Download POR LA AGRICULTURA CAMPESINA, LA PESCA ARTESANAL Y

POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN BASE A LA AGRICULTURA
CAMPESINA, LA PESCA ARTESANAL Y EL CONSUMO RESPONSABLE
INTRODUCCIÓN
El plazo de 120 días fijado por la nueva Constitución para la aprobación, por
parte de la Comisión Legislativa, de la ley de régimen de soberanía alimentaria
ha motivado a diversos actores a elaborar y presentar sus propuestas. En la
actualidad la disputa ideológico-política se plantea entre los defensores del
monocultivo para la exportación o agro-negocio y la agricultura familiar o
campesina y la pesca artesanal.
Desde las organizaciones campesinas e indígenas, de afroecuatorianos y
montubios, de mujeres y de jóvenes, y desde las organizaciones de desarrollo,
proponemos un cambio radical del modelo de producción, transformación,
comercialización, distribución y consumo de alimentos.
I.
AGRONEGOCIO Y DESETRUCTURACIÓN DEL MUNDO RURAL
La última etapa del Triunvirato Militar presidido por Poveda Burbano paralizó la
reforma agraria conservadora y sentó las bases para el retorno a la democracia
y para la modernización de la agricultura. Si bien las políticas de reajuste
estructural comenzaron a aplicarse, en 1982, durante el gobierno de Osvaldo
Hurtado Larrea, la orientación neoliberal de las políticas agrarias se
evidenció en la Ley de desarrollo agrícola aprobada por el Congreso
Nacional y el gobierno de Sixto Durán Ballén en 1994.
Esta normativa se inspiró en la ley de modernización agraria expedida por el
gobierno mexicano en 1992, como condición para la suscripción del Tratado de
Libre Comercio de Norte América.
La Ley de desarrollo agrícola reprimió las movilizaciones campesinas e
indígenas por la tierra, abrió las puertas a la privatización de las tierras
comunales y sentó las bases para la agroindustria, especialmente para la
orientada hacia la exportación.
La aplicación de las políticas neoliberales en el campo implicó la reprimarización de la economía ecuatoriana y acentuó la dominación del
capital sobre el trabajo, del agro-negocio sobre las economías campesinas
y comunales. Efectivamente, las instituciones del Estado en general y
especialmente los aparatos financieros favorecieron la agroindustria, mientras
los diferentes gobiernos de turno redujeron el tamaño del Ministerio de
agricultura y ganadería, y eliminaron los servicios de asistencia técnica,
capacitación, provisión de semillas, almacenamiento y comercialización
destinados a los pequeños y medianos productores.
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Estas políticas significaron la reconcentración de la tierra, del agua, del
crédito y de las asistencia técnica privatizada en manos de unos seis mil
empresarios agrícolas interesados en multiplicar sus utilidades mediante la
exportación, pero sin ofrecer a la mano de obra de origen campesino salarios y
condiciones de trabajo dignas, y sin cuidado en el manejo de las aguas, los
suelos y demás recursos naturales renovables.
De esta manera se crearon las condiciones para reforzar el dominio de las
diferentes formas de capital, industrial, agro-industrial, comercial y
financiero sobre los campesinos vía el control del proceso productivo, los
altos precios de los insumos y equipos agrícolas, los bajos salarios y los
irrisorios precios de los alimentos situados por debajo de los costos de
producción. De modo que el neoliberalismo en el campo incrementó el subsidio
de la agricultura familiar y de la pesca artesanal al capital nacional y
transnacional de las grandes empresas dedicadas al agro-negocio en sus
diferentes formas. Al mismo tiempo, estas políticas bajaron los ingresos de las
economías campesinas, promovieron el retaceo de la tierra y los enormes flujos
migratorios del campo hacia la ciudad primero, y , luego del feriado bancario y
de la dolarización, hacia Europa y Estados Unidos.
Estos cambios económicos tuvieron significativos impactos en el tejido social
mediante la desestructuración familiar, la emigración de líderes y los
cambios culturales en la lengua, la dieta alimenticia, y los arreglos
organizativos. El neoliberalismo en el campo profundizó la participación de las
mujeres en las actividades de producción, transformación y comercialización de
alimentos, dando lugar al fenómeno conocido como feminización de la
agricultura.
Sin embargo, estas tendencias de des-estructuración del campo han generado
diversas respuestas de los campesinos, pescadores, mujeres, indígenas, y
negros. La resistencia de estos actores está presente en la vida diaria mediante
la inversión de los ingresos extra-parcela en la chacra (semillas, herramientas de
trabajo, compra de tierra), el control de la circulación de la tierra entre
comuneros o campesinos, pero también mediante la participación en las
organizaciones campesinas indígenas locales y nacionales, en las
movilizaciones contra los procesos de integración regional desiguales (ALCA,
TLC) , por la soberanía alimentaria y por los derechos de los migrantes.
II.
LA
NUEVA
CONSTITUCIÓN:
ESTADO,
DESARROLLO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
MODELO
DE
La nueva Constitución de la República contiene un nuevo sistema de
organización política de las instituciones del Estado, un nuevo modelo de
desarrollo y reconoce los derechos adquiridos y nuevos derechos de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
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El nuevo modelo de Estado se refleja en el primer artículo de la Constitución:
Art. 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.
Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se
ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa
previstas en la Constitución.
Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su
patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.
La primera novedad es que se trata de un Estado de derechos en plural, es
decir que reconoce los derechos y las obligaciones de las personas naturales,
de las organizaciones sociales, y de las personas jurídicas de la sociedad civil y
de las instituciones de Estado. Como es natural en todas las cartas políticas
republicanas, ella determina las obligaciones del Estado y de los ciudadanos
para el respeto y realización de los derechos humanos y de la naturaleza.
A diferencia de las constituciones anteriores, en la nueva carta fundamental se
incluye de manera expresa la justicia como característica fundamental del
Estado ecuatoriano. Este elemento se desarrolla posteriormente en varios
artículos cuando se trata de la distribución de la riqueza, de la equidad social, de
género, territorial y generacional.
A la luz de la construcción de la política de soberanía alimentaria, también
conviene destacar la nueva concepción de la soberanía pues se supera
ampliamente la visión tradicional afincada en una visión estrecha del territorio y
de la defensa de las fronteras patrias. La soberanía en la nueva constitución
implica el ejercicio pleno de los derechos del Estado ecuatoriano para decidir y
ejecutar sus políticas económicas, sociales, culturales, ambientales, energéticas
y de defensa, independientemente de otros Estados y organismos
internacionales. En este contexto, el Estado ecuatoriano asume la soberanía
alimentaria como la potestad de definir las políticas de producción,
transformación, comercialización, distribución y consumo de alimentos
con el fin de asegurar el derecho humano a una alimentación adecuada a las
tradiciones culturales de todos los pueblos y nacionalidades del país.
La nueva constitución mantiene el carácter unitario del Estado ecuatoriano,
pero le da una nueva significación a este concepto pues ya no se trata de borrar
las identidades culturales en aras de la consolidación de la organización social,
política y cultural hegemónica, sino de profundizar la construcción de la unidad
en la diversidad, como lo manda el numeral 3 del artículo 3. Esta disposición
está estrechamente vinculada al reconocimiento de los derechos de los pueblos
y nacionalidades, y a la necesidad de transformar las relaciones de exclusión y
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dominación por medio de la interculturalidad. Para ello, se reconoce al
castellano, al kichwa y al shuar como idiomas oficiales de la relación
intercultural, y “ Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los
pueblos indígenas en las zonas donde habitan”, como lo ordena el artículo 2.
La revolución liberal liderada por Eloy Alfaro introdujo la separación entre Estado
e Iglesia y expidió la ley de “manos muertas”, mediante la cual los grandes
latifundios de la Iglesia católica pasaron a manos del Estado. El laicismo facilitó
el desarrollo económico, la libertad de pensamiento, la diversidad ideológica y la
construcción de la paz, en medio de dos países vecinos desangrados por la
violencia. La nueva constitución retoma los avances de la constitución generada
por la revolución alfarista y consagra la laicidad del Estado ecuatoriano
mediante la afirmación de la soberanía de las instituciones públicas frente a los
poderes religiosos y la garantía de la ética laica como sustento del quehacer
público y el ordenamiento jurídico, como lo señala el numeral 4 del artículo 3.
El nuevo modelo de desarrollo rompe con la visión economicista y neoliberal
de la Constitución de 1998, pues introduce un enfoque sistémico integral en el
que se articulan los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y
ambientales con miras a la realización del sumak kawsay o buen vivir,
como prescribe el artículo 275.
Art. 275.El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de
los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la
realización del buen vivir, del sumak kawsay.
El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la
consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en
la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la
concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.
El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen
efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la
interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la
naturaleza.
Como se puede ver en este mismo artículo, el nuevo modelo de desarrollo busca
construir la equidad social y territorial, aspecto fundamental si recordamos
que el neoliberalismo ha profundizado las diferencias económicas y sociales
entre regiones, en el campo, y entre el campo y la ciudad, y entre la agricultura,
la pesca artesanal, y la industria y los servicios. Esta disposición se
complementa con lo previsto en el numeral 5 del artículo 284.
Para la construcción de la equidad económica y social, la Constitución
2008 se propone dos objetivos estratégicos: la economía social solidaria y
la soberanía alimentaria.
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La economía social solidaria está integrada por la economía pública, la privada,
la mixta y la economía popular solidaria. En esta se incluyen las pequeñas y
medianas unidades de producción agrícolas, pesqueras, pecuarias artesanales y
sus diferentes formas de organización para la producción, transformación,
comercialización y consumo de alimentos. Las organizaciones económicas
populares, OEPs, son reconocidas por el Estado y recibirán un trato preferencial
en las compras públicas, como lo indica el artículo 288.
Art. 283.El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como
sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y
reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública,
privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La
economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores
cooperativistas, asociativos y comunitarios.
Art. 284.La política económica tendrá los siguientes objetivos:
1Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.
2Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la
acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la
economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración
regional.
3Asegurar la soberanía alimentaria y energética.
4Promocionar la incorporación de valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los
límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas.
5Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en
el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural.
6Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los
derechos laborales.
7Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y
empleo sostenibles en el tiempo.
8Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados
transparentes y eficientes.
9Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable.
Art. 288.Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia,
calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios
nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las
micro, pequeñas y medianas unidades productivas.
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La soberanía alimentaria es un objetivo estratégico y una obligación del
Estado, como prevé el artículo 281, pero también es un objetivo de la
política económica, como señala el artículo 284.
La nueva política de soberanía alimentaria se sustenta en el derecho a la
alimentación, mencionado de manera expresa por primera vez en el derecho
constitucional ecuatoriano.
Art. 13. Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a
alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria
En esta disposición se recogen algunos elementos del debate internacional
sobre el derecho a la alimentación, promovido por la FAO, el cual contó con
aportes significativos de los representantes de Brasil, Guatemala, México y de
algunos países de la Unión Europea.
Sin embargo, nótese que este artículo se refiere al acceso, a la calidad y
cantidad de alimentos, desde el punto de vista de su inocuidad y
correspondencia cultural, “preferentemente producidos a nivel local”. Es decir
que es una disposición concebida desde el enfoque de seguridad
alimentaria, según la cual la clave es disponer de alimentos sean éstos locales
o importados. Esta perspectiva se confirma con la disposición final que indica
que el Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria sin indicar sus
responsabilidades para el ejercicio de este derecho. Por ello, desde las
organizaciones sociales preferimos la formulación elaborada desde la sociedad
civil y que fue presentada oportunamente a la Asamblea Nacional Constituyente.
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
El Estado reconoce a la alimentación como un derecho humano fundamental. Este
derecho es entendido como el acceso libre y permanente de las personas,
comunidades, organizaciones rurales y urbanas, pueblos, y nacionalidades a una
alimentación sana, culturalmente apropiada, suficiente y de buena calidad, bajo el
principio de soberanía alimentaria. El derecho a la alimentación puede ejercerse de
manera directa, mediante el acceso a la tierra y otros recursos productivos o mediante
compra u otros mecanismos legítimos. En consecuencia, es deber primordial del Estado
respetar, proteger y garantizar este derecho.
Siguiendo el enfoque de seguridad alimentaria en el texto inicialmente aprobado
por una de las mesas de la ANC se escamoteó la obligación del Estado y se
prefirió hablar de principios o preceptos de la soberanía alimentaria. Esta
propuesta fue modificada por las organizaciones sociales en el documento
llamado del consenso de Quito, en el cual se reintrodujo el concepto de
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soberanía alimentaria y las obligaciones del Estado, como consta en el artículo
281, en el cual se incluye la producción de alimentos por parte de las pequeñas
y medianas unidades de producción.
Art. 281. La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del
Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma
permanente.
Para ello, será responsabilidad del Estado:
1Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y
medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria.
2Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector
agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de
alimentos.
3Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en
la producción agropecuaria.
4Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra,
al agua y otros recursos productivos.
5Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y
medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de
producción.
6Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes
ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de
semillas.
7Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean
criados en un entorno saludable.
8Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica
apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria.
9Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como su
experimentación, uso y comercialización.
10Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de
consumidores, así como las de comercialización y distribución de alimentos que
promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.
11Generar
sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de
alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con
productos alimenticios.
12Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos
que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda
internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos
producidos localmente.
13Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que
pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos.
14Adquirir
alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios,
prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras.
Art. 282.El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función
social y ambiental. Un fondo nacional de tierras, establecido por ley, regulará el acceso
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equitativo de campesinos y campesinas a la tierra.
Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o
privatización del agua y sus fuentes.
El estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos,
bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental.
Art. 400.El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y
gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional.
Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus
componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético
del país.
Art. 401.Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.
Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la
Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir
semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas
de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así
como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de
biotecnologías riesgosas o experimentales.
Art. 402.Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual,
sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo
asociado a la biodiversidad nacional.
Art. 403.El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que
incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la
biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.
La adopción del paradigma de soberanía alimentaria conlleva varias
innovaciones. Entre ellas hay que destacar los sujetos del derecho a la
alimentación y a la soberanía alimentaria, pues ya no se restringe a las
personas sino que se menciona expresamente a las comunidades, pueblos y
nacionalidades.
Otra innovación clave es el concepto de autosuficiencia alimentaria referida al
país en su conjunto, pero también a los pueblos y nacionalidades. Esta norma
busca asegurar la independencia del Ecuador en la provisión de alimentos en
medio de un contexto global de alza de los precios de los productos alimenticios,
de crisis financiera global, y de fuertes presiones económicas y políticas para
desarrollar los agro-combustibles. Pero además esta normativa se refiere
además al derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades para generar
sus propios alimentos.
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Esta innovación tiene además relación directa con el cambio del modelo de
apertura y crecimiento hacia afuera, promovido por el neoliberalismo, a un
modelo autocentrado de crecimiento endógeno en el cual el valor no fluya
del campo a las ciudades y desde estas hacia Estados Unidos y Europa, sino
que sea capitalizado localmente en beneficio de la gente.
El análisis de la normativa constitucional muestra algunos avances en cuanto a
los temas de:
• Producción y transformación (tecnologías ecológicas y orgánicas,
diversificada),
• Comercialización asociativa privilegiando las organizaciones económicas
populares, OEPs
• Salud animal
• Consumo responsable
• Crédito y mecanismos preferenciales de financiamiento
• Políticas fiscales, tributarias y arancelarias
• Programas sociales y compras públicas a OEPs
Si bien el texto constitucional garantiza las semillas propias y declara al Ecuador
país libre de transgénicos, deja la puerta abierta para que el presidente de la
República y la Asamblea Nacional puedan introducir semillas y cultivos
genéticamente modificados, como puede verse en el artículo 401.
Las disposiciones sobre la tierra no introducen ninguna novedad y más bien
representan un retraso en relación a la legislación agraria de los años
sesenta y setenta.
El médico y sociólogo brasileño Josué de Castro llamó la atención, desde
mediados del siglo pasado, sobre la relación entre la pobreza, la desnutrición y
la salud. Por este y otros aportes, el Consejo de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Brasil lo ha designado como su patrono y la política brasileña de
soberanía alimentaria incorpora la dimensión nutricional como un aspecto
estratégico en la lucha contra el hambre. Desgraciadamente, las disposiciones
constitucionales recientemente aprobadas no incluyen este elemento
estratégico, mismo que deberá ser incorporado en la primera ley de soberanía
alimentaria y nutricional.
III. ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE
SOBERANÍA ALIMENTARIA
1. Para nosotros la disposición constitucional de que la soberanía
alimentaria es un objetivo estratégico y una obligación del Estado significa
que ella atraviesa a todas las políticas económicas, ambientales, sociales
y culturales, es decir que es intersectorial y debe ser aplicada por
todas las instituciones del Estado, especialmente por los ministerios
involucrados.
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Nosotros aspiramos a construir conjuntamente la política nacional de
soberanía alimentaria pensando en el mediano y en el largo plazo, más
allá de éste o de cualquier otro gobierno, es decir que queremos que sea
una política de Estado que deba ser aplicada por todos los gobiernos de
turno.
2. La soberanía alimentaria de las familias y pueblos se construye
diariamente con el trabajo y los ingresos de las personas o mediante la
producción de alimentos por parte de los campesinos y los agricultores
familiares. Para que esto sea posible es necesario que los pequeños y
medianos productores cuenten con la tierra suficiente.
Las reformas agrarias de los años sesenta y setenta mantuvieron el
monopolio de la tierra de buena calidad y entregaron a los campesinos
tierras de mala calidad y sin riego. Con el modelo neoliberal las
haciendas se transformaron en empresas agroexportadoras y
reconcentraron las tierras, dando como resultado una de las
concentraciones de la tierra más altas de América Latina.
Para transformar el actual sistema de tenencia de la tierra
proponemos que todos los propietarios de tierras cumplan con la función
económica, social y ambiental.
Para cumplir con la función económica es necesario que todas las
unidades de producción generen un valor agregado neto por hectárea,
puestos de trabajo e ingresos superiores a los que actualmente
generamos los pequeños y medianos productores campesinos o
familiares.
Las tierras cumplen con la función social cuando sus propietarios y
administradores respetan los derechos humanos, especialmente con los
derechos laborales, es decir con el pago de los sueldos oficiales, de las
bonificaciones de ley, la afiliación al seguro social, los derechos sindicales
los derechos de paso, los derechos al agua , entre otros.
Las tierras cumplen con la función ambiental cuando los productores no
contamina los suelos, las aguas, el aire, a los trabajadores y a los
consumidores. Es decir que los bienes públicos que ellos utilizan, como el
agua, deben ser devueltos en igual o mejor condición de la que recibieron.
El cumplimiento de las funciones económica, social y ambiental tiene
connotaciones particulares en las reservas de la biósfera o en los
parques nacionales y sus áreas de influencia, zonas en las cuales tiene
prioridad la conservación de la biodiversidad.
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Los niveles de producción y productividad varían según las zonas agroecológicas , las regiones geográficas y los territorios.
3. Para nosotros el agua no es una mercancía. El agua no sólo que es una
condición indispensable de la producción agrícola y pecuaria, sino
que es un alimento fundamental. Por ello, nos parece bien que la
nueva constitución reconozca al agua como un derecho de todos los
ecuatorianos, pero es necesario que la nueva ley de aguas regule las
formas de acceso y gestión social, con la participación de las
comunidades, asociaciones y juntas de agua existentes en cada
parroquia.
4. Desde hace tiempos inmemoriales, las mujeres hemos participado
activamente en la producción de alimentos, en el cuidado de los hijos y de
todos los miembros de nuestras familias. Por la migración de nuestros
esposos e hijos, en los últimos años hemos tenido que asumir todas las
responsabilidades de la familia y de la chacra, finca o granja. Nos toca
asumir todas las responsabilidades de la producción, del intercambio y
venta de nuestros productos y también de las compras para nuestras
familias y parcelas. A pesar de esto, tenemos dificultades para legalizar la
tenencia de la tierra a nuestro nombre, para sacar préstamos en los
bancos y en las instituciones del Estado, para capacitarnos en lo que nos
interesa, para vender nuestro productos y para comprar lo que
necesitamos. Por ello, las mujeres del campo y todas las familias
rurales proponemos que se reconozcan nuestros derechos
económicos, pero también nuestros derechos a una vida digna, libre
de violencia, en la que se respeten los valores y prácticas culturales
siempre y cuando no vayan contra los derechos de las mujeres.
5. El desarrollo del monocultivo para la exportación mediante la utilización
de fertilizantes químicos, pesticidas y fungicidas ha deteriorado los suelos
y el aire en Ecuador y en otros países, al punto que a escala global
alrededor del 60% de los gases que producen el efecto invernadero
provienen de la agricultura intensiva. Las empresas agroexportadoras se
benefician de las economías campesinas a través de la mano de obra
barata y la agricultura por contrato, al igual que los importadores de
insumos agrícolas a través de los precios de estos productos y equipos.
Las grandes transnacionales controlan la producción de alimentos a
través de los paquetes tecnológicos de semillas transgénicas, insumos y
del mercado.
Para salir de este círculo de dependencia y respetar los derechos de la
naturaleza previstos en la constitución, nos proponemos desarrollar a
nivel nacional las exitosas experiencias de producción orgánica en
granjas
integrales.
La
propuesta
agroecológica
articula
armoniosamente la conservación de los ecosistemas, la fertilización
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de los suelos, el uso responsable del agua, las buenas condiciones
de trabajo, la integración familiar y el fortalecimiento de las
identidades de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.
Para esto proponemos desarrollar redes parroquiales y regionales de
productores orgánicos y de comercio justo mediante el intercambio
de experiencias, metodologías y saberes a través del método de
campesino a campesino.
Al mismo tiempo proponemos que se controle la producción
agroindustrial para la exportación, en base a los criterios de las
funciones económica, social y ambiental, para evitar la contaminación de
las unidades de producción colindantes, de los trabajadores y de los
consumidores.
6. Desde hace muchos años los productores de alimentos recibimos precios
bajos por nuestros productos y pagamos precios elevados por las
herramientas, equipos y demás insumos agrícolas. La riqueza que
nosotros producimos se va a las grandes empresas agroexportadoras, a
las ciudades y de ellas hacia los países industrializados. Las cadenas de
comercialización de alimentos nos quitan la libertad de vender nuestros
productos y elevan los precios para los consumidores. Para romper estas
cadenas proponemos acercar a los productores de los consumidores
por medio de la comercialización de nuestros productos a través de
las comunas, las asociaciones, las cooperativas y otras formas de
organización. Para ello proponemos crear o desarrollar las ferias
ciudadanas en nuestras parroquias y cantones, y proponemos
también que las compras del Estado a pequeños y medianos
productores
sirvan no solamente para los programas de
alimentación sino también para las cárceles, los cuarteles y los
hospitales y demás instituciones públicas.
A fin de conocer el compartimiento de los mercados internos y de las
derivas del mercado internacional proponemos contar con bases de
datos actualizadas sobre precios y costos que nos permitan conocer
los comportamientos actuales, hacer análisis sobre la producción
futura y orientar los intercambios y comercialización de nuestros
productos.
7. La soberanía alimentaria es de todos, de los productores de alimentos y
también de los consumidores, de la gente de la ciudad y del campo. La
producción responsable de alimentos tiene su contrapartida en el
consumo responsable: dar preferencia a los productos nacionales,
preferir los productos orgánicos, comer alimentos saludables, recuperar
los saberes ancestrales para la preparación de alimentos, separar los
desechos orgánicos de la basura plástica y de otros productos no
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degradables, promover la agricultura urbana orgánica en huertos,
jardineras y maceteros.
8. El sistema financiero nacional, es decir los bancos y los servicios
financieros del Estado están al servicio de los grandes comerciantes y de
los agroexportadoras. Ya es hora de que la nueva arquitectura
financiera sirva a los pequeños y medianos productores y
productoras mediante créditos en condiciones preferenciales para la
producción de alimentos, pero también para la compra de herramientas,
la compra de tierras, la comercialización, la educación y para las
emergencias.
9. Las escuelas y colegios están orientadas a preparar a los estudiantes
para la universidad, y éstas buscan formar profesionales para las grandes
empresas y para alimentar la burocracia siguiendo modelos de
producción y de vida traídos de Europa y de Estados Unidos. Queremos
que todo el sistema educativo esté al servicio de la gente, que sea
un instrumento para fortalecer nuestras identidades, nuestras
organizaciones, nuestras formas de producir, nuestras comidas
ancestrales y las formas de administrar nuestros recursos. Para ello,
pedimos que la agro-ecología y la educación nutricional sean parte de los
programas de estudio de todas las escuelas y colegios, y que en los
centros de educación rural se creen ambientes de aprendizaje de
campesino a campesino sobre agroecología, fortalecimiento organizativo,
gestión y planificación.
10. Desde hace algunos años algunas empresas transnacionales se apropian
de nuestras plantas, nos imponen semillas transgénicas y todo un
paquete de fertilizantes, insecticidas y plaguicidas que nos hacen daño a
los productores y a los consumidores de alimentos, pero también a los
suelos y a la diversidad biológica. Para lograr la autonomía de los
pequeños y medianos productores y para proteger la biodiversidad de
nuestro Ecuador, una de las más importantes del planeta, exigimos que
se haga realidad la declaración de la nueva constitución de que el
Ecuador es un país libre de transgénicos. Proponemos que ya no se
importen alimentos transgénicos, que la alimentación escolar ya no
tenga soya y cereales transgénicos, que ya no se importen semillas
producidas por la ingeniería genética y que se prohíba
definitivamente el cultivo de semillas transgénicas por el peligro que
representan para nuestra salud y para el medio ambiente.
11. La investigación científica está dispersa y al servicio de las grandes
empresas nacionales y transnacionales. Proponemos superar esta
situación mediante la creación de un sistema nacional de investigación
científica que articule todos los esfuerzos de las instituciones del Estado
y de la sociedad civil, especialmente de los centros educativos de todos
los niveles y de las organizaciones de desarrollo – fundaciones y
corporaciones – para promover la agro-ecología e impedir la entrada de
transgénicos.
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12. Para llevar adelante esta tarea es necesario crear un nuevo sistema
nacional de soberanía alimentaria y nutricional, desde las bases, evitando
la burocracia. Para ello, proponemos fortalecer las redes parroquiales
de soberanía alimentaria y nutricional, como el núcleo central del
nuevo sistema. Estas redes están conformadas por las organizaciones de
campesinos, de indígenas, de afroecuatorianos, de montubios, de
mujeres, de jóvenes, organizaciones de desarrollo y por las instituciones
del Estado, y estarán dirigidas por un representante de la sociedad civil. A
nivel nacional estas redes estarán representadas en la Conferencia
Nacional de Soberanía Alimentaria, la cual estará integrada por dos
tercios de representantes de la sociedad civil y un tercio de las
instituciones del Estado. Esta conferencia elaborará la política nacional
de soberanía alimentaria la cual será vinculante para el Consejo
Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional, para el Gabinete de
Soberanía Alimentaria, y para el presidente y para todos los
ministros de Estado.
El Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria estará integrado por dos
tercios de representantes de la sociedad civil y un tercio de los ministerios
involucrados en el tema. Su presidente será nombrado de entre los
representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
El Gabinete de soberanía alimentaria y nutricional estará integrado por el
Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, MAGAP, Ministerio del Ambiente, MA,
Ministerio de Salud Pública, MSP, Ministerio de Economía, ME, Ministerio
de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Coordinación de la
Política Económica, MCPE, Ministerio de Coordinación de la Política
Social, MCDS, Ministerio de Coordinación de la Producción, MCP. La
coordinación de este gabinete estará en manos de la ministra de Inclusión
Económica y Social o su delegado.
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