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Equipo # 4
Expone lunes 12 de Octubre 2009
JORGE ALBERTO BLANCO RUIZ
Pág. 50
LA EXPANSIÓN DEL ESTADO Y EL EMPLEO DE ECONOMISTAS
Se sabe que durante el periodo que se inició a principios de los treinta y
continuó hasta los años cincuenta, en México, el crecimiento económico, la
industrialización y la expansión de la elaboración de políticas del Estado fueron
considerables. Durante los años treinta, la economía mexicana adquirió algunas de las
características básicas que conservaría durante el periodo de la posguerra:
industrialización orientada hacia un mercado interno, la importancia decreciente de
bienes terminados importados –muchos de los cuales se manufacturaban ahora en
México-, y la importancia creciente de materias primas importadas (Cárdenas,
1994,p.61). La manufactura aumentó de 11.3% del PIB en 1932 a 18% en 1958 (Ayala
Espino, 1988, pp. 130, 132). Esta cifra aparentemente nada espectacular resulta más
interesante si consideramos que durante este periodo hubo un considerable
crecimiento económico en todos los sectores –con un promedio real de crecimiento3
del PIB de 4.8% de 1930 a 1958-; refleja, por tanto, un crecimiento real impresionante
en el sector manufacturero.
3
La fuente original para todos los índices de inflación mexicanos -y por tanto de crecimiento real- son
los informes anuales del banco central de México (Banco de México). Un debate reciente importante
entre los economistas ha consignado problemas con medidas de inflación convencionales (cf.
Moulton, 1996). Sin embargo, hasta donde sé no existe literatura que consigne problemas potenciales
con índices de precios utilizados históricamente en México, lo que me obliga a tomar los datos del
Banco de México a valor nominal. Los científicos sociales del otro lado del espectro político citan
estos datos históricos, que son presentados en forma sumaria por organizaciones que van desde el
FMI hasta la CEPAL.
Aun cuando las políticas de este periodo estuvieron llenas de
contradicciones y discontinuidades –especialmente en el área de políticas
redistributivas- hubo importantes tendencias de continuidad y modelos evolutivos de
largo plazo en el área de política económica. Las instituciones y las herramientas de
política desarrolladas en los años veinte y treinta se convirtieron en la base de un
compromiso creciente del gobierno para la promoción del desarrollo económico.
Cárdenas, aunque más interesado en la política que en la economía durante la mayor
parte de su gobierno, estimuló la industria y la agricultura mediante el desarrollo de
la infraestructura y puso las bases de la promoción industrial mediante una exención
selectiva de impuestos (González, 1981, pp. 266-267). Aunque no tan amables como
Cárdenas para organizar a los trabajadores y campesinos –y más amables con los
inversionistas extranjeros-, los gobiernos de Manuel Ávila Camacho (1940-1946),
Miguel Alemán (1946-1952) y Adolfo Ruiz Cortínes (1952-1958) estuvieron
comprometidos con el crecimiento económico y la industrialización, utilizando
para este fin la intervención estatal. Como lo dijo el Secretario de Hacienda de Ávila
Camacho, “el gobierno se propone trabajar activamente para la industrialización de la
República Mexicana hasta que ésta se alcance. El estado no quiere tomar el papel de
{empresario}, sino más bien ayudar a las empresas privadas a hacerse cargo de la
transformación del país” (citado en Mosk, 1954, p. 61). La intervención del Estado
para la promoción del desarrollo económico tuvo los efectos simultáneos de estimular
el crecimiento del PIB y de la industrialización, por un lado, y de crear una
burocracia real para la elaboración de políticas económicas, por otro.
El banco de México
Algunos de los avances más importantes en la creación de políticas
económicas ocurrieron dentro del banco central mexicano (Banco de México).
Fundado en 1925, al principio no pudo influir mucho, ni en la inflación, ni en el
crecimiento por diversas razones. Primero, operaba en un sistema de reservas
metálicas y sus billetes eran cuestionados por un público que había sufrido mucho por
la inflación revolucionaria. Esto limitaba el poder del banco para influir en la
política monetaria expansiva a través de moneda impresa. Segundo, inicialmente no
era necesario que todos los bancos mexicanos se afiliaran al Banco de México, lo
que significaba que éste no podía influir en la economía a través de aumentar o
disminuir los requerimientos de reserva. Y tercero, tenía el compromiso de defender
el valor del peso en relación con otras monedas, ya que la sabiduría económica
convencional de la época dictaba que había que adherirse a los patrones metálicos y
mantener el tipo de cambio.
Alberto Pani asumió el cargo de Secretario de Hacienda en 1932 y se hizo
famoso por desafiar la sabiduría económica ortodoxa que se seguía en México 4 tanto en
política monetaria como fiscal. El banco central mexicano, como otros alrededor del
mundo en los años treinta, pasó de ser un mero guardián contra la inflación a ser un
agente activo en la estimulación del crecimiento económico. A diferencia de su
predecesor, Pani permitió que el peso se devaluara, lo que provocó algo de inflación
pero también llevó al crecimiento económico, ya que la demanda de productos
producidos en México, ahora más baratos que los producidos en el extranjero, creció
tanto dentro como fuera del país (Cárdenas, 1994, p. 46). La tarea de Pani se facilitó
por el hecho de que en 1932 los mexicanos estaban más dispuestos a aceptar las notas
del Banco de México; para entonces, no sólo había confianza en la estabilidad del
gobierno y en la bondad de su moneda, sino que la deflación resultó un problema tal
que la gente estaba desesperada por aceptar cualquier tipo de moneda.
4
En esta época el secretario de Hacienda podía manejar a discreción tanto la política
monetaria como la fiscal. Esta discrecionalidad de jure –si no de facto- se terminó en 1993, cuando el
Banco de México se volvió oficialmente autónomo.
Mientras que el secretario de Hacienda anterior había mantenido un
superávit presupuestal durante los primeros años de la Depresión, Pani incurrió en
un pequeño déficit fiscal respaldado con fondos del banco central (Cárdenas, 1994, p.
36). La oferta de dinero se amplió a través de la acuñación de plata y del uso de los
billetes del Banco de México para pagarles a los empleados públicos, lo cual tuvo
un efecto de bola de nieve cuando estas personas presionaron a otras para que
aceptaran sus billetes como dinero (Cárdenas, 1994, p.49). En 1935, la plata se
desmonetizó y los billetes se convirtieron en la única moneda legal en circulación.
(Cárdenas, 1994, p. 68). Los incrementos en el circulante ocasionados por las
políticas de Pani causaron algo de inflación pero también tuvieron efectos positivos
en el crecimiento económico. En 1936, todos los bancos fueron obligados a afiliarse
al Banco de México dotando a éste con la importante herramienta política de los
requerimientos de reserva (Cárdenas, 1994, p. 67). Y ese mismo año, la Secretaría de
Hacienda fue habilitada para emitir billetes de la tesorería como un medio para
adquirir recursos del banco central. En 1930 el Banco de México empezó a asumir
las características de un banco central moderno con el resultado de hacer posible la
política monetaria y volver más flexible la política fiscal, ya que por primera vez
desde la Revolución la Secretaría de Hacienda era capaz de hacer uso de fondos que no
tenían directamente.
Otras instituciones en el desarrollo
La Secretaría de Hacienda evolucionó desde los años veinte hasta
convertirse en una institución moderna y poderosa, cuando la deuda contraída como
consecuencia de la Revolución hizo necesaria la adhesión a las normas de los
acreedores y funcionarios públicos extranjeros. Como resultado de estas presiones la
Secretaría mejoró sus procedimientos contables y presupuestales de acuerdo con
las normas internacionales; durante este periodo la Secretaría de Hacienda “aún no
tenía información confiable sobre los salarios y el número de empleados de cada
oficina gubernamental” (Zebadúa, 1994, p. 283). En 1926 algunos funcionarios se
pusieron en contacto con agencias como el U.S.Institute for Government Research
(Instituto Estadounidense para la Investigación Gubernamental), la Rockefeller
foundation (Fundación Rockefeller) y la General Accounting Office (Contaduría
General) del gobierno de Estados Unidos, para pedir sugerencias sobre cómo volverse
modernos y eficientes (Zebadúa, 1994, pp. 283-284).
Asimismo, durante mediados de los años veinte se otorgó mayor poder a la
Secretaría sobre la renta. Aunque este impuesto tendría poca cobertura hasta los años
treinta constituyó un hito en la política fiscal mexicana, pues redundaría en una
fuente más estable de ingresos para el gobierno –que anteriormente había dependido
de los impuestos de importación y exportación, que son sumamente vulnerables a
las fluctuaciones internacionales- (Cárdenas. 1994, p. 80). Las exenciones de éstos y
otros impuestos y tarifas se utilizarían como una manera de promover las industrias
que el gobierno consideraba importantes para el desarrollo económico nacional.
Según King (1970), las exenciones de impuestos para patrocinar industrias existían a
principios de 1962 y fueron operadas conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y la
Secretaría de Comercio e Industria, llamada entonces de Industria y Comercio.5 En 1939
y 1941 la legislación extendió estas exenciones . La ley de la Industria Manufacturera
de 1941 otorgó exenciones de impuestos de cinco años a las industrias que fueran
consideradas nuevas o “necesarias”.
5
Esta Secretaría se conoció realmente como la “Secretaría de Economía” durante los
años treinta y sufrió varios cambios de nombre antes de llegar a su nombre actual: Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial. Por simplificación, me referiré a ella como la Secretaría de
Comercio a lo largo de este libro.
Otro fundamento importante para el intervencionismo del Estado
mexicano fue el crecimiento de la intermediación financiera a través de instituciones
diseñadas para satisfacer la necesidad de crédito. Fundadas en su mayoría en los
años treinta, estas instituciones le permitieron al Gobierno mexicano poner a trabajar
el capital privado al asumir riesgos en el otorgamiento de créditos a este sector,
que, por consiguiente, se beneficiaron con tasa de interés más bajas que las que habrían
podido obtener en el mercado; estas instituciones también le prestaron dinero al
gobierno para sus proyectos. Entre éstas se contaban el Banco de Crédito Agrícola
(1926), el Banco Hipotecario Nacional Urbano y de Obras Públicas. (1933), el banco
de desarrollo industrial o Nacional Financiera (1934), el Banco de Crédito Ejidal
(1935) y el Banco de Comercio Exterior (1937). Nacional Financiera fue relativamente
insignificante hasta que se revisaron sus estatutos en 1940, pero posteriormente alcanzó
un récord impresionante de ganancias para sí misma e hizo una importante contribución
al desarrollo industrial (King, 1970, pp. 74,71). Nacional Financiera y sus
instituciones hermanas también se convirtieron en una fuente importante de
acumulación de capital para el financiamiento de proyectos públicos. De 1939 a
1945 hubo 140.1% de crecimiento real en la inversión pública, la mayoría en carreteras,
puertos, ferrocarriles, irrigación, extracción petrolera y electricidad (Cárdenas, 1944,
pp. 109-110). Mientras tanto, las expropiaciones del gobierno de Cárdenas habían
creado el sector paraestatal, otra fuente de ingresos y un medio para fomentar el
desarrollo económico.
El eje final para fijar el curso institucional del intervencionismo
mexicano de los años treinta en adelante fue la protección de las industrias
nacionales, que evolucionó posteriormente a otras herramientas políticas. Las tarifas
se incrementaron tanto en términos de cantidades como en número de productos
protegidos en 1930, pero está fue una medida práctica diseñada más bien para
aumentar el ingreso del gobierno que como parte de una política proteccionista
general (Cárdenas 1994, p. 51). En los años treinta la industria mexicana se vio
estimulada con la devaluación y, a principios de los cuarenta, por la demanda de
tiempos de guerra; en ningún caso se considero la protección como el factor principal
para generar la expansión de la Industria Nacional. En 1947 se agregó un
componente ad valorem a las tarifas. En la práctica, éste se manejaba de manera que las
tarifas se cargaran según el precio real o el precio “oficial” del producto, que fuera
más alto (King, 1970, p.75). Puesto que el precio “oficial” se decidía en la Secretaría
de Hacienda, este sistema probablemente le permitía a la Secretaría tener una
considerable discreción para desalentarla algunos tipos de importaciones y
fomentar otros. También se aplicó en 1947 un nuevo sistema de licencias de
importación, operado por la Secretaría de Comercio (King, 1970, p.76; Izquierdo, 1964,
p.252).
EL EMPLEO DEL ECONOMISTA EN EL SECTOR PÚBLICO, 19351958
La Economía se beneficio más que otras profesiones con estos desarrollos,
ya que esta disciplina se había creado con el verdadero propósito de conseguir personal
para la burocracia gubernamental. Durante sus primeros años, a finales de los veinte y
principios de los treinta, el programa de economía de la UNAM corrió varias veces el
riesgo de que lo cerraran “por la falta del número necesario de profesores y en
ocasiones aun de alumnos, como en el año de 1930en que sólo hubo un estudiante
registrado” (Silva Herzog, 1954, p. 18). Pero para1939, el número total de estudiantes
inscritos dentro del programa –para todos los años- había aumentado a 271, lo que
reflejaba tanto un crecimiento general del sistema universitario como un incremento
en el interés por estudiar la carrera(UNAM, 1981, p. 255).
Parte del aumento de la popularidad de la Escuela de Economía tuvo que
ver, sin duda, con la percepción de que los graduados tenían sólidas perspectivas de
empleo dentro del gobierno. Los primeros graduados en economía de la UNAM se
enfrentaron con una especie de territorio virgen dentro de una burocracia gubernamental
creciente tan desesperada por la experiencia en la materia que sus funcionarios
deseaban contratar estudiantes aun antes de terminar su carrera. Cosió Villegas
observaba en sus memorias que la legislación que reservaba puestos del gobierno a los
economistas rápidamente se volvió redundante: “el apetito del país por economistas
llevaría poco después a instituciones como el Banco de México a establecer una escala
ascendente de salarios para estudiantes de economía, que empezaban con los de primer
año” (Cosió Villegas, 1977, pp. 141-142). La ciencia económica mexicana floreció no a
causa de un monopolio extenso y rigurosamente legal, sino porque los funcionarios de
los ministerios públicos sentían que los graduados podrían ser asistentes útiles en las
funciones del gobierno, que rápidamente se habían multiplicado, para la
conducción de la economía mexicana.
La historia de los primero éxitos de los egresados de economía de la UNAM
sirve para ilustrar cómo difiere la personalización mexicana del modelo angloamericano, mediante el otorgamiento a las profesiones, por parte del gobierno, de
monopolios legales sobre ciertas formas de trabajo pagado por clientes privados. Como
ilustra el libro Cleaves (1987) para varias profesiones mexicanas –incluido Derecho,
Medicina, Economía Ingeniería y Agronomía-, la profesionalización mexicana se
parece mucho más al proceso de Europa continental, donde el Estado desempeño
un papel directo en la educación y el empleo de profesionales. Por ejemplo, en
México los médicos estudian en la UNAM, universidad pública, y muchos van a ocupar
puestos en el sistema de hospitales de fondo estatales que se desarrollo después de los
años cuarenta; muchos ingenieros, también formados en la UNAM, encuentran empleo
en la industria petrolera –nacionalizada durante el gobierno de Cárdenas-, propiedad del
estado mexicano.
Debido a la juventud de la profesión y de los individuos que practicaban, los
economistas mexicanos no participaron en esa época en la formulación real de las
políticas económicas, con dos notables excepciones: Antonio Espinosa de los Monteros,
que había obtenido una maestría en Economía en Harvard y que fue director de
Nacional Financiera de 1936 a 1945, y Ramón Beteta, que interrumpió sus estudios
de Derecho en la UNAM para estudiar economía en la Universidad de Texas, y que fue
Secretario de Hacienda de 1946 a 1952. Los tres formuladores de políticas
económicas más conocidos del periodo de la postguerra, los Secretarios de Hacienda
Eduardo Suárez y Antonio Ortiz Mena estudiaron derecho, y el director del banco
central Rodrigo Gómez, contabilidad.
Durante ese periodo, mientras las políticas eran diseñadas por abogados y
otros profesionales, los economistas que trabajaban a las órdenes de éstos administraban
y dirigían estudios. Un economista contratado por el Departamento de Estudios
Económicos del Banco de México en 1946 recuerda que casi todos sus compañeros de
trabajo eran estudiantes de economía de la UNAM, pero que ninguno de los jefes de
oficina, excepto uno, era economista; y agrega que su trabajo era “producir metros y
metros de cinta de sumadora” (entrevista con Calderón, 23 de agosto de 1995). La
división del trabajo entre abogados y economistas en la época –donde los primeros
estaban a cargo del trabajo intelectual de formular políticas y los segundos se
dedicaban a las tareas técnicas- parece haber sido el origen de un cierto nivel de
frustración entre los economistas, que sentían que era su responsabilidad “recoger los
pedazos” que quedaban de las políticas hechas por abogados incompetentes.
Los dos lugares más deseables para trabajar como economista durante este
periodo eran, y probablemente todavía lo sean, la Secretaría de Hacienda y el Banco
de México; la primera por su enorme poder y discrecionalidad en la formulación de
políticas económicas y su imposición a otras secretarias, y el segundo por su
posición más o menos autónoma vis-a-vis la Secretaría de Hacienda, y por su amplia
perspectiva macroeconomía, su estabilidad organizacional y su impresionante
paquete de beneficios. Muchos autores han identificado a la Secretaría de Hacienda
como el corazón y el cerebro de la burocracia mexicana para la formulación de
políticas económicas (Shelton, 1964, p. 114; 1964, p. 198; King, 1970, p. 99). El
secretario de Hacienda no sólo tenía voz en las políticas del Banco de México y de
Nacional Financiera, también intervenía en políticas que técnicamente caían en la esfera
de la Secretaría de Industria y Comercio, como la Ley de Industrias Nuevas y
Necesarias.
Una lista de agencias gubernamentales que empleaban economistas y los
tipos de tareas que éstos realizaban, elaborada por un egresado de economía de la
UNAM (Pallares Ramírez, 1952), proporcionaba una perspectiva más amplia de donde
trabajaban los economistas dentro del sector público, así como una idea general de las
tareas que realizaban. Entre las áreas donde podían trabajar los egresados de la UNAM
dentro de la Secretaría de Hacienda, se incluyen el Buró de Crédito, dentro del cual
se crearon los primeros puestos de economistas en 1934, y la Oficina de Ingresos
Comerciales, donde trabajan los economistas a principios de 1938. En el primero los
economistas participaron en la formulación de decretos monetarios, la modificación de
leyes de crédito y estudios de inversión y banca; en la segunda, se formulaban estudios
y decretos respecto a impuestos comerciales. Un área notable que empleaba
economistas fue la oficina a cargo de la Administración del Impuesto sobre la
Renta, donde los economistas auditaban los costos y beneficios de empresas y
calculaban coeficientes para gravar diferentes tipos de negocios. En el área de las
políticas de industrias y comercios, los economistas podían trabajar en la Comisión
Nacional de Aranceles –una oficina de la Secretaría de Hacienda que se encargaba de
la modificación de aranceles existentes y la creación de otros nuevos- o en la Oficina
de Estudios Financieros, que llevaba a cabo investigaciones sobre política comercial,
políticas fiscales, etc., e identificaba industrias “nuevas” o “necesarias” para
exentarlas de impuestos (Pallares Ramírez, 1952, pp. 331-335).
Aunque no tan influyente como la Secretaría de Hacienda, el Banco de
México atraía a los mejores estudiantes de Economía de la UNAM por varias
razones. Primero, a diferencia de otras secretarías que tenían una remoción casi total
de los mandos medios y superiores cada seis años, pues el secretario de Hacienda era
miembro del gabinete presidencial, el Banco de México era considerado tanto
relativamente meritocrático como aislado de la movilidad política. El banco fue una de
las primeras organizaciones para la elaboración de políticas que aplicaba pruebas
psicológicas y de aptitud como prerrequisitos para el ingreso (entrevista con
Ghigliazza, 19 de julio de 1994). Aunque era más difícil entrar en el Banco, él o ella
podían contar con un trabajo de por vida, con una cómoda pensión y todo tipo de
beneficios complementarios –tales como prestamos de bajo interés y una ración
alimenticia (entrevista con Sáenz 6 de octubre de 1995)-. Por último, el Banco tenía la
ventaja singular de tratar asuntos macroeconómicos de gran escala, lo que
significaba que una persona prometedora podría ser reclutada en algún momento para
un puesto interesante en lugar de pasar el resto de su carrera supervisando la
implementación de una política particular dentro de un área limitada.
Más que otras secretarías, el Banco de México se localizaba dentro de un
poderoso “como organizacional” internacional de bancos centrales que, como grupo,
se había convertido en una institución importante desde que la experiencia de los años
treinta había echado por primera vez los mitos de la ortodoxia económica y exigido
un papel más atractivo de los bancos centrales. Hamilton (1982) hace notar que
desde su función en los años veinte, el Banco de México se beneficio con varias visitas
de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con quienes trabajó estrechamente (p.
83). En 1937 el Departamento de Estudios Económicos del Banco se beneficio con la
visita de un experto de la Reserva Federal de Nueva York, quien explicó cómo se
llevaba a cabo los estudios económicos en los Estados Unidos (Pallares Ramírez, 1952,
p. 342). En 1946 una reunión internacional de bancos centrales en la ciudad de México
dedicó una sección completa de la importancia de la cooperación entre los
departamentos de estudios económicos (Banco de México, 1946, p. 311). En la reunión,
el doctor Woodlief Thomas del Board of Governors (Consejo de Gobernadores) de
la Reserva Federal de Dallas explicó que: […] los bancos centrales necesitan
información abundante relativa al funcionamiento del sistema bancario y
los
progresos en el comercio, la industria, la agricultura y la economía monetaria, a fin de
administrar con mayor eficacia los asuntos del sistema bancario central (Banco de
México, 1946, p. 327).
Un vocero del Banco de México señaló que: […] en algunos países, los trastornos
causados por la depresión de 1930-1933 y los provocados por el periodo de guerra de
1939-1945 habían obligado a los bancos centrales a tomar una serie de medidas
relacionadas con el control de los tipos de cambios, la asignación de importancia, la
absorción de fondos de mercado, etc., las cuales habían requerido información
estadística y contacto con la vida económica cotidiana que solo se puede obtener a
través de grupos especiales de investigadores (Banco de México 1946, p. 315).
Ahora que se suponía que los bancos centrales se ocupaban de algo más que
solo la inflación, se requería más información; y era tarea del Departamento de
Estudios Económicos de Banco proporcionar información; Daniel Cosió Villegas
estuvo al frente de Estudios Económicos de 1941 a 1944, desempeñó un importante
papel tanto en la modernización y expansión del departamento como en el
reclutamiento de estudiantes de economía de la UNAM para dotarlo de personal; con
la colaboración Jesús Silva Herzog, Cosió Villegas también ayudó a establecer un
nuevo programa de becas para enviar a empleados prometedores a estudiar
disciplina en el extranjero (Krauze, 1980, pp. 101,109; entrevista con Urquidi,1o de
septiembre de 1995). El Departamento de Estudios Económicos experimentó una
impresionante expansión de 1932, cuando tenía sólo cinco empleados, a 1952, cuando
llegó a tener 57. Esta expansión fue el resultado lógico de que el Banco de México
adquiriera el estatus de verdadero banco central y herramientas efectivas para el
desarrollo de políticas públicas.
Las cuatro diferentes ramas del Departamento de Estudios Económicos
del Banco fueron: 1) Bancos, dineros y créditos; 2) Balanza de pagos; 3) Ingreso
nacional, y 4) Estudios especiales. Bancos, dinero y crédito se encargaba de recopilar
y analizar estadísticas de los balances de las instituciones de crédito mexicanas, así
como determinar la cantidad y composición del dinero en circulación, la cantidad
de dinero fuera del banco; también se suponía que dirigiera estudios que podrían
ayudar a establecer requerimientos de reserva. Balanza de pagos se suponía que
debía determinar la balanza de pagos de México mediante la medición de las diferentes
maneras como fluía el dinero dentro y fuera del país; las tecnologías para medir
estos datos con eficiencia se incorporaron durante los años cuarenta, con la ayuda de
funcionarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Pallares Ramírez, 1952,
pp. 344-345; entrevista con Urquidi, 1o de septiembre de 1995). Ingreso nacional se
dedicaba a calcular el ingreso nacional mexicano, y Estudios Especiales dirigía
investigaciones para poder hacer sugerencias de política económica a la Secretaría
de Hacienda (Pallares Ramírez, 1952, pp. 346-347). En su totalidad, el Departamento
de Estudios Económicos era responsable de generar información sobre los aspectos
más importantes de la macroeconomía mexicana.
Otra área del Banco de México en la que trabajan economistas, aunque en
menor número, era el Departamento de Estudios Industriales. Este departamento
ejemplificaba la visión no ortodoxa de la tarea propia de los banqueros centrales que
prevaleció en las décadas que siguieron a la Gran Depresión. Su tarea era ayudar a
promover el desarrollo industrial a través del otorgamiento de becas para que
algunos mexicanos aprendieran habilidades técnicas –tales como ingeniería o
química industrial- en el extranjero y a través de la realización y la publicación de
estudios sobre industrias particulares y recursos naturales (Pallares Ramírez, 1952, pp.
350-359). Su personal consistía en su mayoría en ingenieros, y un pequeño número
de economistas.
Nacional Financiera –el banco de desarrollo del gobierno- también
contrataba economistas, en particular para trabajar en su Departamento de Estudios
Financieros. Al igual que el banco central, pero en un grado algo menor, Nacional
Financiera pertenecía a un campo organizacional internacional de bancos de
desarrollo, tales como el Banco Mundial y el Eximbank, Nacional Financiera
aumentó su competencia macroeconómica y confió en la experiencia de sus
economistas (Nacional Financiera, 1994).
La Secretaría de Industria y Comercio era técnicamente la encargada de
las políticas para fomentar la industria nacional, pero en realidad iba a la zaga de las
demandas de la Secretaría de Hacienda: las áreas listadas como empleadoras de
economistas fueron descritas para realizar estudios y emitir opiniones, más no
para formular realmente políticas. En el Departamento de Estudios Económicos de
la Secretaría de Industria los economistas “omitían opiniones” sobre que industrias o
qué áreas de política, tales como la agricultura o la minería, necesitaban protección y
exención de impuestos. La Oficina de Precios, que también empleaba economistas,
parece haber sido dotada de mayor responsabilidad y discrecionalidad, ya que los
funcionarios no sólo realizaban estudios, sino que realmente tomaban decisiones
sobre la fijación de precios y la distribución de productos poco comunes. Otras
áreas que empleaban economistas en la Secretaría de Industria y Comercio eran la
Oficina de Estadísticas, donde los funcionarios juntaban los estudios de industrias,
índices y tendencias, y la Oficina de Comercio, que llevaba a cabo estudios sobre
importaciones y exportaciones (Pallares Ramírez, 1952, pp. 335-337).
En los años cuarenta y cincuenta, tanto egresados como todavía estudiantes
de la Escuela de Economía de la UNAM tenían ante sí una amplia variedad de
posibilidades de empleo, pero casi todos en el sector público. Además de las áreas
mencionadas, los economistas encontraban empleo en la burocracia de
intermediación financiera pública –v.gr. en el Banco Nacional Hipotecario Urbano
y de Obras Pública, en la banca de desarrollo industrial, el Banco de Crédito
Agrícola, etc.-, en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y en varias
otras ramas del gobierno.6 el informe de primera mano de Pallares Ramírez (1952) de
las dos primeras décadas de la Escuela de Economía de la UNAM sólo enlista una
empresa del sector privado – el Banco Nacional de México- como empleadora de
economistas (pp.361-363). Y el profesor Moisés de la Peña escribió en 1932 que “hay
algunos [egresados de economía] en el servicio de dos secretarías, uno solo en los
estados, una media docena en los bancos y ninguno en empresas privadas” (De la
Peña, 1942, p. 33).
CONCLUSIONES
Durante sus primeras décadas de existencia la ciencia económica
mexicana fuer probablemente la profesión más centrada en el Estado dentro de un
sistema de profesiones promovidas por éste. Los fundadores del primer Programa de
Economía de México fueron en su mayoría funcionarios de gobierno y todos eran
participantes activos en el proyecto de construcción estatal de instituciones en el
periodo postrevolucionario. En una época en que la ciencia económica en los Estados
Unidos estaba dominada por practicantes académicos (cf. Yonay, 1994 y 1998), la
figura del economista académico de tiempo completo no existía en México. La
razón era simple: los recursos para apoyar a tales académicos no existían. Los
economistas mexicanos estudiaban en la UNAM, una universidad pública, por una
colegiatura tan baja que en esencia resultaba gratuita. Los profesores autodidactas
que los instruían recibían sólo un pago nominal y utilizaban las clases de la mañana
o de la noche para reclutar economistas jóvenes prometedores para las secretarías
del gobierno. La ciencia económica mexicana se parecía más al modelo europeo
continental que al angloamericano.
6
Es interesante que Pallares no mencione el trabajo de los economistas en el sector
paraestatal, por ejemplo en Pemex, compañía de petróleo nacionalizada. Esto se debe
quizás a que el sector paraestatal había sido delimitado como la “pista” de los
ingenieros, más que de los economistas.
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Faltan paginas – 64-65-66