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Ciudadanía activa y clase política
Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
Introducción
Existen tendencias sociales ambivalentes, muchas veces en el interior de las mismas
personas y en proporciones diferentes. Por un lado, se han conformado corrientes sociales
amplias, de fuerte contenido social y democrático, de indignación y rechazo a esta deriva
regresiva y al déficit democrático de las instituciones y la clase política, demostrando la
persistencia de una amplia cultura igualitaria y solidaria. Específicamente, se ha generado un
nuevo ciclo de protesta social que denota la persistencia de una ciudadanía activa. Sin
embargo, por otro lado, en el plano individual se genera individualismo adaptativo o
competitivo, miedo y resignación, y en el plano colectivo aparecen síntomas de populismo,
autoritarismo, fundamentalismo, xenofobia… que conviene afrontar con la reafirmación
democrática, el desarrollo de los derechos humanos universales, la integración social y el
diálogo intercultural.
Tenemos cuatro componentes principales de actual escenario:
1) La prolongación de la crisis socioeconómica, causada por los mercados financieros,
con graves consecuencias sociales para la mayoría de la población.
2) La gestión antisocial e impopular de la clase política dominante, con una estrategia
liberal-conservadora bajo la hegemonía del bloque de poder (centroeuropeo) representado
por Merkel, con la colaboración o corresponsabilidad, primero, de los gobiernos socialistas en
los países periféricos como España y, después, de los gobiernos de derecha.
3) Significativo proceso de deslegitimación social del contenido principal de esa
política, el reparto injusto de los costes de la crisis, y la crítica hacia la involución de la calidad
democrática del sistema político, conformándose una importante corriente social indignada,
un campo social diferenciado y en desacuerdo con esas medidas regresivas (que en algunos
aspectos concretos alcanza a dos tercios de la sociedad) y, particularmente, una desafección o
brecha social entre el aparato socialista, por su giro antisocial y el incumplimiento de su
contrato social, y una parte relevante de su base electoral descontenta con esa involución.
4) Ampliación de las protestas sociales y resistencias colectivas, configurándose una
ciudadanía activa, de fuerte contenido social, con un carácter sociopolítico progresista y
democrático; se puede cifrar entre cuatro y cinco millones de personas participantes en los
procesos huelguísticos generales y entre uno y dos millones en el conjunto de las grandes
manifestaciones sindicales o ciudadanas (y según diversas fuentes en torno a un millón de
participantes en las redes sociales vinculadas a estas protestas); se ha encauzado, inicialmente,
a través del movimiento sindical y el movimiento 15-M (y derivados), conformando una
representación social doble con elementos mixtos, no exenta de tensiones, con sus respectivos
representantes o grupos de activistas, y luego por diversas mareas y plataformas ciudadanas
que articulan un tejido asociativo más diverso y complejo.
Tres aspectos se abordan en este texto, relacionados con el tema de esta Ágora
política “Partidos, militantes y ciudadanos”: 1) Configuración de una ciudadanía activa. 2)
Gestión política y acción política. 3) Desafíos de la pugna sociopolítica por la democratización
del sistema político y una salida justa de la crisis.
1.
Configuración de una ciudadanía activa
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El movimiento 15-M y las plataformas asociativas que han encauzado la indignación
social, siguen contando con una gran legitimidad social. Se pueden distinguir tres niveles de
intensidad en esa vinculación: un primer nivel de unos pocos miles de activistas más
comprometidos y persistentes; un segundo nivel de una ciudadanía activa, personas
participantes, sobre todo, en las masivas formas colectivas de expresión popular, que se puede
cifrar en varios centenares de miles; un tercer nivel, ciudadanía indignada o descontenta, en
torno a dos tercios de la población que simpatiza de alguna manera con objetivos y acciones
de ese movimiento.
Persisten motivos y condiciones para la continuidad de una ciudadanía activa. Existen
debilidades y limitaciones para encarar la complejidad y la dimensión de estos problemas y
oportunidades. Los riesgos de su fragmentación o su desorientación eran evidentes… No
obstante, son acertadas las ideas clave que conforman el núcleo de su orientación: 1) la
democratización del sistema político y la más amplia participación ciudadana en los asuntos
públicos; 2) el rechazo a la política de austeridad, el reparto injusto de las consecuencias de la
crisis y la exigencia de un cambio de la política socioeconómica hacia mayor justicia social.
La respuesta popular masiva de estos años no era sólo emocional o superficial,
destinada a su evaporación inmediata. Ha estado y está enraizada en una profunda y
persistente conciencia ciudadana indignada y de denuncia de la injusticia social. Es, sobre todo,
una respuesta colectiva, con gran fundamentación ética igualitaria y solidaria, e incrustada en
la realidad de las graves condiciones de vida y las aspiraciones de mejora de millones de
personas. Se incardina en los mejores valores democráticos e igualitarios de los movimientos
sociales progresistas o la izquierda social europea de las últimas décadas, tal como desarrollo
en el libro Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica. Por tanto, la
alternativa principal para el cambio está en el refuerzo de las resistencias populares y la
participación cívica y democrática.
2.
Gestión política y acción política
Conviene clarificar algunos conceptos. Primero, la palabra política en su doble
significado: 1) gestión del poder institucional, y 2) acción sociopolítica de la ciudadanía en los
asuntos públicos. Nos ayuda a precisar la posición normativa:
a) la deslegitimación de ‘esta’ clase política, en lo fundamental, está justificada y es
merecida y, por tanto, hay que ampliarla, no debilitarla, para promover su renovación y la
democratización del sistema político;
b) la solución viene de la mano de la más profunda, firme y consistente participación
ciudadana, de una activación de los sectores progresistas.
Cuando la ciudadanía critica a la política o rechaza a los políticos se están refiriendo a
la gestión institucional actual de la clase política gestora, fundamentalmente, a las élites o
aparatos de los grandes partidos con responsabilidades gubernamentales en los recientes
planes de ajuste y austeridad y con incumplimiento de sus compromisos con sus electorados.
La crítica ciudadana a ‘ese’ tipo de política es una posición (política) más democrática,
realista y progresista que la justificación (política) de esas medidas de austeridad, el
embellecimiento o disculpa de ‘esos’ políticos mayoritarios o el intento persistente de
relegitimación de la actual élite política.
La posición de defender la política, incluso con mayúsculas, es positiva referida a una
gestión social y democrática de los asuntos públicos y, en particular, la regulación de la
economía y la defensa del Estado de bienestar.
No obstante, por la ambigüedad de la palabra política, el sentido y el objetivo que casi
siempre aparece en el ámbito mediático y ligado a los intereses de esa misma élite política, es
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la justificación de esa gestión poco democrática, la neutralización de las críticas ciudadanas, la
desactivación de los movimientos de protesta colectiva. Todo ello para debilitar la presión
social por su renovación organizativa y reorientación política, remontar su desprestigio social y
garantizar su recuperación electoral.
Es una pugna cultural y política para evitar la rectificación de su estrategia
socioeconómica, frenar la exigencia de democratización del sistema político, mantener su
prepotencia sobre la sociedad, subordinar a sus propias bases sociales y evitar dar cuenta de
sus responsabilidades. Siendo la cultura democrática y de justicia social el principal bagaje
positivo de la mayoría de la sociedad, particularmente, de los sectores progresistas, tratan de
confundirla, tergiversarla o debilitarla.
Supone un juicio ético y ‘político’ progresista e igualitario frente a unas decisiones de
la clase política (y los mercados financieros) regresivas e injustas. Constituye un proceso
globalmente positivo (con distintas sombras e insuficiencias), un factor relevante para
promover un cambio social progresista, el fortalecimiento de la democracia y los valores
igualitarios y una renovación de las izquierdas.
3. Desafíos de la pugna sociopolítica por la democratización del sistema político y
una salida justa de la crisis
La apuesta progresista debe ser frenar o impedir la actual deriva regresiva y promover
un giro más social en la política socioeconómica y la democratización del sistema político, con
una mayor activación de la ciudadanía.
El nuevo ciclo sociopolítico, iniciado en el año 2010, tiene varias fases y presenta
diversas enseñanzas. El hecho social más significativo, en este periodo, es la consolidación de
una corriente social indignada y una ciudadanía activa. Así mismo, se mantiene una
articulación asociativa diversa y autónoma, pero capaz de encauzar distintos procesos
expresivos de indignación popular. Existe una continuidad de las características centrales de
este movimiento de protesta social progresista, sus objetivos sociales y democráticos y sus
formas expresivas participativas.
En otros momentos han tenido un mayor protagonismo los grandes sindicatos (en
particular en las tres huelgas generales) o los grupos de activistas conocidos como movimiento
15-M. Sucesivamente, se han desarrollado dinámicas plurales, mixtas o intermedias, con una
compleja articulación asociativa que han culminado en distintos conflictos sociales, las mareas
ciudadanas y también en grandes manifestaciones populares. Ahora, con el retraimiento
movilizador de los primeros y la apuesta de sus direcciones por el diálogo social, y las
dificultades de cohesión, continuidad y capacidad de liderazgo de los segundos, existen
distintas iniciativas y coordinaciones de grupos sociales. Sirven, en cada momento, para
encauzar las formas, momentos y particularidades de cada campaña de movilización, tal como
hemos visto este 22 de marzo.
Lo destacable es la persistencia del ‘movimiento’, junto con una fragmentación de las
élites asociativas, grupos de activistas o promotores sociales. Esa relativa fragilidad de la
estabilidad representativa se ha ido resolviendo poniendo en primer plano el carácter unitario
de los procesos deliberativos y de decisión; se trata de evitar el ‘liderismo’ de sus portavoces
públicos, así como garantizar el respeto a su pluralismo interno y la autonomía frente al campo
político-electoral. Estos rasgos son importantes para asegurar la unidad y la continuidad de
este movimiento social diverso, particularmente, ante los nuevos desafíos para su
consolidación y desarrollo y los inminentes procesos electorales. Se juntan dos dinámicas. Por
un lado, unos perfiles sociopolíticos y democráticos precisos de esta ciudadanía activa, una
reafirmación de un campo social de la protesta y el empoderamiento cívico, una crítica a los
gestores políticos de la austeridad y los recortes, una aspiración a derrotar a las derechas y por
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el cambio político e institucional. Por otro lado, una posición más abierta o neutra en la
identificación política (partidaria), un apego a la acción concreta y local junto a la participación
en procesos más generales, y una dinámica deliberativa, decisoria y representativa, plural y
democrática.
El nuevo escenario sociopolítico, con un emergente campo social autónomo y
diferenciado de las instituciones políticas, tiene la particularidad de que cristaliza frente a la
gestión antisocial del gobierno socialista y luego se desarrolla contra la derecha.
La especificidad del actual proceso de resistencias colectivas es que señala su rechazo
a componentes ‘sistémicos’ de la realidad socioeconómica y política y apunta a reformas
profundas de carácter social y democrático.
El descontento ciudadano con esa clase política, incluido el aparato socialista en la
medida que no corrige claramente su orientación, está fundamentado, es justo y conveniente.
Supone un valor positivo y democrático para regenerar el sistema político y reorientar la
acción socioeconómica y laboral. Tiene insuficiencias y una débil y fragmentada representación
social. Esa corriente indignada está relativamente huérfana de representación política y gran
parte de ella sigue votando a los mismos partidos mayoritarios, por más que ya ha tenido un
significativo efecto en el apoyo electoral a otros partidos minoritarios y de izquierda.
Su evolución depende, sobre todo, de la consolidación de una dinámica creíble para
derrotar esa estrategia de austeridad, abrir un horizonte más justo en la salida de la crisis y
una mayor democratización del sistema político. El bloqueo de esa expectativa colectiva,
progresista, solidaria y democrática, podría generar otras dinámicas contraproducentes,
adaptativas individualmente y segmentadas o, entre ciertos sectores, de carácter populista,
xenófobo o exclusivista. La indignación ciudadana es una corriente social a impulsar, encauzar
y madurar, no a debilitar, desprestigiar o minusvalorar.
Es ineludible abordar los procesos de conformación y ampliación de una alternativa
política unitaria, progresista y de izquierdas. Pero su plasmación es más específica y exige más
finura en la articulación de intereses y propuestas. Las próximas elecciones europeas son el
comienzo de este ciclo electoral. Supone un ejercicio también de renovación y aprendizaje
para superar sus límites actuales. No es fácil; se arrastran dificultades de diverso tipo, para
cuya superación habrá que desarrollar las mejores cualidades democráticas y éticas de esos
aspirantes a la nueva representación política.
Pero el factor decisivo para garantizar un proceso de cambio social y, también, político
institucional será la continuidad de un poderoso movimiento popular, con un carácter social y
democratizador y gran legitimidad ciudadana, con una fuerte ‘dignidad’ cívica, frente a la
indignidad de los poderosos. Es la apuesta más difícil, pero más segura para caminar hacia una
Europa más justa, solidaria y democrática. La protesta social progresista tiene motivos y
condiciones para continuar. La participación activa de la ciudadanía también es un factor
democratizador imprescindible.
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