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FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT DE COLOMBIA
FESCOL
RETOS DE LA REGIÓN AMAZÓNICA PARA EL DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE. EL ESPACIO DE LA SOCIEDAD CIVIL.
JORGE REINEL PULECIO1 Y HERMINSO PULECIO2
Bogotá, septiembre de 1999.
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Economista, Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: jrpulecio@gmail.com
Ingeniero Forestal, miembro de la Corporación Amazonia Viva. E-mail: herminso.pulecio@gmail.com. El
Historiador Juan Antonio León González, profesor de la Universidad de la Amazonia, elaboró el ensayo
Procesos histórico-sociales y sociedad civil en la Amazonia -Caso Caquetá, el cual se presenta como parte
complementaria del estudio.
JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
Contenido
1. INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................................................3
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AMAZONIA ..............................................................................................4
3. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE REGIONES EN CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN .....................6
4. EL ESTADO EN LA AMAZONIA COLOMBIANA. REALIDAD Y PERSPECTIVAS. ..........................17
5. EL ESPACIO DE LA SOCIEDAD CIVIL ...................................................................................................27
5. 1. LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE REGIÓN AMAZONÍA ........27
5.1.1. La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, OPIAC ..........................29
5.1.2. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA. ........................30
5.1.3. Economía y sentido en los pueblos indígenas de la Amazonia ........................................................32
5.2. LAS MARCHAS CAMPESINAS Y DE COCALEROS EN LA AMAZONIA EN 1996. ....................34
5.3. LAS ASOCIACIONES CAMPESINAS AMBIENTALISTAS .............................................................38
5.3.1. Asociación Municipal de Colonos del Pato, AMCOP. ....................................................................38
5.3.2. Asociación Campesina Ambiental del Lozada-Guayabero, ASCAL-G. .........................................41
5.4. LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL .............................................................................................45
5.5. LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLORENCIA.........................47
6. IGLESIA, EDUCACIÓN, CULTURA Y PARADIGMA IDEOLÓGICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LA REGIÓN AMAZÓNICA ............................................................................................................................47
7. LA COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL ........................................................................................50
8. LA ECONOMÍA REGIONAL AMAZÓNICA EN LA PERSPECTIVA DE LA GLOBALIZACIÓN Y EL
DESARROLLO ENDÓGENO: EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. ...........................................52
9. PROCESOS HISTORICO-SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL EN LA AMAZONIA-CASO CAQUETA(JUAN ANTONIO LEÓN GONGÁLEZ) .........................................................................................................55
10. ANEXOS .....................................................................................................................................................60
ANEXO 1. LA AGENDA DE NEGOCIACIONES DE PAZ GOBIERNO NACIONAL – FARC-EP .......60
ANEXO 2. MUESTRA DE ALGUNOS PROYECTOS E IDEAS DE PROYECTOS EXISTENTES EN
LA REGIÓN AMAZÓNICA, EN LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE.
.......................................................................................................................................................................61
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JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
1. INTRODUCCIÓN
El propósito central del presente estudio es identificar el espacio actual y potencial de la
sociedad civil en la Amazonia con relación a las necesidades de modernización y
profundización democrática de las instituciones gubernamentales, a efectos de lograr una
solución política del conflicto armado prevaleciente, en la perspectiva del desarrollo
humano sostenible.
Para efectos del análisis se eligieron tres municipios de la Amazonia colombiana,
representativos de la diversidad institucional, política y económica regional: Florencia, capital
del departamento del Caquetá, el mayor centro urbano de la región; San Vicente del Caguán,
también en el Caquetá, destacado por los ajustes institucionales y políticos derivados de
pertenecer a la zona acordada por el Gobierno colombiano y las FARC para adelantar los
diálogos de paz, conocida como Zona de Distensión; y Leticia, capital del departamento de
Amazonas, situada sobre la ribera de río Amazonas, en la confluencia fronteriza de Colombia
con Brasil y Perú.
Aunque de la Amazonia colombiana hacen parte 6 departamentos (Amazonas, Caquetá,
Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés), con diversidad de situaciones sociales,
institucionales, políticas y ambientales, el análisis de estos tres municipios es bastante
representativo de dicha diversidad y permite capturar las tendencias fundamentales de la
dinámica regional. La metodología utilizada consistió básicamente en entrevistas guiadas a
un grupo selecto de dirigentes sociales, políticos y gremiales, considerado representativo de
las diferentes lecturas de los conflictos y opciones regionales3.
3
Algunas de las personas entrevistadas y las instituciones a las cuales pertenecen fueron las siguientes: Omar
García, alcalde de San Vicente del Caguán; Comité de Paz de San Vicente (Antonio Roa, Néstor Leonel
Ramírez, Hugo Alberto Hernández, entre otros), Bértil Valderrama, presidente del Comité de Ganaderos de
San Vicente; Joaquín Gómez, comandante de las FARC-EP, miembro de la Comisión de Diálogo con el
Gobierno nacional; Octavio Villa, Coordinador del SIFISAM; Pbro. Carlos Julio Aponte, director de la
Ciudadela Juvenil Amazónica, San Vicente del Caguán; Amparo Rodríguez, presidente Juntas de Acción
Comunal de San Vicente; Raúl Romero, Presidente de la Asociación de Colonos del Pato; Daniel Barrios y
Carlos Castaño, representantes de la Asociación Campesina Ambiental del Losada y Guayabero, ASCAL-G;
Luis Carlos López, vocero de las Marchas Campesinas del Caquetá; Emperatriz Cahuache, presidente de la
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana-OPIAC, Inocencio Falla, Oswaldo
Zafirecuda y Luis Alberto Fiagama, dirigentes de la Organización Uitoto Caquetá-Amazonas-Putumayo,
ORUCAPU; Henry Urquina, presidente de FUNDARCA (ONG); monseñor José Luis Serna, obispo de
Florencia (en el momento de la entrevista obispo de El Líbano); monseñor Luis Augusto Castro, obispo de
San Vicente del Caguán-Puerto Legízamo (en la actualidad, arzobispo de Tunja); monseñor Fabián
Marulanda, obispo de Florencia (cuando la entrevista); monseñor William Ruiz, vicario de Amazonas; pbro.
Leonel Narváez, ex director de SIFISAM; Yesid Camelo, miembro de la Iglesia Metodista; José Duviel
Vásquez, periodista de varios medios en el Caquetá; José Dubán Correa, presidente de la Asociación de
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El análisis aquí presentado, así como las proposiciones interpretativas y sugerencias de
políticas, comprometen exclusivamente a los autores del estudio y no a los entrevistados o a
las instituciones de que hacían parte. Sus informaciones e interpretaciones pueden aparecer
o no en el texto, pero bajo la óptica de los analistas. Los errores y omisiones son
enteramente nuestros.
Los autores aprovechamos para agradecer inmensamente la forma desinteresada, cordial y
constructiva como cada uno de los entrevistados hizo lo posible por revelar sus saberes.
Tanta generosidad es propia de una dirigencia comprometida con la construcción de un
futuro digno para los pueblos de la Amazonia, hasta ahora negado. Igualmente agradecemos
el apoyo de la Friedrich Ebert Stiftung de Colombia, FESCOL, por la financiación parcial del
estudio.
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AMAZONIA
La Amazonia colombiana alcanza a cubrir el 8% de la gran cuenca amazónica continental y
corresponde al 33% del territorio colombiano. No obstante, en 2013 cuenta con 1.068.026
habitantes (según proyecciones del DANE al censo de 2005), 2,26% de la población
nacional. En 1999 aportaba el 1.01% del PIB nacional, sin contar con las estimaciones del
valor agregado creado en los cultivos ilícitos.
El desbalance entre territorio y población es aparente. En realidad todos los espacios
útiles y las tierras más aptas para los cultivos están ocupados. Se presenta una aguda
presión colonizadora sobre los espacios más frágiles del ecosistema, sobre las áreas de
parques nacionales, zonas de reserva forestal y resguardos indígenas. Si se consideran sólo
Institutores del Caquetá, AICA; Gabriel Castañeda, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Florencia; Silvio Muñoz, dirigente de la Asociación de Viviendistas; Octavio de Jesús Ordóñez, presidente de
la ANUC- Caquetá; Carlos Alfonso Peña, secretario general del Fondo Ganadero del Caquetá; Estella
Pacheco, presidente departamental de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Caquetá; Silvio
Rubiano, diputado del Caquetá; Alonso Orozco, diputado y presidente de la Asociación de Usuarios de los
Servicios Públicos de Florencia; Gustavo Navia, director Fundación SOS Amazonas, ex Comisario Especial;
Germán Vallejo, ex Secretario de Planeación del Amazonas y coordinador del proyecto La Beatrice, Leticia;
Mauricio Díaz, director de la Fundación HILEA, Leticia; Jaime Restrepo, economista, Leticia; Milton García,
director ejecutivo Cámara de Comercio de Leticia; Belisario Macías, gerente regional del Incora, Amazonas;
Mirsa Barbosa, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Amazonas; María Cristina
Erazo, directora Fundación Delfín Rosado, representante ONGs ambientalistas en Corpoamazonia; Elaise
Cuao, biólogo, profesor INEM, Leticia; Edwin Urbano, director regional Corpoamazonia, Leticia; Alvaro
Delgado, investigador, entre otros. A todos ellos los autores expresamos los agradecimientos más rendidos.
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las riberas de los ríos y caños, y la zona del piedemonte de la Cordillera Oriental, la región
presenta una densidad poblacional cercana al promedio nacional.
“De los 53 millones de hectáreas de bosques de Colombia, el 61% pertenecen a la
Amazonia. La región posee la mayor reserva ecológica del país, con 70% de los
bosques no intervenidos, de los cuales 25 millones de hectáreas se encuentran
protegidas bajo las figuras legales de resguardos o parque nacionales y el resto
bajo reserva forestal”4.
Desde los años ochenta, el 45% de la Amazonia ha sido devuelta legalmente a las
comunidades indígenas en forma de resguardos (77 en total), es decir, áreas “de
propiedad colectiva, no enajenable, inalienable, imprescriptible e inembargable”, según
mandato de la Constitución de 19915. Así pues, los 80.000 indígenas de la región,
pertenecientes a 59 grupos étnicos, han recuperado parte del protagonismo y
responsabilidad social que les corresponde en la dinámica regional.
La Amazonia colombiana ha tenido una vinculación marginal a la dinámica económica
nacional, básicamente reducida a ciclos de extracción de productos de la selva (caucho,
resinas, balata, quina, maderas, pieles, peces ornamentales, etc.) y del subsuelo (petróleo,
oro, coltán). A partir de los años 50 y 60, a raíz de las migraciones causadas por la
Violencia liberal-conservadora, la región ha sido objeto de varios ciclos de colonización
espontánea y orientada, produciéndose la ocupación permanente que presenta en la
actualidad6. Con la colonización vino un ciclo de explotación productiva, basado en
ganadería, arroz, maíz, plátano, cacao, yuca, café, caña panelera, caucho, palma africana,
frutales, en fin, cultivos de economía campesina, ciclo que entró en franco deterioro en
los años ochenta, a raíz del desmonte de las políticas gubernamentales de apoyo a la
economía campesina, a la aparición del ciclo de los cultivos ilícitos (marihuana, de forma
marginal, luego coca y en menor medida amapola) desde finales de los setenta, y a la
dinámica de los conflictos sociales y político-militares7.
4
Departamento Nacional de Planeación, Documento DNP-2545-UDT, agosto de 1991.
SMITH, Richard Chase (1995), Amazonia: Economía indígena y mercado : Los desafíos del desarrollo
autónomo, COICA – OXFAM América, Lima (pg. 117). El Decreto 2001 de 1988, define legalmente
resguardo como “una institución legal y socio-política de carácter especial, conformado por una comunidad o
parcialidad indígena que, con un título de propiedad comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo
de éste y de su vida interna por una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones
culturales”.
6
Ver más adelante el ensayo de Juan Antonio León.
7
Ver al respecto, PULECIO, Jorge Reinel (1981), Aspectos socioeconómicos de la colonización del Caquetá,
Tesis de Grado, FCE, Universidad Nacional de Colombia.
5
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En la actualidad, la Amazonia es conocida por la opinión pública nacional como asociada al
nivel alcanzado por las confrontaciones sociales (por ejemplo, las marchas campesinas de
1996); por las acciones militares de la guerrilla, los paramilitares y el ejército nacional; por
el boom de la economía de la coca y, también; porque en su territorio tienen lugar las
negociaciones de paz entre el Gobierno nacional y las FARC.
No obstante lo anterior, la verdadera importancia estratégica de la Amazonia es
desconocida por el grueso de la nación colombiana. Gracias a su oferta ambiental, y a la
existente en el Chocó biogeográfico, Colombia es el segundo país más rico en
biodiversidad en el planeta. La cuenca amazónica es vital para regular el ciclo hídrico
global dado que aporta el 17% del agua dulce del planeta. El mantenimiento de la biomasa
de la selva húmeda es decisivo en la regulación térmica del planeta. El banco de
germoplasma amazónico, básicamente desconocido en sus usos potenciales, puede ser la
base de la industria de alimentos ecológicamente sanos, la farmacopea, la medicina y la
cosmetología del siglo XXI, basados en la química fina y los desarrollos de la genética (ver
más adelante el acápite 5.8).
Pero la mayor riqueza de la Amazonia está conformada por los saberes culturales de los
pueblos amerindios, los cuales cumplen diez mil años de ocupación, aprovechamiento,
conocimiento y (re)creación humana sobre la cuenca. Más recientemente, la dura
experiencia social de la colonización por parte de migrantes andinos y de otras regiones, a
pesar de los errores y fracasos del proceso, comienza a generar también un
conocimiento/reconocimiento digno de valoración.
En suma, como ha sido expresamente reconocido por la academia y por las agencias
internacionales, incluyendo al Pentágono, la Amazonia es vital para la seguridad ambiental
global. También lo es para los intereses competitivos de las empresas transnacionales. Por
eso, el desconocimiento nacional de su importancia estratégica es inversamente
proporcional a su reconocimiento por parte de la comunidad internacional.
3. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE REGIONES EN CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN
En este estudio partimos de formular, como hipótesis central, que la Amazonia
colombiana es un proyecto incipiente de región, el cual se construye en condiciones muy
adversas dados los fenómenos simultáneos de fragilidad estructural de su sociedad civil,
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escasa legitimidad del Estado nacional, emergencia de poderes estatales alternos (en el
caso de las FARC), crisis del modelo de economía de colonización productiva y
consolidación de una economía rentista-especulativa y, no menos importante, dadas las
condiciones que impone la globalización para la competitividad sistémica de las
regiones. En este contexto, además, se han constituido actores de poder armado,
estatales, paraestatales, contraestatales y privados (mafias o simple delincuencia
común), que crean un clima de inestabilidad e incertidumbre sobre el proyecto de futuro
a construir. No obstante, la sociedad civil regional actúa de forma creativa
(re)construyendo el tejido social, fundando opciones de desarrollo humano sostenible y
de empoderamiento comunitario local. Ese es el capital social fundamental de la
Amazonia.
La sustentación de esta hipótesis se realiza en el conjunto del presente estudio. En este
acápite tratamos de presentar, de forma muy condensada, algunos elementos analíticos
sobre la estrategia de construcción social de regiones que pueden ser utilizados para
analizar las condiciones particulares de la Amazonia colombiana.
1. Desde la Constitución de 1991, formalmente, Colombia es una República unitaria8,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, participativa y
pluralista, esto es, el Estado reconoce la naturaleza pluriétnica y pluricultural de la
nación colombiana. En la práctica, estos avances constitucionales han tenido pocos,
aunque significativos, desarrollos legales e institucionales, pero son más frágiles aún
los resultados políticos y sociales9. En ambos sentidos, legal-institucional y de cultura
política, tienen una inmensa tarea inconclusa el Estado y la sociedad colombiana.
2. La construcción social de regiones tiene sentido dentro de una estrategia de contribuir
al proceso, inconcluso aún, de construcción de la nación colombiana, a partir del
aprovechamiento creativo de la diversidad espacial, ambiental, cultural, étnica e
institucional de la nación. La diversidad es puesta, entonces, como un activo
fundamental que hace a la naturaleza de la sociedad colombiana, decisivo para
potenciar el desarrollo nacional. En esta perspectiva, todo proyecto de
homogenización política, cultural, institucional (inclusive, de normatividad legal),
8
Más precisamente, “no es la vieja concepción de unidad como sinónimo de centralismo (...). Esta es la razón
para fortalecer la unidad desde la diversidad, mediante el reconocimiento de la variedad biológica, jurídica,
política, territorial, religiosa”. Cf. Corte Constitucional, sentencia C-478 de 1992. Citado por CORREA,
Néstor Raúl (1999), en Bases constitucionales del ordenamiento territorial, mimeo, Fescol.
9
Ver, entre otros, ROMERO, Marco Alberto (1999), Descentralización: territorio en conflicto, mimeo,
Fescol.
7
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ambiental, etc., implica exclusión, desaprovechamiento de inmensos recursos y
potencialidades nacionales y, es urgente reconocerlo, conduce a una negación
violenta de la naturaleza diversa de la nación.
De aquí se sigue que un propósito explícito de los actores sociales, comprometidos con
la construcción social de regiones, debe ser, primero, la identificación y el
reconocimiento objetivo de las especificidades locales y regionales que caracterizan la
diversidad. Luego, la reivindicación social, cultural y política de las especificidades que
definen dicha diversidad.
En este propósito la escuela (en los diferentes niveles), las políticas públicas (y las
instituciones que las agencian), y los medios de comunicación de masas, o más
precisamente, la forma como éstos operan, instrumentalizan y difunden la
información, para favorecer o restringir la consolidación de una cultura de la
diversidad, entre otras instancias de poder y construcción de consensos, deben ser los
centros de atención de los actores sociales.
De forma más explícita, se trata de actuar sobre la escuela (en sus currículos, prácticas
pedagógicas, etc.); sobre la definición de las políticas públicas; sobre el carácter de las
instituciones estatales, representativo o no de la diversidad política y cultural local,
regional y nacional; y sobre la generación, selección, transmisión y uso de la
información de consumo masivo para construir de forma colectiva una cultura de la
diversidad.
El accionar propuesto es, de principio, conflictivo y conflictuante, por cuanto implica
cuestionar los saberes, la cultura y la práctica política dominantes, basadas en la
homogenización y la exclusión (o, la inclusión selectiva)10, para lo cual las élites
dominantes recurren a su poder económico y social, y al poder coercitivo del Estado.
10
Como quedó dicho, la Constitución de 1991 avanzó de manera sustantiva en el reconocimiento de los
derechos de las minorías tradicionalmente excluidas, ya sea por su condición social, étnica, de género, de
credo y confesión, entre otras. A pesar de algunos vacíos jurídicos subsistentes, como por ejemplo la escasa
representación política de las regiones marginadas (lo cual llevó a que para el período legislativo 1998-2002
no hubiera sido nombrado ni un solo Senador de la República por alguno de los 10 departamentos que
conforman la Amazonia y la Orinoquia), el problema fundamental es la distancia entre el reconocimiento
formal, constitucional y legal, y la capacidad social e institucional de hacer valederos los derechos
proclamados. Ese es el tema de las transformaciones económicas, sociales y políticas históricamente
frustradas.
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3. El conocimiento (reconocimiento) social de lo específico de cada localidad, de cada
región, y luego sí de la nación (de lo nacional) por parte de todos o la mayoría de los
individuos miembros de la comunidad, permite la aparición del sentimiento colectivo
de pertenencia, de arraigo, de amor a lo propio. Sólo cuando los miembros de la
comunidad se apropian de un sentimiento/conocimiento común de pertenencia, de
historia compartida, de lugares comunes en el imaginario colectivo11 y, finalmente,
de un proyecto de futuro común, aparece el interés público.
La existencia, y más precisamente, el reconocimiento explícito por parte de los
miembros de la comunidad de la existencia de un interés público, más allá del interés
primario individual, es lo que explica y legitima al Estado, sea éste democrático o
autocrático.
En un régimen autocrático el Estado monopoliza la “defensa” de lo público. Los
regímenes democráticos, por el contrario, reconocen la existencia legítima de redes
de solidaridad no estatales que defienden el interés público. A esas redes de
solidaridad convenimos en llamarlas sociedad civil12.
Pues bien, en una perspectiva regional y democrática, se trata de contribuir al
conocimiento/reconocimiento, por parte de cada uno de los miembros de la comunidad,
de los intereses públicos locales y regionales. Ese debe ser el propósito de las políticas
estatales nacionales, si se reclaman democráticas. Ese debe ser también el propósito de la
sociedad civil regional.
4. Cabe destacar que no se trata sólo de conocimiento/reconocimiento de ese interés
público. Se trata también de la construcción social del mismo.
11
Esos lugares comunes no son solo simbólicos, sino también definidos espacialmente, localmente. El amor al
paisaje, al entorno físico, al urbanismo del barrio, en fin, al nicho vital que da cuenta del primer contacto con
la naturaleza y el mundo, ese amor primigenio es un referente insustituible en la condición humana. Si a esto
agregamos el hecho de la lengua materna, es claro, estamos frente al legado cultural de la condición local,
regional y/o nacional.
12
Recomendamos leer al respecto el sugerente texto de John Sudarsky (1998), El capital social en
Colombia. La medición nacional con el ABARCAS, DNP, aún sin publicar. Ver también, BEJARANO,
Jesús (1999), El papel de la sociedad civil en el proceso de paz, en LOS LABERINTOS DE LA GUERRA.
UTOPÍAS E INCERTIDUMBRES SOBRE LA PAZ, Francisco LEAL, (ed.), TM. Editores-Universidad de
los Andes y; BOBBIO, Norberto (1997, 1985), Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la
política, FCE, México.
9
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Ahora bien, el conocimiento de lo público no es meramente un acto teórico o
académico, sino, ante todo, un proceso político, es decir de la práctica social. Por eso
la sociedad civil regional no es, no puede ser, un actor apolítico, ajeno a la definición
conflictiva de los intereses colectivos.
Al respecto, pueden destacarse dos de los problemas que, entre muchos otros,
enfrentan los actores sociales regionales: primero, que el espacio político institucional
aparece como plenamente copado por los partidos políticos tradicionales, con sus
redes clientelares, mediatizando el interés ciudadano frente al Estado. Aquí, las
opciones más comunes son la cooptación o el desestimiento, ambas frustrantes de un
legítimo desarrollo de la sociedad civil. Una tercera opción es la confrontación radicar,
la cual, como veremos en el caso de la Amazonia, fracasó por la vía de la legitimidad y
terminó siendo copada por la vía insurreccional.
El segundo problema, de más reciente consolidación en varios espacios regionales, es
la aparición de actores armados que reclaman ellos, de forma excluyente, la
determinación del interés público por fuera de la institucionalidad formal. Se trata del
poder local y regional alcanzado por los movimientos guerrilleros y, en forma
confrontacional, del poder local y regional de los grupos paramilitares.
La proposición que podemos sugerir es que, dadas las condiciones de escasa
legitimidad del Estado nacional colombiano y las particularidades adoptadas por el
conflicto armado, en especial su evolución como un conflicto por el poder territorial,
las organizaciones armadas (en el caso de la Amazonia, las FARC) han pasado a actuar
como Estados de hecho o paraestados. En contextos de agudización del conflicto, o
por la misma naturaleza política de algunos de los grupos de poder armado, estos
paraestados actúan de forma autocrática, monopolizando la definición y defensa del
interés público local y regional, es decir, excluyendo a la sociedad civil. Pero ese
accionar autocrático no es lineal, permanente e irreductible, como puede demostrarse
en algunos casos de la región que estudiaremos.
Algunos grupos políticos y movimientos insurgentes niegan de plano la existencia o la
importancia política de la sociedad civil. Al contrario, reclaman apenas una distinción
formal entre población civil y población militar, entendida esta última como ejército
regular, guerrilla y paramilitares.
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En principio, el interés en desconocer a la sociedad civil deviene del propósito de
cuestionar la legitimidad de la representatividad de algunos autoproclamados voceros
de la sociedad civil, como por ejemplo en el caso de los dirigentes gremiales, sociales y
hasta gubernamentales (del Estado) que conformaron el “Grupo de Maguncia” en las
conversaciones con el ELN. En efecto, la coalición de intereses allí representada fue la
expresión de conveniencias tácticas de diversos grupos sociales, en torno a la paz.
Aunque no es posible reducir la sociedad civil a los voceros de los gremios, el grupo en
referencia puede ser un actor importante en la construcción de un interés público: la
solución política al conflicto armado. Definido así el interés público, éste puede ser
defendido por las redes de solidaridad ciudadana, es decir por la sociedad civil. Pero
claro, el proceso de definición de lo público no puede confundirse con la propia
naturaleza de la sociedad civil.
Tenemos pues que existe un doble peligro: o bien, que la sociedad civil sea
desconocida porque diferentes actores sociales, como los grupos armados, no
comparten la táctica política de algunos sectores sociales; o bien que la propia
sociedad civil, dada su fragilidad en un régimen de democracia formal, sea fácilmente
suplantada por organizaciones de intereses espurios como el de Maguncia. De aquí no
se sigue que la sociedad civil no exista. Sólo que puede ser asaltada por sirios y
troyanos13.
5. Un tema concomitante a considerar es la construcción de la identidad. Para tal efecto
proponemos seguir en extenso a Castells: “Por identidad, en lo referente a los actores
sociales, entiendo el proceso de construcción de sentido atendiendo a un atributo
cultural, o a un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad
sobre el resto de las fuentes de sentido”. (...) “Las identidades (que) pueden originarse
en las instituciones dominantes, sólo se convierten en tales si los actores sociales las
interiorizan y construyen su sentido en torno a esta interiorización”. (...) “Defino
13
Una argumentación más radical contra el concepto político de la sociedad civil proviene de la tradición
marxista, en su versión ortodoxa, según la cual la estructura económica sobredetermina a la superestructura
política, los niveles del Estado, la ideología y la cultura. En esas condiciones, las contradicciones de clase,
entre burguesía y proletariado, localizadas en la base económica de la sociedad, determinan las demás
contradicciones, digamos secundarias, en el ámbito de la superestructura.
De forma alternativa, la tradición marxista gramsciana pone a la sociedad civil en el espacio de la
superestructura, donde, sin confundirla con el Estado, juega papel protagónico en la definición de la ideología
y la construcción de los consensos. “Gramsci llama sociedad civil a la esfera en la cual actúan los aparatos
ideológicos cuya tarea es la de ejercer la hegemonía, de obtener el consenso. (...) Para representar la
contraposición entre sociedad civil y Estado (Gamsci) se sirve de (las) parejas: consenso/fuerza,
persuasión/coerción, moral/política, hegemonía/dictadura, dirección/dominio”. BOBBIO, Norberto (1997),
Estado, Gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política. FCE, quinta reimpresión, México; pgs. 49
ss.
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sentido como la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su
acción”. (...)
“Desde una perspectiva sociológica, todas las identidades son construidas. Lo esencial
es cómo, desde qué, por quién y para qué. La construcción de las identidades utiliza
materiales de la historia, la geografía, la biología, las instituciones productivas y
reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y
las revelaciones religiosas”. (...) “Propongo como hipótesis que, en términos generales,
quién construye la identidad colectiva, y para qué, determina en buena medida su
contenido simbólico y su sentido para quienes se identifican con ella o se colocan
fuera de ella. (Subrayado fuera de texto). Puesto que la construcción social de la
identidad siempre tiene lugar en un contexto marcado por las relaciones de poder,
propongo una distinción entre tres formas y orígenes de la construcción de la
identidad: identidad legitimadora; (...) identidad resistencia; (...) identidad proyecto”.
(...)
“Naturalmente, las identidades que comienzan como resistencia pueden inducir
proyectos y, también, con el transcurrir de la historia, convertirse en dominantes en
las instituciones de la sociedad, con lo cual se vuelven identidades legitimadoras para
racionalizar su dominio”. (...)
“En la concepción de Gramsci, la sociedad civil está formada por una serie de
“aparatos”, como la(s) Iglesias(s), los sindicatos, los partidos, las cooperativas, las
asociaciones cívicas, etc., que, por una parte, prolongan la dinámica del Estado, pero
por otra, están profundamente arraigados entre la gente. Precisamente este doble
carácter de la sociedad civil es el que la hace un terreno privilegiado para el cambio
político al posibilitar la toma del Estado sin lanzar un asalto directo y violento. La
conquista del Estado por las fuerzas del cambio (digamos las fuerzas del socialismo
en la ideología de Gramsci), presentes en la sociedad civil, se hace posible,
precisamente, por la continuidad que existe entre las instituciones de la sociedad civil
y los aparatos de poder del Estado, organizados en torno a una identidad similar
(ciudadanía, democracia, politización del cambio social, restricción del poder al Estado
y sus ramificaciones, y demás).”14
14
CASTELLS, Manuel (1999), La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Siglo XXI
Editores, México, Volumen II, El poder de la identidad, pgs 28-31, .
12
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Visto lo anterior, la tarea que debe ser emprendida, y en la cual queremos poner un
grano de arena con esta investigación, es identificar cómo el Estado nacional, los
movimientos insurreccionales y las diferentes instancias de la sociedad civil
interactúan en la Amazonia para construir socialmente el sentido de identidad
regional. Este no es, todavía, un cometido explícito, consciente, de todos los actores
sociales regionales. Pero objetivamente, según lo demuestra esta indagación, por
múltiples factores endógenos y exógenos la historia regional se orienta hacia la
construcción social y política de la región amazónica.
6. Veamos ahora algunos aspectos del contexto mundial en el cual aparece el reto de
construir socialmente la región amazónica colombiana. Según Castells: “En las dos
últimas décadas, ha surgido una nueva economía a escala mundial. La denomino
informacional y global para identificar sus rasgos fundamentales y distintivos, y para
destacar que están entrelazados. Es informacional porque la productividad y
competitividad de los agentes de esta economía (ya sean empresas, regiones o
naciones) depende fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y
aplicar con eficiencia la información basada en el conocimiento. Es global porque la
producción, el consumo y la circulación, así como sus componentes (capital, mano de
obra, materias primas, gestión, información, tecnología, mercados), están organizados
a escala global, bien de forma directa, bien mediante una red de vínculos entre los
agentes económicos. (...) Y ha surgido en el último cuarto del siglo XX porque la
revolución de la tecnología de la información proporciona la base material
indispensable para una nueva economía” (Castells: 93, Vol. I).
En una perspectiva más amplia, la globalización no es sólo un período del capitalismo
donde las empresas (y las localidades, las regiones, las naciones) compiten a partir de
la capacidad de endogenizar las nuevas tecnologías, basadas en conocimiento, como
dice Castells, y los nuevos materiales, sino que compiten, también, a partir de la
capacidad de atraer/concentrar capital productivo15. Por eso, las localidades, las
15
Para una lectura más amplia sobre globalización sugerimos consultar, entre otros, CHESNAIS, Francois
(1995), A globalizacao e o curso do capitalismo de fim-de-século, en ECONOMIA E SOCIEDADE, No 5,
UNICAMP, Campinas; FERREIRA, Maria Nazareth y colaboradores (1995), Globalizacao e identidade
cultural na América Latina, Centro de Estudios Latino-americanos, Sao Paulo; GARAY, Lui Jorge (1999),
Globalización y crisis. ¿Hegemonía o corresponsabilidad?, TM Editores – Colciencias, Bogotá;
KRUGMAN, Paul R. (1999), De vuelta a la economía de la Gran Depresión, Norma, Bogotá; PULECIO,
Jorge Reinel (1999), Las regiones de frontera en Colombia ante la integración y la globalización,
Fundación Konrad Adenauer – Universidad Javeriana, Bogotá; PULECIO, J. R. (1995), Del GATT a la
OMC. Los cambios en el orden económico internacional, publicado en Colombia ante la Organización
Mundial de Comercio, FESCOL, Bogotá.
13
JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
regiones y las naciones compiten entre sí por brindar las mejores opciones de
competitividad sistémica, valga decir, a partir de la forma compleja como se
articulan sus ofertas ambientales y de recursos naturales, de capital físico
(infraestructura), capital social (Sudarsky, 1998), humano e institucional (North,
1995).
En este sentido, las condiciones históricas que hacen posible la emergencia y
consolidación competitiva de una localidad o región, en la época de la globalización,
están mediadas por las referidas condiciones de competitividad sistémica. Por eso la
globalización, o mundialización como prefieren decir los franceses, es un proceso de
articulación excluyente, selectivo, de las diferentes localidades y regiones a la
dinámica global. En los países del Sur, la articulación subordinada de algunas regiones
o sectores productivos está definida por el hecho de que las fuentes del conocimiento
y la información siguen siendo posesión exclusiva de los grandes capitales en el Norte.
Aún así, las regiones más excluidas y marginadas de la dinámica global no se salvan del
proceso. Al contrario, son víctimas de la fragmentación y desintegración nacional en
los ámbitos económico (Garay, 1999), político y cultural (Ferreira, 1995).
Esto último porque, en contexto de globalización, los Estados nacionales aunque no
desaparecen sí cambian sustancialmente sus funciones. Veamos: un aspecto
fundamental de la globalización, no destacado por todos los autores, es que en este
período el capital financiero conduce la lógica de valorización del capital a escala
global, facilitado también por los desarrollos tecnológicos de la informática, las
telecomunicaciones, los transportes (Castells, 1999; Chesnais, 1995). Por eso los otros
capitales, productivos y comerciales, en esta etapa del capitalismo, han sido
subsumidos por la lógica de valorización financiera, especulativa, a nivel mundial.
Dos conclusiones pueden ser derivadas: i) los ciclos del capital no pueden ser
regulados a escala nacional, como era la ilusión de las políticas económicas nacionales
(por eso las políticas keynesianas han sido desplazadas por las políticas neoliberales), y
ii) los Estados nacionales han perdido, en lo fundamental, aunque se resistan, la
capacidad de hacer política industrial (sectorial) y política social, la cual se transfiere a
los entes reguladores del sistema financiero internacional, digamos FMI, BIRF, BID, etc.
Un solo ejemplo al canto: los fondos de pensiones, la deuda externa y la deuda con el
sector financiero interno, copan los recursos que antes los Estado podían dedicar a
hacer política productiva, social o de equidad entre las regiones. Esos recursos, en
forma líquida, están al servicio de la valorización financiera. Esto se expresa
14
JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
críticamente en el conflicto colombiano asociado al déficit fiscal y las transferencias
pactadas constitucionalmente para las regiones.
7. Las regiones se construyen social e históricamente, aunque en ocasiones surgen a
partir de alguna realidad jurídica, como en el caso de las regiones decretadas por
Pinochet en Chile. A su vez, el ordenamiento territorial es un proceso complejo en el
cual, a partir de las dotaciones físicas, geográficas y ambientales, la sociedad
construye un particular uso y ocupación del espacio. Pero quién determina, en la
sociedad, el tipo de uso, aprovechamiento y ocupación espacial? En nuestra época,
este proceso es la resultante compleja de la dinámica del capital (los diferentes
capitales, productivo, comercial, financiero); el tipo de intervención/regulación del
Estado; y de la capacidad de intervención (resistencia, creación) de las diferentes
instancias de la sociedad civil, en tanto constructoras/defensoras del interés público.
En consecuencia, identificar las tendencias objetivas del ordenamiento territorial en la
Amazonia colombiana, clave en el proceso de construcción social de la región, implica:
i)
Reconocer la dinámica de los diferentes capitales actuantes históricamente
sobre la región (ciclo del capital extractivo de recursos de la selva, incluyendo
la mano de obra indígena, y de los recursos del subsuelo; ciclo de la economía
productiva de colonización; ciclo de la economía especulativa, de cultivos
ilícitos y otras rentas, como rentas estatales; y el ciclo, en desarrollo pero aún
no plenamente identificado, de aprovechamiento globalizado de la oferta
ambiental y cultural de la Amazonia). Ver también la sobreposición espacial,
económica y cultural de estos ciclos del capital, y en relación a la lógica del
capitalismo globalizado. En suma, se trata de entender la forma como el capital
intenta ordenar el territorio y la sociedad amazonense, conforme los intereses
de su valorización.
ii)
Identificar la naturaleza las diferentes intervenciones del Estado nacional en
la Amazonia para construir legitimidades, soberanía, para regular la
competencia
de
los
capitales
(nacionales/internacionales,
productivos/especulativos) y para garantizar/construir los intereses
colectivos. En este sentido parece importante entender los adecuamientos
institucionales emergentes a partir de la Constitución de 1991, y los
resultantes de la agudización del conflicto político militar con la guerrilla.
Igual, los adecuamientos originados en los compromisos de negociación entre
el Gobierno nacional y la FARC. Más aún, según nuestra hipótesis de
construcción de un poder estatal alterno en cabeza de las FARC, debe
15
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iii)
HERMINSO PULECIO
identificarse la forma como esta institución construye legitimidades, regula
capitales, garantiza/construye interés público. Todo esto en relación a la
construcción social de la región amazónica y el tipo de ordenamiento territorial
en marcha.
Se requiere, en adición, reconocer las tendencias fundamentales de
construcción de la sociedad civil en la Amazonia. Este es el aspecto menos
estudiado hasta el momento. Aún así, dado que las sociedad civil existe no
sólo en relación a la construcción social de la región, sino en relación a
diferentes solidaridades e intereses públicos, frente al Estado, al mercado, los
capitales, etc., lo importante es capturar la actitud de la sociedad civil frente a
la posibilidad (potencia) de emergencia de la región como realidad
económica, política e institucional: los espacios de la resistencia y la creación.
Para los efectos del presente estudio, en una perspectiva de largo plazo, se
trata de identificar el tipo de proyectos productivos y sociales, generados en las
comunidades locales, que contribuyen al empoderamiento de las mismas, en
una perspectiva de desarrollo humano sostenible y con una base territorial
amazónica.
Podemos concluir este acápite con palabras de Boisier:
“Construir socialmente una región es algo que debe hacerse desde y con la
incipiente sociedad regional, toda vez que este proceso significa potenciar su
capacidad de auto-organización, transformando una comunidad inanimada,
segmentada por intereses sectoriales, poco perceptiva de su identificación
territorial y en definitiva, pasiva, en otra, organizada, cohesionada, consciente de la
identidad sociedad-región, capaz de movilizarse tras proyectos colectivos, es decir,
capaz de transformarse en sujeto de su propio desarrollo.
Este proceso de construcción regional se apoya a su turno en la puesta en práctica
de dos proyectos: un proyecto político regional, producto de la cohesión y
movilización, y un proyecto cultural regional, producto de la percepción colectiva
de identidad”16
16
Citado por Guillermo Bonilla (1999) en Análisis comparativo de experiencias locales de desarrollo
económico, FESCOL, mimeo. Este lo tomó de Cooperamos-Iguaima, El Futuro Posible, 1996, pg.21.
16
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HERMINSO PULECIO
En lo que sigue se presentan, de forma muy condensada, algunas conclusiones analíticas
del estudio realizado, las cuales tienden a probar la hipótesis central del trabajo, teniendo
en consideración los elementos analíticos hasta aquí expuestos17.
4. EL ESTADO EN LA AMAZONIA COLOMBIANA. REALIDAD Y PERSPECTIVAS.
Durante el siglo XX, el Estado colombiano ejerció soberanía en el territorio de la Amazonia
fundamentalmente expresada en la protección de las fronteras nacionales. Para tal efecto,
a partir ya de los años 50, creó instituciones del orden nacional, centralizadas, que
gestionaron inversiones en infraestructura social y productiva básicas para mantener la
presencia nacional en los territorios de fronteras. A este cometido respondieron las
políticas y programas del Departamento Administrativo de Intendencias y ComisaríasDAINCO, la Cooperativa de Intendencias y Comisarías-COINCO y la Dirección General de
Indígenas y Desarrollo de la Comunidad-DIGIDEC, dependientes del entonces Ministerio
de Gobierno, la Secretaría General de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores,
los institutos “descentralizados” y dependencias de los demás ministerios. INDERENA,
SENA, ICEL, ICBF, IDEMA, INCORA, Caminos Vecinales, entre otras entidades del orden
nacional, fueron los instrumentos de gestión centralizada de las políticas nacionales en la
región. (Un análisis aparte merece la abultada presencia militar en la región, explicada
entonces por los hechos del “conflicto con el Perú”).
El signo común a todas estas entidades fue siempre la definición de las políticas, planes y
programas de Estado, así como el control y la propia ejecución de los mismos, en el nivel
central, en Bogotá. Los gobiernos locales y regionales dependían verticalmente del
ejecutivo nacional. Gobernadores (Caquetá fue erigido en Departamento en 1979),
intendentes, comisarios especiales (en Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés), alcaldes,
corregidores e inspectores, todos eran nombrados por el ejecutivo y respondían a
jerarquías que se iniciaban en el presidente de la República.
El modelo burocrático centralizado de gestión gubernamental en la Amazonia fue eficiente
a los intereses nacionales así definidos (en el orden central), especialmente al
mantenimiento de la soberanía nacional en las fronteras. También fue funcional al modelo
de desarrollo económico proteccionista, digamos cepalino, orientado al fortalecimiento
industrial en las zonas más dinámicas de la economía nacional, en los grandes centros
17
Por razones de tiempo y de recursos, no se alcanza a presentar el total de la información obtenida en el
trabajo de campo, solo los aspectos más relevantes para los objetivos del estudio.
17
JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
urbanos. En dicho modelo, la región amazónica cumplió un papel de periferia interna,
tributaria de algunos productos agrícolas y pecuarios, materias primas no elaboradas y del
subsuelo (petróleo), pero, sobre todo, de espacio regional al cual se podían seguir
expulsando los excedentes de mano de obra que dejaba la industrialización del campo en
el interior del país (agricultura comercial) y la propia industrialización urbana. Esta, como
lo demuestra Kalmanovitz, es una industrialización típica del capitalismo tardío, que
genera un excedente estructural de mano de obra, pauperización salarial y desarraigo
urbano18.
En este contexto se producen los diferentes ciclos de colonización y asentamientos
humanos urbanos en la Amazonia, desde los años cincuenta hasta los años ochenta.
Podemos denominar este período como el ciclo de la colonización productiva, para
diferenciarlo del anterior ciclo extractivo, anterior a los años cincuenta (ver más adelante
el ensayo de Juan Antonio León)19 y del ciclo rentístico especulativo iniciado en los años
ochenta.
Este modelo de gestión del Estado se hizo insuficiente (ineficiente siempre lo fue) desde
los años setenta, pero hizo crisis en los ochenta.
Las causas de la crisis del modelo de Estado desarrollado en la región están asociadas,
claro está, a la propia crisis política nacional, al agotamiento y cambio del modelo de
desarrollo de sustitución de importaciones y promoción selectiva de exportaciones, y a los
cambios en el orden político y económico internacional, como quedó evidenciado en los
avances nacionales en el proceso de descentralización ocurridos desde los años ochenta,
los cambios políticos que introdujo la Constitución de 1991 y la apertura económica
emprendida desde 1989.
Pero más importante que las condiciones generales enunciadas en el párrafo anterior, el
Estado en la Amazonia enfrenta otros retos, desde los años ochenta, ante los cuales no
ha logrado dar una salida eficiente y que son la causa de su ilegitimidad relativa, la
pérdida del monopolio del poder militar y la emergencia de poderes estatales alternos.
18
KALMANOVITZ, Salomón (1983), El desarrollo tardío del capitalismo. Un enfoque crítico de la
teoría de la dependencia, Siglo XXI – U. N., Bogotá; PULECIO, J. R. (1987), El Capitalismo Tardío.
Geometría de dos versiones: De Mello y Kalmanovitz, publicaciones del la FCE, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá.
19
DOMÍNGUEZ, Camilo y Augusto GÓMEZ (1990), La economía extractiva en la Amazonia colombiana
1850-1930. Corporación Araracuara – Tropembos, Bogotá.
18
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HERMINSO PULECIO
Los factores que se expresan regionalmente cuestionando la institucionalidad del Estado
nacional pueden sintetizarse en los siguientes:
a) La emergencia y consolidación de un ciclo de economía de cultivos ilícitos, desde
fines de los años setenta, articulado a la especificidad de la globalización (como fue
definida antes). En efecto, el incremento en la demanda mundial de productos
psicotrópicos es típica de las exigencias de eficiencia, competitividad individual, y
trabajo humano extenuante, impuestas en los países desarrollados a diferentes grupos
sociales20. A su vez, los altos ingresos de los consumidores de drogas psicotrópicas, y la
ilegalidad a que ha sido sometida la producción y comercialización de narcóticos,
generan una industria de carácter multinacional de dimensiones gigantescas, la cual
opera con la lógica de valorización financiera/especulativa del capital, en la época de la
globalización.
Pues bien, el Estado nacional y sus diferentes expresiones institucionales en el ámbito
regional amazónico, no ha sido capaz de regular la competencia de los capitales
especulativos de drogas ilícitas. Al contrario, dichos capitales entraron a descomponer
las legitimidades institucionales estatales: penetraron con su lógica a gran parte de los
funcionarios del nivel ejecutivo regional, a la clase política local y regional, a sectores
de la policía, del ejército y del poder judicial, etc.
La reducción de la política estatal nacional a la represión de los cultivos y la industria
del narcotráfico, además de ineficaz a tal propósito, resultó insuficiente para regular la
lógica de estos capitales. En los casos extremos, los capitales del narcotráfico coparon
el accionar del Estado, debilitándolo y poniéndolo a su servicio21.
b) Desde los años setenta se inició un desmonte de las políticas agrarias estatales, el
denominado reformismo agrario, que termina en los años ochenta con el
desmantelamiento de las instituciones gubernamentales que jugaron un papel
importante en la Amazonia, en la época del ciclo de economía de colonización
productiva. Estas instituciones, a pesar de su operación burocrático centralizada,
contribuían a la legitimación del Estado mediante la inversión social y productiva. En
20
Esta tesis la expresó Antanas Mockus en un foro en 1998 sobre narcotráfico.
La pregunta subsiguiente es si la guerrilla de las FARC, en su ámbito estatal en la Amazonia, logra regular
localmente la lógica de valorización de los capitales de la economía especulativa y rentista. De hecho estos
capitales no tienen una lógica local o regional de valorización sino plenamente globalizada, internacional,
ámbitos que no controla las FARC. Por el momento, la guerrilla apenas logra mediar en la aplicación de los
excedentes, cobrando una cuota para financiar su propia actividad.
21
19
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ese sentido, de nuevo, los cambios en la política económica del gobierno central, la
desregulación que impuso la apertura económica y la entrada de productos agrícolas
competitivos a los mercados regionales, contribuyeron, junto a la emergencia del ciclo
de economía de cultivos ilícitos, a la caída de la competitividad agropecuaria regional
amazónica y a su sometimiento a los ciclos de liquidez y excedentes financieros de la
economía especulativa.
La desaparición o desmantelamiento de las referidas instituciones fue traumática y
significó un vacío de Estado costoso en términos sociales y de legitimidad.
c) En sustitución de las instituciones gubernamentales del reformismo agrario, el Estado
creó instancias operativas transitorias, como el Plan Nacional de Rehabilitación, la
Red de Solidaridad, el Plante, instituciones de inversión social y productiva que
operan de forma puntual sobre los sectores urbanos y rurales más deprimidos de la
región. En adición, como respuesta política a las ineficiencias de la inversión pública
decidida y gestionada en el nivel central (desde Bogotá), estas organizaciones
avanzaron en metodologías participativas, reconociendo un mayor ámbito a las
comunidades locales en la identificación y formulación de los proyectos.
No obstante lo anterior, los intentos de gestión estatal participativa que comportaron
estos programas institucionales, no han sido eficientes, entre otras por las siguientes
razones: algunos de los programas respondían más a la lógica contrainsurgente, de
deslegitimar a la guerrilla, o a los propósitos de erradicar los cultivos ilícitos, lógicas
estas definidas en ámbitos extra-regionales y en algunos casos extra-nacionales, lo
que impuso rigideces operativas y presupuestales que les impedían dar cuenta de las
demandas regionales.
En segundo lugar, los esfuerzos para ofrecer participación a las comunidades en la
gestión de los proyectos resultaron insuficientes. La participación se tornó en un
formalismo, al cual se adaptaron las formas tradicionales de mediación clientelista
(que incluyó a los partidos tradicionales y de izquierda, como ha quedado revelado en
el caso de movimientos políticos locales). La capacidad decisoria quedó siempre en
manos de la tecnocracia, articulada eficientemente al clientelismo tradicional, sin
generar procesos de empoderamiento, confianza y autonomía de las comunidades
locales. Este es el gran reto que deben resolver las instancias gubernamentales
presentes en la región.
20
JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
En tercer lugar, los esfuerzos institucionales de capacitar a las comunidades para
participar conscientemente en la formulación, gestión y evaluación de los proyectos
han resultado insuficientes. Algunas comunidades, las más pauperizadas y las
comunidades indígenas, se resienten de carencia de recursos físicos y capital
humano para competir en un escenario de formulación de proyectos como el
propuesto por los programas del PLANTE y Red de Solidaridad. Esto va en detrimento
de la confianza y la construcción de capital social regional.
Finalmente, el escenario de la corrupción en la gestión de los recursos públicos sigue
quitando legitimidad a las instituciones locales, de forma exacerbada en el caso de
Leticia.
d) El Estado y la sociedad colombiana emprendieron una estrategia de descentralización
política, administrativa, de planeación y de ejecución de recursos fiscales desde los
años 80, que tuvo su máxima expresión en la Constitución Política de 1991. De esa
manera se intentó superar la crisis política y de gobernabilidad agudizada en la década
anterior.
Para la Amazonia, los principales cambios institucionales asociados a la
descentralización se remitieron a la transformación de las intendencias y comisarías en
departamentos; la desaparición del ente burocrático que representaba el humillante
centralismo, DAINCO; el fortalecimiento financiero de los municipios; la elección
popular de alcaldes; la opción de crear Entidades Territoriales autónomas por parte de
las comunidades indígenas; la aparición de nuevas instituciones del orden regional
como Corpoamazonia, CDA, Corpes de la Amazonia, Instituto Sinchi, en fin; un régimen
electoral que le entregó mayor representación a las regiones más pobladas y dejó a los
6 departamentos de la Amazonia sin representación en el Senado, entre otros
aspectos22.
No es posible presentar aquí un balance neto de los efectos, en términos de
legitimidad, democracia, eficiencia institucional, equidad o competitividad sistémica,
producto de los cambios inducidos en la región por las transformaciones
institucionales referidas.
22
En la actualidad (1999), ninguno de los 6 departamentos de la Amazonia, y ninguno de los 4 departamentos
de la Orinoquia (Arauca, Casanare, Meta y Vichada) tienen expresión política propia en el Senado. Esto es, el
53% del territorio nacional aparece excluido de este órgano legislativo. Esta es una expresión de la debilidad
de la sociedad civil regional y de la agudización de los conflictos de poder en la región.
21
JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
Apenas cabe señalar, de forma tangencial, algunos rasgos generales detectados en el
estudio:
i) A pesar de la creación de los departamentos, estos entes nacen sin flexibilidad
institucional ni recursos que les permitan enfrentar las nuevas realidades regionales.
En la actualidad (1999) están básicamente quebrados. Putumayo y Amazonas adeudan
a sus funcionarios entre 5 y 8 meses de salarios. El margen de inversión es mínimo,
incluyendo Caquetá, y ninguno tiene capacidad de endeudamiento. Las Asambleas
Departamentales y las Contralorías (en el caso de Amazonas) son entes burocráticos
clientelistas sin funciones reales. La propia legitimidad de la elección de los
gobernadores y diputados, en Caquetá, Putumayo y Guaviare, es muy precaria dada la
acción de boicot electoral practicada por la guerrilla.
ii) Los municipios han ganado en flexibilidad institucional, representatividad de los
ciudadanos, capacidad de gestión y en el monto de recursos administrados. Aún así, en
el caso de los municipios sometidos a mayor presencia y poder decisorio de la
guerrilla, como ocurre con los municipios de la Zona de Distensión y otros bajo su
control político real, aunque se notan avances en la transparencia en la gestión de los
recursos, la situación de incertidumbre sobre los diálogos de paz, y las amenazas de los
paramilitares, han creado un clima de desconfianza, salida de capitales, desinversión,
que afectan las propias finanzas locales y la capacidad de legitimación. Allí no existe
espacio para la atracción de inversiones productivas, hasta tanto los diálogos de paz
no den resultados concretos.
En Leticia, donde no tiene presencia la guerrilla, el problema ha sido el
empoderamiento de una clase política corrupta, el denominado “familismo amoral”,
que saquea los recursos públicos a la luz del día, generando no sólo desconfianza en
las instituciones sino atraso social y económico, de nuevo en detrimento de la
competitividad sistémica.
En todos los casos, los recursos, adicional a su aprovechamiento privado (corrupción),
resultan insuficientes dada la inmensa deuda social acumulada históricamente, y
dados los sobrecostos obligados de la inversión social y productiva en el dilatado
territorio amazonense. Tampoco existen resultados que validen programas de
eficiencia en la gestión pública local. Con todo, el balance parece positivo para los
22
JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
municipios frente al escenario previo a la elección popular de los alcaldes y el inicio de
la descentralización fiscal.
iii) Un aspecto de gran importancia en las reformas institucionales lo constituye la
creación de, al menos, tres instituciones públicas de carácter regional amazónico: las
dos Corporaciones Especiales de para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia,
Corpoamazonia y la CDA; el Corpes de la Amazonia y el Instituto Sinchi.
Con estas tres instituciones, por fin, el Estado nacional muestra un interés de pensar el
desarrollo amazónico desde una perspectiva regional. En el caso de las Corporaciones
y el Sinchi, además, reconociendo la especificidad de la oferta ambiental regional. Y en
el mismo caso de las Corporaciones, abriendo espacios para la participación, tímida
aún, de instancias de la sociedad civil en la orientación de las mismas.
No obstante los avances reconocidos, las consultas realizadas mostraron claras
insuficiencias y frustraciones. El Corpes de la Amazonia no alcanzó a ser el instrumento
eficiente y legítimo de planificación regional, ni a concitar el apoyo político y cultural a
un sentido de pertenencia regional amazónica. La escasez de recursos, la debilidad
técnica de sus instancias y la utilización política clientelista del mismo, aún por
políticos de fuera de la región, hicieron perder una oportunidad importante de apoyo
estatal a la construcción social de la región amazónica.
Las Corporaciones lograron mayores espacios de legitimación, en particular
Corpoamazonia por el apoyo a dos proyectos surgidos en la sociedad civil: la reserva
campesina de los Colonos del Pato (como se comenta más adelante) y a la Asociación
Campesina Ambientalista del Losada y Guayabero, ASCL-G, entre otros proyectos. Sin
embargo, también pudo constatarse que la participación de los voceros de la sociedad
civil (dos representantes de las comunidades indígenas y uno de las ONG
ambientalistas) ha sido básicamente formal, sin poder alguno de decisión (son 3 de 12
en el Consejo Directivo) y escasa iniciativa. Más aún, los mayores esfuerzos y recursos
de los directores son empleados en lograr satisfacer los intereses clientelares de los
Consejeros y Asambleístas, para lograr su apoyo permanente y su reelección.
En adición, los recursos propios de la Corporación deben ser invertidos en el
Putumayo, al ser originados en regalías, y los recursos de origen nacional son
francamente marginales. Esto crea dualidad en la orientación de los recursos,
parcelación de las políticas, incumplimiento a las expectativas de las comunidades y
23
JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
finalmente, fuga de recursos pues la Corporación dedica buena parte de su gestión a
capturar recursos para mantener su tren de funcionarios, antes que a desarrollar las
políticas.
e) Otra lectura que se encontró en el estudio, referida a la descentralización políticoadministrativa derivada de la experiencia regional, es que el viejo cacicazgo clientelista
logró reciclarse localmente aprovechando los recursos de la descentralización fiscal.
Este parece ser el caso protuberante de Leticia. En otros casos, como el de Florencia, el
monopolio político mantenido por la familia Turbay, por más de 25 años, debió ceder
espacios ante nuevos movimientos de carácter cívico. En San Vicente del Caguán,
mientras se mantenga la Zona de Distensión, las formas tradicionales de ejercicio del
poder local no serán controladas por el clientelismo de los partidos tradicionales. Aún así,
no están claros los espacios de participación autónoma de la ciudadanía en la gestión
municipal mediante instituciones alternas. (Sobre ese tema se regresa más adelante, en
referencia a la sociedad civil).
La lección que se puede obtener es que, antes que descentralización real ha habido
deslocalización de parte de la gestión pública, y antes que ampliación real de la
democracia, se ha impuesto una “participación” formal de las comunidades. A su
vez, el aumento de las transferencia fiscales a los municipios tiene 5 restricciones: i)
no son suficientes para suplir la deuda social acumulada en la región; ii) son apenas
compensatorios de parte de los recursos perdidos por el desmonte del reformismo
agrario; iii) aparecen amenazados por las políticas de ajuste fiscal establecidas en el
marco de la crisis fiscal del Estado y la globalización23; iv) no se ha dado una
transformación institucional que garantice gestión transparente y eficiente de los
recurso; v) han terminado reciclando el viejo clientelismo o creando nuevos
esquemas clientelares.
En la Amazonia, desde los años 50 y hasta finales de los años 70, la tramitación de
los conflictos sociales propios de la colonización productiva encontró causes de
expresión social y política fundamentalmente dentro de la legitimidad
23
Recientemente se han hecho fuertes los discursos institucionales, en gremios, sectores políticos
tradicionales y entidades financieras internacionales, que demandan mayor federalismo fiscal, es decir,
desmonte del esquema de las transferencias definido en la Constitución de 1991, como respuesta a la crisis
fiscal nacional. Estas propuestas desconocen la necesidad de solidaridades inter-regionales e intergeneracionales para garantizar equidad y desarrollo sostenible.
24
JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
institucional24. Por múltiples razones, que no cabe exponer aquí, desde los años
ochenta se hicieron cada vez más dominantes las expresiones no institucionales, a
menudo de confrontación violenta, intolerante y excluyente, de los conflictos
sociales y políticos.
En este sentido, la tesis que avanzamos es la siguiente: desde finales de los años 70,
las diferentes expresiones regionales del régimen político dominante privilegiaron el
tratamiento de fuerza, de represión militar y de exclusión política a los conflictos
sociales, antes que las salidas democráticas y de construcción de consensos. Este
tratamiento del conflicto social condujo en simultaneo a dos procesos: i) al
debilitamiento y en algunos casos desaparición, de las diferentes instancias de
solidaridad social construidas históricamente en la Amazonia, vale decir, de las
principales expresiones de la sociedad civil actuantes durante el período de
colonización productiva; y ii) a la creación del espacio propicio para el
fortalecimiento de diferentes expresiones políticas insurgentes, como ocurrió con el
M-19, el EPL y las FARC-EP. Como reacción, igualmente han existido siempre, pero en
mayor proporción en los tiempos actuales, grupos armados al servicio de
narcotraficantes o al servicio de la guerra contrainsurgente, actuando por fuera de la
institucionalidad.
Los elementos que sustentan esta tesis se encuentran en los hechos políticos del
período analizado (que no se exponen, por el momento)25, y en la dinámica de la
sociedad civil de la región, sobre la cual nos ocupamos en el siguiente capítulo.
En definitiva, en la Amazonia colombiana, luego de que el Estado operó
eficientemente para mantener la soberanía nacional en el territorio de fronteras, y
de paso garantizar una articulación marginal pero funcional de la región a la
dinámica de la acumulación capitalista localizada en la región andina, no fue posible
24
No obstante, desde inicios de la colonización asociada a La Violencia de los años 50 y 60, existieron en la
región espacios y grupos insurreccionales vinculados a las FARC, pero que no lograban protagonismo político
tal que polarizaran la legitimidad institucional a nivel regional. Sobre este tema resulta de sumo interés un
libro, desafortunadamente aún sin publicar, de Álvaro Delgado, Conversaciones del exilio, sobre las historias
de vida de los primeros dirigentes comunistas que emigraron al Caquetá.
25
Cuando el gobierno nacional en los años 50 y 60 auspició las migraciones al Putumayo y al Caquetá, estas
regiones eran considerados “oasis de paz”, como lo anunciaba la propaganda oficial. No obstante, con las
operaciones militares contra las “Columnas de Marcha”, dirigidas por las FARC a Marquetalia, Río Chiquito,
Guayabero y el Pato (estos últimos en el Caquetá), comenzó a ser calificada la región como “zona roja”. Aún
así, la polarización político militar se presentó a partir de finales de los años setenta, cuando fueron
nombrados intendentes y alcaldes militares, se decretaron los estados de sitio permanente y se estigmatizó la
movilización campesina y urbana como si fuera expresión del movimiento guerrillero.
25
JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
que el Estado hiciera tránsito hacia un nuevo modelo que respondiera en
simultaneo: a la construcción y defensa de un interés público regional (el cual sólo
recientemente está siendo reconocido); a la regulación de los diversos capitales que
en los últimos años se consolidaron en la región (asociados a los ciclos de economía
extractiva, economía de colonización productiva, y economía especulativa-rentista);
a la construcción de legitimidades a partir de garantizar equidad de oportunidades
entre los ciudadanos y entre las regiones; en fin, no ha existido un claro proyecto de
Estado que permita garantizar la democracia política con justicia social, y construir
un modelo desarrollo humano sostenible, donde puedan aprovecharse
creativamente los recursos ambientales, humanos, culturales, e institucionales de la
región.
La respuesta institucional consistente en avanzar en la descentralización política,
administrativa, de planeación y de transferencia de recursos, se dio de forma tardía,
mezquina y formalista, como quedó dicho. Mientras tanto, la crisis política nacional, el
desmonte del reformismo agrario y la subsiguiente crisis de la colonización productiva,
la consolidación de la economía del narcotráfico, el reciclaje del clientelismo en las
nuevas instituciones locales y regionales, pero sobre todo, la adopción de las
estrategias de la represión y estigmatización violenta a las expresiones orgánicas de la
sociedad civil que reivindicaban ante el Estado soluciones institucionales a los
conflictos sociales (la represión y violencia institucional de finales de los años setenta y
en adelante), así como el cierre político institucional a las nuevas expresiones políticas
de izquierda democrática, dieron como resultado, de un lado, el debilitamiento del
espacio político de las instancias solidarias de la sociedad civil, y del otro, el cierre de
los causes institucionales, digamos pacíficos, de tratamiento de los conflictos sociales.
En las condiciones descritas, podemos entender la consolidación de diferentes
organizaciones guerrilleras en la región (M-19, EPL, FARC-EP), en varios lapsos, así
como de los actores armados del Estado y de grupos paramilitares o de mafias de
narcotraficantes. El Estado nacional ha perdido el monopolio de la fuerza y su
legitimidad ha sido cuestionada de hecho. El clima de inseguridad, de incertidumbre
y desconfianza, está afectando de forma dramática al conjunto de las instituciones, a
las empresas y a los individuos. Sin reglas del juego claras, estables, sin legitimidades
definidas, desaparece el capital social. En esas condiciones, también se diluyen las
posibilidades de crear competitividad sistémica.
26
JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
Algunos caminos institucionales quedan abiertos, sobretodo en el marco de las
entidades que han comenzado a reconocer la especificidad del espacio regional
amazónico y la construcción social de la región amazónica como objetivos públicos
legítimos y pertinentes.
Por fortuna, lo que encontramos en este estudio es que en ese sentido operan en
simultáneo, aunque con dificultades y sin coordinación, varias instituciones estatales
del orden nacional, regional y municipal; igualmente, en ese sentido se encaminan
algunas expresiones políticas del movimiento guerrillero y, más avanzado aún; ese
es el camino que han emprendido, de forma definitiva, importantes organizaciones
de la sociedad civil actuantes en la Amazonia. El futuro regional se construye, a pesar
de todo. Hay que tener bien abiertos los ojos y dispuestas las voluntades.
5. EL ESPACIO DE LA SOCIEDAD CIVIL
5. 1. LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE REGIÓN AMAZONÍA
Al momento de la llegada de los españoles al territorio de lo que hoy es Colombia, recién se
había producido el encuentro entre los pueblos de la Amazonia y los pueblos Caribe, sobre el
espacio de los actuales departamentos del Caquetá y Putumayo. Fue un encuentro doloroso,
violento, de miles de muertes, canibalismo y destrucción. Pero, según Fernando Urbina, para
esos tiempos ya se habían sentado las bases de la paz y la reconstrucción cultural entre los
pueblos amerindios. Entonces aparecen los blancos y se reinicia la guerra, otra guerra, contra
Carijonas (caribes), Uitotos (amazonenses), etc., por la homogeneización cultural y la
expoliación de los recursos, bajo el sino occidental. Esa guerra no ha terminado. Los actores
que se sientan a negociar en San Vicente del Caguán (1999) no pueden ignorar la historia.
Para los efectos de este estudio sólo cabe destacar algunos aspectos del nivel organizativo y
de construcción de sociedad civil por parte de las comunidades indígenas de la Amazonia.
Es ampliamente conocido el etnocidio de indios producido por los empresarios caucheros en
la Amazonia, a finales del siglo XIX (1880) y los primeros 30 años del XX26, donde se destacó
por su poder y destreza en la explotación y destrucción de los pueblos indígenas la famosa
Casa Arana. A partir de denominado “conflicto colombo - peruano” entre 1932-1933, las
comunidades indígenas quedaron dispersas, desarraigadas y condenadas a la pauperización
26
Aunque en algunos casos la salida definitiva de los patronos caucheros no se realizó sino hasta
1965. Ver al respecto, SMITH, Richard Chase, et. al. (1995), Amazonia: economía indígena y
mercado. Los desafíos del desarrollo autónomo,
27
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HERMINSO PULECIO
en el dilatado territorio amazonense. No era fácil reconstruir las estructuras familiares y
comunitarias, las jerarquías de la organización ancestral, las costumbres y hasta la lengua.
Esos tampoco eran propósitos de los gobiernos nacionales de Perú y Colombia, para quienes
la disputa era por territorio y no por derechos de los indios. De hecho a los indios no los
consideraban ciudadanos de plenos derechos, sino mano de obra gratuita o muy barata,
susceptible de aprovechamiento limitado sólo por su agotamiento físico o su extinción. Así,
no les importó separar por límites artificiales (fronteras internacionales y luego subdivisiones
políticas nacionales) a los miembros de comunidades ancestrales, como los uitoto, ticuna,
boras, secoyas, etc. dispersos en Perú, Ecuador, Colombia y Brasil.
En el caso colombiano, como es sabido, el Estado encargó a la Iglesia Católica de la
“civilización” (reducción, dicen los antropólogos) de los indígenas, mediante tratado firmado
entre el Estado Vaticano y Colombia. El Concordato de Misiones fue el instrumento jurídico y
político que vibilizó la presencia de la Iglesia en la región, el cual, con algunas modificaciones,
sigue vigente (1999). En ese marco la Iglesia administró la Educación Contratada en los
departamentos de la Amazonia.
La Iglesia Católica, en todo caso, ha sido la institución que más ha intervenido en la
recomposición occidentalizada de las comunidades amerindias: mediante la creación de
internados donde concentran a los estudiantes indígenas educándolos conforme sus
criterios; la mediación ante el Estado central, los gobiernos locales y las entidades
internacionales, para obtener recursos e infraestructura social y productiva básica para las
comunidades (intermediación cumplida de forma independiente por la Iglesia y en ocasiones
de la mano de la clase política regional, pero en todo caso excluyendo la gestión autónoma
de las propias comunidades); y mediante el trabajo misionero de difusión del credo católico
(y toda la carga cultural asociada) entre las comunidades de colonos e indígenas.
Como se destaca en otra parte del presente estudio, desde los años 70 pero sobretodo desde
los 80, la Iglesia Católica ha cedido parte de su espacio institucional orientador y conductor
(realmente estatal) de las comunidades indígenas amazonenses, en favor de varias
instituciones: organismos del Estado nacional que previamente no existían en la región,
incluyendo la mediación de la clase política clientelar; organizaciones no gubernamentales de
orientación indigenista, en especial los antropólogos y otros académicos; el poder de actores
político militares como las organizaciones guerrileras; grupos religiosos evangélicos o
protestantes; y grupos de empresarios (patrones) narcotraficantes, o comerciantes y
productores legales de bienes de extracción. Pero también, y este es el rasgo más
sobresaliente, la Iglesia ha cedido espacio en beneficio del empoderamiento de las propias
28
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comunidades, es decir, de la construcción social y política de alternativas de desarrollo
económico y cultural autónomas de los pueblos indígenas.
En este sentido operan las múltiples organizaciones de los pueblos indígenas de la Amazonia,
conformadas a partir de los resguardos legalmente reconocidos27 y de asociaciones de
diverso grado.
5.1.1. La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, OPIAC
La OPIAC es en la actualidad la institución más representativa de las comunidades indígenas
de la Amazonia, con un carácter eminentemente regional. A la OPIAC están afiliadas las
organizaciones comunitarias indígenas de base, representadas por sus organizaciones de
carácter local o subregional al interior de cada departamento amazónico. Estas asociaciones
son: en Amazonas: AIPEA, ACITAM, CRIMA y COIDAM; en Caquetá: CRIOM, ORUCAPU y
ORIUC; en Guainía: CRIGUA 1, UNIGUVI y LOIUC; en Guaviare: CRIGUA 2 y UNIGUME; en
Putumayo: OZIP y MUSURRUNACUNA; en Vaupés: CRIVA. En total, 54 pueblos indígenas, de
los 84 existentes en el país, están presentes en la OPIAC (los 30 restantes en la ONIC). Aún
así, algunos pocos cabildos y pueblos no participan de la organización.
La OPIAC fue creada en junio de 1995, en Mitú, y desde entonces ha emprendido un difícil
proceso de maduración política y organizativa. En su Comité Ejecutivo tienen representación
los 6 departamentos amazónicos, obedeciendo a cierto ordenamiento jurídico nacional. En la
actualidad una mujer, Empreatriz Cahuache, del pueblo Cocama, dirige la Organización, lo
cual es también un hito en la historia indígena regional.
En la “defensa y consolidación de los pueblos indígenas” la OPIAC desarrolla la
“estrategia de fortalecimiento étnico y cultural desde nuestra autonomía, se propone
desarrollar la legitimación política a través de la legalización del pluralismo jurídico y del
fortalecimiento de las autoridades tradicionales, la lucha por la legalización de nuestros
territorios ancestrales y la defensa de la madre tierra de la depredación de los proyectos de
27
“Más del 50% del territorio amazónico colombiano ha sido devuelto legalmente a los indígenas:
19’339.517 has. se encuentran bajo la figura de resguardos indígenas, que se superpone a la de
reserva forestal. (...) Sin embargo, aún son muchas las comunidades indígenas que no han logrado
recuperar sus territorios” Los Letuama, Macuna y Yacuna en el Caquetá, Colombia, en SMITH, op.
cit. pg. 105.
29
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HERMINSO PULECIO
desarrollo extractivos, el fortalecimiento de nuestra medicina milenaria, y la consolidación de
los procesos organizativos integrales de base y de dirigencia”28.
Para el logro de sus objetivos, la OPIAC adelanta el diseño y desarrollo de Planes Integrales
de Vida, definidos a partir de cada comunidad. Estos involucran decisiones sobre
ordenamiento y defensa del territorio, planes de salud y educación, proyectos productivos,
capacitación y fortalecimiento organizativo comunitario, etc., todos articulados a los
propósitos de la defensa de la cultura y la autonomía indígena.
En desarrollo del estudio encontramos múltiples proyectos sociales, culturales y productivos,
que pretenden ser adecuados al marco de los Planes Integrales de Vida. Algunos, que se
encuentran en ejecución, han contado con el apoyo de la Unión Europea, en el caso del
Fondo Amazónico, de la Iglesia Católica, de ONGs como GAIA, HILEA, etc. En otros casos
cuentan con recursos de instituciones públicas como la Red de Solidaridad, el Plante, el
Instituto Sinchi, las Corporaciones de Desarrollo o el Ministerio del Medio Ambiente. Los
resultados son muy variados y no es el propósito aquí presentar evaluación alguna de los
mismos. Apenas cabe notar que el centro de las dificultades se encuentran, adicional a la
escasez de los recursos financieros, en las condiciones de sobredeterminación y control
exógeno a las propias comunidades que establecen las instituciones de apoyo.
Las actitudes de cultura dominante, menosprecio y desconocimiento de los valores
comunitarios indígenas siguen existiendo en las instituciones occidentales. A estas se agregan
los problemas de la herencia de opresión, dependencia, aculturamiento y frágil recuperación
organizativa que manifiestan las comunidades. La OPIAC es el camino pero el trecho es largo.
5.1.2. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica,
COICA.
Esta es una organización de los pueblos indígenas de toda la cuenca amazónica, conformada
por las federaciones respectivas de 9 países: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana, AIDESEP (Perú), la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la
Amazonia Brasileña, COIAB (Brasil), la Federación de Organizaciones Amerindias de Guyana
Francesa, FOAG (Guayana Francesa), la Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana, APAG
(Guyana), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana,
CONFENIAE (Ecuador), la Organización Indígena de Surinam, OIS (Surinam), la Confederación
Indígena de Oriente, Chaco y Amazonia Boliviana, CIDOB (Bolivia), el Consejo Nacional Indio
de Venezuela, CONIVE (Venezuela) y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia
Colombiana, OPIAC (Colombia).
28
OPIAC, documento, Criterios de las relaciones políticas y propuesta de trabajo de la
OPIAC, mimeo.
30
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HERMINSO PULECIO
La COICA fue fundada en 1982 y tiene, entre otros, los siguientes objetivos:
 Defender la recuperación del territorio, la autodeterminación de los pueblos
indígenas y los derechos humanos de sus miembros.
 Procurar la unidad y mutua cooperación de los pueblos indígenas de toda la región.
 Promover la valorización y recuperación cultural de los pueblos indígenas de la
Amazonia, las cultura tradicionales, la educación en lenguas indígenas y la
Universidad Indígena.
 El desarrollo económico sustentable y autónomo, definiendo los pueblos indígenas
las estrategias económicas.
 La defensa de la propiedad intelectual sobre el conocimiento indígena.
 Políticas de certificación de los productos forestales tropicales, etc.
En la actualidad el presidente de la COICA es el representante de la OPIAC (Colombia),
Antonio Jacanamijoy.
La COICA ha ganado la vocería y representación de los pueblos amazónicos originarios ante
las instituciones multinacionales y la sociedad civil internacional, aunque los gobiernos
nacionales resisten su reconocimiento y protagonismo, justo porque confronta los intereses
económicos, culturales y políticos de otros actores con intereses sobre la Amazonia. Esos
“otros intereses” están asociados a las distintas dinámicas de los capitales nacionales e
internacionales, específicamente a los capitales de la globalización y a sus lógicas de
aprovechamiento del territorio, los ecosistemas y la cognovisión cultural de la Amazonia.
El mayor aporte de COICA parece estar en la construcción conceptual de los intereses
panamazónicos de los pueblos indígenas. La construcción de solidaridades transnacionales
resultan de gran importancia, inclusive aprovechando recursos tecnológicos de frontera29,
aunque, como quedó dicho, se defrontan con múltiples intereses creados al interior de los
Estados nacionales y de capitales transnacionales.
29
Ver la página en Internet: http://www.satnet.net/coica
31
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En suma, la OPIAC y la COICA son las expresiones orgánicas de la sociedad civil, étnica y
originaria de la Amazonia, que construyen sentido y pertenencia regional, más allá de las
divisiones políticas nacionales o internacionales. Las dimensiones cultural y ambiental,
concretadas como Planes Integrales de Vida, constituyen el sentido de pertenencia
regional, como proyecto y como resistencia (Ver atrás, capítulo III. 5, 6 y 7).
En otras palabras, los pueblos indígenas de la Amazonia participan de forma decisiva en la
construcción social de la región amazónica, en particular del sentido de identidad regional.
Como quedó dicho, “la construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la
geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las
fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas” (Castells, ya citado).
La defensa de la diversidad étnica, cultural, religiosa, lingüística, ambiental, jurídica e
institucional, de diversos sistemas productivos, ideológicos y políticos, ese es el legado
constructivo de los pueblos amerindios. La diversidad como principio constructivo del
sentido de región, de nación y de orden internacional.
El principio de diversidad no es nuevo. Es constitutivo de la naturaleza de los pueblos y los
ecosistemas. Lo nuevo es la resistencia al proyecto homogenizador de las ideologías
dominantes (incluyendo las ideologías de la vieja izquierda) y de los capitales de la
globalización.
5.1.3. Economía y sentido en los pueblos indígenas de la Amazonia
Smith describe de forma acertada la especificidad de la economía indígena y de los choques
con la economía de mercado:
“La economía tradicional de los indígenas de la Amazonia es esencialmente una
economía del don: es decir, una economía basada en el intercambio diferido de
regalos. Como nos lo mostró Mauss, la esencia misma de la economía del don, la que
permite el flujo de ida y vuelta de bienes entre donante y receptor, es la obligación de
reciprocar”.
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HERMINSO PULECIO
“Al generar un perpetuo círculo de intercambio, la economía del don une entre sí, por
medio de sus obligaciones recíprocas, a todos los miembros de una economía local.
La belleza de esta práctica ancestral es que, al vincular la seguridad de largo plazo del
individuo con el fortalecimiento de sus lazos con el resto de su sociedad, va mucho
más allá que el moderno sistema de mercadeo en la resolución de las tensiones
fundamentales entre los deseos individuales y las necesidades de su sociedad.
Mientras más fuerte sea el interés individual que mueva la economía del don,
mayores serán los lazos de deuda mutua que vinculan a los individuos entre sí”30 .
El largo proceso de reconstrucción social y cultural de las comunidades indígenas, y de lucha
por su reconocimiento no sólo como ciudadanos comunes de plenos derechos sino como
pertenecientes a grupos étnicos originarios que, por lo tanto, tienen derechos especiales, dio
sus primeros resultados importantes en la década de los ochenta, con el reconocimiento de
amplios territorios como resguardos indígenas intangibles. Luego, la Constitución de 1991
reconoció de forma explícita el carácter pluriétnico y pluricultural de la nación colombiana,
creando opciones para un desarrollo legislativo, institucional y político donde los pueblos
indígenas de la Amazonia cuentan, a nivel formal, con instrumentos que favorecen su
consolidación cultural, étnica, política y en menor medida, su desarrollo económico.
Estos avances institucionales y legales, no obstante, no han sido suficientes para revertir la
cruda realidad social y económica de las comunidades amerindias de la Amazonia
colombiana. Como se deriva de las entrevistas realizadas y de otros estudios (Smith,1995:29;
Pulecio, 1987) el proceso de articulación de las comunidades a la economía de mercado ha
sido profundamente traumático y desintegrante, en particular porque la economía de la coca
ha afectado a núcleos importantes de los pueblos indígenas. La lógica de obtención de
excedentes a partir de los cultivos ilícitos rompe los lazos comunitarios de solidaridad,
ancestrales de los indígenas, poniendo al frente las relaciones de apropiación y acumulación
individuales. A su vez, los ciclos de precios y de mercados de la coca afectan profundamente
la estabilidad de los grupos familiares y comunitarios. Buena parte de los recursos humanos
más jóvenes y hábiles han sido sacados de los procesos productivos tradicionales y puestos al
servicio coyuntural de los nuevos patrones, ya no los patrones de los años del caucho y las
resinas, sino de la coca.
30
SMITH, Richard Chase, et. al. (1995), Amazonia: economía indígena y mercado. Los desafíos
del desarrollo autónomo,
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En los casos de las explotaciones mineras y de petróleo, los conflictos por los derechos legal y
constitucionalmente reconocidos a los indígenas a menudo desembocan en actos de
violencia y expulsión. Así ha ocurrido en el departamento de Putumayo, por ejemplo,
obligando la relocalización de las comunidades y un reordenamiento territorial en atención a
los intereses de las empresas petroleras por sobre las opciones ambientales y comunitarias
de los indígenas31.
En adición, los recursos institucionales de apoyo a las comunidades indígenas siguen siendo
marginales al tamaño de sus necesidades vitales (asociadas a la deuda social históricamente
acumulada), e ineficientemente ejecutados. En particular se mantiene la mediación clientelar
de la clase política, sobretodo en el departamento del Amazonas. La cooperación técnica
internacional aparece como una gran esperanza para las comunidades, pero éstas aún no
alcanzan la suficiente capacidad técnica y organizativa para su gestión autónoma.
La conclusión central de nuestra investigación, en referencia a las opciones de apoyo
institucional nacional e internacional a los pueblos indígenas de la Amazonia, es que deben
orientarse a fortalecer los procesos autónomos de las comunidades, concebidos como
Proyectos Integrales de Vida, en la medida que tales proyectos contribuyen a construir
socialmente el sentido de pertenencia regional amazónica bajo el principio de la defensa de
la diversidad.
5.2. LAS MARCHAS CAMPESINAS Y DE COCALEROS EN LA AMAZONIA EN 1996.
Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1996 se movilizaron más de 120.000
habitantes de los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo, en la Amazonia
colombiana. Esta fue en realidad una movilización de campesinos y colonos cultivadores de
coca, “raspachines” (recolectores de la hoja), “chichipatos” (comerciantes de coca que
operan como reducidores e intermediarios ante los grandes narcotraficantes) y miles de
personas indirectamente vinculadas a la producción de coca, ubicados en los servicios,
comercio y transporte en las regiones de cultivos. La importancia histórica de estas marchas
campesinas radica en el hecho de haber revelado, ante la nación y el mundo, la naturaleza
del drama humano vivido por los colonos y campesinos de la Amazonia colombiana, en
especial de los vinculados directamente al cultivo de coca.
31
Ver al respecto, DOMINGUEZ, Camilo (1999), Petróleo y reordenamiento territorial en Orinoquia
y Amazonia, CES, Universidad Nacional, mimeo.
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Hasta antes de las marchas, los cultivadores de coca eran clandestinos, ilegales, tachados de
delincuentes, estigmatizados públicamente por el Estado, los medios de comunicación y la
comunidad internacional. Los productores de coca, raspachines y chichipatos, ocultaban sus
rostros hasta de sus familias. Con las marchas, los cultivadores de ilícitos dan la cara a la
sociedad y al mundo, muestran sus rostros de curtidos colonos migrantes de todo el país a la
Amazonia. No se esconden más. Su actividad deja de aparecer, para ellos y para buena parte
del país - ese era el objetivo-, como pecaminosa y se presenta como el resultado complejo de
las demandas internacionales de narcóticos (globalización), del desmonte del reformismo
agrario y de las políticas de apoyo a la producción campesina, de las quiebras empresariales y
los miles de desempleados urbanos que no encuentran otra opción de vida, y también,
aparecen como el capital humano movilizado por la guerrilla ante la imposibilidad de
construir alternativas organizativas autónomas.
No haber comprendido en su momento el sentido profundo de las marchas llevó al gobierno
central, a las Fuerzas Armadas y a la opinión pública a muchos equívocos. En nuestro
entender, se trataba solamente de ganar un reconocimiento, una identidad, un sentido de
pertenencia, un espacio en la nación colombiana para un grupo social víctima del modelo de
desarrollo, las demandas propias de la globalización y de las inequidades prevalecientes.
Como resultado de las marchas, adicional a los dolorosos costos en vidas, heridos y pérdidas
económicas, se firmaron acuerdos entre el gobierno nacional y los dirigentes de los
marchistas, en general incumplidos. Formalmente la petición central de los marchista era
suspender las fumigaciones y obtener acuerdos de sustitución concertada de los cultivos
ilícitos. Las fumigaciones se han mantenido, especialmente en el Guaviare y Putumayo, pero
a su vez, los cultivos de narcóticos, antes que reducirse se han incrementado en la Amazonia
a partir de 1996.
El gobierno de la época, encabezado por Ernesto Samper, aprovechó la oportunidad del
conflicto con los campesinos para ganar en gobernabilidad. En efecto, ante el descrédito y la
presión internacional por la financiación de la campaña presidencial con dineros del
narcotráfico, el gobierno aprovechó la oportunidad para reprimir duramente a los marchista
y demostrar ante el mundo (los Estados Unidos de América), que no transaba con
productores de coca. El gobierno se ensañó con el eslabón más débil de la cadena de la
economía internacional de narcóticos. Por eso el tratamiento militar y de orden público
otorgado a las movilizaciones. Las pírricas ganancias en credibilidad internacional se hicieron
al costo de no asumir una solución viable y realista a los cultivos ilícitos y, más costoso aún,
de entregar a las masas de campesinos a la frustración, la desorganización, la ilegitimidad, y a
35
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muchos de ellos, conducirlos a reconocer en la guerrilla a defensores legítimos de sus
intereses económicos y sociales.
En el caso de las marchas en el Caquetá, por ejemplo, de los 51 dirigentes representantes de
las zonas y sectores involucrados (incluyendo a los indígenas), 10 fueron asesinados con
posterioridad (aunque no puede afirmarse que todos lo fueron por razones asociadas a las
marchas campesinas). La mayoría huyó como desplazados al interior del país, otros se
relocalizaron como docentes, pero, a pesar de los esfuerzos, la organización no sobrevivió
sino hasta el primer semestre de 1998. De tal movilización humana, con sus excesos, errores
y sacrificios épicos, no existe un saldo pedagógico institucional y organizativo del
campesinado. De hecho, como se muestra en otros apartes de este estudio, no existe una
organización gremial representativa del campesinado caqueteño, como lo fue la ANUC en los
años setenta y principios de los ochenta.
Aunque resulta evidente que las FARC auspiciaron la movilización, e incluso los campesinos
consultados denunciaron presiones irresistibles de los alzados en armas para participar en la
misma, también es claro que esa organización no logró darle dirección política ni contenido
orgánico a las peticiones de los marchista. Primó la improvisación, los conflictos de intereses
entre los diferentes sectores participantes (productores campesinos y colonos, raspachines,
chichipatos, comerciantes, transportistas, indígenas, etc.), el voluntarismo y la dispersión
organizativa. Por eso también, desde la perspectiva guerrillera no resultaba prioritario
mantener la cohesión organizativa ni la autonomía política de los marchistas, luego de la
movilización.
La decisión del Gobierno central de darle tratamiento estrictamente militar y de orden
público a las movilizaciones, lo llevó a una táctica de desconocimiento de los objetivos
sociales de la protesta, divisionismo y posterior incumplimiento de los pactos firmados. No
fue esta una oportunidad aprovechada para reconocer y favorecer la acción autónoma de los
colonos y campesinos, como expresión de la sociedad civil regional amazónica. El Estado no
apoyó (como sí lo hizo por ejemplo en los años 60-70 con la ANUC) la construcción de un
interlocutor legítimo de los campesinos, por el cálculo político de que éstos estaban
actuando influenciados por la guerrilla, y por el interés mezquino de aprovechar la represión
al campesinado para ganar en gobernabilidad.
También es cierto que el movimiento campesino y de colonos no había madurado
suficientemente la identificación de objetivos de interés público, dignos de concitar el apoyo
de toda la población regional amazónica y de la propia nación. El propósito de lograr una
36
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alternativa concertada a los cultivos ilícitos, la sustitución de los mismos por sistemas
productivos estables y que garanticen ingresos vitales dignos, es un propósito legítimo para
las poblaciones directamente involucradas, y en últimas, es la única alternativa viable (a nivel
social, económico y político) y convergente con una política de construcción de la paz en
Colombia. Pero la población regional no directamente vinculada a los cultivos ilícitos,
especialmente la urbana, aunque se solidarizó con el drama humano de los marchistas, no se
sintió efectivamente representada en los objetivos de la movilización. Es decir, no hizo
consciencia de que el objetivo de los marchistas era el interés público regional.
En el Caquetá existe una larga tradición de marchas campesinas. La más notable fue la
protagonizada por más de diez mil campesinos, cuando la “toma de Florencia” de 1972,
dirigidos por la ANUC. En ese evento, el nivel de organización autónoma gremial del
campesinado, la claridad de sus objetivos y reivindicaciones, y la propia política estatal de
reconocerlos como sujetos sociales legítimos, llevó al movimiento a ganar la solidaridad
ciudadana plena, a la conquista de los principales objetivos y a la solución política pacífica del
conflicto. Allí se curtió la ANUC como la más importante expresión de la sociedad civil que
haya existido en la Amazonia, y como expresión legítima de un interés público regional.
Con posteriorida se presentaron nuevas marchas campesinas de nivel departamental, en
1982, 1986 y 1992. Pero las reivindicaciones gremiales fueron perdiendo ámbito y
representatividad, y el Estado cada vez estigmatizó más la protesta como acciones
subversivas. En nuestro entender, los campesinos no sólo marchan por sus reivindicaciones
económicas y sociales ante el Estado, sino que, en el caso del Caquetá, las marchas son
también un acto cultural de autoreconocimiento, de afirmación social y de identidad. Esto
también operó en el caso de las marchas de 1996.
En definitiva, la marchas campesinas de 1996 en la Amazonia contribuyeron a construir
socialmente el sentido de región, como un expresión política y social de los conflictos
vigentes. La movilización social tuvo un propósito de construir la identidad como
resistencia, según lo define Catells (Ver capítulo III, acápite 5), por oposición a la exclusión y
la estigmatización a que es sometida la población de la Amazonia, no solo la vinculada a los
cultivos ilícitos. La forma como el gobierno de la época y los propios actores sociales
involucrados (guerrilla y sociedad civil) enfrentaron el conflicto, no permitió avances
sostenidos en la identidad regional ni en la estructura organizativa de la comunidad
campesina regional.
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5.3. LAS ASOCIACIONES CAMPESINAS AMBIENTALISTAS
Luego del periplo histórico de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, en el
Caquetá, entre los años setenta y ochenta, cuado se constituyó en el principal bastión
organizativo de los campesinos colombianos y expresión sin par de la construcción de
sociedad civil en la Amazonia, el movimiento campesino no logró recomponerse
orgánicamente, a nivel departamental o regional, como expresión autónoma de los intereses
del campesinado.
Sin embargo, cabe destacar la consolidación de dos organizaciones campesinas y de colonos
de conformación reciente (años 90), en la denominada Zona de Distensión, sobre la base de
objetivos y estructuras nuevas, en particular asociados a las posibilidades de aprovechar lo
que más adelante definimos como ventajas competitivas estratégicas de la Amazonia.
5.3.1. Asociación Municipal de Colonos del Pato, AMCOP.
La Asociación formalmente fue constituida en 1998, pero sus raíces históricas se hunden
en las marchas de campesinos perseguidos en la época de la Violencia liberalconservadora de los años 50 y 60, cuando por el predominio político del Partido
Comunista entre sus dirigentes fueron acusados de pretender conformar “repúblicas
independientes”. Desde entonces se creó una cultura de solidaridades para la
supervivencia que ha implicado la construcción de cooperativas de productores,
consumidores, de mercadeo y crédito, así como una alta disciplina y control social, a la
cual no es ajena la permanencia de la guerrilla de las FARC en su territorio.
Están localizados en la cuenca del Río Pato, en la parte montañosa del Municipio de San
Vicente del Caguán y en los límites del departamento del Huila. Según el presidente de
AMCOP, en la zona existen 1.500 familias, unos 9.000 habitantes, distribuidos en 89.000
has.
Luego de múltiples conflictos sociales y enfrentamientos de la comunidad y la guerrilla con
los organismos militares del Estado, que dejó un inmenso saldo de muertes, desplazados,
destrucción de bienes y legitimidades, desde los años 90 el Estado nacional ha favorecido
un mayor reconocimiento e interlocución con las organizaciones representativas de la
comunidad, hasta constituir en la zona el primer experimento del programa de Reservas
Campesinas en el país, con recursos de crédito del Banco Mundial.
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El Ministerio del Medio Ambiente, mediante la Unidad de Parques que opera en la zona,
así como Corpoamazonia, ha favorecido la estructuración de la nueva estrategia de
relacionamiento entre la comunidad y el Estado nacional.
Inicialmente se presentó un proceso de ordenamiento territorial concertado con la
comunidad, que incluyó el realinderamiento del Parque Nacional Los Picachos y
levantamiento de la reserva forestal de la Amazonia en la zona de El Bajo Pato. Así mismo,
se logró un acuerdo de la comunidad con Corpoamazonia para el aprovechamiento
forestal, el cual incluía la reposición del bosque. El realinderamiento del Parque Natural
Nacional de Los Picachos significó sustraer del Parque parte de la zona afectada por la
ocupación de colonos, otorgando títulos a los campesinos, y saneamiento de otra zona del
mismo, para lo cual se procedió a relocalizar a los colonos en los predios de la finca La
Abisinia, en el valle de Balsillas, adquirida por Incora a la familia Lara.
Según el presidente de AMCOP, en la actualidad la idea de aprovechamiento y
transformación industrial de la madera se suspendió hasta alcanzar una cultura de
reforestación. Un proceso de “aprendizaje y gestión”, pactado entre la comunidad y las
instituciones, y financiado mediante un crédito de cinco millones de dólares del Banco
Mundial (para actuar en todo el territorio nacional, pero en la actualidad es la única zona
de Reserva Campesina existente). Cabe destacar que los recursos no pueden destinarse a
construir carreteas y ni a compra de tierras, sino, especialmente para capacitación,
producción, reforestación, comercialización, ganadería intensiva, fortalecimiento
comunitario y evaluación del programa.
La redefinición del uso del suelo y la estrategia para lograr las transformaciones
requeridas están en proceso de concertación, a partir de la constitución de la Reserva
Campesina.
En la zona existe una cooperativa, Coomultipato, que lidera las actividades de mercadeo
en la región. Es autónoma frente a AMCOP pero tiene participación en la Asociación. En la
actualidad presenta debilidad económica y organizativa. Desde los años ochenta ha
jugado un papel importante en la organización comunitaria y en la regulación del
comercio de bienes producidos por los campesinos.
Otra institución zonal es la Asociación Agropecuaria del Pato, AGROPAC, con propósitos
productivos y de comercialización, principalmente de lulo que se vende en Neiva. Tienen
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como propósito inmediato construir un centro de acopio y procesamiento en Guayabal,
pero carecen de una fuente permanente de energía, para lo cual requieren una
microcentral o la interconexión eléctrica con Neiva.
La zona tiene un gran potencial en leche, maderas y el propio procesamiento del lulo. No
obstante han existido, de forma cíclica, cultivos de amapola, reprimidos mediante
fumigaciones.
A futuro, según los dirigentes entrevistados, la comunidad se proyecta como una
empresa productora de un servicio: agua. Para tal efecto tienen claro que deben cambiar
el actual sistema productivo, tecnificándolo, alcanzar mayor productividad y participar
competitivamente en el mercado. Estiman que las opciones están, posiblemente, en café
con sello verde y abonos orgánicos; lulo mejorado, cocona, zoocriaderos, verduras,
plátano y fríjol.
Las demandas centrales que hacen al Estado son: vías de comunicación, solución a la
carencia de energía eléctrica, servicios de salud, dotación del internado, de un laboratorio
y profesores para tener secundaria completa en un colegio agrotécnico ambiental. “Los
muchachos que estudian ahora no se capacitan para quedarse aquí”.
La Asociación participa en el Concejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR, de gran
importancia según sus voceros. Estiman que conjuntamente con los miembros de ASCAL-G
pueden elegir el Alcalde de San Vicente del Caguán.
La tradición de lucha solidaria de los campesinos del Pato, el nivel de organización
alcanzado y la propia naturaleza de los objetivos sociales, políticos y ambientales
defendidos por los campesinos-colonos, le han permitido a la comunidad resistir los
diferentes embates tanto de los organismos armados del Estado, como de las instancias
político clientelares de los partidos tradicionales. Hoy, la expresión organizativa de los
campesinos, AMCOP, ha alcanzado un nivel de representatividad y legitimidad tal que el
Estado la reconoce como interlocutor válido para emprender el primer proceso de
construcción de una Reserva Campesina, con la aprobación expresa del Banco Mundial.
El mayor reto de AMCOP es mantener y profundizar la credibilidad alcanzada frente a las
instituciones oficiales, la legitimidad en la representación de sus asociados, y la autonomía
política frente a los diferentes actores de poder que actúan en la región. El movimiento
guerrillero parece entender la importancia de tal autonomía y, a pesar de las dificultades
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propias de la construcción de legitimidades alternas, apoya el proceso liderado por
AMCOP.
5.3.2. Asociación Campesina Ambiental del Lozada-Guayabero, ASCAL-G.
Esta es la organización de la sociedad civil, actuante en la región, de mayor éxito en la
identificación y defensa de los intereses de la comunidad, así como en la consolidación de su
estructura organizativa. Fue creada el 7 de agosto de 1996, por 45 Juntas de Acción Comunal.
En la actualidad (1999) reúne 56 Juntas que agrupan a 1.745 familias, unos 8.000 habitantes,
en un territorio de 12.700 Has.
La población está localizada en el interfluvio de los ríos Lozada y Guayabero, colinda al norte
y nor-oriente con el Parque Nacional Los Picachos y la Serranía de La Macarena. Al occidente
con las sabanas del Yarí. Comprende el Parque Nacional Tinigua como un ecosistema vital.
Incluye veredas de los municipios de La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán
(Caquetá). Según informan sus directivos (Daniel Barrios), en la actualidad otras veredas
pretenden hacer parte de la Asociación, pero ésta ha congelado la aceptación de nuevos
socios.
Los objetivos de ASCAL-G no se limitan a intermediar ante el Estado los recursos de inversión
en infraestructura y servicios sociales, objetivos tradicionales de las Juntas de Acción
Comunal, sino que expresamente se constituyen como un proyecto pedagógico, cultural y
productivo ambientalista, a partir de reconocer el valor estratégico del ecosistema
amazónico. “Cuidar el bosque es cuidar nuestra propia vida” (Barrios), por eso se trata de
generar una cultura de uso de los recursos del bosque, incluida la fauna mayor, que permita
la sostenibilidad de los sistemas productivos y del ecosistema.
Para lograr los objetivos ambientalistas, ASCAL-G ha acordado un estricto código de
comportamiento productivo y hasta de hábitos de aprovechamiento de los recursos del
bosque, el cual incluye control de los inmigrantes a la región; control de la tala del bosque
(no pueden ser taladas más de 20 hectáreas al año por colono, cuando la costumbre era tala
ilimitada. En la actualidad la comunidad discute la reducción drástica de ese límite, porque
está consciente que, de mantenerse, en 5 años puede desaparecer el bosque primario del
Parque Tinigua); reforestación (la comunidad ha reforestado, de forma autofinanciada,
4.300 has.); protección de las riberas de caños y ríos; extracción selectiva de maderas, con
límite mensual de 100 bancos (bloques) por campesino, cuando es autorizado por la
comunidad ante la demostración de carencia de otras fuentes de ingreso, condicionado a la
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reforestación y al aprovechamiento obligatorio del repelo (excedente de aserrío); veda total
para la caza de 7 especies de aves, así como de tigres, dantas y manaos; prohibición de
cacería utilizando perros; control a la contaminación de aguas, entre otras normas. La
infracción a las normas de pesca y caza acarrea severas multas pecuniarias que, según la
especie afectada, van entre $200.000,oo (US $100, cuando el salario mìnimo legal es de US
$135) y $500.000,oo (US $250).
Los efectos de la aplicación del código referido ya son tangibles en la zona, no sólo por la
recuperación de especies animales y bosques, sino, por la actitud cotidiana de los pobladores
frente a los recursos naturales: la manigua no es la enemiga hostil del colono sino su más
preciado recurso. Este concepto trasciende en la conversación fluida con los miembros de
ASCAL-G, como lo pudimos constatar en el trabajo de campo.
La Asociación se estructura mediante un sistema de elección democrática de sus directivas.
La Junta de Acción Comunal de cada vereda nombra dos delegados, independiente del
número de miembros de la misma, a la Asamblea de Juntas, máxima autoridad. También
elige tres veedores ambientales, quienes se encargan de rendir informe a la comunidad del
cumplimiento, por parte de cada uno de los miembros, de las estrictas normas ambientales
establecidas. Estos informes se presentan en uno de los cuatro Núcleos existentes,
conformados por grupos de entre 8 y 13 veredas cada uno. Allí se definen, de forma
democrática, las sanciones y estímulos, y se deciden las acciones a seguir por la comunidad.
La organización guerrillera predominante en la región, desde muchos años antes del
“despeje” y de la constitución de ASCAL-G, las FARC, han tutelado el desarrollo organizativo
de la Asociación y la propia orientación de las políticas ambientalistas.
De hecho las FARC reemplazan al Estado nacional o son un Estado alternativo en la región, no
sólo en el sentido de ejercer el poder real sino de construir una legitimidad alterna. No
obstante esta realidad, en nuestro concepto no es posible considerar a ASCAL-G como una
organización de la guerrilla, o un “aparato” de la misma. Al contrario, la Asociación responde
a propósitos definidos (aprehendidos) por los campesinos-colonos en su largo trasegar social
y productivo. Según las entrevistas realizadas, los colonos, provenientes del Caquetá, los
Santanderes, Meta, Cundinamarca, Huila, Tolima y Valle principalmente, han sido derrotados
en otras experiencias productivas de monocultivos y ganadería, en adición a los expulsados
de sistemas productivos urbanos.
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No es el propósito de este estudio analizar las causas de las migraciones a las zonas de
colonización. Apenas cabe destacar el carácter profesional de muchos colonos, que han
participado de intentos frustrados de consolidación como campesinos o ganaderos en otras
regiones, antes de llegar a la zona de ASCAL-G. Ha sido ese ya largo proceso de colonización
itinerante, de destrucción de otros ecosistemas, pauperización económica, violencias y
migraciones al interior de las fronteras de colonización, lo que ha llevado a los colonos al
reconocimiento/aprendizaje de la importancia vital del medio ambiente, y de la propia
supervivencia de la diversidad ambiental, como condiciones para su consolidación como
campesinos y para su permanencia social, política y organizativa32.
La guerrilla no expulsó al Estado nacional de la región. Este ha estado ausente o, en el mejor
de los casos, su presencia ha sido marginal, discontinua, normativa o estrictamente militar, y
esa sigue siendo la situación actual. La construcción de institucionalidad, reglas del juego,
legitimidades, convivencia, ha sido el resultado complejo de la iniciativa ciudadana, hoy
materializada por ASCAL-G, de los intereses políticos y estratégicos de las FARC y de la propia
actuación de instancias aisladas del Estado nacional.
El mayor éxito alcanzado por ASCAL-G, a partir de los resultados pedagógicos, culturales y
productivos reseñados, está en haber logrado que tanto las FARC como el Estado nacional, e
incluso algunas instancias de la comunidad internacional, reconozcan a la Asociación como
un interlocutor válido de los intereses de la comunidad, en la medida que reivindica el interés
público nacional de la protección del medio ambiente amazónico, desde una instancia de la
sociedad civil regional.
En efecto, a pesar de que en algunas instancias de la burocracia estatal siguen considerando
a ASCAL-G como una organización controlada por la guerrilla, lo esencial es que el gobierno
nacional ha reconocido explícitamente el carácter cívico de la Asociación. Instituciones como
-,
Corpomacarena y Corpoamazonia, el Plante y la Red Nacional de Solidaridad, el Sena, la
Universidad Nacional de Colombia, entre otras, actúan en la región de forma marginal, es
cierto, pero con pleno reconocimiento de la legitimidad institucional de ASCAL-G. Los
gobiernos municipales y departamentales igualmente reconocen dicha legitimidad, aunque
los recursos para inversión en la región son mínimos.
32
Sobre este tema, ver, entre otros, PULECIO, Jorge Reinel (1981) Aspectos socioeconómicos de la
colonización del Caquetá, Tesis de Grado, FCE. Universidad Nacional de Colombia.
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En la actualidad ASCAL-G discute colectivamente la posibilidad de convertirse en Zona de
Reserva Campesina, como la región de El Pato. Según del director del proyecto de Zonas de
Reserva Campesina, Darío Fajardo, existen las condiciones políticas, técnicas y financieras
para tal propósito, con el aval del Banco Mundial. Esta decisión, aunque tiene costos y
dificultades, representaría una mayor legitimación del modelo social y productivo impulsado
por la comunidad de colonos.
Dos riesgos enfrenta ASCAL-G, que pueden afectar profundamente su consolidación: la
presencia, cada vez mayor, de cultivos de coca en la región, con lo cual puede incrementarse
la inmigración de campesinos expulsados de otras regiones y desestabilizar el frágil equilibrio
alcanzado; y en segundo término, los riesgos propios de estancamiento o reversión de las
negociaciones de paz, emprendidas entre el Gobierno colombiano y las FARC. Aunque
ASCAL-G logró su reconocimiento institucional independiente de las negociaciones de paz
iniciadas por el Gobierno nacional y las FARC en San Vicente del Caguán, cualquier
escalamiento de la guerra conduciría a esta instancia de la sociedad civil a ser víctima de las
lógicas militares de los actores armados. Por eso los campesinos entrevistados, a la par de los
objetivos ambientales expuestos, reivindican la negociación política del conflicto armado
para alcanzar la paz y la propia consolidación social regional.
En síntesis, la experiencia de ASCAL-G y AMCOP muestra una estrategia nueva de las
comunidades campesinas de la Amazonia de construcción organizativa en medio de
poderes estatales alternativos, en la cual, el fundamento está puesto no sólo en la
reivindicación gremial específica de la economía campesina y de colonización, sino en la
defensa del interés público nacional y mundial de aprovechamiento productivo sostenible
del ecosistema amazónico. El cambio en la calidad y el tipo de reivindicaciones es producto
de la madurez conceptual y política de los campesinos, la larga historia de derrotas frente a la
institucionalidad y el ambiente (la frágial oferta ambiental amazónica), y de la propia acción
reflexiva adoptada por espacios fragmentados de la academia, las instituciones del Estado
nacional, el movimiento guerrillero y la comunidad internacional.
Dado el éxito organizativo y de representatividad, como expresiones de la sociedad civil
regional, alcanzado por ASCAL-G y AMCOP, es posible que su gestión desencadene conflictos
nuevos con instancias tradicionales del Estado. El reto está en que tales conflictos, legítimos
en toda sociedad que se reclame democrática, sean tratados por las formas institucionales y
no, como ocurrió en la región en los años 60s, 70s y 80s, por la vía política represiva o de
cooptación y anulación de las formas autónomas de la sociedad civil.
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La consolidación organizativa y de los objetivos de estas organizaciones (ASCAL-G y AMCOP
no son las únicas identificadas en la región, sino las más representativas de los municipios
analizados), se basa en el aprovechamiento de las ventajas competitivas estratégicas de la
Amazonia (definidas más adelante). Por eso también, al igual que las organizaciones de las
comunidades indígenas, este tipo de instancias de la sociedad civil contribuyen a la
construcción social del sentido de pertenencia regional amazónica y a la identificación de
una imágen de futuro.
En consecuencia, en nuestro concepto, la acción institucional nacional e internacional de
apoyo a la construcción de un proceso de desarrollo humano sostenible en la Amazonia, la
Agenda Regional Amazónica, debe privilegiar el apoyo al empoderamiento comunitario a
partir del fortalecimiento de actores sociales como ASCAL-G y AMCOP.
5.4. LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
En desarrollo del presente estudio se pudo constatar la importancia de las Juntas de Acción
Comunal como espacios de solidaridad y representación política de la comunidades urbanas
y rurales de la Amazonia.
Los casos analizados fueron los siguientes: la Asociación de Juntas de Acción Comunal de San
Vicente del Caguán y las Asociaciones Departamentales de Juntas de Acción Comunal del
Caquetá y del Amazonas. Para efectos expositivos no se describen en detalle los resultados
de la investigación sino algunas conclusiones analíticas.
1. Las Juntas de Acción Comunal constituyen en la Amazonia la estructura organizativa más
extendida y funcional para expresar las demandas ciudadanas ante el Estado. Esta realidad
ha sido aprovechada por la clase política tradicional para mediatizar los intereses
comunitarios de los barrios y veredas ante el Estado, reduciendo los objetivos sociales y
políticos de la Juntas a reivindicaciones cortoplacistas de infraestructura social y productiva.
No obstante, la dinámica regional de las Juntas de Acción Comunal muestran un significativo
distanciamiento de los canales clientelistas tradicionales, al menos en grupos de asociaciones
de Juntas, el cual se expresa en mayor independencia operativa y la construcción de
objetivos más allá del inmediatismo reivindicativo tradicional.
2. Con referencia a la mayor autonomía organizativa esta se expresa en el distanciamiento de
la dirigencia comunal frente a los canales clientelares tradicionales; en cierto reconocimiento
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de la capacidad de gestión directa ante el Estado y; finalmente, en la participación autónoma
de candidatos, surgidos en las Juntas de Acción Comunal, a los cargos municipales y
departamentales de representación política.
3. Más impotante que los procesos de autonomía organizativa, las Juntas muestran ahora
una alta sensibilización frente a objetivos de defensa local del medio ambiente amazónico y
del establecimiento de sistemas productivos ecológicamente sanos. Esto es más evidente en
el caso de San Vicente del Caguán, dada la presencia local de las dos asociaciones de Juntan
de Acción Comunal, ASCAL-G y AMCOP, ya referidas, con gran influencia sobre el conjunto de
las 230 Juntas existentes en el municipio. Pero también se encontraron acciones de carácter
educativo, formativo y productivo, asociadas al reconocimiento de la especificidad ambiental
de la Amazonia, en asociaciones de Florencia y Leticia.
4. Las Juntas de Acción Comunal han sido las instancias representativas de las comunidades
locales que operan como contraparte de las instituciones gubernamentales, de carácter
nacional, actuantes en la Amazonia y que, como quedó dicho en el capítulo IV, a pesar de sus
limitaciones, mejor han entendido la necesidad de reconocer la especificidad del desarrollo
regional amazónico a partir de la oferta ambiental, cultural e institucional regional. Se trata
del Ministerio del Medio Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental, la Red Nacional de
Solidaridad y el Plante. En el ámbito local este espacio también lo han cumplido los Consejos
Municipales de Desarrollo Rural. Por eso mismo, estas instituciones han favorecido la
cualificación conceptual y operativa de las Juntas de Acción Comunal y sus asociaciones
parciales.
En definitiva, a pesar de que la agudización de los conflictos sociales y político-militares en
la Amazonia ha debilitado a las instancias de solidaridad de la sociedad civil, las juntas
comunales han logrado mantenerse como la principal red de expresión de los intereses
comunitarios ante el Estado. Históricamente el Estado y la clase política tradicional las han
instrumentalizado para su funcionamiento subordinado. En la actualidad, parece ser una
tendencia significativa el fortalecimiento autónomo de un grupo de Asociaciones de Juntas
de Acción Comunal, las cuales han logrado involucrar en sus objetivos algunos propósitos
asociados a la especificidad de la oferta ambiental y cultural de la Amazonia, y en ese
sentido actúan construyendo socialmente la región amazónica.
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5.5. LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLORENCIA
La Asociación es una instancia de la ciudadanía de Florencia, creada para defender intereses
colectivos frente a los excesos de la privatización, las alzas de tarifas, la calidad y el
cubrimiento de los servicios. También cumple misiones de apoyo y solidaridad a los
desplazados del campo a Florencia.
Esta Asociación ha logrado importantes niveles de concientización ciudadana, mediante
actividades de información y movilización, para defender los derechos de los usuarios de
servicios públicos, contituyéndose en veeduría ciudadana sobre las instituciones públicas. En
adición, sirve de mecanismo de organización electoral de un grupo político de izquierda legal,
el MOIR.
6. IGLESIA, EDUCACIÓN, CULTURA Y PARADIGMA IDEOLÓGICO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN AMAZÓNICA
La Iglesia Católica, que jugó un papel protagónico en la construcción de institucionalidad en
la Amazonia colombiana vía el Concordato de Misiones (administró la salud y la educación en
la región por delegación estatal, pero ante todo, intermedió entre las dispersas y frágiles
comunidades locales de colonos e indígenas y el Estado Central), cedió primero su espacio a
la sociedad civil emergente (gremios, sindicatos, organizaciones campesinas, partidos
políticos) y a la burocracia estatal (Comisarías-Intendencias-Departamentos-Institutos
Descentralizados Nacionales-Dainco, etc); luego cedió frente al clientelismo, el militarismo y
la tecnocracia central y; finalmente, viene cediendo espacio ante los actores armados.
En efecto, en la actualidad la Iglesia Católica sólo “maneja” parte reducida de la
educación secundaria. Se enfrentó primero al centralismo y al clientelismo, para lo cual
apoyó decididamente la emergencia de expresiones orgánicas de la sociedad civil, como fue
el apoyo a la creación de sindicatos de maestros (AICA), organizaciones campesinas (FANAL,
ANUC), cooperativas, clubes juveniles, etc; luego enfrentó al militarismo (en la época de la
amnistía al M-19 y las Farc-Unión Patriótica, cuando Belisario Betancur, 1982-1986),
buscando opciones negociadas de paz, las cuales terminaron en frustración nacional; más
recientemente parece recluirse en el activismo espiritual, religioso y actuar apenas como
mediadora entre los actores armados. El protagonismo de algunos voceros de la jerarquía
eclesiástica se reduce a la mediación entre los protagonistas de poder (Estado-paramilitaresguerrilla) y denota poca opción propositiva y, menos, decisoria.
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No obstante lo anterior, el militarismo de la guerrilla puede exacerbar a la Iglesia y su
feligresía, como en el caso del párroco de San Vicente del Caguán en 1999, denunciado de
manera radical por la guerrilla. A su vez, han florecido en la Amazonia iglesia evangélicas y
protestantes, así como sectas milenaristas, las cuales se han convertido en refugio
significativo de antiguos líderes sociales, frustrados, y de nuevas generaciones ansiosas de
algún tipo de liderazgo social. La propia Iglesia Católica ha duplicado en 10 años el número de
sacerdotes, y multiplicado los grupos carismáticos radicales. Estos cambios en el “cuerpo de
la Iglesia” y en la opción política institucional responden a la dinámica del conflicto regional
(la negación de espacios para la sociedad civil), pero también, al ciclo político de la misma a
nivel nacional e internacional, en el pontificado de Juan Pablo II.
El sistema educativo regional, en particular el cuerpo docente, cumplió función clave
en la generación de espacios para la sociedad civil. De allí salió el recurso humano para la
creación de sindicatos, organizaciones campesinas, líderes cívico, dirigencia política,
periodistas, grupos deportivos y culturales, etc. El magisterio no sólo era la única fuente de
empleo “cultural” sino que rápidamente, de la mano de la Iglesia Católica, se politizó y con
importante solidez ideológica de izquierda (y sectarismo militante) operó como fuente de
inspiración (dado el paradigma social) para la creación de la sociedad civil regional, con gran
autonomía relativa (con relación a la autonomía que puede reconocerse en la actualidad)
frente al Estado. Esto durante los años 60, 70 y principios de los 80.
Conforme los resultados de esta investigación, podemos avanzar la siguiente hipótesis: la
existencia de un paradigma ideológico (en este caso de izquierda) y de propósitos
altruistas, de solidaridad, con vigencia nacional e internacional, actuó como acicate
eficiente para la construcción de sociedad civil en la Amazonia. Así mismo, la quiebra del
paradigma ideológico de izquierda en los años 80, actuó como disolvente, adicional a otros
factores, del espíritu de solidaridad y organicidad propio de la sociedad civil.
En efecto, el magisterio (educadores) se quedó sin el “movimiento pedagógico” de los
setenta y principios de los ochenta. Se recluyó en el gremialismo estrecho y formas
remozadas de clientelismo, tanto en el Caquetá como en el Amazonas. Muchos de sus líderes
se recluyeron en el activismo económico (inclusive, en algunos casos, de economía de la
coca), el nihilismo, la religiosidad y algunos, muy pocos, en formas de academicismo. En todo
caso, en alternativas individualistas antes que solidarias.
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El periodismo, agente clave de la construcción de tejido social y cultura regional, sufrió un
ciclo como el del magisterio y por razones similares en lo ideológico, en el Caquetá. En el caso
de Leticia es más precario su espacio y asociado al ciclo de economía rentista-especulativa.
En adición, la carencia de actividades productivas consolidadas, de grandes empresas, y en
últimas, de una burguesía regional modernizante, ha impedido la consolidación (financiación)
de un periodismo independiente, crítico y autónomo. También contribuye a este cuadro la
carencia de escuelas de periodismo y la fragilidad técnica de los medios. El narcotráfico y la
referida polarización militar de los conflictos sociales, es decir, la no tramitación de los
mismos por canales democráticos e institucionales, completan el cuadro de precariedad en el
periodismo y medios de comunicación en la Amazonia.
Todo lo anterior se expresa críticamente en dos sentidos: primero, el importante auge
cultural de la colonización productiva hasta los setenta -el mismo de las Semanas
Culturales Caqueteñas (lideradas por la Iglesia Católica) y del sincretismo cultural nacional
(naturaleza diversa de los migrantes, los indígenas y los misioneros, etc.) y el que generó
universidad regional y líderes para la sociedad civil, para los partidos políticos, el Estado y
para las organizaciones guerrilleras- se disolvió lánguidamente. La creación/recreación
cultural de la colonización terminó vaciada en el individualismo competitivo de la
economía de cultivos ilícitos, el enriquecimiento rápido, la “cultura del atajo” o “cultura
mafiosa”. Así mismo, se soporta en la televisión de parabólicas y de cable, con su apología
a la frivolidad, la violencia, el éxito individual y el consumismo. El sistema educativo,
informativo y cultural prevaleciente en la Amazonia no crea capital social, base de la
construcción/reproducción de la sociedad civil.
En segundo lugar y como corolario de lo anterior, el proyecto cultural de la colonización
productiva, que debía conducir a la emergencia de una expresión cultural, social y política
auténtica de la colonización amazónica (seguramente caracterizada por el respeto y la
defensa de la diversidad), languideció en expresiones aisladas meritorias33, en otros casos
en copias caricaturizadas de la globalización o de la cultura de la violencia y de la coca. Este
es el reto central de cualquier proyecto de recuperación de la sociedad civil regional.
33
En el caso de Leticia existe un dinamismo cultural más creativo a partir de la confluencia
folclórica de las tres naciones (Brasil, Colombia y Perú) y de los múltiples pueblos amerindios de la
zona. No obstante, los eventos culturales parecen fuertemente mediados por los intereses
empresariales y comerciales, sobretodo por la crisis financiera de las instituciones públicas locales
y regionales.
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7. LA COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL
En los últimos treinta años la Amazonia continental ha sido plenamente articulada, aunque
de manera subordinada, a las dinámicas económicas y políticas nacionales de los países
amazónicos (Smith: 27).
En el caso colombiano, con la economía productiva, los productores más cercanos a las vías
de transporte (carreteras y ríos) y a los centros urbanos, tenían las mayores opciones de
acumulación. Con la economía de la coca y la amapola, son los campesinos y colonos más
alejados de los centros urbanos, en las regiones más aisladas e inhóspitas, los que tienen la
primera opción de acumulación (independiente de que el excedente real se queda en las
redes de intermediación y narcotráfico, nacional e internacional, no en la propia región
amazónica). En la actualidad, se presenta una tendencia de los cultivos ilícitos a acercarse a
los centros urbanos y vías centrales, como producto de la pauperización de los campesinos y
pequeños ganaderos sobrevivientes en esas áreas, del largo ciclo depresivo de la ganadería
regional y de las propias condiciones impuestas por los actores armados (cobro de cuotas).
En efecto, en la región se vive una fase depresiva del ciclo económica, explicada por razones
adicionales al ciclo recesivo nacional. Se presenta simultáneamente la caída de los precios
reales de los productos agrícolas, algunos de estos desplazados por producción traída desde
Ecuador (como el plátano), mientras los costos de la mano de obra se regulan por los salarios
pagados en las zonas de coca (más altos, por responder a una racionalidad diferente), con lo
cual los márgenes empresariales presentan una caída sostenida. En adición, las políticas
públicas de apoyo a la producción campesina sufren un debilitamiento o franco abandono,
como en el caso del desmonte del IDEMA que ofrecía precios de sustentación, del Fondo DRI
(de muy precaria presencia regional) y el desmantelamiento del INCORA y del ICA, amén del
ciclo de altas tasas de interés que afectó la liquidez agropecuaria.
De otra parte, aunque no existen datos oficiales, las entrevistas realizadas permiten
reconocer que los actores armados, en particular la guerrilla de las FARC, han incrementado
el control económico de la comercialización de la coca, sacando de la cadena a buena parte
de los intermediarios (chichipatos). Así la guerrilla logra regular el precio pagado a los
campesinos y colonos productores de la base, creando una estabilidad coyuntural en los
ingresos que estimula el incremento en las siembras. Esto porque, como ha sido reconocido
por varios observadores, las fumigaciones sirven para muchas cosas menos para eliminar o
siquiera estabilizar los cultivos *. No obstante, el resultado ha sido la reducción de los
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ingresos que irrigaban en las zonas urbanas las redes de intermediarios y traficantes,
afectando sensiblemente el comercio y los servicios en general. En adición, el impuesto de
guerra de las FARC ha alcanzado a sectores de la población que antes no tributaban, de
ingresos medios y aún bajos.
Con relación a la presencia de los paramilitares, los informes, aunque contradictorios en
algunos casos, sugieren que estos en el Caquetá están siendo financiados, por el momento,
por recursos en lo fundamental de sus patrocinadores de fuera de la región. Esta parece una
táctica de acercamiento mientras su consolidación les permite imponer los tributos propios.
Por estas razones, y por la misma incertidumbre, generalizada en la población, frente a los
resultados de los diálogos de paz de San Vicente del Caguán, las inversiones productivas se
encuentran estancadas en la región.
En Leticia el ciclo recesivo se asocia más a los ajustes presupuestales de las entidades del
Estado y al ciclo recesivo del Brasil, en particular a los efectos de la devaluación del Real, la
cual, si bien abarata los insumos importados y la mano de obra de la frontera, encarece la
escasa oferta de bienes y servicios locales, incluyendo el turismo. Los recientes intentos de
movilizaciones sociales (junio y julio de 1999), en particular de comerciantes, funcionarios
públicos y políticos profesionales en Leticia, responden a las demandas de financiamiento
nacional de los abultados déficits fiscales, tanto del departamento (Amazonas) como de los
dos municipios, Leticia y Puerto Nariño.
Luego del ciclo expansivo de la economía de la coca en el Departamento del Amazonas,
durante los años ochenta y principios de los noventa, las fumigaciones a los cultivos y la
persecución a los empresarios narcotraficantes de la zona, así como la represión al tráfico de
base de coca en el Perú, hicieron que la región entrara en un ciclo depresivo de recursos del
narcotráfico. No obstante lo anterior, en los años 90 se consolida en el Departamento un
ciclo expansivo del gasto público regional asociado a la creación del Departamento y las
opciones de endeudamiento interno -que fueron aprovechadas con largueza y de forma
irresponsable-; a los nuevos recursos fiscales de la descentralización transferidos a los
municipios (igualmente sobreendeudados); y a los recursos de las 52 instituciones del orden
regional y nacional existentes en el municipio de Leticia.
Desafortunadamente, según informes oficiales de la Contraloría Nacional de la República y la
Procuraduría, gran parte de los recursos públicos fueron apropiados de forma privada en el
Amazonas, dado el esquema de gestión institucional existente, la fragilidad de los controles
51
JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
públicos y privados (de la sociedad civil) y el reciclamiento de la clase política tradicional en el
región. El familismo amoral, la apropiación privada de las rentas públicas, tiene en el
Departamento del Amazonas un caso aberrante, al grado tal que existe un discurso político
local contra la transparencia y la fiscalización ciudadana, acusadas de argumento centralista
para impedir el progreso regional34.
En suma, la coyuntura económica de la Amazonia corresponde a lo que hemos llamado el
ciclo especulativo y rentista en la región, existente desde finales de los años ochenta. La
predominancia de la economía de la coca, de extracción de petróleo, oro, coltán, etc. y de
captura privada de rentas del Estado, constituyen las fuentes principales de apropiación de
excedentes. Subsisten, claro está, la economía de colonización productiva (basada en la
ganadería, la agricultura campesina y de colonización, el comercio y los servicios) y la
economía de extracción de recursos de la selva (resinas, maderas, pieles, peces
ornamentales, pescado, etc.) pero subsumidas, condicionadas en sus posibilidades de
consolidación y acumulación a los ciclos de la economía especulativa y rentista.
Un aspecto crítico de la coyuntura económica regional amazónica es que los excedentes de
acumulación generados no se aplican productivamente en la misma región, sino en forma
marginal por la extenuada economía de colonización productiva. Las rentas de la coca, del
petróleo, la minería o del Estado, se fugan a inversiones fuera de la región, en gastos
suntuarios sin efectos dinámicos (no generan filtraciones tecnológicas, de conocimiento o
de aprendizaje, por ejemplo), como es el caso de la compra de las mejores tierras, en
calidad y localización, por parte de narcotraficantes o, finalmente, se aplican a la lógica de
la guerra. No existe, en consecuencia, un proceso significativo de acumulación endógeno
regional, que potencie la capacidad competitiva sistémica.
8. LA ECONOMÍA REGIONAL AMAZÓNICA EN LA PERSPECTIVA DE LA
GLOBALIZACIÓN Y EL DESARROLLO ENDÓGENO: EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE.
No obstante lo concluido en el acápite anterior, de forma simultánea en la Amazonia se
construye un ciclo de aprovechamiento globalizado de la oferta ambiental y cultural
34
Un ejemplo en tal sentido lo constituye la conformación de una alianza política de los sectores
clientelistas tradicionales, durante 1999, que logró la destitución del Gobernador en propiedad,
Arcesio Murillo, a pesar del reconocimiento ciudadano de la gestión transparente y de
anticorrupción que adelantaba. Las entrevistas realizadas con actores de la sociedad civil regional,
así como los documentos analizados por nosotros, nos permiten concluir que este fue un caso
donde los pájaros le dispararon a las escopetas y tuvieron éxito. Por fortuna, la historia continuará.
52
JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
regional, el cual responde a la lógica de los diferentes capitales en la época del capitalismo
global, como fue definido ya en el capítulo III.
Esta es la perspectiva más creativa y riesgosa de la coyuntura social, económica, política,
cultural y ambiental de la Amazonia. En esencia, se trata del reconocimiento endógeno,
regional y nacional, pero sobretodo exógeno, internacional, de la verdadera importancia
estratégica de la Amazonia continental y colombiana.
Como quedó dicho, la importancia estratégica de la Amazonia está asociada al papel que
juega la región en el mantenimiento del equilibrio térmico del planeta y del equilibrio hídrico,
así como al potencial productivo de su banco de germoplasma y a la riqueza de la diversidad
cultural ancestral amazónica (ver capítulo II).
Una buena síntesis del real y potencial aprovechamiento de los recursos estratégicos de la
Amazonia la presenta la investigadora Elizabeth Reichel Dussán35:
“En la Amazonia colombiana y en las regiones tropicales, los centros económicos y de
la ciencia y tecnología han utilizado los recursos naturales para obtener material
tanto biótico como abiótico que ha servido como base para elaborar productos
industriales que se comercializan en el mercado mundial (Bravo 1998, Shiva 1996). Se
ha realizado la bioprospección, o sea, la sustracción, estudio y transformación de
material de la biodiversidad para obtener material bioquímico y genético que se
procesa en productos comercializables. A su vez, se ha utilizado lo que denomino
cognoprospección para la sustracción, estudio y uso de conocimientos culturales
(conceptos, imágenes, símbolos y conocimientos verbales y no verbales, etc.) que
contienen datos sobre ubicación, extracción, preparación y utilización de recursos
(biológicos y no biológicos) que tienen posible valor comercial. Ante la cifra de más de
43 billones de dólares lograda anualmente por empresas que comercian
medicamentos basados en plantas y conocimientos originarios de pueblos indígenas
(Posey 1994:24), y de más de 15 billones obtenidos en el comercio de semillas (Posey,
loc. cit.), es de suponer que el actual negocio de biorrecursos es altamente lucrativo
en el mercado mundial, aunque parte de estas sumas la reciben los pueblos locales y
los países de origen del material inicial logrado por bioprospección y
35
REICHEL DUSSÁN, Elizabeth (1999), “El tráfico del conocimiento: bioprospección,
cognopiratería, biopiratería y biodiversidad ante una ciencia post-occidental en la
Amazonia”, Colciencias, Bogotá.
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HERMINSO PULECIO
ministrada por
poblaciones indígenas y locales, estos recursos se procesan industrialmente y se
venden en productos biomédicos, fármacos, de alimentación, semillas, agroquímicos,
perfumes, resinas, fibras y otros artículos como insecticidas, venenos y materiales
recreativos. Los productos son protegidos como propiedad intelectual de las grandes
empresas transnacionales o de los innovadores e inventores finales que los registran
legalmente para proteger de competidores la invención y al inventor”.
Varios de los fenómenos económicos y sociales notados por Reichel han sido identificados
por algunos sectores sociales regionales de la Amazonia, por ejemplo por comunidades
reducidas de colonos, indígenas, dirigentes sociales y tecnócratas de las instituciones
nacionales. Igual, la academia colombiana tiene información al respecto desde la realización
del Primer Simposio Mundial sobre la Amazonia, en Florencia, Caquetá, en 1968. Pero han
sido las Empresas Transnacionales (en especial las de tecnologías de punta), los Estados de
los países desarrollados y diferentes organizaciones ambientalistas o defensoras de las
minorías étnicas, igualmente de los países desarrollados, quienes con mayor claridad han
definido estrategias de intervención, uso y aprovechamiento del potencial estratégico de la
Amazonia.
Aquí el problema es que las diferentes ópticas e intereses sobre la Amazonia actúan de
forma desfasada, contradictoria y a menudo excluyente, porque responden a intereses
contrarios que se definen unos en ámbitos plenamente globalizados y otros en ámbitos
nacionales o regionales, menos globalizados. La apuesta social y ambientalmente deseable
sería la construcción de consensos mínimos sobre un modelo de desarrollo
ambientalmente sostenible y socialmente justo en la Amazonia. Este consenso, para que
sea políticamente viable y constructor de un sentido social de pertenencia, debe fraguarse
en y desde la región, y debe contar con la comprensión y el apoyo técnico, financiero,
institucional y político de la nación y la comunidad internacional.
En las condiciones actuales, son las lógicas valorativas de los diferentes capitales financieroespeculativos, productivos y comerciales las que determinan -con mediaciones apenas
marginales de los actores estatales (Estado nacional y Guerrillas) y de la sociedad civil
regional-, la dinámica de la ocupación y uso del espacio regional amazónico.
En nuestro concepto, cualquier esfuerzo por construir consensos sobre un modelo de
desarrollo humano sostenible en la Amazonia pasa por recomponer el balance de poderes
a favor de la sociedad civil regional, su concientización sobre la importancia estratégica
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JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
amazónica en el contexto de la globalización, y sus posibilidades de actuar para reconstruir
el tejido social en torno a un nuevo modelo de desarrollo productivo y sostenible en la
región.
Nuestra lectura final es de un realismo crítico, digamos optimista, propositivo, sobre el
futuro de la Amazonia como proyecto de región socialmente construida. Esto porque en el
estudio encontramos confluencias significativas entre sectores del Estado nacional, las
guerrillas, la sociedad civil regional y la comunidad internacional, en torno a la construcción
de un sentido de región sobre la base de nuevas legitimidades y del reconocimiento de la
especificidad amazónica.
El optimismo está asociado a la posibilidad de lograr la paz nacional sobre la base de la
negociación política del conflicto. Este proceso en la Amazonia toma la forma de
reconstruir el capital social regional, las nuevas confianzas y legitimidades, sobre el
presupuesto de reconocer la diversidad (no la exclusión o la homogenización) como la
condición de la existencia social, institucional, política, económica y ambiental en la
Amazonia.
Como expresara en la entrevista el arzobispo Luis Augusto Castro, no se trata de cambiar en
la Amazonia unas matas de coca por otras matas, digamos lícitas: se trata de cambiar una
cultura, especulativa-rentista (decimos nosotros), por otra, productiva, solidaria y con valores
éticos que involucren el interés de la humanidad -que es también el interés público nacional
colombiano- de mantener el espacio vital amazónico para las próximas generaciones.
9. PROCESOS HISTORICO-SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL EN LA AMAZONIA-CASO
CAQUETA- (JUAN ANTONIO LEÓN GONGÁLEZ)
Tradicionalmente se afirma que la Amazonia es, por excelencia, una región de
colonización, y sobre todo de colonización contemporánea.
Esta afirmación, en términos generales, es correcta, si bien sería necesario hacer unas
precisiones de orden histórico, que escapan al objetivo de las presentes notas.
Bástenos registrar que la región ha sido objeto, en el presente siglo, de algunos
"momentos" de colonización, que, en términos generales, podríamos sintetizar así:
55
JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
a.- El periodo del primer extractivismo (quina y caucho) que abarca de finales del siglo XIX
a la segunda década del siglo XX, correspondiendo al período cauchero el momento más
significativo, toda vez que es en este período en el que tienen lugar dos circunstancias
significativas para la posterior evolución de la región:
De una parte, la Fundación (para el caso del departamento del Caquetá) de tres de los
asentamientos más dinámicos durante la presente centuría: San Vicente, Puerto Rico y
Florencia. Mocoa, en el Putumayo había sido fundada a mediados del siglo XVI, pero hasta
finales del siglo XIX tuvo una existencia accidentada.
De otra parte, la época registra el comienzo de la presencia del Estado presencia que a lo
largo de todo el siglo será débil y distante. La institucionalidad que se configura a partir de
esta situación será igualmente frágil e inestable.
b.- El conflicto con el Perú (1932-1933): Esta coyuntura presiona la necesidad de
garantizar la comunicación con el interior del país para, el transporte de tropas y
pertrechos, y es así como se dan al servicio los carreteables Pasto-Mocoa y GuadalupeFlorencia, cuya construcción había sido iniciada desde comienzos del siglo, y que
permitirían el ingreso de un contingente colonizador proveniente del interior del país.
c.- La violencia política de los años 40 y 50 abriría un tercer momento, toda vez que la
región se convirtió en un lugar de refugio para Ios perseguidos políticos que huían de la
conflagración y que, por regla general, no regresaron a sus lugares de origen.
d.- Los años 60 presencian el proceso que se ha denominado como de "colonización
dirigida", orientado por el INCORA y cuyo desarrollo estuvo signado por una
desorganización institucional que pondría en evidencia el fracaso de la política estatal
para resolver de manera adecuada el aún irresuelto problema agrario.
e.- En las últimas tres décadas han tenido lugar dos fenómenos que, de diferente manera,
han alterado el mapa demográfico de la región (principalmente en su parte
noroccidental), y que, también de diferente manera, han afectado la forma como se ha
construido sociedad en la región.
II.
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JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO
Hecho este recuento muy sucinto del proceso de ocupación en el noroccidente de la
Amazonia (con especial referencia el Departamento del Caquetá), pasamos a exponer, de
manera también panorámica, las condiciones generales que han estado presentes en la
construcción de sociedad.
De entrada debe anotarse que dos de los factores que más han incidido en este proceso
son la presencia relativamente simultanea (en el tiempo y en el espacio) de la guerrilla y
el narcotráfico. En efecto, desde mediados de los anos 70, fue evidente la cada vez más
creciente presencia de la guerrilla de las FARC, primero al norte del departamento, hasta
una situación, en el día de hoy, en la que prácticamente hacen presencia en los 16
municipios.
A finales de esa década y comienzos de los 80, el M-19 decidió escoger al Caquetá como
el epicentro de sus actividades en el sur del país, dando lugar a lo que se conoció como "la
guerra del Caquetá" (que más o menos coincidió con el periodo de gobierno de Turbay
Ayala 1978-1982), y que le valió al departamento el calificativo de "zona roja"
La escogencia, hoy, de San Vicente del Caguán como epicentro de los diálogos de paz y de
la zona de despeje, no es, por lo tanto, gratuita. Al contrario, es una reafirmación de lo
que ese municipio significa, en términos estratégicos, para la insurgencia. Y por supuesto,
el resultado de esos diálogos, cualquiera que sea, tendrá una enorme importancia para
ese municipio y en general para todo el departamento.
De otra parte, el narcotráfico se ha constituido en un factor de extraordinaria incidencia
en la problemática contemporánea de la región. Las marchas campesinas de 1996 (que
tuvieron como escenario los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo), que al
decir de algunos analistas constituyeron la movilización campesina más importante de los
últimos 50 anos en Colombia, fueron una demostración de la importancia y el peso que
los cultivos ilícitos tienen en la zona.
El habernos convertido, entonces, en centro de la atención no solo del país sino de la
comunidad internacional, el haber adquirido la "visibilidad" que hoy en día tenemos ante
el mundo, constituye para nosotros, no solo un reto, sino la oportunidad tal vez mas
importante en la historia de la región, para que, de cara al futuro, discutamos las
condiciones en las que puede ser posible la sostenibilidad económica, social y política.
57
JORGE REINEL PULECIO
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III.
Llegados a este punto, es necesario preguntarnos por la situación (condición) de la
sociedad civil. Sabido es que en Colombia la sociedad civil es muy débil, debilidad que se
ha hecho manifiesta en el transcurso de la grave crisis que afronta el país. Si a esto se le
agrega la precariedad del Estado en la región y la virtual condición de para-Estado que
representa la insurgencia, nos encontramos con un panorama poco halagador para la
consolidación de la sociedad civil.
Por otro lado, la pregunta por el tejido social en la región no permite una respuesta muy
positiva, toda vez que esta implica dar cuenta previamente de la manera como coexisten
lo social y lo económico, esto es, como el tejido social es (re)construido y/o desarticulado
en el cruce de factores como los cultivos ilícitos el bajo capital social, la presencia de la
guerrilla, el bajo perfil institucional} etc.
Cuando se constata que en la región tanto la guerrilla como el narcotráfico, como actores
reales de poder, han construido verdaderas redes que han reemplazado parcialmente las
tradicionales redes de poder, y que están incidiendo en la conformación social regional,
podemos intentar una aproximación especulativa sobre el tipo de sociedad que se perfila.
A manera de hipótesis, adelantemos que la construcción de sociedad civil enfrenta en la
región algunos dos obstáculos, que aunque de diferente naturaleza, conspiran contra la
posibilidad da su desarrollo: de un lado, la herencia del clientelismo, que en el Caquetá
fue muy poderosa hasta hace algunos años, y que hacía nugatoria la acción organizada de
la sociedad, como quiera que el gamonal, en un sistema de clientela "reemplaza" (ocupa
el espacio de) a la sociedad civil y se constituye en el "puente" entre ésta y el Estado. De
otro lado, la omnipresencia de la guerrilla, que de alguna manera "ocupa" en lo político,
el espacio de la posición y en lo social el de la sociedad civil, generando una serie de
acciones y reacciones, desde el Estado y desde la propia sociedad que suplantan el
espacio propio de la sociedad civil, al punto que hay quienes sostienen que en Colombia
la única sociedad civil organizada está en el monte.
De hecho, la realidad de hoy muestra que los intentos que hasta el momento se han
hecho por movilizar a la sociedad civil en la región han fracasado. A no ser que, forzando
su concepto se argumente que esta se expresó en las marchas campesinas de 1996; o en
la votación del mandato por la paz. Creo, en contrario, que estos dos momentos deben
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ser rediscutidos para entender su verdadero significado, de suerte que la sociedad civil
no se convierta en un cliché vacío de contenido.
Y aquí nos topamos con un problema inquietante: la sociedad civil frente al despeje. De
entrada, no podemos mas que registrar su absoluta ausencia, frente a una circunstancia
en la que se está poco menos que decidiendo su futuro. Por supuesto, debe registrarse el
hecho de que - al menos es la sensación que se palpa-, tanto de parte de las FARC, como
del gobierno, como que no se advierte el más mínimo interés de que este interlocutor
"incomodo" (en cuyo nombre se lucha y se negocia) juegue un papel significativo.
Es preocupante constatar, en la realidad misma del despeje, el desdén que se tiene hacia
ella y la instrumentalización de que es objeto. La pregunta obligada es, entonces: ¿Cuál es
el modelo de sociedad que propone la insurgencia? Una sociedad sometida y
atemorizada? Porque es evidente que al momento existe una gran ignorancia sobre lo
que quiere la insurgencia como proyecto de sociedad. Es preocupante que no se haya
dicho, luego del colapso del proyecto socialista, que modelo de sociedad se plantea. Este
modelo, ¿lo discuten los representantes de la guerrilla, o de la propia sociedad? ¿A partir
de qué legitimidades se habla en nombre de la sociedad?
En esta dirección como algún analista ya lo ha advertido no podemos permitir que
nuestro futuro sea discutido solamente por unas élites; las de la guerrilla y las del
gobierno, es decir por una vía profundamente antidemocrática y, por qué no decirlo,
autoritario, cuando ese modelo de sociedad debe ser construido en un gran debate
nacional.
Si a lo anterior le sumamos la presencia del fenómeno paramilitar en la región, que no es
más que una máquina de muerte y de guerra en acción, podremos tener una idea de la
inmensa tarea y del enorme compromiso que tenemos por delante: construir una
sociedad civil que esté en condiciones de definir su propio futuro.
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10. ANEXOS
ANEXO 1. LA AGENDA DE NEGOCIACIONES DE PAZ GOBIERNO NACIONAL – FARC-EP
Durante 1999 el gobierno nacional y las FARC-EP lograron concertar una agenda nacional de
negociaciones de paz, que incluye 12 temas, entre los cuales 3 están directamente
relacionados con la dinámica social, ambiental y política de la Amazonia. Las negocianiones
de esta agenda son una oportunidad, aprovechable o no, para abordar directamente la
perspectiva de la construcción social de la región amazónica. En efecto, los puntos 9, 10 y 12
de la Agenda se definieron así:
9. Política Agropecuaria
9.1 Democratización del crédito
9.2 Redistribución de la tierra
9.3 Estímulos a la producción
9.4 Ordenamiento territorial
9.5 Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo
9.6 Reforma agraria
9.7 Infraestructura regional
9.8 Organización de los productores
9.10 Region
10. Política de explotación y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
10.1 Petróleo y sus derivados (política energética)
10.2 Recursos mineros
10.3 Protección del ambiente sobre la base del desarrollo sostenible
10.4 Modelo de desarrollo basado en el potencial social y ambiental de la Nación
10.5 Sistema nacional de áreas protegidas
10.6 Compromisos internacionales
10.7 Frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja reservas
12. Lucha contra el narcotráfico.
12.1 Sustitución de cultivos ilícitos. Plan de Desarrollo Alternativo
12.2 Consumo, compromiso para disminuir la demanda.
12.3 Cooperación internacional
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Los temas enunciados, a pesar de su dispersión y de posibles interpretaciones divergentes a
la hora de las concresiones, se inscriben en la perspectiva de lograr la definición concertada
de una nueva política nacional para la región amazónica. Esta es una oportunidad negada
desde siempre, desde que comenzó la ocupación de la cultura occidental sobre la Amazonia.
Una cosa es clara: la negociación y los acuerdos posibles no son la solución, ni la panacea.
Son el comienzo posible de una dura y costosa reconstrucción, refundación sería más preciso
decir, del tejido social, productivo e institucional de los pueblos de la Amazonia. También es
claro que tal negociación y concertación resultará en una nueva y dolorosa frustración si se
limita al estrecho marco de los actores armados del conflicto regional y nacional. La exclusión
de la sociedad civil, o su vinculación en forma sometida, sumisa e instrumentalizada, no
autónoma, en nuestro concepto puede conducir a incubar nuevas dimensiones de la
confrontación armada, por el riesgo de que terminen imponiéndose las lógicas de negociar
para mejorar las condiciones de los contendientes.
El gran reto es, como queda demostrado en este estudio, la debilidad de la sociedad civil
regional y nacional para actuar de forma autónoma y propositiva.
ANEXO 2. MUESTRA DE ALGUNOS PROYECTOS E IDEAS DE PROYECTOS EXISTENTES EN LA
REGIÓN AMAZÓNICA, EN LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE.
A continuación se presenta un listado de los proyectos de carácter productivo, cultural,
ambiental, o de fortalecimiento institucional comunitario identificados en los municipios
de la Amazonia estudiados (Leticia, Florencia y San Vicente del Caguán), que surgieron a
instancias de la sociedad civil y que en nuestro concepto pueden contribuir a la
construcción social de la región amazónica con una perspectiva de desarrollo humano
sostenible.
LETICIA (Departamento de Amazonas)

“La Caprichosa. Proyecto de Reserva Natural de la Sociedad Civil”. Desarrolla la forma
jurídica de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil en el contexto del Sistema
Nacional de Areas Protegidas, SINAP. Está localizado en el Kilómetro 14 en la vía que
parte de Leticia en dirección a Tarapacá. Es un proyecto cuyo objetivo fundamental es
61
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HERMINSO PULECIO
de ordenamiento en la ocupación del territorio amazónico. Participan académicos y
ambientalistas de Leticia, especialmente profesores universitarios.

“La Beatriz”. Es un proyecto en desarrollo en el que “participan 35 familias de
indígenas y colonos de escasos recursos que a través de mecanismos de autogestión
buscan consolidar un modelo de poblamiento en el que paulatinamente se consoliden
unidades de vivienda, unidades de producción y unidades de conservación”
(Documento base del proyecto). Coordinador: Germán Vallejo.

“Proyecto de definición y manejo de una ecorregión estratégica en el Municipio de
Leticia, Amazonas”. Proyecto preparado por varias organizaciones ambientalistas de
Leticia.

“Proyecto de red de veedurías ciudadanas a la gestión pública en el Departamento del
Amazonas”. Idea de proyecto en gestación en grupos de ONGs.

Proyecto de Reciclaje en Leticia. Es un proyecto en desarrollo.

“Comité Ambiental de la Normal Superior de Leticia”, responsable, profesora María
Cristina Erazo. Participan los profesores de Ciencias Naturales y de Sociales de la
Normal.

“Proyecto Maloca”, de rescate cultural indígena. Colegio Técnico Agropecuario de
Puerto Narino.

“Comité Ambiental Departamental del Amazonas”, donde participan instituciones
públicas y privadas para apoyar la formulación y gestión de la política ambiental
departamental.

“Ecoturismo, fuente de Desarrollo en la Región Amazónica”, Responsable: Rector
Colegio Nocturno Alvernia, Leticia. Responsable: profesor Héctor Camacho Bahamón.
(Portafolio Regional de Proyectos Estratégicos de la Amazonia, Comisión Regional de
Ciencia y Tecnología de la Amazonia – PRPEA, CRCTA)36.
Durante 1998 la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología de la Amazonia (CRCTA), instancia
dependiente de Colciencias, realizó un proceso de identificación de proyectos, en diferente nivel de
formulación (idea, perfil, factibilidad), que denominó “Portafolio Regional de Proyectos Estratégicos de la
36
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
“Haciendo Ciudad para la Vida Colectiva”. Responsable Escuela Normal Superior,
Licenciados: Gloria Martínez Salazar, Eliécer Mendoza Riverio, Stella Cabrera Oliveria y
Luz Mery Cardona. (PRPEA, CRCTA).

Manejo de Recursos Hidrobiológicos Amazónicos”, Responsable: Escuela Normal
Superior, Licenciados: María Cristina Erasso, Adelaida Ruíz de Segura, Deyssi Alzate de
Martino y Nubia Luz Castillo de Beleño. (PRPEA, CRCTA).

“Selva Educadora-Ciudad Educadora”, Responsable:
Secretaría de Educación
Departamental, Profesor: Jorge Enrique Picón Acuña. (PRPEA, CRCTA).

“Amazonas, Vocación Microempresarial”, Responsable:
Asociación de
Microempresarios del Amazonas (A.M.A), Doctor Marino Duque Jiménez. (PRPEA,
CRCTA).

“Ecoturismo Alternativa de Desarrollo para el Amazonas”, Responsable Secretaría de
Turismo y Frontera Departamental del Amazonas, doctora Diana Inés Gutiérrez
Londoño. (PRPEA, CRCTA).

“Diagnóstico y Estrategias de Conservación de las Poblaciones de Faunas Silvestre con
mayor presión de caza, en el sector Sur del Parque Nacional Natural Amacayacu”,
responsable: Parque Nacional Natural Amacayacu, doctores Juan Carlos Arias García,
Nancy Murillo Bohorquez, Alejandro Castellanos Hernández y María Girleza Ramírez
González. (PRPEA, CRCTA).

“Fortalecimiento Comercial para Empresas Asociativas de Trabajo a Comunidades de la
Etnia Ticuna, San Martín de Amacayacu, Palmeras y Mocagua”, responsable Parque
Nacional Natural Amacayacu, doctora Liceette Alejandra Chavarro Díaz y Nancy
Murillo Bohórquez. (PRPEA, CRCTA).

Cabe notar la existencia de las siguientes organizaciones no gubernamentales en el
Departamento: Delfín Rosado, Futuro Amazónico, SOS Amazonas, GAIA, HILEA, Paz
Amazonia” (PRPEA). Para efectos de la presente reseña se tomaron en consideración los proyectos asociados
a los municipios estudiados (Leticia, Florencia y San Vicente del Caguán) y que en principio cumplen los
criterios señalados más arriba. Agradecemos a Mariano Useche, director de la CRCTA, la amable
información sobre el Portafolio.
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Verde, Grupo ecológico CARANA, Amigos de la Naturaleza, Fundación Omacha, entre
otras.
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Los proyectos en desarrollo más importantes, en san Vicente del Caguán, fueron
descritos en el Capítulo 5. Se trata de ASCAL-G, AMCOP y la Asociación de Juntas de
Acción Comunal de san Vicente del Caguán.

Los Proyectos Integrales de Vida de las comunidades indígenas de la Amazonia,
igualmente reseñados en el capítulo 5.

El Comité Ejecutivo de Paz de San Vicente del Caguán. Institución surgida en 1998
como mecanismo ciudadano de búsqueda de diálogo con la guerrilla para lograr
acuerdos de paz y convivencia política en el municipio. Es una organización de la
sociedad civil que ha logrado mantener un espacio de diálogo entre la comunidad, las
autoridades locales y la guerrilla, con gran autoridad política.

“Proyecto de Granja Familiar Amazónica”, del Centro de Investigación, Formación e
Información para el Servicio Amazónico, CIFISAM, de la Diócesis de San Vicente-Puerto
Leguízamo.

“Ciudadela Juvenil Amazónica”. Centro educativo y experimental de la Comunidad
Salesiana en San Vicente del Caguán.

“Proyecto comunitario de Reserva Ambiental de la Cuenca de La Perdiz, en Florencia”,
apoyado por un grupo de Juntas de Acción Comunal.

“Recuperación del Movimiento Pedagógico en el Magisterio caqueteño”, propuesta de
un grupo de docentes.

Proyecto de “Medios y Comunicación Ambiental Amazónica”. Preparado por un grupo
de periodistas y docentes del Caquetá para producir programas de Radio y T.V. con
perspectiva de región, cultura y ambiente amazónico.
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
“Capacitación y mejoramiento de la calidad de la educación modalidad a distancia
semiescolarizada, en las comunidades indígenas de la Amazonia colombiana” (PRPEA,
CRCTA).

“Caquetá, embrujo, manigua y esperanza. Proyecto del desarrollo cultural y social”.
(PRPEA, CRCTA).

“Hacia la construcción de la identidad cultural caqueteña”. (PRPEA, CRCTA).

“La organización de sociedad civil como redes de poder y control en el Caquetá”.
(PRPEA, CRCTA).

“Manejo del agrosistema intervenido de la amazonía colombiana”. (PRPEA, CRCTA).

Ideas de proyectos

“Caquetá laboratorio de desarrollo productivo ambiental y sostenible para un
territorio de paz”. (PRPEA, CRCTA).

“Evaluación del impacto mutagénico del glifosato”. UNIAMAZONIA. (PRPEA, CRCTA).

“Estudios cariológicos de especies silvestres amazónicas”. UNIAMAZONIA (PRPEA,
CRCTA).

“Manejo, conservación y utilización de germoplasma de especies promisorias”.
CORPOICA (PRPEA, CRCTA).

“Identificación, caracterización y espacialización de sistemas de producción en los
departamentos de Caquetá y Putumayo. CORPOICA. (PRPEA, CRCTA).

“Manejo agroforestal y transformación de algunas especies potenciales y/o
promisorias”. CORPOICA. (PRPEA, CRCTA).

“Estudios básicos, aplicados y participativos sobre fauna silvestre como contribución al
conocimiento y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad amazónica”.
CORPOICA (PRPEA, CRCTA).
65
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
“Manejo del agroecosistema intervenido de la amazonia colombiana” PLAN DE
DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).

“Desarrollo de alternativas agrosilvopastoriles para el sistema de producción bovina en
Colombia”. PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA,
CRCTA).

“Manejo estratégico de asociaciones gramíneas leguminosas y su efecto sobre el
crecimiento y producción de bovinos. PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE
CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).

“Recuperación y mejoramiento de praderas en sistemas de ganaderia extensiva de
doble propósito en zonas de colonización consolidadas del Departamento de
Caquetá”. PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).

“Instalación de arreglos silvopastoriles en el piedemonte caqueteño”. PLAN DE
DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).

“Estudio de rediseño urbanístico para el asentamiento de las comunidades de Balsillas
y Guayabal, San Vicente del Caguán”. PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE
CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).

“Modernización del cultivo de lulo en la zona montañosa del Pato”. PLAN DE
DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).

“Valoración económica de los cananguchales para darle el mejor uso alternativo en los
municipios plante del Departamento del Caquetá”. PLAN DE DESARROLLO DEL
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ (PRPEA, CRCTA).

“Tecnología en caucho y frutales amazónicos”. PLAN DE DESARROLLO DEL
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).
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JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO

“Caracterización de la demanda tecnológica en los predios adjudicados a través de la
reforma agraria a los desmovilizados con quien el Gobierno firmo acuerdos de paz”.
PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).

“Investigación sobre manejo y transformación de frutales nativos de la región
amazónica”. PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA,
CRCTA).

“Cría y manejo de boruga en cautiverio en áreas de colonización consolidado del
Caquetá”. PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).

“Manejo, conservación y utilización de germoplasma de especies promisorias”. PLAN
DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).

“Recuperación y manejo de suelos bajo agricultura de subsistencia en los
departamentos del Caquetá y Putumayo”. PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO
DE CAQUETÁ (PRPEA, CRCTA).

“Fomento al cultivo de caucho en Cartagena del Chaira Ciudadela Juvenil Juan Bosco”.
(PRPEA, CRCTA).

“Fortalecimiento interinstitucional para el mejoramiento de los espacios de
participación ciudadana en los Comité Municipales de Desarrollo Rural, CMDR”. PLAN
DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).

“Levantamiento y caracterización de ecosistemas estratégicos para su manejo, uso y
conservación en la región sur amazónica”. PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO
DE CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).

“Recuperación y difusión de prácticas culturales de manejo sostenible del bosque en
área de Corpoamazonia”. CORPOAMAZONIA. (PRPEA, CRCTA).

“Control, seguimiento y monitoreo de los recursos naturales renovables y de medio
ambiente en el sur de la amazonia colombiana”. PLAN DE DESARROLLO DEL
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).
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JORGE REINEL PULECIO
HERMINSO PULECIO

“Implantación y ejecución de planes de manejo de cuencas hidrográficas en el sur de la
Amazonia colombiana”. Corpoamazonia. (PRPEA, CRCTA).

“Recuperación y manejo de microcuencas que abastecimiento de acueductos
municipales en la región sur amazónica colombiana”. Corpoamazonia. (PRPEA, CRCTA).

“Repoblamiento de las márgenes hídricas de la quebrada Arenosa en San Vicente del
Caguán”. Corpoamazonia. (PRPEA, CRCTA).

“Movimiento Florencia limpia y verde”. (PRPEA, CRCTA).

“Formación y profesionalización de artistas y gestores culturales”. PLAN DE
DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).

“Proyecto capacitación y mejoramiento de la calidad de educación modalidad a
distancia semiescolarizada, en las comunidades indígenas de la Amazonia
colombiana”. PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA,
CRCTA).

“Creación de un departamento de comercialización en ASOHECA”. PLAN DE
DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ. (PRPEA, CRCTA).
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