Download 5.13 Los Estados miembros deberían exigir la

NOTA SOBRE LA APROBACIÓN DEFINITIVA POR EL PLENO DEL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, EN FECHA 13 DE JULIO DE 2011, DEL
DICTAMEN INT/570, MERCADO EUROPEO DE LOS CONTRATOS
PÚBLICOS, RELATIVO AL “LIBRO VERDE SOBRE LA MODERNIZACIÓN
DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA,
HACIA UN MERCADO EUROPEO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA MÁS
EFICIENTE”
Resumen ejecutivo.
La aprobación definitiva por el Pleno del Comité Económico y Social Europeo,
en fecha 13 de julio de 2011, del Dictamen INT/570, Mercado Europeo de los
contratos públicos, relativo al “Libro Verde sobre la modernización de la política
de contratación pública de la UE, hacia un mercado europeo de la contratación
pública más eficiente”, supone un espaldarazo definitivo en la posición de la
Comunidad Europea en relación a la posibilidad de incluir importantes
cláusulas sociales en la contratación pública.
En dicho Dictamen, además de alguna otra también importante, como veremos
posteriormente, podemos observar dos claras y trascendentales
recomendaciones del Comité Económico y Social Europeo.
Por un lado, al objeto de garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio
de todos los ciudadanos y en aras de la inserción social, recomienda
expresamente la adjudicación obligatoria de un número o porcentaje
determinado de contratos específicos a Centros Especiales de Empleo (talleres
protegidos para personas con discapacidad) en aquellos Estados miembros en
que exista un número importante de personas con discapacidad que pueden
trabajar pero que sigan inactivas, como acontece especialmente en España.
Y, por otro lado, recomienda clara y expresamente que se exijan declaraciones
firmadas de las mismas empresas (como serían certificados o declaraciones
responsables de la propia empresa) avalando el cumplimiento de tales
empresas con las disposiciones legislativas nacionales pertinentes, en el
ámbito relativo al cumplimiento del requisito legal de tener un 2% de
1
trabajadores con discapacidad en las plantillas de las empresas de 50 o más
trabajadores.
Desarrollo de la Nota.
Si pocas dudas podían ya plantearse de acuerdo al Derecho comunitario sobre
la importancia que en el ámbito de la contratación pública europea está
adquiriendo la utilización de medidas sociales y, muy en concreto, de medidas
para la plena integración en el ámbito laboral de las personas con
discapacidad, ninguna podrá quedar ya tras la evacuación y reciente
aprobación en fecha 13 de julio de 2011 por el Pleno del Comité Económico y
Social Europeo, del Dictamen INT/570 – Mercado Europeo de los contratos
públicos, relativo al “Libro Verde sobre la modernización de la política de
contratación pública de la UE, hacia un mercado europeo de la contratación
pública más eficiente”.
En dicho Dictamen, elaborado por la Sección Especializada de Mercado Único,
Producción y Consumo del Comité Económico y Social Europeo, se llevan a
cabo expresamente las siguientes manifestaciones, muy relacionadas con los
aspectos sociales (y, más en concreto, con medidas en favor de las personas
con discapacidad):
2.1 La Comisión presenta la contratación pública como una de las doce
iniciativas que podrían servir de instrumento para potenciar un mercado
interior más ecológico, social e innovador (…).
5.1 Además del objetivo de incrementar la eficiencia del gasto público,
en el Libro Verde se plantea la cuestión de una mayor interacción entre
la contratación pública y otras políticas, concretamente en materia de
innovación, medio ambiente y asuntos sociales.
5.3 El CESE comparte la opinión de que se debería animar a las
autoridades nacionales y regionales a tener en cuenta los aspectos
sociales, lo cual exige un margen de maniobra para estos elementos en
la elaboración de los contratos.
5.4 El CESE destaca que la Directiva define un conjunto de normas de
procedimiento por las que se rige la relación entre las partes
2
contratantes en la contratación pública. En documentos anteriores, la
Comisión ha sacado conclusiones, sobre la base de amplias consultas,
del modo en que los compradores públicos pueden tener en cuenta
productos, servicios y procesos innovadores, así como objetivos
medioambientales y sociales, cuando elaboran contratos o recurren a la
contratación precomercial.
5.6 En respuesta a las preguntas formuladas en el Libro Verde, el CESE
subraya que la responsabilidad respecto de la contratación pública
incumbe, en primer lugar, a las autoridades nacionales, regionales
y europeas, que deben encontrar en cada caso, en el marco de las
directivas, un justo equilibrio entre diferentes exigencias sociales
como la innovación, la protección del medio ambiente, los aspectos
sociales1 (incluida la normativa social en materia de discapacidad) y
la eficiencia, las fases de producción, los costes, el número de
proveedores, los posibles resultados de los contratos, etc.
5.7 Los poderes adjudicadores pueden establecer libremente
requisitos específicos, incluidos los de carácter medioambiental y
social. En algunos casos lo harán porque así lo exige la legislación
europea y/o nacional, como en el caso de las normas
medioambientales generales o sectoriales. En otros casos, los requisitos
pueden vincularse a la realización de proyectos concretos, como las
grandes obras de infraestructura.
5.9 En la línea del debate general en torno a la necesidad de crear una
economía europea inteligente, en los Estados miembros se están
intensificando los debates sobre el papel de la contratación pública en
este proceso2. Los Estados miembros están formulando, en grados
diversos, criterios medioambientales y, en menor grado, criterios
sociales, que deberán tener en cuenta los compradores. Los
convenios colectivos laborales y la legislación nacional presentan
diferencias notables en los diferentes Estados miembros. Corresponde
a cada país velar por la observancia de sus propias leyes en la
materia.
1
Véase el manual «Adquisiciones sociales – Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas» SEC(2010) 1258, elaborado por la Comisión Europea en octubre de 2010.
2
Véase un amplio balance en el documento «Corporate Social Responsibility, National Public Policies in the European
Union» (Responsabilidad social de las empresas - Políticas públicas nacionales en la Unión Europea), de noviembre de
2010.
3
5.12 En relación con las competencias en materia de contratación
pública, sería conveniente obligar a los poderes adjudicadores a
asegurarse de que los licitadores satisfacen, además de los criterios
expuestos en los artículos 44 a 51 de la Directiva3, las normas sociales
(entre otras, las relacionadas con la integración de las personas
con discapacidad4), dado que sería contrario a la normativa
europea y nacional que las autoridades públicas suscribieran
contratos con entidades que no respetan la legislación en vigor.
5.13 Los Estados miembros deberían exigir la presentación de una
declaración firmada o una declaración de conformidad, por parte
del licitador, señalando que se cumplen las disposiciones
legislativas aplicables en cada Estado miembro en materia de
inserción laboral de las personas con discapacidad como, por
ejemplo, la obligación de contratar a un número o porcentaje
específico de personas con discapacidad, en aquellos países en los
que existe dicha obligación jurídica.
5.14 Otra medida social claramente necesaria, en su caso,
consistiría en definir las especificaciones técnicas de manera que
se tengan en cuenta los criterios de accesibilidad para las personas
con discapacidad y la concepción para todos los usuarios.
5.15 Otro aspecto que se ha de tener presente, al objeto de
garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos los
ciudadanos y en aras de la inserción social, tiene que ver con la
adjudicación de contratos específicos de los talleres protegidos
para personas con discapacidad. Esta posibilidad se contempla
claramente en el considerando 28 y en el artículo 19 de la Directiva
2004/18/CE. A juicio del CESE, la Comisión debería recomendar
expresamente la adjudicación obligatoria de un número o
porcentaje determinado de dichos contratos en aquellos Estados
miembros en que las circunstancias lo justifiquen, por ejemplo, si
existe un número importante de personas con discapacidad que
pueden trabajar pero siguen inactivos.
3
Artículo 44: Verificación de la aptitud; artículos 45 a 51: Criterios de selección cualitativa.
4
«Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020», COM(2010) 636 final.
4
Y también dicho Dictamen contiene, entre otras, las siguientes conclusiones y
recomendaciones, derivadas de lo antes expuesto en el texto del mismo:
1.6 El CESE subraya las repercusiones y la importancia que también
tienen para la contratación pública los aspectos innovadores,
medioambientales y sociales de la Estrategia Europa 2020.
1.8 Los Estados miembros están mostrándose cada vez más
interesados en el papel que está llamada a desempeñar la contratación
pública en una economía inteligente. Las autoridades nacionales
participan, en mayor o menor grado, en el establecimiento de los
criterios medioambientales y sociales que deberá tener en cuenta el
comprador. (…)
1.10 El comprador debe asumir plena responsabilidad por las
consecuencias económicas, sociales y financieras que puedan derivarse
de la definición de las características de las obras, los productos o los
servicios. Esto podría exigir la presentación de una declaración
firmada o una declaración de conformidad, por parte del licitador,
relativa a las disposiciones legislativas nacionales pertinentes, por
ejemplo, en relación con los aspectos sociales, la limitación del
requisito de presentación de certificados oficiales al adjudicatario, etc.
Precisamente y dentro de estas medidas sociales, podemos observar dos
claras recomendaciones del Comité Económico y Social Europeo.
Por un lado, que al objeto de garantizar la igualdad de oportunidades en
beneficio de todos los ciudadanos y en aras de la inserción social, se
recomienda expresamente la adjudicación obligatoria de un número o
porcentaje determinado de contratos específicos a Centros Especiales de
Empleo (talleres protegidos para personas con discapacidad) en aquellos
Estados miembros en que exista un número importante de dichas personas con
discapacidad que pueden trabajar pero que siguen inactivos, como acontece
especialmente en España.
Y, por otro lado, y con un especial énfasis y dedicación, recomienda clara y
expresamente el Comité Económico y Social Europeo, que se exijan
declaraciones firmadas de las mismas empresas (como serían certificados o
declaraciones responsables de la propia empresa) avalando su cumplimiento
con las disposiciones legislativas nacionales pertinentes, justamente en un
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ámbito como el social, relativo al cumplimiento del requisito legal de tener un
2% de trabajadores con discapacidad en las plantillas de las empresas de 50 o
más trabajadores.
Recordamos como en dicho Dictamen expresamente se está indicando de
forma literal (apartado 5.7) que los poderes adjudicadores pueden establecer
libremente requisitos específicos, incluidos los de carácter social, porque así lo
exija la legislación europea y/o nacional.
O que (apartado 5.9) los Estados miembros están formulando, entre otros,
criterios sociales, que deberán tener en cuenta los compradores, y que
corresponde a cada país velar por la observancia de sus propias leyes en la
materia.
Al igual que se manifiesta expresamente (apartado 5.12) que en relación con
las competencias en materia de contratación pública, sería conveniente obligar
a los poderes adjudicadores a asegurarse de que los licitadores satisfacen las
normas sociales relacionadas con la integración de las personas con
discapacidad, dado que sería contrario a la normativa europea y nacional que
las autoridades públicas suscribieran contratos con entidades que no respetan
la legislación en vigor.
Sin olvidar que también se reseña (apartado 5.13) que los Estados miembros
deberían exigir la presentación de una declaración firmada o una declaración
de conformidad, por parte del licitador, señalando que se cumplen las
disposiciones legislativas aplicables en cada Estado miembro en materia de
inserción laboral de las personas con discapacidad como, por ejemplo, la
obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con
discapacidad, en aquellos países en los que existe dicha obligación jurídica.
¿Puede haber más garantías, precisamente a estos efectos, de que la
exigencia de que los licitadores en el ámbito de la contratación pública
presenten un certificado de la empresa o una declaración responsable de que
cumplen o están exentos del requisito legal de tener un 2% de trabajadores con
discapacidad en las plantillas de las empresas de 50 o más trabajadores, es
una exigencia absolutamente acorde al Derecho comunitario?
Resulta evidente que sí lo es. Y más cuando es esta medida exactamente la
que el Comité Económico y Social Europeo está propugnando de manera
expresa.
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Por ello resulta muy oportuno y necesario, para el debido y efectivo
cumplimiento de esta obligación legal, ya previamente existente, contenida en
el artículo 38.1 Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de
Minusválidos (sic), que se exija este requisito en todos los pliegos de cláusulas
administrativas.
Efectivamente, ante el todavía gran incumplimiento existente de esta obligación
legal (actualmente se entiende que el grado de cumplimiento de dicha cuota no
sólo no llega al preceptivo 2% sino que se encuentra entre el 0,5% y el 1%) se
considera necesario establecer esta imperiosa exigencia de acreditar, en su
caso, el puntual cumplimiento de esta normativa vigente en materia de reserva
de puestos de trabajo para personas con discapacidad o de la aplicación de
medidas alternativas de carácter excepcional.
Con ello reiteramos otra vez que únicamente se estaría explicitando la simple
verificación del cumplimiento de una obligación legal ya existente y plenamente
exigible para quienes les resulte de aplicación. No se trata por tanto de una
exigencia injustificada, sino de una exigencia plenamente responsable y legal,
que en ningún momento va más allá de lo ya estrictamente exigido por la
normativa vigente.
De lo contrario, se estaría produciendo, además, un trato discriminatorio e
injusto con las empresas que sí cumplen tal obligación legal; y se estaría
otorgando una ventaja arbitraria a quienes no cumplen la misma, pudiendo ello
generar incluso una competencia desleal de las empresas no cumplidoras
hacia las efectivamente cumplidoras.
Debiendo también recordar para finalizar la Proposición no de Ley aprobada en
fecha 28 de abril de 2010 por el Congreso de los Diputados, en la que “se insta
al Gobierno a que en el plazo de seis meses promueva las medidas
necesarias, a fin de que la Administración General del Estado establezca como
requisito para la adjudicación de contratos públicos y para la concesión de
subvenciones, que las empresas licitantes, colaboradoras o beneficiarias
acrediten previamente el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo
para trabajadores con discapacidad, el de las medidas alternativas de carácter
excepcional, o que se encuentran dentro de los supuestos que amparan la
exención legal de dicho cumplimiento”.
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Resulta evidente que esta medida no sólo muestra un claro compromiso y una
especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad, aplicando medidas
de acción positiva que favorezcan la inclusión de estas personas, sino que
cuentan con una implementación práctica oportuna en los actuales momentos,
al no generar coste económico alguno y al incidir muy favorablemente en la
creación de empleo.
En consecuencia, en la actualidad tenemos los medios para que en un plazo
más o menos corto pueda conseguirse esa plena inclusión de las personas con
discapacidad, propósito común de todas las civilizaciones avanzadas, pero su
consecución efectiva requiere sin duda de la decidida concienciación e
intervención de todas las Administraciones Públicas.
Madrid, 19 de julio de 2011
CERMI
www.cermi.es
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