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Presupuestos, crecimiento y sector financiero
Julio G. Sequeiros Tizón
La victoria electoral del Partido Popular en las elecciones generales de finales del año pasado y
las dos oleadas de financiación a los bancos que ha realizado el B.C.E. llevaron a la economía
española a una etapa de sosiego y tranquilidad que, lamentablemente, ha durado muy poco. El
P.P. gana las elecciones con un discurso basado en la austeridad, la eficacia en la gestión y,
sobre todo, en el control de unas cuentas públicas en las cuales el déficit avanza de forma
galopante. El posponer la presentación del presupuesto hasta después de las elecciones
andaluzas fue entendido por los mercados como una concesión al populismo de un gobierno
que primaba los votos y las mayorías electorales sobre una gestión pública rigurosa, eficaz y
puntual. Mal asunto.
Pero, en el entretanto, el nuevo gobierno revisa la cifra de déficit para 2011 y nos comunica
que, en lugar del 6,0 por ciento previsto, el déficit dejado por los socialistas ha sido de 8,51 por
ciento del PIB, esto es, casi 30.000 millones más de lo pactado con Bruselas. Hasta aquí todo
correcto. Nadie puede reprochar a un gobierno entrante colocar el marcador en su justo lugar
o, lo que es lo mismo, todos los partidos de fútbol empiezan con empate a cero. Lo interesante
viene ahora. El gobierno comunica que, de forma unilateral, el compromiso de déficit para
2012 no será el 4,4 pactado sino que será del 5,8 por ciento del PIB, en un desafío a Bruselas
(al resto de los socios de la zona euro) que resulta prepotente e inaceptable. Y esto se hace
acudiendo a los viejos mitos de la soberanía nacional y de los gobiernos democráticamente
elegidos. Al mismo tiempo, se reitera el compromiso de un tres por ciento de déficit al final de
2013. Las cuentas que había hecho el P.P. eran las siguientes: como el déficit en 2011 es del
8,51 y en 2013 tiene que ser del tres por ciento, recorro la mitad del camino cada año, por lo
tanto, acabo 2012 con el 5,8 por ciento.
Este planteamiento tiene dos problemas serios. En primer lugar, ni en la Unión Europea ni en
la eurozona están acostumbrados a estos envites unilaterales donde un estado miembro toma
decisiones por libre y los demás se enteran por la prensa (o por sus servicios de inteligencia).
Bajo el punto de vista de las formas, un reto inaceptable y un desafío totalmente inoportuno
en un contexto donde las decisiones se estudian conjuntamente, se buscan consensos, y
funciona el denominado método comunitario. En el fondo, el problema está en el concepto de
soberanía nacional aplicado a un miembro de la Unión Europea y, más aún, a un miembro de la
zona euro. Estos países tienen su soberanía nacional compartida en una amplia variedad de
temas, entre ellos, la gestión de la moneda única. Pero además, y esto hay que decirlo con
total claridad, la soberanía nacional de un país que necesita financiar en el exterior sus déficits
(sean del tipo que sean) está muy recortada por las condiciones que imponen los acreedores.
Soberanía nacional y endeudamiento exterior son conceptos antagónicos.
Lo anterior explica cómo el gobierno ha sido llamado a capítulo y, al final, el déficit para 2012
queda comprometido en el 5,3 por ciento del PIB, recortando más en el primer año que en el
segundo. En síntesis, el resultado de todo este embrollo ha sido favorable para España: 5.000
millones de euros que había que recortar este año, quedan para el año que viene.
Enhorabuena.
Las elecciones andaluzas dieron el resultado que dieron, pero tienen un aspecto preocupante.
Al mantenerse el gobierno saliente sigue la preocupación sobre las cuentas de esa Comunidad
Autónoma. Sería razonable pensar que tras 30 años en el gobierno el déficit es bastante
superior al declarado, como ya nos ha pasado en Cataluña o en Castilla la Mancha en donde las
desviaciones que se han encontrado los gobiernos entrantes han sido muy notables. Aquí hay
un problema: las CC.AA. han sido las principales responsables de la desviación en el déficit de
2011, que tenía que haber pasado de un 9,0 en 2010 a un 6,0 en 2011 y se ha quedado en el
8,5, perdiendo así, a efectos de déficit, un año completo.
Conocido el resultado de las elecciones en Andalucía el gobierno presenta los presupuestos
para 2012. Este anteproyecto introduce un ajuste en el déficit de 27.000 millones de euros,
cifra que es congruente con un déficit del 5,3 por ciento a finales de año. Hasta aquí todo bien.
El problema está en la letra pequeña. El análisis de los presupuestos revela como el ajuste se
realiza en prácticamente todos los ministerios, con un corte de pelo generalizado a todas las
administraciones públicas. Aquí es dónde está el problema. El gobierno parece no haber
entendido correctamente el recado que tiene que hacer. Lo que se le encomienda a España (y
la reforma de la Constitución del año pasado va en esta línea) es que haga cuadrar los ingresos
significativos y recurrentes con los gastos significativos y recurrentes, equilibrio que se tiene
que mantener, incluso, en las partes bajas del ciclo, cuando los ingresos son más reducidos. A
finales de 2013 este ejercicio tiene que estar resuelto y el déficit no puede superar el tres por
ciento. Veamos.
El presupuesto para 2012 recorta prácticamente todo el gasto en infraestructura, un gasto
relacionado directamente con la creación de empleo y el crecimiento económico. Sin embargo,
los gastos relacionados con las prestaciones sociales no se modifican. Y aquí es donde está el
problema. España tiene que reformar el sistema tributario de tal forma que recaude lo
necesario para financiar las pensiones, el desempleo, la sanidad y la educación. Y hay que
actuar de los dos lados. Por el lado de los ingresos, la reforma (temporal y transitoria) del IRPF
no es suficiente para financiar a largo plazo el estado del bienestar, a pasar que ya tenemos
un impuesto sobre la renta como Suecia o Noruega. El gasto en pensiones crece 5.000 millones
por año nos guste o no. Y los sucesivos incrementos en el I.V.A. también son insuficientes. Hay
que actuar también del lado de los gastos.
Si se me permite un ejemplo, me explicaría mejor: una familia tiene que pagar los gastos
recurrentes y significativos (agua, luz, alquiler, hipoteca, alimentación, colegios, transporte,
etc.) con ingresos recurrentes y significativos (salarios, pensiones, etc.). Este es el único
esquema que es capaz de estar equilibrado en el medio plazo. Y cuando esto no es así, hay que
ajustar y renunciar a algo. Los gastos recurrentes y significativos (pensiones, desempleo,
sanidad y educación) se deben pagar con la recaudación de impuestos. Nunca con deuda.
Una vez presentado el presupuesto, el gobierno anuncia un recorte adicional de 10.000
millones de Euros, 3.000 en educación y el resto en sanidad. La sensación de improvisación y
de ir a remolque de los acontecimientos es inevitable. Todo lo contrario a lo ofrecido en la
campaña electoral: seriedad, confianza, credibilidad y buen gobierno. Pero el problema va más
allá. Como es bien sabido, las competencias en sanidad y educación están transferidas a las
autonomías y son ellas (con sus estatutos, sus parlamentos, y sus gobiernos) quienes tienen
que tomar estas decisiones. La dispersión institucional de las decisiones de gobierno en estas
materias es un elemento de desconfianza a mayores. En el extranjero esto no se entiende muy
bien.
En un contexto de este tipo, se explica perfectamente cómo, en el caso de la prima de riesgo
española, el efecto balsámico de la subasta de casi un billón de euros por parte del B.C.E. ha
tenido un recorrido tan breve. En efecto, a mediados de abril 2012 la bolsa se encuentra en
mínimos del año, la prima de riesgo supera ya los 400 puntos y los seguros contra el impago
español están a 500 puntos.
En esta situación (una crisis dentro de la crisis) intervienen los presupuestos para 2012 y un
tema recurrente en la opinión pública: la ausencia de crecimiento económico. La economía
española va a estar largo tiempo (es probable que más allá de 2014) sin presentar una tasa de
crecimiento que requiera la generación de empleo neto. Y en esta línea apuntan las
previsiones de los principales observatorios: el Fondo Monetario, la Comisión U.E., etc. Y esta
coyuntura tenemos que aceptarla cuanto antes y actuar en consecuencia.
Dicho de otra forma, y en el corto plazo, el crecimiento económico ni está ni se le espera. En
los próximos trimestres las tasas de crecimiento estarán comprendidas en la banda del
mas/menos 0,5 por ciento, revelando una situación de estancamiento con destrucción de
empleo. Esto es así porque un segmento importante de los agentes que actúan en la economía
española están en situación de quiebra: son zombis. Me explico con un ejemplo, otra vez de la
economía familiar.
Una pareja en la que trabajan los dos, compra una vivienda en 2005 por importe de 120.000
euros gracias a una hipoteca (somos así de ingenuos) de 100.000 euros. En 2012 el piso --ya ha
bajado de precio-- vale 85.000 euros y la hipoteca está todavía en 95.000 euros. Esta familia
está patrimonialmente en quiebra, aunque no tenga ningún problema de liquidez. Llegan a fin
de mes, pagan sus facturas (hipoteca incluida), pero financieramente son unos zombis. Nadie
les prestará un euro ya que el valor de sus deudas es superior a su patrimonio. Tampoco están
en condiciones de avalar a nadie: están fuera del mercado financiero (eso significa zombi, a la
japonesa). Y con el tiempo esto se agravará: los pisos van a seguir bajando de precio. Habrá
que esperar un tiempo hasta que el valor se la hipoteca sea sensiblemente inferior al valor del
piso. Y esto es una historia con final feliz. Supongamos que uno de los dos (o los dos) pierden
el empleo: lo que era un problema de solvencia (quiebra encubierta) se convierte, de pronto,
en un problema de liquidez ya que no pueden hacer frente a la hipoteca. En este caso, la
vivienda se la queda el banco, que pasa él mismo a ser un zombi. El banco incorpora a su
balance el piso por el valor de la hipoteca viva (95.000 euros) cuando el piso realmente vale
85.000.
Lamentablemente, esta historia la ha vivido --y la están viviendo-- varios millones de
españoles. El cuadro adjunto nos muestra como entre 2003 y 2010 se han realizado más de
diez millones de hipotecas por un importe conjunto de más de 1,5 billones (con b) de euros, es
decir, el 150 por ciento del PIB español. Aunque la participación de los bancos es importante,
esta financiación ha corrido principalmente a cuenta de las cajas de ahorros. La expansión del
crédito y la burbuja inmobiliaria han sido letales en el largo plazo para España.
Esto ha pasado en las familias, en las empresas y, si se me apura, en el estado. El crecimiento
del periodo 1993 a 2008 (quince años consecutivos creciendo al cinco por ciento anual) ha sido
un crecimiento financiado con un crédito fácil y barato que tiene como consecuencia que lo se
debería crecer ahora ya lo hemos crecido en el pasado. El crecimiento basado en el crédito
adelanta a las primeras etapas del periodo una producción que debería repartirse más
homogéneamente a lo largo del tiempo.
Pero no solo una parte importante de las familias están en una situación de quiebra técnica, lo
realmente sistémico es la situación de los bancos. Una gran parte del sistema financiero
español es zombi ya que ni presta ni es capaz de tomar prestado al margen de las facilidades
financieras del B.C.E. El mercado interbancario en España dejó de ser relevante prácticamente
en 2010. Desde ahí hasta ahora vive a expensas del BCE. Y esto es así ya que gran parte de los
activos bancarios están sobrevalorados en sus balances: los pisos han bajado de precio; los
solares carecen de mercado; la deuda española, vendida antes de vencimiento, tiene un
descuento importante (la prima de riesgo); la deuda pública portuguesa en manos de la banca
española prácticamente no tiene valor; etc.
A parte de la situación del presupuesto para 2012, el rescate de la banca española es un tema
central. Se necesitarían entre 60.000 y 100.000 millones de euros para sanear definitivamente
el sector, cantidad que el estado español es incapaz de captar por si solo. Es más, la deuda
pública significaba en 2011 casi un setenta por ciento del PIB español. A esto hay que añadir, a
finales de 2012, un seis por ciento de déficit publico más unos 30.000 millones del crédito a los
ayuntamientos. En total, acabaremos 2012 con una deuda pública cercana al ochenta por
ciento del PIB. Si a esto se le añaden los 100.000 millones para la banca, podríamos acabar con
una deuda total próxima al 90 por ciento del PIB.
El rescate de la banca, si se lleva a cabo, se hará mediante un préstamo del Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera y no con una intervención tradicional como en Irlanda (con troika
incluida). Ahora bien, no nos engañemos a nosotros mismos: el préstamo a la banca significa,
en la práctica, la intervención de la economía española y la condicionalidad más estricta por
parte del estado. Y aquí vuelve otra vez el tema de los presupuestos. O ajustamos nosotros
nuestros gastos recurrentes y significativos a nuestros ingresos (también recurrentes y
significativos) o nos lo harán los de fuera. Un euro no es gratis.
Número de hipotecas urbanas registradas en España
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Bancos
Cajas
Otras
1.316.165
1.560.732
1.746.567
1.842.925
1.731.582
1.238.465
1.023.923
916.061
621.724
508.845
613.661
625.076
608.233
546.110
428.781
374.478
345.530
264.535
689.176
802.036
939.006
1.034.173
1.033.329
691.944
546.745
474.527
277.372
118.165
145.021
182.503
200.519
152.143
117.740
102.700
96.004
79.817
Valor de las hipotecas (millones de Euros)
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Bancos
Cajas
Otras
135.697,41
185.136,33
234.169,30
280.413,72
283.361,36
192.449,17
135.823,02
114.063,73
72.956,51
56.924,67
78.642,53
90.604,85
100.741,66
99.139,32
75.365,30
57.105,13
49.696,64
34.150,89
67.662,30
90.511,57
121.288,67
152.470,79
163.046,06
98.928,98
65.138,14
51.959,29
29.205,51
11.110,19
15.982,14
22.276,21
27.201,25
21.176,02
18.154,88
13.579,75
12.407,77
9.600,10
Fuente: elaboración propia a partir de I.N.E.