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DERECHO DE PALABRA DEL CIUDADANO
JORGE GIORDANI
MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS,
PARA EXPONER EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE “LEY ESPECIAL
DE ENDEUDAMIENTO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013”,
“LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013”, ASÍ COMO
EL “PLAN OPERATIVO ANUAL 2013”
PALACIO FEDERAL LEGISLATIVO
MARTES, 23 DE OCTUBRE DE 2012
Muy buenas tardes, ciudadano Diosdado Cabello Presidente de la Asamblea
Nacional; ciudadano Aristóbulo Istúriz, Primer Vicepresidente de la Asamblea
Nacional; ciudadana Blanca Eekhout, Segunda Vicepresidenta de la Asamblea
Nacional y demás diputadas y diputados a esta honorable Asamblea; apreciados
medios de comunicación; amigos todos.
La oportunidad de presentar al país el Proyecto de Ley de Presupuesto y Ley
Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013 coincide con la
culminación de un evento electoral profundamente democrático y la revelación de
unos resultados de extraordinaria trascendencia para la vida nacional .
Venezuela arriba a una nueva etapa de su historia, gracias a la voluntad
incuestionable de la gran mayoría de los venezolanos de intensificar y consolidar el
proceso de transición al socialismo bajo un modelo propio, fundamentado en el
ideario humanista del Libertador Simón Bolívar. La impecable experiencia
eleccionaria recientemente vivida en nuestro país es ejemplo universal de
democracia y libertad, reafirma el carácter determinante del poder social ejercido a
través de la participación protagónica del pueblo, el cual demuestra cada vez, con
mayor contundencia, su elevado nivel de conciencia de la realidad y su capacidad de
decidir para actuar y transformarla.
Este hito histórico está marcado, sin duda alguna, por la validación de una
propuesta de país que rescata los más elevados principios de lo humano en la
sociedad, reafirmando las aspiraciones del pueblo venezolano y abriendo el camino
para avanzar por las rutas señaladas en los cinco objetivos históricos planteados por
el Presidente Chávez para el próximo sexenio.
Importante ha de ser también el impacto que este acontecimiento podrá generar
en otros pueblos, por cuanto representa un referente poco común de un proceso de
transformación social bajo un sistema democrático, donde pueblo y Gobierno
trabajan por el progreso y luchan por preservar la paz, superan las barreras que
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imponen los rezagos del viejo sistema y avanzan con una visión clara hacia un nuevo
modelo de sociedad.
Es una sucesión de experiencias que atraen la atención tanto en el ámbito de
nuestra región latinoamericana y caribeña, dadas las identidades históricas y
culturales, como fuera de él, especialmente en aquellos pueblos que se encuentran
atrapados en medio de la mayor crisis económica y social de la civilización moderna,
vale decir, la crisis del modelo capitalista.
Es claro que forjar una solución verdadera ante una problemática de origen
estructural y de efectos tan expansivos como lo evidencian los prejuicios generados
por la lógica capitalista sobre el modo de vida de casi la humanidad entera, encarna
un proceso complejo de largo aliento que compromete los mayores y mejores
esfuerzos de gobiernos y pueblos.
En Venezuela hemos comprobado que cada nueva etapa en la búsqueda de la
solución impone mayores desafíos, pero también que cada vez el país cuenta con un
mayor acervo de recursos espirituales, intelectuales, físicos y materiales para
enfrentarlo.
La notoria superación del nivel de vida de la mayoría de los venezolanos
durante el Gobierno Bolivariano, especialmente en lo relativo a la satisfacción de sus
necesidades en materia de salud, educación, vivienda, servicios públicos y seguridad
social, junto a la formación de la conciencia colectiva y la acumulación de
experiencias en las funciones administrativas, tanto por parte del Gobierno como de
las comunidades, son fortalezas humanas y sociales que permitirán abordar con
éxito la etapa que se inicia en el año 2013.
En lo material, el rescate de la soberanía sobre la industria petrolera y demás
sectores estratégicos de la economía nacional, la mayor autonomía en el manejo de
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los recursos financieros y la inversión acumulada en infraestructura física y
productiva, servirán de soporte al desarrollo en esta nueva etapa del proceso.
Los esfuerzos adicionales que nos demanda se originan de la necesidad de
reforzar constantemente los principios y valores bolivarianos para seguir elevando la
moral y la ética del proceso, de mantener el estímulo a la voluntad popular y de
doblar el compromiso institucional para generar las acciones necesarias de manera
acertada y oportuna, así como promover la valoración crítica como medio para
corregir los errores y preservar los logros.
En el campo específico de lo financiero es imperativo afrontar los inmensos
retos de productividad que reclama el desarrollo, por cuanto la sostenibilidad del
modelo depende, ahora más que nunca, de la capacidad de generación de riquezas
bajo esquemas de producción que aseguren una justa distribución del producto.
La estrategia adelantada hasta ahora por el Gobierno Bolivariano para
posibilitar el ejercicio de la justicia distributiva ha permitido expandir progresivamente
el control popular sobre los medios de producción, lo cual sólo generará los
resultados esperados si sobre la base material concurren las competencias técnicas
necesarias y una sana y eficiente gestión administrativa.
La conjunción pueblo-gobierno sustentada en la ética socialista que es aquella
que privilegia el bien común sobre el beneficio individual, genera mecanismos de
interdependencia constructiva, claves para preservar la direccionalidad del proceso
social, por cuanto condicionan la calidad de gestión tanto de las instituciones
gubernamentales como de las organizaciones comunitarias.
En el contexto de la experiencia venezolana, merece especial énfasis la
necesidad de elevar la eficiencia del Estado y las comunidades cuando ejercen
funciones empresariales, bajo cualquier modalidad de asociación, en cumplimiento
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de la responsabilidad adquirida de optimizar el uso de los medios de producción que
le han sido adjudicados con el fin de proporcionar una mejor oferta de bienes y
servicios a la población, y con ello sumar bienestar social. Adicionalmente, es preciso
recalcar que la capacidad financiera del Estado no es ilimitada, y que Gobierno y
pueblo tienen el compromiso de administrar la renta petrolera bajo criterios de
desarrollo sustentable en aras de preservar el legado de las nuevas generaciones.
El Presupuesto Público, junto a los demás instrumentos de política fiscal, ha
venido alimentando la estrategia de justa distribución al destinar la mayor porción de
la renta petrolera a la inversión social y productiva para fortalecer la base material del
proceso de desarrollo de la sociedad venezolana en su conjunto, procurando saldar
la cuantiosa deuda social acumulada durante la Cuarta República.
Los efectos de la política de inversión social también se evidencian en la
actividad económica que ha adquirido mayor dinamismo gracias al estímulo otorgado
por el incremento de consumo de alimentos, otros bienes y servicios, y un mayor
nivel de vida, pero aún se mantiene vigente el sesgo exportador de nuestra
economía y su alta dependencia de la renta petrolera.
La repuesta del aparato productivo no petrolero ante los inmensos esfuerzos y
recursos destinados a impulsar su actividad y productividad resulta insuficiente para
satisfacer el incremento del consumo que generó la incorporación de la gran masa
poblacional anteriormente excluida de la vida económica del país, y allí la necesidad
de que el Estado continúe enfatizando lo social, acompañándolo de una
profundización de las políticas de incentivo al mayor desempeño económico y
financiero como factor clave para la sostenibilidad del modelo.
Este es el principal reto a enfrentar en la etapa del proceso bolivariano que se
inicia con el año 2013.
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Presupuesto y perspectiva. El tránsito de la sociedad venezolana hacia un
modelo socialista propio en plena construcción se ha venido viabilizando gracias a la
evolución del marco legal e institucional con el cual se dota al Estado de los
mecanismos necesarios para dar cada vez mayor consistencia y profundidad a la
gestión de Gobierno, en un entorno de cambios sustantivos donde predominan
enormes desafíos como lo son la asimilación de una nueva filosofía organizacional
fundamentada en el pensamiento humanista en la que se privilegien los intereses del
pueblo, la ética socialista en el ejercicio de la función pública, la orientación al
servicio, la adopción de procesos eficientes y eficaces, todo lo cual contribuirá al
logro de los grandes objetivos históricos propuestos para el próximo sexenio.
En el ámbito de las finanzas públicas, los primeros cambios normativos
estuvieron orientados a rescatar la soberanía del Estado venezolano sobre los
ingresos provenientes de la renta petrolera. Luego se comenzaron a generar
mecanismos para viabilizar la inversión en el marco de la política social influyente del
Gobierno Bolivariano, dando lugar al nacimiento de una nueva institucionalidad
financiera con la cual se ha conformado un sistema integrado de asignación de
recursos en función de las prioridades establecidas en los programas y planes de
desarrollo nacional.
Habida cuenta que uno de los principales objetivos nacionales de esta fase del
proceso bolivariano es el de construir un modelo de desarrollo socioproductivo de
orientación socialista, y que para ello se requiere de una base social y material cada
vez más sólida, el nuevo sistema de asignación de recursos apoyados en las
respectivas leyes, normas y procedimientos, busca elevar progresivamente la porción
de ingresos provenientes de la renta petrolera que se dedica a la inversión social y
productiva, lo cual a su vez implica aumentar la importancia de los ingresos fiscales
no petroleros como fuente de financiamiento del gasto corriente.
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El presupuesto público es uno de los instrumentos de política fiscal y forma
parte integrante de la nueva institucionalidad financiera junto a los fondos de
desarrollo; los fondos destinados a honrar la deuda social, la expansión de la banca
pública y la profundización de su papel dentro de la economía; las políticas crediticias
para los sectores productivos y los mecanismos de distribución de divisas. Con la
integración de todos ellos, el circuito financiero público funciona bajo el control del
Estado, garantizando que la asignación de los recursos públicos apoye el desarrollo
de la estrategia gubernamental y habilite la concreción de los programas y proyectos
propuestos.
Conviene reiterar que esta concepción de las finanzas públicas es consistente
con los principios de prudencia y racionalidad económica que han orientado la
política fiscal venezolana en los últimos años, tal como se verifica en la formulación
de proyectos de presupuesto, basado en premisas conservadoras de ingresos,
contribuyendo, por una parte, a moderar el riesgo de choques externos ante la
volatilidad de los precios petroleros y, por la otra, a elevar la eficiencia en la
administración de los recursos. Los resultados en cuanto al mejoramiento de las
condiciones de vida de la población venezolana se verifican en los indicadores
sociales, y en materia económica se evidencian en el crecimiento sostenido de la
actividad durante los últimos siete trimestres sucesivos y una significativa reducción
del índice inflacionario en lo que va del año 2012.
El Proyecto de Ley del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, junto a los
demás componentes del sistema, contribuirá a reforzar la tendencia positiva de la
actividad económica, la diversificación productiva y la reducción de las presiones
inflacionarias, lo que a su vez posibilitará la disminución de la dependencia a los
ingresos petroleros, el logro de un ritmo de crecimiento sostenido y el fortalecimiento
del proceso de transición al socialismo.
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La Ley Especial de Endeudamiento 2013, como instrumento complementario
del Presupuesto, afianzará la continuidad de los planes de inversión social y de
proyectos estratégicos en materia ambiental, agrícola, infraestructura, petróleo y
energía. A este respecto, el Gobierno Bolivariano persiste en el criterio de manejar
los pasivos de manera responsable y coherente con el desempeño de los
indicadores macroeconómicos de la Nación, lo cual se evidencia en la estabilización
del cociente deuda al Producto Interno Bruto con signo de sostenibilidad fiscal. Para
el año 1998 este indicador se encontraba por encima del 30%, y para el cierre del
2011 registraba un 25,2%, valor éste que, comparado con el de otros países de
América Latina, exhibe a Venezuela como uno de los más bajos índices de deuda en
relación con el Producto Interno Bruto, lo que a su vez demuestra el logro de la
disminución de la vulnerabilidad externa y del riesgo de exposición al tipo de cambio.
Crisis internacional versus crecimiento del petróleo venezolano. En lo que va
del año 2012 el mundo ha visto el creciente deterioro de la base estructural
capitalista de producción, el contexto internacional sigue afectado por los problemas
fiscales en algunas economías de actuación importante en la Eurozona, los cuales,
primariamente,
impactan
de
forma
negativa
en
los
mercados
financieros
internacionales y, secundariamente, generan efectos adversos en la dimensión real
de la economía mundial. Como se ha indicado, la fijación de premisas conservadoras
de ingresos petroleros sirve de elemento amortiguador ante los efectos negativos
que las variables exógenas pueden generar en la economía interna y posibilita la
atención en las prioridades del gasto que contribuyen al crecimiento económico y al
desarrollo social. Asimismo, esta política exige seguir elevando la eficiencia y eficacia
en el manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de las metas
presupuestarias, la inversión social orientada a profundizar los niveles de atención a
las necesidades básicas de los venezolanos como salud, educación y vivienda, y la
inversión destinada a reforzar los sectores productivos siguen teniendo un peso
específico en la distribución de los ingresos fiscales, por cuanto son claves para
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afianzar las bases del crecimiento sostenido de la economía real y del desarrollo de
la Nación.
El modelo productivo. En el Segundo Plan Socialista se establecen los cinco
grandes objetivos que orientarán la gestión del Gobierno durante el período 20132019, próxima fase del proceso histórico de transición al socialismo a ser impulsado
por la profundización de la democracia participativa y protagónica y por la restitución
del poder al pueblo. La estrategia económica que contribuirá al logro de esos
objetivos históricos ha de apoyarse en la implementación de un modelo productivo
que viabilice los cambios estructurales propuestos a través de la participación
popular en la concepción y adopción de nuevas formas de relacionamiento más
justas que ponderen la importancia del trabajo como hecho social y eleven el
compromiso colectivo con el desempeño económico del país.
El Estado, como rector del quehacer económico, ha de orientar y complementar
las propuestas, sistematizar el modelo, monitorear y retroalimentar su aplicación. En
la línea con el primero de los cinco objetivos históricos, todas las iniciativas de
producción deben subordinarse al principio de independencia nacional y ayudar a
fortalecer la soberanía del pueblo venezolano sobre los recursos naturales, en
particular sobre el petróleo. Por lo tanto, conviene insistir en la necesidad de
mantener el dominio del Estado sobre la industria petrolera nacional, pilar de la
soberanía y el desarrollo y sobre las demás actividades económicas que se
consideran estratégicas para el desempeño de la función de gobierno y la seguridad
de la nación.
El segundo objetivo, que es el de continuar construyendo el Socialismo
Bolivariano del Siglo XXI, señala la direccionalidad del modelo productivo en cuanto
a qué producir, cómo hacerlo y para quién. Respecto a qué y para quién producir, la
estrategia económica se orientará a elevar progresivamente la producción interna de
bienes y servicios con énfasis en los rubros que contribuyen en mayor medida a la
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satisfacción de las necesidades básicas para el pueblo venezolano, aprovechando
de manera racional los recursos naturales de la nación. Esta estrategia rescata el
valor social de la actividad productiva, refuerza la autonomía y se sujeta al criterio de
sustentabilidad. Respecto a cómo impulsará el desarrollo de relaciones de
producción que eleven el valor social del trabajo por sobre el valor del capital, esto
implica que el trabajo en todas sus manifestaciones, sean éstas de mayor
componente intelectual, creativo, técnico o manual, se reconoce como una acción
humana destinada a satisfacer las necesidades de la sociedad, de tal manera que el
trabajador es un sujeto de cambio de su propia realidad, por lo que se ubica muy por
encima de la categoría mal llamada de factor productivo.
El trabajo intelectual proporciona herramientas de planificación, organización y
apoyo tecnológico que ayudan a optimizar el proceso productivo al reducir la
cantidad de esfuerzo humano necesario y aumentar el volumen y la calidad del
producto. Esta optimización se logra en la medida en que se reconoce la
complementariedad entre los diferentes roles que participan en las relaciones
laborales y en la medida en que se valoran los intereses vitales básicos de todos los
trabajadores.
Bajo esta orientación, el modelo productivo venezolano ha de propiciar el
cambio del sistema económico sobre la base de la sustitución de la lógica del capital
por la lógica del trabajo liberador, a fin de que el proceso productivo se oriente a
generar beneficio social, factor determinante de la viabilidad del proceso histórico
que se orienta hacia una sociedad más justa. Conviene destacar que durante la
primera fase de este proceso histórico, 1999-2012, el fortalecimiento del rol del
Estado venezolano en la economía y la inversión social ejecutada alrededor de –
óigase bien– 500 mil millones de dólares, posibilitaron la inclusión de la gran mayoría
de la población en la dinámica social y económica del país, estimulando el desarrollo
de sus capacidades físicas, espirituales e intelectuales.
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De tal manera que el país cuenta hoy con un invalorable potencial humano
como base para conformar un nuevo tejido socioproductivo, que bajo la lógica del
trabajo digno, liberado y liberador, y con el apoyo de un Estado fuerte y cohesionado,
impulsará la transición del modelo capitalista-rentista petrolero al modelo productivo
socialista. Es indispensable avanzar en esta ruta para convertir a Venezuela en un
gran país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran nación
naciente en América Latina y el Caribe, que garantice la conformación de una zona
de paz en nuestra América, tercer objetivo histórico propuesto por el Presidente
Hugo Chávez para el período 2013-2019.
La conformación de un nuevo tejido socioproductivo orientado a transformar la
realidad venezolana, para la contracción de una sociedad moderna injusta ha de
apoyarse en un arduo esfuerzo de investigación científica y de desarrollo tecnológico
que facilite el aprovechamiento racional de los recursos del país y posibilite la
sinergia con los demás países de la región.
La intensificación de estos esfuerzos permitirá fundar y consolidar empresas de
gran envergadura y alcance, para agregar valor social y económico a la región y
elevar la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
De igual manera, la materialización de los convenios de cooperación y demás
iniciativas de acercamiento, también con países de otros continentes, permitirá seguir
influyendo cada vez con más fuerza en la búsqueda del equilibrio mundial, en línea
con el cuarto objetivo histórico de contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica
internacional, en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y multipolar que permita
alcanzar la paz en el mundo.
La estrategia económica que contribuya a viabilizar los objetivos geopolíticos,
hasta ahora apoyada fundamentalmente en la fuerza de Venezuela como potencia
petrolera, debe ser continuamente retroalimentada para incorporar a otros sectores
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productivos a la actividad exportadora con apego al criterio de complementariedad.
El modelo incentivará la producción no petrolera para el intercambio comercial en
rubros específicos definidos, según las potencialidades propias y las oportunidades
que ofrece la estrategia geopolítica.
A tales efectos, será necesario identificar opciones de materiales, bienes y
servicios claves para los países de interés; descubrir las oportunidades de agregar
valor a la cooperación; planificar y supervisar al nivel más desagregado posible, el
desarrollo de productos a exportar. La sistematización de los planes permitirá
también lograr la concreción exitosa de las iniciativas ya adelantadas.
Todos los esfuerzos para el desarrollo y la modernización del país, así como las
iniciativas de cooperación e integración económica deben estar supeditadas al
principio del empleo racional de los recursos naturales, como se ha enunciado en el
quinto objetivo histórico. Para ello es importante validar los criterios de
sustentabilidad universalmente aceptados, contar con el debido fundamento científico
y adicionar criterios nacionales.
Ampliación de la inclusión social. Las grandes misiones.
La política social del Gobierno Bolivariano establece el cumplimiento de los
derechos humanos para la máxima satisfacción de las necesidades del pueblo,
sumando cada vez más oportunidades que posibilitan la comprensión y valoración de
su desarrollo y participación en todos los ámbitos de la vida nacional.
Los alcances de esta política fueron consolidándose a través de las misiones
sociales creadas a partir del año 2003 y más tarde, en el 2011, con las grandes
misiones. Las primeras dan celeridad a la incorporación del pueblo a través de su
participación democrática, atención integral de la salud y la educación, seguridad y
protección social, dotación de vivienda, ilustración para formación para el trabajo y
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crecientes fuentes de empleo; las segundas, ya formuladas en conjunto como un
objetivo estratégico y general de la propuesta para la gestión bolivariana socialista
durante el sexenio 2013-2019, constituyen un instrumento revolucionario de nivel
superior para dar continuidad al cumplimiento de las medidas contra las
determinantes de las condiciones de injusticia y desigualdad, hasta llegar al nivel de
absoluta irreversibilidad para el no retorno a la pobreza general ni a la pobreza
extrema.
Gran Misión Hijos de Venezuela. Su objetivo es otorgar beneficios a las
venezolanas y venezolanos en especial estado de vulnerabilidad, con la finalidad de
facilitar su acceso al disfrute de los derechos fundamentales y asegurar su
incorporación a las actividades productivas. Se trata de la población que vive en los
hogares en situación de pobreza crítica, constituido por adolescentes y adultas
embarazadas, y personas con discapacidad independientemente de la edad.
Esta Misión destina recursos para el financiamiento de proyectos productivos
colectivos o individuales, ayudas especiales, rehabilitación de viviendas, asistencia
técnica y otras formas de apoyo social.
Gran Misión en Amor Mayor. El objetivo de esta Misión es asegurar a los
adultos mayores la máxima protección, igualdad y justicia social, especialmente para
quienes viven en hogares cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo nacional;
incluye mujeres de edad igual o superior a los 55 años y hombres de 60 años o más,
a los cuales se les garantice el acceso a la pensión del seguro social.
Gran Misión Saber y Trabajo. Obedece a una política social para lograr el
cambio del modelo productivo y disminuir la tasa de desempleo en el país. Está
dirigida a las personas cesantes en búsqueda de un empleo, a las cuales se les
garantiza el derecho a la educación y al trabajo mediante una ocupación productiva
con mayor eficiencia y eficacia.
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Gran Misión Vivienda Venezuela. Tiene como objetivo facilitar el acceso de la
población a una vivienda digna, bien sea porque no la posee o se encuentra en
situación de riesgo. En el período 2013-2019 se proyecta la construcción de 2
millones 650 mil viviendas y la mejora y ampliación de 1 millón de viviendas,
asegurando la calidad en la oferta de servicios públicos conexos. (Aplausos)
Gran Misión A Toda Vida Venezuela. La Gran Misión A Toda Vida Venezuela se
crea con carácter de misión de Estado por su envergadura y la necesaria
participación corresponsable de todos los Poderes Públicos. Constituye una política
de seguridad con alcance nacional, dirigida a garantizar el derecho a la vida, la
integridad personal y la protección por parte del Estado a partir de la transformación
de los factores de carácter estructural, situacional e institucional, generadores de la
violencia y el delito.
En cada uno de los 24 estados del país existirá un Comando Estadal de
Integración, organizado en 3 comisiones: la Comisión de los Órganos de Seguridad
Ciudadana, Comisión de Justicia Penal, y Comisión de Prevención Integral y
Participación Ciudadana.
El valor de la infraestructura. El desarrollo de un modelo productivo en una
etapa de transición al socialismo requiere inevitablemente de inversiones en
infraestructuras relevantes para ordenar territorialmente a Venezuela y contribuir a
crear las condiciones materiales para su desarrollo.
Los
volúmenes
de
inversión
en
lo
social
deben
ahora
continuar
complementándose con una adecuada escala de financiamiento a la infraestructura,
esto debido al aumento de mejoras de las condiciones requeridas para el desarrollo
de la producción, tales como son: los servicios (acueductos, cloacas, electricidad,
gas), transporte terrestre (carreteras, ferrocarriles, terminales), transporte acuático
(puertos, navegabilidad fluvial y marítima), transporte aéreo (aeropuertos) y de las
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telecomunicaciones como eje transversal, todo ello en función de la continuación del
crecimiento, mejoras en las condiciones de los procesos de producción y elevación
de la calidad de vida del venezolano, para conformar el nuevo tejido socioproductivo.
El proceso de cambios iniciados en Venezuela en el año 1999 muestra
importantes logros en materia social, gracias al rescate de la soberanía nacional
sobre los recursos naturales y el uso de la renta generada por el petróleo como
fuente de financiamiento de la cuantiosa inversión destinada a mejorar las
condiciones de vida de la mayoría de la población hasta entonces excluida de la
dinámica social y económica del país.
Consistente con ello, el pueblo ha desarrollado un alto nivel de conciencia
política y capacidad de organización, para incidir en las decisiones que le afectan y
defender los derechos que le corresponden. Hoy el pueblo venezolano tiene una
mayor capacidad para ejercer su derecho al trabajo y asumir su compromiso con el
desempeño económico del país, condición indispensable para la continuidad del
proceso de transformación en el que estamos empeñados.
Sobre esta base, ha de desarrollarse un modelo productivo que promueva
relaciones de producción más justas y reconozca el valor social del trabajo en sus
diversas manifestaciones como medio para transitar del modelo capitalista-rentistapetrolero al modelo productivo-socialista.
A tales efectos,
es necesario que el pueblo reconozca y ejerza su rol
protagónico en el devenir económico nacional, para lo cual el esfuerzo de la
dirigencia debe orientarse, en primer término, a elevar el nivel de conciencia popular
respecto a las vulnerabilidades que enfrenta el país a causa de la alta dependencia
de la renta petrolera y a lograr el compromiso colectivo para acometer los planes de
diversificación.
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/
En segundo lugar, el Estado debe asumir la responsabilidad de orientar e
impulsar el proceso de diversificación y mantener la gobernabilidad sobre el mismo,
con la participación del pueblo que magnificará la producción interna, orientando las
iniciativas y proyectos prioritariamente hacia los sectores y actividades que posibiliten
el uso racional de los recursos disponibles, en función de satisfacer las necesidades
básicas de la población venezolana. Paralelamente, impulsará la producción de
bienes transables no petroleros, cuidadosamente seleccionados para aprovechar las
potencialidades internas y las oportunidades que ofrece la estrategia geopolítica a
objeto de diversificar las exportaciones.
De igual manera, el Estado orientará la implementación del modelo productivo
para el establecimiento de relaciones de producción más justas, la construcción de
un nuevo tejido productivo orientado por el modelo y privilegiará las relaciones de
producción establecidas bajo la participación activa del pueblo y atenderá la
jerarquización de las necesidades.
Al respecto, se reconoce la importancia estratégica de la seguridad
agroalimentaria, como lo demuestran las cuantiosas inversiones destinadas a elevar
la capacidad de producción del campo y la agroindustria, y en esta nueva fase se
han de intensificar esfuerzos para afinar los planes y proyectos de producción
agrícola y agroindustrial y monitorear su ejecución a fin de aprovechar al máximo el
potencial generado por las inversiones realizadas y continuar elevándolo con los
futuros financiamientos.
El desarrollo industrial permitirá focalizar las inversiones y demás incentivos en
el fortalecimiento de las cadenas productivas derivadas de la explotación de las
riquezas naturales con que cuenta el país, favoreciendo las actividades que agregan
más valor social y contribuyen a diversificar la economía nacional.
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La orientación de los proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico en apoyo a las prioridades de producción y desarrollo industrial es vital
para el éxito de la estrategia económica tanto en el corto como en el largo plazo.
Igualmente, hay que reivindicar el papel de la economía real y reforzar
constantemente la función social del sistema financiero como apoyo a la producción
de los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la población, y
esto cobra especial importancia en nuestro país donde históricamente el carácter
rentístico de la economía nacional ha estimulado la actividad especulativa y donde
más recientemente el Estado ha logrado establecer barreras para proteger la
economía nacional y, especialmente, al pueblo venezolano de la crisis que
experimenta la economía global a causa de las prácticas perversas de un sistema
financiero dominante.
Asimismo, resulta imperativo redimensionar el aparato burocrático del Estado
con el objetivo de orientar recursos financieros al incentivo de la economía y a la
conformación del nuevo tejido socioproductivo venezolano.
Lecciones de la experiencia. Rectoría del Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas en las etapas del proceso presupuestario: La creación del
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas en el año 2010 fortaleció la
capacidad institucional para ejercer la rectoría de las políticas gubernamentales en
tan importantes áreas de la gestión pública. Esta fortaleza permitió mejorar la
dinámica de comunicación interinstitucional a lo largo de todo el proceso de
formulación, ejecución, seguimiento y control presupuestario, lo cual se tradujo en
una mayor coherencia entre el plan de mediano plazo, los planes operativos anuales
y los presupuestos, dotándolos de la flexibilidad necesaria para ajustarse a las
exigencias de los cambios en el entorno.
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El alto grado de articulación de las Oficinas Nacionales de Tesorería,
Contabilidad, Presupuesto y Crédito Público como componentes del Sistema Integral
de la Administración Financiera y Presupuestaria otorga grandes ventajas para
habilitar mecanismos de coordinación con los organismos ejecutores, realizar el
seguimiento constante de su situación financiera y promover la solución conjunta de
problemas de manera oportuna.
Seguir reforzando esta dinámica institucional es de vital importancia para el
éxito del próximo período de gobierno por cuanto el alcance y la profundidad de los
objetivos propuestos frente a las complejidades del entorno, la incertidumbre que
rodea el desempeño de la economía mundial y sus efectos adversos sobre las
finanzas nacionales, demandan una gestión financiera eficiente y eficaz en los
distintos niveles de la administración pública.
La planificación y el Presupuesto. En el marco del proceso de formulación del
Plan Operativo Anual, la elaboración de la Ley de Presupuesto y la Ley Especial de
Endeudamiento Anual 2013 se definieron los lineamientos e instrumentos
metodológicos con la finalidad de garantizar y optimizar la formulación de los
proyectos y la asignación eficiente de los recursos en coordinación con las diferentes
oficinas e instancias involucradas.
En lo que respecta a la consolidación del proyecto bolivariano, las mejoras en el
proceso de formulación y definición de criterios facilitaron la selección de los
proyectos considerados estratégicos para el desarrollo económico y social. Los
lineamientos tecnopolíticos y metodológicos para la formulación de proyectos se
enfocaron en la concreción de los resultados y metas previstas en el Plan de
Desarrollo Económico y Social que presentará el Presidente en esta Asamblea
Nacional el próximo 10 de enero, como él nos ha instruido.
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La generación de datos estadísticos en el área social, la promoción y conciencia
del deber social mediante el trabajo comunitario o el servicio voluntario de los
trabajadores y trabajadoras en las áreas que les corresponda a su sector, los que
forman parte de la cartera del plan de inversión pública y la perspectiva de género,
particularmente aquellos dirigidos a atender las áreas de salud sexual y reproductiva,
prevención de la violencia de género, educación sin exclusión, vivienda digna,
participación comunitaria, seguridad social, empleo y alimentación. (Aplausos).
De igual forma, se realizaron los cambios en el sistema Nueva Etapa con el fin
de presentar las fuentes de financiamiento de una manera más detallada y
adicionalmente mejorar su plataforma y el proceso de planificación operativa, todo lo
cual facilita la formulación y el seguimiento de los proyectos a ser incluidos en el Plan
Operativo Anual 2013.
Levantamiento y seguimiento permanente de la cartera de proyectos y sus
fuentes de financiamiento. La estructuración de políticas públicas y la ejecución del
Presupuesto por proyectos facilitan el seguimiento y control de las inversiones y
costos haciendo más eficiente la preservación de la direccionalidad trazada.
Todo lo anterior es condición imprescindible para el éxito de aquellos proyectos
de inversión orientados a cambiar el modelo rentista por un modelo económico de
diversificación productivo, basado en la lógica del trabajo y de allí la importancia del
trabajo conjunto fundamentado en las responsabilidades asignadas a cada
institución. Para el cumplimiento del proceso de ejecución, seguimiento y evaluación
de proyectos, dichas responsabilidades se centran en la existencia de organismos
rectores en políticas y programas, organismos elaboradores y ejecutores de
proyectos y organismos financiadores.
Otro aspecto importante para el éxito de los proyectos reside en el correcto
desempeño de cada una de las fases. En lo observado a la fecha puede afirmarse
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que la estructuración de fases de proyectos comúnmente utilizadas contempla lo
siguiente:
1. Ideas
2. Perfil y prefactibilidad ante proyectos
3. Factibilidad y diseño (ingeniería de detalles)
4. Ejecución y construcción
5. Operación y mantenimiento.
Cada una de ellas requiere formas distintas de seguimiento a los proyectos, así
como diferentes fórmulas de financiamiento.
El presupuesto público consolidado. El presupuesto público consolidado
constituye un importante instrumento de Gobierno toda vez que agrupa la
información financiera de recursos humanos y de los principales proyectos que
desarrolla el sector público en cada ejercicio fiscal.
La formulación del presupuesto público consolidado bajo una coordinación
interinstitucional permite establecer criterios y normas en torno a la política laboral de
inversión y gastos corrientes, así como direccionar el impacto del sector público
sobre los objetivos macroeconómicos.
Por otra parte, tal coordinación posibilita un mayor control sobre la gestión
financiera del sector público consolidado e incentiva la eficiencia de los organismos
descentralizados y de los entes con fines empresariales, posibilitando la generación
de excedentes que son utilizados para financiar programas y proyectos que apuntan
a reforzar el proceso de transformación social en marcha. Con ello se logra soportar
la estructura financiera del sector público y disminuir la eventual vulnerabilidad que
se presentase en la estructura presupuestaria.
Asamblea Nacional 19
/
Para el año 2012 el presupuesto del sector público consolidado asignó 1 billón
164 mil 211 a un total de 698 organismos de la administración central, 313 entes
descentralizados sin fines empresariales, 166 entes descentralizados con fines
empresariales no financieros, 21 entes descentralizados con fines empresariales y
financieros y a los estados y municipios.
Fortalecimiento del Consejo Federal de Gobierno en el uso de los recursos.
Tras la creación del Fondo de Compensación Interterritorial en el año 2010 y su
posterior puesta en funcionamiento en el año 2011, el Ejecutivo Nacional promueve
la inversión física y social en las entidades federales y fortalece el Poder Popular
cada vez con mayor impulso, tal como puede evidenciarse en la asignación
presupuestaria del año 2012, que superó en 49,1% la del 2011; así como en la
transferencia de los recursos adicionales por el orden del 20% sobre lo
presupuestado. (Aplausos).
En ese sentido, se presupuestó una transferencia al Poder Popular de 4 mil 770
millones para el año 2012, lo que representa un 49% adicional a lo presupuestado en
el año 2011.
Con la transformación del sistema de asignación de recursos hacia las regiones
se ha mejorado la asignación de los mismos y se han aumentado las asignaciones
legales vía presupuestaria y de créditos adicionales, así como la transferencia de
recursos a las comunidades organizadas bajo nuevas estructuras como las comunas
y el Poder Popular.
Cumplimiento del Mandato Constitucional del Situado. En los últimos años el
Ejecutivo Nacional ha incrementado las asignaciones legales a las entidades
federales en lo relativo al pago del Situado Constitucional, Fides, LAEE y Fondo de
Compensación Interterritorial, incrementos que pueden observarse en la Ley de
Asamblea Nacional 20
/
Presupuesto de los años 2011 y 2012, los cuales registran un 32% y un 42% de
aumento, respectivamente, con relación a los presupuestos iniciales.
De igual manera, las asignaciones extrapresupuestarias por concepto de
excedentes ordinarios para honrar el Situado Constitucional se elevaron en 35,5% y
41,5% con respecto a lo presupuestado adicionalmente a la fecha.
El 15 de septiembre del 2012 se han asignado recursos adicionales de carácter
extrapresupuestario por la cantidad de 7 mil 787 millones de bolívares, y este monto
representa un 13,3% del total de dichos aportes legales asignados en la Ley de
Presupuesto del 2012, el cual comprende 4 mil 18 millones de bolívares por Situado
Constitucional y 2 mil 57 millones de bolívares por el Fondo de Compensación
Interterritorial y 1.711 millones de bolívares en otros aportes como el pago correcto
de los servicios básicos de los ministerios mediante la asignación y distribución
presupuestaria.
Otro elemento importante que revela la eficacia de la política y la gestión
presupuestaria es lo concerniente a la asignación y ejecución de los recursos
aplicados al pago de los servicios por parte de los órganos y entes del sector público.
En este sentido, el hecho de que los servicios básicos son provistos por empresas
públicas compromete a los usuarios de los mismos a precisar la estimación del
consumo para el período presupuestado, considerando la data histórica o parámetros
u objetivos y realizar los pagos de manera integral y oportuna.
Por ello, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas promueve
medidas para asegurar el cumplimiento de esta responsabilidad por parte de las
instituciones públicas a tenor de lo dispuesto, a tal efecto, en el Reglamento de la
Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y en las propias
Disposiciones Generales del Presupuesto.
Asamblea Nacional 21
/
Práctica y programación oportuna de las emisiones, así como su transparencia.
La estrategia de endeudamiento de la República durante los últimos años se ha
enmarcado en el cumplimiento de diversos objetivos macroeconómicos donde
resaltan las emisiones de deuda interna.
(Muestra láminas).
Emisiones, que, de arriesgarse de forma continua y ordenada previo al
establecimiento de un cronograma de subastas, garantizan la igualdad y la
transparencia en la información disponible a todos los inversionistas locales y
fomenta la participación de los mismos, lográndose que la primera fuente de
financiamiento del Gobierno sea el mercado local y a través de los instrumentos
denominados en moneda nacional, lo cual ha reducido el riesgo del portafolio de la
deuda social.
Y recuerden que la relación entre la deuda externa que teníamos en 1999, que
casi llegaba a un 80% del total de la deuda del Gobierno central, ha disminuido casi a
la mitad en un 40%, lo que significa, por un lado, la confianza en la economía
nacional y, a su vez, protegerse de la vulnerabilidad externa. (Aplausos).
El diseño de las operaciones de endeudamiento, mediante subastas ordinarias
y extraordinarias y especiales, ha constituido una herramienta importante en el
reordenamiento de los pasivos de la República, el cual se ha fundamentado en el
incremento de la vida promedio de los títulos, la disminución de los costos, el
incremento del volumen por instrumento y la diversificación de los inversionistas y
tenedores de los bonos.
En ese proceso, la comunicación con los inversionistas, a través de los
cronogramas de subastas, ha sido de suma importancia para demostrar el firme
propósito del Gobierno de garantizar la transparencia en cada una de las
Asamblea Nacional 22
/
operaciones de crédito público ejecutada por la República –cosa que parece que no
era así en la Cuarta República– permitiendo un mejor manejo en la programación
financiera necesaria para estructurar una cartera de inversión, así como la fácil
valoración de los títulos emitidos con las estadísticas de deuda.
Fundamentos institucionales. Concepción presupuestaria en el nuevo período.
El proyecto de Ley de Presupuesto es un instrumento de política pública que tiene su
origen en la concepción del camino elegido para transitar hacia el socialismo, vale
decir: el Proyecto Revolucionario.
El entramado teórico, construido desde la visualización de dicho proyecto y
durante los 12 años de Gobierno Bolivariano, ha estado signado por una evolución
programática donde se destacan las siguientes contribuciones:
A comienzo de los años 80 se invocó el Árbol de las Tres Raíces: Bolívar,
Simón Rodríguez y Zamora, que señalaba la necesidad de continuar la bicentenaria
gesta independentista.
En 1996 se propuso la Agenda Alternativa Bolivariana que ofrece una salida
política a la situación imperante y sienta las bases del proyecto de transición.
Al final de los 90, en plena campaña electoral en 1998, se expuso la propuesta
de Hugo Chávez para transformar a Venezuela. En ella se propuso una revolución
pacífica que debía pasar por un proceso constituyente basado en la voluntad
popular.
En septiembre del año 2000 se presentaron ante el país las líneas generales
del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, estructurado en
5 equilibrios: lo económico, lo social, lo político, lo territorial y lo internacional.
Asamblea Nacional 23
/
Para septiembre del año 2007 el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan
Socialista 2007-2013, dio inicio a una nueva etapa. Este Plan estableció siete
directrices: Nueva ética socialista; suprema felicidad social; democracia protagónica
revolucionaria; modelo productivo socialista; nueva geopolítica nacional; Venezuela
potencia energética mundial y nueva geopolítica internacional.
Para el nuevo sexenio de Gobierno, en la pasada campaña presidencial fue
presentada al país la propuesta del Candidato de la Patria, Comandante Hugo
Chávez, para la gestión bolivariana socialista 2013-2019.
En ella se plantean 5 objetivos históricos que señalan el rumbo para profundizar
el camino hacia la construcción de una Venezuela nueva.
A esta direccionalidad programática se le debe sumar la viabilidad necesaria
para que el próximo año el Comandante, acá, el 10 de enero, entregue al país el
Segundo Plan Socialista de la Nación. (Aplausos).
Por ende, dirección, programa y viabilidad plan, contribuyen a crear los límites
dentro de los cuales han de estructurarse los instrumentos presupuestarios para
continuar la gestión de Gobierno.
Con base en lo anterior, el Plan Operativo Anual, el Proyecto de Ley de
Presupuesto Nacional y Ley de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013,
son instrumentos que desarrollan, a niveles más específicos, la direccionalidad
establecida en el Programa de Gobierno, y que, aplicados con criterio de flexibilidad,
podrán ajustarse en función de viabilizar el Segundo Plan Socialista de Venezuela.
Con ello se refuerza la adherencia que debe tener la materia presupuestaria
con sus instrumentos de gestión en la evolución programática del proceso
bolivariano.
Asamblea Nacional 24
/
Nueva institucionalidad financiera bolivariana. Desde el año 2001 Venezuela ha
destinado alrededor de 500 mil millones de dólares a la inversión social a través de
un esquema de financiamiento innovador, diseñado para acometer las inversiones de
acuerdo con las prioridades establecidas por el Gobierno Nacional, esquema éste
distinto al prevaleciente con anterioridad cuando los recursos provenientes de
Petróleos de Venezuela S.A. eran destinados al Banco Central, constituyéndose por
esta vía solamente en reservas internacionales.
Estos recursos estacionados, congelados, fueron direccionados hacia el
bienestar de los venezolanos mediante la nueva institucionalidad financiera
bolivariana, la cual, básicamente, se encuentra estructurada en una serie de fondos
de inversión destinados a colocar recursos monetarios en las áreas de prioridad
estratégica para el desarrollo económico y social.
Algunos fondos que comportan la nueva institucionalidad financiera bolivariana.
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera. El objetivo de este Fondo es crear
instrumentos financieros y de inversión que generen los recursos que serán
destinados al pago de la deuda social derivada de las prestaciones sociales, al igual
que funciona como soporte del régimen prestacional de los trabajadores de la
Administración Pública.
El Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera puede emitir títulos como el
Petrorinoco y demás títulos inmobiliarios, ambos en bolívares, que pueden
negociarse en la Bolsa Pública de Valores.
Dentro de los ingresos de este Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera se
cuentan los siguientes, los que corresponden de conformidad a la Ley de
Presupuesto: los dividendos derivados de las acciones de PDVSA social; el 2,22%
de las empresas mixtas que deben cancelar a la República como ventas especiales;
el 3,3% del valor de los hidrocarburos líquidos extraídos en cualquier yacimiento, que
Asamblea Nacional 25
/
pagan las empresas mixtas por concepto de impuesto de extracción; los que obtenga
de su propia gestión; los que obtenga por operaciones de crédito público y los demás
que determine el Ejecutivo Nacional.
Fondo de Ahorro Popular. Su objetivo es sentar las bases para la promoción del
ahorro nacional mediante mecanismos de inversión, en las cuales pueden participar
cajas y fondos de ahorro, trabajador, trabajadora, empresas y público en general,
vinculados a los sectores del hidrocarburo, petroquímico, minero, construcción,
infraestructura, entre otros, que determine el Ejecutivo Nacional.
Tales mecanismos consisten en ofertar públicamente cuentas en participación
con rendimiento variable, derivados de los dividendos de una porción de las acciones
de las empresas mixtas, y realizar inversiones y ofertar títulos vinculados a los
proyectos en sectores productivos nacionales y los demás que determine el Ejecutivo
Nacional.
Los títulos que emita este Fondo podrán estar denominados en bolívares o
divisas, ser negociados luego de transcurridos 2 años de su emisión y se
garantizarán las condiciones para que sean fácilmente intercambiables en el
mercado secundario de valores.
La fuente de ingresos con los que cuenta el Fondo de Ahorro Popular son los
que corresponden de conformidad a la Ley de Presupuesto: los recursos
provenientes de los dividendos derivados de una porción de las acciones de
Petróleos de Venezuela o sus filiales, así como de las empresas mixtas; los que
obtengan por su participación en los sectores productivos nacionales; los que se
obtengan por su propia gestión; los que se obtengan por operaciones de crédito
público y los demás que determine el Ejecutivo Nacional.
Asamblea Nacional 26
/
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Con la finalidad de asegurar la
liquidez, confiabilidad y oportuno retorno de los recursos monetarios pertenecientes a
los trabajadores y trabajadoras del país, el Gobierno Bolivariano creó el programa del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales como mecanismo de recepción y
administración de los depósitos monetarios relativos a este derecho de los
venezolanos.
Estos recursos podrán ser utilizados por sus beneficiarios bajo la modalidad de
anticipo con fines relacionados a la vivienda, educación y gastos médicos, es decir,
en planes que eleven su calidad de vida.
Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción. El Gobierno Bolivariano creó el
Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción con la finalidad de garantizar la
disponibilidad de los recursos financieros y materiales necesarios para la ejecución
de los proyectos que determine el Ejecutivo Nacional.
Este Fondo tendrá la condición de instrumento de naturaleza especial y
extraordinaria para el cumplimiento de los objetivos vinculados a la política de Estado
establecida por el Presidente de la República, destinados a enfrentar con éxito y
rapidez la crisis de vivienda y otras necesidades vitales que han afectado a nuestros
pueblos como consecuencia del modelo capitalista, explotador y excluyente.
Fondo Especial Ezequiel Zamora: Con el propósito de formalizar y financiar la
Gran Misión AgroVenezuela, se creó el Fondo Especial Ezequiel Zamora con la
finalidad de impulsar la actividad agrícola y agroindustrial nacional, procurando la
soberanía, la autonomía y seguridad alimentaria.
Los recursos del Fondo se basan en los planes y programas especiales,
diseñados y desarrollados por el Ejecutivo Nacional. Este será administrado por el
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras en cuanto a presupuesto y
Asamblea Nacional 27
/
financiamiento, así como a efectos del control fiscal, y jerárquicamente será el
órgano superior de la Gran Misión AgroVenezuela.
De igual manera, los recursos aprobados por dicho ente serán destinados al
otorgamiento de préstamos en efectivo a productos y campesinos, adquisición de
maquinarias, materias primas, útiles y equipos para la producción agrícola, subsidios
directos y otros incentivos al sector.
Fondos.
El Fondén. El tan criticado Fondén. Como parte de la nueva institucionalidad
financiera bolivariana orientada
a mejorar los mecanismos de asignación de los
recursos públicos y posibilitar el crecimiento progresivo de la proporción de los
ingresos petroleros que se destinan a la inversión, Venezuela cuenta con el Fondén y
los fondos constituidos en el marco de los acuerdos con la República Popular China,
que son el Fondo Conjunto Chino-Venezolano y el Fondo Gran Volumen de Largo
Plazo, ambos administrados por el Banco de Desarrollo Económico y Social de
Venezuela.
En el año 2005 se creó el Fondo de Desarrollo Nacional con el propósito de
aprovechar de manera eficiente los recursos en divisas provenientes de los ingresos
petroleros, canalizados directamente por medio de PDVSA e indirectamente a través
del Banco Central de Venezuela.
El Fondén al 7 de septiembre del presente año, ha recibido un total de
99.584,36 millones de dólares y ha asignado la cantidad de 92.250,64 millones de
dólares distribuidos en 442 proyectos. Estas inversiones han sido destinadas
principalmente a los siguientes sectores: 44 proyectos en el sector petrolero y
minería con una inversión de 26.962 millones de dólares; 34 proyectos en el sector
eléctrico con una inversión de 7.065 millones de dólares; 51 proyectos en el sector
Asamblea Nacional 28
/
transporte con una inversión de 8.856 millones de dólares; 52 proyectos en el sector
industrial, con una inversión de 6.377 millones de dólares; 40 proyectos en el sector
de defensa –que a mucho orgullo lo tenemos los venezolanos– con una inversión de
6.012 millones de dólares; 24 proyectos en el sector vivienda con una inversión de
4.776 millones de dólares; 73 proyectos en el sector agrícola con una inversión de
4.022 millones de dólares; 6 proyectos en el sector de educación con una inversión
de 1.458 millones de dólares; 3 proyectos en el sector alimentación con una inversión
de 1.343 millones de dólares; 7 proyectos en el sector salud con una inversión de
1.321 millones de dólares;
22 proyectos en el sector de comunicación con una
inversión de 1.375 millones de dólares; 24 proyectos en el sector ambiente con una
inversión de 995 millones de dólares; 2 proyectos en el sector comercio con una
inversión de 426 millones de dólares; 2 proyectos en el sector turismo con una
inversión de 28 millones de dólares y 2 proyectos en el sector cultura con una
inversión de 13,3 millones de dólares. Ahí está la realidad para quien la quiera ver.
(Aplausos y coreo de consignas).
Fondo Conjunto Chino Venezolano. En noviembre del año 2007 se firmó el
Convenio del Fondo de Financiamiento Chino-Venezolano, con la finalidad de
consolidar los planes de carácter binacional, promover el intercambio comercial y de
inversiones, además de ampliar la cooperación.
Este Acuerdo estableció el aporte conjunto de los recursos, tanto de la
República Popular China a través del Banco de Desarrollo de China, como de la
República Bolivariana de Venezuela por medio del Fondén, y la posibilidad de
renovación futura del Fondo.
Al 14 de septiembre del presente año, el Fondo de Financiamiento Conjunto
Chino-Venezolano ha recibido un total de 23.997 millones de dólares y se han
asignado 23.844 millones de dólares para la ejecución de 201 proyectos. Estas
Asamblea Nacional 29
/
inversiones están destinadas fundamentalmente a los siguientes sectores, óigase
bien, para los que no quieren ver: 7 proyectos en el sector petrolero y minería con
una inversión de 1.513 millones de dólares; 23 proyectos en el sector eléctrico con
una inversión de 3.391 millones de dólares; 52 proyectos en el sector agrícola con
una inversión de 4.055 millones de dólares; 20 proyectos en el sector transporte con
una inversión de 3.814 millones de dólares; 27 proyectos en el sector industrial con
una inversión de 2.192 millones de dólares; 4 proyectos en el sector salud con una
inversión de 772 millones de dólares; 9 proyectos en el sector vivienda con una
inversión de 690 millones de dólares; 7 proyectos en el sector de comunicación con
una inversión de 185 millones de dólares; 2 proyectos en el sector turismo con una
inversión de 162 millones de dólares; 1 proyecto en el sector comercio con una
inversión de 93 millones de dólares; 1 proyecto en el sector de educación con una
inversión 75 millones de dólares; 1 proyecto en el sector ambiente con una inversión
de 66 millones de dólares y todavía falta en la lista. (Aplausos).
Fondo de Financiamiento de Gran Volumen de Largo Plazo. En septiembre del
2009 se creó el Fondo de Gran Volumen de Largo Plazo con la finalidad de
administrar inicialmente una cantidad equivalente a 20 mil millones de dólares. Este
monto fue constituido por el aporte de recursos de 2 tipos de monedas: dólar (10 mil
millones de dólares) y renminbi (70 mil millones).
Al 14 de septiembre del presente año se ha asignado la cantidad de 6.943
millones de dólares y 69.565 de renminbi, para el financiamiento, entre otros, de 40
proyectos en los siguientes sectores: 3 proyectos en el sector petróleo y minería, con
una inversión de 742 millones de dólares y 9.468 millones de renminbi; 5 proyectos
en el sector eléctrico con una inversión de 1.373 millones de dólares y 12.144
millones de renminbi; 5 proyectos en el sector transporte con una inversión de 1.256
millones de dólares y 7.125 millones de renminbi; 4 proyectos en el sector industria
con una inversión de 773 millones de dólares y 6.514 millones de renminbi; 10
proyectos en el sector agrícola con una inversión de 683 millones de dólares y 7.860
Asamblea Nacional 30
/
millones de renminbi; 3 proyectos en el sector de comunicación con una inversión de
657 millones de dólares y 2.064 millones de renminbi; 1 proyecto para atender la
emergencia nacional con una inversión de 466 millones de dólares; 2 proyectos en el
sector salud con una inversión de 8.580 millones de renminbi; 3 proyectos en el
sector comercio con una inversión de 5.943 millones de renminbi; 1 proyecto en el
sector vivienda con una inversión de 3.426 millones de renminbi, y 2 proyectos en el
sector alimentación con una inversión de 821 millones de dólares, ¡y lo que viene en
el próximo Plan de Desarrollo!
Nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. El Plan
de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 previó entre sus directrices un modelo
productivo socialista con el fin de lograr trabajo, seguridad social, universal y solidaria
y los mecanismos institucionales del mercado de trabajo para fortalecer el bienestar
de la clase trabajadora y su avance en lo laboral y económico. Su instrumento
principal es el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras, cuyo objetivo es la protección del proceso social del
trabajo como derecho de los trabajadores y las trabajadoras: generación de empleo,
garantía de las prestaciones sociales, fortalecimiento del ingreso familiar, aumento
del salario por parte del Ejecutivo, incremento del pago de las utilidades,
restablecimiento de las actividades productivas, preservación de la actividad
económica de las empresas privadas y públicas.
Para el cumplimiento de esta Ley se constituyeron estructuras organizativas
que tienen afectación directa en el Presupuesto de la Nación para el período 2013,
por cuanto los objetivos de las mismas consisten en velar por el desarrollo pleno, el
cumplimiento de su contenido y el pago de la deuda laboral del Estado a sus
trabajadoras y trabajadores. Entre tales estructuras están: el Consejo Superior del
Trabajo, que tiene por objeto institucionalizar el diálogo y promover la concertación
económica y social entre las autoridades públicas y las organizaciones de
empleadores
de
trabajadores,
por
lo
que
está
facultado
para
formular
Asamblea Nacional 31
/
recomendaciones sobre la elaboración, conducción y revisión de la política social,
contribuir a la armonía de los factores de producción, propender a la mejor
integración de los aspectos sociales y económicos del desarrollo y desempeñar las
demás funciones que le confiere la Ley de creación del Fondo de Ahorro Nacional de
la Clase Obrera, cuyo objeto es administrar y manejar instrumentos financieros y de
inversión, así como las demás fuentes de recursos necesarios para coadyuvar al
pago de las deudas sociales e históricas del Estado con los trabajadores y
trabajadoras del sector público por concepto de prestaciones sociales; y el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales en cuya implementación tiene una participación
de primer orden la banca pública, de tal manera que se asegure la liquidez,
confiabilidad y el máximo retorno de los recursos para el único beneficio de los
trabajadores y las trabajadoras.
Asimismo, el Presupuesto del año 2013 contiene previsiones presupuestarias
derivadas
de
la
nueva
normativa
laboral,
generadas
de
las
incidencias
presupuestarias, para atender aspectos tan relevantes como las prestaciones
sociales, utilidades, bono vacacional, vacaciones, feriados y descanso, jornada
nocturna y el bono nocturno, entre otros.
En este orden de ideas, la Ley de Presupuesto se contempla entre los
proyectos prioritarios en la ejecución de los pasivos laborales y cualquier otro
beneficio de carácter laboral dentro de la administración pública nacional, estadal y
municipal a fin de dar cumplimiento al pago de las deudas del Estado con sus
trabajadoras y trabajadores y garantizar el bienestar social de los mismos, dada la
importancia del Presupuesto como instrumento para el desarrollo.
Premisas macroeconómicas del nuevo Presupuesto. Dado el contexto de alta
volatilidad de las variables externas se mantiene el criterio de prudencia como
lineamiento estratégico de la política fiscal; por ello el Ejecutivo Nacional estimó para
el Ejercicio Fiscal 2013 un precio promedio de realización de la cesta venezolana de
Asamblea Nacional 32
/
55 dólares el barril, el cual recoge de manera conservadora las expectativas del
mercado internacional de crudo. La eficiente aplicación de acciones de control y
supervisión sobre los precios de la economía permite establecer una meta de
inflación en un rango entre 14% y 16%; el tipo de cambio se mantiene en 4,30 Bs.
El compromiso del Gobierno Bolivariano es seguir avanzando en la
conformación de un orden económico de justicia y equidad, lo que requiere,
inexorablemente, como ya se expresó, de la aplicación de un presupuesto basado en
principios
de
austeridad,
prudencia,
eficiencia,
eficacia,
responsabilidad
y
sustentabilidad, orientado por la visión de superación de la cultura rentística y sus
vicios instalados en la superación del Estado. En tal sentido, la administración
pública nacional habrá de intensificar sus esfuerzos en la aplicación de una
verdadera racionalidad económica socialista.
El proyecto de Ley de Presupuesto del 2013 asciende a 396 mil 400 millones,
396 millones de los viejos, o sea, 396 millardos actuales, lo que implica un
incremento respecto del Presupuesto inicialmente aprobado en el año 2012 de
33,1%.
A continuación se presenta la distribución de los ingresos y gastos del proyecto
de Presupuesto del Año 2013, de este presupuesto de ingresos 300 mil 919 millones
de bolívares corresponden a ingresos ordinarios y 95 mil 487 millones de bolívares al
total de la fuente del financiamiento.
Los ingresos ordinarios constituidos por los recursos de origen petrolero
ascienden a 83 mil 179 millones de bolívares y representan el 21% del presupuesto
de recursos y los ingresos no petroleros ascienden a 217 mil 740 millones de
bolívares y representan un 54,9%. Esta proporción consolida una vez a los ingresos
fiscales no petroleros como la principal fuente de financiamiento del Presupuesto
Nacional. (Aplausos). En este rubro de ingresos se destacan los provenientes de la
Asamblea Nacional 33
/
recaudación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(Seniat), estimados en 205 mil 465 millones de bolívares, mientras que el resto lo
define las telecomunicaciones, la actividad minera, la contribución por impuesto a la
gasolina y derivados y otros.
Por su parte, el presupuesto de gastos alcanza la cantidad de 396 mil 406
millones de bolívares, distribuidos en los rubros siguientes: 187 mil 756 millones de
bolívares en gastos administrables, 88 mil 088 millones de bolívares en gastos
legales, 78 mil 250 millones de bolívares al servicio de la deuda y 42 mil 315 millones
de bolívares en proyectos de endeudamiento.
Ley Especial de Endeudamiento Anual del 2013. Para el proyecto de Ley de
Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal 2013 se han estimado desembolsos por el
orden de los 116 millardos, los cuales corresponden aproximadamente a un 26.44%
de los ingresos presupuestados estimados para el Ejercicio Fiscal 2013.
En el siguiente cuadro se muestra la estructura de dicha Ley con la composición
del presupuesto de recursos que se obtendrán vía endeudamiento. Los recursos
obtenidos vía endeudamiento estarán discriminados de la manera siguiente: por
concepto de servicio de la deuda se estima la realización de operaciones de crédito
público hasta por la cantidad de 33 millardos, estos recursos se destinarán a la
cancelación de intereses, comisiones y amortizaciones de la deuda del Gobierno
central y representan un 28,32 % del total de la Ley de Endeudamiento Anual; por
concepto de desembolsos a proyectos en ejecución se realizarán operaciones de
endeudamiento hasta por la cantidad de 42 millardos y representan un 36,27%; las
operaciones de refinanciamiento autorizadas para el Ejercicio Fiscal 2013 tendrán un
máximo de 21 millardos y representan un 18,28% del total de desembolsos
autorizados en la presente Ley; por concepto de gestión fiscal se realizarán
contrataciones y desembolsos hasta por la cantidad de 20 mil millones de bolívares y
representan un 17,14%.
Asamblea Nacional 34
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Este proyecto de Presupuesto se presenta a las puertas de un nuevo sexenio,
marcado por los cinco objetivos históricos fusionados en un nuevo constructo teórico:
la propuesta que hizo el candidato Comandante Hugo Chávez para la gestión
bolivariana socialista 2013-2019. En ella se ratifican las más elevadas aspiraciones
del pueblo venezolano como fuente de orientación del modelo del país propio,
inédito, que el mismo pueblo está construyendo.
De tal manera que el año 2013 marca el inicio de una nueva etapa en el devenir
político de Venezuela, durante el cual la consolidación y expansión del Poder Popular
junto al ejercicio pleno de la soberanía garantizarán la irreversibilidad del proyecto
bolivariano. Los avances alcanzados durante la última década, especialmente en
cuanto al fortalecimiento del tejido social venezolano, gracias a la política de
inclusión social implementada, constituyen el factor fundamental para impulsar con
más fuerza el desarrollo y diversificación de la economía nacional en el marco de una
relación de producción más justa.
La complejidad de este cometido histórico exige un alto nivel de conciencia
crítica y autocrítica con orientación positiva que, alimentada con el examen objetivo
de la realidad y los aprendizajes obtenidos, conduzca al enriquecimiento del proceso
de transformación.
Los avances en infraestructura han de profundizarse en el próximo sexenio, por
cuanto el desarrollo del modelo productivo para la transición al socialismo exige la
ejecución de planes y proyectos que conduzcan a estructurar territorialmente a
Venezuela, y contribuyan a crear las condiciones materiales para el desarrollo
armónico del país en su conjunto.
Asamblea Nacional 35
/
Esta dinámica de cambio reclama adecuar, paralelamente, los instrumentos y
mecanismos
gubernamentales
de
planificación
y
control,
para
continuar
profundizando la inclusión social y la modernización de la infraestructura física y
productiva de país en un entorno de sostenibilidad fiscal.
La ejecución del Presupuesto y en general de los recursos asignados, demanda
acuciosidad y rigurosidad por parte de todos los servidores públicos, lo cual, por otra
parte, es obligación impuesta no solamente por el aparato jurídico del Estado, sino
por los mismos cambios sociales, la ética y el compromiso con la transformación de
la sociedad venezolana.
El Proyecto de Ley de Presupuesto y el Proyecto de Ley de Endeudamiento
para el Ejercicio Fiscal 2013 fueron formulados sobre esta base y forman parte
integrante de la nueva institucionalidad financiera bolivariana, creada y alimentada
sistemáticamente para responder e impulsar los grandes objetivos nacionales.
Dentro de esta nueva institucionalidad destacan los fondos constituidos para
mejorar la asignación de recursos y proporcionar financiamiento para la inversión
social productiva en infraestructura de servicio, preservando la sostenibilidad fiscal
de la Nación.
La creación y evolución de esta nueva institucionalidad se ha hecho posible, en
primer lugar, gracias al rescate de la renta petrolera a partir de la Ley de
Hidrocarburos del 2001, el desmontaje de la llamada apertura petrolera y las
regulaciones subsiguientes; y en segundo lugar, por el empeño imperturbable del
Gobierno Nacional de usar dicha renta para elevar la calidad de vida de la población
y sus potencialidades, para crear las bases de la infraestructura física y productiva
que sustenten el desarrollo integral de Venezuela.
Asamblea Nacional 36
/
Para concluir, ratificamos que este Presupuesto, el primero del período
presidencial 2013-2019, que hoy se presenta ante el pueblo venezolano y ante esta
honorable Asamblea Nacional, junto a la construcción de la nueva institucionalidad
financiera bolivariana, al igual que los presupuestos anteriores –y con seguridad a lo
futuro– han contribuido, contribuyen y contribuirán al logro de una justa y efectiva
distribución de la riqueza en beneficio de los grandes colectivos nacionales.
Muchas gracias. (Aplausos).
Asamblea Nacional 37
/