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15 de octubre de 2016
Nº 80
Hacia una generación del aprendizaje, por Felipe Calderón
1
Crecimiento económico y cambio climático: Repercusiones a largo plazo en los precios y el
comercio de productos básicos
3
3. Tasas efectivas sobre el carbono
5
4. Mensaje del Secretario General de la ONU con motivo del Día Internacional de la
preservación de la Capa de Ozono
7
5. Fortalecer la cooperación para hacer frente al cambio climático
8
6. ¿Las ciudades más ecológicas son más desiguales?, por Isabelle Anguelovski
9
7. La recta final del Acuerdo de París contra el cambio climático
12
8. El dramático cambio hacia la vida urbana
13
9. Adaptación climática, la llave para hambre cero en América Latina
16
10. Un panel de expertos defiende que el pacto climático de París es insuficiente
18
1.
2.
1. HACIA UNA GENERACIÓN DEL APRENDIZAJE, POR FELIPE CALDERÓN
En los últimos quince años, la cantidad de estudiantes en todo el mundo aumentó unos 243
millones, lo que muestra el compromiso de los gobiernos con la extensión del acceso a la
educación. Pero algunos países progresaron mucho más que otros, no sólo por el aumento
del porcentaje de jóvenes escolarizados, sino también por la calidad de la educación
ofrecida. Cerrar esta brecha educativa debe ser prioridad máxima.
La Comisión Internacional para el Financiamiento de Oportunidades Educativas Globales,
de la que tengo el gusto de ser miembro, trabaja para lograr precisamente eso. La Comisión
opera bajo la dirección del ex primer ministro británico Gordon Brown (actual enviado
especial de las Naciones Unidas para la educación mundial), con la firme creencia de que la
educación es un derecho humano fundamental y el camino hacia una mejora sustancial de
los niveles de vida.
La Comisión está integrada en forma conjunta por la primera ministra de Noruega, Erna
Solberg, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el presidente de Indonesia, Joko Widodo,
el presidente de Malaui, Peter Mutharika, y la directora general de la UNESCO, Irina
Bokova. Y se nutre de la experiencia de diversos tipos de líderes (incluidos ex jefes de
Estado, legisladores, emprendedores y empresarios exitosos, artistas y académicos) de todo
el mundo.
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También hay un panel juvenil que permite conocer los puntos de vista de jóvenes
destacados, presidido por el keniata Kennedy Odede (creador de un modelo educativo para
combatir la extrema pobreza y la desigualdad de género por medio de la educación) y la
guyanesa Rosemarie Ramitt (activista por los derechos de los jóvenes con discapacidades).
El panel también incluye a la paquistaní Malala Yousafzai, la Premio Nobel de la Paz más
joven de la historia, que desafió valientemente a los talibanes para promover el acceso de las
niñas a la educación.
Este impresionante grupo de líderes y pensadores ha trabajado incansablemente para evaluar
el estado de la educación en todo el mundo, con la mirada puesta en identificar los desafíos
particulares a los que se enfrentan diferentes países. El informe resultante, titulado “La
generación del aprendizaje: invertir en educación en un mundo en proceso de cambio”,
brinda una serie de recomendaciones para que los países de ingresos bajos y medios puedan
mejorar la calidad de la educación y las tasas de escolarización en el plazo de una
generación. Esta semana, el informe fue presentado al secretario general de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, quien ya acordó poner en práctica sus recomendaciones.
Estas apuntan a diversos objetivos fundamentales, entre ellos la innovación, la inclusión
(con especial énfasis en los ciudadanos de menos recursos) y un plan integral y a largo plazo
de inversión en educación.
Alcanzar estos objetivos, por supuesto, costará dinero. Por eso la Comisión pide la firma de
un pacto financiero entre los países en desarrollo y la comunidad internacional, para que las
naciones más ricas ofrezcan más financiación y asesoramiento a los países en desarrollo que
se comprometan con la reforma y la inversión educativas.
Es indudable que los países en desarrollo todavía pueden invertir más en educación. Hoy son
frecuentes en estos países los subsidios a los combustibles, que consumen entre el 25 y el
30% de los ingresos fiscales (lo que supera con creces la inversión en educación en la
mayoría de los casos). Estos subsidios no sólo contrarrestan los esfuerzos por reducir el daño
ambiental de las emisiones contaminantes, sino que también tienden a beneficiar a los ricos
bastante más que a los pobres.
Eliminar los subsidios a la energía liberaría fondos públicos para la investigación científica y
la educación, generaría beneficios ambientales y mejoraría el bienestar y las perspectivas de
los pobres. Aunque puede ser una propuesta políticamente difícil, Ghana e Indonesia
mostraron que es posible obtener respaldo popular para esta clase de iniciativas mediante la
reasignación de fondos a los sectores sociales. Por mi parte, tengo intención de promover la
reducción de los subsidios energéticos en mi propio país, México.
Como ya he sostenido antes, si los subsidios a la energía se reasignaran a la educación, los
beneficios ambientales se multiplicarían. Al fin y al cabo, cuanto mejor comprenda la gente
los aspectos científicos del cambio climático y sus efectos, más podrá hacer para ayudar a
mitigarlo. Contar con conocimiento correcto dará a la gente mejor capacidad para resistir el
cambio climático y así proteger sus modos de vida. Además, con ese conocimiento la gente
podrá ayudar a promover importantes innovaciones, como la energía solar y limpia, y
desarrollar soluciones adaptadas a las condiciones climáticas que aporten beneficios sociales
y económicos a sus comunidades.
Descuidar la educación, cimiento del desarrollo social y económico, es inaceptable.
Combinando los recursos y las capacidades de los gobiernos de nivel nacional y sub
nacional, el sector privado y la sociedad civil, podemos crear una generación del
aprendizaje: jóvenes provistos del conocimiento y las habilidades que necesitan para llevar
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vidas llenas de finalidad y sentido. Sólo entonces podremos hacer realidad la esperanza de
un mundo más justo y sostenible.
Fuente: Felipe Calderón, es ex Presidente de México y es actual Presidente de la Comisión
Mundial sobre la Economía y clima. Ester artículo de opinión fue publicado ene l portal
electrónico de Project Syndicate el 21 de septiembre de 2016 y se encuentra disponible en el
sitio web: https://www.project-syndicate.org/
2. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CAMBIO CLIMÁTICO: REPERCUSIONES A LARGO PLAZO EN
LOS PRECIOS Y EL COMERCIO DE PRODUCTOS BÁSICOS
Muchos países están experimentando ya pequeños cambios, pero progresivos, en sus
regímenes de precipitaciones y temperaturas estacionales. Está previsto que estos cambios se
acentúen, junto con la aparición cada vez más frecuente de fenómenos meteorológicos
extremos impredecibles.
El cambio climático influye en la producción de alimentos al provocar cambios en las
condiciones agroecológicas. El aumento de las temperaturas, las modificaciones en los
regímenes de precipitaciones, la pérdida de tierras cultivables por el aumento del nivel del
mar y la mayor frecuencia de sequías e inundaciones repercutirán en los rendimientos.
También se prevé un agravamiento de las plagas e infestaciones.
Al verse afectada la productividad, se verán afectados también los ingresos agrícolas y el
desarrollo rural.
Dado que el cambio climático perjudica a algunos países y beneficia a otros, sus efectos en
la producción de alimentos serán desiguales en las distintas regiones. Los estudios
demuestran que las repercusiones negativas en el rendimiento son mucho más comunes que
las positivas y los riesgos para la seguridad alimentaria son, por lo general, mayores en
zonas de baja latitud, en las que los efectos negativos del cambio climático se dejarán sentir
antes. Los países que están expuestos a tensiones múltiples y tienen escasa capacidad de
adaptación sufrirán más.
La disminución del rendimiento y su correspondiente repercusión en los niveles y la
volatilidad de los precios de los alimentos perjudicarán significativamente la capacidad de la
población pobre para cubrir sus necesidades de alimentos. Los pequeños agricultores
familiares, cuya productividad es ya baja, sufrirán importantes pérdidas de ingresos.
Perspectivas actuales
Las previsiones de los posibles efectos del cambio climático en las condiciones
meteorológicas y la producción agrícola a escala mundial parecen indicar que los
rendimientos mundiales del arroz, el maíz y el trigo podrían disminuir de un 3 % a un 10 %
por cada grado de calentamiento que se alcance por encima de Si desea más información,
visite el siguiente sitio web: www.fao.org/about/meetings/mm4/es/
los niveles históricos de temperatura. En los trópicos, esta disminución del rendimiento se
percibirá antes y será más acentuada. El rendimiento en las zonas templadas no se verá tan
claramente afectado a estas temperaturas.
En este contexto, está previsto que la población mundial alcance una cifra récord de 9 700
millones de personas en 2050. Como respuesta, la producción de alimentos tendrá que
aumentar un 60 %. Dado que la mayor parte de este crecimiento demográfico se producirá
en las zonas urbanas de países en desarrollo, el aumento de los ingresos y los estilos de vida
predominantemente urbanos también impulsarán un cambio en los tipos de alimentos
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consumidos. Se prevé que la demanda de los consumidores de productos cárnicos y lácteos y
de alimentos elaborados aumente con mayor rapidez que la de los cereales. La producción
ganadera y láctea precisa más recursos naturales, sobre todo agua, y se relaciona también
con la emisión de gases de efecto invernadero, lo que añade presión a los frágiles
ecosistemas y agrava los efectos del cambio climático.
La combinación de las presiones que ejercen estas dos tendencias, esto es, la del cambio
climático y la de la evolución de las pautas de la demanda, añadirá tensiones significativas a
nuestros recursos naturales y ecosistemas, lo que planteará un difícil reto para la seguridad
alimentaria y la nutrición a nivel mundial.
Teniendo en cuenta la disminución de la superficie de tierras sin utilizar con buen potencial
agrícola, la mayor parte del aumento de la producción debe conseguirse mediante la
intensificación en las tierras agrícolas existentes o la extensión a zonas marginales y
ambientalmente sensibles. La agricultura debe volverse más eficiente y sostenible.
La agricultura climáticamente inteligente responde a la necesidad de que los sistemas
agrícolas sean al mismo tiempo más eficientes y más resilientes. Las prácticas de este tipo de
agricultura, tales como el cultivo sin laboreo, la agroforestería y la restauración de tierras
degradadas, tienen por finalidad aumentar de forma sostenible la productividad y los
ingresos agrícolas y adaptar y crear resiliencia agrícola al cambio climático.
La agricultura es el único sector que tiene capacidad de eliminar los gases de efecto
invernadero de la atmósfera de forma inocua y eficaz en función de los costos sin reducir la
productividad. Todas las prácticas de agricultura climáticamente inteligente pueden reducir
las emisiones y mejorar el almacenamiento de carbono de los suelos. Los agricultores
necesitan ayuda para determinar la exposición a los riesgos climáticos que afectan a sus
paisajes y las consiguientes respuestas en materia de agricultura climáticamente inteligente
adaptadas a cada caso específico que afronten eficazmente estos riesgos.
Es posible que los países en los que los efectos negativos del cambio climático vayan a ser
más graves deban recurrir cada vez más a los mercados mundiales a fin de garantizar
suficientes alimentos para su población. El comercio será un instrumento fundamental para
mantener la seguridad alimentaria mundial. Facilitar el comercio de alimentos y el
funcionamiento de los mercados contribuirá a la estabilidad de los precios y asegurará que
las regiones que puedan sufrir escasez debido a los efectos perjudiciales del cambio
climático puedan comprar alimentos suficientes. Es importante que las políticas comerciales
faciliten también el acceso a los mercados a los pequeños agricultores y sus productos.
Las medidas que se adopten para proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio
climático no deberían debilitar el comercio internacional. Determinadas formas de
restricciones comerciales, por ejemplo, pueden aumentar la volatilidad de los precios y los
efectos negativos que las subidas repentinas de los precios de los alimentos tienen en la
población pobre, al mermar su acceso a los alimentos, desalentar la inversión y comprometer
la fiabilidad de los mercados mundiales de alimentos. Un sistema comercial abierto, no
discriminatorio y multilateral y políticas públicas que protejan el medio ambiente y
fomenten el desarrollo sostenible pueden y deben apoyarse mutuamente.
Preguntas orientativas para los responsables de la formulación de políticas
 ¿Cuál es la importancia de que el comercio y las políticas comerciales mejoren la
seguridad alimentaria en países en los que se prevé que los efectos del cambio
climático sean graves y qué perspectivas hay al respecto?
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 ¿De qué forma las políticas comerciales pueden anticiparse y adaptarse al nuevo
contexto de rápida urbanización, expansión de la clase media y cambios de las
preferencias de los consumidores?
 ¿Cómo pueden las políticas públicas asegurar el acceso de los alimentos a los hogares
más pobres delas zonas rurales, que son los más expuestos al cambio climático y ven
amenazada su seguridad alimentaria?
Fuente: Nota de Prensa elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), publicado el 03 de octubre de 2016 y disponible en el
sitio web: http://www.fao.org/
3. TASAS EFECTIVAS SOBRE EL CARBONO
Para hacer frente al cambio climático se requieren intensos recortes en las emisiones de
gases de efecto invernadero, en particular las emisiones de CO2. La fijación de un precio a
las emisiones de carbono constituye un medio eficaz y de bajo coste para inducir su
reducción. Aunque no basta por sí solo para lograr el grado de reducción requerido a fin de
limitar los riesgos del cambio climático, la fijación de un precio a las emisiones de carbono
es una parte esencial de la solución. Sin embargo, los nuevos datos presentados en esta
publicación muestran que el precio fijado al 90% de las emisiones de carbono no refleja
siquiera una estimación conservadora de su coste climático.
La presente publicación analiza exhaustivamente, por primera vez, en qué medida los países
fijan precios a las emisiones de carbono. Se cuantifican las tasas efectivas sobre el carbono y
el precio de las emisiones de carbono resultante de los impuestos y sistemas de negociación
de derechos de emisión, en 41 países de la OCDE y del G20, que representan en total un
80% del consumo energético mundial y de las emisiones de CO2. Este análisis desglosa por
cada país la distribución de las tasas efectivas sobre el carbono entre todos los consumos de
energía y su composición en seis sectores económicos.
Con frecuencia, los precios de las emisiones de carbono son cero o muy bajos. En los 41
países analizados, no se fija un precio al 60% de las emisiones de carbono procedentes del
consumo de energía. En los casos en que las emisiones de carbono tienen fijado un precio,
normalmente es bajo.
Los daños climáticos resultantes de la emisión de una tonelada de CO2 pueden estimarse, de
forma muy conservadora, en 30 EUR. Únicamente en un 10% de las emisiones, el precio
fijado representa una tasa efectiva sobre el carbono igual o superior a 30 EUR por tonelada
de CO2. En otras palabras, un 90% de las emisiones no supera el test elemental de tener
fijado un precio que se sitúe en el extremo inferior de la estimación del daño climático que
provocan.
En todos los países, las tasas efectivas sobre el carbono son especialmente bajas en los
sectores no relacionados con el transporte por carretera; un 70% de las emisiones no tienen
fijado precio alguno y sólo un 4% están sujetas a una tasa efectiva sobre el carbono superior
a 30 EUR. Estos sectores, entre ellos los sectores industrial, eléctrico, comercial y
residencial, así como el transporte no realizado por carretera, la agricultura y la pesca,
suponen un 85% de las emisiones de carbono por consumo de energía en este grupo de 41
países.
Los impuestos especiales sobre el consumo de energía constituyen el principal componente
de las tasas efectivas sobre el carbono en los sectores distintos del transporte por carretera;
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en efecto, un 23% de las emisiones derivadas del consumo de energía están sujetas a esta
clase de impuestos, con unos tipos impositivos especiales que son, de media, superiores a las
tasas sobre el carbono o los precios de los permisos. Mediante los sistemas de negociación
de derechos de emisión se incrementa significativamente el ámbito de cobertura, de modo
que el porcentaje de emisiones sujetas a un precio aumenta hasta el 30%.
En el transporte por carretera, las tasas efectivas sobre el carbono son altas por comparación:
un 46% de las emisiones tiene fijado un precio superior a 30 EUR por tonelada de CO2 y
sólo un 2% de las emisiones carece de precio fijado. Estas tasas se derivan, casi por
completo, de los impuestos especiales sobre los combustibles para transporte por carretera,
si bien dichos impuestos normalmente no se establecen por motivos climáticos. Los
impuestos sobre los combustibles pueden reflejar los costes de la contaminación atmosférica
y, en cierta medida, los costes de la congestión del tráfico, lo que justifica unas tasas
bastante superiores a 30 EUR por tonelada de CO2.
En estos países, las tasas efectivas sobre el carbono que soportan los combustibles de
transporte son mayores que las correspondientes a otros consumos de energía. En cuanto a
los sectores distintos del transporte por carretera, algunos países fijan precios
fundamentalmente para las emisiones industriales, aunque con frecuencia a unas tasas
reducidas, mientras que otros países se centran más bien en los precios de las emisiones de
los sectores comercial y residencial. En muchos países, las emisiones del sector eléctrico
tienen fijado un precio, por lo general a unas tasas bajas y a menudo a través de impuestos
sobre el consumo que no incentivan la transición a unos combustibles más ecológicos. El
impacto de los sistemas de negociación de derechos de emisión en las tasas efectivas sobre
el carbono es mayor en los sectores industrial y eléctrico. Están sujetas a impuestos el 17%
de las emisiones de la industria y el 27% de las del sector eléctrico, y la información vía
precios transmitida a través del comercio de derechos de emisión aumenta estos porcentajes
a un 26% en el caso de la industria y a un 36% en el caso de la electricidad.
La publicación presenta un indicador sintético, llamado “brecha del precio del carbono”, que
muestra en qué medida las tasas efectivas sobre el carbono se sitúan por debajo del precio
fijado para la emisión de una tonelada de CO2, que es de 30 EUR. Si se fijara a todas las
emisiones un precio mínimo de 30 EUR, la brecha del precio del carbono sería cero, y si
ninguna emisión tuviera atribuido un precio, la brecha sería del 100%. Actualmente, la
brecha del precio del carbono es del 80,1% en este grupo de 41 países. Si los precios del
carbono y el ámbito de cobertura aumentaran al menos hasta el nivel de la mediana que
corresponde actualmente a cada sector económico, la brecha del precio del carbono
descendería al 53,1%. Esto indica que pueden lograrse avances significativos a través de la
fijación de precios del carbono, incrementando las tasas que actualmente son bajas e
introduciendo instrumentos de fijación de precios cuando dichas tasas sean cero. Este
sistema contribuiría a conseguir unos precios del carbono más uniformes, lo que supondría
una mejora de la relación coste-eficacia.
Los sectores distintos del transporte, y en especial los sectores industrial, eléctrico,
comercial y residencial, son objetivos prioritarios para una subida de las tasas. Dentro de
ellos, el sector de energías no derivadas del petróleo normalmente soporta unas tasas
menores que los productos petroleros. Asimismo, los esfuerzos podrían concentrarse en los
países en los que las tasas efectivas sobre el carbono son bajas en todo tipo de consumos de
energía, aunque en ciertos casos ello puede dar lugar a peticiones de transferencias entre
países. Este método gradual incrementaría la uniformidad de los precios de las emisiones de
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carbono, con lo que se ampliaría el margen a la baja de la relación coste-eficacia. Siempre es
deseable una relación coste-eficacia favorable y resulta indispensable cuando los objetivos
de reducción empiezan a ser rigurosos.
Es posible avanzar en la fijación de precios a las emisiones de carbono mediante la
aplicación de impuestos o la utilización de sistemas de negociación de derechos de emisión.
Los mecanismos de fijación de precios a las emisiones de carbono coexisten con otras
políticas de mitigación. Lo ideal es que la fijación de precios sea el instrumento principal
para promover las reducciones, ya que si el protagonismo corresponde a la política
regulatoria u otras políticas, es probable que la relación coste eficacia se resienta. El sistema
de negociación puede presentar la ventaja de ser más viable políticamente, en especial si se
combina con la adjudicación gratuita de derechos de emisión.
Sin embargo, lograr un progreso duradero mediante un sistema sólido de fijación de precios
requerirá unas tasas más altas y estables que las que actualmente se registran en los sistemas
de negociación, así como una mayor atención a la recaudación de ingresos y formas
productivas de utilizar los ingresos procedentes de impuestos o subastas de permisos de
emisión. Recurrir a los impuestos puede ser el método más simple desde el punto de vista
administrativo, ya que los impuestos sobre las emisiones de carbono frecuentemente pueden
ser incorporados a los sistemas existentes, y el método más efectivo desde el punto de vista
económico, puesto que no siempre es sencillo crear mercados que operen correctamente.
Fuente: Informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OECD), publicado el 26 de septiembre de 2016 y disponible en el sitio web:
https://www.oecd.org
4. MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO
El mundo ha cambiado desde que celebramos por última vez el Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono. Ahora tenemos nuestra Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que promoverá el crecimiento inclusivo y equitativo y el bienestar de las
personas y del planeta. Respecto al cambio climático, el Acuerdo de París marca un punto de
inflexión histórico en nuestro camino para lograr un mundo seguro y sostenible.
Ha llegado el momento de pasar de los ideales a la acción y reforzar la protección del clima
aprovechando el potencial del Protocolo de Montreal para avanzar en la reducción del
calentamiento a corto plazo causado por los hidrofluorocarbonos (HFC), los gases de efecto
invernadero cuyo uso aumenta con más rapidez.
El mes que viene, en Ruanda, tendremos la oportunidad de hacer precisamente eso, cuando
las delegaciones de los países se reúnan para alcanzar un consenso mundial sobre la
reducción gradual de los HFC en el marco del Protocolo de Montreal. Hace años se empezó
a hacer un uso generalizado de los HFC como alternativa eficaz a los productos que estaban
dañando la capa de ozono, en particular los que se usaban en los sistemas de refrigeración y
aire acondicionado. No obstante, la ciencia ha puesto de manifiesto que, aunque los HFC
han reducido en gran medida la amenaza para la capa de ozono, son gases de efecto
invernadero sumamente potentes. Dado que su uso aumenta con rapidez, debemos adoptar
medidas decisivas, como hicimos para que la capa de ozono empezara a recuperarse.
La reducción gradual de los HFC arrojaría beneficios considerables: evitaría hasta medio
grado de calentamiento global para finales de siglo, lo que daría un gran impulso al Acuerdo
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de París, y también podría aumentar considerablemente la eficiencia energética de algunos
refrigerantes y tecnologías alternativos.
Los problemas mundiales exigen soluciones mundiales. Confío en que podremos superar
todo obstáculo, considerando que hay naciones que han usado el Protocolo de Montreal para
evitar hasta 2 millones de casos de cáncer de piel al año y para ahorrar a muchas más
personas el sufrimiento que causan las cataratas.
Al utilizar el régimen del Protocolo de Montreal para reducir gradualmente los HFC,
podemos complementar otros esfuerzos para disminuir las emisiones de dióxido de carbono
y otros gases de efecto invernadero en el marco del proceso de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono, recordemos todo lo que ya se ha logrado y comprometámonos a hacer más
para proteger nuestra atmósfera. Juntos podemos crear un mundo más seguro, más sano, más
próspero y resiliente para todos, al tiempo que protegemos nuestro planeta, nuestro único
hogar.
Fuente: Nota de Prensa del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
PNUMA, (UNEP por sus siglas en inglés), publicado el 16 de septiembre de 2016 y
disponible en el sitio web: http://www.unep.org/
5. FORTALECER LA COOPERACIÓN PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Para fortalecer la lucha contra el cambio climático, expertos de América Latina se reúnen en
Costa Rica con sus homólogos de la Unión Europea del 21 al 23 de septiembre, en dos
eventos de la cooperación: el Seminario de EUROCLIMA+, que preparará el próximo
programa de cooperación entre ambos continentes para hacer frente a los retos del cambio
climático y la sostenibilidad ambiental; y el VI Seminario de EUROCLIMA, que analizará
los resultados del programa que inició en 2010.
La Comisión Europea aprobó para el nuevo programa EUROCLIMA+ una primera
asignación de 40 millones de euros para cooperar con América Latina para mitigar y
adaptarse al cambio climático. EUROCLIMA+ se enfocará especialmente en la
implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) en el marco
del Acuerdo de París. La reunión servirá también para preparar una futura segunda
asignación de fondos a EUROCLIMA+ para la lucha climática.
Durante tres días, los seminarios discutirán los resultados de la actual cooperación regional
frente al cambio climático. Hasta la fecha EUROCLIMA capacitó a más de 3000
funcionarios de gobiernos nacionales y locales y otros expertos para fortalecer sus
capacidades, efectuó más de 100 investigaciones para facilitar a los gobiernos la toma de
decisiones, fortaleció los intercambios de conocimientos y experiencias entre todos los
países de la región, y está apoyando a los países para acceder a los grandes fondos
internacionales que financian acciones climáticas.
También se discutirán las prioridades de los países de la región para los próximos años: las
ciudades climáticamente "inteligentes", la gestión del riesgo de desastres, bosques y
biodiversidad, gestión del agua en un contexto urbano, la eficiencia energética y energías
renovables, y la producción resiliente de alimentos.
Más de 75 representantes de 18 países latinoamericanos se reunirán, así como de la Unión
Europea, de las instituciones implementadoras de EUROCLIMA, de agencias de
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cooperación europeas que implementarán EUROCLIMA+ y de otras organizaciones que
ejecutan acciones contra el cambio climático en la región.
Cooperación regional de la UE con América Latina
La cooperación regional de la UE con América Latina para el periodo 2014-2020 trabaja en
los siguientes ámbitos:
- Crecimiento económico integrador y sostenible, que aborde las deficiencias estructurales,
la desigualdad económica profunda y la confianza excesiva en la extracción de recursos
naturales;
- Refuerzo de las capacidades de las instituciones estatales responsables de la seguridad y
del respeto del Estado de Derecho, a fin de mejorar los derechos humanos y la igualdad de
género, fomentar la confianza de los ciudadanos y reforzar el contrato social necesario para
el éxito del desarrollo;
- Mejoras en la gobernanza, la recaudación de impuestos y el gasto, a fin de luchar contra la
desigualdad, incrementar la cohesión social y responder a la demanda social creciente de
servicios públicos de calidad; y
- Conciliación de la sostenibilidad ambiental con el desarrollo constante en una región muy
expuesta al cambio climático y a las catástrofes naturales.
EUROCLIMA, el programa para el cambio climático de la UE con América Latina
El programa EUROCLIMA se ha convertido en el programa insignia de la Unión Europea
en América Latina para la lucha contra el cambio climático. Bajo el lema «La ciencia y la
política unidas frente al cambio climático», facilita la integración de las estrategias y
medidas de mitigación y de adaptación ante el cambio climático en las políticas y los planes
públicos de desarrollo en América Latina.
Iniciado en 2010, el programa trabaja en 18 países de América Latina. Actualmente se
encuentra en su segunda fase, centrada en tres componentes: el intercambio de información
y de experiencias; las medidas de adaptación y mitigación con beneficios adicionales; y el
mejorar la capacidad agrícola para mitigar los efectos y adaptarse al cambio climático para
mejorar la seguridad alimentaria.
La contribución total de la UE asciende hasta el momento a 16,4 millones de euros: 5
millones de euros en la primera fase (2010-2013) y 11,4 millones de euros en la segunda
fase del programa (2014-2016).
Los diversos componentes de la actual fase son implementados por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe para las Naciones Unidas (CEPAL), el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea (JRC), el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y la Asistencia Técnica del Programa.
Una nueva fase del programa, denominada EUROCLIMA+, empezará en 2017.
Fuente: Nota informativa publicada en el portal de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe el 21 de septiembre de 2016, y disponible en el sitio web:
http://www.cepal.org/
6. ¿LAS CIUDADES MÁS ECOLÓGICAS SON MÁS DESIGUALES?, POR ISABELLE ANGUELOVSKI
En la década de 1980, cuando los activistas a favor de la justicia ambiental (EJ, por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos y otros países se organizaron por primera vez de manera
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visible para hacer frente al impacto desigual de la contaminación ambiental y los desechos,
era evidente quiénes estaban en su punto de mira: las fábricas contaminantes, los infractores
de las normativas sobre vertidos o los operadores de las incineradoras de residuos, así como
sus cómplices en los Gobiernos, que habían sido incapaces de regular sus actividades o
habían hecho la vista gorda. Formaban lo que la población consideraba Usos del Suelo no
Deseados por las Comunidades Locales, o LULUs, por sus siglas en inglés.
Desde que se produjeron las primeras protestas de los militantes de la justicia ambiental en
Love Canal, en el estado de Nueva York, en 1978, y en el Condado de Warren, en Carolina
del Norte, en 1982, pusieron de manifiesto que los residuos tóxicos abundaban sobre todo en
las comunidades de bajos ingresos y habitadas por minorías, y auguraron una larga lucha por
remediar las desigualdades y el racismo ambientales, una lucha que ha vuelto a estar de
actualidad a raíz de la reciente contaminación por plomo y el envenenamiento de más de
6.000 niños, la mayoría negros, ocurridos en Flint, en el estado de Michigan.
Sin embargo, con el tiempo, el activismo a favor de la justicia ambiental en zonas urbanas ha
adquirido múltiples vertientes, y engloba a grupos locales que trabajan en proyectos diversos
dirigidos a mejorar activamente el medio ambiente, como granjas urbanas, huertos,
corredores ecológicos, áreas de juego y parques, que se apoyan mutuamente, atienden a las
necesidades en cuanto a salud física y mental, y dan solución a años de abandono de las
comunidades y trauma medioambiental. Entre los ejemplos emblemáticos de esta clase de
movilización colectiva están los de los barrios de Sant Pere y Santa Caterina en Barcelona,
Cayo Hueso en La Habana, o Dudley en Boston.
La planificación ecológica de las ciudades da lugar a nuevas formas de desigualdad para los
habitantes pobres o pertenecientes a minorías
Sin embargo, la planificación ecológica de las ciudades parece que se está traduciendo cada
vez más en tendencias a la gentrificación ambiental, es decir, a la ejecución de proyectos de
planificación ambiental relacionados con espacios verdes públicos que desembocan en la
exclusión de los grupos más vulnerables, al tiempo que adoptan una ética ambiental que
promete beneficios para todos (Dooling, 2009, y Checker, 2011). La gentrificación llama la
atención sobre el hecho de que los bienes ambientales nuevos o recuperados suelen venir
acompañados por un aumento del valor de las propiedades inmobiliarias, lo cual, a su vez,
atrae a grupos más ricos, mientras que abre una brecha mayor con los barrios más pobres.
Significa, asimismo, que la gente es expulsada de sus casas, de sus redes de relaciones y de
sus medios de vida.
En muchos casos, el equipamiento de los barrios con zonas verdes ‒ejemplificado por los
parques nuevos o recuperados, las infraestructuras y los cinturones verdes, los corredores
ecológicos o las instalaciones adaptadas al cambio climático‒ está patrocinado oficialmente
por los responsables políticos municipales y por cargos electos porque les resulta útil para
cumplir con su programa de sostenibilidad. Un ejemplo estéticamente vívido de
gentrificación verde es la zona ajardinada de la High Line, en Nueva York, una antigua
ferrovía elevada que el Ayuntamiento restauró y transformó en una extensa zona verde
urbana que actualmente recibe cinco millones de visitantes al año. La transformación ha
estado acompañada por importantes aumentos de los precios de las propiedades en el barrio
y por la exclusión de los comercios locales y los residentes de clase trabajadora debido a la
subida de los alquileres. De hecho, entre 2003 y 2011, los precios de las propiedades
inmobiliarias en los alrededores de la High Line aumentaron un 103%, y se multiplicaron las
promociones de bloques de viviendas de lujo, entre ellos los proyectos 505 West 19 Street o
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551W21. En Barcelona, un estudio preliminar llevado a cabo también por mí en 2015
mostró ejemplos de gentrificación medioambiental alrededor de los nuevos parques y zonas
verdes creados por el Ayuntamiento en el distrito de San Martí, al que se han mudado
habitantes más ricos y con un nivel de estudios superior, mientras que los socialmente
vulnerables se han marchado.
En consecuencia, numerosos ejemplos ilustran que la planificación ecológica puede ser
contraproducente para los grupos que luchan por la justicia ambiental si las inversiones
públicas en equipamientos verdes tales como parques, paseos, zonas de ribera, corredores
ecológicos e incluso carriles para bicicletas hacen que aparezcan nuevas clases de
desigualdades. Si bien a primera vista estos proyectos son beneficiosos para los habitantes
que antes padecían el abandono medioambiental, en realidad, a medio plazo solo los grupos
más ricos y con un nivel educativo más alto pueden permitirse los precios más caros de las
propiedades inmobiliarias que, al parecer, son consecuencia de los proyectos de
planificación ambiental. Por lo visto, estas iniciativas medioambientales generan
oportunidades de obtener ganancias para los promotores y las agencias inmobiliarias que
especulan con el "salto" de los alquileres como resultado de la presencia de vertederos o
parcelas vacías reconvertidas en zonas verdes y de la construcción de nuevas viviendas de
lujo para clases sociales más privilegiadas.
Nuevas paradojas para el activismo a favor de la justicia ambiental y perspectivas de
futuro
En consecuencia, las intervenciones urbanas en nombre de la mejora medioambiental o la
sostenibilidad originan una nueva paradoja para los activistas defensores de un programa de
justicia ambiental. Efectivamente, muchos de ellos están empezando a considerar dichas
intervenciones GREENLULUS (lo que yo llamo "usos ecológicos del suelo no deseados por
las comunidades locales") debido a que excluyen a gran número de grupos marginales de las
ventajas de los equipamientos verdes nuevos o recuperados.
Para hacer frente a la gentrificación ambiental, las organizaciones sin ánimo de lucro han
empezado a conectar la meta de la justicia ambiental con otros programas. Gran parte de sus
reivindicaciones giran en torno a la asequibilidad de la vivienda, el control de los alquileres,
la protección de los pequeños negocios de propiedad local y la preservación de la identidad
del sitio, incluida la antigua historia industrial. En lo que se refiere a los Ayuntamientos,
adquirir nuevos compromisos con la vivienda pública o social, las estrategias de creación de
riqueza para la comunidad, las iniciativas de control del suelo público, e incluso la reforma
fiscal municipal deberían ser el centro de la planificación ecológica de los ayuntamientos.
Por ejemplo, se ha demostrado que las organizaciones locales para la gestión de los bienes
de interés colectivo, como la de la calle Dudley, en Boston, dan a la gente más poder sobre
qué clase de desarrollo se lleva a cabo en su barrio, y le permiten controlar la especulación
inmobiliaria.
A pesar del impacto de la gentrificación ambiental, rechazo la peligrosa postura (que
algunos considerarían el siguiente paso lógico) consistente en instar a la supresión o la
anulación de los equipamientos medioambientales nuevos o recuperados en los barrios
pobres o en las comunidades negras. Esta clase de decisiones aumentaría su marginalidad,
concentraría las inversiones verdes o enfocadas a la sostenibilidad en los barrios más lujosos
o privilegiados, y acabaría por dar lugar a nuevos ciclos de abandono y desinversión en las
comunidades urbanas desfavorecidas. Cuando empleo el término GREENLULUS para
referirme a los equipamientos verdes nuevos o recuperados en comunidades urbanas con
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escasos recursos económicos sometidas a procesos de transformación medioambiental, mi
intención es volver a dotar de contenido político a una retórica de la sostenibilidad post
política y llamar la atención sobre el hecho de que los proyectos medioambientales no
siempre ‒ni mucho menos‒ tienen repercusiones beneficiosas para todos los habitantes de la
ciudad.
En suma, la gentrificación medioambiental nos obliga a preguntarnos si las ciudades verdes
pueden ser justas. ¿Los procesos urbanos de mejora medioambiental en realidad reproducen
o exacerban las desigualdades socioespaciales en las ciudades? ¿En qué condiciones los
proyectos de mejora de las condiciones medioambientales en los barrios desfavorecidos
redistribuyen positivamente el acceso a los servicios ambientales? Todavía hay mucho en
juego para que la puesta en práctica de la planificación ambiental tenga más poder
transformador y sea más igualitaria durante y después de la ejecución de los equipamientos
verdes nuevos o recuperados.
Fuente: Isabelle Anguelovski es investigadora principal del Instituto de Ciencia y
Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto
Hospital del Mar de Investigaciones Médicas en España. Este artículo de opinión fue
publicado el 19 de septiembre de 2016 en el periódico español El País y se encuentra
disponible en el sitio web: http://blogs.elpais.com/
7. LA RECTA FINAL DEL ACUERDO DE PARÍS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
La entrada en vigor del Acuerdo de París sobre el cambio climático, aprobado en la
conferencia de Naciones Unidas el pasado 12 de diciembre de 2015 en Francia, suponía dos
condiciones: que al menos 55 partes lo ratificaran y que estas sumaran como mínimo el 55%
de las emisiones globales de gases contaminantes. Según el gráfico de la secretaría de la
Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC), este objetivo se
logró ayer.
A fecha de hoy, 74 partes de las 197 de la convención lo han ratificado, lo que representa el
58,82% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Al superar estos dos
umbrales, el acuerdo entrará en vigor 30 días después, es decir el próximo 4 de noviembre
de 2016, unos días antes del inicio de la celebración de la Cumbre del Clima que este año
tendrá lugar en Marrakech (Marruecos) del 7 al 18 de noviembre (COP22).
"Los países han hecho posible la entrada en vigor del Acuerdo de París a una velocidad sin
precedentes en la historia reciente de los acuerdos internacionales. Es una rotunda
confirmación de la importancia que las naciones dan a la lucha frente al cambio climático y
al aprovechamiento de las muchas oportunidades inherentes al Acuerdo de París", ha
declarado ayer Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la CMNUCC.
Para Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, el fuerte apoyo internacional a la entrada
en vigor del Acuerdo de París demuestra que es urgente actuar y refleja que existe entre los
gobiernos un consenso robusto para la cooperación internacional que es esencial para
afrontar el reto climático.
"Por encima de todo, la entrada en vigor es una buena señal de la urgente y acelerada
implementación de la acción climática tan necesaria para hacer posible un mundo mejor y
más seguro, y apoyar además el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha añadido
Ban Ki-moon.
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Consecuencias de la entrada en vigor
La entrada en vigor del Acuerdo de París tiene una serie de implicaciones importantes como
la entrada en funcionamiento de su órgano de gobierno, conocido como CMA, es decir la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París. Como
la cuenta atrás para la entrada en vigor ya ha comenzado de manera formal, lo que significa
que la CMA se producirá durante la COP 22.
Por otro lado, los planes nacionales de acción climática, conocidos formalmente como las
contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés), que
las Partes presentaron como aporte al Acuerdo de París, se transformarán en contribuciones
determinadas a nivel nacional (NDC). En cualquier momento, los países pueden revisar
estos planes para aumentar su nivel de ambición. Un elemento clave del Acuerdo de París es
que estos planes sólo pueden ser revisados al alza. Nunca podrán ser revisados introduciendo
objetivos menos ambiciosos.
"Desde París, la acción climática de países, empresas, inversionistas, ciudades, regiones,
territorios y estados no ha cesado y con la implementación completa del acuerdo se asegura
que este esfuerzo colectivo continúe, aumentando sin cese, hasta garantizar un futuro
sostenible y seguro", ha explicado Espinosa.
Los gobiernos estarán también obligados a tomar medidas para lograr los objetivos relativos
a la temperatura consagrados en el acuerdo, es decir, limitar el aumento de la temperatura en
este siglo a menos de 2 ºC con respecto a los niveles de la era preindustrial y proseguir los
esfuerzos para que ese aumento no supere los 1,5 ºC.
Movilizar con éxito los 100.000 millones de dólares
Otro asunto clave es asegurar que realmente se movilizan para 2020 los 100.000 millones de
dólares que los países desarrollados han prometido a los países en desarrollo. También se
deben producir inversiones mayores por parte de inversionistas, bancos y sector privado con
el objetivo de lograr la cifra de entre 5 y 7 billones que se necesita para hacer posible la
transformación a nivel mundial.
A esto se añade otra etapa clave: concluir con éxito las negociaciones de elaboración del
reglamento para la implementación del Acuerdo de París, que será un modelo a escala global
para reportar y rendir cuentas de las medidas climáticas. Cuando esté terminado, este
reglamento hará posible su implementación completa, y establecerá los requisitos concretos
para que los países y otros actores informen de manera abierta y contabilicen sus acciones a
favor del clima.
"La entrada en vigor del Acuerdo de París es mucho más de un paso en el camino. Es un
logro político extraordinario que ha abierto la puerta a un cambio fundamental en la manera
en la que el mundo percibe y se prepara para actuar frente al cambio climático mediante
acciones más contundentes a todos los niveles por parte de los gobiernos, las empresas, el
mundo de la inversión y la sociedad civil", ha concluido Espinosa.
Fuente: Nota informativa publicado en el periódico español El Mundo el 06 de octubre de
2016 y disponible en el sitio web http://www.elmundo.es
8. EL DRAMÁTICO CAMBIO HACIA LA VIDA URBANA
Cuando la Organización de las Naciones Unidas ONU) redactó su último informe sobre lo
que llama “el dramático cambio hacia la vida urbana”, pretendió trazar un retrato equilibrado
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de las oportunidades y los retos que genera el hecho de que 50 por ciento de la población del
planeta viva en zonas urbanas.
Este equilibrio falló claramente. Mientras que las ciudades surgieron en los últimos 20 años
como plataformas económicas para la producción y la innovación, que ayudan a millones de
personas a escapar de la pobreza con mejores empleos y calidad de vida, la urbanización
masiva también causó superpoblación, profundización de las desigualdades y una andanada
de problemas ambientales y sanitarios, según el informe.
"La prosperidad se describe como una marea que elevaba a todas las embarcaciones, pero la
impresión actual es que la prosperidad solo eleva a los yates": ONU-Habitat.
“El cambio dramático hacia la vida urbana tiene profundas implicaciones para el consumo
de energía, la política, la seguridad alimentaria y el progreso humano”, destacó la primera
edición del Informe Mundial de las Ciudades, editado por el Programa de Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat).
Aunque parte del cambio es positivo, la urbanización mal planificada podría generar
desorden económico, congestionamiento, contaminación y disturbios civiles, advierte.
El informe “Urbanización y desarrollo: futuros emergentes”, presenta un análisis del
desarrollo urbano de los últimos 20 años e intenta revelar, con pruebas convincentes, que
hay nuevas formas de colaboración y cooperación, planificación, gestión, finanzas y
aprendizaje que pueden sostener el cambio positivo.
Dos tercios de la población mundial vivirán en las ciudades en 2030
Aunque prevé que dos tercios de la población mundial vivirán en las ciudades en 2030 y
producirán hasta 80 por ciento del producto interno bruto mundial, el informe demuestra que
el modelo de urbanización actual es “insostenible” en muchos aspectos.
En el período previo a Habitat III – forma abreviada de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, que se realizará en Quito del 17 al
20 de este mes – el informe señala que el patrón de urbanización tiene que cambiar para
responder mejor a los desafíos de nuestro tiempo, como “la desigualdad, el cambio
climático, la informalidad, la inseguridad y las formas no sostenibles de expansión urbana”.
“En los veinte años transcurridos desde la Conferencia Habitat II, el mundo ha presenciado
la conglomeración de su población en zonas urbanas. Esto ha ido acompañado de un
crecimiento socioeconómico en muchos casos. Pero el paisaje urbano está cambiando y, con
él, la urgente necesidad de un enfoque coherente y realista sobre la urbanización”, declaró el
director ejecutivo de ONU-Habitat, Joan Clos.
A medida que la población urbana aumenta, la superficie ocupada por las ciudades crece a
un ritmo mayor. Se proyecta que, para el año 2030, la población urbana de los países en
desarrollo se duplicará, mientras que el territorio abarcado por las ciudades podría
triplicarse.
“Esta expansión urbana es un desperdicio en términos de consumo de tierra y energía y
aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. El centro urbano de la gravedad- al
menos para las megaciudades – se ha desplazado a las regiones en vías de desarrollo”, según
ONU-Habitat.
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Crecimiento imparable
En 1995, había 22 grandes ciudades y 14 megaciudades a nivel mundial. En 2015 las cifras
para las dos categorías de ciudades se habían duplicado, con un 22, o 79 por ciento, de las
grandes ciudades situadas en África, América Latina y Asia.
Los centros urbanos de mayor crecimiento son las ciudades medianas y pequeñas con menos
de un millón de habitantes, que representan 59 por ciento de la población urbana del planeta.
El informe reconoce que la urbanización ofrece una gran oportunidad para lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero advierte que, si bien en algunas ciudades se está
dando lo que en Nueva York se conoció como “renacimiento urbano”, en la mayor parte del
mundo ese no es el caso en absoluto.
Fracaso espectacular
“El fracaso de la política urbana ha sido espectacular en su visibilidad y devastadora en sus
consecuencias para hombres, mujeres y los niños en muchas ciudades”, destaca el informe.
Demasiados habitantes tienen viviendas de mala calidad, sin los servicios de infraestructura
adecuados como agua, saneamiento y electricidad, y sin empleo estable, fuentes confiables
de ingresos, servicios sociales o perspectivas de movilidad social, añade.
“La prosperidad se describía como una marea que elevaba a todas las embarcaciones, pero la
impresión actual es que la prosperidad solo eleva a los yates”, subraya el informe, mientras
enumera los elementos clave de un enfoque integral para un Nuevo Programa Urbano que
debe ser audaz y orientado a la resolución de problemas.
¿Un derecho humano universal?
En el Día Mundial del Hábitat, celebrado el martes 3, ONU-Habitat declaró que “la vivienda
adecuada es un derecho humano universal” y, por lo tanto, debe ser una prioridad de la
política urbana y en el centro físico de la ciudad.
“La rápida expansión no planificada de los pueblos y ciudades significa que cada vez más
personas pobres y vulnerables viven en condiciones precarias, sin espacio vital suficiente ni
acceso a los servicios básicos, tales como agua, saneamiento, electricidad y atención
médica”, declaró el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en su mensaje en el Día
Mundial del Hábitat.
Ban recordó a los líderes del mundo que 25 por ciento de los habitantes de las ciudades
viven en barrios marginales o asentamientos informales. “Suelen estar aislados de las
oportunidades de trabajo digno y son vulnerables a los desalojos forzosos y la falta de
vivienda”, añadió.
Y destacó la necesidad de otorgar el acceso universal a una vivienda adecuada como una de
las prioridades de la Nueva Agenda Urbana, que se espera que los gobiernos adopten en la
conferencia de Hábitat III en Quito.
“Las viviendas deben estar ubicadas en el centro físico de la ciudad… A esta altura eso
puede sonar utópico, una especie de sueño ilusorio, pero por el contrario, es un paso urgente
hacia una solución eficaz para los problemas más acuciantes de nuestra sociedad moderna”,
subrayó Ban.
Un estudio reciente realizado por el Observatorio Urbano Mundial de ONU-Habitat, en
colaboración con la Universidad de Nueva York y el Instituto Lincoln, concluye que la
vivienda pública representa menos de 15 por ciento de los tipos de vivienda, en el Sur en
desarrollo y en el Norte industrializado.
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“La tendencia en las últimas dos décadas es que hubo un aumento del costo de la vivienda,
obligando a la gente a alejarse a las afueras de la ciudad para encontrar una vivienda
asequible”, agregó.
Fuente: Nota informativa publicado en el portal IPS Noticias el 06 de octubre de 2016 y
disponible en el sitio web: http://www.ipsnoticias.net/
9. ADAPTACIÓN CLIMÁTICA, LA LLAVE PARA HAMBRE CERO EN AMÉRICA LATINA
El cambio climático provoca alteraciones profundas en la producción agrícola de América
Latina y el Caribe y si no se toman urgentes medidas de mitigación y adaptación del sistema
productivo, aumentará el riesgo para la seguridad alimentaria de los habitantes de la región.
Esto podría revertir los importantes avances alcanzados por la región con los planes para
lograr el objetivo de Hambre Cero, advirtieron expertos a IPS.
Dos ejemplos: para mantener los rendimientos en las producciones de café en la región,
estas debieron subir de los 1.000 metros a los 1.200 y hasta 2.000 metros sobre el nivel del
mar, mientras muchas viñas en Chile desplazaron sus plantaciones más al sur del territorio
buscando sol y lluvia.
“Si el clima para producir ya no es adecuado, te mueves a otras zonas donde las condiciones
agroecológicas y climáticas son adecuadas. Para las grandes empresas no se trata de un
problema tan serio, pero sí para la agricultura de pequeña escala, con menores niveles de
tecnología y de inversión o menos poder de acumulación”: Adrián Rodríguez.
Las grandes empresas pueden comprar otros terrenos, pero muchos agricultores familiares
ven amenazada su actividad y se preguntan si se acerca el día de cambiar de rubro o migrar
hacia otros lugares, incluso a las grandes urbes, para subsistir.
“El cambio climático nos pone en esa posición de inseguridad. Si antes más o menos
podíamos estimar temperaturas o humedades medias para una zona específica, ahora vemos
reducida nuestra capacidad de predecir con cierto nivel de probabilidad”, explicó a IPS el
ecuatoriano Jorge Meza, de la oficina regional de la Organización de Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO).
“Partiendo de esa situación y considerando que de esta manera las estimaciones pueden
tener muchos rangos positivos como negativos, se ha estimado que el impacto que podría
tener el cambio climático en la economía regional para el 2030 podría llegar a una media de
2,2 por ciento del PIB en daños”, destacó.
Algunos efectos podrían ser beneficiosos, como un aumento de las precipitaciones que
significaría más agua para los cultivos”, explicó el oficial principal forestal de la FAO en la
oficina regional del organismo en Santiago de Chile.
Pero en términos generales, advirtió, si los daños afectan a 2,2 por ciento del PIB (producto
interno bruto), “quiere decir que habrá países que no crecerán económicamente y, más allá
de la variable económica, habrá un impacto social fuerte de cuatro o cinco por ciento”.
La FAO busca enfatizar la vinculación entre la mitigación y adaptación al cambio climático
y la seguridad alimentaria, dedicando el Día Mundial de la Alimentación de este año, el
domingo 16 de octubre, al tema: “El clima está cambiando, la alimentación y la agricultura
también”.
Un ejemplo es lo que vaticina para América Central la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal).
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Si no se toman medidas de mitigación o de adaptación al cambio climático, para el 2050
podría haber en la zona una reducción de 25 por ciento en la producción de los granos
básicos, lo que significaría perder un cuarto de la capacidad productiva, estima el
organismo.
“Esto es preocupante por dos motivos: primero por la falta de disponibilidad de alimentos y
segundo, porque los alimentos que queden, ese 75 por ciento, van a ser más caros. Ambas
situaciones impactan a los más pobres porque hay menos alimentos y porque al ser más
caros se reducen las posibilidades de acceder a estos granos básicos” explicó Meza.
Adaptación climática, la llave para hambre cero en América Latina
Finca familiar en el estado de Río de Janeiro, en Brasil, con un sistema de siembra que se
adapta a las manifestaciones del cambio climático en el área. Crédito: Fabiola Ortiz/IPS
Viviana Espinosa, una chilena de 60 años, cultiva desde hace algunos años una variedad de
alimentos para el consumo familiar.
En su casa, ubicada en la zona del Cajón del Maipo, en los faldeos de la cordillera de Los
Andes, a unos 17 kilómetros de Santiago, Espinosa siembra y cosecha año a año productos
que luego sirve en su mesa y que también reparte entre sus hijos y nietos.
“Los alimentos están cada vez más caros. Por ejemplo, un kilogramo de tomates llegó a
costar 2.500 pesos (unos 3,7 dólares) en septiembre. Si yo siembro en mi casa, no solo me
ahorro ese gasto, sino que, además, consigo un producto natural, sin pesticidas y ojalá,
orgánico”, señaló a IPS.
Junto a los tomates, esta chilena, casada y con tres hijos, siembra remolachas, lechugas,
zanahorias y cebollas.
“El desafío ahora es que todo, todo lo que siembre, sea orgánico y que el clima nos
acompañe. Ya nos pasó que lluvias fuertes en noviembre de 2015, destruyeron todo lo que
habíamos sembrado”, reveló.
La variabilidad climática se expresa en la región latinoamericana con unos 70 eventos
anuales que incluyen huracanes, erupciones, sequía, incendios, deslizamientos de tierra y,
principalmente, inundaciones que afectan como promedio a unos cinco millones de
habitantes.
Mientras, un tercio de los 625 millones de latinoamericanos, en su mayoría pobres y
vulnerables, viven en zonas de alto riesgo y están expuestos a que un evento climático ponga
en peligro sus medios de vida.
El cambio climático tiene, asimismo, un rostro de más largo plazo, cuya primera expresión
es la reducción de la productividad de los cultivos y una segunda, la creciente relocalización
de las zonas agrícolas.
“Se dice que si tú no te mueves y sigues produciendo en la misma área, es probable que
tengas menores rendimientos, y eso puede requerir mayor tipo de uso de insumos o
tecnologías con semillas más resistentes”, explicó a IPS el economista costarricense Adrián
Rodríguez, jefe de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la Cepal.
“Desde el punto de vista de la agricultura familiar o la agricultura que está en cultivos
vinculados o relevantes para la seguridad alimentaria, puede haber impactos hacia los
agricultores y hacia los consumidores, por la posibilidad de que los precios de los alimentos
se incrementen”, aseguró.
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Añadió que hay otro efecto que ya se está viendo y es la posibilidad de relocalización de las
actividades productivas.
“Si el clima para producir ya no es adecuado, te mueves a otras zonas donde las condiciones
agroecológicas y climáticas son adecuadas. Para las grandes empresas no se trata de un
problema tan serio, pero sí para la agricultura de pequeña escala, con menores niveles de
tecnología y de inversión o menos poder de acumulación”, indicó.
En 2015, la región latinoamericana fue la primera del mundo en alcanzar las dos metas
internacionales de reducción del hambre: el porcentaje de subalimentación cayó a 5,5 por
ciento y el número total de personas subalimentadas llegó a 34,3 millones.
Con ello, la región logró la meta establecida de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
remplazados desde este año por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también en la
última Cumbre Mundial sobre la Alimentación.
Sin embargo, el desafío ahora es alcanzar el hambre cero, una meta que podría verse
afectada por el cambio climático, que impacta en los cuatro pilares de la seguridad
alimentaria y nutricional: la estabilidad de la producción de alimentos, su disponibilidad, el
acceso físico y económico y su adecuado uso.
Para Meza es necesario impulsar acciones de mitigación que consideren un cambio en el
sector energético hacia fuentes renovables y, en el sector agropecuario, avanzar hacia
prácticas orgánicas que eviten deforestar, utilizar los desechos de los animales para generar
biogás y mejorar la dieta de los animales apuntando a reducir las emisiones, entre otras
medidas.
Rodríguez planteó que la mitigación debe comenzar mejorando la gestión de los productores
entregándoles información agro meteorológica adecuada y oportuna y, en el plano
tecnológico, desarrollando variedades más resistentes a la sequía, a la humedad y a las
variaciones en la disponibilidad de agua y de radiación solar y optimizar el uso del agua con
sistemas de riego adecuados.
El especialista propone también avanzar en la investigación con base en “el conocimiento
que tienen los agricultores, sobre todo de la agricultura familiar o indígena, quienes tienen
variedades tradicionales que son más adecuadas a determinadas aptitudes, climas o suelos”.
“Ese conocimiento es también muy relevante de tener en cuenta”, afirmó Rodríguez.
Fuente: Nota informativa publicado en el portal IPS Noticias el 10 de octubre de 2016 y
disponible en el sitio web: http://www.ipsnoticias.net/
10. UN PANEL DE EXPERTOS DEFIENDE QUE EL PACTO CLIMÁTICO DE PARÍS ES INSUFICIENTE
El pacto contra el cambio climático, acordado en París en diciembre de 2015 por 195 países,
no es suficiente. Si no se aumentan los esfuerzos para reducir las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero, la meta propuesta en ese pacto (que el aumento de la
temperatura global se quede por debajo de los dos grados centígrados a final de siglo) se
incumplirá ya en 2050. Es la conclusión del análisis presentado este jueves y realizado por
siete expertos, encabezados por el físico Robert Watson, expresidente del panel de la ONU
sobre cambio climático.
El objetivo global del Acuerdo de París, que se prevé que en breve entre en vigor, es reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero para "mantener el aumento de la temperatura
media mundial muy por debajo de dos grados centígrados con respecto a los niveles
preindustriales, y de seguir esforzándose por limitar el aumento de la temperatura a 1,5
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grados". Un incremento de la temperatura por encima de esos dos grados tendría, según han
concluido los expertos de la ONU, consecuencias catastróficas para el planeta.
Pero esas dos metas recogidas en el Acuerdo de París (dos grados y 1,5 en el mejor de los
casos) están cerca de incumplirse ya. El análisis dirigido por Watson y realizado para la
Fundación Ecológica Universal recuerda que la Organización Meteorológica Mundial ya ha
certificado que el pasado año se llegó a un incremento de un grado respecto a los niveles
preindustriales. "Es un aumento significativo en sólo tres años", señala el informe, que
recuerda que en 2012 el planeta estaba en los 0,85 grados.
Más información
Un panel de expertos defiende que el pacto climático de París es insuficiente La Cumbre de
París cierra un acuerdo histórico contra el cambio climático
Un panel de expertos defiende que el pacto climático de París es insuficiente 15
gigatoneladas de gases de efecto invernadero de más en 2030
Según estos expertos, en 2030 ya se podría llegar al incremento de 1,5 grados. Y en 2050 se
estaría en el nivel de los dos grados, aunque se apliquen los recortes de emisiones de gases
de efecto invernadero previstos en el Acuerdo de París.
Compromisos insuficientes
El análisis de Watson reconoce la importancia del sistema de compromisos previsto en el
Acuerdo de París, por el que cada Estado firmante promete hacer recortes en sus emisiones
de gases de efecto invernadero. Habla de "una nueva etapa en los esfuerzos colectivos para
luchar contra el cambio climático". En esa "nueva etapa" todos los firmantes del acuerdo,
sean países desarrollados o no, se comprometen a reducir sus emisiones, a diferencia del
anterior Protocolo de Kioto.
Pero los compromisos que ya están sobre la mesa, presentados por 189 países (que acumulan
el 98% de las emisiones mundiales), son insuficientes: "solo contribuirán a reducir la
trayectoria de las emisiones de gases de efecto invernadero global en comparación con la
tendencia actual".
El 83% de esos planes nacionales de reducción de emisiones -que se deberán aplicar entre
2020 y 2030- son condicionados a que les llegue financiación desde el fondo de 100.000
millones de dólares anuales previsto en el acuerdo. El análisis presentado este jueves
establece que, si solo se aplicaran los planes no condicionados, las emisiones mundiales no
solo no se reducirían, sino que crecerían hasta un 6% en 2030 respecto a los niveles actuales.
Si se incluyen los planes condicionados y los que no lo están, simplemente se lograría que
las emisiones se estancaran y fueran las mismas que en este momento en 2030.
El análisis concluye que, con los planes actuales, los países emitirán un 33% más de gases
de efecto invernadero en 2030 que lo requerido, según los científicos, para lograr cumplir
con el objetivo de los dos grados centígrados a final de siglo.
Revisión
En el anexo del Acuerdo de París ya se reconocía que los esfuerzos no eran suficientes.
Según ese texto, para cumplir con la meta de los dos grados en 2030 se deberían emitir 40
gigatoneladas de gases de efecto invernadero anuales. Pero, con los esfuerzos presentados
por los firmantes del pacto, ese año se rondarán las 55 gigatoneladas, unas 15 más de lo
requerido.
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Por eso, en el acuerdo también se establece que en 2018 los planes se deberán revisar al alza.
"Es necesario doblar o triplicar los esfuerzos", ha insistido este jueves Watson respecto a esa
revisión. "El cambio climático está ocurriendo ahora y mucho más rápido de lo previsto", ha
añadido.
Europa, A Punto De Ratificar El Acuerdo
Para que el Acuerdo de París entre en vigor, hace falta que al menos 55 países lo ratifiquen.
Y ya son 61 los que lo han hecho. Pero, además, es necesario que los Estados que lo
ratifiquen acumulen al menos el 55% de las emisiones globales. Este segundo requisito está
a punto de cumplirse, ya que esos más de 60 Estados suponen ahora el 47,8% de las
emisiones mundiales.
Este viernes se celebra en Bruselas un consejo extraordinario de los ministros de Medio
Ambiente de la UE, en el que se aprobará la ratificación del acuerdo. Y se espera que la
semana que viene el Parlamento europeo haga lo mismo. Sin embargo, luego hará falta que
cada uno de los 28 miembros de la UE apruebe individualmente ratificar el acuerdo.
Fuente: Nota informativa publicada en el periódico español El País el 29 de septiembre de
2016 y disponible en el sitio web: http://internacional.elpais.com/
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Edición a cargo de Rodrigo Fernández Ortiz