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Uruguay en las conferencias panamericanas: la construcción de una opción en Política exterior Ponencia presentada al Simposio “Los Asuntos Internacionales en América Latina y el Caribe Historia y Teoría. Problemas a Dos Siglos de la Emancipación” Isabel Clemente Ph D* Introducción Esta ponencia presenta un análisis de la política exterior uruguaya desde la perspectiva de la incidencia de las ideas en la formulación de políticas y en el diseño de estrategias. El concepto de ideas que ordena este trabajo abarca las corrientes de pensamiento, las ideologías, las visiones del mundo, las interpretaciones sobre política internacional y las creencias establecidas y transmitidas socialmente a través de la educación, los medios de difusión y/o el proceso de socialización. La teoría dominante en el campo de los estudios internacionales, de acuerdo con el paradigma racionalista que le da fundamento, asigna un valor secundario a las ideas. En efecto, la teoría de la elección racional, de la cual son tributarios tanto el realismo como el institucionalismo liberal, postula que son los intereses los que explican la acción humana y en consecuencia, las políticas tienen por objetivo la maximización de los beneficios. Los intereses, que pueden ser tanto materiales como inmateriales, incluyendo en estos el prestigio, el status y el poder, tienen un rasgo común: están dados en la realidad y son entonces anteriores a cualquier idea o creencia sostenida por los actores. Los enfoques reflectivistas, en cambio, proponen una alternativa a este modelo: asumen que el proceso de las relaciones internacionales es socialmente construido. Uno de los expositores de este paradigma, Alexander Wendt, plantea que el conocimiento y las prácticas construyen sujetos y que en el proceso inter-subjetivo, identidades e intereses son inherentes a la interacción que está en la base de la planeación de estrategias.1 Si bien el peso de las investigaciones elaboradas desde esta perspectiva es todavía débil por comparación con el inmenso volumen de las investigaciones fundamentadas en el realismo y en el institucionalismo liberal, el enfoque reflectivista proporciona un marco adecuado para examinar el proceso por el cual las ideas pueden dar forma y contenidos a la política exterior. * Profesora Agregada, Programa de Estudios Internacionales, Unidad Multidisciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 1.Wendt, Alexander, “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics”, en International Organization, 46, 2, Spring 1992: 391-425. 1 En primer lugar, es importante precisar que “el interés” no aparece en la realidad como un dato empírico sino como un constructo relacional en el cual el pensamiento juega un rol decisivo. El concepto de “interés nacional”, pieza central del análisis realista, sólo adquiera existencia cuando determinados conceptos de nación, de su lugar en el mundo y de sus objetivos, se concretan en una definición. Por consiguiente, el proceso de elaboración de ideas es anterior a la formulación racional del interés nacional y a su operacionalización en la forma de políticas. Judith Goldstein y Robert Keohane sostienen que las ideas informan la política exterior de tres maneras: proporcionando mapas de rutas causales o basados en principios, afectando estrategias en situaciones en las cuales no existe un equilibrio claro y encarnándose en instituciones que construyen principios y valores.2 Esta ponencia asume en parte este enfoque y se propone demostrar que las ideas y las reflexiones sobre las condicionantes de la política internacional en la definición del lugar de Uruguay en el mundo orientaron las preferencias por ciertos cursos de acción y la elección de posiciones en las relaciones con los países del continente americano. En Uruguay los estudios sobre este problema son escasos y el único y solitario precedente es el ensayo publicado en 1959 en el semanario Marcha por Carlos Real de Azúa, un trabajo hoy superado y claramente marcado por referencias a la coyuntura del período de la segunda guerra. Este vacío en la investigación contrasta con la existencia en Uruguay de una rica producción de pensamiento sobre las tendencias de la política internacional y sobre las direcciones posibles de la política exterior. Este último problema fue el centro de algunos debates muy intensos en el período que antecedió a la fundación de la OEA. Es esta dimensión de la política exterior que esta ponencia se propone explorar desde una perspectiva histórica, examinando primero las opciones planteadas tanto por intelectuales y académicos como por actores del sistema político nacional. En segundo lugar examina la participación uruguaya en las conferencias panamericanas y la correlación entre ideas y posiciones defendidas por los delegados uruguayos. Finalmente, analiza el proceso por el cual se afirmó la opción panamericana como la orientación dominante en la formulación de la política exterior del período de la segunda posguerra. Debates sobre opciones en política exterior En el pensamiento uruguayo sobre las alternativas abiertas para la inserción internacional de Uruguay un factor determinante fue el reconocimiento de Uruguay como país pequeño y ubicado en el contexto de América Latina. Es posible establecer que las alternativas 2. Goldstein, Judith y Robert O. Keohane, Ideas and Foreign Policy. Beliefs, Institutions and Political Change, Ithaca y Londres: Cornell University Press, 1993. 2 propuestas durante el período que se examina en este trabajo fueron básicamente tres: la opción latinoamericana (en algunos textos designada como hispanoamericana o iberoamericana), la opción panamericana y la opción internacional o universalista. La opción latinoamericana aparece desde principios del siglo XX, expuesta en la obra de Rodó, con un fundamento en la cultura planteado en la famosa oposición de Ariel y Calibán y con un alcance más bien iberoamericano. Lengua, cultura, religión e historia común eran los componentes de una identidad que en la visión de Rodó oponían a la América latina con la América anglosajona. En la formación de la corriente latinoamericanista tuvo también gran influencia la propuesta de unión latinoamericana del argentino Manuel Ugarte, amigo del círculo de intelectuales y artistas del 900 uruguayo y asiduo visitante de Montevideo. En una línea de pensamiento afín con esta postura se encontraban los que proponían la elaboración de un derecho internacional americano como un cuerpo de normas complementario del derecho internacional y en capacidad de dar cuenta de los problemas específicos de las relaciones entre naciones americanas. Un espacio importante para la difusión de este pensamiento fue el movimiento estudiantil a partir del Congreso de estudiantes latinoamericanos realizado en Montevideo en 1908 y más tarde, el Centro Ariel del cual fue principal animador Carlos Quijano, el intelectual más influyente en el siglo XX uruguayo, desde las páginas de Marcha, el semanario por él fundado en 1939. La escuela del revisionismo histórico aporta desde la década de 1950 nuevos fundamentos a la opción latinoamericana: una reinterpretación de la historia nacional y una tesis sobre la viabilidad del Estado uruguayo que se articulaba con el argumento a favor de la necesidad de la integración latinoamericana. En la obra del pensador más destacado de esta escuela, Alberto Methol Ferré, la integración de Uruguay en América Latina es planteada como la única alternativa. Es posible rastrear la permanencia de la opción latinoamericana en el modelo de inserción internacional adoptado por el primer gobierno de izquierda en 2005, con la fuerte apuesta al fortalecimiento del Mercosur como plataforma para la inserción de Uruguay en la región y desde ella, también en el mundo. La opción panamericana surge de dos líneas complementarias: de un lado, la crítica de la opción latinoamericana como alternativa realista y del otro, el reconocimiento del papel de Estados Unidos como potencia, en particular a partir del cambio operado en el sistema internacional con el fin de la “gran guerra”. Los defensores del panamericanismo descartaban la opción hispanoamericana por estimar que había perdido vigencia desde el punto de vista político, si bien admitían su valor para la auto-afirmación cultural. Esta línea de pensamiento recogió mayoritariamente sus respaldos en el círculo gobernante y 3 en particular en la cancillería y terminó por volverse hegemónica con el fin de la segunda guerra mundial. La aproximación a las directrices de la política exterior de Brasil fue un factor importante en la afirmación de esta opción. En el nivel de las propuestas, ella se manifiesta en la formulación de un proyecto para la constitución de una liga o asociación americana. Esta era la posición que con ligeras alteraciones de matiz sostuvieron los gobiernos uruguayos hasta el fin de la segunda guerra y la fundación de la OEA en 1948. La opción internacional o universalista planteaba la inserción de Uruguay en el mundo por la vía de una organización multilateral. La primera manifestación de este pensamiento se produjo en 1907 con la propuesta uruguaya, presentada ante la II Conferencia Internacional de La Haya, de arbitraje amplio y obligatorio para la solución de los conflictos internacionales y de creación de una organización internacional en capacidad de hacer efectivo ese mecanismo. Tras la fundación de la Sociedad de Naciones, la activa participación uruguaya en esta organización era consistente con la idea del lugar de Uruguay en el mundo que postulaban intelectuales, diplomáticos y políticos liberales con formación cultural marcadamente europea. Esta alternativa era sostenida por quienes privilegiaban la Sociedad de Naciones como el ámbito más importante para la proyección internacional de Uruguay. Entre ellos se destacaba Alberto Guani, representante de Uruguay en Ginebra y miembro del Consejo de la organización por dos períodos. La corriente liberal que había animado el respaldo a los Aliados en la primera guerra y que adhería a las esperanzas pacifistas y a los principios expuestos por Wilson en Versalles, era fuerte en los dos partidos tradicionales, aunque esta línea de pensamiento también recogía defensores entre quienes consideraban que los intereses del país estaban estrechamente ligados a los mercados y las inversiones europeas en América Latina. Los eventos del período de entreguerras marcaron cambios en las adhesiones a estas diferentes opciones. Las intervenciones de Estados Unidos en países latinoamericanos erosionaron seriamente el respaldo a la opción panamericana en algunos sectores sociales y políticos. En 1909, la reclamación Alsop contra Chile fue tema de preocupación del gobierno y objeto de un comentario de prensa en el órgano vocero del oficialismo. 3 El desembarco de 1914 en Tampico y Veracruz durante la revolución mexicana tuvo gran repercusión en el movimiento estudiantil y fue el centro de debates desde la prensa y desde el Parlamento en el otoño de 1914. Hubo manifestaciones de protesta estudiantil ante la sede diplomática de Estados Unidos seguidas por represión policial. Las excusas del canciller uruguayo transmitidas al Ministro de Estados Unidos fueron objeto de críticas desde el Parlamento por parte de los diputados Luis Alberto de Herrera y Washington Beltrán, del Partido Nacional. El oficialismo, si bien no abdicaba del principio de no intervención, introducía muchos atenuantes en su evaluación de los 3. Turcatti, Dante, El equilibrio difícil. La Política Internacional del Batllismo, Montevideo: Arca, 1981, p. 78. 4 hechos: destacaba el carácter dictatorial del régimen de Huertas y apuntaba que la pesada herencia que los gobiernos republicanos habían dejado al presidente Wilson generaba los efectos negativos de una acción inicialmente bien intencionada del presidente. Esta línea argumental, expuesta por el diputado colorado Juan Antonio Buero, justificaba la postura adoptada por el Ministro uruguayo en Washington cuando, ante la consulta del Secretario de Estado a los representantes diplomáticos latinoamericanos, dio su “apoyo moral” a la decisión del gobierno americano. Las expectativas despertadas por Wilson explican buena parte de las dificultades en que se encontraron muchos uruguayos para entender su política exterior y el contraste con el que fuera su primer mensaje en la Casa Blanca cuando expuso que jamás atentaría contra las “hermanas menores”. La intervención en Nicaragua en 1927 tuvo un impacto aún mayor que la de 1914, que por otra parte fue breve y no afectó el curso de la revolución mexicana. El hecho más notable en 1927 fue la división en el oficialismo con dos posiciones claramente contrapuestas en el debate parlamentario, una sostenida por Enrique Rodríguez Fabregat de crítica de la intervención y sus objetivos económicos y otra de justificación de la política norteamericana por parte del diputado Minelli. Las ejecuciones de negros en Alabama en 1932, denunciadas por el semanario Justicia del Partido Comunista, desafiaban a la sensibilidad uruguaya con una realidad nada fácil de entender. Estas controversias sobre el panamericanismo se complejizaban con otra sobre el alcance de la participación de Uruguay en la Sociedad de Naciones. Uruguay estuvo entre los países fundadores de esta organización y tuvo en ella un rol activo inclusive en el más alto nivel de conducción. Sin embargo, desde el golpe de Estado de 1933, comenzó a afirmarse en el círculo gobernante una postura adversa a la organización y las primeras propuestas de desafiliación fueron planteadas en la prensa y en el Parlamento. Los críticos de la Sociedad de Naciones partían de diferentes formaciones políticas. Para algunos, la posición de Estados Unidos contraria a la ratificación del Tratado de Versalles era un argumento poderoso para descartar la organización de Ginebra, debilitada desde su mismo origen por la negativa de Estados Unidos a adherir a ella. En otros, entre los que se contaban el propio presidente Terra y varios de sus ministros, así como muchos de sus aliados de la fracción herrerista del Partido Nacional como el senador José G. Antuña, la admiración por los nuevos regímenes totalitarios de Italia y Alemania y por el modelo de Estado corporativo iba pareja con la crítica a la Sociedad de Naciones. El ingreso de la URSS a la Sociedad de Naciones era para otros un mal signo. Algunos hechos dieron prueba del cambio de orientación oficial hacia la Sociedad de Naciones: la negativa del presidente Terra a cooperar con la gestión mediadora de la comisión designada para la guerra del Chaco, la protesta de la URSS ante el Consejo de la Sociedad de Naciones tras la decisión uruguaya de ruptura de relaciones con ese país 5 en diciembre de 1935 y las reacciones que ello suscitó en Uruguay, fueron la base de argumentos de tono ultranacionalista. Por otro lado, el fracaso de la organización internacional para impedir la agresión italiana contra Etiopía y la política agresiva del Tercer Reich ilustraban sobre la extrema fragilidad de la organización de Ginebra. Es significativo que a partir de 1935 se repitieran en la prensa, en discursos parlamentarios y en trabajos académicos los argumentos a favor del retiro de Uruguay de la organización internacional cuya creación había respaldado en 1918.4 La posición del gobierno uruguayo ante la gestión de conciliación emprendida por la Sociedad de Naciones fue un claro indicador del viraje que se había operado en la conducción de la política exterior uruguaya desde el golpe de Estado del 31 de marzo de 1933 y la formación de un nuevo bloque gobernante de orientación conservadora. El informe del Ministro británico en Montevideo Sir Eugen Millington-Drake dirigido al Foreign Office da cuenta de la interpretación que la diplomacia británica hacía del cambio en la relación con la Sociedad de Naciones. Los miembros de la Comisión encargada del problema del Chaco llegaron a Montevideo el 3 de noviembre de 1933, viajaron a Buenos Aires y regresaron a Montevideo para participar en la sesión de clausura de la Conferencia panamericana. Millington-Drake anotaba en sentido crítico el tratamiento dado por Gabriel Terra a los miembros de la Comisión, su propuesta de armisticio directamente presentada a los presidentes de Bolivia y Paraguay con respaldo de la Conferencia panamericana y en desconocimiento de las propuestas ya elaboradas por la Comisión de la Sociedad de Naciones. “Esta acción fue de lo más sorprendente ya que Uruguay siempre fue considerado como un leal adherente de la Liga” decía el Ministro británico en su informe y sostenía que ese viraje había sido “claramente inspirado desde posiciones que se sabía eran hostiles a la influencia de la Liga”, además de las presiones de los delegados brasileños y bolivianos y del Ministro de Italia, para forzar una “movida tan directamente perjudicial para el trabajo de la Liga”. 5 La posición adoptada por el gobierno de Terra aparecía así como un capítulo más de la contienda entre la Sociedad de Naciones y las potencias emergentes que se preparaban para la guerra, con la guerra en el Chaco como telón de fondo. 4. Véase al respecto la obra del entonces estudiante Aureliano Rodríguez Larreta, Orientación de la Política Internacional en América Latina, obra premiada en el Concurso anual de conferencias estudiantiles de 1935, pp. 301-304. 5 Millington-Drake a Sir John Simon, 10 de marzo de 1934, en Nahum, Benjamín, Informes diplomáticos de los representantes del Reino Unido en el Uruguay, Tomo VI, 1932-1933, Montevideo: Universidad de la República-Departamento de Publicaciones, 1996, p. 330. 6 La ruptura de relaciones con la URSS se produjo a instancias del gobierno brasileño el cual acusó a la Legación soviética en Montevideo de intervenir en los asuntos internos de Brasil con apoyo financiero a la revolución liderada por el Partido Comunista entonces encabezado por Luis Carlos Prestes. Este hecho dio lugar a un debate que nuevamente puso en cuestión a nivel local de Uruguay el papel de la Sociedad de Naciones. Maxim Litvinoff, Comisario del Pueblo para Asuntos Internacionales y representante de la URSS en el Consejo de la Sociedad de Naciones, presentó la protesta de su gobierno por la supuesta violación de Uruguay del Tratado de la organización. Alberto Guani refutó la argumentación del diplomático soviético y el asunto finalmente se resolvió en una clara victoria diplomática de Uruguay.6 Por otra parte, los defensores de las tesis panamericanistas, en particular los propulsores del proyecto de creación de una organización multilateral americana, no percibieron correctamente que la dirección históricamente prevaleciente en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina era el tratamiento bilateral y casuístico de los problemas. No lograron diferenciar entre la retórica de la unidad y la práctica del bilateralismo. Los esfuerzos por “continentalizar” la doctrina Monroe pasaron por alto el carácter deliberadamente unilateral que ese documento rector de la política de Estados Unidos tuvo desde su origen mismo. La posición de Estados Unidos en la conferencia de 1923 proporcionó una evidencia clara al respecto pero ella no fue entendida en esa forma y los esfuerzos en la línea de continentalizar perduraron en las décadas siguientes. La “doctrina Monroe” en debate en Uruguay Al igual que otros países latinoamericanos, Uruguay vivió un intenso debate sobre la doctrina Monroe.7 La propuesta de “continentalizar” ese famoso documento tenía por 6 Gros Espiell, Héctor, “Las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Rusia. Algunos puntos de interés histórico y jurídico” en Ministerio de Relaciones Exteriores-Embajada de la Federación de Rusia en Uruguay, Relaciones diplomáticas entre Rusia y Uruguay 140° Aniversario. Historia, estado actual y perspectivas, Montevideo: Impresora Cordón, 1999. Rodríguez Ayçaguer, Ana María, “La diplomacia del anticomunismo: la influencia del gobierno de Getulio Vargas en la interrupción de las relaciones diplomáticas de Uruguay con la URSS de diciembre de 1935” en Estudios Ibero-americanos, Porto Alegre: Facultade de Filosofía Ciéncias Humanas, Programa de Pos Graduação, Vol. XXXIV, N° 1, Janeiro-Junho 2008, pp. 92-120. Paradójicamente, los dos hombres, Guani y Litvinoff se reencontraron en 1943, siendo el primero Vicepresidente de Uruguay y el segundo, embajador de la URSS en Washington. Litvinoff aceptó la sugerencia de Guani para reanudar relaciones diplomáticas y comerciales entre Uruguay y la URSS. Emilio Frugoni fue designado embajador en Moscú. 7 Véase al respecto Liévano Aguirre, Indalecio, Bolivarismo y Monroismo, Bogotá: Editorial Revista Colombiana, 1969. 7 objetivo otorgarle el valor de doctrina de derecho internacional para todas las naciones del continente americano. Entre los defensores de esta idea se encontraban muchas figuras connotadas del gobierno batllista. Entre ellas, se destacaba Gabriel Terra. En un discurso pronunciado en 1916 en la Universidad en homenaje al Secretario del Tesoro de Estados Unidos, hizo la apología de las instituciones republicanas de Estados Unidos y la política exterior expuesta desde el Mensaje de despedida de Washington y el posterior mensaje de Monroe.8 Una posición coincidente fue expuesta más tarde por José Serrato, presidente de Uruguay entre 1923 y 1927. Si bien anotaba que la doctrina Monroe había experimentado sucesivas adaptaciones y reinterpretaciones, algunas de las cuales “fueron injustas”, la caracterizaba como un “evangelio salvador de pueblos” porque había dejado de ser una doctrina unilateral para convertirse en la doctrina de todo un hemisferio. Declarándose identificado con la propuesta de Brum de 1920, Serrato defendía la creación de una confederación de naciones americanas y un panamericanismo activo que, en una peculiar lectura de la historia, situaba en directa relación con “el genio profético de Bolívar en la hora llena de vislumbres y promesas del Congreso de Panamá.”9 Serrato lograba así conciliar dos términos que para la mayoría eran opuestos: bolivarismo y monroísmo. Para Baltasar Brum, la doctrina Monroe había sido un freno poderoso contra el intervencionismo europeo. La Universidad de la República, en particular la Cátedra de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho, fue el ámbito para un debate entre dos tesis opuestas: una desarrollada por el catedrático de Derecho Internacional Dr. Arístides Delle Piane y otra expuesta en conferencia por el presidente de la República, Dr. Baltasar Brum. El profesor Delle Piane elaboró una documentada y exhaustiva evaluación crítica de la doctrina Monroe para su curso de Derecho Internacional Público. La producción de este trabajo se cumplió a lo largo del año 1921, con el contenido de nueve clases dictadas durante ese curso, recogido luego en versión taquigráfica y publicada en la revista Jurisprudencia uruguaya, en 1930, precisamente cuando la discusión sobre la vigencia del mensaje de Monroe en las relaciones interamericanas se encontraba en el centro de las preocupaciones sobre política internacional y sobre la posición de Uruguay en ella.10 8 Terra, Gabriel, Política internacional, Montevideo: Barreiro y Ramos, 1918.Terra sería presidente de Uruguay entre 1930 y 1938. 9 Serrato, José, Vida pública de José Serrato, Montevideo: Biblioteca de Cultura Uruguaya, 1944, p. 82. 8 En sus lecciones Delle Piane desarrolló un sistemático análisis del texto abordando los orígenes del mensaje del presidente James Monroe de 2 de diciembre de 1823, la evolución de la doctrina y sus posteriores reformulaciones y aplicaciones en políticas concretas hasta 1921 y finalmente, el balance de su validez como doctrina del derecho internacional. En el estudio de los orígenes, el autor adoptó un tratamiento histórico para establecer los alcances precisos de los objetivos de Monroe. Así relevaba las iniciativas de George Canning, tanto su propuesta al Ministro de Estados Unidos en Londres Richard Rush como su negociación con el príncipe de Polignac a fin de forzar el retiro de Francia de todo proyecto de intervención de la Santa Alianza en Hispanoamérica. En segundo lugar, el estado de las relaciones entre Estados Unidos y el Imperio Ruso y la defensa de intereses muy concretos de Estados Unidos. En verdad, la “doctrina Monroe” se iniciaba con un párrafo relativo a una propuesta recibida del Ministro de Rusia en Washington. No sólo este análisis reducía la originalidad del documento americano, el cual aparecía así como un “subproducto” de, o una reacción a, una política diseñada en Londres, sino que refutaba las interpretaciones de publicistas y diplomáticos argentinos como Emilio Mitre y Estanislao Zeballos sobre el contexto histórico en el cual surgió la doctrina Monroe. En un análisis realista de la forma unilateral que finalmente adoptó el pronunciamiento americano, Delle Piane encontraba tres razones fundamentales que configuran direcciones constantes en la política exterior de Estados Unidos: a) la determinación de perseverar en la política de prescindencia en las cuestiones europeas recomendada por George Washington en su Mensaje de 1796; b) el interés de no aparecer secundando una política británica, al decir de John Quincy Adams como un bote arrastrado por un gran navío y c) el contenido de la declaración sobre colonización. Este último aspecto era examinado por Delle Piane en relación con las diferencias entre Estados Unidos y Rusia a propósito de las posesiones del zar en Alaska y costa del Pacífico sobre las cuales la política rusa de expansión podría excluir definitivamente a los americanos de sus posibles expectativas sobre esa zona. Pero además, la propuesta de declaración de Canning incluía un pasaje en el cual se afirmaba que “nosotros no deseamos ninguna parte de las colonias 10 Delle Piane, Arístides L., “Doctrina de Monroe”, en Publicaciones de Jurisprudencia Uruguaya, Montevideo: 1930. Es interesante anotar que la dirección de la revista justificó la publicación explicando que a pesar del tiempo transcurrido desde 1921 la obra de Delle Piane conservaba toda su actualidad porque “lo fundamental del asunto permanece siendo el mismo y las enseñanzas que surgen de esta exposición siguen teniendo el mismo interés que pudieron revestir en aquella época” y agregaba que “ahora como entonces reina la mayor confusión respecto del significado y alcance de la doctrina de Monroe”. Aureliano Rodríguez Larreta afirma en su obra escrita en 1935 que el texto de Delle Piane era parte de la bibliografía obligatoria y por tanto su influencia sobre varias generaciones estudiantiles fue grande. 9 españolas” y Delle Piane encontraba que tal afirmación era inaceptable para muchos miembros del gobierno de Estados Unidos que “tenían ya puestos los ojos en el territorio de Texas, y desde ese momento también aspiraban a la anexión de Cuba”. La revisión de los orígenes y el contenido de la “doctrina” culminaba con las siguientes conclusiones de Delle Piane: 1) cuando el presidente Monroe transmitió al Congreso su célebre Mensaje, ya la política británica había obtenido en la práctica el resultado de impedir la intervención europea; 2) el mensaje de Monroe no tenía el propósito de establecer una “doctrina” entendida como un principio de carácter general sino de fijar posición ante dos peligros inmediatos, la amenaza de intervención europea y las miras expansionistas de Rusia en el Pacífico; 3) la prohibición de establecer nuevas colonizaciones en “los continentes americanos” se refería básicamente a América del Norte y no tenía alcance general, afirma Delle Piane basándose en este caso en John Bassett Moore, profesor de Derecho Internacional, tratadista autor de numerosos libros y representante diplomático de Estados Unidos en diversos foros internacionales en la época11; en todo caso, el texto de la declaración se refiere expresamente a territorios “por la libre e independiente condición que mantienen” por lo cual Delle Piane deducía que se limitaba a preservar de posibles empresas de colonización europea los territorios organizados como Estados independientes; 4) la declaración tenía unos objetivos concretos y una vez obtenidos estos, había cumplido su función y era asunto terminado. Esta última conclusión se apoyaba en las declaraciones de James Polk en 1825, en ocasión de los debates del Congreso de Estados Unidos sobre la invitación a participar en el Congreso de Panamá convocado por Bolívar; 4) la doctrina Monroe no aportaba una innovación teórica en el derecho internacional en la medida en que se atenía a la doctrina entonces vigente sobre no intervención. El análisis de Delle Piane sobre el proceso histórico de la Doctrina Monroe se propuso identificar las reelaboraciones que ese documento tuvo como expresión del cambio en la política exterior de Estados Unidos. Esa revisión estuvo apoyada en una cuidadosa exploración en fuentes documentales como los escritos del Secretario de Estado Daniel Webster, los mensajes presidenciales de Polk y en las obras de referencia latinoamericanas sobre el tema como las de Calvo y Céspedes12 así como en obras de historiadores y juristas norteamericanos. Delle Piane examina hasta qué punto, poco 11 Las referencias citadas por Delle Piane corresponden a dos obras de Basset Moore: “Les États Unis et la politique d’annexion” en Revue de Droit International et de Legislation comparée, 1894, y The Principles of American Diplomacy, Nueva York: 1918. 12 Calvo, Carlos, Le droit international: théorie et pratique précedé d’un historique des gens, Paris: Rousseau, 1896. Céspedes, José María, La doctrina de Monroe, La Habana: 1893. 10 tiempo después de la presentación del Mensaje, en 1824, en ocasión de la visita del primer Ministro Plenipotenciario del Imperio del Brasil y su propuesta de un concierto de poderes americanos para defender la independencia, la interpretación oficial del presidente Monroe distaba mucho de visiones latinoamericanas más proactivas: la respuesta fue el silencio ante lo que John Quincy Adams calificó como “incómoda frase”. En la misma línea, las expectativas de Bolívar en cuanto a buscar los medios para hacer efectiva la declaración con el Congreso de Panamá, tuvieron una derivación totalmente opuesta en los debates del Congreso de Estados Unidos acerca de la participación de ese país en aquél evento. En realidad, Delle Piane sostiene, es Bolívar y no Monroe quien alentó la idea de elaborar un derecho internacional americano, esbozada por primera vez en su carta de Jamaica de 1815 y proseguida luego con las misiones diplomáticas que enviara a Perú, Chile, el Río de la Plata y México. Y, apoyándose en el examen de las fuentes primarias de la época (documentos de Adams, Henry Clay y Webster, declaración de Polk en 1845) sostenía que la doctrina Monroe fue descartada como principio de relaciones entre Estados Unidos y las repúblicas latinoamericanas en 1835, cuando el gobierno argentino se dirigió al de Estados Unidos a raíz de la ocupación de las islas Malvinas y recibió la respuesta de que el hecho nada tenía que ver con la declaración del presidente Monroe. En su examen de las diversas interpretaciones del mensaje de 1823 a lo largo de un siglo, Delle Piane identifica las contradicciones con el documento original y las innovaciones que implicaban una verdadera re-elaboración: el mensaje de Polk al congreso en 1848 referente al caso de la rebelión en Yucatán, la argumentación según la cual el tratado Clayton-Bulwer de 1850 sobre canal interoceánico de Panamá era “contradictorio” con la doctrina de Monroe, la defensa en 1869 por el presidente Grant de su tratado de anexión de la República Dominicana como una aplicación de la doctrina Monroe en la medida en que se trataba de prevenir eventuales ocupaciones europeas de ese territorio, las declaraciones del Secretario de Estado Olney en 1895 en relación con la controversia de límites entre Venezuela y Gran Bretaña, las invocaciones al mensaje de 1823 para justificar la política de separación de Panamá de Colombia, el “Corolario Roosevelt” de 1904, la interpretación de la doctrina de Monroe como defensa de la hegemonía de Estados Unidos por Roosevelt y la propuesta de Wilson en su mensaje al Senado de 22 de enero de 1917 acerca de transformar la doctrina de Monroe en “doctrina mundial”.13 La única aplicación efectiva de esa doctrina en un caso concreto de política exterior sería según Delle Piane la posición adoptada por el gobierno de Estados Unidos ante la intervención francesa en México (1862-1867) pero el autor anota que curiosamente en 13 En su análisis de las propuestas de Woodrow Wilson, Delle Piane destaca las dificultades confesadas por el propio presidente sobre sus intentos por definir la doctrina de Monroe. 11 esa ocasión el gobierno de Washington no invocó ante el gobierno francés la doctrina de Monroe sino los principios de derecho internacional sobre no intervención. Las conclusiones del trabajo de Delle Piane fueron expuestas en su “novena lección” del 20 de junio de 1921. En primer lugar, a la cuestión entonces en debate, Delle Piane respondía que la doctrina Monroe no es un principio de derecho internacional. Esta conclusión era sustentada en las siguientes consideraciones. En primer término, no se trata de una regla de derecho consuetudinario pues para que tuviera esta condición hubiera sido necesaria la aceptación por razones de interés mutuo por parte de las restantes naciones generando precedentes que le dieran fuerza de norma pero ese no era el caso de la doctrina Monroe pues ni en América ni en Europa hubo acuerdo en cuanto a su aceptación y sí en cambio hubo precedentes de rechazo explícito como la declaración del gobierno británico en el conflicto limítrofe con Venezuela. Por otra parte, la aceptación internacional sólo podía ser posible con una formulación clara e invariable, pero la doctrina Monroe había sido “interpretada y aplicada con los más distintos criterios”. En segundo término, un principio de derecho internacional puede estar sustentado en el derecho contractual, vale decir para este caso, en un pacto entre naciones para adoptar la Doctrina Monroe como regla de derecho positivo. Pero incluso la reserva incluida a instancias del presidente Wilson en el Pacto de la Sociedad de Naciones (art. XXI) era en opinión de Delle Piane sin ningún valor jurídico por estar formulada en términos vagos y contiene una inexactitud en la medida en que alude a una “inteligencia regional” inexistente: “Sería un reconocimiento originalísimo puesto que consistiría en reconocer una cosa indefinible (la doctrina) y otra inexistente (el acuerdo sobre ella).” Delle Piane citaba en respaldo de su argumento, las propias explicaciones de Wilson al Senado cuando se trató la ratificación del tratado de creación de la Sociedad de Naciones, explicaciones infructuosas porque el Senado acabó rechazando el artículo XXI.14 En su balance final, al examinar la compatibilidad de la doctrina Monroe con los principios del derecho internacional, Delle Piane sostiene que la idea central contenida en ese documento, el principio de no intervención había sido ya expuesto por los tratadistas desde las obras clásicas de Grotius y Vattel y más cerca del tiempo en que Monroe llegó a la presidencia, Lord Castlereagh lo había defendido en una nota dirigida a las potencias de la Santa Alianza. Por consiguiente, la novedad del principio de no intervención expuesto por Monroe es según Delle Piane no tanto jurídica sino política por el hecho de ser proclamada por un país de reciente fundación como Estado soberano y dirigida a las grandes potencias de la época que practicaban en forma sistemática la intervención y la habían convertido en norma de su alianza. Para Delle Piane, la doctrina Monroe es en 14 Delle Piane, op. cit., pp. 87-88. 12 último análisis una defensa del derecho de la independencia y por tanto, también las intervenciones de Estados Unidos en otros países del continente deberían considerarse contrarios a ella: “Toda intervención opresiva, todas esas intervenciones que han realizado ilegítimamente los Estados Unidos, son contrarias a la verdadera doctrina, son formas aberrantes de la doctrina de Monroe”. La “doctrina Brum” Una tesis opuesta fue elaborada por Baltasar Brum, primero como Canciller y luego como Presidente de la República. El historiador Dante Turcatti asigna gran importancia al papel de Brum en el trazado de la política exterior de Uruguay en la segunda década del siglo XX. Según Turcatti, Uruguay se convirtió en el país latinoamericano más “filoestadounidense” de la época. Esta posición se manifestó en la firma de tratados, en el intercambio de visitas oficiales y en declaraciones públicas y artículos de prensa. Paralelamente, Uruguay se involucró en la creación de un organismo multilateral capaz de proporcionar garantías a los países latinoamericanos frente al poderoso vecino del Norte. La adhesión que encontró en Uruguay la “Declaración del derecho de las naciones” aprobada por unanimidad por el Instituto Americano de Derecho Internacional en 1916, es indicativa de la mayoritaria inclinación por el panamericanismo que prevalecía en los más altos círculos dirigentes. En esa declaración aparecía el concepto de “federación” como fórmula para la organización política interamericana. El pensamiento de Baltasar Brum sobre relaciones entre los Estados americanos fue presentado en tres documentos diferentes aunque estrechamente relacionados por una misma lógica argumental, luego reunidos en una publicación.15 El primero de ellos, “Solidaridad americana” fue inicialmente expuesto en una conferencia dictada el 21 de abril de 1920 en la Universidad de la República por el presidente, invitado por la Cátedra de Derecho Internacional; el segundo, titulado “Solidaridad mundial” fue publicado en La Nación de Buenos Aires el 21 de enero de 1923; el tercero, “La Asociación de los Países Americanos” fue publicado en El Día el 10 de febrero de 1923. El primero de estos textos propone las líneas fundamentales que, según Brum, debía adoptar la política exterior de Uruguay. Su visión del futuro era una en la que el continente americano, “libre de odios seculares y de los perniciosos prejuicios de razas” estaría en capacidad de influir para reducir los conflictos que, originados en las rivalidades entre países europeos, comprometían el “bienestar del mundo”. Una de esas líneas fundamentales propuestas era el panamericanismo, entendido como comunidad de formas de gobierno e ideales de justicia, democracia y solidaridad entre 15 Brum, Baltasar, La paz de América, Montevideo: Imprenta Nacional, 1923. 13 todas las naciones del continente. El abandono del aislacionismo por parte de EEUU en 1917 era prueba, en opinión de Brum, de la voluntad de defender los derechos y la independencia de los países americanos, amenazados por las pretensiones hegemónicas de Alemania. Aunque Brum reconocía que en el pasado la política de Estados Unidos pudo haber sido “injusta y áspera” con algunos países latinos, esto no debía ser obstáculo para buscar el acercamiento sobre todo porque se había cumplido un cambio grande en su política hacia las naciones del continente. Aislar a Estados Unidos sería no sólo injusto sino “perjudicial para los intereses comunes”. En la visión de Brum, el panamericanismo “implica igualdad de todas las soberanías, grandes y pequeñas”. Desde este punto de partida, el presidente uruguayo abordaba el análisis de la doctrina Monroe como el freno eficaz de las conquistas europeas en América. Y aunque los efectos de la guerra en Europa alejaban el peligro de futuras conquistas, ello no debía ser motivo para repudiar la doctrina Monroe. Por el contrario, Brum proponía transformar lo que hasta ese momento era una norma de la política exterior de Estados Unidos en una alianza defensiva entre todos los países americanos, con obligaciones y ventajas recíprocas para todos. La única salvaguardia contra el “imperialismo interamericano” debía buscarse únicamente en la nueva concepción de la solidaridad americana. Brum argumentaba que la condena del expansionismo europeo en América expuesto en la doctrina Monroe había ya aparecido antes del mensaje de 1823 en declaraciones de Artigas, de Egaña y otros libertadores del período de la independencia de modo tal que no se trataba de un principio exclusivo de los Estados Unidos sino que era “una aspiración inmanente de todos los pueblos de América”. En esos términos explicaba el decreto del gobierno uruguayo sobre solidaridad americana de 18 de junio de 1917, durante su gestión como Canciller. Con base en este razonamiento, Brum proponía que en vez de rechazar la doctrina Monroe, lo que correspondía era reconocerla como “un postulado nacional” y ampliarlo para que comprendiera no sólo las anexiones territoriales de Europa sino “también cualquier agravio al derecho”, forma eufemística que evitaba el uso directo del término “intervención” o intervencionismo. Al otro lado del río de la Plata, la respuesta no tardó: Lucio Moreno Quintana publicó un ensayo que criticaba punto por punto la tesis de Brum y concluía que no había necesidad de contrabalancear a Europa pues ésta no había demostrado hostilidad hacia América. La afirmación de que “El ambicioso enemigo está en América” contradecía la idea de “solidaridad” que Brum auspiciaba.16 16 Moreno Quintana, Lucio, Política americana. Refutación a la conferencia pronunciada por el presidente de la República O. del Uruguay Dr. Baltasar Brum en la Facultad de Derecho de Montevideo, Buenos Aires: Librería de J. Menéndez Editor, 1920. 14 La tesis de solidaridad americana se enlazaba con la propuesta de creación de una liga que según Brum estaría fundamentada en el artículo introducido a instancias de Wilson en el Tratado de Versalles y que hacía referencia a la doctrina Monroe y la “inteligencia regional” sobre su validez en cuanto a los asuntos americanos. Esta organización serviría al propósito de contar con un medio para incidir como bloque en la organización internacional. Adicionalmente, ella sería el foro adecuado para resolver los conflictos entre naciones del continente americano. Por esta razón, los Estados Unidos deberían jugar un papel de primera importancia. Según Turcatti, Brum reconocía la potencia internacional que había adquirido Estados Unidos al terminar la primera guerra y consideraba que los antecedentes de la política imperialista de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe eran eventos propios de una época ya superada, en la medida en que Estados Unidos había adoptado una política amistosa y de trato igualitario hacia América Latina desde la primera guerra. La liga americana que Brum proponía tendría dos grandes objetivos: ocuparse de los conflictos con naciones de otros continentes y de los que surgieran entre los países miembros. Estaría constituida sobre el principio de la igualdad absoluta entre los Estados. Las controversias que surgieran entre éstos serían resueltas por fallo arbitral. La intervención en los asuntos internos de los países no sería admitida salvo que existiera una mayoría de dos tercios de miembros a favor de la intervención. Esta propuesta tuvo en Uruguay críticos que la consideraron contraria a la organización de la Sociedad de Naciones. Para Brum, en cambio las dos organizaciones eran perfectamente compatibles: más aún, una liga americana reforzaría a la Sociedad de Naciones. En su artículo “Solidaridad mundial” expuso nuevas consideraciones sobre la estructura posible de la Liga Americana y sus relaciones con la Sociedad de Naciones. Brum sostenía que la Sociedad de Naciones debía organizarse en forma confederal por entender que esa era la forma más apropiada para regir territorios extensos. Dentro de esa organización de alcance mundial podrían existir acuerdos regionales, como la liga americana, pero estos acuerdos eran, en su concepto, sustancialmente diferentes de los sistemas de alianzas y la política de equilibrio que habían caracterizado la política internacional hasta la primera guerra mundial. El poder superior de la Sociedad de Naciones sería el factor decisivo para impedir el retorno de las rivalidades entre bloques y la política de equilibrio. La organización federativa de la Sociedad de Naciones aseguraría ese resultado y los Estados nacionales aceptarían así las limitaciones a sus prerrogativas para ganar un bien mayor, la paz mundial. En su artículo para El Día Brum avanzaba con la idea de la liga americana y proponía un anteproyecto de estatutos. En ese documento, Brum preveía la incorporación de Canadá, recogía la lógica de la doctrina Calvo en cuanto a la primacía de los tribunales nacionales en controversias con entidades privadas extranjeras (Art. IX) y proponía tres autoridades 15 (Consejo, Asamblea y Secretaría) para la conducción de la organización. Llama la atención el grado de detalle con el cual el documento define las funciones de cada una de esas instancias. Las mujeres podrían formar parte de la dirección tanto en cargos honorarios como rentados. Entre las ideas novedosas contenidas en este anteproyecto se encuentran el firme pronunciamiento contra el armamentismo,17 la clara defensa de la no intervención tanto por parte de otros países como de la propia Asociación (Art. 8º - F), la exclusión de los regímenes de facto de la membrecía, salvo que mediara un reconocimiento de parte de la mayoría de los miembros de la Asociación y la solución de conflictos por medio de la mediación y el arbitraje. La propuesta de estatutos preveía la pertenencia a la Sociedad de Naciones pero contemplaba la situación de los países que no hubieran querido adherirse a ella, uno de los cuales era precisamente Estados Unidos. La posición de Baltasar Brum sobre relaciones entre Estados Unidos y América Latina fue cambiando en el transcurso de la década del 20, con un abandono gradual del optimismo que caracterizó sus primeros escritos. Un elemento determinante en esa evolución fue la intervención norteamericana en Nicaragua. Brum expuso su pensamiento en sus columnas en El Día a partir de 1927, en las cuales planteó una analogía arriesgada entre la ocupación de Nicaragua y la separación de Panamá de Colombia en 1903, 18 pero también en sus intercambios con el embajador de Estados Unidos en Uruguay a quien transmitió su visión de las relaciones interamericanas. En el informe sobre su entrevista con Brum el 18 de febrero de 1931, el embajador J. Butler Wright registraba las opiniones críticas de Brum sobre la política de Estados Unidos: los errores habrían sido el desconocimiento de las características “raciales” y culturales de los pueblos y la designación de oficiales del ejército, la marina y el Cuerpo de Infantes de la Marina en operaciones que los latinoamericanos equiparaban con el imperialismo militar. Según Brum esos errores hubieran podido salvarse si se hubiera designado a diplomáticos y aún más si se hubiera invitado a participar a “un representante de por lo menos uno de los restantes países latinoamericanos”. Esos errores, sumados a las presiones de los intereses 17 En la sección “Principios y fines”, numeral X, se dice: “El mantenimiento de la paz exige la eliminación de toda competencia en armamentos, y su reducción a lo indispensable para la seguridad nacional y para la ejecución de las obligaciones internacionales impuestas por una acción colectiva.” Más adelante, entre los deberes de los asociados se estipulan la prohibición de venta de armas y municiones a particulares y la obligación de informar a todos los miembros sobre la situación de los armamentos, los programas militares, navales y aéreos y de las industrias que pudieran ser utilizadas para la guerra. 18 En su columna “Los sucesos de Nicaragua”, del 1° de marzo de 1927 (ver transcripción en Turcatti, op. cit. pp. 120-121), Brum atribuía la intervención de Estados Unidos a nuevos planes para construcción de un canal interoceánico por la ruta de Nicaragua. 16 comerciales empresariales de Estados Unidos, presentes en Uruguay en sus frigoríficos y consorcios petroleros, y las medidas proteccionistas, habían generado un fuerte sentimiento anti-norteamericano que no tenía precedentes en las actitudes hacia otras potencias mundiales como España, Gran Bretaña e inclusive Alemania.19 El embajador americano relacionó estas opiniones del entonces presidente del Consejo Nacional de Administración con su postura de tolerancia hacia todas las disidencias políticas incluidas las de anarquistas y comunistas y su defensa de la política de apertura a la inmigración de personas “de todas las naciones, ideas políticas y razas” y en posteriores informes al Secretario de Estado, se inclinó a admitir las sospechas que entonces cultivaban algunos sectores políticos uruguayos sobre la supuesta simpatía de Brum con el comunismo. Uruguay en las conferencias panamericanas Uruguay participó en todas las conferencias panamericanas desde la primera realizada en Washington en 1889 adoptando posiciones por lo general alineadas con las sostenidas por la diplomacia de Estados Unidos e inclusive superando las metas que ésta se proponía. Entre los responsables de formular esta orientación en política exterior se deben contar durante las dos primeras décadas del siglo XX, además del presidente Batlle y sus sucesores, a Baltasar Brum, el embajador en Estados Unidos Carlos María de Pena y al embajador Juan Antonio Buero. Debe tenerse en cuenta que la posición uruguaya no era demasiado distinta de la de otros países de la región, en particular Brasil, firme aliado de Estados Unidos desde que la conducción de la política exterior reposara en las manos del Barón de Río Branco. En la primera conferencia panamericana, Uruguay votó junto a los restantes países latinoamericanos la resolución por la cual se refirmó el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros, por el cual todos quedaron con los mismos derechos y obligaciones frente a las leyes del país de residencia. Estados Unidos votó en contra de esta declaración y Haití se abstuvo. En la segunda conferencia (México 1901) Uruguay votó afirmativamente la “Convención sobre los Derechos de los Extranjeros” que explícitamente excluía el recurso a la vía diplomática por parte de los extranjeros con excepción de los casos en que se comprobara una “denegación de justicia” o “una violación evidente de los principios de Derecho Internacional” y también un tratado sobre “Reclamaciones por daños y perjuicios pecuniarios”, complementario de la convención anterior. El artículo 1º de este documento establecía la obligación para las partes contratantes de someter al arbitraje 19 “J. Butler Wright al Secretario de Estado” en Rodríguez Ayçaguer, Ana María, Selección de Informes de los Representantes Diplomáticos de los Estados Unidos en el Uruguay, Montevideo: Universidad de la República, 1996, pp. 53-60. 17 todas las reclamaciones que no pudieran ser resueltas amigablemente por la vía diplomática. Estados Unidos y Haití se opusieron a las dos convenciones. La tercera conferencia (Río 1906) recomendó a las naciones participantes que dieran instrucciones a sus delegados a la Conferencia Internacional de La Haya de 1907 para procurar que se celebrara una convención internacional sobre arbitraje. Uruguay llevó a esa instancia su propuesta sobre arbitraje amplio y obligatorio, garantizado por la creación de una organización multilateral con capacidad para hacerlo cumplir. La cuarta conferencia (Buenos Aires 1910) coincidió con la celebración del primer centenario de la independencia y sus actuaciones se concentraron en la aprobación de convenciones sobre reclamaciones pecuniarias y arbitraje, sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica o de comercio y propiedad intelectual, artística y literaria, sobre codificación del derecho internacional público y privado y sobre comisiones panamericanas permanentes. En todos estos temas, la posición uruguaya estuvo alineada con la de Estados Unidos. Desde la cuarta conferencia panamericana, ese alineamiento de Uruguay con la política exterior de Estados Unidos se hizo visible para los restantes países de la región. La quinta conferencia (Santiago de Chile 1923) se reunió en el clima de posguerra y optimismo por el crecimiento espectacular de Estados Unidos y su nuevo rol de gran potencia mundial. Ello no impidió que los delegados latinoamericanos se extendieran en pronunciamientos a favor del proyecto bolivariano de unión americana. Las discusiones sobre arbitraje ocuparon una buena parte de las sesiones pero la conferencia no adoptó ninguna resolución. Es que en ese momento se contraponían dos tendencias diferentes, la que apoyaba el arbitraje amplio (Argentina, Paraguay y Uruguay) y la que sostenía el arbitraje restringido (Chile y Estados Unidos). La conferencia aprobó sin embargo el Tratado para prevenir o evitar los conflictos entre los Estados, conocido también como “pacto Gondra” por el apellido del representante de Paraguay que presentó el proyecto. Este tratado disponía que las cuestiones entre dos o más Estados que no hubieran podido ser resueltas por la vía diplomática ni por arbitraje debían ser sometidas a una comisión que estudiaría las causas del conflicto, comprometiéndose las partes a no realizar actos hostiles mientras se desarrollara la investigación. En virtud de ese tratado quedaron constituidas dos comisiones permanentes de investigación, una con sede en Washington y otra en Montevideo.20 20 La conferencia de conciliación y arbitraje realizada en Washington en 1929 aprobó dos convenciones que dieron desarrollo a lo establecido en el Pacto Gondra estableciendo procedimientos de conciliación y arbitraje obligatorio. 18 En la quinta conferencia, Uruguay presentó lo que pasaría a ser llamada la “doctrina uruguaya”. Esta recogía las propuestas sostenidas por Baltasar Brum entre 1920 y 1923. Fue Juan Antonio Buero el encargado de defender el proyecto de internacionalización de la doctrina Monroe, elaborado y expuesto por Brum, en un intento de liderar una posición en la organización panamericana. Las propuestas de Uruguay sobre constitución de una Liga Americana sobre la base de la igualdad perfecta entre las naciones asociadas y de continentalización de la doctrina Monroe fueron sometidas a estudio del Consejo Director de la Unión Panamericana. Sin embargo, esta iniciativa tropezó con la indiferencia de Estados Unidos, interesado en conservar el carácter unilateral de lo que llamaban su “política tradicional” en los asuntos americanos. La sexta conferencia (La Habana 1928) estuvo marcada por intensos debates sobre la política de intervención aplicada por Estados Unidos en Nicaragua. Las reacciones de los diplomáticos latinoamericanos se hacían eco de las protestas de la sociedad civil de sus países. En particular los representantes de Argentina y México expusieron la crítica de la intervención e intentaron impulsar una resolución sobre no intervención. Uruguay, representado en esa oportunidad por el Dr. Juan José de Amézaga, expuso un bien fundamentado planteamiento a favor del principio de no intervención. El argumento del delegado de Estados Unidos –el ex Secretario de Estado Charles Evans Hughes—según el cual la acción en Nicaragua debía caracterizarse como “interposición” y no como “intervención” impidió el consenso. La delegación argentina se retiró, no hubo acuerdo entre los delegados y por tanto no se adoptó resolución aplazando este tema para la siguiente conferencia que debía reunirse en Montevideo en 1933. Para Uruguay, esta conferencia significó también un segundo fracaso para su propuesta de liga americana, presentada nuevamente a pesar del cambio en el contexto de las relaciones interamericanas, la reafirmación del aislacionismo en Estados Unidos y el desinterés de la administración Coolidge en la creación de una organización como la que se proponía. La Conferencia de Montevideo (1933), reunida pocos meses después del anuncio por Franklin D. Roosevelt de la nueva política de Buena Vecindad, fue la instancia en la cual finalmente se adoptó la resolución sobre no intervención. En su discurso inaugural, el presidente uruguayo Gabriel Terra, haciendo un repaso del tiempo trascurrido desde la última conferencia, estimó que el panamericanismo había sufrido “un rudo contraste”. La Convención sobre los Derechos y deberes de los Estados en su artículo 8° aprobada en esa ocasión afirmaba el principio de no intervención como perteneciente al Derecho Internacional americano. Decía textualmente: “Ningún Estado tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los asuntos externos de otro” y reafirmaba el principio de inviolabilidad del territorio de los Estados. El artículo 11 establecía que no serían reconocidas las adquisiciones territoriales adquiridas por la fuerza. El secretario de Estado Cordell Hull planteó una reserva, invocando el Mensaje de Roosevelt del 4 de marzo sobre buena vecindad como garantía de que bajo su gobierno ningún Estado debía 19 guardar temor de la intervención de Estados Unidos. Esta reserva fue luego retirada en la siguiente conferencia realizada en Buenos Aires en 1936. La séptima conferencia fue también ocasión para la contraposición de dos alternativas de inserción internacional de las repúblicas americanas, panamericanismo o Sociedad de Naciones. Esta organización fue puesta a prueba precisamente en la época de la reunión panamericana de Montevideo, cuando la prolongada guerra en el Chaco fue objeto de la acción de la Sociedad de Naciones con la designación de una Comisión que debía proponer soluciones al conflicto. Esa Comisión llegó a Montevideo cuando la conferencia panamericana se encontraba sesionando y si bien la recepción fue según los usos cordiales de la diplomacia, el presidente uruguayo se encargó de disuadir a los comisionados de la Sociedad de Naciones de emprender su labor de mediación, enfatizando que la solución de un problema americano debía quedar en manos de los países de América. En la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz (Buenos Aires, 1936) el tema de la solidaridad americana volvió a integrar la agenda esta vez con una propuesta de las cinco repúblicas centroamericanas. El presidente de la delegación uruguaya Pedro Manini Ríos intervino para presentar el interés de Uruguay en el tema “por la doctrina prestigiada por el Dr. Baltasar Brum” que se había concretado en su decreto de 1917 pero en su informe a la Cancillería explicitaba que la orientación que se había impuesto a sí misma la delegación de Uruguay era la de “salvar los compromisos de nuestro país en su calidad de Miembro de la Sociedad de Naciones” y la necesidad de compatibilizar la solidaridad americana con la pertenencia a la Sociedad de Naciones.21 Esta postura de Manini Ríos respondía a la línea de pensamiento que asignaba un papel crucial a la relación con Europa: “pretender ahondar aún más el Atlántico que nos separa de Europa es contraproducente e inconveniente para el desarrollo general de nuestro continente, desde el punto de vista cultural y económico.”22 Finalmente en la conferencia de Lima en 1938, cuando la discusión se centró en la guerra que parecía inminente, Uruguay, representado por Pedro Manini Ríos nuevamente como presidente de la delegación, se pronunció por una “posición continental” pero a la vez confirmó la adhesión al principio de no intervención y defensa de las prerrogativas de la 21 “Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz reunida en Buenos Aires del 1° al 23 de diciembre de 1936. Informe de la Delegación del Uruguay” en Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores, T. V. N° 2, Montevideo: 1938, pp. 1-69. 22 Ibid, p. 86. 20 soberanía de los Estados contra el retorno de “concepciones casi feudales de intervención”.23 En las conferencias panamericanas anteriores a 1939, Uruguay adoptó una postura oscilante entre el alineamiento con Estados Unidos y la posición conjunta con los restantes países latinoamericanos: esa oscilación tuvo un corte temático pues en las resoluciones sobre normas relativas a patentes de invención, propiedad intelectual, marcas de fábrica, modelos industriales y comercio, Uruguay estuvo alineado con las posiciones sostenidas por los representantes norteamericanos mientras que en los temas de no intervención y supremacía del derecho interno (Doctrina Calvo) Uruguay votó en conjunto con el bloque latinoamericano. Finalmente, las débiles adhesiones a la Sociedad de Naciones expuestas en las conferencias del período de “buena vecindad” se desmoronaron junto con la misma organización sin necesidad de mayor discusión. Uruguay y el panamericanismo durante la segunda guerra mundial. Doctrinas Guani y Rodríguez Larreta Las reuniones de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores previstas por la Conferencia Panamericana de 1938 fueron el espacio en que culminó la definitiva afirmación de la opción panamericana de Uruguay pero al mismo tiempo dieron origen a posiciones que promovieron nuevos debates. En 1940, el proyecto de instalación de bases aeronavales de Estados Unidos en Uruguay generó una fuerte polémica en la prensa y un memorable debate en el Senado donde por una mayoría de 25 en 26 fue desaprobado el proyecto del Ejecutivo. En el curso de ese debate la argumentación de los opositores, todos ellos senadores de la fracción herrerista del Partido Nacional, miembro del bloque político entonces en el gobierno, tuvo dos ejes principales: de una parte, una fuerte defensa de la opción latinoamericanista y de otra, la necesidad de preservar los equilibrios geopolíticos en la Cuenca del Plata contra la potencial amenaza que implicaba la instalación de bases de Estados Unidos en Uruguay. El resultado de la votación sin embargo excedía claramente el número de senadores herreristas (15) y demostraba la existencia de un consenso mayor contra un giro tan inusitado en la política exterior uruguaya.24 23 Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tomo VII, N° 2, Montevideo: El Siglo Ilustrado, 1939, p. 84. 24 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Tomo 172, 84ª.Sesión Ordinaria, Noviembre 21 de 1940, pp. 232-255. 21 En una dirección diferente, la Cancillería actuó en estricto alineamiento con Estados Unidos y las reuniones de consulta proporcionaron el marco adecuado. En la tercera reunión, realizada en Río de Janeiro en 1942, se creó el Comité de Emergencia para la Defensa Política del continente y el Canciller uruguayo, Alberto Guani, luego Vicepresidente de la República tras las elecciones de 1943, fue designado su presidente. Desde esa posición, llevó adelante, con pleno respaldo de Estados Unidos, el esfuerzo de conformar un bloque hemisférico contra el Eje sobre la base de la recomendación formulada por la Tercera reunión de Río. De ese propósito resultaron las presiones a los países que mantenían posiciones de neutralidad. Si para el caso uruguayo, ese cambio de política requirió un golpe de Estado en febrero de 1942 con disolución del Parlamento, donde la resistencia a la ruptura de relaciones con los países del Eje era el escollo mayor, en otros casos se aplicó la presión diplomática y las retaliaciones económicas. Los cambios de gobierno en Bolivia y Argentina en 1943, fueron tema central del Comité de Emergencia y el 22 de diciembre fue adoptada una resolución propuesta por su presidente, luego conocida como la “Doctrina Guani”. Ella establecía que los gobiernos impuestos por la fuerza durante la guerra no debían ser reconocidos hasta tanto los otros países americanos hubieran sido consultados a fin de decidir si esos gobiernos estaban dispuestos a cumplir con los compromisos interamericanos. La aplicación de la Doctrina Guani para el caso del régimen boliviano instaurado con el golpe del Coronel Gualberto Villarroel tuvo como resultado el no reconocimiento de ese gobierno por 18 países americanos. Pero también la “Doctrina Guani” fue invocada contra el gobierno argentino surgido del golpe del 4 de junio de 1943, en particular tras la renuncia del General Ramírez. Esta orientación de la política exterior uruguaya que colocaba al país en un rol protagónico en la conformación de un bloque liderado por Estados Unidos se beneficiaba de la existencia de un amplio consenso político y social interno en defensa de los aliados contra el Eje: no sólo los partidos políticos sino muchas organizaciones de la sociedad civil canalizaban la expresión de simpatía hacia esos países y desarrollaban acciones que llegaban hasta el reclutamiento de combatientes voluntarios. Sólo en 1944, cuando el fin de la guerra parecía cercano, aparecieron las primeras voces diferentes: en la celebración del 1° de mayo, la Federación de Estudiantes presentó un manifiesto en defensa de la “Tercera Posición”. La consolidación de la opción panamericana como línea directriz de la política exterior uruguaya tuvo una última expresión en el período examinado en esta ponencia con la formulación de la llamada “doctrina Larreta”. Un cambio en el gabinete del presidente Amézaga, con la renuncia del Canciller José Serrato, permitió el ingreso en octubre de 1945 de Eduardo Rodríguez Larreta, de la fracción de los “blancos independientes” del Partido Nacional, en un gobierno de mayoría colorada. Co-director de El País y miembro 22 de organizaciones pro-aliados, el nuevo Canciller asumió en un momento de tensión diplomática entre Estados Unidos y Argentina. El origen de la “doctrina Larreta” se encuentra precisamente en esa tensión: una semana después de la asunción del nuevo ministro, la Cancillería uruguaya, al igual que las restantes de América Latina, recibió desde la Embajada de Estados Unidos un informe del Secretario de Estado James Byrnes sobre la amenaza de instalación de un régimen totalitario en Argentina con una solicitud de opiniones y puntos de vista. La respuesta de Rodríguez Larreta llegó el 19 de octubre en un memorando “muy reservado” en la cual anotaba que “acordando todo su significado e importancia al principio de no intervención” no creía que este principio pudiera extenderse tanto como para amparar violaciones a los derechos humanos e incumplimiento de los compromisos internacionales de un Estado.25 En esa nota incluía una idea que sería luego el argumento central de la “doctrina” de la intervención colectiva: el paralelismo entre la democracia y la paz. A estos intercambios entre embajada y ministro se sumó la visita de Spruille Braden en escala en Montevideo en su viaje de regreso desde Buenos Aires a Washington: según el historiador Lester Langley, Braden “indujo” al canciller uruguayo a proponer la intervención colectiva.26 Esta interpretación fue posteriormente reafirmada en la obra de Héctor Gros Espiell.27 Estos antecedentes culminaron con la circular dirigida el 21 de noviembre a los Ministros de Relaciones Exteriores de América y hecha pública el 23 de noviembre en el diario del Canciller.28 Rodríguez Larreta había recabado previamente el respaldo del Consejo de Ministros para su iniciativa de consulta a los gobiernos americanos para lograr “ante sucesos notorios” un pronunciamiento colectivo multilateral por las vías de un dictamen de una Comisión, una consulta expresa o una resolución de la Conferencia que debía reunirse en Río en 1947. Las tres ideas básicas de la circular de Rodríguez Larreta eran el 25 Rodríguez Larreta asumía el argumento de Byrnes en cuanto al “incumplimiento” de Argentina de los acuerdos de la Conferencia de Chapultepec. 26 Langley, Lester, América y las Américas, Buenos Aires: Devenir, 1989, p.225. 27 Gros Espiell, Héctor, De Diplomacia e Historia, Montevideo: Ediciones de la Plaza, 1989. 28 “Uruguay propone a toda América la vigencia plena de la democracia”, en El País del 24 de noviembre, en Casal, Álvaro, La doctrina Larreta, Montevideo: Ediciones de la Plaza, 1997, pp.27-28. De esta obra se toman las referencias de prensa citadas en esta sección. 23 paralelismo entre la democracia y la paz, la protección internacional de los derechos del hombre contra las violaciones cometidas por regímenes totalitarios y la acción colectiva en defensa de esos principios. Si la reacción contraria de la mayor parte de las Cancillerías americanas a esta propuesta que implicaba el abandono del principio de no intervención se expresó en notas de amable cortesía diplomática y variados matices de lenguaje evasivo, las reacciones en Uruguay asumieron un tono fuerte. El Debate, diario del herrerismo, le dedicó dos editoriales cuyos títulos sintetizan el contenido: el artículo del 25 de noviembre se titulaba “La inconsciencia de una actitud” y el del día 26 tenía por título “La ridícula nota cancilleresca pro intervención”. En ambos se condenaba la subordinación de Uruguay al propósito americano de intervención en Argentina, país que era designado como “vecino” y “hermano rioplatense”. Al norte del continente, The Washington Post exponía una interpretación similar: “la nota uruguaya está destinada indudablemente a la Argentina”. La defensa de la “doctrina Larreta” corrió por cuenta de los medios afines a los blancos independientes, El País y El Plata, así como del órgano de prensa del partido católico, El Bien Público. Mientras los primeros realizaban una proeza dialéctica para argumentar que los orígenes de dicha doctrina se encontraban en Bolívar y en el Tratado aprobado en el Congreso de Panamá de 1826 y se extendían en consideraciones sobre “el concepto estéril y anacrónico de una soberanía obsoleta”, el periódico católico teorizaba sobre la “interdependencia que los medios científicos y sociales han creado” y sobre la necesidad de repensar el principio de no intervención frente a casos de dictadura. El debate en el Parlamento se cumplió en las dos cámaras a principios de diciembre. La defensa de la “doctrina” estuvo a cargo del bloque de legisladores del Partido Nacional Independiente y la oposición fue sostenida por parlamentarios herreristas y colorados de diversas formaciones (terristas, blancoacevedistas). La decisión en el Senado corrió por cuenta del vicepresidente Alberto Guani.29 El debate en torno a la doctrina de Eduardo Rodríguez Larreta prosiguió por varios años. Es importante destacar que tanto el autor como sus defensores se esforzaron por demostrar la continuidad entre ese documento y las posiciones sostenidas por Uruguay en las conferencias panamericanas. En primer término, se destacaba que la tesis defendida por el delegado uruguayo en La Habana en 1928 admitía la posibilidad de excepción al principio de no intervención: “Ningún estado puede intervenir en los asuntos internos de otro. Los casos de excepción a este principio serán determinados por los mismos Estados que forman parte de este Congreso, en la oportunidad que juzgara conveniente”. Esta argumentación omitía que en la exposición de esa moción, el delegado uruguayo vinculó 29 Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Tomo 181, 69ª. Sesión Ordinaria, Diciembre 5 de 1945. 24 la determinación de las posibles “excepciones” a la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje y que en la conferencia de 1928, ante el caso concreto sobre el cual giró la discusión, la intervención en Nicaragua, la posición uruguaya fue acorde a la de los restantes países latinoamericanos, sin que para ese caso se planteara alguna “excepción”. Más clara resultaba la relación entre la circular dirigida las cancillerías americanas y las posiciones expuestas por el Canciller Serrato en las conferencias de Chapultepec y San Francisco sobre intervención colectiva para enfrentar amenazas a la paz. En cuanto a una posible filiación con antecedentes latinoamericanos, la tentativa de establecer una línea de continuidad entre el tratado de 1826 y la doctrina Larreta fue derrotada en el Senado con la intervención muy erudita del senador Armando Pirotto quien, a sus funciones parlamentarias, sumaba una intensa actividad de investigación en Historia. Conclusiones El estudio de la trayectoria de Uruguay en las conferencias panamericanas permite concluir que las ideas incidieron en la definición de posiciones y en la elaboración de políticas de tres maneras complementarias: en las interpretaciones sobre las relaciones de poder en política internacional, en la elección del rumbo a seguir entre las tres opciones viables (América Latina, el hemisferio occidental, el multilateralismo organizado en la Sociedad de Naciones) y en los debates sobre el curso de acción a adoptar en cuanto a las modalidades de inserción. La controversia sobre el panamericanismo fue central para la formulación de la política exterior. La participación de los miembros del sistema político así como de intelectuales independientes y actores de la sociedad civil demuestra el carácter complejo del proceso de construcción social de políticas y estrategias. La relación entre ideas y sujetos involucrados en ese proceso evolucionó a lo largo del período examinado en esta ponencia en un desarrollo caracterizado por el predominio de la continuidad sobre el cambio o las variaciones. Las instituciones desempeñaron un papel fundamental: las conferencias panamericanas primero, y las reuniones de consulta después, proporcionaron el espacio para las interacciones que se tradujeron en la elección de políticas y fueron un factor desencadenante de debates entre actores políticos y sociales en torno al panamericanismo. La construcción de la opción que terminó por imponerse hacia el fin de la segunda guerra mundial se cumplió en un proceso no lineal, enmarcado en contradicciones y en una coyuntura en la cual el margen de incertidumbre acerca del futuro era muy alto, con los efectos devastadores en la economía de la gran depresión y con un conflicto bélico que culminó en la consolidación de la hegemonía incontrastable de Estados Unidos en el mundo. 25 Si bien la afirmación de la opción panamericana se apoyó en fuertes elementos de continuidad respecto de antecedentes establecidos en el período de la primera guerra mundial, no se impuso sobre otras adhesiones firmemente arraigadas en la cultura política uruguaya: así la defensa de la soberanía primó sobre el proyecto de bases norteamericanas en 1940 y la adhesión a la no intervención triunfó sobre la propuesta de “intervención colectiva”. 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