Download Participación ciudadana

BARRIOS, DUARTE y Asociados
Asesorías, Evaluaciones, Capacitación y Estudios en el Área Social
INFORME PARA EL GRUPO SOCIAL CESAP
TELF: -373.19.78 Telefax: -9755493 CEL: 0416-807.20.23
E-mail: agraba@telcel.net.ve evaduarte@telcel.net.ve
I-
PARTICIPACIÓN : TENDENCIAS Y DESAFÍOS
II-
DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
DEL GOBIERNO ACTUAL.
Ana Barrios B.
Eva Duarte O.
Noviembre 2001
PRESENTACIÓN
El documento que presentamos a continuación ha sido elaborado en
respuesta a la solicitud emanada del Grupo Social CESAP para realizar una
recopilación de dos temas importantes para el quehacer de la organización, como
son, la participación y los programas sociales gubernamentales.
En relación a la participación, se ha efectuado una revisión bibliográfica a
objeto de reflejar las tendencias conceptuales y orientaciones actuales, igualmente
se ha hecho mención de los aspectos legales en los cuales se está desenvolviendo
la discusión de los diferentes proyectos de ley a ser debatidos en el seno de la
Asamblea Nacional, así como los desafíos que de este tema surgen en el contexto
presente del país.
Respecto a los programas sociales se los ha enfocado desde un punto de
vista descriptivo, realizando también un análisis somero de las dificultades actuales
para su implementación. Para ello, se ha realizado una consulta de fuentes directas
de información así como de datos hemerográficos aparecidos en los principales
periódicos de circulación nacional.
Esperamos que este documento pueda aportar informaciones básicas que
encaminen el intercambio de ideas entre los integrantes del Grupo Social CESAP.
3
PRIMERA PARTE
I- PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS Y DESAFÍOS
1. Introducción
El tema de la participación ha sido uno de los pilares fundamentales en las
bases conceptuales de las organizaciones de desarrollo social (Ods), su
comprensión, análisis y maneras de aplicación han constituido parte esencial de la
reflexión y las funciones de estas organizaciones.
Pero el estudio de la participación y sus tendencias en la actualidad ha
cobrado mayor vigencia, en tanto observamos cómo el término ha sido
incorporado desde diversas perspectivas y enfoques, y de una manera explícita, en
el quehacer de muchas otras instituciones y organizaciones tanto públicas como
privadas. No cabe duda, que la participación es un tema que ha ido impregnando a
sectores tan diversos como son el empresarial, el mundo de la cooperación
internacional o el académico, convirtiéndose en requisito o precepto para muchas
de las actividades desarrolladas desde estos ámbitos.
Por otra parte, en el reciente desarrollo histórico de nuestro país, se han
abierto nichos importantes en la esfera institucional para el ejercicio de la
participación en diversos ámbitos, como lo son entre otros, el proceso de
descentralización y municipalización, y las disposiciones contenidas en la
recientemente aprobada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Igualmente, estamos en presencia de una serie de iniciativas que apuntan al
establecimiento de nuevas formas de expresión y de articulación social que incorporan vías
distintas, propiciatorias de la participación en nuestra dinámica social, entre las cuales podemos
mencionar: el surgimiento de la red de veedores para la vigilancia del proceso electoral, la creación
de figuras (ombusdman) y de espacios interactivos en medios de comunicación social que permiten
el pronunciamiento de opiniones o la crítica a limitaciones de derechos relacionados con la
participación.
A pesar de este alcance obtenido, en un intento por entender mejor la
lógica y el sentido de la participación, diversos autores han reflexionado
4
recientemente sobre este tema encontrando que existe aún una brecha importante
entre el discurso que convoca a la participación y la concreción de ésta en la
práctica de las comunidades y colectivos sociales.
Por ello, los hitos y espacios que se han establecido, constituyen una
oportunidad para comenzar a identificar o retomar metodologías y estrategias de
participación que contribuyan a llenar de contenido real este discurso.
En este marco situacional, la revisión del tema de participación se vislumbra con nuevos
sentidos, que exigen la reflexión tanto desde el punto de vista conceptual como de las señales que
puede brindarnos el accionar de la sociedad.
3. Contexto actual para la participación en el país.
La revisión conceptual del tema de participación, a nuestro juicio, no puede soslayar el
examen del contexto social donde las interpretaciones y apreciaciones teóricas se están
efectuando, ya que la participación per se implica acción en un escenario dado. Por ello,
identificaremos una serie de elementos favorables y desfavorables que han venido surgiendo para
el ejercicio de la participación en nuestro país.
Favorables

El proceso de descentralización y de establecimiento de gobiernos regionales y locales,
generado en nuestro país a partir de finales de los años ochenta, ha posibilitado el surgimiento,
tanto de liderazgos y movimientos políticos propios de los estados, como de experiencias de
gestión local donde se ha estimulado la participación de la gente.

Existe en la esfera oficial, desde hace algunos años y acentuado en los últimos tiempos, un
discurso en pro de la participación, en el cual se reconoce que la práctica gubernamental, o los
proyectos y programas sociales tienen que contar con
la incorporación y gestión de las
comunidades y organizaciones sociales pues se establece como un fin de las políticas sociales.

El proceso que culminó con la aprobación de la nueva Constitución de la República, produjo
una serie de movilizaciones sociales (pronunciamientos públicos, reuniones para la discusión,
manifestaciones, lobby, etc.) de diversos sectores del país, que en cierta forma despertaron de
la apatía en que estaban sumidos.
5

Incorporación de manera explícita del tema de la participación en una serie de articulados de
instrumentos jurídicos, como son, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV) y la Ley Orgánica de Protección a la Niñez y Adolescencia (LOPNA).

El surgimiento de formas jurídicas y expresiones sociales novedosas en el país que pueden
contribuir a una mayor participación del colectivo: figuras paritarias en la LOPNA, referéndum
en la CRBV, red de veedores, mesas de diálogo, etc.
Desfavorables

Falta de promoción, difusión y educación ciudadana para que se conozcan los contenidos e
instrumentos jurídicos que favorecen la participación.

Ausencia de mecanismos efectivos para operacionalizar y hacer realidad lo que promueven las
leyes en cuanto a la participación.

Tendencia al autoritarismo, personalismo y hegemonía del sector oficial que atenta contra
principios fundamentales de la participación: diálogo, búsqueda de consensos.

La sectorización ideológica que ha sido promovida desde el ámbito gubernamental produce
una polarización de opiniones y actitudes que excluye e inhibe la participación plural de
diversos bloques sociales.

Un ambiente de incertidumbre dónde se presenta una ambigüedad acerca de aspectos claves
para la participación, como son, los vínculos que se pueden establecer entre el Estado y las
organizaciones de la sociedad civil o el apoyo real a los procesos de descentralización.
Resultaría aún prematuro hacer un balance efectivo de estos elementos –en tanto algunos
de ellos son de reciente data- que permitiera saber el efecto que van a ocasionar finalmente en los
niveles y dinámicas de participación de las personas, no obstante, son necesarios tomarlos en
cuenta como un conjunto de factores que están operando en el presente contexto social.
3.
Las tendencias presentes en el ejercicio de la participación
En América Latina en general y en Venezuela en particular, la participación no ha tenido un
desarrollo lineal, sino que, se ha visto fuertemente influida por elementos del contexto, lo que se
explica dado su carácter fundamentalmente social y por tanto cambiante.
6
De las lecturas realizadas es posible identificar ciertos momentos en los que las prácticas
participativas han evidenciado rasgos específicos. Sin embargo, es necesario acotar que no se trata
de establecer fases o etapas claramente delimitadas y rígidas, sino de reconocer elementos
preponderantes en el ejercicio y orientación de la participación en situaciones particulares.
Así, en la década de los sesenta la participación es entendida como un
proceso mediante el cual se pretende que los grupos marginados de la sociedad,
sean incorporados a la vida moderna, desde la visión de progreso vigente en la
época y con la finalidad de conseguir la integración de la sociedad.
Más adelante, las crisis de carácter político que afectaron a gran parte de los países de
América Latina, inducen a los gobiernos a impedir la agudización de conflictos sociales y, por ende,
a impulsar formas de participación como una manera de abrir compuertas para mantener la
legitimidad política formal.
La profundización de la crisis económica y la aparición de los programas de ajuste con el
consecuente empobrecimiento masivo de la población fomentan, desde los mismos gobiernos y
agencias multilaterales, un enfoque en el que la participación es entendida como una estrategia
para el desarrollo social; comprendiéndola como un proceso y resultado al mismo tiempo. Proceso
porque se cree que las personas y comunidades deben estar involucradas en los proyectos y
programas que los afectan, y resultado porque se logra individuos y comunidades capacitadas,
mayor autonomía y sostenibilidad de los proyectos.
Más recientemente, la participación ha comenzado a verse en una
perspectiva que la reivindica como derecho, como un valor en sí misma, y como un
deber que todos los miembros de una sociedad deben cumplir.
Especialmente en los últimos tiempos y al calor de esta última concepción,
diversos sectores sociales han logrado mayor visibilidad y presencia, alcanzando
importantes reivindicaciones, tales como las mujeres, los niños, niñas y jóvenes y
las poblaciones indígenas.
Si establecemos un paralelismo entre este devenir histórico y los contenidos prevalecientes
en
relación
con
la
participación
en
la
actualidad,
encontramos
que
ha
habido
un
redimensionamiento de la misma, al comenzar a entenderla en un sentido más global que puntual.
7
La participación ciudadana surge como un concepto integrador en el que se suman contenidos y
estrategias sociales, políticas y comunitarias.
A juicio de Klisberg, esta percepción más integral de la participación, “...
pone la discusión sobre la participación en un encuadre diferente al de décadas
anteriores. No se trata de una discusión entre utópicos y antiutópicos, sino de
poner al servicio de los severos problemas sociales que hoy agobian a buena parte
de la población, los instrumentos más efectivos, y allí aparece la participación, no
como imposición de algún sector, sino como oportunidad.” (p-3)
Por otro lado, es también evidente que las formas de participación, desde
esta óptica más integral, han trascendido los espacios tradicionales y formales de
ejercicio de la misma (partidos políticos o gremios y sindicatos, por ejemplo), para
comenzar a hacerse visibles en los ámbitos locales y más informales. Como lo
señala Correa (1997), “... hay que tomar debida nota de que las agrupaciones y
los movimientos ya no obedecen en absoluto - y eso ya no tiene retorno - a las
pautas de los movimientos sociales clásicos. Los movimientos tienden a ser más
temáticos y más locales.
En el plano operativo, la participación ha tendido a institucionalizarse al punto que hoy es
cada vez más infrecuente encontrar proyectos y desarrollar programas –tanto en las instancias
gubernamentales como en las propias multilaterales y en las del campo de la Sociedad Civil- que no
contemplen el componente participativo.
4. Cómo se ha entendido la participación
Según los tipos de participación
Una revisión documental como la presente, no puede dejar de lado el ejercicio conceptual
que, en determinados momentos, suele hacerse frente a temas que plantean niveles de
complejidad importantes, con el fin de alcanzar su adecuada comprensión. En el caso del tema que
nos ocupa, es posible encontrar elementos que han llevado a desarrollar una tipificación de la
participación con miras a entenderla y delimitarla más claramente.
8
Aún cuando existen consensos en torno a la definición general de participación la cual se
entiende como el hecho de “tomar parte” en algo, en algún momento se planteó, –probablemente
debido a los elementos coyunturales de los diversos momentos históricos a los que se hizo mención
anteriormente-, la necesidad de calificar esta participación. Las lecturas realizadas parecen
evidenciar como criterio fundamental para realizar una tipificación de la participación, dos aspectos
centrales: el ámbito desde el cual se actúa y el alcance que la acción participativa tiene. Con base a
ello ha existido una suerte de convención en torno a la existencia de tres tipos de participación, a
saber: participación social, participación comunitaria y participación política, así como una cuarta
categoría de más reciente desarrollo, denominada participación ciudadana, cuya lectura tiene un
carácter más integral.
Autores como Nuria Cunill, se han planteado este ejercicio desde la identificación de los
elementos que diferencian los diversos tipos de participación. Cunill (1991) esboza una clasificación
que busca diferenciar la participación ciudadana (tema al que más atención y desarrollo dedica), de
otras formas de participación, tomando como eje, las formas de interacción con el Estado. Otros
autores se han sumado a ella, derivándose la siguiente categorización:
Participación social: entendida como la interacción entre actores sociales (excluye al
Estado de esta condición). Así, “Tradicionalmente se asume que la participación social se refiere los
fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones a nivel de la sociedad civil para la
defensa de sus intereses sociales” y que, “... la diferencia estribaría en que, en el caso de la
participación social, se supone que los individuos se relacionan no con el Estado, sino con otras
instituciones sociales.” (Cunill, 1991, pág. 44-45)
Participación
comunitaria:
se
entiende
como
las
acciones
de
comunidades o colectivos específicos para resolver necesidades inmediatas. “... tal
como ha sido convencionalmente entendida, ésta puede suponer una interacción
con el Estado pero que tiene un sentido meramente de impulso asistencial de
acciones que, en definitiva, son ejecutadas por los ciudadanos mismos y que, en
general, están referidas a cuestiones vinculadas a su vida más inmediata”. (Idem,
p. 45).
Participación política: lo político ha tenido, cuando ha estado asociado a
la participación, un sentido restringido a ámbitos políticos formales, siendo que “...
está referida a la intervención de las personas y grupos sociales en las actividades
9
de carácter político: formulación de la normatividad general, que regula el cuerpo
social, políticas públicas que definen la direccionalidad de las grandes metas
nacionales de desarrollo y la asignación de recursos.” (Soberón, s/f, pág. 197). El
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por su parte la define “...como
toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus
gobernantes o a influir en la formación de la política estatal .” (IIDH, 1988, pág.
513)
Participación ciudadana: la mayoría de los autores coincide en que lo
que distingue a la participación ciudadana de otros tipos de participación es la
incidencia en el ámbito público por parte de actores sociales que, desde su
contexto particular, pueden incidir –y beneficiar- a grandes colectivos. Esta
definición, redimensiona el carácter de lo público, al sacarlo de la esfera exclusiva
del Estado y otorgarle al ciudadano común, una corresponsabilidad. Cunill lo define
entonces como aquel tipo de participación en el que hay “... intervención de los
individuos en actividades públicas, en tanto portadores de intereses sociales.”
(Idem, pág. 48).
Una nueva lectura de lo público parece ser el rasgo más resaltante y
diferenciador de la participación ciudadana, frente a otras formas de participación.
En un sentido muy similar a Cunill, otros autores definen a la participación como
“... una forma de intervención social que le permite a los individuos reconocerse
como actores que, al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad
de identificarse a partir de intereses expectativa y demandas comunes, y que
están en capacidad de traducirlas en forma de actuación colectiva con una cierta
autonomía frente a otros actores sociales y políticos.” (González y Duque, c/p
González 1995, p.17)
Si bien puede considerarse que una tipificación como la anterior, podría contribuir a
deslindar ámbitos de actuación, niveles de interlocución y estrategias de acción, no es menos cierto
que también puede favorecer una visión parcelada que termina por disminuir o descalificar la
acción de algunos sectores (sobre esto volveremos más adelante).
10
Una razón contundente que esgrimen los autores que rechazan estas diversas
conceptualizaciones, es que no existen límites claros en torno a la especificidad de estos tipos de
participación descritos y que, toda forma de participación conlleva alguna dosis de la otra.
Así por ejemplo, (Sánchez, 2000), enfatiza que la participación es en sí misma un hecho
social y que carece de sentido tipificarla en este sentido. De igual forma, los colectivos organizados
que buscan reivindicaciones sociales o económicas particulares y reducidas a ámbitos físicos
específicos, pueden tener una dimensión política, “… las tres formas de participación son
participación política, en la medida que se entienda lo político … como relacionado con la manera
como se concibe la sociedad, los seres sociales y las relaciones entre ellos, en otras palabras, con
los valores que se formulen y con los procedimientos que se adopten para su aceptación. ”
(Sánchez, 2000, p. 37)
Es por ello que más recientemente se ha hecho énfasis en la utilidad de superar tal
tipificación, dada su escasa contribución a un enfoque integral del hecho participativo. La propia
Cunill, señala al respecto que “... es importante anotar que si retomamos el concepto de la
participación ciudadana en su doble dimensión (social, además de política), la perspectiva de
análisis se amplía al punto que es posible que no se puedan establecer diferencias muy claras con
los fenómenos de la participación social o popular y, eventualmente comunitaria.” (Idem, p. 55)
Según el enfoque conceptual
A pesar de los consensos que puedan estar construyéndose en la actualidad
en torno a la concepción de participación, es indudable que se deslindaron dos
visiones de la misma que subyacen en algunas prácticas institucionales y
comunitarias. De acuerdo a sus elementos característicos pueden ser calificados
como enfoque instrumental y enfoque principista.
El enfoque instrumental (o la participación como medio para): Esta visión
parte de entender la participación como un medio para alcanzar resultados,
resolver problemas o legitimar la acción de gobierno. Desde esta postura se corre
el riesgo de hacer prescindible la incorporación de estrategias participativas, en
tanto se pueda entender –como de hecho ha ocurrido-, que en momentos
determinados, la participación obstaculiza el logro de resultados en el corto plazo.
11
El enfoque principista (o la participación como fin en sí misma): se parte
de entender la participación como un derecho del ser humano y por tanto, un
asunto que lo dignifica y le permite su plena realización. Además, la participación
conlleva deberes. López (1.999), la define de la siguiente forma: “... participar,
cualquiera que sea su ámbito, es un modo de ser persona. La participación es, en
consecuencia, un derecho y un deber inherentes al ser humano. No es una
posibilidad que debemos aprovechar cuando nos la dan, pues no hay nadie con
derecho para privar o despojar a otros de un derecho y de un deber constitutivo
del modo humano de vivir.” (pp. 17-18)
Desde esta concepción, la participación adquiere la condición de imperativo ético y un
valor, por tanto imprescindible e innegociable que, sin negar la importancia de obtener resultados
concretos, los trasciende.
Estas visiones si bien no son excluyentes y seguramente tienen un punto de encuentro, han
venido siendo interpretadas en un sentido irreconciliable.
Algunos riesgos a señalar
Algunos autores estudiados señalan con particular énfasis los riesgos y las limitaciones que
ha significado sectorizar la participación en el sentido anteriormente expuesto. Así para López
(1999), existe un claro sesgo ideológico en este asunto que ha llevado a que “... hoy desde diversas
instituciones públicas y privadas se está hablando de participación comunitaria, entendiéndola como
el modo de participación ciudadana aplicado a los sectores populares ” (López, 1999, p.18). Y aún
más, la participación comunitaria “... pierde así su valor real (de la comunidad) y queda reducida a
indicar el nivel económico del grupo y, con frecuencia también, el sector popular donde habitan.
Más aún, la participación ciudadana pasa a ser la participación a tener en cuenta, pues ella sería la
participación cualificada por excelencia. ... Frente a ella, la participación comunitaria es una
participación subyugada, pues –aunque de manera errónea- juzgan que en los sectores populares
no puede haber participación cualificada”. (Idem)
También está presente de alguna manera un sentido restringido de lo político que se
homologa al ejercicio de formas de participación en espacios tradicionales (partidos políticos, por
ejemplo) y para asuntos formales (designación de representantes, por ejemplo).
12
Igualmente se corre el riesgo de fortalecer una visión instrumental de la participación –en
el sentido expuesto anteriormente-, en tanto se privilegia como medio para alcanzar un fin
determinado (resolver problemas comunitarios, atender conflictos gremiales o participar en
procesos eleccionarios determinados).
Por otro lado, quienes comulgan con la idea de la sectorización, parecieran
estar pensando en su contribución a delimitar ámbitos de acción, definir
estrategias y esclarecer interlocutores. Como lo señala Cunill, “Aún reconociendo
las ambigüedades subyacentes y, en oportunidades, las relaciones necesarias con
otras temáticas, se supone que tales instrumentos han sido construidos
históricamente para dar cuenta y/o impulsar una práctica específica. Por tanto, si
se trata de evaluar y/o fomentar experiencias de participación ciudadana habría
que comenzar por identificar tales elementos. Ello posibilitaría a la vez acotar la
participación ciudadana respecto de otras modalidades de participación.” (Cunill,
op. cit. P. 54)
Lo que si puede afirmarse es que la participación, más allá de los calificativos que en
determinados momentos pueda tener o de los fines que intenta perseguir, ha ido ampliando su
contenido y masificando su alcance, al punto que hoy existe un enfoque más integral (participar no
solamente para ejecutar o legitimar), a la par que se ha alcanzado a sectores tradicionalmente
marginados (por ejemplo, mujeres y niños y pueblos indígenas), que hoy cuentan con espacios y
mecanismos de participación inexistentes en el pasado reciente.
4.
Campos semánticos de la participación
Las tendencias que se han ido desarrollando en el estudio y práctica de la participación han
forjado un entramado conceptual, de una gran riqueza de contenidos y significaciones. La
participación entonces es percibida y asociada a una serie de factores y condiciones que
determinan una lectura e interpretación particular para cada una de las situaciones. En el afán de
organizar estos contenidos hemos diferenciado tres campos semánticos en los cuales fluyen las
diversas atribuciones de la participación:
a- Un primer campo semántico está asociado con la palabra clave desarrollo.
13
Cuando la participación está interpretada en este campo está referida a la realización de
proyectos y programas que pretenden el desarrollo humano y social. Entra de esta manera en el
mundo de la gerencia social y se asocia con una serie de contenidos como la eficiencia, la gestión
local, la sostenibilidad.
En los distintos planes de desarrollo de los países y en la ejecución de sus programas
durante mucho tiempo se obvió la necesidad de contar con la participación de los propios usuarios
o beneficiarios de los mismos. Pero poco a poco, y gracias a experiencias comunitarias exitosas, se
fueron descubriendo las ventajas que significaba la incorporación activa de las personas en los
proyectos y programas de carácter social. De esta manera, se reconoce que los diagnósticos son
más acertados, que los conflictos de intereses pueden ser trabajados y que el mantenimiento y
potencialidades de los logros se efectúa si las personas se involucran en los proyectos y planes,
obteniendo al final una mayor eficiencia de la acción gubernamental.
Por otra parte, al aceptar la participación y protagonismo de la gente se tuvo la convicción
de contar con aliados para el control y vigilancia de la gestión y conseguir así la eficiencia y el uso
apropiado de los recursos.
Igualmente, se ha ido determinando que el papel activo de las comunidades tiene un
alcance mayor en términos de apuntalar los procesos de descentralización y poder local, de
conseguir una mayor equidad social y sociedades más democráticas.
b- El segundo campo semántico se ordena a través del concepto de lo psicosocial.
Los estudios que han dedicado su interés a conocer las variables
psicosociales que estimulan el ejercicio de la participación se han orientado por
visiones metodológicas tanto de tipo cuantitativo como cualitativo y han aportado
una óptica y conjunto de hallazgos que atienden fundamentalmente a conocer las
razones por las cuales la gente participa y qué hace que se mantenga la
participación. Así podemos mencionar los siguientes aspectos:
 El arraigo y mayor nivel de vinculación con la comunidad son factores
a considerar en el desarrollo de experiencias participativas.
 Si bien algunas investigaciones afirman que el locus de control
interno es decir, aquellas personas que están orientadas por un pensamiento
que considera a sus propias acciones como las responsables de sus éxitos o
14
fracasos y no el azar o fuerzas externas, está presente en las personas más
participativas, no obstante, otros estudios, consideran que en personas con
creencias mixtas o de convivencia de orientaciones también se ha encontrado
altos niveles de participación. Por tanto, la externalidad o internalidad no es el
concepto más relevante para diferenciar a personas participativas.
 La forma en que se perciban y se haga conciencia de los problemas
existentes puede ser un factor de estímulo o de inhibición a la participación, en
la medida en que éstos se perciban de forma jerarquizada o por el contrario de
manera avasallante.
 En la medida en que las personas vislumbren que sus características
personales y su actividad van a tener eficacia política, se incrementará la
participación.
 En
el
mismo
sentido
anterior,
el
balance
de
la
relación
costo/beneficio, en tanto sea percibido de manera positiva aumentará los
niveles de participación de las personas.

Cuando la participación tiene un auténtico carácter colectivo genera sentimientos de
solidaridad que favorece por un lado la sostenibilidad de los logros, y por otro, la creación de un
clima de democracia participativa en la organización.
c- El tercer campo semántico tiene como pivote el concepto de ciudadanía.
En este plano la participación está vinculada con el derecho, la ética, la democracia, la
política y la educación.
Mediante estas dos citas podemos comprender las relaciones entre participación y
ciudadanía:
“…ser ciudadano es estar en política. Esto puede parecer un poco simple y tautológico. Pero de
hecho, esta definición encierra varias dimensiones. En primer lugar, se trata de reafirmar para
nuestra época lo que escribía Aristóteles: “el hombre es un animal político”. Vive en sociedad y
por ende, no puede vivir sin política. Ser hombre significa pues ser ciudadano”
( Blanquer,2000, p.71)
15
“La ciudadanía no requiere espectadores, sino actores y protagonistas de una tarea compartida.
El valor fundamental para que pueda darse la cooperación y el compartir es el diálogo
interactivo, argumentado y cuyas decisiones finales respondan a los intereses universalizables
de todos los afectados en un marco de posibles rectificaciones por el respeto que debemos al
otro” ( Pulido, 2000, p.66).
Si se quiere la participación, leída desde este campo semántico se torna en un
imperativo ético-social que exige a la persona una actitud diferente frente al colectivo y nos
lleva a preguntarnos ¿podemos educar para la participación ciudadana? ¿cómo podemos
hacerlo?
En este sentido, Machado (1997) propone que la relación entre participación y
ciudadanía debe ir más allá de las expresiones sobre la exigencia y vigilancia de los postulados
expuestos en el marco de los derechos humanos, la ciudadanía tiene que basarse en la
construcción de instrumentos legítimos que permitan articular los proyectos individuales con los
proyectos colectivos.
De este modo la educación en ciudadadanía significaría: “proveer a los individuos de
instrumentos para la plena realización de esta participación motivada y competente, de esta
simbiosis entre intereses personales y sociales, de esta disposición para sentirse en sí como
hacedores del mundo” (Machado, 1997, p.106).
Esta idea es coincidente con lo afirmado por Apolinar Pérez quien apunta que lo
específico de la participación, ”es el sentir común puesto como proyecto que genera identidad e
imaginario de vida que se comparte en la asociatividad” (Pérez, 2001, pag. 247)
Postular, en consiguiente una pedagogía del ciudadano consistiría en educarlo en la
comprensión de sus propios contenidos políticos como autor y actor de su realidad social.
De ningún modo podemos entender que estos tres campos semánticos son
excluyentes, por el contrario, son múltiples las combinaciones que pueden realizarse. Más bien,
las conexiones de significaciones, son necesarias para estar acordes con una nueva práctica
social de exigibilidad de derechos pero también de corresponsabilidad social.
6.
Algunos mitos y realidades en torno a la participación
En torno el tema de la participación se ha creado un conjunto de opiniones y visiones que
afectan en un sentido positivo o negativo, el desarrollo de prácticas participativas. Estas
percepciones se explican por el hecho de que subsisten posiciones aún muy ideologizadas o porque
han existido y continúan existiendo serias dificultades para reconocer y aplicar mecanismos que
16
generen procesos en los que la participación fluya de manera natural y en el sentido deseado. Es
así que hemos identificado que los diversos autores y colectivos que han reflexionado sobre el
tema, encuentran útil establecer una suerte de categorización sobre aspectos que pueden
considerarse realidad o mitos –y en ese sentido incidir de manera positiva o negativa-, en torno a la
participación.
Realidades

La participación forma parte de la naturaleza misma del ser humano: en
concordancia con esa visión de derechos, se reconoce que el ser humano es en
esencia participativo y que “... la participación eleva su dignidad y le abre
posibilidades de desarrollo y realización”. (Klisberg, s/f. p. 26)

La participación da resultados: los procesos participativos en la medida en que
son genuinos y cuentan con mecanismos claros de implementación, producen “...
resultados muy superiores a otros modelos organizacionales de corte tradicional
como los burocráticos y los paternalistas”. (Klisberg. Op, cit. P. 4). Especialmente
quienes vienen del mundo de las multilaterales, en el cual la exigencia de
resultados es un imperativo, reconocen que los “...procesos ampliamente
participativos promueven un desarrollo a largo plazo verdaderamente exitoso”
(Stiglitz, s/f, p. 2). Aclara este autor que ello “... no significa que dichos procesos
garanticen el éxito o que no existan riesgos inherentes sino que ayuda a diseñar
políticas –estrategias y procesos- con mayores posibilidades de conducir el
crecimiento económico a largo plazo y a reforzar las virtudes de los procesos
mismos.” (Idem)

Los procesos participativos favorecen la sostenibilidad de los logros e impulsan
la eficiencia y la equidad: la participación promueve la autonomía de los actores
involucrados, con lo cual se contribuye a no generar lazos de dependencia que
obstaculicen el desarrollo de los procesos cuando no exista una figura
intermediaria. Además, en la medida que hay mayor participación, se visualizan y
atienden las necesidades específicas de quienes participan con un mayor sentido
de equidad.
17

Eleva la conciencia ciudadana: desde la óptica de la participación ciudadana se
construye una conciencia que promueve por parte de la sociedad de la “rendición
de cuentas” y el reconocimiento por parte del Estado del “derecho a saber” de la
población.

Favorece el alcance de consensos en la implementación de políticas: los
procesos de cambio no son siempre fáciles y suelen generar resistencias. Y
plantear dificultades. En la medida en que se desarrollen estrategias participativas,
estos efectos se disminuirán.

Propicia nuevas dinámicas de funcionamiento al interior de las propias
instituciones y colectivos organizados: las organizaciones intermedias o de base
que liderizan procesos de cambio en las comunidades o diversos espacios sociales
y políticos, con frecuencia desarrollan estilos de conducción y vida interna que no
se compadecen en criterios participativos. La percepción de esta incoherencia
puede ser un factor que le haga perder credibilidad en sus espacios de acción.
Incorporar una nueva racionalidad y estilo incidirá positivamente en este sentido.
Mitos

Los procesos participativos son más costosos y menos eficientes: una
concepción de la eficiencia asociada a una menor inversión de tiempo, ha
favorecido una percepción de la participación como procesos lentos y poco
rentables. Deja por fuera esta visión que “... si no han quedado bases para que
la comunidad se sienta estimulada o esté capacitada para seguir sosteniendo el
proyecto, la efectividad a corto plazo se transforma en altos niveles de
inefectividad a mediano y largo plazo.” (Klisberg, pág. 19).

Las comunidades pobres poseen serias limitaciones para llevar adelante
procesos participativos: toda comunidad posee un capital social (valores, cultura,
saberes) que puede ser movilizado y potenciar la obtención de resultados en
cualquier circunstancia.
18

La participación tiene sentido en tanto produce resultados y/o beneficios
económicos tangibles: Los resultados obtenidos en procesos participativos
trascienden los beneficios concretos (léase económicos) y generan cuestiones
como el aumento de la autoestima, de la confianza y el reconocimiento de las
potencialidades de las propias comunidades, que se traducen en impactos de
largo plazo y que legitiman de por sí, cualquier esfuerzo de este tipo.

El discurso sobre participación genera participación: no porque se haya
incorporado un discurso favorable a la participación, ésta se ha concretado.
“Para participar se requiere espacios, mecanismos y capacidades .” (Foro
Ongs/Ildis, 2001)

Toda participación es positiva: a pesar de existir un discurso favorable a la
participación, esta puede ocurrir bajo formas o en contextos que terminan
produciendo un efecto contrario al deseado. Así por ejemplo, la participación
meramente
ejecutoria
o
excesivamente
limitada
por
interpretaciones
discrecionales de quienes detentan el poder, “... puede generar efectos
negativos a la construcción de ciudadanía” (Foro Ongs/Ildis, 2001)

La participación tiene que ser masiva: es frecuente encontrar expresiones de
desaliento y frustración ante la escasa respuesta que frecuentemente
encuentran las convocatorias a participar, en Venezuela. Ello puede estarse
debiendo a una falsa creencia que homologa el éxito de las iniciativas
participativas a su representación numérica y que olvida los aspectos cualitativos
que más allá del número de involucrados, sientan precedentes y se constituyen
en referentes para otros colectivos.
19
8. Enfoques metodológicos de la participación
Los cambios en el paradigma de las ciencias sociales, las exigencias de una mayor
efectividad a las políticas y programas sociales y la revisión de las formas de relación entre el
Estado y la sociedad civil han ido creando un marco de actuación que favorece el trabajo con el
tema de la participación y transforma los enfoques metodológicos tradicionales.
El papel de los sujetos sociales anteriormente considerados como informadores,
receptores o simples beneficiarios de los estudios, proyectos y programas se han convertido
ahora en el centro de la acción, no sólo porque son actores principales, protagonistas de sus
propios procesos sino porque se reconoce que sin su participación y aportes, los resultados de
la acción gubernamental, académica o de otros grupos de la sociedad civil son precarios e
insostenibles.
De igual modo, ha habido una reconsideración del papel de los agentes externos,
quienes se han percatado de la necesidad de convertir su trabajo en un modo de compartir
aprendizajes, de tender puentes para la mutua comprensión de las situaciones, respetando los
saberes y experticias de cada sector.
También desde la perspectiva cualitativa de la investigación se reconoce la importancia
de la subjetividad, de lograr incorporar el mundo de significaciones e interpretaciones de la
realidad que los participantes otorgan a sus experiencias.
Basándonos en la consulta de las diferentes referencias bibliográficas y el enfoque
metodológico utilizado podemos derivar lo siguiente:
a) una serie de consideraciones básicas desde las cuales se trabaja la participación.
b) Una serie de condiciones y mecanismos que posibilitarían la participación de la
gente.
c) una serie de herramientas y técnicas de trabajo para la investigación o el desarrollo
de proyectos participativos.
Con relación al primer aspecto metodológico se trata de un conjunto de supuestos que
orientan el trabajo con el tema de la participación en tanto deben estar presentes como principios
para el trabajo participativo:

Se parte de la idea que las personas y/o comunidades no pueden ser receptores pasivos de las
intervenciones sociales de los agentes externos, sean estos, investigadores sociales,
planificadores, representantes de Ods o de entes gubernamentales.
20

La relación entre el investigador/promotor social/ gerente social/agencia de desarrollo tiene que
establecerse en términos de horizontalidad, en términos de igualdad.

La comunidad o grupo tiene el derecho a conocer los fines del estudio/proyecto y los posibles
efectos y consecuencias que va a generar en y la comunidad.

Se reconoce la necesidad de compartir, validar, evaluar los resultados de un proyecto o
investigación y de incorporar las objeciones o críticas que se realicen.
En cuanto a las condiciones y mecanismos que harían posible la participación, encontramos
dos tipos de mecanismos: a- aquellos que son necesarios pero no suficientes para ejercer la
participación, como son, los que se usan para compartir información, realizar consulta o evaluar, baquellos donde la participación se puede expresar de una manera franca, como son, la toma de
decisiones en conjunto, el apoyo y realización de actividades conjuntas para conseguir las metas de
los proyectos, y las formas de empoderamiento de las personas: desarrollo de las capacidades,
acceso y manejo financiero, autogestión, etc.
El tercer aspecto se refiere a las técnicas y herramientas más frecuentemente aplicadas
para el trabajo participativo, que han sido muy reivindicadas por la perspectiva cualitativa de
investigación y que traducen los principios orientadores en claves operativas para conseguir la
participación:
a- buena escucha,
b- respeto a la expresión de las opiniones,
c- identificación e incorporación de actores claves y de sectores tradicionalmente excluidos
(mujeres, niños).
Existe una amplia gama de técnicas que promueven la participación que van desde las
reuniones de trabajo hasta las evaluaciones participativas, las entrevistas grupales, los grupos
focales, los foros, talleres, diagnósticos participativos, mesas de diálogo, etc. Estas técnicas tienen
en común que buscan obtener la información y apreciaciones de las personas de una manera más
organizada a fin de ser evaluada o incorporada para los objetivos de la investigación, o en
documentos de acuerdo entre las partes, pliego de reivindicaciones, que buscan un propósito de
lucha social.
21
8. El papel del Estado y la SC en el ejercicio de la participación
En la revisión documental realizada surge un punto de análisis que no puede soslayarse,
pues contribuye a esclarecer las estrategias y acciones que deben y pueden emprenderse para
alcanzar mayores grados de participación. Se trata de la relación Estado/Sociedad Civil.
Si se toma como premisa fundamental para el desarrollo de una auténtica
participación ciudadana la existencia de una sociedad civil fortalecida y
proactiva y un Estado que reconoce, respeta e impulsa su ejercicio,
entonces es clara la necesidad de redefinir la relación y la percepción que del
Estado tiene la Sociedad Civil y viceversa.
En este sentido, surgen algunos elementos a tomar en cuenta:

El Estado es moldeable en lo que toca a sus formas de relación con la Sociedad
Civil. Con mucha frecuencia se percibe al Estado como un ente infranqueable, lo
que ha producido, aún antes de haberlo intentado, un abandono de cualquier
iniciativa de acercamiento. Lo cierto es que, especialmente en los últimos años,
e indudablemente impulsado por la imposibilidad de asumir la tarea sólo, se ha
propiciado un acercamiento entre el Estado y la Sociedad Civil, que ha dejado al
descubierto –todavía en una medida reducida-, que el primero puede ser flexible
y adoptar mecanismos y formas de funcionamiento que viabilicen una
participación más activa y auténtica por parte de la Sociedad Civil.

Se impone sustituir el enfrentamiento y la confrontación por el diálogo
constructivo. Como consecuencia de esa percepción del Estado, los mecanismos
de interlocución que han prevalecido no han sido precisamente el diálogo y el
consenso. Por el contrario se ha instalado casi de forma automática una forma
de relación basada en el enfrentamiento y la confrontación que hoy comienza a
ser superada.

Es necesario cambiar autopercepciones erradas: minusvalía de la Sociedad Civil
frente al Estado / menosprecio del Estado hacia la Sociedad Civil. Esta
correlación que históricamente ha prevalecido, pero que no tiene un sustrato
real, se ha demostrado que puede ir cambiando, y de hecho así ha ocurrido en
pequeña escala. Como lo señala Ligia Bolívar “La percepción de la autoridad
22
también cambia, en la medida en que se ha roto el círculo del temor y ya la
fuerza no surte
el efecto paralizante que solía tener (por el contrario, con
frecuencia se comienza a desafiar la fuerza), con lo que es posible abrir nuevos
espacios de diálogo, llegando a una confrontación positiva, sin transar en lo
fundamental. En este sentido, el desarrollo de una cultura ciudadana ‘desde
abajo´ puede llegar a incidir en la forma misma en que los representantes del
estado perciben al ciudadano y se relacionan con él” (Bolívar, 1994), y agregamos nosotras- viceversa.

Releer lo público en tanto interés colectivo y no exclusividad del Estado.
Especialmente en Venezuela, lo público necesita ser redimensionado de manera
que adquiera un nuevo valor para la sociedad en su conjunto. No significa esto
que se trata de sustituir la responsabilidad y la acción estatal, sino que
preservando el carácter subsidiario de las iniciativas participativas emprendidas
desde la Sociedad Civil, se alcance a revertir una concepción de lo público que
ha hecho mucho daño al desarrollo del país. Efectivamente, “... lo público se ha
reducido a lo estatal, sin permitirle a la sociedad ocupar el espacio que le
corresponde en este ámbito [hay que] crear mecanismos e instancias que
propicien la incorporación de las necesidades que demanda la sociedad,
mediante procesos incluyentes de toma de decisiones.” (Vinay, 2000)
9. El marco jurídico de la participación en la actualidad
La Constitución Bolivariana de la República de Venezuela aprobada en diciembre de 1.999,
introduce importantes elementos en torno a la participación y sus formas de implementarla. Si
existe un punto de acuerdo entre detractores y seguidores de esta Constitución, es su carácter
participativo, expresado en la ampliación de los mecanismos y los espacios para ejercerla. En este
sentido, se coincide en señalar que ha habido un salto cualitativo con respecto a constituciones
anteriores.
Los análisis realizados por diversos grupos de la sociedad, encuentran los
siguientes
rasgos
característicos
de
la
participación
en
el
nuevo
texto
constitucional:
23

En la nueva Constitución, la noción de representación queda disminuida y se
enfatiza la democracia participativa o directa, al contemplarse un conjunto de
mecanismos de ejercicio directo de participación política antes inexistentes en el
marco jurídico venezolano. De acuerdo a esto, se salda el vacío existente en
anteriores constituciones que tenían un carácter más representativo que
participativo y que, contribuyeron a agudizar la crisis de legitimidad del sistema
democrático, poniendo en evidencia la necesidad de “… introducir mecanismos
no sólo más representativos, sino verdaderos mecanismos de participación, que
permitan al ciudadano ejercer la soberanía popular”. (Ayala, s/f, ponencia)

Tiene un carácter principista en tanto se la concibe como elemento constitutivo
fundamental de la nación y como un derecho inalienable. Así, el Preámbulo de la
CRBV señala que se busca: "... establecer una sociedad democrática,
participativa y protagónica...". Mientras que el artículo 62 establece
explícitamente que: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de
participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de
sus representantes elegidos o elegidas.” Este carácter principista se esboza a
lo largo de toda la constitución al establecerse que la garantía de la mayoría de
los derechos contemplados, se deberá hacer por la vía participativa.

El concepto de protagonismo se incorpora de forma explícita lo que pudiera
interpretarse en un sentido que pretende garantizar una participación activa de
la población.
Los mecanismos de participación contemplados en la CBRV, comprenden
una amplia gama de posibilidades, como lo establece el artículo 70: “ Son medios
de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo
político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la
revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente,
el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas
decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y
económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las
24
cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas
de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los
valores de la mutua cooperación y la solidaridad.”
La CBRV contempla una extensa gama de espacios y temas para el ejercicio
de la participación. Como lo establece Luis Salamanca, “En el texto constitucional,
la participación de los ciudadanos se hace presente en todos los niveles de la
gestión pública destacando la presencia y acción de la Sociedad Civil en el
gobierno metropolitano, en la seguridad ciudadana, en la provisión de salud, en la
seguridad social, educación ciudadana, derechos de los pueblos indígenas,
administración pública, gestión municipal y estadal, etc.”.
La propia CBRV prevé mecanismos de participación en los diferentes niveles de gobierno en
los que se contempla la participación de miembros de la sociedad tales como el Consejo Local de
Planificación Pública (Art. 182), el Consejo Federal de Gobierno (Art. 185); y en los diferentes
poderes nacionales: Administración de Justicia (Art. 255), Poder Electoral (Art. 296), Poder
Ciudadano (Art. 279).
Otro aspecto importante que destaca en la CBRV, es el reconocimiento
expreso de los nivles en los cuales se ejerce la planificación por parte de la
población, estableciendo que se trasciende lo meramente ejecutorio. Así, el artículo
62 establece: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar
libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus
representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación,
ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el
protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como
colectivo.
Este panorama que luce tan alentador para el impulso de una cultura
verdaderamente participativa, no está exento de amenazas que algunas personas
han identificado y reseñado con preocupación. Para muchos sectores la CBRV
obedece a un proyecto político específico (el de quienes detentan hoy el poder) y
no a los intereses generales de la nación. Ugalde, por ejemplo señala que uno de
los objetivos principales del proceso constituyente era “… facilitar al Poder
25
Ejecutivo y a su partido un instrumento jurídico que le diera una envoltura de
legalidad al establecimiento de la nueva hegemonía y sus políticas.” (Revista SIC
N. 621). Por ello se corre el riesgo de que la CBRV sea interpretada y aplicada con
una alta discrecionalidad por parte de los actuales funcionarios públicos, al amparo
de la legitimidad que aún otorga el discurso contra la “vieja política”.
Por otro lado, el ejercicio de la democracia directa en un país con tan baja tradición de
participación no luce muy viable en el corto plazo, corriéndose el riesgo de la mediatización de los
mecanismos y espacios de participación recién creados.
Por lo pronto, una de las implicaciones más importantes en relación con este marco jurídico
que toca a la sociedad civil, es la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana, proceso que ya
se encuentra en marcha. Aún cuando han existido opiniones contrarias a la promulgación de una
Ley de Participación, por considerar que puede tener un efecto restrictivo, o que ya existen
suficientes disposiciones en otros instrumentos legislativos que la contemplan, en la práctica el
proceso se ha concretado, existiendo razones de peso para impulsarlo. La Escuela de Vecinos, por
ejemplo, ha establecido que existen cuatro razones fundamentales para proponer una ley de este
tipo:

Evitar la discrecionalidad de los organismos y funcionarios públicos en torno a
este tema.

Establecer mecanismos que orienten a los ciudadanos sobre las formas de
participación.

Alcanzar y definir la diversidad de actores y mecanismos de participación
existentes.

Cumplir con el precepto constitucional acerca del desarrollo normativo de la
participación.
Existen en la actualidad dos anteproyectos de Ley Orgánica de Participación introducidos ante la
Asamblea Nacional para su discusión. Uno de ellos fue elaborado por el movimiento Unidos para
Legislar (UPALE), mientras que el segundo fue elaborado por la Comisión Permanente de
Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la AN. Aparentemente, ambos
fueron objeto de una amplia consulta y es posible evidenciar, en el anteproyecto presentado por la
AN, un intento de incorporar aspectos presentes en el de UPALE.
26
Es posible evidenciar puntos de coincidencia y algunas divergencias como las que se señalan a
continuación: En ambos casos está planteada que la Ley tenga un carácter orgánico pues así lo
establece la propia CRBV, además de que dicho rango, le permite actuar como ley marco.
El anteproyecto UPALE plantea como objetivo general de la Ley “... establecer los principios
rectores para el desarrollo legislativo del derecho y deber de paticipar; determinar los medios, las
instancias gubernamentales y sociales o comunitarias; expresiones o modalidades, los recursos de
la participación; garantizar la educación ciudadana y regular la organización del Estado para la
participación...”
El anteproyecto de la AN, por su parte establece como objetivo “... desarrollar las normas relativas
a los mecanismos directos de participación ciudadana consagrados en la CRBV. ..”, para lo cual
entra a tratar con detalle los diversos mecanismos que en este sentido, están contemplados en la
CRBV (referendum, asambleas, etc.). Sin embargo, deja abierto el camino para que otras leyes
regueln otras formas de participación.
Algunos aspectos de importancia para el desarrollo de la participación contenidos
en estas propuestas de leyes son los siguientes:

Concepción de la participación como derecho humano y por tanto sujeto a los
principios que los rigen.

Incorporación expresa del tema de los recursos para su desarrollo e
implementación

No pareciera haberse concretado un riesgo anunciado por la Sociedad Civil,
cual era la obligatoriedad de cumplir con determinados requisitos (registro,
figura jurídica, etc.) para poder ejercer el derecho a la participación, bajo el
supuesto de garantizar la representatividad. Ambos proyectos establecen que la
participación podrá ejercerse de manera individual o colectiva y que, en caso
de que sea necesario, se facilitarán las gestiones para acceder a este tipo de
requisitos.

Se incorpora también de forma expresa, el deber del Estado de educar a la
población para la participación, dándole prioridad al desarrollo de programas y
estrategias de capacitación y difusión de carácter masivo hacia las
comunidades, haciendo uso de los mecanismos más idóneos como los medios
de comunicación social.
27
Los aspectos que podrían significar riesgos se refieren a concebir el deber de
participar como un correlato del derecho a la participación, lo que podría restringir
el disfrute de este derecho con base a la ausencia de participación por parte de la
población.
Por lo demás, si se toma en cuenta la poca tradición de participación
presente en el país y un ejercicio de gobierno –en la actual gestión-, que ha
asomado ciertos rasgos autoritarios, hacer depender el disfrute del derecho a
participar del deber de hacerlo, podría resultar profundamente antidemocrático.
Como lo señala Juan Méndez, experto en derechos humanos en el Diccionario
Electoral del IIDH :
“... la noción de deberes de la persona en el derecho internacional perdió vigencia en los últimos
cincuenta años, y sólo surge de vez en cuando como un intento más o menos velado de limitar los
derechos o hacerlos de alguna manera condicionales a un comportamiento considerado ejemplar.
Esa idea es intrínsecamente contradictoria con la noción de derechos. En efecto, algunos derechos
se pueden perder temporariamente por razón de conductas antisociales y antijurídicas, pero aún en
esos casos la persona humana sigue conservando derechos inalienables. Es en este sentido que el
intento de ligar a los derechos con los deberes presenta aristas peligrosas y antidemocráticas .”
(IIDH, pág. 415)
Esta postura no niega la responsabilidad social de la población de contribuir a
hacer efectiva la participación actuando de manera proactiva, pues de hecho, si no
se participa se corre el riesgo de contar con estructuras vacías de contenidos y
acciones meramente formales. Sin embargo, lo que pretende dejar claro es que no
existe una relación de dependencia entre derechos y deberes y que, por tanto, el
derecho a participar no puede ser restringido en razón de la poca o nula
participación.
Otro aspecto a tomar en cuenta es que, a pesar de que se incorpora la figura de la rendición de
cuentas, ésta tiene un carácter reducido pues se encuentra estrechamente relacionada con los
aspectos administrativos o financieros de los proyectos o programas implementados, dejando de
lado la visión integral de la gestión de los mismos. En este sentido, es importante superar esta
visión y hacer que las autoridades incorporen de manera permanente en sus acciones la obligación
de informar y presentar cuentas a la población sobre todos los aspectos relacionados con su
28
gestión. Al respecto, las reflexiones de algunos autores constituyen un aporte de primer orden. Así
por ejemplo, Gutiérrez (2000) identifica algunos elementos que deben tener presencia
imprescindible en cualquier ejercicio de rendición de cuentas.
“Transparencia: medios eficaces para conocer y verificar oportunamente la autoría de las acciones.
Voluntad política: voluntad de las y los líderes de asumir las consecuencias políticas, legales y
administrativas correspondientes a sus acciones.
Marco jurídico e institucional: normas legales que otorgan atribuciones a diversos órganos de
control, con capacidad técnica y administrativa para velar y hacer cumplir a los gobernantes, las
consecuencias de sus actos.
Cultura política: valores y creencias que estimulan la ciudadanía, la solidaridad cívica, la vigilancia
sobre la honestidad y transparencia en la gestión de asuntos de interés público.” (Gutiérrez, pág. 4)
En términos generales, los textos en discusión pueden considerarse positivos en tanto respetan los
principios fundamentales de una participación libre y democrática. Habrá que seguir de cerca la
discusión de los mismos y vigilar porque, una vez aprobada, sea efectivamente aplicada.
10. Desafíos
De las lecturas realizadas y del análisis del contexto sociopolítico actual se desprende que
existen varios aspectos prioritarios a abordar en el corto plazo.

Cerrar la brecha entre discurso y práctica
El primero de estos desafíos y quizás el que constituye el punto de partida para todos los
demás, es cerrar la brecha existente entre el discurso sobre participación y su concreción en la
práctica. A lo largo de gran parte de las lecturas se puede notar cómo el discurso ha penetrado –lo
que de por sí es un hecho altamente positivo y quizás el primer paso que había que dar-, pero no
ha logrado trascender a una práctica fluida y permanente.

Educar en Ciudadanía
Cómo se ha señalado también a lo largo del texto, el desconocimiento de los mecanismos de
participación, así como una escasa tradición de participación son causas que explican su poco
ejercicio. Se impone entonces adelantar una tarea educativa que tenga como eje la formación de
ciudadanos, que brinde la información requerida pero también las herramientas y capacidades
necesarias.
29
 Hacer
uso de los mecanismos e instancias de participación
No basta con conocer los mecanismos e instancias de participación con que
contamos, es necesario ponerlos a funcionar de manera de validarlos y convertirlos
en herramientas verdaderamente útiles para el ejercicio de la participación. No
incluye esta perspectiva los mecanismos ya creados o expresamente contemplados
(formales); también incluye a aquellos a los que las comunidades y colectivos
apelan en forma creativa (no formales) y que pueden constituirse en referentes
importantes.
 Incorporar
y ejercer prácticas participativas al interior de nuestras
instituciones
Si se está convencido de las bondades y la utilidad de desarrollar procesos participativos, se
debe empezar por hacerlos realidad al interior de las propias organizaciones en las que se hace
vida. De esta manera, además de estar logrando los resultados esperados, se modela hacia fuera
una práctica que se pregona y por la que se apuesta.
30
BIBLIOGRAFIA
Ayala C., Carlos (s/f): La Democracia Venezolana frente a la Participación
Política. Mimeo.
Baño, Rodrigo (1997). Consideraciones acerca de la Participación
Ciudadana. Primer Seminario Conceptual Sobre Participación Ciudadana y
Evaluación de Políticas Públicas. Santiago de Chile, FLACSO
Blanquer, Jean-Michel. (2000). La ciudadanía o el estar en política. En
Ciudadanía y ser ciudadano. Instituto de Altos estudios de América Latina.
Caracas, USB.
Bolívar, Ligia (1994). Los procesos organizativos como espacios de
transformación político-cultural. En Revista SIC, Nº 570, Caracas.
Bresser, Luis C. (1999): Ciudadanía y res pública. En Revista Nueva
Sociedad nª 159. Caracas.
Castillo, Fernando (1997) Participación y Exclusión: Una aproximación al
tema desde la experiencia de las comunidades de base. Primer Seminario
Conceptual Sobre Participación Ciudadana y Evaluación de Políticas
Públicas. Santiago de Chile, FLACSO.
Cartaya, Vanessa. (1997). La participación de la sociedad civil: Factor clave
para una gestión municipal exitosa. II Curso de Formación de formadores en
Gerencia Local. Caracas, ILDIS/UCAB/FEGS, mimeo.
Cela, Jorge. (2000). Del barrio a la ciudad pasando por la sociedad civil. En
Organización popular y crisis social. Caracas, Fe y Alegría.
Correa, Enrique (1997) Participación ciudadana y gobernabilidad. Primer
Seminario Conceptual Sobre Participación Ciudadana y Evaluación de
Políticas Públicas. Santiago de Chile, FLACSO.
31
Cullen, Carlos. (sf.) Autonomía moral, participación democrática y cuidado
del otro. Ediciones Novedades Educativas, mimeo.
Cunill, Nuria(1991). Participación Ciudadana.
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
Caracas,
Centro
__________ (1997). Repensando lo público a través de la sociedad.
Caracas, CLAD/ Nueva Sociedad.
__________(1999). Balance y significado de la participación ciudadana en el
diseño y gerencia de programas y proyectos sociales. En Política Social:
exclusión y equidad en Venezuela durante los años noventa. Caracas,
FONVIS/CENDES/ILDIS/Nueva Sociedad.
González, Esperanza. (1995). Manual sobre participación y organización
para la gestión local. Foro Nacional por Colombia. Cali. mimeo.
Grusson, Alberto y otros (1997): La Sociedad Civil en perspectiva
conceptual-histórica. CISOR, SOCSAL, Caracas.
----------------------- (1997): Las ODS se ubican en la Sociedad Civil. CISOR, SOCSAL,
Caracas.
----------------------CISOR, SOCSAL, Caracas.
(1997). La dinámica de las ODS en Venezuela.
----------------------- (1997). El mapa síntesis de las relaciones sociales
y la tipología clasificación de las asociaciones. CISOR, SOCSAL, Caracas.
Gutiérrez, Miguel (2000). Fundamentos de la rendición de cuentas en un Estado
democrático de derecho. Mimeo.
Hernández, Eneiza (1996). La comunidad como ámbito de participación. Un
espacio para el desarrollo local. En Participación: ámbitos, retos y
perspectivas. Caracas, CESAP.
32
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1998). Diccionario Electoral. 1º edición,
San José. Costa Rica.
Izaguirre, Maritza (2001). ¿Participación popular mito o realidad? Fundación
Centro Gumilla. Web site
Klisberg, Bernardo. (1999). El rol del capital social y de la cultura en el
proceso de desarrollo. Mimeo.
-------------- (s/f): Seis tesis no convencionales sobre participación.
La Due R., (1998): Social Capital, Social Networks, and Political
Participation. En Political Psychology. Vol. 19. Nº 3.
López, Abilio (1999). Participación, Comunidad, Política y Educación.
Aripo Publicaciones, CED. Cumaná, Venezuela.
Machado, Nilson J. (1997). Cidadania e Educação. Sao Paulo, Escrituras.
Mascareño, Carlos (1999). Ruptura de la política social Estadocéntrica:
sistemas sociales complejos y territorios descentralizados. En Política Social:
exclusión y equidad en Venezuela durante los años noventa. Caracas,
FONVIS/CENDES/ILDIS/Nueva Sociedad.
Molina, Natacha (1997). Participación ciudadana, género y participación de
la mujer. Primer Seminario Conceptual Sobre Participación Ciudadana y
Evaluación de Políticas Públicas. Santiago de Chile, FLACSO.
Montero, Maritza (1996). La participación, significado, alcances y límites. En
Participación: ámbitos, retos y perspectivas. Caracas, CESAP.
Navia, O. Y otros (edt.) (1997). Libro de Consulta sobre Participación. BID,
mimeo.
33
Noria, Omar. (2001). ¿Gleba exterminadora o ciudadanos?. Caracas, Rev.
SIC, Julio 636.
Pérez, Apolinar. (2001) Participación ciudadana: el mito consagrado.
Caracas, Rev. SIC, Julio 636.
Piñango, Ramón (1999). La política social en las últimas dos décadas. En
Política Social: exclusión y equidad en Venezuela durante los años
noventa. Caracas, FONVIS/CENDES/ILDIS/Nueva Sociedad.
Putnam, Robert (1994): Capital Social y éxito institucional. Mimeo
Sabatini, Francisco (1997). Participación y localidad: problemas, conflictos y
negociación, Primer Seminario Conceptual Sobre Participación Ciudadana
y Evaluación de Políticas Públicas. Santiago de Chile, FLACSO.
Sáez, Vladimiro (1997). Gestión pública y participación ciudadana. Primer
Seminario Conceptual Sobre Participación Ciudadana y Evaluación de
Políticas Públicas. Santiago de Chile, FLACSO.
Sánchez, Euclides. (2000). Todos con la esperanza. Continuidad de la
participación comunitaria. Facultad de Humanidades y Educación. Comisión de
Estudios de Postgrado, Caracas, U.C.V.
Vinay, Claudia y Hopabauer, Helena (2000). El análisis de presupuestos
públicos: una herramienta para la incidencia, la transparencia y la rendición de
cuentas. Mimeo. Costa Rica.
34