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El movimiento sindical entre una paz negativa y
el anhelo de una paz positiva
El proceso de paz y el plebiscito como refrendación de los
acuerdos de La Habana son la oportunidad para que el
movimiento sindical transite el camino de esa paz negativa
hacia una paz positiva, y se apropie y levante así esta bandera
de la paz positiva, es decir, que se aboque a la construcción de
la paz con justicia social.
Fredy Jiménez Arango
Área Investigaciones ENS
Este texto hace referencia al papel que el Movimiento Sindical en su conjunto ha
de jugar en el llamado posconflicto, partiendo de la base de que el sindicalismo
es uno de los colectivos más victimizados por los actores de la guerra, bajo el
sofisma de ser auxiliador o estar al servicio de la insurgencia. En otras palabras:
por no alinearse a intereses ajenos a su propia razón de ser.
Es un sofisma mezquino, que ha ocultado los horrores de la imposición de la que
Johan Galtung, reconocido teórico de la paz y sus procesos, ha llamado “paz
negativa”, que consiste en la ausencia de guerra o de conflictos armados
internos, pero en un contexto que sirve a las clases en el poder para perpetuar
el statu quo económico, político y cultural.
En contraste con la que el mismo autor llama “paz positiva”, la cual se relaciona
con el reconocimiento efectivo de los derechos humanos, y se caracteriza por un
estado de armonía social, justicia e igualdad, además de ausencia de violencias;
una paz en la que las protestas y conflictos sociales están lejos de ser
criminalizados y son reconocidos como relevantes para profundizar la
democracia. Una paz, en fin, entendida como un proceso y no un fin en sí misma.
La paz negativa en esencia se reduce unas guerras silenciosas, guerra jurídica,
y guerra económica, política e ideológica, en las que participan tanto el Estado
como actores privados (empresarios o particulares). En otras palabras: mediante
el establecimiento sistemático de tres tipos de violencia, que según Galtung son:
violencia visible y directa como el fortalecimiento del ESMAD para el control de
la protesta social; violencia invisible, que es de índole cultural, mediante la
imposición de valores, concepciones de vida, pautas culturales; y la violencia
estructural, que proviene de estructuras sociales, políticas y económicas
opresivas.
Lo paradójico en nuestro caso es que las guerras se adelantan no para
confrontar y repeler a un enemigo externo que amenaza la seguridad nacional,
sino para negar el ejercicio o la demanda de derechos laborales y sindicales de
las y los trabajadores. Las élites del país, obsesionadas en su paz romana,
desatan la guerra para que todo continúe igual.
Claro ejemplo de ello es el nuevo código de policía, que como arma jurídica
normativa para el posconflicto apunta hacia el control, contención y
domesticación de las protestas sociales, de tal manera que el derecho a la
protesta queda preavisado y criminalizado bajo la premisa de aceptación del desorden social vigente.
Otro ejemplo es el decreto 583 de abril de 2016, por el cual el Gobierno a través
del Ministerio de Trabajo “legaliza definitivamente la tercerización laboral y
permite que las empresas subcontraten a sus trabajadores sobre cualquier figura
de subcontratación para las labores misionales y permanentes de la empresa”,
según concepto de Mary Laura Perdomo, asesora jurídica de la CUT. Y un tercer
ejemplo es la agresión mediante las privatizaciones de bienes públicos, como
Isagen, y la llamada Ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural,
Económico y Social), que favorecen intereses de grandes multinacionales.
La paz negativa anula de entrada los derechos laborales y sindicales de las y los
trabajadores. El incumplimiento por parte de Colombia del Plan de Acción
Laboral es claro en sus intenciones y su mensaje: se requiere un sindicalismo
inocuo a los intereses del capital nacional y trasnacional; un sindicalismo débil
en su capacidad de lucha, movilización y organización a través del ejercicio de
derechos laborales y sindicales, que no sea un obstáculo relevante a las
inversiones que se vienen en el posconflicto.
La violencia anti-sindical adquiere tintes de horror mediante hechos, que en
Colombia han servido a la implementación de la política económica neoliberal.
Según la ENS, entre 1977 y 2016 (30 años) hubo en Colombia 14.067
violaciones contra la vida y la integridad de sindicalistas, siendo las de mayor
registro las amenazas (6.795 casos), homicidios (3.097), desplazamiento
forzado (1.893), atentados con o sin lesiones (362). Se resalta que en los 8 años
de la seguridad democrática del Gobierno de Álvaro Uribe se registraron 2.513
amenazas, 528 homicidios, 53 desplazamientos forzados y 83 atentados.
Así las cosas, el movimiento sindical es objetivo fundamental de la paz negativa,
en un escenario social de baja resistencia a la implementación de los cambios
estructurales de la economía, enmarcada ésta en un modelo neoliberal
caracterizado por la internacionalización de la economía, las privatizaciones, la
hegemonía del capital financiero, la tercerización laboral y la sobreexplotación
de los recursos naturales. La bandera de la “paz negativa” del Gobierno
responde a la vieja política del gatopardismo: realizar ciertos cambios para que
todo siga igual.
Sin embargo, el proceso de paz y el plebiscito como refrendación de los acuerdos
de La Habana son la oportunidad para que el movimiento sindical transite el
camino de esa paz negativa hacia una paz positiva, y se apropie y levante así
esta bandera de la paz positiva, es decir, que se aboque a la construcción de la
paz con justicia social, con reconocimiento y disfrute de derechos laborales y
sindicales, con el diálogo social como herramienta para el tratamiento de los
conflictos laborales; una paz que no niega el conflicto social, sino que lo concibe
como una oportunidad para profundizar la democracia e ingresar a la modernidad
en el siglo XXI.
Edición 507 – Semana del 12 al 18 de Agosto de 2016