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3.2.2 Cambio Climático
En los últimos años el incremento generalizado de las temperaturas, las
catástrofes naturales y la constatación del deterioro ambiental del planeta han
puesto de manifiesto los efectos negativos del cambio climático sobre la salud, el
bienestar social y la economía global. Todo ello ha convertido al cambio climático
en uno de los principales retos a los que se enfrenta la comunidad
internacional que, como respuesta ha acordado el Protocolo de Kioto, que asume
el compromiso de reducir en un 5,2% sus emisiones de gases efecto invernadero
(GEI) en los países desarrollados entre 2008 y 2012 con respecto a los valores de
1990.
En este marco, España ha asumido un compromiso de limitar el
crecimiento de sus emisiones de GEI al 15% frente a los niveles de 1990. El
Gobierno quiere alcanzar estos objetivos y, al mismo tiempo, preservar la
competitividad de la economía española y el empleo, compatibilizar la estabilidad
económica y presupuestaria y garantizar la seguridad del abastecimiento
energético.
Gráfico 3.2.2.1. Evolución de las emisiones de GEI en España.
500.000
Sectores no
energéticos
450.000
Residuos
400.000
Otros
350.000
300.000
Transporte
250.000
200.000
Industria y
construcción
150.000
100.000
Otra transformación
energética
50.000
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
0
Generación de
electricidad y calor
1
Tal y como se aprecia en el Gráfico 3.2.2.1, en 2005 las emisiones de GEI
superaron en un 52% las de 1990, aunque a lo largo de 2006 se muestra un
cambio de tendencia (con una reducción de las emisiones del 4% según datos
provisionales), parte gracias a una serie de medidas adoptadas por el Gobierno
para favorecer el ahorro y la eficiencia energética, así como a unas condiciones
climatológicas favorables.
La tendencia entre 1990 y 2005 es consecuencia de un crecimiento
económico rápido y sostenido y de un fuerte e inesperado aumento de la población,
pero debe reconocerse el insuficiente esfuerzo realizado en ese período en materia
de ahorro y eficiencia energética como se ha mostrado en las secciones
precedentes. Así, la evolución de las emisiones pone de manifiesto las dificultades
de conjugar la convergencia económica con la Unión Europea y la limitación del
crecimiento de las emisiones de GEI.
Los sectores que más han contribuido a este aumento de las emisiones han
sido la generación de electricidad, el transporte y los residuos. Por lo que se refiere
a la generación eléctrica, con un crecimiento del 72%, ha contribuido al 25% de las
emisiones totales. Como se verá en el apartado de energía limpia, la fuerte
demanda de electricidad ha sido superior a las mejoras de eficiencia y al aumento
de la participación de las energías renovables. El transporte con un crecimiento de
las emisiones del 83%, ha alcanzado el 24% del total de las emisiones, siendo el
transporte por carretera, tanto de mercancías como privado, el principal
responsable. Las emisiones procedentes de los residuos han crecido un 67% y,
aunque sólo representan el 3% del total de las emisiones, ejercen otras presiones
sobre el medioambiente. Además, no se prevé el desacoplamiento de los residuos
respecto al crecimiento económico por lo que se debe potenciar su tratamiento y
valorización energética como se verá en el apartado 3.2.2.C.
Las proyecciones más recientes muestran, en el escenario tendencial, un
incremento de las emisiones promedio próximo al 70% en 2008-2012 respecto al
año base, mientras que en el escenario en el que se tienen en cuenta las medidas
actualmente adoptadas, el crecimiento será del 50%.1 No todos los sectores
1
Aplicando la metodología desarrollada por la Universidad Politécnica de Madrid.
2
contribuyen por igual, los sectores difusos incrementarán sus emisiones medias en
un 65%, en particular el transporte y el residencial, mientras que en los sectores
industriales y energéticos el incremento será del 37%.
Teniendo en cuenta estas proyecciones, el compromiso asumido por el
Gobierno es que las emisiones del quinquenio 2008-2012 no superen en más del
37% a las del año base, lo que supone 22 puntos porcentuales de diferencia
respecto al objetivo inicial, que se cubrirá con absorciones de sumideros (2 p.p.) y
mecanismos de flexibilidad (20 p.p.).
Ante este reto, es necesaria la implicación de todos lo sectores económicos.
En el caso de los sectores energéticos e industriales, incluidos en la Directiva de
Comercio de Emisiones y responsables del 45% de las mismas, las limitaciones
establecidas por el Plan Nacional de Asignación 2008-2012 incentivarán a los
agentes a internalizar el coste medioambiental generado. Para los sectores difusos,
no existen unos límites establecidos cuya superación suponga una penalización en
términos económicos, por lo que el Gobierno y las restantes Administraciones
Públicas han identificado y puesto en marcha medidas adicionales de reducción de
emisiones que se describen en esta sección.
Junto a las emisiones globales de CO2, las emisiones locales (SO2, NOX,
partículas) también tienen un importante impacto negativo sobre la salud, sobre
todo en las grandes ciudades por su elevado volumen de tráfico. Los valores límite
establecidos para estos contaminantes son cada vez más exigentes, en línea con las
directrices europeas, lo que tendrá un impacto positivo sobre la calidad de vida de
los ciudadanos.
Por último, junto a los esfuerzos en reducción de emisiones para cumplir
con los compromisos internacionales, las acciones de adaptación al cambio
climático, cuyas primeras evidencias ya se observan, son esenciales en un país
como España, muy vulnerable al cambio climático por sus características
socioeconómicas y su situación geográfica.
3
A) Energía Limpia
El sector energético es el responsable de aproximadamente un 80% de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y se consituye como una pieza
esencial en la lucha contra el cambio climático. Las emisiones GEI de origen
energético han crecido un 63% entre 1990 y 2005, como consecuencia del uso
intensivo de energías fósiles, empleadas como energías primarias en la producción
de electricidad y como energía final en el resto de los sectores, especialmente en el
transporte por carretera. En 2006, por primera vez en muchos años, las emisiones
se redujeron en un 4,1%, gracias al impacto conjunto de diversos factores. Entre
éstos destacan las diversas políticas adoptadas en materia medioambiental para la
reducción del consumo (ver apartado 3.2.1): el Plan Nacional de Asignación 20052007, el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética y el Plan
de Fomento de las Energías Renovables. Además, el aumento de la producción
hidráulica y el incremento de los precios internacionales del petróleo y del gas
tambien han contribuido a reducir la demanda de combustibles fósiles.
Gráfico 3.2.2.2. Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero de
origen energético (Kilotoneladas equivalentes de CO2).
Evolución de las emisiones de gases de efecto invernader de
origen energético (Kilotoneladas equivalentes de CO2)
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
Procesado de la energía
Transporte
Industria
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
50000
Resto
4
Entre 1990 y 1996 las emisiones de GEI crecieron moderadamente (un
7,5%), por lo que la mayor parte del incremento se produce a partir de 1997 como
se aprecia en el Gráfico xxx. De hecho, entre 1997 y 2006, la demanda de energía
primaria creció un 35%, observándose por primera vez una moderación en el
consumo en los años 2005 y 2006. Este importante aumento de la demanda de
energía se ha cubierto fundamentalemte con gas, petróleo y fuentes de energía
renovables.
160.000
7%
140.000
6%
120.000
5%
100.000
4%
80.000
3%
60.000
2%
40.000
1%
20.000
0%
0
1997
Petroleo
tasa de crecimiento %
ktep
Gráfico 3.2.2.3. Evolución de la demanda de anergía primarias en España y su cobertura
Evolución de la demanda de energía primarias en España y
su cobertura
-1%
1998
1999
Gas Natural
2000
Carbón
2001
2002
Nuclear
2003
2004
Renovables
2005
2006
Crecimiento demanda
En cuanto al gas natural, destaca el significativo aumento de su
participacción en la balanza energética que, entre 1997 y 2006, ha pasado del 10%
al 21%. Ello se debe fundamentalmente al consumo procedente del sector eléctrico,
que ha invertido en nuevas centrales térmicas de ciclos combinados de gas natural
para cubrir el crecimiento de la demanda y el cierre de varias centrales térmicas de
carbón. Las nuevas centrales de gas disfrutan de un mayor grado de eficiencia
energética y unas menores emisiones de GEI por kWh, lo cual reduce el nivel de
emisiones en la producción de electricidad.
La demanda de petróleo ha registrado un aumento del 24% entre 1997 y
2006 y mantiene una participación del 45% en la balanza energética, un valor
5
superior al 38% de la media de los países de la UE. El principal impulso de este
crecimiento ha sido el consumo de carburantes empleados en el transporte por
carretera, que en los últimos años ha experimentado un aumento expectacular (ver
apartado siguiente).
Las energías renovables han adquirido un fuerte protagonismo en la
cobertura de la demanda energética. Han aumentando a una tasa media anual del
4%, pasando de un producción de 7.000 ktep en 1997 a casi 9.000 ktep en el año
2006. No obstante, como consecuencia del fuerte crecimiento de la demanda de
energía primaria, su participación en la balanza energética ha permanecido
prácticamente constante en el entorno del 6%. La energía eólica es el sector de las
renovables que ha presentado un mayor ritmo de crecimiento. Otras, como la solar
y la biomasa, mantienen una participación mucho más reducida, a pesar de las
grandes oportunidades que España presenta en este ámbito.
Gráfico 3.2.2.4. Evolución de la producción eléctrica a partir de
energías renovables en Régimen Espacial
Evolución de la producción eléctrica a partir de energías
renovables en Régmien Especial
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
SOLAR
EÓLICA
MINIHIDRÁULICA
BIOMASA
RESIDUOS
TRAT. RESIDUOS
2006
En cuanto a los biocarburantes, su utilización se encuentra en un estado
muy incipiente y apenas alcanzan un 1,8% del consumo total de carburantes. El
bioetanol se emplea habitualmente como aditivo para las gasolinas en forma de
ETBE, pero no se ha extendido en los usos como mezcla directa. El desarrollo del
biodiesel ha disfrutado de un mayor éxito y en la actualidad se comercializa en
6
varios puntos geográficos de la Peninsula.
Por último, uno de los sectores que más ha aumentado sus emisiones ha
sido la transformación energética, que incluye el refino del petróleo y la producción
de electricidad, un 62% entre 1990 y 2005, muy influido por el aumento del 92%
en la demanda de electricidad, que ha provocado un incremento de las emisiones
del 71% en ese período. Esto se debe a que en el año 1990 un 52% de la
generación no producía emisiones y el incremento de la demanda se ha cubierto
sobre todo con energías fósiles, que producen emisiones, aunque las energías
renovables y las centrales de ciclo combinado han permitido limitar el incremento
de las emisiones. En el futuro, una mayor penetración de las energías renovables y
la introducción de tecnologías más eficientes permitirá reducir las emisiones
específicas por kWh. Por ello, el principal reto al que se enfrenta el sector es
conseguir disociar el crecimiento de las emisiones del incremento de la actividad
económica.
Objetivos
La estrategia para alcanzar un desarrollo sostenible en el sector energético
debe combinar dos objetivos: impulsar un uso eficiente de los recursos energéticos
y fomentar procesos de transformación de la energía más eficientes y limpios,
basados en tecnologías de baja emisión en dióxido de carbono.
Con relación al uso eficiente de los recursos energéticos, los objetivos,
indicadores y medidas se detallan en el apartado 3.2.1. En el ámbito de la energía
limpia, España se ha fijado los siguientes objetivos: aumentar la participación de
energías renovables hasta el 20% en el mix energético en 2020, incrementar la
aportación de las energías renovables al consumo bruto de electricidad al 32% en
el 2012 y al 37% en el 2020 y alcanzar una aportación mínima del 10% de
biocombustibles en el consumo de carburantes en el 2020, implementar el “Plan de
Acción de Biomasa” y la “Estrategia de la EU para los biocarburantes”, alcanzar la
integración efectiva de la energía renovable en los sectores del transporte y
edificación e introducir nuevas tecnologías bajas en emisión de CO2.
7
Los indicadores para el seguimiento de la consecución de estos objetivos
son: el consumo anual de energía primaria por tipo de fuente, la potencia eléctrica
instalada y energía generada de origen renovable y producción anual de
biocombustibles.
Actuaciones
Para alcanzar los citados objetivos, la Administración ha puesto en marcha
diversas medidas que giran en torno a tres ejes: el conocimiento de la demanda de
energía, el incremento de la participación de las energías renovables y programas
de I+D+i en tecnologías de energía limpia.
En cuanto a las medidas para lograr un mejor conocimiento de la demanda
de energía, se han iniado dos estudios de prospectiva energética a medio y largo
plazo con el fin de determinar las necesidades del sector energético y establecer las
directrices que incentiven al sector privado a desarrollar un entorno energético
sostenible.
Para el medio plazo, se está elaborando la revisión de la ”Planificación de
los Sectores de Electricidad y Gas. Desarrollo de la Red de Transporte”, que es la
herramienta a través de la cual la Administración puede incidir en el fomento de la
generación eléctrica mediante tecnologías limpias. Actualmente está vigente la
revisión 2005-2011 de la misma, y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
ha iniciado la elaboración de la nueva Planificación 2007-2017, que será objeto de
Evaluación Ambiental Estratégica de acuerdo a la Ley 9/2006.
Para el largo plazo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha
iniciado la elaboración de la “Prospectiva Energética 2030”, informe que servirá de
base para la toma de decisiones en materia energética en los próximos años. La
presente Estrategia deberá ser adaptada a las conclusiones que resulten de dicho
informe.
En cuanto a las medidas para aumentar la participación de las energías
renovables destaca el Plan de Fomento de las Energías Renovables (PFER) 20002010, que, de acuerdo con la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, establece unos
8
objetivos que permitirán alcanzar, en el año 2010, el objetivo de un 12% de
participación de las energías renovables en la demanda total de energía primaria.
Este objetivo se mantiene en el nuevo Plan de Energías Renovables (PER) 20052010 que, sin embargo, propone una distribución diferente de los esfuerzos por
áreas, de manera que factible la consecución de dicho objetivo global. Con ello se
pretende alcanzar una contribución de las fuentes renovables del 12,1% del
consumo de energía primaria en el año 2010, una cobertura con estas fuentes del
30,3% del consumo bruto de electricidad, y un consumo de biocarburantes del
5,83% sobre el consumo de gasolina y gasóleo previsto para el transporte.
Por ello, se ha revisado recientemente el Real Decreto 463/2004 que
establece la retribución de las energías renovables empleadas en la producción de
energía eléctrica. Los mecanismos de retribución tienen en cuenta todos los
objetivos marcados por el mencionado Plan y pueden ir adaptándose a la
consecución de los mismos, reforzando los incentivos de aquellas tecnologías que
hayan alcanzado un menor grado de desarrollo.
En cuanto a los biocarburantes, la revisión de la Ley de Hidrocarburos
para la transposición de las Directivas Europeas, establece los mecanismos para
que las compañías a comercialicen un mínimo de biocombustibles en sus ventas de
carburantes.
Adicionalmente, para alcanzar estos objetivos se está considerando el
desarrollo de las siguientes medidas en el medio plazo:
-
Incentivar
actuaciones
que
favorezcan
aquellas
tecnologías
menos
desarrolladas como la biomasa, y la energía solar termoeléctrica y fotovoltaica,
estimulando la inversión en desarrollo tecnológico que abarate los actuales
costes de instalación.
-
Potenciar las pequeñas instalaciones fotovoltaicas de menos de 5 Kw., a través
de la mejora de las primas de las condiciones de acceso a la red y de los
trámites administrativos para la obtención de subvenciones y solicitudes de
permiso de conexión.
-
Incrementar el aprovechamiento hidráulico mediante la rehabilitación de las
minicentrales cerradas, la mejora de las existentes y la instalación de turbinas
9
en los embalses que carecen de ellas.
-
Dotar a las inversiones en energías renovables y cogeneración de un marco de
mayor seguridad económica que contribuya a su fortalecimiento, mejorando las
bonificaciones que en el Impuesto sobre Actividades Económicas se les otorga a
las empresas que utilicen o produzcan estas energías, de forma que sean
suficientemente competitivas frente a las alternativas convencionales.
-
Considerar el biogás, el biometanol, el bioETBE, los biocarburantes sintéticos,
el biohidrógeno y el aceite vegetal puro como biocarburantes (según Directiva
2003/30/CE).
-
Modificación del Real Decreto 1700/2003
para establecer una integración
efectiva de las energías renovables en el sector del transporte y edificación.
-
Incentivar la creación de nuevas plantas de biocarburantes que aumenten la
capacidad y permitan satisfacer la demanda en el 2010 y su aumento en el
periodo 2011-2020.
-
Incentivar las tecnologías basadas en el hidrogeno como combustible, teniendo
en cuenta las implicaciones ambientales, en particular en lo que se refiere a la
utilización de las energías renovables para la producción del hidrógeno.
-
Fomentar el cambio de combustibles de las calderas domésticas hacia
combustibles más limpios, entre ellos la biomasa (pellets), sustituyendo
progresivamente el consumo de carbón con el objetivo de conseguir su
completa sustitución en el 2012.
-
Ayudar al desarrollo de proyectos que favorezcan estas energías en el marco del
mecanismo de desarrollo limpio.
Por último, en el eje de I+D+i para impulsar las energías limpias, el
Gobierno está llevando a cabo una estrategia integrada en Energía y Cambio
Climático que permitirá priorizar y focalizar las actuaciones en este ámbito,
fomentando las ayudas a los proyectos de I+D+i en tecnologías de energía limpia.
Esta estrategia se detalla ampliamente en el apartado 3.2.1.
B) Sectores difusos
Las emisiones de GEI de los sectores difusos, con un aumento del 70%
entre 1990 y 2005, son las que más han crecido en los últimos años en España. En
esta categoría se incluyen el sector de transporte que, tras un crecimiento del 83%
10
en el período, representa el 24% de las emisiones totales, y el sector residencial,
comercial e institucional, que ha crecido un 52% y supone el 9% del total.
El transporte en España es el sector que más energía consume, un 39% del
consumo energético final, porcentaje que se ha mantenido estable durante los
últimos años. De entre los distintos modos, la carretera es el principal consumidor
(80% del total del sector transporte) y el que contribuye en mayor medida a generar
el problema de emisiones del sector, con unos fuertes impactos tanto a nivel local
como global. Como ilustra el Gráfico 1, el transporte aéreo aunque a mucha
distancia de la carretera también contribuye con un porcentaje importante al
consumo de energía final y es el modo que está creciendo a un mayor ritmo
durante los últimos años, mientras que permanecen relativamente estables el
transporte ferroviario y el marítimo.
Gráfico 3.2.2.5. Consumo de energía por modos de transporte
30.000
25.000
ktep
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2000
Carretera
2004
Ferrocarril
Marítimo
Aéreo
Fuente: Ministerio de Industria
El fuerte crecimiento de la demanda es el principal factor que explica el
empeoramiento que se detecta en la intensidad energética del sector transporte en
España. Pese a las mejoras de eficiencia introducidas en los motores, sobre todo
por parte de las industrias del automóvil y la aeronáutica, la intensidad energética
11
del transporte profesional de viajeros y mercancías (uso de energía por unidad de
VAB) ha aumentado un 1,3% entre 1990 y 2004. En el caso del transporte privado,
el empeoramiento durante el mismo periodo es todavía más significativo: el
consumo energético per capita ha aumentado un 43%.
Las emisiones contaminantes procedentes del transporte se deben en su
mayor parte a la carretera por el elevado peso que este modo tiene en el conjunto
del sistema de transporte urbano e interurbano en España. La introducción de los
catalizadores y la gasolina sin plomo han tenido éxito en la reducción de ciertos
contaminantes,
en
concentraciones
han
Igualmente,
las
particular
SO2,
descendido
mejoras
CO2,
benceno,
notablemente
tecnológicas
hacen
plomo
durante
previsible
los
y
CO,
cuyas
últimos
años.
una
disminución
significativa de otros contaminantes, como es el caso del NO x, hasta niveles
compatibles con la Directiva comunitaria 2001/81 de techos nacionales de
emisión.
Sin embargo, las mejoras tecnológicas no pueden por sí solas corregir el
fuerte ritmo de incremento de emisiones de CO2 y otros gases de efecto
invernadero, que están fuertemente acopladas al consumo de combustibles fósiles.
Como ilustra el Gráfico 2, entre 1990 y 2005 las emisiones de GEI asociadas al
transporte se han incrementado un 83,1%, habiéndose acelerado la tasa de
crecimiento desde finales de los años 90, en línea con el incremento en la movilidad
de pasajeros y mercancías que se ha producido en los últimos años en España (ver
sección 3.2.1.D)
12
Gráfico 3.2.2.6. Emisiones de GEI asociadas al transporte
toneladas equivalentes CO2
110.000
100.000
Variación 1990-2005:
+83,1%
90.000
80.000
70.000
60.000
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
50.000
Fuente: Inventario Naciones Unidas (UNFCCC, 2007)
Por lo que se refiere a la contaminación local, la evaluación de la calidad
del aire demuestra que los problemas en España son similares a los de otros países
europeos y es en las grandes ciudades donde existen mayores niveles de
contaminación por el tráfico de vehículos. Así, en el año 2005, se ha elevado el
número de superaciones de los niveles límite de dióxido de nitrógeno en algunas
ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela y de
partículas con carácter general en toda España y en especial en los núcleos
urbanos. Los valores límite establecidos por la normativa se reducen cada año para
alcanzar el objetivo de 2010 y está previsto que éstos se endurezcan cuando se
apruebe la nueva Directiva de Calidad del Aire.
Uno de los principales problemas del sector transporte, en su dimensión de
sector difuso que contribuye a las emisiones responsables del cambio climático, es
la falta de internalización de los costes asociados a las emisiones por parte de los
usuarios. Adicionalmente en comparación con otros países de la UE, España tiene
un sistema de transporte excesivamente apoyado en la carretera, en detrimento de
otros sectores más eficientes desde el punto de vista energético, y en nuestro país
existe un fuerte acoplamiento de las emisiones a la actividad económica, derivado
13
de unos patrones de elevada movilidad de personas y mercancías que no son
fáciles de modificar a corto y medio plazo.
Por lo que se refiere al sector residencial, comercial e institucional, aunque
tiene una participación reducida en el total, la tendencia indica que sus emisiones
seguirán creciendo, por lo que se deberían establecer medidas para minimizar su
impacto. En general, en España se parte de niveles de consumo energético en estos
sectores inferiores a la media europea por las menores necesidades de calefacción.
No obstante la fuerte penetración de equipos de aire acondicionado está
contrarrestando este efecto climático e incluso superándolo.
La edificación conlleva además problemas de sostenibilidad en la fase de
construcción relacionados con el consumo de recursos (suelo, agua, energía,
materiales de construcción). En los últimos años, los cambios en los patrones de
urbanización, tales como la dispersión urbana y la proliferación de la segunda
residencia, han acrecentado su impacto medioambiental.
Objetivos
Para frenar los fuertes incrementos de emisiones contaminantes asociados
al sector transporte, se plantean los objetivos de: alcanzar el objetivo europeo de
emisiones por vehículo por debajo de los 130 gramos CO2/100 Km, disminuir la
intensidad energética del transporte en la economía y mejorar las emisiones de
contaminantes, en algunos casos reduciendo los niveles y en otros disminuyendo
las tasas de crecimiento.
Para contener las emisiones del sector residencial, comercial e institucional
el objetivo es la mejora de la eficiencia energética de los edificios, tanto en la
envolvente edificatoria como en el equipamiento de la misma, así como aumento de
la utilización de energías renovables.
Estos objetivos vienen asociados a los siguientes indicadores: emisión
específica media de CO2 de los turismos nuevos, intensidad energética del
transporte privado de viajeros (per capita), intensidad energética del transporte de
mercancías (tep/VAB), emisiones de gases de efecto invernadero generados por el
transporte, y emisiones procedentes del sector residencial.
14
Actuaciones
Para mejorar la eficiencia energética del sector del transporte pueden
adoptarse varias medidas referentes a los vehículos y su utilización, así como
algunas actuaciones sobre las grandes infraestructuras de transporte (terminales,
estaciones, etc.).
Entre estas medidas se encuentran, para el caso de los vehículos: el
fomento mediante instrumentos económicos de la compra y uso de coches
energéticamente eficientes y/o limpios, el desarrollo de programas de formación
sobre conducción eficiente, el incremento del uso de biocombustibles, la utilización
de flotas de autobuses de transporte público eficientes desde el punto de vista
energético y medioambiental, y la introducción gradual de criterios de eficiencia
energética en la contratación administrativa para el aumento de los vehículos
limpios.
Otras actuaciones a adoptar son: desarrollo de programas para la mejora
de la calidad del aire, especialmente en el entorno urbano; acuerdos voluntarios
entre las Administraciones públicas y empresas del sector del transporte;
implantación de Sistemas de Gestión Ambiental en las empresas del sector del
transporte; uso de las tecnologías más eficientes en generación eléctrica y térmica y
de las energías renovables en las nuevas instalaciones de servicios del transporte,
cuyos condicionantes de tamaño y ambientales lo permitan; y la instalación de
elementos de iluminación de bajo consumo y alto rendimiento en nuevas
infraestructuras y equipamientos externos de servicios del transporte, así como en
la renovación de los existentes.
Para reducir las emisiones de contaminantes se debe desarrollar el marco
normativo que acompaña a la Nueva Ley de Calidad del Aire y Protección de la
atmósfera, actualmente en tramitación parlamentaria. Entre las medidas a
desarrollar se encuentran: la elaboración de un nuevo reglamento que incorpore la
nueva directiva marco de calidad del aire, actualmente en negociación en la UE, y
el reglamento Euro 5+ y Euro 6 que regula los estándares de emisiones (sobre todo
en partículas y óxidos de nitrógeno en vehículos diesel) necesarios para homologar
15
vehículos y nuevas matriculaciones en España,
2
en línea con los objetivos
europeos.
Por lo que se refiere a la reducción de las emisiones del resto de sectores
difusos, una importante medida es la reciente aprobación del Código Técnico de
Edificación (CTE) que traspone la Directiva 2002/91 relativa a la eficiencia
energética de los edificios, recoge los requisitos mínimos de eficiencia que debe
contener los edificios nuevos o que se reformen y da respuesta a las principales
deficiencias del sector. Las mejoras están encaminadas a reducir la demanda
energética de climatización y mejorar el rendimiento energético de las instalaciones
térmicas y de iluminación y, al mismo tiempo, obligar a que parte de las
necesidades energéticas se cubra con energías renovables. Para fomentar la
construcción eficiente, una medida a aplicar desde la Administración es el
desarrollo de programas ejemplarizantes en los edificios públicos.
Asimismo, es necesario estimular el uso de equipamiento más eficiente en
el sector residencial (ofimática, electrodomésticos…), creando incentivos y/o
incrementando los requisitos de los materiales puestos en el mercado en materia
de eficiencia energética; elaborar una norma técnica de eficiencia energética en los
equipos de aire acondicionado y extender la utilización de la etiqueta ecológica a
todo el equipamiento del hogar; elaborar una norma técnica sobre eficiencia y
ahorro energético en el alumbrado público y fomentar la utilización de bombillas de
bajo consumo; establecer sistemas de programación de temperatura interior en
centros comerciales y edificios públicos, evitando pérdidas de refrigeración a través
de puertas de salida; explorar el diseño de instrumentos que incentiven medidas de
ahorro energético en grandes superficies; extender la utilización de paneles solares
térmicos en nuevas viviendas, independientemente de su tamaño; y, por último,
desarrollar e intensificar campañas de sensibilización y concienciación ciudadana
sobre la necesidad del ahorro energético para evitar derroches en actividades
cotidianas tanto en el hogar como en el ámbito del sector servicios.
Los datos básicos de la propuesta europea fija como fecha para EURO 5 entre
2009 y 2012 y para EURO 6 entre 2014 y 2016.
2
16
C) Reducción de emisiones en sectores no energéticos
Los sectores no energéticos -agricultura, residuos y gases fluorados tienen una importante contribución a las emisiones globales de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
En el caso español, las emisiones de GEI de la agricultura, los residuos y
otros sectores no energéticos suponen más del 14% de las emisiones totales pero,
como se recoge en el informe Stern, a nivel mundial, supusieron el 35% de las
emisiones en 2000. En el periodo 1990-2005, la agricultura ha incrementado sus
emisiones un 12%, fundamentalmente por el aumento del CH4 (metano), y los
residuos un 67%.
Gráfico 3.2.2.7. Evolución de las emisiones en sectores no energéticos.
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Agricultura
Residuos
Detrás del aumento de las emisiones de la agricultura se encuentra el
fuerte aumento de la producción, especialmente de la ganadería, y de la agricultura
intensiva. No obstante, la información sobre recursos agrícolas, tipología de
cultivos y características de los procesos de laboreo utilizados es muy deficitaria.
En el caso de los residuos, sus emisiones han aumentado un 67%,
fundamentalmente las de metano y esto se debe al fuerte aumento del volumen de
17
residuos urbanos, con un crecimiento del 38,7% en el periodo 1990-2004, aunque,
todavía se sitúa por debajo de la media europea, que alcanzaba en 2003 en 1,59
Kg. /hab y día frente a los 1,38 Kg. /hab y día generados en España, debido
principalmente a la fuerte relación entre el nivel de vida y la generación de
residuos. Las lagunas informativas y las carencias de series estadísticas que
afectan a la actividad agraria se extienden también a la generación y tratamiento
de residuos. En el contexto de una política integral de contención de los residuos,
es necesario potenciar su tratamiento y su valorización energética, maximizando
las opciones de utilización y reciclaje frente al proceso habitual de eliminación en
vertederos. Aún así, dada la magnitud estimada del problema, se debe, en
particular, aumentar la recogida selectiva, que todavía es insuficiente, y adecuar el
marco
normativo
para
residuos
específicos.
Por
ejemplo,
los
residuos
biodegradables tienen una excelente aplicación en España como mejoradores del
suelo si con ellos se produce compost de calidad.
Hasta el presente, la principal aplicación de los residuos ha sido energética
a través del aprovechamiento del biogás, que se produce a partir de residuos
biodegradables como residuos ganaderos, lodos de estaciones depuradoras de
aguas residuales, fuentes industriales y la fracción orgánica de los residuos sólidos
urbanos. En 2005, existían en España instalaciones de biogás con una potencia de
189 MW y una producción de 395 Ktep. El incremento de estas instalaciones se ha
producido fundamentalmente en proyectos de desgasificación de vertederos,
mientras que no se ha avanzado prácticamente en el tratamiento de residuos
ganaderos por digestión anaerobia.
Finalmente,
las
emisiones
históricas
de
los
gases
fluorados
(Hidrofluorocarbonos: HFCs; Perfluorocarbonos: PFCs; y Hexafluoruro de Azufre:
SF6) presentan, globalmente, una tendencia a la baja en los últimos años que
tenderá a mantenerse en el quinquenio 2008-2012.
Objetivos
El objetivo principal es avanzar en la reducción de emisiones en los
sectores no energéticos, donde existe un enorme potencial de actuación. En el caso
18
del sector agrario, es preciso mejorar la gestión de los recursos agrarios y sus
procesos, potenciar la agricultura sostenible y aumentar la información disponible.
Dentro del sector de residuos el objetivo es su valorización y la mejora de la
eficiencia energética de los procesos de gestión y tratamiento para lo que es
necesario perfeccionar la planificación sobre residuos, impulsar la biometanización
y recuperación de biogás en vertederos y potenciar el aprovechamiento energético
de residuos forestales.
En cuanto a los gases fluorados, el principal objetivo debe ser continuar
con la tendencia del sector para conseguir reducciones de emisiones mediante la
incorporación al ordenamiento jurídico interno de las disposiciones normativas
europeas.
Junto a esto, el fomento de la I+D+i en el ámbito agrario y la recogida y
tratamiento de residuos mejorará el conocimiento en estas áreas y facilitará la
adopción de medidas que perfeccionarán los procesos de producción, en el caso de
la agricultura, y la gestión del tratamiento de residuos, facilitando así la reducción
de las emisiones de GEI en estos sectores.
Finalmente, el PNA 2008-2012 estableció como objetivo alcanzar un 2% de
reducción de emisiones a través de absorción por sumideros.
El éxito en el cumplimiento de los objetivos impuestos en cada uno de
estos sectores se materializará en la evolución de los indicadores de emisiones de
los distintos tipos de GEI en cada uno de ellos. Además, en el caso del sector
agrario será conveniente analizar la evolución de las superficies de cultivos
ecológicos y consumo de combustibles para vehículos de tracción agrícola, y en el
de residuos, la cantidad de los mismos generados por habitante/año. Para analizar
la evolución de los sumideros se registrarán los incrementos o reducciones de la
superficie forestal.
Medidas
En este contexto, se han empezado a aplicar medidas en cada uno de los
sectores no energéticos, siendo especialmente importantes aquellas desarrolladas
en agricultura y residuos, pues las ganancias de eficiencia y la mejora de la
19
intensidad de carbono (IC) en éstos puede contribuir a generar mejoras
medioambientales en otros sectores.
En el ámbito de la agricultura, se está estudiando la creación de un
Registro de Tierras Agrarias y otro relacionado con la actividad ganadera, que
contendrán información sobre tipos de cultivos, técnicas de laboreo, especies
ganaderas, datos de pastizales, etc. También, se promocionará e informará sobre el
cumplimiento de las normativas relativas a la reducción de abonos minerales y la
aplicación de códigos de buenas prácticas agrícolas. Además, el aumento de la
I+D+i en agricultura permitirá la utilización de técnicas productivas menos
agresivas con el entorno y con menor intensidad de carbono.
Asimismo, es necesario incentivar las mejoras en la gestión y la utilización
como compost de residuos sólidos agrícolas, ganaderos o urbanos y de lodos de
depuradoras así como la racionalización de la gestión de estiércoles y la reducción
de fertilizantes nitrogenados, que permitirá minimizar las emisiones de óxido
nitroso.
El continuo crecimiento de los residuos generados hace necesario no sólo
aplicar medidas de concienciación para reducir la generación de residuos sino
también aumentar las tasas de reciclaje y valoración como se ha visto en el
apartado 3.2.1 C. Para ello, se impulsarán las campañas de sensibilización para la
disminución de los residuos a nivel doméstico, comercial e institucional,
promoviendo la reducción y la reutilización de los residuos en todos estos ámbitos.
Adicionalmente, el Plan Integral de Residuos 2008-2012 contemplará,
entre otros, aspectos relacionados con el aumento de las tasas de reciclaje y
valoración, normas de calidad del compost en línea con las iniciativas europeas,
incentivos a la aceleración de planes autonómicos y locales en materia de
vertederos
controlados
que
comprendan
entre
sus
procedimientos
los de
biometanización y recuperación de biogás, apoyos a la recogida selectiva de materia
orgánica en origen y clausura, sellado y restauración de vertederos incontrolados.
Paralelamente, el Plan de Energías Renovables 2005-2010 incluye como
objetivo el incremento de la potencia instalada en 94 MW entre 2005 y 2010 que
supondrá 188 ktep adicionales, de los que la mayor parte (58%) provendrán de la
20
fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y el resto de los residuos
industriales (21%) y lodos de las depuradoras (17%). Para ello, el nuevo RD de
energías renovables asegura una rentabilidad adecuada vía primas a la generación
eléctrica proveniente de estas fuentes.
Para continuar la tendencia en la reducción de emisiones de gases
fluorados se incorporará al ordenamiento jurídico interno el Reglamento 842/2006,
de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero
y la Directiva 2006/40/CE, de 17 de mayo de 2006, relativa a las emisiones
procedentes de sistemas de aire acondicionado de vehículos de motor.
Finalmente, en el área de sumideros se están desarrollando actuaciones
para incrementar la absorción de las emisiones y cumplir así con los objetivos
establecidos en el PNA. Así, se aumentará la superficie forestal, mediante acciones
de forestación y reforestación en tierras agrícolas, se restaurará la cubierta vegetal
y se establecerán acciones preventivas para evitar los incendios forestales. Por otro
lado, el establecimiento de un marco institucional y legislativo incentivará la
participación del sector privado en el aumento de la capacidad de captación de
carbono de los sumideros españoles.
D) Instrumentos de Mercado
La firma del Protocolo de Kyoto ha obligado tanto a la comunidad
internacional, como al Gobierno español a elaborar mecanismos para conseguir
sus objetivos de la forma más eficiente. Entre éstos se encuentran, por una parte,
los instrumentos de mercado como los sistemas de comercio, los mecanismos de
desarrollo limpio y la imposición medioambiental y, por otra, los
acuerdos
voluntarios y las recomendaciones.
Entre los mecanismos de mercado, resulta destacable la entrada en
funcionamiento en enero de 2005 del mercado de emisiones, el primer mercado
europeo de carácter medioambiental. En su primera fase, los agentes europeos
incluidos en la directiva de emisiones pueden aprender y mejorar su conocimiento
ante la entrada en funcionamiento del régimen global del Protocolo de Kyoto en
2008.
21
Para comenzar a actuar en el mercado, los Gobiernos asignan a los
sectores incluidos en la Directiva de Emisiones derechos de emisión, que
posteriormente puedan ser transaccionados en el mercado. Al final de cada año
cada agente debe presentar en un registro creado para este propósito suficientes
derechos para cubrir sus emisiones. De no ser así estará sujeto a sanciones
financieras. Este sistema provee un incentivo a los agentes para reducir sus
emisiones, puesto que podrán obtener un beneficio adicional de la venta de sus
derechos excendentarios o reducir el coste asociado a la compra de derechos en el
mercado europeo.
El Plan Nacional de Asignación (PNA) 2005-2007 es uno de los elementos
centrales de este mecanismo, ya que determina los derechos a repartir por
actividades, la reserva para nuevos entrantes, las expectativas de utilización de los
mecanismos flexibles y la senda de cumplimiento.
Los resultados de la puesta en marcha del comercio de derechos de
emisión en España, que cubre más de 1000 instalaciones y alrededor del 45% de
las emisiones de GEI, han sido satisfactorios, puesto que el porcentaje de
incumplimiento y el número de incidencias ha sido bajo, a pesar de la brevedad del
período en que se ha diseñado y puesto en marcha. Tanto en el año 2005 como en
el año 2006 la mayoría de los sectores industriales han resultado excedentarios,
frente al sector eléctrico que ha sido deficitario, de forma que globalmente se han
producido déficits de derechos del 5,6% en 2005 y del 2,2% en 2006.
Esto es debido a que en 2006 la industria aumentó ligeramente sus
emisiones con respecto a 2005, pero por debajo de lo previsto y a que el sector
eléctrico con capacidad para internalizar los costes medioambientales en el
mercado mayorista, ha recibido una asignación un 4% menor a sus emisiones
medias entre 2000 y 2002. Todo ello en un contexto de crecimiento de la demanda
de electricidad entre 2000 y 2006 del 30% que debería dar lugar a mayores
emisiones, y de fuertes oscilaciones en la hidraulicidad, que han facilitado el
aumento de las emisiones en 2005 y su reducción en 2006.
En resumen, lo más destacable de esta primera fase del sistema de
comercio de emisiones es que, de forma directa, en los sectores incluidos en la
22
directiva, y de forma indirecta, a través del encarecimiento de la electricidad, los
sectores están adecuando sus procesos productivos a la exigencia de promover un
desarrollo económico menos intensivo en carbono.
No obstante, los datos muestran que el crecimiento de las emisiones hasta
2006 en los sectores difusos ha sido tan elevado, que el segundo PNA debe ser más
exigente para invertir la tendencia de crecimiento, que se ha constatado en los
apartados anteriores.
Además, para la elaboración y evaluación de los objetivos del segundo PNA,
al ser el grado de exigencia de los objetivos mayor para España que para la media
de la UE, los sectores incluidos en la Directiva experimentarán mayores recortes en
España, lo que obliga a las empresas españolas a acudir a mercados
internacionales de emisiones para comprar derechos de emisión, a pesar de su
superior nivel de eficiencia. Por ello, es necesario asumir en el régimen post-Kioto
unas reglas de juego que no distorsionen la competencia internacional y que
incentiven la reducción de la intensidad de carbono de los sectores económicos de
forma eficiente y equitativa.
Objetivos
El objetivo asumido por el Gobierno en el Plan Nacional de Asignación
2008-20123 es que las emisiones de GEI no superen en ese período en más del
37% las del año base, lo cual conlleva que se consigan reducciones por el 22% por
encima del objetivo del 15%, un 2% a través de sumideros como se ha explicado en
el apartado anterior, y un 20% a través de los mecanismos de flexibilidad.
Actuaciones
El Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para alcanzar este
objetivo que se han ido describiendo en los apartados anteriores, por lo que en este
tan solo se abordarán las relativas al mercado de emisiones y la participación en el
Mecanismo de Desarrollo Limpio y los Fondos de Carbono
3
Real Decreto 1370/2006, el 24 de noviembre y RDL xxxx/2007.
23
Tabla 3.2.2.1: Plan Nacional de Asignación 2008-2012
1990
61,61
12,50
Electricidad
Cogeneración
Otras electricidad
Refinerías
Acero
Cemento
Vidrio
Cerámica
Papel
Nuevos Entrantes
Total Comercio
12,64
13,83
22,72
1,77
4,30
2,29
2005
101,24
10,69
9,74
15,46
11,05
29,45
1,99
4,90
4,75
131,66
189,27
2008-2012
53,63
11,80
5,36
16,13
12,19
31,29
2,83
5,72
5,47
7,83
152,25
Reducción
s/ 2005
-47%
10%
-45%
4%
10%
6%
42%
17%
15%
-20%
Fuente: PNA 2008-2012
Por lo que se refiere al segundo período del mercado de emisiones, que
entrará en funcionamiento en 2008, el Gobierno ha aprobado un Plan Nacional de
Asignación que supone una reducción de la asignación anual media del 16%
respecto al PNA 2005-2007 y una disminución de las emisiones del 20% respecto a
2005, tal y como se aprecia en la Tabla xxx. Los principales recortes los sufre el
sector eléctrico por su capacidad de internalizar los costes y por una menor
exposición a la competencia internacional. Las empresas que no sean capaces de
reducir sus emisiones deberán acudir al mercado para comprar derechos de
emisión o deberán promover proyectos de desarrollo limpio en otros países. El PNA
2008-2012
español
fue
aceptado
por
la
Comisión
Europea
con
ligeras
modificaciones y fue considerado como un plan “ambicioso” frente a otros planes
más laxos.
Uno
de
los
instrumentos
adoptados
para
la
consecución
de
los
compromisos es la utilización de mecanismos basados en proyectos que ofrece el
Protocolo de Kioto y, en particular, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
El Gobierno ha establecido como objetivo la compra de reducciones
certificadas de emisiones (RCE) equivalentes a un 20% de la reducción necesaria
24
para alcanzar el objetivo del PNA 2008-2012, lo que supondrá una adquisición de
289 MTCO2 en ese quinquenio. El 55% de esta cantidad, 159 MTCO2, corresponde
al los sectores difusos y será responsabilidad del Gobierno establecer los
mecanismos para su compra.
Por lo que se refiere a las medidas adoptadas por el Gobierno para adquirir
esas 159 MT de CO2, cabe destacar la fuerte apuesta inicial a favor de los proyectos
MDL, en especial en América Latina. El Gobierno ha desarrollado una importante
actividad temprana en este terreno, lo que le ha garantizado el acceso a RCEs a
través de organismos multilaterales a precios más reducidos y en proyectos que
entrarán en funcionamiento en el período 2008-2012. En la Tabla xx se resumen
las participaciones en diversos fondos de carbono a través de estos organismos, por
un total de 60 Mton CO2.
Dentro de la cartera de inversión comprometida por el Gobierno, se
favorecen aquellos proyectos que garanticen el ahorro y la eficiencia energética, las
energías renovables y una gestión ambientalmente correcta de los residuos. Las
razones que motivan estas preferencias han tenido en cuenta las orientaciones de
la política exterior y de cooperación al desarrollo de España. Fruto de estas
consideraciones, España no sólo ha primado la adquisición de créditos procedentes
de MDL frente a otras opciones de compra, sino que ha tratado que esta apuesta
suponga también un compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo económico de
la población local que se beneficia de los proyectos.
En definitiva, el gran reto al que se enfrenta el país, es, por un lado, limitar
las emisiones de sectores difusos a través de políticas que incorporen la
participación de las CCAA y de los ciudadanos y, por otro, hacer frente a nuevas
compras de derechos de emisión minimizando el impacto presupuestario.
25
Tabla 3.2.2.2: Adquisiciones de RCEs por parte del Gobierno español.
Institución
RCE
(Mton CO2)
Fondos de Carbono
Areas
Ahorro y eficiencia energética,
América Latina, Europa del energias renovables y gestión de
Este y Norte de Africa
residuos
F. Español de Carbono
34
F. Biocarbono
2
F. C. Desarrollo Comunitario
Iniciativa Iberoamericana de
Carbono
4
Regiones marginales para
inversores en proyectos
Países con nivel de
desarrollo muy bajo
9
Latinoamérica y caribe
5
Varios
6
60
Países miembros
Banco Mundial
Corporación Andina de
Fomento
Banco Europeo de Inversión y
Banco Europeo
Reconstrucción y Desarrollo
Regiones
F. Multilateral Créditos de
Carbono
Banco Asiático de Desarrollo F. C. Asia Pacífico
TOTAL
Secuestro y consercación de
carbono en bosques y ecosistemas
Proyectos de pequeña escala
Ahorro y eficiencia energética y
energias renovables
Varios
Ahorro y eficiencia energética y
energias renovables
Adicionalmente, los sectores incluidos en la Directiva deberán comprar
RCEs en caso de que prevean déficits de emisiones en el período 2008-2012. Para
favorecer la participación de empresas privadas en la adquisición de RCEs se creó
la Autoridad Nacional Designada española (AND), cuyas funciones incluyen la
emisión de cartas de aprobación de proyectos de MDL y de aplicación conjunta,
necesarias para poder contabilizar en España las RCEs adquiridas. La actividad de
las empresas españolas en este ámbito ha sido intensa: hasta mayo de 2007 la
AND ha emitido 43 cartas de aprobación en sus 9 reuniones para proyectos que
suman 97,6 Mton CO2.
En
definitiva,
los
instrumentos
de
mercado
están
funcionando
correctamente en España y están permitiendo a las empresas y al Gobierno
cumplir con sus obligaciones de forma eficiente. En el futuro, es previsible que más
sectores entren a formar parte de este sistema, lo cual favorecerá comportamientos
más eficientes y disminuirá la presión de los sectores difusos sobre las emisiones
totales.
26
E) Adaptación
España, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas,
es un país muy vulnerable al cambio climático, como se viene poniendo de
manifiesto en los más recientes análisis e investigaciones.
Así, a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales en la lucha
contra el cambio climático a través de acciones de mitigación, reduciendo las
emisiones de GEI a la atmósfera y promoviendo su secuestro, existe un consenso
científico muy amplio sobre los futuros escenarios de cambio climático para los
próximos decenios, que muestra un aumento gradual de las temperaturas en
función de los niveles de concentración de GEI que se alcancen en la atmósfera, lo
que muestra una estrecha vinculación entre la mitigación y la adaptación.
Por ello, las acciones de adaptación al cambio climático, cuyas primeras
evidencias
ya
se
observan,
se
consideran
absolutamente
necesarias
y
complementarias a las acciones de mitigación. A diferencia de éstas últimas, que
requieren una respuesta conjunta y coordinada a nivel internacional, las políticas
de adaptación deben ser definidas e implementadas a nivel nacional o subregional,
pues los impactos y las vulnerabilidades son específicos a cada lugar.
A medida que vayan aumentando las temperaturas, mayores serán las
necesidades de inversión para adaptación. Así, para el conjunto de los países de la
OCDE, los costes adicionales estimados en nuevas infraestructuras y edificaciones
más resistentes a la nueva climatología se sitúan entre los 15 y los 150 billones de
dólares anuales, entre un 0,05 y un 0,5% del PIB de la OCDE.4
En este contexto, es previsible que algunos mercados respondan a las
señales del nuevo escenario climático y desarrollen mejoras en sus sistemas de
gestión de riesgos. No obstante, en muchos casos el Gobierno tendrá que
establecer incentivos a la adaptación a través de la creación de un marco de
actuación adecuado para el conjunto de las iniciativas en este ámbito, haciendo
especial hincapié en los siguientes aspectos:
4
Estimaciones del Informe Stern.
27
-
Disponibilidad de información climatológica de alta calidad, lo cual facilitará la
transmisión de las señales del clima a los mercados, favoreciendo su proceso
de adaptación y la eficiencia en su funcionamiento.
-
Planificación eficiente de los usos del suelo y construcción de infraestructuras
adecuadas a los nuevos fenómenos meteorológicos.
-
Desarrollo
de
políticas
de
largo plazo
para
proteger
bienes
públicos
especialmente sensibles al cambio climático, tales como planes de protección
de parques naturales, planes de protección de costas y desarrollo de protocolos
de actuación en situaciones de emergencia.
-
Creación de una red de seguridad financiera que dote de cobertura a los
sectores más desfavorecidos de la sociedad, con dificultades para contratar
seguros privados ante catástrofes de carácter medioambiental.
Muchos sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en España
son vulnerables en mayor o menor medida al cambio climático y la evaluación de
esta vulnerabilidad es uno de los principales objetivos de las políticas de
adaptación. Entre los principales sectores y sistemas afectados por el cambio se
encuentran: biodiversidad, recursos hídricos, bosques, sector agrícola, zonas
costeras, turismo, pesca y ecosistemas marinos, salud, finanzas y construcción.
La biodiversidad se verá afectada tanto en su vertiente animal como
vegetal. Con respecto a la primera,
cabe esperar cambios fenológicos en las
poblaciones, con adelantos o retrasos en el inicio de actividad, llegada de migración
o reproducción, expansión de especies invasoras y plagas. En el ámbito de la
biodiversidad vegetal, la tendencia más significativa es un aumento de la aridez en
las zonas del sur y la “mediterraneización” en el norte peninsular.
Los últimos estudios que analizan los impactos del cambio climático en
España concluyen que la variabilidad climática será aún más manifiesta, de forma
que se agravarán problemas ya crónicos en buena parte del territorio español como
son las temperaturas extremas y los eventos de sequía extrema. En este sentido,
son esperables cambios significativos en las precipitaciones con una tendencia a la
baja, previéndose una disminución del 8% (horizonte 2060) lo que implica una
reducción media de los recursos hídricos del 17%.
28
Las zonas de mayor sensibilidad serán aquellas que actualmente tienen un
perfil de mayores temperaturas y menores precipitaciones. En estas zonas los
aportes de agua podrían disminuir en un 50%. Así, el impacto será más severo en
las cuencas del Guadiana, Segura, Júcar y Guadalquivir así como en Canarias y
Baleares. Por el contrario es previsible que aumenten las precipitaciones en el
noreste peninsular aunque en verano se producirá un descenso generalizado en
todo el territorio excepto en Canarias.
El incremento de la temperatura del aire, de la concentración de CO2 en la
atmósfera y los cambios en las precipitaciones estacionales implicarán un desigual
impacto sobre los diferentes ecosistemas. De este modo se prevén diferencias
claras entre los ecosistemas de la región atlántica y los de la región mediterránea,
ya que en los primeros la subida de temperaturas y el ligero incremento de las
precipitaciones
invernales
puede
ir
acompañada
de
un
aumento
de
la
productividad agrícola mientras que en los segundos la disminución de agua
provocará una reducción.
Los principales problemas del cambio climático en las zonas costeras se
relacionan con los potenciales cambios en la frecuencia e intensidad de las
tormentas y con el ascenso del nivel medio del mar. Suponiendo un escenario
máximo de ascenso del nivel del mar de 0,5 metros, en el cantábrico oriental podría
producirse la desaparición del 40% de las playas, siempre y cuando no se produzca
un aumento de la alimentación de arena, y, en el caso del mediterraneo, las zonas
más amenazadas serían los deltas del Ebro y Llobregat, la Manga del Mar Menor y
las lagunas del Cabo de Gata. Esta elevación del nivel del mar unida al aumento de
las temperaturas podría tener consecuencias muy negativas sobre el litoral
español, con repercusiones sobre el sector turismo. Las interacciones entre el
cambio climático y la salud humana son múltiples y complejas. En España, podría
producirse un aumento de la morbi-mortalidad causada por las olas de calor, que
aumentarán en frecuencia y duración, y de las enfermedades vectoriales
subtropicales como el dengue, la malaria o la encefalitis.
El sector de las aseguradoras puede ser uno de los que más rápida e
intensamente se vea afectado por los cambios climáticos. Las tormentas e
inundaciones tendrán un considerable impacto sobre las ramas del seguro del
29
ámbito patrimonial e industrial así como aquéllas que realicen coberturas frente a
incendios.
Objetivos
Desde el Gobierno, se entiende la Adaptación como la respuesta a mediolargo plazo para minimizar los impactos del cambio climático y explotar las
oportunidades que ofrece a nuestro país. De esta forma, el objetivo último de
todas las actuaciones en esta materia, en el marco del Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático (PNACC), consiste en integrar la adaptación al cambio
climático en la planificación de los distintos sectores socioeconómicos y
sistemas ecológicos.
En este sentido, es necesario incorporar en la estrategia española de I+D+i
las necesidades más relevantes en materia de evaluación de impactos del cambio
climático y transmitir la información así como promover la participación entre
todos los agentes implicados en los distintos sectores y sistemas, con objeto de
integrar en las políticas sectoriales la adaptación al cambio climático. El éxito en el
cumplimiento de los objetivos impuestos en materia de adaptación será mayor
cuantos más sectores y sistemas realicen evaluaciones y más medidas regulatorias,
planificadoras y de ejecución tengan en consideración la adaptación al cambio
climático.
Actuaciones
Las medidas de adaptación están orientadas a identificar en cada uno de
los sectores y sistemas afectados por el cambio climático sus vulnerabilidades y
oportunidades. La mayoría de las actuaciones es esta materia se enmarcan dentro
del PNACC, y se realizarán mediante Programas de Trabajo elaborados por la
Oficina Española de Cambio Climático y aprobados por la Comisión de
Coordinación de Políticas de Cambio Climático (CCPCC). El primer Programa de
Trabajo del PNACC se centra en la generación de escenarios climáticos regionales,
la evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos, en la
biodiversidad y en las zonas costeras. Hasta 2012 deberán abordarse los restantes
sistemas ecológicos y sectores socioeconómicos.
30
En general, las actuaciones en materia de adaptación se centran en la
evaluación de impactos en todos los sectores y la investigación de posibles
escenarios climáticos futuros. Esto es así, por que este campo de actuación, a
diferencia de la mitigación, todavía se encuentra en una fase muy incipiente y
necesita nutrirse de conocimientos para poder materializar actuaciones a mediolargo plazo, desde construcción de nuevas infraestructuras a cambios en las
variedades de cultivos, que no sólo permitan afrontar los retos que supone el
cambio climático sino también aprovechar las oportunidades que ofrece.
31