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EN DEFENSA DE LA VIDA
DR. HÉCTOR LESCANO
EX DIPUTADO, SENADOR Y MINISTRO DE
TURISMO Y DEPORTE
PRESIDENTE DE LA COMISION NAL. DE PROGRAMA DEL FRENTE AMPLIO
PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
TESIS XIV: “De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una
solución basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura,
otorgándole la libertad de poder optar por otras vías y, de esta forma, salvar a los dos.”
TESIS XV: “Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen
de nuestra realidad socio-económica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de
los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello, hay que
rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de
facilitarle el aborto.”
En oportunidad de la sanción de la Ley Nº 18.246, de 1º de diciembre de 2008, denominada
“Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva”, el entonces Presidente de la
República Dr. Tabaré VÁZQUEZ vetó los artículos 7 a 20, donde se establecía, bajo ciertas
condiciones, el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo durante las primeras doce
semanas de gravidez.
El Dr. Tabaré VÁZQUEZ fundamentó el veto en base a consideraciones constitucionales,
científicas y de conveniencia.
Se nos solicita nuestra opinión, en tanto político, sobre los argumentos o tesis vinculados a
las políticas sociales.
Y agradezco sinceramente esta oportunidad para intentar con honestidad intelectual,
comprometer una opinión acerca de un tema de importancia suprema en el marco de un
necesario debate informado de la sociedad. Considero un deber político y ético –dos caras
inseparables de una misma moneda– que todo ciudadano y, en particular quienes
abrazamos con vocación la política como “una verdad a la cual servir”, según la expresión de
MARITAIN, no evitemos la polémica y expongamos con convicción nuestra visión. Aún
sabiendo que nuestra opinión y la de una corriente humanista cristiana que integramos
resulte minoritaria en términos de decisiones parlamentarias, no creo que ayudemos a
revitalizar la credibilidad en la política, con un discurso que intente contemplar a tirios y
troyanos, que dé vueltas pastoreando nubes y se adapte a lo que el líder catalán Miguel
ROCA llama la democracia auscultativa, “aquella que se quiere protagonizar a partir de
encuestas de la realidad social para darle a ésta políticamente lo que desea”.
Con la misma convicción con que defiendo el derecho sagrado a la vida, he combatido con
firmeza posiciones extremistas, fariseas y también reñidas con la moral, que expresamente
desconocen la realidad plural de la naturaleza humana, las expresiones de diversidad y, en el
tema que nos ocupa en particular, ignoran –más allá de la retórica- la condición social de la
mujer, tan especialmente de las más pobres y desprotegidas.
Creo en el abordaje integral de la problemática, en la educación como instrumento de
inclusión y crecimiento ciudadano, en los sistemas de protección, en la conservación de
todas las vidas y en que, el postergado debate sobre valores y derechos vinculados a la
familia no puede darse ajeno a la búsqueda de la justicia social que avance en el camino de
igualdad de oportunidades.
1
Estoy seguro que, compartiendo ese compromiso, son miles los compatriotas que,
integrando desde distintos ámbitos de pertenencia la ancha columna de adhesión
frenteamplista, comparten las razones del Presidente VÁZQUEZ para fundamentar su
histórica decisión.
Ingresando a lo específicamente solicitado, queremos señalar que compartimos en su
totalidad los fundamentos del veto.
En particular, destacamos:
1.
que desde el momento de la fecundación, el embrión unicelular -el cigoto- actúa como
un ser ontológicamente unitario y teleológicamente orientado hacia un desarrollo continuo
predefinido por su carga genética, que es diferente a las de sus progenitores. Es un nuevo
organismo humano que inicia su ciclo vital.
2.
que como nuevo organismo humano que es, debe ser considerado como una persona
humana, sujeto real de derechos. Se le debe reconocer el derecho inviolable de todo ser
humano a la vida.
3.
que la Constitución de la República reconoce el derecho a la vida y consagra el derecho
a ser protegidos en el goce del mismo. El derecho a la vida no es concesión del Estado, sino
un derecho anterior, que el Estado tiene la obligación de tutelar.
4.
que existe la obligación de proteger la vida del ser humano desde su concepción, de
acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa
Rica”, aprobada por la Ley 15.737, de 8 de marzo de 1985.
Juan Pablo TERRA, afirmaba que “ … en la persona humana hay algo sagrado. No quiero usar
aquí la palabra en su sentido religioso específico, sino indicar algo así como ´intocable´. Un
ejemplo sencillo es el del derecho a la vida. Si todo fuera un problema de bienestar, ¿por
qué no sacrificar algunas vidas inocentes, (en el vientre de la madre o ya nacidas) para
aumentar calculadamente el bienestar colectivo?”1 Para coincidir en esta idea no es
necesario compartir una creencia religiosa. Muchas personas con diversas creencias e
ideologías pueden compartirla. “… el centro del acuerdo político no es la fe religiosa… sino el
respeto de toda la dimensión humana”2
Muchas personas compartiendo los argumentos anteriores, entienden que pese a las
prohibiciones existentes, la realización de abortos es una realidad, estimándolos incluso en
el orden de unos 30.000 abortos anuales, que representan casi el 75% de los nacimientos.
Se fundamenta que existen dos tipos de consecuencias negativas derivadas de la
ilegalización del aborto:
a)
Un problema de salud pública. Como consecuencia de la clandestinidad del aborto, el
mismo se realiza en condiciones inseguras, lo que pone en riesgo la vida de la mujer. Se
plantea que el aborto es la principal causa de muerte materna en Uruguay. “El aborto causa
el 36% del total de la muertes maternas en 1995, 36% en 1996, 24% en 1997, 21% en 1998 y
16% en 1999. El aborto en forma aislada es la principal causa de muerte materna en el
período analizado”3. Esta misma información presentada en números absolutos significó: 5
1
Juan Pablo TERRA, Mística, desarrollo y revolución, pág. 187, Ediciones del Nuevo Mundo, Montevideo,
1969
2
Ídem, pág. 188
3
Leonel BRIOZZO, Gonzalo VIDIELLA, Beatriz VIDARTE, José Enrique PONS, José Carlos CUADRO, El
aborto en condiciones de riesgo: principal causa de muerte materna en los países en vías de desarrollo.
Principal
causa
de
mortalidad
materna
en
Uruguay,
http://www.chasque.net/frontpage/comision/dossieraborto/cap5-4.htm
2
muertes en el año 1995, 4 muertes en el año 1996, 4 en el año 1997, 3 en el año 1998 y 1
muerte en el año 1999.4
b)
Los abortos ilegales generan situaciones de injusticia, puesto que las personas con
recursos pueden realizarse abortos seguros, mientras que las mujeres pobres recurren a
clínicas o procedimientos poco seguros.
De esta forma, aunque se considere que el aborto es indeseable, se puede entender que
dada las consecuencias negativas y los riesgos que supone para los más pobres sería
conveniente legalizarlo, o al menos despenalizarlo, para garantizar la salud de las mujeres de
forma equitativa.
Ahora bien, el desafío para los cristianos en la política es promover la justicia, no resignarse
ante la injusticia, priorizando a los más débiles, a los pobres y oprimidos. Para que sea
posible la realización de un mundo de personas, de una plena personalización para todos los
hombres, es necesaria una praxis transformadora de lo real.
En relación al problema del aborto, es necesario identificar las causas estructurales, sociales
y culturales, que hacen que nuestro país tenga una de las tasas más altas del mundo, para
así poder implementar políticas públicas que le brinden otras alternativas a las mujeres.
La dimensión del problema lleva a pensar que el aborto se utiliza como un método de
regulación de la población; para evitar embarazos no deseados por dificultades económicas
de la familia, por juventud extrema de la madre, por no utilizar métodos anticonceptivos o
utilizarlos mal, por carecer de un entorno familiar apropiado, por no ajustarse al proyecto de
desarrollo profesional o laboral de los padres, etc.
Cuando el Dr. Tabaré VÁZQUEZ fundamentó el veto formuló los dos enunciados siguientes,
vinculados a políticas sociales:
1.
“De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una solución
basada en la solidaridad que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la
libertad de poder optar por otras vías y, de esta forma, salvar a los dos”.
2.
“Es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de
nuestra realidad socio-económica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los
sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello, hay que rodear a
la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el
aborto”.
Las políticas públicas pueden y deben actuar sobre las causas estructurales que llevan a
tantas mujeres a tomar la decisión de abortar. Es nuestra responsabilidad social y política
desarrollar todas las acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, garantizando, como
señala el ex–Presidente VÁZQUEZ, “la indispensable protección solidaria” y por lo tanto
“otorgándole la libertad de poder optar por otras vías”.
Reducción de la pobreza
La reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema es una prioridad política
de los dos gobiernos del Frente Amplio. Reconociendo su carácter multidimensional, el Plan
de Equidad aprobado a fines de 2007 asume el compromiso de construir una nueva matriz
de protección social “(…) capaz de ofrecer las respuestas integrales a los dilemas que la
4
Ídem cita anterior
3
sociedad uruguaya enfrenta. El conjunto de las políticas económicas, el actual sistema
tributario, el crecimiento sostenido del PBI, las políticas de estímulo a la inversión y la
generación de empleo -entre otros vectores- concurren a consolidar una estrategia de
desarrollo humano que conjuga crecimiento económico con justicia social. Precisamente se
trata de garantizar que los frutos de la renta nacional sean distribuidos equitativamente
entre toda la población, para que efectivamente se ejerzan plenamente los derechos
sociales, económicos, culturales y políticos”. Es una estrategia de desarrollo humano, pues
se orienta al aumento de las opciones de todas y cada una de las personas (en aspectos tales
como el acceso al conocimiento, a alimentación adecuada, a servicios de salud de calidad, a
vida más segura, a esparcimiento satisfactorio, a libertades políticas y culturales, etc.) y en
particular de las familias y las mujeres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad social.
Políticas orientadas a la familia
Debemos asegurar como sociedad –y en eso el Estado tiene una ineludible responsabilidad–
la protección social efectiva a la familia y en particular a la mujer embarazada y a los
niños/as pequeños. Y esto debe hacerse de inmediato. No puede haber restricciones de tipo
alguno que impidan o demoren la implantación de un sistema de protección integral
efectivo. Con ese espíritu, la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA) 2010-2030
-formulada durante la pasada administración de gobierno- incluyó lineamientos específicos
de apoyo a las familias y protección de la primera infancia, que no por casualidad son los dos
primeros de la ENIA: 1) Apoyo a las familias: “Asegurar la posibilidad de enfrentar la crianza
de los/as hijos/as y su desarrollo integral con el apoyo social adecuado”. 2) Protección a la
primera infancia: “Garantizar la equidad, a una adecuada alimentación, cuidados sanitarios,
estimulación temprana y educación inicial, al inicio de la vida y durante la primera infancia,
universalizando el acceso a servicios de cuidado de calidad desde la gestación”. El Plan de
Acción de la ENIA para el período 2010-2015 incluyó objetivos específicos, reafirmando la
importancia de avanzar rápidamente en esta dirección, afirmando que al 2015: a) “Toda
mujer en edad fértil tendrá acceso a servicios y atención de calidad en: salud (en el
embarazo, parto y puerperio), alimentación adecuada y, con su compañero, preparación
para la llegada del hijo/a y para el rol materno y paterno”. b) “Todas las madres y padres y
sus hijos hasta los 24 meses tendrán acceso a servicios de salud, atención y educación a la
primera infancia de calidad que les brinden: apoyo para el cuidado de la salud, la
alimentación y la estimulación oportuna de los/as niños/as”. c) “Todos los niños y niñas
tendrán acceso universal al cuidado de la salud, alimentación adecuada y estarán
plenamente incorporados a educación inicial de calidad y a oportunidades de socialización y
recreación”.
Para dar cumplimiento a estos lineamientos, el Plan de Acción de la ENIA 2010-2015 incluyó
para este período un conjunto amplio de acciones entre las que destacamos:
1.
Desarrollar un marco articulado de políticas públicas universales (sociales, laborales,
fiscales, culturales) de apoyo a la familia que comprendan: a) La conciliación entre embarazo
y crianza de niños/as y adolescentes con la formación, trabajo y desarrollo personal de
madres y padres, con equidad de género. Esto incluye normas y condiciones de trabajo,
flexibilidad laboral, condiciones y flexibilidad para estudiar, sistemas de cuidado, etc. b)
Fortalecimiento de las capacidades de las familias en sus funciones de crianza, cuidado y
protección.
2.
Fortalecer los mecanismos de atención y soporte a las familias que encuentran
4
especiales dificultades para cumplir su rol.
3.
Mejorar -en cobertura, acceso temprano y calidad- la atención integral de la salud de
la mujer, con énfasis en aquellas en edad fértil y embarazadas, y el cuidado integral en salud
de la primera infancia en los servicios de ASSE y de todo el Sistema Nacional Integrado de
Salud.
4.
Promover el desarrollo de servicios de apoyo a embarazadas en situaciones de
vulnerabilidad de diverso tipo (no sólo derivadas de la pobreza) tales como aspectos
jurídicos o legales, salud mental, prestaciones sociales, hábitat, etc.
5.
Implementar mecanismos que faciliten el acceso de las embarazadas a los servicios de
salud para la realización de los controles periódicos y la asistencia a talleres de preparación
para el parto (i.e. boleto gratuito o subsidiado).
6.
Potenciar la articulación entre ASSE y el PLAN CAIF para la captación temprana del
embarazo y el desarrollo de acciones de apoyo a la embarazada y su pareja.
7.
Duplicar la cobertura del PLAN CAIF (con ampliación de centros existentes y la apertura
de 200 nuevos centros), mejorar la calidad y ampliar las prestaciones en todos los centros,
en apoyo al buen desarrollo infantil y la conciliación entre la crianza y el estudio o trabajo de
la madre y del padre.
Promover la maternidad y paternidad responsable y la accesibilidad a la planificación
familiar
La Ley Nº 18.426 de Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, estableció una
serie de medidas:
Promover la maternidad y paternidad responsable y la accesibilidad a su planificación
Garantizar el acceso universal a diversos métodos anticonceptivos seguros y confiables
Incluir la ligadura tubaria y la vasectomía con consentimiento informado de la mujer y
del hombre, respectivamente
Impulsar campañas de promoción del ejercicio saludable y responsable de los
derechos sexuales y reproductivos
Promover la participación comprometida de los hombres en la prevención de la salud
de las mujeres, así como en la maternidad y paternidad responsables
Promover en todos los servicios de salud sexual y reproductiva la educación,
información y orientación sobre los comportamientos sexuales responsables y los
métodos eficaces de prevención de las infecciones de transmisión sexual en todas las
etapas etarias.
El MSP ya reglamentó varias de estas disposiciones:
Ha elaborado una Guía para implementar servicios para la atención de la salud sexual y
reproductiva en las instituciones prestadoras de salud, con el objetivo de crear
servicios integrales para la atención de la salud sexual y reproductiva dirigido a
mujeres, hombres y diversidades sexuales, en todas las instituciones prestadoras de
salud y en todo el territorio nacional.
Ha elaborado Guías en Salud Sexual y Reproductiva, capítulo anticoncepción métodos
reversibles, donde se reconoce y promueve el derecho y la obligación de hombres y
mujeres, cualquiera sea su edad, a controlar responsablemente su fecundidad por los
medios que consideren más adecuados y compatibles con sus convicciones morales.
Incorporó a los Programas Integrales de Salud y al Catálogo de Prestaciones de Salud,
como prestación obligatoria a la vasectomía y a la ligadura tubaria por vía
laparoscópica, de forma gratuita.
5
Dispuso, para garantizar el acceso universal a diversos métodos anticonceptivos
seguros y confiables, la obligación para los prestadores integrales públicos o privados
del sistema Nacional Integrado de Salud brindar a su población usuaria, que lo
requiera, bajo indicación médica, anticonceptivos orales hormonales y condones, a
precios bonificados.
Por cierto, no desconozco que muchos no compartirán los alcances de lo antes expuesto.
Desde nuestra posición comprometida con la aprobación y defensa de un Sistema Integrado
de Salud, siempre habrá espacios de respeto para instituciones, profesionales o
ciudadanos/as que por las más diversas razones requieran fundamentadamente contemplar
excepciones, en el marco de la rectoría del ministerio público.
Finalmente, y muy conciente de que el tema requiere de abordajes de otra profundidad,
creo que debemos comprometernos a que en los hechos, la compleja trama de disposiciones
vinculadas a la adopción de niños deje de ser de una vez por todas casi un lugar común en el
diccionario de los formalismos retóricos. Hay propuestas bien intencionadas y se ha
avanzado unos muy cortos pero insuficientes pasos.
Junto a todo lo señalado antes, los sistemas de protección y cuidados de la mujer, la
educación y los apoyos reales en el marco de vigorosas políticas públicas acompañados por
el voluntariado social, un vuelco radical en el sistema de adopción constituye una de las
claves para preservar las dos vidas.
Por temeraria que parezca la afirmación, estoy convencido por conocimiento de realidades y
modesto testimonio personal, que por cierto en el marco de las garantías de una intención
y preparación de paternidad y maternidad responsables, habría hogares suficientes para
evitar todos los abortos en nuestro país. El Uruguay de todos, que tiene y debería seguir
teniendo, ojalá que acrecentada, en su gente, la mejor riqueza que nos da la Providencia
para el bien de la maravillosa aventura humana.
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