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1. EL USUARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: SUS
DERECHOS Y DEBERES.
Los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del
sistema sanitario público, o vinculados a él, de sus derechos y deberes.
1.1 Derechos
Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas
administraciones públicas sanitarias:
1. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda
ser discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico,
ideológico, político o sindical.
2. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre
los requisitos necesarios para su uso.
3. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y
con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren
con el sistema público.
4. A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y
terapéuticos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto
docente o de investigación, que, en ningún caso, podrá comportar peligro
adicional para su salud. En todo caso será imprescindible la previa autorización
y por escrito del paciente y la aceptación por parte del médico y de la Dirección
del correspondiente Centro Sanitario.
[...]
7. A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los
plazos previstos. En uno u otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los
plazos que reglamentariamente se establezcan.
[...]
10. Respetando el particular régimen económico de cada servicio sanitario, los
derechos contemplados en los apartados anteriores (con excepción del 2º y el
6º), serán ejercidos también con respecto a los servicios sanitarios privados.
12. A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los
plazos previstos. En uno u otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los
plazos que reglamentariamente se establezcan.
13. A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las
condiciones contempladas en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para
su desarrollo y en las que regulen el trabajo sanitario en los Centros de Salud.
14. A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren
necesarios para promover, conservar o restablecer su salud, en los términos
que reglamentariamente se establezcan por la Administración del Estado.
15. Respetando el particular régimen económico de cada servicio sanitario, los
derechos contemplados en los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 serán ejercidos
también con respecto a los servicios sanitarios privados.
1.2 Otros derechos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud
recogidos en la Ley 14/1986
A. Igualdad de acceso a los servicios sanitarios
Los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a
corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los
Servicios Sanitarios Públicos en todo el territorio español, según lo dispuesto en
los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución.
B. Intrusismo
El Gobierno, en defensa del usuario, aprobará las normas precisas para evitar
el intrusismo profesional y la mala práctica.
C. Facultad de elección de médico
Los poderes públicos procederán, mediante el correspondiente desarrollo
normativo, a la aplicación de la facultad de elección de médico en la atención
primaria del Área de Salud. En los núcleos de población de más de 250.000
habitantes se podrá elegir en el conjunto de la ciudad.
D. Atención especializada
Una vez superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención
primaria, los usuarios del Sistema Nacional de Salud tienen derecho, en el marco de su
Área de Salud, a ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios.
El Ministerio de Sanidad y Consumo acreditará servicios de referencia, a los que
podrán acceder todos los usuarios del sistema Nacional de Salud una vez superadas
las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de los servicios especializados de la
Comunidad Autónoma donde residan.
1.3 Deberes
Serán obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del
sistema sanitario:
1. Cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria comunes a toda
la población, así como las específicas determinadas por los Servicios
Sanitarios.
2. Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad
de las Instituciones Sanitarias.
3. Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el
sistema sanitario, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de
servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y
prestaciones terapéuticas y sociales.
2.
LA TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud, establece, en su artículo 57, que el acceso de los ciudadanos a las
prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el Sistema Nacional de
Salud se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual, como documento
administrativo que acredita determinados datos de su titular.
Del mismo modo, la ley establece que, sin perjuicio de su gestión en el ámbito
territorial respectivo por cada comunidad autónoma, las tarjetas incluirán, de
manera normalizada, los datos básicos de identificación del titular de la tarjeta,
del derecho que le asiste en r elación con la prestación farmacéutica y del ser
vicio d e salud o entidad responsable de la asistencia sanitaria.
Los dispositivos que las tarjetas incorporen para almacenar la información
básica y las aplicaciones que la traten deberán permitir que la lectura y
comprobación de los datos sea técnicamente posible en todo el territorio del
Estado.
Se encomienda al Ministerio de Sanidad y Consumo la generación de un código
de identificación personal único para el Sistema Nacional de Salud, mediante el
desarrollo de una base datos que recoja la información básica de usuarios del
Sistema Nacional de Salud, de tal manera que los servicios de salud dispongan
de un servicio de intercambio de información sobre la población protegida,
mantenido y actualizado por los propios integrantes del sistema.
Debe normalizarse la información mínima que la tarjeta ha de suministrar
acerca de los ciudadanos, a través de la incorporación de un conjunto básico
común de datos en todas las tarjetas sanitarias emitidas.
2.1 Emisión y validez de la tarjeta sanitaria individual
Las Administraciones sanitarias autonómicas y el Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria emitirán una tarjeta sanitaria individual con soporte informático a las
personas residentes en su ámbito territorial que tengan acreditado el derecho a
la asistencia sanitaria pública.
La tarjeta sanitaria individual emitida por cualquiera de las Administraciones
sanitarias competentes será válida en todo el Sistema Nacional de Salud, y
permitirá el acceso a los centros y servicios sanitarios del sistema en los
términos previstos por la legislación vigente.
2.2 Datos básicos comunes de la tarjeta sanitaria individual
Con objeto de disponer de datos normalizados de cada persona, en su
condición de usuario del Sistema Nacional de Salud, independientemente del
título por el que accede al derecho a la asistencia sanitaria y de la
Administración sanitaria emisora, todas las tarjetas sanitarias incorporarán una
serie de datos básicos comunes y estarán vinculadas a un código de
identificación personal único para cada ciudadano en el Sistema Nacional de
Salud.
Sin perjuicio de la información que la ley autorice a incorporar a cada
Administración competente, la tarjeta sanitaria individual contendrá, de manera
normalizada y de forma visible, los siguientes datos:
a) Administración sanitaria emisora de la tarjeta.
b) Apellidos y nombre del titular de la tarjeta.
c) Código de identificación personal asignado por la Administración sanitaria
que emite la tarjeta.
d) Modalidad de la prestación farmacéutica.
e) Leyenda que informa de su validez en todo el Sistema Nacional de Salud:
"Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de
Salud".
El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo con las comunidades
autónomas y demás Administraciones públicas competentes, establecerá los
requisitos y los estándares necesarios sobre los dispositivos que las tarjetas
incorporen para almacenar la información básica, y las aplicaciones que las
traten deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos sea
técnicamente posible en todo el territorio del Estado.
2.3 Código de identificación personal del Sistema Nacional de
Salud
La asignación del código de identificación personal del Sistema Nacional de
Salud se realizará en el momento de inclusión de los datos relativos a cada
ciudadano en la base de datos de población protegida por el Sistema Nacional
de Salud, desarrollada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y actuará como
clave de vinculación de los diferentes códigos de identificación personal
autonómicos que cada persona pueda tener asignado a lo largo de su vida.
El código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud tendrá
carácter irrepetible y será único a lo largo de la vida de cada persona,
independientemente de la Administración sanitaria competente en su atención
sanitaria en cada momento.
Dicho código de identificación facilitará la búsqueda de la información sanitaria
de un paciente que pueda encontrarse dispersa en el Sistema Nacional de
Salud, con el fin de que pueda ser localizada y consultada por los profesionales
sanitarios, exclusivamente cuando ello redunde en la mejora de la atención
sanitaria, con pleno respeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica,
garantizando asimismo la confidencialidad e integridad de la información.
EP
2.4 Base de datos de población protegida del Sistema Nacional
de Salud
Con el fin de proceder a la generación del código de identificación personal del
Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del
Instituto de Información Sanitaria, desarrollará una base datos que recoja la
información básica de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, así como el
fichero histórico de las situaciones de aseguramiento y de la adscripción de la
persona, en su caso, a diferentes Administraciones sanitarias a lo largo de su
vida.
Para facilitar la gestión de la población protegida, su movilidad y el acceso a los
servicios sanitarios, dicha base actuará como un sistema de intercambio de
información entre las Administraciones sanitarias. La información que recoja
deberá posibilitar la coherencia de los datos de aseguramiento, evitar la
adscripción simultánea a distintos servicios de salud y obtener la mayor
rentabilidad posible en los cruces de datos entre los ficheros oficiales
necesarios para su correcto mantenimiento.
La base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud será
mantenida por las Administraciones sanitarias emisoras de la tarjeta sanitaria
individual. Dichas Administraciones serán las competentes para la inclusión en
aquélla de las personas protegidas en su ámbito territorial. Del mismo modo,
serán las responsables del tratamiento de los datos, actuales e históricos, de su
población protegida.
Dicha base de datos respetará el modelo de funcionamiento y de gestión de las
bases de datos de tarjeta sanitaria individual de cada Administración sanitaria.
La base de datos incorporará información del sistema de Seguridad Social y del
mutualismo administrativo, con el fin de suministrar a las Administraciones
sanitarias datos permanentemente actualizados que permitan la correcta
gestión de las situaciones de las personas respecto a altas, bajas, cobertura de
prestaciones y movilidad de pacientes en la Unión Europea, de acuerdo con los
reglamentos comunitarios vigentes en esta materia.
El plan de explotación estadística de la base de datos será acordado por el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y la información obtenida
se pondrá a disposición de las Administraciones sanitarias. En todo caso, la
información que se facilite a estos fines será previamente objeto de disociación.
El Ministerio de Sanidad y Consumo atenderá con los medios de que disponga
el funcionamiento de la base de datos.
2.5 Seguridad y accesos
La relación de agentes del sistema sanitario autorizados para el acceso a la
base de datos y sus capacidades de operación con esta base serán acordadas
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Agencia Española de
Protección de Datos, el Ministerio de Sanidad y Consumo determinará las
medidas de índole técnica y organizativa que hayan de imponerse en relación
con la base de datos de población protegida del Sistema Nacional de Salud y
que sean necesarias para garantizar tanto la seguridad como la disponibilidad
de los datos de carácter personal, evitando su alteración, pérdida, tratamiento y,
en especial, el acceso no autorizado a aquélla. En todo caso, dichas medidas
se atendrán a lo establecido en la legislación vigente en materia de protección
de datos personales.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, como responsable de la base de datos,
aplicará las medidas de seguridad y accesos de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que
se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la
Administración General del Estado.
2.6 Cesión de datos
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en caso de considerar
necesaria la cesión de los datos de esta base, recabará la asistencia de la
Agencia Española de Protección de Datos, a fin de que por ésta se determinen
los supuestos bajo los que podrá efectuarse la cesión a terceros. Dicha cesión
se atendrá, en todo caso, a la normativa vigente en materia de protección de
datos personales.
2.7 Colectivos asegurados a través de regímenes especiales
Las Administraciones públicas competentes en materia de cobertura sanitaria
por razón de determinados colectivos expedirán a cada uno de sus asegurados
una tarjeta sanitaria, con soporte informático y con las características básicas
que se definen en este real decreto , incluid a la asignación de código de
identificación personal del Sistema Nacional de Salud, y se incorporarán al
sistema de intercambio de información que la base de datos de población
protegida del Sistema Nacional de Salud proporciona.
3. Ley de información sanitaria y autonomía del paciente de Extremadura.
TÍTULO II.
DERECHO DE INFORMACIÓN SANITARIA.
Artículo 4. Derecho a la información asistencial.
1. Los pacientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura tienen derecho,
con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, a recibir toda la
información disponible sobre la misma, salvo los supuestos exceptuados en
esta norma.
2. La información deberá hacer referencia a todas las actuaciones asistenciales,
constituyendo parte fundamental de las mismas, incluyendo el diagnóstico,
pronóstico y alternativas terapéuticas y abarcará como mínimo la finalidad y la
naturaleza de la actuación, así como sus riesgos y consecuencias.
3. Asimismo, la información facilitada al paciente deberá contemplar el nombre,
titulación y la especialidad de los profesionales sanitarios que le atienden, así
como la categoría y función de éstos, si así estuvieran definidas en su centro o
institución.
4. Como regla general la información se proporcionará verbalmente, dejando
constancia en la historia clínica. Será veraz, se proporcionará de forma
comprensible y adecuada a las necesidades y a los requerimientos del
paciente, con antelación suficiente, para ayudarle a tomar decisiones de
acuerdo con su propia y libre voluntad.
5. Toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser
informada, y a que no se transmita información de su estado de salud o
enfermedad a las personas a él vinculadas por razones familiares, o de hecho,
ni a terceras personas expresándolo por escrito. El escrito de renuncia deberá
ser incorporado a la historia clínica.
Este derecho no se reconocerá cuando exista alto riesgo de posibilidad de
transmisión de una enfermedad grave, debiendo motivarse tal circunstancia en
la historia clínica.
Artículo 5. Titulares del derecho a la información asistencial.
1. El titular del derecho a la información es el paciente. Las personas vinculadas
al mismo deberán ser informadas en la medida en que éste lo permita expresa
o tácitamente.
2. Los menores de edad serán titulares del derecho a la información cuando
estén emancipados o tengan dieciséis años cumplidos. En otro caso, se les
dará información adaptada a su grado de madurez.
3. En caso de incapacidad del paciente, o en aquellos casos en que, a criterio
del médico que le asiste, el paciente carece de capacidad para entender la
información o para hacerse cargo de su situación, a causa de su estado físico o
psíquico, se deberá informar a la persona que ostente su representación o, en
su defecto, a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho
que asuman la responsabilidad de las decisiones que hayan de adoptarse a
propuesta del médico, sin perjuicio de la obligación de informar al paciente en la
medida en que lo permitan las circunstancias y su grado de comprensión.
4. El médico responsable de la asistencia al paciente deberá hacer constar en
la historia clínica la circunstancia que concurre en cada caso, la información que
se ha prestado y los destinatarios de la misma.
Artículo 6. Garantía de la información asistencial.
1. En todos los centros, establecimientos y servicios sanitarios debe asignarse
al paciente un médico, que será su interlocutor principal con el equipo
asistencial y, en su caso, un enfermero o enfermera responsable de coordinar
su plan de cuidados, cuya identificación debe darse a conocer a los
destinatarios de la información asistencial.
2. En el ámbito hospitalario, se deberá procurar que la asignación e
identificación del médico y el enfermero o la enfermera responsables tenga
lugar en el menor intervalo de tiempo posible tras el ingreso del paciente.
3. En ausencia de estos profesionales responsables asignados, el centro,
establecimiento o servicio sanitario garantizará que otros profesionales del
equipo asuman las responsabilidad de aquéllos.
4. El médico responsable del paciente le garantizará el cumplimiento de su
derecho a la información, al igual que los profesionales que le atiendan durante
el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto,
con la debida implicación del enfermero o la enfermera responsable en cuanto a
su proceso de cuidados.
Artículo 7. Estado de necesidad terapéutica de no informar.
1. Cuando en los centros, establecimientos y servicios sanitarios se produzcan
casos excepcionales en los que, por razones objetivas, el conocimiento de su
situación por parte de una persona pueda perjudicar de manera grave a su
salud, el médico asignado podrá actuar profesionalmente sin informar antes al
paciente, debiendo en todo caso informar a su representante legal o a personas
vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho y dejar constancia
razonada en la historia clínica de la necesidad terapéutica existente.
2. En función de la evolución de dicha necesidad terapéutica el médico podrá
informar de forma progresiva, debiendo aportar al paciente información
completa en la medida en que aquella necesidad desaparezca.
3. De igual forma, en situaciones de urgencia vital, o ausencia de personas
vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho, el médico podrá
adoptar las decisiones más adecuadas y proporcionadas, para actuar en interés
del paciente, dejando asimismo constancia razonada en la historia clínica.
Artículo 8. Derecho a la información epidemiológica.
1. Los ciudadanos tienen el derecho a recibir información epidemiológica ante
un riesgo grave y probado para la salud pública.
2. Las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura
ofrecerán información suficiente sobre los factores, las situaciones y las causas
de riesgo para la salud individual y colectiva, incluyendo la información
epidemiológica general y la información relativa a los peligros derivados del
medio ambiente, de los alimentos, del agua de consumo y de los hábitos y
comportamientos individuales, de manera que se fomenten comportamientos y
hábitos de vida saludables.
3. Dicha información deberá estar basada en el conocimiento científico actual y
difundirse en términos comprensibles, verídicos y adecuados para la protección
de la salud, bajo la responsabilidad de las Administraciones Públicas
competentes.
Artículo 9. Información sanitaria en el ámbito del Sistema Sanitario Público y de
la Sanidad Privada de Extremadura.
1. Los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Extremadura tienen derecho
a recibir información general referente al Sistema Sanitario Público y de la
Sanidad Privada de Extremadura, así como información específica en las
siguientes materias:
a. Programas y acciones del Sistema Sanitario Público y de la Sanidad
Privada de Extremadura en materia de prevención, promoción y
protección de la salud.
b. Servicios y unidades asistenciales disponibles, sus características
asistenciales, cartera de servicios y requisitos de acceso.
c. Derechos y deberes de los ciudadanos relativos a la salud.
d. Mecanismos de garantía de calidad implantados en los centros,
establecimientos y servicios sanitarios del Sistema Sanitario Público y de
la Sanidad Privada de Extremadura, e igualmente la información de la
evaluación de la calidad de la asistencia prestada en todos los centros,
establecimientos y servicios sanitarios.
2. A fin de facilitar el derecho regulado en el apartado anterior, todos los
centros, establecimientos y servicios sanitarios del Sistema Sanitario Público y
de la Sanidad Privada de Extremadura deberán disponer de una guía de
información al usuario en la que se especifiquen sus derechos y deberes, los
servicios y prestaciones disponibles, requisitos de acceso a las mismas, las
características asistenciales, las dotaciones de personal, instalaciones y medios
técnicos, así como los procedimientos de reclamaciones y sugerencias.
3. Asimismo, los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Sistema
Sanitario Público y de la Sanidad Privada de Extremadura proporcionarán
información a los usuarios relativa a la libertad de elección de médico, centro y
servicio, tanto en la atención primaria como en la atención especializada, así
como sobre el derecho a obtener una segunda opinión médica, en las
condiciones previstas en la normativa específica que en cada caso resulte de
aplicación.
4. La autoridad sanitaria velará por el derecho de los ciudadanos a recibir la
información prevista en este artículo de forma veraz, clara, fiable, actualizada,
de calidad y basada en el conocimiento científico actualizado, que posibilite el
ejercicio autónomo y responsable de la facultad de elección y la participación
activa del ciudadano en el mantenimiento o recuperación de su salud.
TÍTULO III.
DERECHOS RELATIVOS A LA INTIMIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD.
Artículo 10. Intimidad y confidencialidad de la información relacionada con la
salud.
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su intimidad en las actuaciones
sanitarias y a la confidencialidad de la información relacionada con su salud y
estancias en centros sanitarios públicos o privados. Igualmente, tiene derecho a
que nadie pueda acceder a estos datos sin contar con su autorización, con las
excepciones previstas en la presente Ley.
2. Asimismo, se reconocen y protegen los siguientes derechos de los usuarios
de los centros, establecimientos y servicios sanitarios sometidos a la presente
Ley:
a. A conocer la identidad y la misión de los profesionales que intervienen en
la atención sanitaria y a que se le garantice la posibilidad de limitar la
presencia de investigadores, estudiantes u otros profesionales que no
tengan una responsabilidad directa en la atención.
b. A ser atendido en un medio que garantice la intimidad, dignidad,
autonomía y seguridad de la persona, con especial respeto a la intimidad
del cuerpo en las exploraciones, cuidados, actividades de higiene y
demás actuaciones sanitarias.
c. A que le sean respetados sus valores morales y culturales, así como sus
convicciones religiosas y filosóficas, con los límites previstos en la
presente norma y en el resto del ordenamiento jurídico. La práctica que
se derive del ejercicio de este derecho ha de ser compatible con el
correcto ejercicio de la práctica médica y respetuoso con las normas de
funcionamiento del centro.
d. A acceder a los datos personales obtenidos en la atención sanitaria y a
conocer la información existente en registros o ficheros.
e. A que se limite, en los términos establecidos por la normativa vigente, la
grabación y difusión de imágenes mediante fotografías, vídeos u otros
medios que permitan su identificación como destinatarios de atenciones
sanitarias, debiendo obtenerse para tales actuaciones, una vez
explicados claramente los motivos de su realización y el ámbito de
difusión, la previa y expresa autorización del afectado o de su
representante.
Artículo 11. Confidencialidad de los datos genéticos.
Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura velarán por
el respeto a la confidencialidad de la información referida al patrimonio genético
y por que dicha información no sea utilizada para ningún tipo de discriminación
individual o colectiva. A estos efectos, y dentro de sus respectivas
competencias, vigilarán que los registros de datos genéticos dispongan de los
mecanismos necesarios para garantizar la efectividad de los derechos
reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Artículo 12. Confidencialidad de otros datos personales.
1. Las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura
vigilarán que todos los centros, establecimientos y servicios sanitarios ubicados
en su ámbito guarden la debida confidencialidad de los datos referidos a las
creencias de los usuarios, a su filiación, opción sexual, al hecho de haber sido
objeto de malos tratos y, en general, cuantos datos o informaciones puedan
tener especial relevancia para la salvaguardia de la intimidad personal y
familiar.
2. Lo previsto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la obligación
de los centros, establecimientos y servicios sanitarios de comunicación y
denuncia en los supuestos previstos por la normativa aplicable, y especialmente
en los casos de abusos, maltratos y vejaciones.
Artículo 13. Derecho al acompañamiento.
1. Todos los centros, establecimientos y servicios sanitarios sometidos a la
presente Ley deberán facilitar el acompañamiento de los pacientes de un
familiar o persona de su confianza, excepto en los casos en que esta presencia
sea desaconsejable o incompatible con la prestación sanitaria conforme a
criterios médicos.
2. Se vigilará especialmente que, durante el proceso de parto, sea efectivo el
derecho de toda mujer a que se facilite el acceso al padre o de otra persona
designada por ella, salvo cuando las circunstancias clínicas no lo aconsejen.
3. Los menores tendrán derecho a estar acompañados de sus padres, tutores o
guardadores, salvo que ello perjudique u obstaculice de manera seria y probada
su asistencia sanitaria. En las mismas condiciones, los incapacitados tendrán
derecho a estar acompañados de los responsables de su guarda y protección.
Artículo 14. Régimen de protección.
1. Los datos personales a que se refiere este Título se someterán al régimen de
protección establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, en la legislación básica estatal en
materia de sanidad y demás normativa aplicable a los derechos de acceso,
rectificación y cancelación y secreto profesional.
2. Todos los centros, establecimientos y servicios sanitarios incluidos en el
ámbito de aplicación de la presente Ley tienen la obligación de adoptar las
medidas oportunas para garantizar los derechos regulados en este Título,
elaborando, en su caso, normas y protocolos de carácter interno que garanticen
el acceso legal a los datos de los pacientes.