tanto, que haga
olvidar los principios de justicia y las decantadas libertades de la civilización
moderna?340
Es entonces cuando, el padre Aguilar, asocia las razones del rector
Luciano Hernández con las de Rafael Reyes, al repetir la frase con que el
Director de la Escuela Normal se dirige a la enseñanza religiosa como: el
ultramontanismo, la ortodoxia, y la enseñanza de secta341. Pero distinguió que
mientras el último era claramente anticatólico, el rector Hernández se había
dirigido a la Iglesia católica con el respeto de las frases más elocuentes
propias.342
El presbítero Aguilar le recordaba al presidente del Consejo que su
aprecio por la educación religiosa y la Iglesia Católica, no hace mucho, había
sido evidente. Durante el año de 1869, el mismo Luciano Hernández,
acompañado de Rafael Zaldívar y de Ireneo Chacón, comisionados por el
Consejo Superior de Instrucción Pública, procedieron a evaluar a las alumnas
del Liceo Santa Clara, y como consta en su informe, así se refieren a la
educación religiosa impartida a las niñas:
De preferencia nos hemos fijado en la educación religiosa y moral que las niñas
reciben, ya que sin esto cualquiera otra instrucción sería infecunda ó más bien sería un
edificio construido sobre arena; pero afortunadamente no sucede así, y es preciso hacer
notar que las legítimas aspiraciones de los padres de familia estan plenamente
cumplidas, pues la educandas no solo aprenden la doctrina cristiana, sino que también
conocen y explican, con especial inteligencia, los misterios de nuestra Santa
Religión,…343
¿Qué produjo un cambio tan radical en Luciano Hernández? ¿Cómo era
posible que atacase algo que defendió con tanta vehemencia doce años atrás?
No tengo la respuesta a estas interrogantes, pero estoy consciente que
339
Ídem.
Ídem.
341
Ídem.
342
Ídem.
343
El Constitucional, tomo 3, num. 67, Enero 28 de 1869.
340
116
encontrarlas puede aportar mucho a la comprensión de la lucha entre liberales
en El Salvador de la segunda mitad del siglo XIX.
Luego procede, el presbítero Aguilar, a analizar los mismos vicios de
ilegalidad existentes en el Artículo 6° del Reglamento en su versión ya
modificada por el mismo Consejo, y que permitiendo la fundación de Colegios y
Liceos al clero, no habilitaba los cursos impartidos en tales centros para los
estudios universitarios. Si el efecto que se produce es el mismo: inhabilitar a
los clérigos para impartir la docencia privada, ¿Cuál es la diferencia entre esta
nueva redacción y la anterior?344 A nuestro criterio personal, ninguna. Se trata
puramente de una sutileza jurídica que mantiene el efecto de disuadir a los
jóvenes estudiantes para ingresar en colegios católicos, pues sus estudios no
serán habilitados para cursos universitarios según el Artículo 6° antedicho.
El mismo Consejo Superior ya tenía la capacidad para reprobar aquellos
estudiantes, que independiente del centro de estudios de donde provinieran, no
contestasen las preguntas de sus exámenes de la manera satisfactoria para los
examinadores. El problema con la calificación de la enseñanza católica como
dogmática radica, como bien señaló el padre Aguilar, en la subjetividad del que
decide tal calificativo. ¿Estará a cargo de unos miembros del Consejo Superior
de Instrucción Pública tal calificación? ¿Existe posibilidad de establecer un juez
imparcial para evaluar la enseñanza católica? ¿Dónde quedarían las garantías
establecidas por la libertad de enseñanza en la Constitución de 1880 frente a
este juez?345
Esta misiva es contundente para establecer el marcado anticlericalismo
de Luciano Hernández, sobre todo viniendo de un sacerdote que respetó y
apreció al rector de la Universidad Central, como su antiguo amigo y capellán.
El padre Aguilar concluye su misiva invitando a los anticlericales a reconsiderar
el papel del clero salvadoreño:
El Clero Salvadoreño, como la religión santa que profesa, no és, nó, enemigo
del progreso; al contrario, su historia y las acciones que están á la vista, prueban lo
contrario; aunque la calumnia y las pasiones, pretendan describirlo ante el interior y el
exterior de la República, como una horda de bandidos.346
344
El Católico, Número 21, 23 de octubre de 1881.
Ídem.
346
Ídem.
345
117
Es muy difícil no darse cuenta de la inconsistencia en los argumentos
tanto de Luciano Hernández como de Rafael Reyes si partimos del supuesto
que son defensores de las libertades modernas. No es posible proclamarse
defensor de la libertad de enseñanza y luego excluir por completo un gremio de
tal ejercicio como era el clero salvadoreño. De igual manera, no es posible
postular la libertad de culto y el respeto a las diferentes creencias religiosas y al
mismo tiempo proceder a desvirtuar en las escuelas públicas lo que en cada
familia se enseña como religión. ¿Quién atenta contra las creencias? Son los
mismos maestros de las escuelas oficiales quienes violentan la Constitución.
¿Cómo dejar de pensar que en realidad las medidas, lejos de ser liberales, son
anticlericales? Nos parece que este fue el gran error de cálculo de los
funcionarios del Consejo Superior de Instrucción Pública, así como del director
de la Escuela Normal (Rafael Reyes), que apoyaron los artículos 1° y 6° del
Reglamento sobre Enseñanza Privada. No entendieron que al establecer una
libertad en la Constitución sería muy difícil intentar restringirla sin afectar el
contenido mismo de tal garantía. No previeron que muchos de sus mismos
colegas de la administración del presidente Zaldívar tendrían una opinión
diferente al respecto, pues a pesar de compartir su visión republicana liberal,
no estarían dispuestos a menoscabar una conquista como la libertad de
enseñanza,
so
pretexto
de
librar
a
la
juventud
salvadoreña
del
ultramontanismo.
Es probable que incluso desestimaran que el mismo Rafael Zaldívar no
estaría dispuesto a implementar medidas tan radicales en contra del clero
salvadoreño, ya fuera porque no era el momento político apropiado, y
necesitaba de la Iglesia para impulsar sus reformas económicas; o
simplemente porque siendo un moderado nunca compartió tales posturas
radicales de anticlericalismo.
Adicionalmente, si se asume que el Consejo Superior de Instrucción
Pública tuvo como facultad delegada en la misma Constitución el restringir el
contenido mismo de las libertades establecidas en 1880, esto implicaba una
interpretación absurda. Equivaldría a darle más poder al mismo Consejo que a
la Asamblea Constituyente que en representación del pueblo salvadoreño se
había dictado tal norma fundamental.
118
Y esto es aplicable no sólo a la libertad de enseñanza, sino también a
cualquier otra libertad (culto, expresión, industria, etc.) cuyo contenido y
alcance estuviera sujeto a la voluntad subjetiva del o de los funcionarios al
frente de la entidad administrativa que es la responsable de tales actividades.
Como ya había anticipado en sus consideraciones a la Constitución de 1880,
Antonio J. Castro,
¿Para qué sirve entonces establecer derechos
fundamentales en la Constitución si cualquier autoridad subordinada puede
alterarlos?
Como puede evidenciarse el debate trascendió la mera laicidad
educativa. La gran paradoja consistiría en que la mejor defensa del clero
salvadoreño frente a la completa exclusión de la enseñanza privada, promovida
por los anticlericales, provino de las libertades constitucionales que el mismo
gobierno de Zaldívar había adoptado en 1880. La mejor garantía frente a los
abusos de los funcionarios públicos, como rezaban los teóricos, eran una
norma que fuera igualmente aplicable para todos sin ninguna distinción de
credo, raza, estado civil. En este caso, la norma era la Constitución que
garantizó la libertad de enseñanza sin ningún tipo de distinción, para el
beneficio del clero y de todos los salvadoreños.
El Católico no descansaría en la defensa del tema de la enseñanza
pues todavía continuaron voces anticlericales, con menor intensidad y
disminuyendo, que defendían la posición adoptada por el Consejo Superior de
excluir al clero salvadoreño de la enseñanza privada (exceptuando Teología) y
de la fundación de Colegios Privados. Nos referimos a estos pronunciamientos
a continuación.
c) “La enseñanza del clero” (6-noviembre-1881)347
El Católico en su número 23 se dedicaría a responder al artículo
publicado en el Diario de Avisos bajo el larguísimo título de “Algunas ideas
relativas á la resolucion del Consejo, disponiendo que la enseñanza que se
reciba en los Colegios y Liceos no habilita, para ganar cursos universitarios,
sinó cuando los directores sean del estado seglar”.348
347
348
El Católico, Número 23, 6 de noviembre de 1881.
Ídem.
119
Como el mismo acápite sugiere, el debate había cambiado en cuanto al
nombre pero no a los resultados que producía. Como consecuencia de la
reconsideración solicitada por el subsecretario de Instrucción Pública, Antonio
J. Castro, éste último procedió a discutir nuevamente los artículos 1° y 6° del
disputado Reglamento, y tal como se refirió anteriormente, el Consejo notificó
mediante nota de fecha 7 de octubre de 1881 el informe relativo a tal
reconsideración349.
Dicho documento procedió a comunicar que era la opinión del Consejo
que en cuanto al artículo 1°, el mismo era consecuente con el espíritu de la
libertad de enseñanza establecida en la Constitución ya que no privaba a los
clérigos del derecho de dar clases privadas, sino que únicamente anulaba el
valor de los certificados emitidos por tales cursos (impartidos por el clero) para
ser habilitados en la Universidad. Dicho de otra manera, podían dar clases pero
sus certificados no tendrían ningún valor en la Universidad. ¿Quién desearía
estudiar entonces en un Colegio o Liceo católico sabiendo de antemano que
sus estudios no serían validados para proseguir carreras profesionales en la
Universidad? Obviamente nadie estaría interesado. Lo único que cambió con
esta nueva interpretación del Consejo era la apariencia de respeto de la
libertad de enseñanza para el clero; sin embargo, no cambiaron los efectos que
producía la anterior prohibición: el clero, en la práctica, no podía impartir clases
privadas pues sus cursos no tendrían ningún valor para proseguir estudios
universitarios. ¿Para qué servía estudiar entonces la secundaria?
En cuanto al artículo 6°, sí se produjo una nueva propuesta de redacción
que como ya revisamos antes, a pesar de permitir a cualquiera la apertura de
Colegios o Liceos en su primer inciso, anulaba en la segunda parte tal amplitud
al señalar:
…pero la enseñanza que se reciba en dichos colegios y liceos no habilita para
ganar cursos universitarios sino cuando los directores sean del estado seglar.350
Es palpable la intención de freno a la curia en esta aparente reforma,
que intentando demostrar apertura por parte del Consejo Superior, ante la
solicitud del Ministro, mantenía el status quo en idénticas condiciones que la
redacción original. Sostener que ahora el clero podía dar clases y fundar
349
350
D.O. Número 244, Tomo 11, 21 de octubre de 1881.págas. 381-382
Íbid. p. 382.
120
colegios únicamente sujetos a la restricción de que los certificados de tales
cursos careciesen de valor alguno para ingresar a la Universidad era a todas
luces una burla al buen saber y entender de los afectados con la medida. Es en
este ambiente que debe revisarse el artículo de respuesta de El Católico, y que
plantea el contenido del texto del Diario de Avisos número 531 como una:
…larga série de los absurdos, vicios, nulidades é inmoralidades que se suponen
inherentes á la enseñanza de todos los clérigos; cuya série, comparada con la de los
axiomas, virtudes, excelencias y moralidad inherentes á la enseñanza de todos los
seculares, sirven de razón poderosísima para proscribir aquella, y solo dejar ésta en la
República.351
El Católico procedió una ruta distinta a la seguida en anteriores réplicas,
y cuestionó a sus agresores las razones del por qué siendo la enseñanza
religiosa tan falsa, inmoral, inútil y perjudicial, los gobiernos de las naciones
más civilizadas y progresistas como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania,
Bélgica y Austria no solo la protegen sino que la fomentan en sus colegios y
establecimientos.352 La evidente exclusión de Francia, país civilizado y
progresista que llevó la laicidad educativa a su mayor expresión, y a quien le
dedicará otros editoriales el periódico religioso, sirve para reconfirmar nuestra
creencia sobre la inspiración francesa del movimiento anticlerical educativo de
los doctores Luciano Hernández y Rafael Reyes.
De igual manera, se preguntará el semanario religioso por qué era una
constante que los pueblos de los países cultos prefieran confiar a sus hijos a
los colegios y establecimientos religiosos en lugar de las escuelas laicas. Esta
era la realidad en El Salvador, sostuvo el periódico religioso al preguntar:
¿Por qué las familias salvadoreñas (y no las fanáticas) al momento que se abren
entre nosotros aquellos establecimientos de Sacerdotes, quitan á sus niños de los
colegios laicos, y los llevan y confian á los Directores católicos?353
A continuación, el semanario católico, se refirió a los problemas de los
años 1864 y 1865354, momentos de álgida tensión entre la Iglesia y el gobierno,
351
El Católico, 6 de noviembre de 1881.
Ídem.
353
Ídem.
354
El Católico refiere que durante los años de 1864-1865, y como producto de conflictos bélicos se había
expulsado a muchos párrocos, por lo que una vez concluida la guerra, se solicitó al gobierno del
presidente Francisco Dueñas las dispensas para proceder a graduar como licenciados en filosofía
(requisito para ser ordenado sacerdote en la época) de manera acelerada a quienes aún no hubiesen
rendidos los exámenes establecidos por la Universidad. El gobierno aprobó tal petición del clero y con
352
121
para aclarar la acusación efectuada en el Diario de Avisos, referente a la
imposibilidad de enseñanza por parte del clero, que habiéndose graduado sin
examinarse durante esos años conflictivos, carecían de la competencia
universitaria para habilitar sus enseñanzas con grados universitarios. ¿Cómo
pueden enseñar quienes ni siquiera se graduaron cumpliendo los requisitos de
examen de la Universidad? Pareció que los defensores de la exclusión clerical
estaban buscando argumentos fácticos para justificar las medidas adoptadas
en el Reglamento de enseñanza privada.
Si bien era cierto, sostuvo El Católico, que unos pocos clérigos se
graduaron con dispensas de materias prescritas por el Estatuto universitario de
1864 y 1865, esto no fue producto de falta de idoneidad o incompetencia de los
sacerdotes; sino más bien, de los problemas de escasez del clero en muchas
parroquias, como consecuencia de la expulsión de casi todos los párrocos y de
la guerra que acababa de pasar. Además, las dispensas para tal proceder
fueron autorizadas por el mismo gobierno, por lo que el proceder del clero
siempre fue legal.355
A continuación El Católico se sorprendió de que la figura del sacerdote,
para el Diario de Avisos tuviera:
…tan encantado poder, que fascinará hasta la buena enseñanza dada por los
seglares, y la cambiará en mala y funesta. ¡¡Tal es el fantasma!!356
Y para concluir, los redactores católicos invitaron a reflexionar sobre la
importancia de la libertad de elección, y la privación de que estaba siendo
objeto la sociedad salvadoreña mediante la enseñanza laica, a cambio de
recibir:
…la luz y la civilización, el progreso y la ilustración que se encuentran solo
fuera del catolicismo, y en el centro del racionalismo. Así es como razonan y proceden
los que gritando LIBERTAD, oprimen á sus conciudadanos; y proclamando
TOLERANCIA, abogan por la PROSCRIPCIÓN y EXCLUSION de los demás.357
Independientemente de nuestras creencias religiosas o agnosticismo, la
exclusión del clero salvadoreño significaba una restricción en las opciones
educativas
a
disposición
de
los
padres
salvadoreños.
Tomando
en
esta medida se logró cubrir parte de las parroquias vacantes. Ver: El Católico, Número 23, 6 de
noviembre de 1881.
355
Ídem.
356
Ídem.
357
Ídem. Mayúsculas en el original.
122
consideración el problema de formación universitaria que existía en la época y
el mayor acceso del clero a estudios superiores desde mucho antes que los
seglares, no era de extrañar que esta limitación tuviese un impacto en la
calidad de la educación de asignaturas distintas a la Religión y Teología. En la
búsqueda de la completa laicidad educativa, sus promotores estaban
dispuestos a perder inclusive a muchos de los mejores educadores, bajo la
premisa de pertenecer a una Iglesia oscurantista y ultramontana.
Curiosamente, el mismo 6 de noviembre de 1881, fecha del artículo que
nos ocupa, recibió la autorización gubernamental el Colegio del Salvador,
fundado por el presbítero Adolfo Pérez Aguilar, y mejor conocido como Liceo
Salvadoreño.358
¿Cómo es posible que se fundase un colegio bajo dirección religiosa si
el Reglamento sobre enseñanza privada lo había prohibido? El supremo
gobierno intervino en favor de la libertad de enseñanza, y los artículos 1° y 6°
del Reglamento en cuestión fueron desaprobados mediante orden emitida por
el Ministerio de Instrucción Pública el 31 de octubre de 1881.359 El debate
había concluido, y el ganador había sido la Constitución de 1880, cuyo
beneficiario directo fue el clero salvadoreño.
A partir de esta fecha, y como consecuencia de los acontecimientos
favorables a la Iglesia, El Católico redujo drásticamente su tratamiento del tema
educativo, limitándolo a piezas de información muy general relativa a
fundaciones de colegios católicos y éxitos en los resultados de los exámenes
administrados por el Consejo Superior de Instrucción Pública a tales
instituciones360, noticias relevantes de la educación religiosa en el extranjero, y
problemas del Estado laico francés (el gran referente anticlerical)361. En lo
sucesivo sus páginas se verían colmadas de otros interesantes debates, como
358
El Católico, Número 33, del 15 de enero de 1882, cubre la noticia de la reapertura del Liceo del
Salvador por parte del presbítero Adolfo Pérez Aguilar.
359
La copia completa del acta de la sesión aparece en el D.O. Número 254, Tomo 11, del 2 de noviembre
de 1881, p. 421.
360
El Católico, Número 72, del 15 de octubre de 1882, cubre la noticia de la fundación del Liceo San
Juan en Chinameca; y el mismo periódico del 29 de octubre de 1882 dedica considerable espacio para
reportar el éxito obtenido por sus estudiantes en las exámenes aplicados por el Consejo Superior de
Instrucción Pública.
361
El Católico, Número 29, del 18 de diciembre de 1881.
123
el conflicto con la Masonería362, a cuyos miembros parecen responsabilizar la
Iglesia salvadoreña de todos los ataques anticlericales.
•
•
•
Concluimos así la mirada externa o pública al debate que protagonizó El
Católico en respuesta a los hechos ocurridos entre junio y noviembre de 1881,
y que se trató de un conflicto que les vio salir vencedores en contra del Consejo
Superior de Instrucción Pública. La razón fundamental de esta victoria fue la
violación constitucional de la libertad de enseñanza por parte de la Corporación
al dictar el Reglamento sobre enseñanza privada, Liceos y Colegios. El triunfo
fue primero de la Constitución política de 1880, y luego de la Iglesia católica. El
apoyo decisivo de Antonio J. Castro, subsecretario de Instrucción Pública, no
tuvo nada que ver con simpatías hacia el clero sino más bien con una plena
convicción de la importancia de proteger las libertades fundamentales que
como liberales habían consentido en la Constitución política del año anterior.
Muy a pesar de la oposición de los funcionarios anticlericales del gobierno de
Zaldívar, la libertad de enseñanza se erigió como un extraordinario ejemplo de
la supremacía constitucional y del imperio del derecho en el siglo XIX.
Pero existen otros aspectos fundamentales del debate que no formaron
parte de los editoriales de El Católico y que deben considerarse por respeto a
los protagonistas mismos del conflicto. Estos se recogen en las actas de las
sesiones del Consejo Superior de Instrucción Pública, publicados en Diario
Oficial del mismo año de 1881. Hacia este análisis de las actuaciones del
supremo gobierno tornamos nuestra atención en el último capítulo de la
presente investigación.
362
El Católico, Número 47, del 23 de abril de 1882.
124
CAPÍTULO QUINTO.
UNA MIRADA AL INTERIOR DEL CONFLICTO:
EL CONSEJO SUPERIOR DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y LA DECISIÓN DE
LA COMPLETA LAICIDAD EDUCATIVA.363
El Diario Oficial constituyó para la presente investigación una fuente
inagotable de sorpresas, pues sus páginas guardan las actas de las sesiones
del Consejo Superior de Instrucción Pública que dan sentido a la reacción de El
Católico a que nos referimos en los capítulos tercero y cuarto del presente
trabajo. No podía omitirse un análisis más detallado de tales documentos
oficiales, sobre todo si queremos mirar adentro de la Corporación y tratar de
comprender así la propuesta de reforma educativa laica. También podremos
corroborar del análisis de las actas del Consejo si El Católico exageró los
hechos acaecidos, o si bien reflejó fielmente los eventos que ocurrieron.
Seguiremos una análisis cronológico de los acontecimientos que relacionados
con el debate constan en tal publicación oficial. En este sentido, y dado que en
el capítulo segundo se abordó el régimen jurídico de la educación de la época,
nos concentraremos en aquellas piezas de información relevantes y que no
redunden en el tratamiento del tema que nos ocupa.
a) Memoria leída por el Secretario de la Universidad Central, (1- enero1881)364.-
La intención por reglamentar la enseñanza privada y la fundación de
colegios y liceos apareció manifestada por primera vez a inicios de enero de
1881, en palabras del mismo secretario de la Universidad Central, Ramón
García González, quien en la solemne apertura de clases de la Universidad, al
referirse a las actividades realizadas por el Consejo Superior de Instrucción
Pública informaba que:
Se impuso al Consejo la obligación de reglamentar la facultad para abrir
establecimientos donde se reciba la segunda enseñanza; lo mismo que fijar las reglas a
363
El presente esfuerzo de reconstrucción del conflicto por la laicidad educativa entre anticlericales y el
clero salvadoreño es posible gracias al acceso a los ejemplares del Diario Oficial, en versión digital, de
los años de 1880, 1881 y 1882 accesibles desde la Biblioteca virtual de la Biblioteca Florentino Idoate SJ,
de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. (UCA).
364
D.O. Número 4, Tomo 11, del 5 de enero de 1881. págs. 15-16.
125
que deban sujetarse los Profesores que pretendan dar cursos privados. Indiscutible y
sacrosanto principio es el principio de la libertad de enseñanza; es un axioma que las
democracias modernas acatan y defienden; más entre nosotros por algunos se ha
abusado de él, dándole á veces una aplicación torcida; y por otros se ha confundido el
derecho de propagar las doctrinas que á bien tenga, con la de hacer ganar cursos
universitarios al primero que una certificación les solicitara.365
Puede percibirse claramente que la necesidad estaba obligando al
Consejo a reglamentar los problemas normales de una nueva libertad, como la
de enseñanza, ejercida sin mayores requerimientos por parte de los
particulares. Como era de esperarse, ante un marco jurídico extremadamente
amplio, y después de 10 años de consagrada la libertad de enseñanza en la
Constitución de 1871, no era extraño que se produjesen algunos de los hechos
relatados por el secretario Ramón García González:
Aquí por algunos se han establecido colegios, como en otras partes se abren
casas de huéspedes, llevando tal vez por único fin la especulación y el negocio, y por
supuesto sin tener los elementos ni los conocimientos indispensables para tan delicado
cargo han conseguido solo lastimar á la patria en sus mas legítimas y bellas esperanzas
como es la educación e ilustración de su juventud.366
Si prestamos más atención a la expresión utilizada por el secretario
García González de que por otros se ha confundido el derecho de propagar las
doctrinas que á bien tenga, es posible imaginarse que se estaba refiriendo a las
doctrinas religiosas de la Iglesia católica. No obstante lo anterior, nos parece
que el problema sobrepasaba la simple enseñanza religiosa, aunque pudo
significar la oportunidad esperada para atacar al clero, por parte de los
anticlericales. Creo que podemos ahora ir identificando a otro personaje
fundamental de la cruzada anticlerical: el secretario de la Universidad, y
miembro del Consejo Superior de Instrucción Pública, don Ramón García
González. Como acabamos de señalar, un problema apremió a las autoridades
educativas: la proliferación indiscriminada de centros educativos; y esto no era
un problema exclusivo de fines del siglo XIX, sino que encaja a la perfección
con lo que ocurriría más de un siglo después en el mismo país, cuando la Ley
de Educación Superior permitía abrir instituciones de educación superior con
365
Ídem. Las cursivas son mías.
Ídem. Héctor Lindo-Fuentes establece que para 1850 el número de escuelas era de 201 y el número
de estudiantes de 6,696. Para el año de 1888 el número de establecimientos educativos había ascendido a
375, con una población de alumnos de 21,200. En cuanto a la educación secundaria, para 1872 habían
solo 3 colegios oficiales, pero para 1893 ya había diez colegios privados, el mayor de ellos con 125
alumnos. Ver: Héctor Lindo-Fuentes, Op. Cit. pp. 120-122.
366
126
requisitos tan mínimos, que dio lugar al surgimiento de más de 40
universidades.
En este sentido, las preocupaciones del Consejo Superior eran
perfectamente válidas y legítimas, por lo que la eventual reglamentación de la
enseñanza privada y la fundación de colegios y liceos era una imperiosa
necesidad si se deseaba evitar que:
…semejantes abusos tal vez no vuelvan a cometerse, porque pronto el Consejo
se ocupará de esos nuevos trabajos, teniendo presente el hermoso principio
constitucional que dejo citado [libertad de enseñanza].367
Esto significa que el Reglamento sobre enseñanza privada, Liceos y
Colegios, no tuvo necesariamente un germen anticlerical. Nació precisamente
para atacar un problema real: la proliferación de establecimientos educativos
de enseñanza secundaria y superior sin mayores controles de calidad
académica de los cursos que se impartían y de los profesores a cargo.
Obviamente como hemos analizado en la presente investigación, esta
necesidad fue convertida por algunos en una cruzada para excluir totalmente al
clero salvadoreño de la enseñanza secundaria y superior (exceptuada la
Teología). Pero esto me parece que fue más un producto de la oportunidad que
se les presentó a ciertos miembros del Consejo Superior de Instrucción
Pública, que vieron ante sí la ocasión perfecta para dictar la prohibición de
enseñanza al clero como una consecuencia de su competencia para
reglamentar la enseñanza secundaria y superior. Otra razón que sustenta mi
posición son las opiniones disidentes de otros miembros del Consejo sobre la
exclusión del clero, pero no sobre la reglamentación misma, y que como ya
revisamos, implicaron una división en el seno mismo de tal entidad. Ante esta
disparidad de opiniones sería muy aventurado sostener que existió una
conspiración en contra de la Iglesia desde principios de enero de 1881; lo que
sí es posible es considerar que desde entonces algunos elementos del Consejo
visualizaron una oportunidad sin precedentes para cumplir su agenda
anticlerical. Por el mismo desenlace que tuvo el conflicto, es probable que la
aplicación de medidas tan radicales en contra del clero salvadoreño, tampoco
formara parte de la agenda del presidente Rafael Zaldívar.
367
Ídem.
127
b) Acta de la sesión del 4 de junio de 1881.368
Este es el documento central de la disputa entre el clero salvadoreño y los
funcionarios anticlericales del gobierno del presidente Zaldívar, pues contiene
el Reglamento sobre enseñanza privada (superior y secundaria), colegios y
liceos, que en sus artículos 1° y 6° excluye al clero salvadoreño de su derecho
a impartir clases privadas (artículo 1°) y de la fundación de establecimientos
educativos (artículo 6°). Habiendo discutido el texto y tenor de las disposiciones
controvertidas de dicho Reglamento en el capítulo segundo del presente
trabajo, procederemos a evaluar otros aspectos relevantes.
Es de hacer notar, que si bien los atrasos en la publicaciones del Diario
Oficial son variables entre el momento en que ocurren los hechos (Memoria
discurso de apertura de clases del 1° de enero de 1881) y la publicación en el
periódico oficial (5 de enero de 1881), esta Acta de la sesión celebrada el 4 de
junio de 1881 tuvo que esperar hasta el 3 de septiembre del mismo año para
ver la luz en el Diario Oficial. No consideramos que tal retraso fuera accidental,
o que se haya debido a un exceso de otras publicaciones cuya relevancia
superaba el del tema que nos ocupa, sobre todo cuando en El Católico muchas
de sus fuerzas editoriales estaban puestas en defender la enseñanza religiosa
y atacar la enseñanza laica. Como ya lo mencionamos con anterioridad, la
Iglesia salvadoreña estuvo al tanto de la violación a la libertad de enseñanza a
que habían sido objeto desde el mismo día o en los inmediatos siguientes,
pues existe una coincidencia de fechas entre el inicio de los editoriales
católicos que abordan el tema y la sesión en que se dictó el Reglamento.
Si aceptamos la hipótesis de que la Iglesia estuvo al tanto desde los
primeros días de junio, es consecuente pensar que de la manera más expedita
procedió a notificar al Ministro de Instrucción Pública, Domingo López, de tal
violación de la Constitución, y que miembros del clero, quienes además de
sacerdotes eran abogados, como el presbítero Adolfo Pérez Aguilar,
procedieron a plantear las quejas correspondientes ante el Supremo Gobierno
del presidente Zaldívar. Nuestra hipótesis cobra mayor sentido cuando se sigue
el curso de la reconsideración que debió efectuar el Consejo Superior en su
368
D.O. Número 203, Tomo 11, del 3 de setiembre de 1881.
128
sesión del 13 de julio del mismo año, ante la solicitud del sub secretario de
Instrucción Pública, Antonio J. Castro, de fecha 23 de junio de 1881.369
Es interesante recordar que los editoriales más combativos de El Católico
aparecieron a comienzos del mes de agosto, por lo que es plausible pensar
que la Iglesia salvadoreña dio un compás de espera para que el tema se
resolviese entre el Ministro de Instrucción Pública y el Consejo producto de la
obediencia jerárquica existente entre tales instancias.
Pero la Iglesia no se quedaría únicamente esperando, y como ya
conocemos encargaron al presbítero Pérez Aguilar la defensa de sus derechos
constitucionales.
c) Acta de la sesión del 18 de junio de 1881.370
En la sesión del 18 de junio de 1881, el Consejo Superior conoció de la
queja formal interpuesta por el clero salvadoreño, a través de Adolfo Antonio
Pérez Aguilar, quien se sintió afectado por el Reglamento371. Y así aborda el
tema el Consejo:
Se dio lectura:…2°. A un escrito presentado al Supremo Gobierno por el señor
Presbítero Doctor don Adolfo Antonio Pérez, quejándose de un reglamento emitido por
el Consejo sobre enseñanza laica y en el cual al mismo tiempo se pide por el Ministerio
de Instrucción Pública á este Honorable Cuerpo el informe correspondiente para
resolver la solicitud referida…372
Era claro que la Iglesia católica salvadoreña estaba solicitando la
intervención del Ministro de Instrucción Pública, con la plena convicción de que
en el seno del Consejo se encontraban algunos de sus más fuertes opositores,
por lo que sabía de antemano que si hubiera dependido de esta Corporación la
resolución de su recurso, el desenlace hubiera sido lamentable para el clero.
Puede leerse en la manera como recibe el Consejo tal queja, un
mensaje de los vientos en contra que enfrentarían las autoridades
eclesiásticas:
369
D.O., Número 234, Tomo 11, del 9 de octubre de 1881. P. 335
D.O. Número 204, Tomo 11, del 4 de setiembre de 1881. p. 213
371
El Católico, Número 47, 15 de enero de 1882. No debe olvidarse que el mismo presbítero se
encontraba solicitando la autorización para la fundación del colegio Liceo del Salvador, mejor conocido
como Liceo Salvadoreño, y que bajo la dirección de la congregación religiosa de los Hermanos Maristas
se convertiría desde su fundación el 6 de noviembre de ese año, en un referente de excelencia educativa
religiosa que El Católico pondrá de ejemplo a sus detractores.
372
D.O. Número 204, Tomo 11, del 4 de setiembre de 1881. p. 213
370
129
…y esta Corporación dispuso informar al Poder Ejecutivo: que aunque la queja
del Doctor Perez, es, á juicio del Consejo, estemporánea y éste cree haber obrado
dentro de la órbita de sus atribuciones, de entero acuerdo con la Constitución de la
República, juzga que el mejor informe que puede dar al Supremo Poder Ejecutivo es
acompañarle copia certificada del acta celebrada por esta Corporación el día 4 de los
corrientes.373
La decisión de la curia salvadoreña de elevar la queja al Ministerio de
Instrucción Pública rendiría los dividendos deseados, si bien no en el corto
plazo. Debemos advertir que los redactores de El Católico mantuvieron en el
anonimato buena parte de los protagonistas de estos hechos, como es el caso
del presbítero Adolfo Pérez Aguilar, cuyo nombre no se menciona en ninguno
de los editoriales estudiados. Las razones de esta actitud podrían haber sido
una extrema prudencia en revelar los defensores de su causa, para evitar
represalias que, en un pasado no tan lejano, habían costado la expulsión de
varios miembros del clero, acusado de subvertir el orden público.374 No puede
subestimarse el hecho de que el Consejo, a pesar de tener miembros que
expresaron su oposición a los artículos 1° y 6° del Reglamento, como se
planteó en el capítulo cuarto de la presente investigación, había conseguido
aprobar el tratamiento que se le daría al recurso de queja. Dicho de otra
manera, la composición del Consejo Superior de Instrucción Pública permitía a
los anticlericales estar seguros, como veremos más adelante, que la exclusión
del clero se mantendría al menos por un tiempo.
Procedamos ahora a evaluar los efectos que el recurso de queja produjo en
el supremo Gobierno, a nivel del Ministerio de Instrucción Pública.
d) Acta de la sesión del 13 de julio de 1881.375.El Gobierno le otorgó la razón al presbítero Adolfo Antonio Pérez Aguilar, y
como consta en esta acta el Ministerio de Instrucción Pública invita a rectificar a
la Corporación en el siguiente sentido:
“El Ejecutivo cree que los artículos 1° y 6° del reglamento emitido por ese Consejo
en su sesión del 4 del corriente, no estan muy conformes con el espíritu de la letra de
nuestra Constitución y la ley universitaria vigente, en la parte en que se niega á los
clérigos el derecho de enseñar; me permito invitar á tan ilustre corporación, para que
meditando y discutiendo detenidamente, se sirva consignar los artículos citados sin la
373
Ídem. Las cursivas son mías.
Como ocurrió durante el año de 1875 bajo el régimen de Santiago González. Ver el capítulo primero
de la presente investigación.
375
D.O. Número 234, Tomo 11, del 9 de octubre de 1881. p.335.
374
130
restricción á que dejo hecha referencia.|| Soy de U. atento servidor|| Antonio. J.
Castro.376
Más allá de la invitación a rectificar expresada por el subsecretario de
Instrucción Pública, se encuentra consignada la prescripción de una autoridad
superior para que el Consejo como inferior jerárquico, habiéndolo discutido y
reconsiderado, proceda a retirar la exclusión del clero sobre las bases de
inconstitucionalidad plenamente discutidas en el Capítulo anterior. Esta es la
voluntad expresa del supremo gobierno de Zaldívar a la que se refirió
constantemente en sus editoriales y artículos varios El Católico. Si la invitación
a rectificar ocurre el 23 de junio de 1881, y el Consejo lo aborda en la sesión
del 13 de julio del mismo año, era de esperarse que la respuesta de la
corporación se diera como producto de una reconsideración en el seno del
mismo. Sin embargo, este no fue el caso y el Consejo decidió nombrar una
comisión para que estudiase la inconstitucionalidad de los referidos artículos
del Reglamento en los siguientes términos:
…y el Consejo en atención á que es de suma trascendencia para la República el
punto en cuestión, acordó: nombrar en comisión a los señores consejeros Delgado
Moreira y Vaquero para que, estudiando detenidamente la cuestión referida, se sirvan
informar á esta corporación sobre si los artículos 1° y 6° del reglamento mencionado
afectan de alguna manera al artículo 38 de la Constitución patria.377
No consta en el acta ningún plazo exigido a tal comisión para presentar
su informe, por lo que no deja de levantar sospechas el que constituyera una
maniobra para ganar tiempo y dilatar la rectificación demandada por el
Ministerio de Instrucción Pública. Es durante este período de estudio de la
comisión designada que Rafael Reyes se dio a la tarea de publicar sus
artículos a favor de la enseñanza laica, y de atacar la enseñanza religiosa; a lo
que el semanario religioso terminó contestando como ya hemos considerado
en los capítulos tercero y cuarto. Corrobora nuestra apreciación el hecho de
que el Informe final que se enviase al Ministro de Instrucción Pública, licenciado
Domingo López, estaba fechado el 7 de octubre de 1881.378 Transcurrieron casi
tres meses desde el nombramiento de la comisión de estudio de la
constitucionalidad (13 de julio de 1881) de las disposiciones del Reglamento y
376
Ídem. Las cursivas son mías.
Ídem.
378
D.O. Número 244, Tomo 11, del 21 de octubre de 1881. pp.381-382.
377
131
la comunicación oficial que el presidente del Consejo, Luciano Hernández, le
dirige al Ministro (7 de octubre de 1881). Mientras tanto, las publicaciones
periódicas eran el campo de batalla entre el clero salvadoreño y los
anticlericales que promovieron esta reforma. Es precisamente esta actitud de
aparente obediencia, pero que en el fondo oculta las intenciones anticlericales
lo que producirá los más fuertes contraataques de parte de los redactores de El
Católico, al constatar que miembros del mismo Consejo se esmeran en no
obedecer las instrucciones giradas por su superior, el Ministro de Instrucción
Pública.
Pero aún queda mucho que analizar del proceder del Consejo en cuanto
al tratamiento que dio a los tres dictámenes u opiniones de los consejeros a
quienes encargó el estudio de constitucionalidad referido. Habiendo sido
comisionados para tal misión los señores licenciados Manuel Delgado,
Francisco Vaquero y Ricardo Moreira, cada uno de ellos presentó opiniones
separadas a las que el Consejo otorgó un peso diferente que no dejó de
levantar suspicacias por parte del clero salvadoreño, y que constan en otras
actas que a continuación procederemos a considerar.
e) Acta de la sesión del 20 de setiembre de 1881379.El 20 de septiembre de 1881, el Consejo consideró como punto 4° de su
agenda los tres informes relativos a la constitucionalidad de los artículos 1° y 6°
del Reglamento de enseñanza privada, que fueron preparados por los señores
consejeros Moreira, Vaquero y Delgado. Destacó el acta de tal sesión que las
opiniones separadas obedecieron a la imposibilidad para ponerse de acuerdo,
por lo que el Consejo decidió, postergando nuevamente una decisión definitiva,
que:
…no habiendo verdadero dictámen se nombrase una nueva comisión para que
perentoriamente se adhiriese á uno de los votos presentados como dictamen;
procediéndose á la votación por cuatro veces consecutivas y no habiéndose conseguido
que alguno de los consejeros obtuviera la mayoría absoluta de votos, se aplazó el punto
para la próxima sesión.380
Era evidente que no había unanimidad en el interior del Consejo para
adoptar uno de los dictámenes como el de consenso, por lo que la Corporación
379
380
D.O. Número 241, Tomo 11, del 18 de octubre de 1881. p.369.
Ídem.
132
decidió darle larga nuevamente y diferir la decisión para la siguiente sesión de
tal entidad. ¿Qué puede entenderse de estas pausas en el proceso decisorio?
Desde mi perspectiva estos recesos significaban la oportunidad de los
anticlericales para tratar de persuadir a un suficiente número de consejeros de
la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas del Reglamento. La
Iglesia católica tenía claro el apoyo que el Gobierno le expresó desde la
comunicación del 23 de junio de ese año, y lo único que hacía falta era que el
Consejo decidiese dejar de darle vueltas al tema y acatase la decisión del
Ministro de Instrucción Pública. Pasemos a evaluar la decisión adoptada por la
Corporación en la siguiente sesión celebrada el 5 de octubre de 1881.
f) Acta de la sesión del 5 de octubre de 1881381.En la siguiente sesión del Consejo, el acta recoge el aparente acuerdo
consistente en:
…aprobar la opinión del Consejero señor [Manuel] Delgado y transcribirla al Supremo
Gobierno.382
No encontramos razones ni motivos por la que el Consejo adoptó este
dictamen y no el de los Consejeros Moreira y Vaquero, pero como se
desprende del tenor literal de tal informe, se mantuvieron las restricciones en lo
sustantivo, habiéndose variado sutilmente la redacción del Artículo 6°, sin que
eso alterase sus efectos jurídicos. En pocas palabras, el Consejo Superior
había cumplido una vez más su misión de mantener fuera de la enseñanza
privada (secundaria y superior) al clero salvadoreño. Vale la pena recordar
puntualmente el argumento central para fundamentar tal postura:
El artículo 38 de nuestra Constitucion, al establecer la libertad de enseñanza, no
consigna un principio absoluto: la misma disposición que declara libre la enseñanza da al
Ejecutivo la dirección de la que se costea por el Estado, y le concede la facultad de dictar al
efecto los Estatutos y demás leyes reglamentarias.383
No serían sorpresivas las conclusiones del consejero Delgado sobre que el
artículo 1° del Reglamento:
…no se opone en manera alguna á la letra ni al espíritu de nuestra Constitución. Ese
artículo, en efecto, no priva a los clérigos del derecho de dar clases privadas: ellos pueden
381
D.O. Número 249, Tomo 11, del 27 de octubre de 1881. p. 401.
Ídem.
383
Ídem.
382
133
enseñar todo lo que saben o creen saber; pero los certificados que den a sus discípulos no
habilitan á éstos para ganar cursos universitarios.384
Ya discutimos en el capítulo anterior tal interpretación, por lo que no
redundaremos en su tratamiento, sino que enfatizaremos que de aplicar tal
criterio hermenéutico, estaríamos en presencia de libertades que pueden ser
restringidas por las autoridades a cargo de su más detallada regulación. Y
estas restricciones incluirían la prohibición o exclusión del goce de las mismas
para determinadas clases o grupos de personas a criterio de la misma
autoridad. ¿No implica esto discriminación en razón del estado civil? ¿No viola
el principio de igualdad que apareció ya consignado en el Artículo 15 de la
Constitución de 1880?
Sobre el artículo 6°, el Consejero Delgado admite que en su original
redacción sí se opone a la Constitución pues:
…de su tenor literal se desprende que á los clérigos les está prohibida en absoluto la
fundación de colegios y liceos.385
Por lo que debía cambiarse su redacción por una nueva que eliminase tal
restricción, pero que como ya conocemos, tal medida no hizo más que ratificar
la exclusión, bajo una nueva forma: los certificados que se otorguen en tales
instituciones no habilitan para cursos universitarios.386 Es comprensible ahora
porque se prefirió el dictamen del Consejero Manuel Delgado: representaba los
intereses del club anticlerical en el seno del Consejo. Lo importante de esta
victoria para Luciano Hernández, presidente de la Corporación, era que ya no
podría acusársele de ser el principal promotor de la reforma, pues ahora
contaba con un dictamen independiente de otro consejero, y aprobado por
mayoría, en el que muy probablemente había influido.
Pero las muestras de discordia en la Corporación continuaron, como
puede evidenciarse de la razón que se asienta casi al final del acta y que se lee
íntegramente:
384
Ídem.
Ídem.
386
La redacción propuesta por el consejero Delgado era la siguiente: “Artículo 6°.-Cualquiera persona
puede abrir colegios y liceos para la enseñanza secundaria y superior, con tal que reuna las condiciones de
moralidad é instrucción especial para la dirección del establecimiento; pero la enseñanza que se reciba en
dichos colegios y liceos no habilita para ganar curso universitarios sino cuando los directores sean del
estado seglar.” Ver: D.O. Número 249, Tomo 11, del 27 de octubre de 1881. p. 401. Las cursivas son
nuestras.
385
134
Los señores Bonilla, Bértis y Liévano pidieron que se consignara su voto negativo
en la presente acta, por haber opinado por el dictamen del señor Moreira, el cual, como
queda expresado, fue desechado por la mayoría del Consejo.387
Es precisamente a esta disidencia que se refirió El Católico en su
editorial del 16 de octubre de 1881, y que ya hemos analizado en el capítulo
anterior, y que hacía evidente y pública una discusión que tenía como intención
fundamental excluir al clero de la enseñanza. Poco importaron los votos de la
minoría de la Corporación, pues su presidente, Luciano Hernández, ya había
obtenido el dictamen que deseaba de otro de los consejeros a quien se le
comisionó para emitir el informe.
Lamentablemente no encontramos constancia del informe del Fiscal Moreira
para contrastar sus conclusiones, pero estamos seguros que su opinión apuntó
a la inconstitucionalidad de ambas disposiciones por lo que debió haber
recomendado la supresión de las mismas. Esto explica las razones de su
rechazo por mayoría en el seno del Consejo. Para concluir esta sesión (5 de
octubre de 1881), el Consejo le dio solución a un problema que había quedado
latente desde el mismo momento en que dictó el controvertido Reglamento, y
que consistía en la situación jurídica de aquellos colegios y liceos fundados y
dirigidos por clérigos o religiosos y que estaban en funcionamiento. ¿Debían
ser clausurados por el Consejo? En este punto el Consejo actuó de la mejor
manera, jurídica y prácticamente, al adicionar al Reglamento de enseñanza
privada, colegios y liceos el artículo final que decía:
Siendo de estricta justicia respetar los derechos adquiridos, el presente reglamento no
comprenderá los colegios que en la actualidad dirigen algunos clérigos en su carácter de
empresarios.388
Viene a cuenta referir que el 14 de octubre de 1881, el Supremo Gobierno
por intermedio del subsecretario de Instrucción Pública, Antonio J. Castro,
honraba tal compromiso de respeto a los derechos adquiridos decidiendo
subvencionar con 100 pesos mensuales el “Colegio Guadalupe” que era
dirigido por Fray José Patricio Ruiz.389
Afortunadamente para nuestra investigación, y unos días antes del
pronunciamiento del Consejo, ya había emitido públicamente su opinión
387
D.O. Número 249, Tomo 11, del 27 de octubre de 1881. p. 402.
Ídem.
389
D.O. Número 240, Tomo 11, del 16 de octubre de 1881. p. 365.
388
135
separada el consejero Vaquero, misma que analizamos en el siguiente
apartado.
g) Opinión separada del consejero Francisco Vaquero.390
Es pertinente preguntarnos ¿Por qué aparece publicada esta opinión antes
de la sesión del Consejo donde debía seguirse discutiendo el tema? Si
revisamos
las
conclusiones
a
las
que
llegó
el
consejero
Vaquero
constataremos que a pesar de que su parecer producía los mismos efectos que
los del comisionado Delgado, en relación con el artículo 6° del Reglamento
abría una interesante línea interpretativa.
Dado que los dictámenes de los tres consejeros habían sido discutidos con
anterioridad, Francisco Vaquero conoció las opiniones de sus compañeros y
además las inclinaciones de algunos miembros de la Corporación, Luciano
Hernández en particular, por lo que la publicación separada de su opinión con
antelación nos indica la necesidad de dejar constancia de su disenso, frente a
un Consejo que favorecería el más anticlerical de los dictámenes.
Dirigiéndose al Honorable Consejo Superior de Instrucción Pública, así
introduce el comisionado Vaquero su informe:
Asociado á mis honorables colegas los señores Delgado y Moreira, para emitir
nuestra opinión sobre la inconstitucionalidad que al parecer del Gobierno Ejecutivo
entrañan los artículos 1° y 6° del reglamento de colegios y liceos que ha sido ya
probado por Vos, he tenido el sentimiento, después de estudiar detenidamente los
referidos artículos, de no estar enteramente de acuerdo con los ya mencionados
miembros de la comisión; y es por esto que vengo separadamente á emitir mi
insignificante parecer.391
No hay nada de insignificante en su parecer, pues nos permite acceder a
las disidencias sobre las que el Consejo, como analizamos en el apartado
anterior, guardó silencio total y nada consignó al acordar la adopción del
informen del comisionado Delgado. En cuanto al artículo 1°, el comisionado
Vaquero fue de la misma opinión que Delgado en cuanto a que:
No abrigo duda alguna de que el artículo 1° es conforme al 38 de la
Constitución, porque si bien en éste se declara la libertad de enseñanza en la República,
en cuanto á la costeada por la Nación la sujeta a los estatutos y demas leyes que la
reglamenten, y el Poder Ejecutivo á quien compete esa facultad, y la obligación de velar
por los intereses sociales entre los que se comprenden los medios que deben llenarse
390
391
D.O. Número 246, Tomo 11, del 23 de octubre de 1881. p. 390.
Ídem.
136
para las profesiones, es el que puede determinar las condiciones que deban tener los
profesores del alumno que pretenda hacer valer sus estudios en la Universidad. 392
Existe entre los consejeros Delgado y Vaquero una fuerte coincidencia
en cuanto a la constitucionalidad del artículo 1° del Reglamento, bajo el
argumento de que la facultad de reglamentar que le compete al Ejecutivo
incluye el poder establecer las condiciones de los profesores sin importar que
tal enseñanza sea costeada o no por el Estado. Esto en principio es así,
siempre que tales condiciones no impliquen discriminaciones que anulen el
principio mismo de la libertad de enseñanza, tal y como lo hacía el artículo 1° al
excluir al clero salvadoreño. Es curioso que la interpretación sea coincidente
en esta disposición reglamentaria pero cambie radicalmente en cuanto al
artículo 6°, sobre la que el consejero Vaquero sostuvo la inconstitucionalidad
pero por razones muy distintas a las de su colega Delgado:
Sobre el artículo 6° del mismo reglamento que establece, que solo las personas
del estado seglar pueden abrir colegios y liceos para la enseñanza secundaria y superior,
no vacilo en afirmar que si lo encuentro contrario al artículo 39 de la Constitución, que
declara libre toda industria, porque tal es para mí la fundación de colegios y liceos, y no
veo inconveniente en que un clérigo pudiera ejercer valiéndose para la enseñanza de
profesores legos, como se exige por los demás artículos del reglamento, toda vez que
ese empresario deséara que valieran en la Universidad los estudios hechos en su
establecimiento.393
La inconstitucionalidad no ocurre por violación al principio de libertad de
enseñanza (artículo 38), sino por violación a la libertad de industria. ¿Qué
diferencia existe entre ambas libertades constitucionales para justificar tal
opinión? A nuestro parecer, y como ya lo hemos mencionado anteriormente, la
interpretación del consejero Vaquero representaba la opinión de muchos
liberales de considerar la instrucción en ciencias y artes útiles una industria
para el desarrollo de los países. Me parece además, que existió en el
comisionado Vaquero la impresión de que una restricción a la libertad de
industria legitimaría en el futuro restricciones que podrían afectar intereses
económicos ya existentes, por lo que el precedente sería muy peligroso. Sus
razones para justificar esta línea de pensamiento podrían aclararnos su
parecer:
392
393
Ídem.
Ídem. Las cursivas son mías.
137
Ahora, que es una industria fundar colegios y liceos, lo enseña la Economía
Política y la práctica de Bélgica y los Estados Unidos, esos dos países tan libres y
adelantados, en donde se ven muchos planteles de enseñanza creados y sostenidos por
comerciantes ú otros capitalistas ajenos enteramente al profesorado; pero celosos por su
propio interés, de que adquieran el mayor crédito para obtener mayores ganancias, como
lo hace todo industrial, laborioso e inteligente.394
Por
razones
distintas,
otro
miembro
del
Consejo
sostenía
la
constitucionalidad del artículo 1° y la inconstitucionalidad del 6° por lo que este
último debía suprimirse. Lo anterior confirmaba que como producto del
procedimiento administrativo adoptado por el Consejo, la situación del clero
salvadoreño continuaba jurídicamente afectada: seguían sin poder impartir
clases privadas ni fundar establecimientos educativos a pesar del apoyo del
Supremo Gobierno manifestado por el Ministerio de Instrucción Pública.
h) Remisión del Informe al Ministro de Instrucción Pública395.Con fecha 7 de octubre de 1881, el Consejo Superior remitió el informe en
el que hacía constar la opinión de la Corporación ante la solicitud de
reconsideración demandada por el Ministerio del Ramo. Dicho informe no hace
otra cosa que hacer suyo el dictamen del comisionado Delgado, antes
abordado, por lo que ratifican su opinión acerca de la constitucionalidad del
artículo 1°, y proponen una nueva redacción para el artículo 6° del Reglamento.
Nos sigue causando sorpresa el proceder del Consejo sobre todo
cuando conocemos ya, por los artículos de El Católico, del nivel de controversia
y debate que suscitaron sus acciones y la negativa a rectificar bajo pretexto de
una reconsideración que había consumido casi 3 meses. Sin embargo, la
Corporación mantuvo su posición y desobedeció al Supremo Gobierno. ¿Cómo
era posible tal desacato a la autoridad superior por parte del Consejo?
Podemos especular al respecto, pero los hechos nos demostrarán que todo
tiene un límite, inclusive la paciencia del gobierno del presidente Rafael
Zaldívar.
394
395
Ídem.
D.O. Número 244, Tomo 11, del 21 de octubre de 1881.
138
i) Comunicación del Ministerio de Instrucción Pública396.Finalmente, y después de casi 5 meses, apareció publicada en el Diario
Oficial la nota por la que el Ministerio de Instrucción Pública decidió zanjar por
completo la disputa entre el clero y el Consejo. Mediante una comunicación
oficial, de fecha 31 de octubre de 1881, acordó:
Desapruébanse los artículos 1° y 6° del Reglamento sobre enseñanza privada, liceos
y colegios, emitido el 4 de Junio próximo pasado por el Consejo Superior de Instrucción
Pública.-Comuníquese. Rubricado por el señor Presidente-El Sub-Secretario de
Instrucción Pública; Castro.397
Lo que debió haber ocurrido meses antes, para la Iglesia católica
salvadoreña, finalmente aconteció. Sin mayores consultas ni invitaciones a
reconsiderar, el Ministerio de Instrucción Pública confirmó la decisión
presidencial manifestada desde el 23 de junio del mismo año y suprimió las dos
disposiciones anticlericales.
Analicemos los considerandos expuestos por tal orden ministerial, pues
ilustran en buena medida el difícil ejercicio de equilibrio que intentaba mantener
el gobierno del presidente Rafael Zaldívar: impulsar las reformas económicas
liberales más importantes en la historia de El Salvador y mantener la mejor
relación posible con el clero salvadoreño.
En primer lugar, el Ministerio de Instrucción estableció que el principio de
libertad de enseñanza del artículo 38 de la Constitución de 1880 tenía carácter
absoluto y no restringido como sostuvo el Consejo en repetidas ocasiones, y en
este sentido señaló:
Que ese artículo [38] está consignado en el capítulo de garantías reconocidas á
todos los salvadoreños, sin excepción alguna, garantías inviolables por su naturaleza
misma y según expresa prescripción de nuestras leyes.398
Luego, y sobre la facultad de reglamentación del Ejecutivo a la libertad
de enseñanza, aclaró:
Que si bien se concede al Ejecutivo el derecho de reglamentar esa enseñanza,
éste no se extiende ni debe extenderse hasta contrariar ó anular el principio consignado,
porque la interpretación contraria, sentando un precedente peligroso, nos conduciría al
funesto consiguiente de hacer ilusorias las garantías constitucionales, subordinándolas al
capricho de la autoridad que reglamente.399
396
D.O. Número 254, Tomo 11, del 2 de noviembre de 1881. p. 421.
Ídem. Cursivas en el original.
398
Ídem.
399
Ídem.
397
139
Más aún, al referirse a la relación normativa existente entre los Estatutos
Universitarios que concedía al Consejo el derecho para emitir el Reglamento
controvertido, señalaba que no podía olvidarse que:
…el derecho a emitir el Reglamento a que se ha hecho referencia, están
vaciados en el molde del principio constitucional de libertad de enseñanza, y por tanto
no podrían sin inconsecuencia conferir á corporación alguna la facultad de contrariarlos
falseando el principio que ellos desarrollan.400
Este era el pronunciamiento más fuerte y directo hacia el Consejo,
aclarándole que ninguna autoridad puede contrariar tal principio (libertad de
enseñanza) ni mucho menos falsearlo. Obviamente puede leerse esté último
párrafo como una reprimenda directa por el equívoco proceder de la
Corporación so pretexto de proteger la libertad de enseñanza. Queda claro con
esta decisión del Gobierno, que no se aceptarían disidencias en cuanto a la
interpretación arbitraria de la libertad de enseñanza, sin importar la
competencia de quienes estuviesen en el cargo.
Y por si quedase alguna duda respecto al contenido de las libertades
establecidas en la Constitución, sentenció categóricamente el Ministerio de
Instrucción Pública:
Que la verdadera libertad estriba en el cumplimiento estricto de la ley y jamás
en la violación ó adulteración de ella.401
Los considerandos expuestos por el Ministerio de Instrucción Pública en
esta comunicación recogen las concepciones modernas de los derechos y
garantías fundamentales, justamente de la manera como se esperaría se
postulase en un gobierno que se repute de liberal, y por esto mismo causa aún
mayor sorpresa la actitud mantenida por el Consejo, la que sólo puede
entenderse dentro de un proyecto que buscaba minar el poder de la Iglesia
sobre la enseñanza.
Como era de esperarse, esta posición mantenida por el Consejo
Superior de Instrucción Pública debe haber producido costos políticos serios
para funcionarios dentro del Gobierno, y el primero de ellos en sufrirlos fue el
presidente de la misma Corporación, el doctor Luciano Hernández, que
terminaría renunciando por motivos especiales en el mismo mes de noviembre
400
401
Ídem. Las cursivas son mías.
Ídem.
140
de 1881.402 No olvidemos que El Católico había invitado a reflexionar su
postura al Rector de la Universidad Central, por intermedio de un antiguo amigo
y capellán de la Universidad el
23 de octubre de 1881.403 Lo anterior no
significó que Luciano Hernández dejase sus funciones en la Corporación, pues
siguió fungiendo como miembro consejero de la misma, inmediatamente
después de su renuncia como presidente.
El conflicto concluyó, y no podemos dejar de imaginarnos una Iglesia
salvadoreña triunfante congratulándose por una victoria frente a los
anticlericales comandados por Luciano Hernández y Rafael Reyes, y a su lado
otros cuya identidad no hemos sido capaces de corroborar totalmente, por lo
que sería inapropiado calificarles sin mayores elementos históricos al
respecto.404
j) Memoria leída por el secretario de la Universidad Nacional (1°enero-1882)405.Antes de concluir el presente capítulo volveré al mismo documento con
el que comenzamos este análisis del Diario Oficial, pero un año más tarde, a la
Memoria del Secretario de la Universidad Nacional, Doctor don Ramón García
González, del 1° de enero de 1882, donde aparece recogido el debate objeto
de la presente tesis, y que nos recordará que aún a pesar de haber perdido,
todavía quedaban funcionarios anticlericales que seguían lamentando el triunfo
de la Constitución y de la libertad de enseñanza.
No hay mejor manera de concluir este capítulo que haciendo un
recuento oficial de cómo se desarrolló y concluyó el conflicto entre el clero y
algunos miembros del Consejo Superior de Instrucción Pública. Por lo anterior,
transcribimos en su totalidad el apartado que dedicase en su Memoria el Doctor
don Ramón García González:
Por las fracciones 9 y 10 del artículo 20 de la ley universitaria el Consejo estaba
en el imperioso deber de expedir cuanto ántes el Reglamento que debiera fijar las reglas
402
D.O. Número 5, Tomo 12, del 6 de enero de 1882. p. 17
Ver en El Católico, 23 de octubre de 1881, la Carta Abierta al Señor General Dr. Don Luciano
Hernández por el presbítero José Ignacio Aguilar de fecha 21 de octubre de 1881.
404
Otras investigaciones podrán traernos a la luz a más responsables de la cruzada anticlerical de fines del
siglo XIX. Roberto Valdés, profesor e investigador en la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas, y a quien mucho debe este trabajo, aportará mucho desde su perspectiva del factor masónico en
estos eventos.
405
D.O. Número 5, Tomo 12, del 6 de enero de 1882.
403
141
tanto para poder dar clases privadas por profesores titulados cuyos cursos sean válidos
en esta universidad, como para poder abrir Colegios y Liceos donde se reciba la
segunda enseñanza. En sesión del 4 de Junio anterior, después de dilatadas discusiones,
formó y publicó el Reglamento que creyó conveniente; mas desgraciadamente los
artículos 1° y 6° que establecían algunas condiciones restrictivas, produjeron una
verdadera novedad en cierto círculo social, novedad que dio por resultado una
verdadera lucha en el Consejo y una discusión dilatada y tirante por la prensa. Se
quería establecer por los artículos citados la enseñanza laica en el Estado laico, y que el
clero se concretase en sus establecimientos á enseñar únicamente los ramos que abraza
la Facultad de Teología; pero una parte del clero, por vía de queja, ocurrió al Supremo
Poder Ejecutivo alegando razones á propósito contra lo dispuesto por el Consejo, y en
comunicación de 23 del mismo mes el señor Ministro del Ramo invitó á la Corporación
para que, con el detenimiento y estudio necesario, reconsiderara las disposiciones que
prohibían al Clero el derecho de enseñar. El Consejo acató con gusto la cortés invitación
del Gobierno, y tratando de nuevo la cuestión con el detenimiento debido, y oyendo en
diversas sesiones la voz autorizada de sus ilustrados miembros, acordo: sostener
siempre que los artículos en cuestión estaban en todo conformes con el espíritu de la
Carta fundamental. No obstante, el Gobierno, de acuerdo con la opinión de los que
creían que las bases de aquel Reglamento afectaban la Constitución, por acuerdo de
fecha 31 de Octubre próximo pasado, tuvo a bien derogar los artículos 1° y 6° de que he
hecho mención. Sensible es que así haya sucedido, porque aunque nosotros no seamos
de la escuela radical, hemos creido siempre que la misión del clero no es la enseñanza y
muy menos la enseñanza científica y profesional. El inmortal octogenario francés dice
que el clero desenseña, y cuando aquel génio lanza un juicio tan amargo, talvez haya
mucho de cierto en el fondo de ese pensamiento. Además, propiamente considerado por
aquellas disposiciones no se prohibia al clero en absoluto la facultad de enseñar, solo se
decía que la Universidad no recibiría los atestados espedidos por semejantes profesores;
es decir, la Universidad quería recoger como moneda corriente la que en realidad
tuviese el tipo legal, y no aquella que teniendo todas las apariencias, lleve en el fondo
un alma nada apropósito con la superficie; la Universidad piensa, como dijo un
Consejero notable, que es en su seno donde se forman los hombres del porvenir, y por
eso el Consejo quería que ellos reciban una enseñanza científica y no dogmática; quería
que, los jóvenes en cuyas manos estarán mañana los destinos de la República, no sean
educados por maestros que les inculquen ideas y sentimientos abiertamente
incompatibles con la práctica de las instituciones que felizmente nos rigen; porque el
Consejo piensa que el día en que la Patria tuviera la desgracia de caer en poder de
hombres imbuidos en las teorías del ultramontanismo, se perderían las pocas
conquistas que, á costa de tantos esfuerzos y sacrificios, hemos ido haciendo en el
campo de la moderna civilización. Esa y no otra torcida como se supuso por algunas
poco generosas, fue la intención del Consejo al concebir y lanzar aquella reforma, única
y terrible si se quiere, pero de incalculables y benéficos resultados para el país…406
Este ejercicio de memoria oficial del conflicto nos interesa por tres
razones: primero, confirma que la lucha por imponer las restricciones al clero
salvadoreño ocupó un lugar preponderante en las publicaciones periódicas, y
en las deliberaciones de la Corporación y del supremo gobierno de Rafael
Zaldívar durante el segundo semestre de 1881; segundo, demuestra la
existencia de una “escuela radical anticlerical” dentro de los miembros liberales
406
Ídem. Las cursivas son mías.
142
del Consejo Superior y del gobierno de la época; y tercero, confirma que
habiendo obligado el Presidente Zaldívar a respetar la libertad de enseñanza
del
clero
salvadoreño,
sus
opositores
anticlericales
mantuvieron
sus
convicciones sobre la improcedencia de una Iglesia dedicada a la enseñanza
de la juventud. Estos últimos seguían convencidos que la peor desgracia que
podía ocurrirle a El Salvador era caer bajo el poder de hombres imbuidos de las
doctrinas del ultramontanismo, como había expuesto Rafael Reyes y Luciano
Hernández.
•
•
•
Mucho había ganado el régimen de libertades establecido en la
Constitución Política de 1880 con la defensa que el Supremo Gobierno hizo de
la libertad de enseñanza, muy a pesar de quienes desde su perspectiva
anticlerical no entendieron que excluir al clero significaba menoscabar la
libertad; o quizás sintieron que el único rol que debió desempeñar el clero, en el
templo, le excluía naturalmente de la actividad educativa. Desde tal
perspectiva, la restricción no hacía más que ratificar una premisa básica del
lugar que debía ocupar la Iglesia católica salvadoreña.
Es notable la fidelidad que encontramos en los hechos planteados por
El Católico cuando son corroborados con las actas de las sesiones del Consejo
Superior de Instrucción Pública en el Diario Oficial del mismo año. No hemos
evidenciado alteración en los eventos descritos, ni otros cambios con la
intención de inclinar a favor de la Iglesia la opinión pública. En el análisis
efectuado, la Iglesia siempre exigió el respeto de una libertad constitucional, y
por su parte el Consejo se dedicó a mantener su postura inconstitucional bajo
el argumento de un principio de libertad de enseñanza limitado por la facultad
reglamentaria que la Constitución le otorgó al Poder Ejecutivo.
143
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
Se ha demostrado a lo largo del presente trabajo que existió una cruzada
liberal anticlerical para excluir totalmente a la Iglesia católica de la enseñanza
privada secundaria y superior (excluida la teología), ya sea impartiendo clases
privadas como fundando liceos o colegios. Dicha iniciativa encabezada por Rafael
Reyes, Luciano Hernández, Manuel Delgado y Ramón García González, entre
otros, fue frustrada por la defensa de la libertad constitucional del Artículo 38
(libertad de enseñanza) por personajes, también liberales, como Antonio J. Castro
y el mismo presidente Rafael Zaldívar. El beneficiario directo de este conflicto fue
la Iglesia católica salvadoreña, quien recuperó su facultad de impartir instrucción
privada, secundaria y superior.
Ello nos señala que más que hablar de un triunfo lineal, cuasi providencial,
del reformismo liberal decimonónico en El Salvador, debe plantearse como una
ruta sinuosa con altibajos para los promotores liberales. Probablemente nuevas
investigaciones en otras áreas de reforma liberal durante el siglo XIX, como la
secularización del matrimonio por ejemplo, confirmen este hallazgo de la presente
tesis. Se comprende mejor ahora el por qué a pesar de haberse impuesto la
enseñanza laica en el país, se seguían fundando colegios católicos privados a
fines del siglo XIX: la Constitución política de 1880 protegió la libertad de
enseñanza del clero salvadoreño.
Esta investigación ha planteado un conflicto en dos esferas de acción; la
primera, al interior del supremo gobierno de Rafael Zaldívar, entre los liberales
anticlericales y los liberales constitucionalistas; y la segunda, en el ámbito de
opinión pública, entre el Consejo Superior de Instrucción Pública y la Iglesia
católica salvadoreña. El primero de estos niveles, al que tenemos escaso acceso
en las fuentes consultadas (Diario Oficial), reconoce la existencia de fuertes
disidencias entre funcionarios, todos liberales, frente al tema de la libertad de
enseñanza. Esto corrobora las tesis que sostienen que el debate político
salvadoreño del siglo XIX no encaja en la dicotomía de liberales y conservadores;
de hecho, este es un ejemplo de un conflicto entre liberales por la defensa del
ejercicio de una de esas libertades fundamentales. Incluso podemos sugerir que
Rafael Zaldívar tuvo que convivir durante su gestión presidencial con la influencia
144
de un sector sumamente radical y anticlerical que no siempre estuvo satisfecho
con la tolerancia del presidente hacia la actividad educativa del clero.
La segunda esfera de acción (la mirada externa o pública), objeto de la
presente tesis, refuerza la importancia de las publicaciones periódicas como
herramientas para la reconstrucción de la opinión pública, y para la legitimación del
accionar gubernamental en el período estudiado. Al mismo tiempo, y sobre el tema
de la educación laica, refleja una amplia tolerancia por parte del gobierno
salvadoreño de Rafael Zaldívar a la libertad de prensa y a la disidencia en sus
políticas, sin que esto implicase censuras o cierres de los medios escritos. Esta
tolerancia incluye a los mismos liberales anticlericales, que habiendo perdido la
batalla, continuaron clamando que el gobierno se había equivocado en su
proceder.
El proceso de secularización estudiado en el presente trabajo no se enfrentó
con el problema de la enseñanza de religión o del catecismo en las aulas de clase,
hecho comúnmente asociado con la idea de secularización educativa, y que había
sido definido en el año de 1880. El tema central lo ocupó la exclusión total del clero
de la enseñanza privada, secundaria y superior, así como la fundación de Liceos y
Colegios. Efectivamente, este debate ya había surgido con anterioridad, puesto
que no aparece ninguna mención del mismo en El Católico, y este asume como un
hecho en sus editoriales que el programa educativo de las escuelas públicas no
comprende la enseñanza de esta asignatura. En este sentido, el proceso de
secularización establecido con la introducción de la “libertad de enseñanza” en El
Salvador, atravesó dos momentos claramente distinguibles por los objetivos
perseguidos: el primero de ellos, con la Constitución de 1871, dio inicio a la
secularización educativa abriendo a cualquier ciudadano la posibilidad de impartir
enseñanza privada, rompiendo así con el tradicional monopolio educativo
eclesiástico; y el segundo, promovido por el Consejo Superior de Instrucción
Pública en 1881, que pretendió restringir la enseñanza privada, secundaria y
superior (exceptuando Teología) al clero salvadoreño.
La idea de una Iglesia católica con capacidad de control social (autoridad
moral) de los habitantes, en su mayoría campesinos, frente a los tiempos de crisis
es la constante por la que se puede medir el comportamiento de los gobernantes y
funcionarios anticlericales. Existe ante todo una necesidad de estabilidad política y
social para cualquier gobernante, y para cuya obtención al parecer no podía
145
prescindirse del entonces clero. Tanto Santiago González en su momento de crisis
política (1875) detuvo sus ataques y buscó una alianza con la Iglesia, como Rafael
Zaldívar comprendió desde el inicio de su gestión la necesidad de tener a la curia
de su lado para impulsar las reformas económicas liberales más importantes en la
historia salvadoreña. Por su parte la Iglesia salvadoreña también comprendió que
la armonía con el gobernante era esencial para sobrevivir en tiempos de mucha
inestabilidad y con enemigos más allá de las fronteras nacionales. La influencia de
Justo Rufino Barrios fue decisiva en la gestión de González y se prolongó
igualmente durante el período de Rafael Zaldívar.
Destaca notablemente una paradoja anticlerical al concluir el presente
trabajo: los liberales anticlericales, como Rafael Reyes, Luciano Hernández y
Ramón García Granados, estuvieron dispuestos a violar la libertad de enseñanza,
con tal de separar al clero de la actividad educativa. Es decir, los funcionarios eran
más anticlericales que liberales, pues al discriminar en contra de la curia
salvadoreña estaban atacando uno de los principios liberales consagrados en la
Constitución política de 1880. Este fue siempre el déficit de los anticlericales y su
contradicción paradójica más evidente: no podía proteger la libertad de enseñanza
excluyendo al clero salvadoreño de la actividad educativa.
Pero de igual manera, existió una paradoja ultramontana en la defensa
esgrimida por el clero salvadoreño: la Iglesia ganó jurídicamente, por la protección
que la Constitución de 1880 le otorgó a la libertad de enseñanza, pero su defensa
filosófica radicó en la misma condena que Pío IX había efectuado al racionalismo,
el positivismo y las ideas modernas. El ultramontanismo teórico esgrimido por la
Iglesia salvadoreña en El Católico, terminó siendo defendido por la libertad de
enseñanza de la Constitución de 1880.
La figura de Rafael Zaldívar cobra un renovado interés a la luz del presente
conflicto, ya que su postura de garante de la libertad de enseñanza fue
determinante frente a Luciano Hernández y Rafael Reyes. Pueden especularse las
razones de tal accionar, y sostener que consideraciones sobre la conveniencia
política de las medidas le disuadieron de enfrentarse directamente al clero por este
tema. De igual manera, podría pensarse que su fuerte convicción liberal le impuso
el deber moral de defender la Constitución de 1880 por encima de amistades
personales y odios sectoriales. Incluso podría pensarse que una combinación de
ambas pudo haber sido el incentivo de su proceder. Independientemente de la
146
opción que escojamos, un hecho queda claro, existía en este político salvadoreño
liberal un agudo sentido del balance entre opuestos, y una notable habilidad para
manejar situaciones de crisis sin fanatizarse con los responsables de las mismas.
Solo de esta manera podemos entender que aún cerrado el ataúd de las
reglamentaciones educativas anticlericales, el secretario del Consejo Superior de
Instrucción Pública siga sosteniendo sus creencias en relación con la enseñanza
religiosa, de la misma manera que Galileo Galilei expresó: “Eppur si muove”407.
Ante la pregunta que sirve de título a la presente tesis, en cuanto a la
respuesta de la Iglesia católica a la laicización educativa: ¿Un proyecto liberal
frente a una respuesta ultramontana? Debemos contestar desde dos perspectivas:
una jurídica y otra filosófica. Jurídicamente hablando la Iglesia defendió una
libertad constitucional de enseñanza, por lo que su respuesta fue liberal.
Filosóficamente hablando, el discurso empleado en contra de la educación laica
fue de rechazo tajante a las ideas y teorías modernas al estilo de Pío IX, por lo que
su respuesta fue ultramontana. Como contrapartida, Rafael Reyes y Luciano
Hernández tuvieron razón al cuestionar las ideas filosóficas expuestas por el clero
y lograron, junto a los escritos de Jules Ferry, persuadirme de las ventajas de la
religión afuera del aula de clase, pero eso no tuvo importancia frente al hecho
antijurídico de violar la constitución política de 1880 para conseguir el objetivo
deseado.
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“Y sin embargo se mueve”, Se sostiene que Galileo expresó calladamente esta convicción al
abandonar el tribunal de la Inquisición que le obligó a abjurar de su teoría heliocéntrica.
http://www.scienceandyou.org/articles/ess_02.shtml (6-agosto-2008)
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