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Loreto, la frontera, Iquitos y el narcotráfico
Por Ricardo Soberón 1
Los cambios producidos en las relaciones económicas en el mundo del siglo XXI, también se reflejan
en la Cuenca Amazónica y en el departamento de Loreto en particular y en su gente. Estos cambios
se reflejan en ciudades como Iquitos, Manaos, Leticia, entre las más importantes, que comienzan a
recibir el impacto del turismo, del comercio regional. Este ha sido el principal hallazgo de una reciente
misión a la frontera del Trapecio Amazónico.
No solamente en relación a la explotación de recursos naturales estratégicos como el gas y el
petróleo, sino particularmente en relación al negocio de la producción, tráfico y consumo de drogas,
particularmente en relación al ciclo de la coca-cocaína. El Perú se conserva como el segundo
productor mundial de la coca y la PBC, detrás de Colombia, nuestro vecino a lo largo de 1,623
kilómetros del río Putumayo, escasamente resguardados por los puestos del EP, la Marina y la PNP
que se encuentran desde Gueppí a El Alamo. Este es un primer factor preocupante, tratándose del
departamento más grande y que comparte fronteras con el Brasil y Colombia. Sin embargo, las
soluciones no están por el lado de algunos que plantean repetir la experiencia del Plan Colombia
(2000-2005) y del Plan Patriota (2004) a través de la militarización, la fumigación y la interdicción
indiscriminada. Eso sería como echarle kerosene a la fogata y continuar con el enfoque de reducción
de la oferta que ha demostrado su fracaso en los últimos 20 años.
Como en el resto del mundo, el narcotráfico se ha acomodado perfectamente a los nuevos tiempos: la
globalización, los TLC, las nuevas relaciones entre el norte y el sur, la tecnología y el mundo virtual.
Participa activamente de la política y economías locales y nacionales. Por un lado, se ha
democratizado permitiendo que participen organizaciones casi artesanales en distintas fases del
negocio ilegal, constituyéndose en una salida para la crisis económica y la falta de empleo. Sin
embargo, sigue funcionando de manera piramidal involucrando de diversas maneras a la población de
Loreto y los 400,000 pobladores de Iquitos, en particular. Así por ejemplo, los indígenas tikunas,
huitotos, jóvenes, mujeres, desempleados del campo y la ciudad. O los casi 4.000 motocarristas de la
ciudad, que según fuentes policiales, constituyen en fuente potencial de distribución o de comisión de
delitos. Todos estos actores son utilizados en distintas fases, especialmente para la siembra y
cosecha de la coca, la transformación y transporte de la cocaína, finalmente para su comercio y
consumo en zonas calientes de la ciudad como Belén, la Plaza 28 de Julio, el camino al cementerio.
En el lado de la siembra y producción de cultivos de coca, se ha producido una adecuación del
área cultivada y la productividad por hectárea que responde perfectamente a la demanda
internacional. Así, tenemos que constatar un evidente avance del proceso de “cocalización”,
particularmente en las cuencas del Napo, del Putumayo. Informes oficiales de Naciones Unidas
hablan de 500 has. de coca existentes en la selva baja; sin embargo otros más exagerados hablan de
hasta 5.000 has. en todo Loreto, principalmente en las fronteras con Brasil y Colombia en el extremo
norte. Hay varias distorsiones y peligros en los sistemas de monitoreo de cultivos, por ejemplo, la no
identificación de aquellos territorios donde se realiza un cultivo asociado al uso tradicional de la coca
por ciertas comunidades y pueblos. Lo segundo, sería un grave error repetir la experiencia de aplicar
políticas de erradicación en la selva baja, además este proceso sería costosísimo tal como lo han
reconocido las propias autoridades peruanas, por las características del suelo amazónico, que
dificultan operaciones de este tipo, a no ser que se hagan con un altísimo costo.
La gran interrogante que surge es ¿cuál podría ser el impacto de la aplicación del TLC con los EEUU
sobre la Amazonía en su conjunto? La gran duda es saber si alimentaría la sustitución efectiva de la
economía rural asociada a los cultivos de coca, o provocaría la creciente subordinación al narcotráfico
1
Analista internacional
(pauperización de campesinos, productores, transportistas, micro comercializadores). Las cifras que
se tienen hablan de esto último: la aplicación del ATPA y ATPADEA, desde 1992 y el 2000,
respectivamente, no ha desenganchado a la población de la selva alta de los cultivos ni de la
economía ilegal. Sino, basta revisar el origen de la mayoría de los detenidos en las comisarías de
Loreto, los detenidos en la cárcel de Iquitos. El sistema institucional del Estado, comisarías, juzgados,
cárceles, están colapsados por la afluencia de “burriers”, “mulas”, poseedores de drogas… mientras
los verdaderos traficantes siguen haciendo sus negocios y participando en política.
Aprovechando la capacidad de las múltiples rutas fluviales que ofrece la Amazonía, los traficantes y
otros grupos como las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, aunque aparentemente
desmovilizadas, han sido reemplazadas) y las FARC, utilizan los ríos Amazonas, el Caquetá y el
Putumayo, así como sus afluentes, para trasladar la droga con destino a la ciudad de Manaos y de allí
hay hasta tres posibilidades de distribución. Una parte se va con destino a Belén do Pará en el camino
al Atlántico y África Occidental; otra, hacia Surinam con destino a Galicia en España, y la tercera, con
destino a la Triple Frontera con Paraguay, Brasil y Argentina, para los mercados de Río de Janeiro y
Buenos Aires. Sobre estos puntos, tenemos una teoría. La droga que va desde Perú y Colombia hacia
el sur del continente, utiliza las más de 200 pistas de aterrizaje que se encuentran en los Estados de
Amazonas, Acre y Rondonia, en Brasil, para “caletear” la droga penetrando varias veces la línea de
frontera entre Perú y Brasil, y así evitar el sistema de monitoreo amazónico (el SIVAM) que permite el
derribo de avionetas sospechosas.
Las soluciones son difíciles e integrales, para evitar que la población joven en El Estrecho (2.000
personas) y las otras 81 comunidades indígenas asentadas a las orillas del Putumayo, abandone
territorio peruano para “raspar” la coca, para pagar sus estudios. No es posible que frente a las
ciudades de Leticia y Tabatinga, impulsadas por el comercio trinacional, se encuentren localidades
como Santa Rosa o Islandia, que reflejan el completo abandono de un Estado que no ve sus fronteras
para privilegiar la costa agro industrial. Lo mismo ocurre con el servicio de educación y salud en Perú,
motivo por el cual la población prefiere atenderse al otro lado del río. ¿No era que teníamos una
alianza estratégica, de largo plazo, con el Brasil? No cabe duda que la respuesta fundamental está en
el poder político y la voluntad política, de ello no cabe duda. Se debe empezar por generar una mayor
presencia del Estado peruano en este lado de la frontera: más y mejores jueces, maestros, alcaldes;
priorizar los proyectos de inversión de ese lado de la frontera, contar con políticas efectivas de
conservación y desarrollo sustentable. El fortalecimiento institucional, también pasa por hacer más
eficiente el trabajo de control fluvial, aéreo y terrestre.
Julio de 2007
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