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Entre la autonomía y la institucionalización:
Dilemas del movimiento negro colombiano
abstract
Among the various trends of the black movement in Colombia, with diverse
claims, it is the peasant movement of the Pacific—whose territorial struggle has been
presented as ethnic vindication—with the most initiative and the greatest accomplishments. The so-called “black communities” Law 70 of 1993, the result of the
mobilization of heterogeneous black organizations, centers on the creation of collective territories in the Pacific are, but has marginalized other aspects of the black
movement and has caused it a diminution of political initiative, as well as consider-able
institutionalization. This, along with particular identitary proposals and orga-nizing
styles, has favored local organizations tied or aspiring to collective territories, but has
also generated increasing fragmentation of other black organizations. Re-cently, armed
conflict has burst violently into areas of rural black organizations. This article analizes
this situation in the last decade, in light of theoretical reflections on
identity, ehtnicity, race, and social movements.
Movimientos sociales, identidades, estrategias y oportunidades en
el Pacífico
Este artículo reflexiona sobre la situación del movimiento negro en Co1
lombia entre 1993 y 2000, después de la expedición de la Ley 70 de 1993
2
sobre comunidades negras . Para ello se presentan brevemente aspectos del
movimiento negro antes y después de la vigencia de dicha ley. Estos hechos
son discutidos a la luz de algunas reflexiones más generales sobre políticas de
la alteridad, identidad, etnicidad, roles del estado y movimientos sociales.
Son tres las tesis centrales de este escrito. La primera, que los desarrollos
de esta ley han sido el marco de notables avances hacia el reconocimiento de
los derechos de un sector importante de la población negra colombiana—los
3
pobladores riverinos de los bosques del Pacífico —pero no se han
proyectado hacia otros aspectos del espectro de reivindicaciones de las gentes
negras del resto del país, particularmente de aquellas por fuera de las áreas
rurales del Pacífico. Los logros de este sector del movimiento social se
explican por un lado gracias a la consistencia de su organización, su manejo
de recursos y la acertada forma de plantear identidades y reclamos, y por otro
lado debido a
The Journal of Latin American Anthropology 7(2):xxx-xxx copyright © 2002, American Anthropological Association
1
Mauricio Pardo
Instituto Colombiano de
Antropología e Historia
la receptibilidad coyuntural en el plano nacional e internacional a agendas
étnicas y ambientales. Este caso parece ejemplificar el carácter ambiguo que
tienen algunas políticas estatales frente a ciertos reclamos en el contexto
contemporáneo. El estado neoliberal da curso a demandas sobre el medio
ambiente y sobre la promoción de minorías y estos tópicos pueden encajar en
su propia agenda de legitimación, de delegación de funciones administrativas,
de inclusión de sujetos sociales y de institucionalización de la naturaleza
(Agudelo 2000b; Gros 2000:103-06; Escobar 1996). Los logros alcanzados por
los movimientos negros de las selvas del Pacífico han sufrido un serio revés al
haberse extendido la guerra entre guerrillas, paramilitares y ejército a estas
zonas, afectando los procesos de organización y de manejo de los territorios
colectivos.
En segundo lugar se plantea que la institucionalización de procedimientos
y el flujo de recursos gubernamentales hacia organizaciones de movimientos
sociales origina complejos escenarios en los que se ponen en juego la
autonomía de los movimientos, la intensidad de su proyección política y la
radicalidad de sus planteamientos (Foweraker 1995; Tarrow 1994; McAdam,
McCarthy y Zald 1996). La Ley 70 y sus implementaciones institucionales han
ocasionado constricción de la iniciativa política, de las propuestas ideológicas
del movimiento negro y de su avance organizativo. Esta es una situación
diferente a la que se presentó durante la movilización en pro de la inclusión de
los derechos negros en la constituyente y durante la discusión que condujo a la
promulgación de la Ley 70. Los recursos y accesos a la actividad institucional
creados por la Ley 70 se han convertido en factores de tensión entre las
organizaciones y otros actores del movimiento negro. Al haber previsto la Ley
70 el establecimiento de territorios colectivos en el Pacífico administrados por
consejos comunitarios, las localidades con títulos territoriales o en proceso de
titulación frecuentemente terminan prefiriendo interlocutar directamente con el
gobierno y con las instituciones y se desligan de coordinaciones regionales con
sede urbana del movimiento social.
Y como tercera tesis, se afirma que los desarrollos de identificaciones y
delimitaciones de la etnicidad que están en juego en las situaciones arriba
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mencionadas, han atravesado por cambios de curso accidentados, con avances
en ciertas direcciones y subsecuentes retrocesos. Previas apelaciones a la
población negra a ventilar reclamos sociales desde posiciones de especificidad
cultural o de repudio a la discriminación racial no traspasaron reducidos grupos
de activistas. Búsquedas identitarias basadas en el pasado africano promovidas
desde la academia han encontrado aún más reducidas audiencias. Fue sólo
cuando un esfuerzo de organización y de reclamaciones territoriales en el
centro del Chocó caló en un sector de la población rural negra, que surgió por
vez primera un movimiento con apoyo de base significativo, y que se consolidó
la formación de identidades efectivas basadas en una discursividad étnica. El
modelo antropológico de comunidad nativa, que de manera esporádica había
venido siendo ensayado para “leer” la población negra, encontró felizmente su
concreción cuando fue adoptado por la organización campesina (Villa 1998;
Restrepo 1998). Este modelo sin embargo, en situaciones específicas, puede
entrañar tanto retos importantes a las culturas políticas dominantes (Álvarez,
Dagnino y Escobar 1998), como procesos autolimitantes que previenen el
desarrollo y la ampliación de la agenda política y la consolidación de alianzas
(Foweraker 1995:61). El contenido de las identidades étnicas no es
determinado por criterios de verdad o de autenticidad sino por motivaciones
políticas que ensamblan conjuntos simbólicos y discursivos asociados a unos
orígenes comunes (Hall 1992; Levine 1999:177).
El caso de este movimiento social sugiere que en ausencia de concisos
objetivos políticos a largo plazo, después de un proceso de negociación con el
estado, los actores y organizaciones de un movimiento social, en este caso el
movimiento social negro colombiano, pueden verse abocados a competir entre sí por recursos, a administrar logros económicos para satisfacer a sus
miembros, y a entrar en un proceso de institucionalización. Ante la falta de
flexibilidad organizativa y de consistencia ideológica, los resultados obtenidos
por el movimiento en el plano institucional pueden frenar su desarrollo e
incluso revertirlo. (Foweraker 1995:65-82; Tarrow 1994; McAdam, McCarthty
y Zald 1996).
En un reciente trabajo que examina los movimientos sociales colombianos
durante las cruciales décadas de 1970 y 1980, Leopoldo Múnera anota que
sucesivas escuelas enfocadas en el estudio de los movimientos sociales al
concentrarse en aspectos tales como el componente emotivo de las iniciales
aproximaciones de cariz psicológico, en la toma racional de decisiones de la
tendencia de movilización de recursos, o en los procesos identitarios de los
estudios sobre los “nuevos” movimientos sociales, han tratado temas que están
presentes en distintos grados de desarrollo de los movimientos (Múnera 1998
471-473). Acciones y actitudes de las organizaciones negras en los últimos
años—en las que las posiciones y acciones para acceder a recursos y a
interlocución con el estado han tenido frecuente primacía frente a la búsqueda
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de ampliaciones de objetivos estratégicos y de convergencia—sugieren la
prevalencia de actitudes emotivas y pragmáticas individuales de las
organizaciones.
El movimiento negro en Colombia es un caso sugerente sobre procesos de
construcción y transformación de identidades sociales, de dinámicas raciales y
de la etnicidad. La activación política de identidades étnicas, es decir, la
politización de la etnicidad, es frecuentemente la expresión de agitación social
en contextos políticos amplios, los cuales usualmente refieren a crisis en los
estados nación, y en los que se debilitan los mecanismos de inclusión social
(Nash 1989:17). La forma en que los recursos institucionales se intersectan con
el nivel de desarrollo del movimiento social constituye un factor determinante
en las proyecciones estratégicas de los movimientos sobre actitudes de corto
plazo o en el alcance de sus configuraciones ideológicas.
Los procesos de modernización y globalización, y las crisis que ellos han
acarreado en el plano nacional, han provocado la elaboración de identidades
étnicas instrumentales y performativas que se alejan de las representaciones
locales sedimentadas (Laclau 1994:3-4) o engendradas por una tradición no
reflexiva, (Gros 2000:111; Hall 1992; Wade 1997b:96). Éstas últimas son
representaciones éstas últimas a través de las cuales los pobladores negros por
ejemplo, mayormente rurales, mayormente pobres, daban sentido a sus
experiencias vitales y a sus intercambios con sectores de las poblaciones
indígenas y mestizas circundantes. Este tipo de representaciones son también
aquellas a través de las cuales sectores urbanos o personas con ciertos niveles
de escolaridad se sumían en la cotidianeidad enmarcada en las prácticas
políticas tradicionales. Ante el desgaste de los estilos políticos tradicionales y su
cuestionamiento en el ámbito nacional así como de la erosión de la
predominancia de los referentes sociales locales, procesos heterogéneos de
politización de las identidades sociales comienzan a generarse (Agier
1999:197198).
Dichos contextos de modernización y globalización sitúan los procesos
identificatorios en ámbitos más amplios con referencia al estado nación, y a
conceptos, algunos homogenizantes, otros diferenciadores, no exentos de
contradicciones entre sí, como los de ciudadanía, discriminación y derechos.
También los conectan con imaginarios y campos de tensión más recientes
como los de derechos étnicos, medio ambiente, biodiversidad, territorialidad
ancestral, producción sostenible, y otros. Las dinámicas globalizantes
engendran también desarrollos identitarios de diferenciación en tanto situados
en localidades resignificadas (Eriksen 1994:307-308; Friedman 1990). Los
resultados de estos cursos de acción dependen también en buena parte de las
intersecciones específicas, de relaciones en red entre distintas fuentes
discursivas:
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activistas del movimiento, ONGs nacionales e internacionales, misioneros,
académicos (Escobar 1999:154; Pardo 1997).
Vertientes diferentes de la movilización colectiva negra en Colombia han
apelado a variados reclamos y en ocasiones se han dado superposiciones
discursivas y de marcos de referencia en los que entran reivindicaciones e
identificaciones económicas, políticas, raciales y étnicas. Convocatorias desde
una posición racial enfrentando la discriminación en sus diversas
manifestaciones, o desde posiciones de clase en contra de la explotación y la
pobreza, no han trascendido reducidos círculos de activistas ante la ubicuidad y
efecto desmovilizador de procedimientos políticos hegemónicos como el
clientelismo y el blanqueamiento (Agudelo 1999; Hoffman 1999; Wade 1997a;
Villa 2000). Sin embargo, reclamos de etnicidad se han integrado a
movimientos en alza de campesinos negros pobres en procura de seguridad
territorial. Ante el surgimiento de una valiosa oportunidad política, con la
iniciativa de dichas organizaciones rurales, distintos movimientos negros han
convergido efímeramente bajo un presupuesto de solidaridad racial, para
presionar últimamente por el avance de la agenda campesina etnizada ante la
ausencia de otros discursos con mayores apelaciones de legitimidad.
Un proceso de conformación identitaria no genera por sí mismo un
movimiento social efectivo. Necesita además contar con unas formas
organizativas eficientes, acceso a distintos tipos de recursos y habilidades para
sacar ventajas de los contextos políticos circundantes (McAdam, McCarthy, y
Zald 1996). La combinación de estos factores probó ser muy favorable para la
consolidación de organizaciones campesinas negras en lucha por el control de
sus territorios y por el reconocimiento de su proclamada particularidad étnica.
Pero el mencionado conjunto de factores también explica la ausencia de
acciones hacia la consolidación en el nivel nacional de convergencias entre
otras tendencias y organizaciones del movimiento negro.
Además de éstos anteriores, la perspicacia para impulsar agendas políticas,
la extensión de la base poblacional que está intentando movilizar, y sobre todo
la fuerza de su convocatoria para mantener el interés y la participación de sus
afiliados, son tópicos cruciales para la continuidad de un movimiento social
(McAdam, McCarthy y Zald 1996). En la particular evolución de un
movimiento de base el aporte de los aliados y las redes es crucial para acceder a
recursos de distinto tipo, de otra forma inaccesibles desde la esfera local
(Álvarez, Dagnino y Escobar 1998:14-16; Pardo 1997).
Los planteamientos de los movimientos implican visiones sobre el mundo
y propuestas respecto de diversas dimensiones de la construcción, priorización,
o rechazo de constituciones de la vida social y especialmente de la manera en
que éstas son agenciadas por el estado (Wade 1998; Agier 1999:197-204). Los
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movimientos entonces se sitúan en un campo de disputa sobre políticas
culturales y los estilos en que esas políticas se agencian desde los estamentos
que detentan el poder (Álvarez, Dagnino y Escobar 1998). Los planteamientos
de las organizaciones negras incluyen visiones sobre el medio ambiente, sobre
la diversidad cultural y biológica, sobre los patrones culturales de asentamiento
y de uso de los recursos naturales, que se contraponen a los imaginarios del
desarrollo basados en el lucro, la acumulación y la expoliación de las
poblaciones locales y el medio ambiente (Villa 1998:443-444).
Estos hechos muestran la forma selectiva en que la etnicidad ha sido
integrada al discurso político, y por lo tanto a las identidades políticas del
movimiento rural negro: la integración de fragmentos provenientes del medio
académico, del discurso indígena y de enunciados ambientalistas (Villa
2000:226; Wade 1996) para configurar el sujeto negro étnico rural sostenible
que no pretende abarcar otros campos de “lo negro” en su proyección política.
Muestran también el débil estatus de convocatorias de impronta racial entre la
población negra colombiana, para la que la condición de negritud por sí misma
no genera resonancias con contundencia política. Pero aún así muestran que
estas reclamaciones étnico rurales no tienen ni mucho menos una receptividad
inmediata entre los pobladores de los asentamientos fluviales del Pacífico sino
que requieren de consistentes prácticas organizativas como se ha de mostrar
más adelante en este texto.
Los movimientos en cuestión no solamente requieren de la importación de
representaciones sino también de la impronta de recursos estratégicos y
organizacionales provistos por aliados externos, como lo han sido los
misioneros (Pardo 1997). Este hecho aparece contundente cuando se aprecia la
importancia, extensión y proyección de las federaciones rurales en el Atrato y
en el Patía que son las que han contado con el empeño decidido y constante de
las pastorales católicas (Khittel 2000; Rivas 2000; Wouters 2000) en
comparación con la dispersión de la mayoría de las otras asociaciones
campesinas en el Pacífico. Otros reclamos de sectores negros, entonces, han
adquirido visibilidad cuando han figurado en los escenarios nacionales
generados por el movimiento campesino, que entonces aparece etnizado como
de “comunidades negras”, pero han retornado a sus ámbitos particulares
cuando las organizaciones rurales se han vuelto a concentrar en su restringida
agenda; agenda ésta que a su vez ha sido seriamente afectada por la llegada y
escalamiento de la guerra entre ejército, guerrilla y paramilitares a las selvas del
Pacífico. Las organizaciones han tenido que concentrarse en la situación de
gentes desplazadas, amenazadas, sitiadas e incluso asesinadas y de esta forma
han debido desviar su atención de esfuerzos por consolidar la organización y
por avanzar en sus proyectos de manejo del territorio.
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Pre-1991: La gestación del movimiento negro contemporáneo
La erosión de la legitimidad del estamento político colombiano llevó al
replanteamiento constitucional de 1991. Pero aún en este marco de
cuestionamiento, no aparecía una disposición para aceptar la especificidad de
reclamos de la población negra (Arocha 1992; Arocha y Friedemann 1993).
Con anterioridad a la promulgación de la nueva constitución de 1991 el
movimiento negro colombiano se hallaba disperso en esos varios frentes con
diferentes antecedentes y procesos en lo ideológico y en lo organizativo y no
había encontrado escenarios de visibilidad o de encuentro de alcance nacional
o por lo menos regional (Wade 1996).
En 1976 nació en Pereira, una capital provincial en la región cafetera, el
Círculo de Estudios de la Problemática de las Comunidades Negras de Colombia, Soweto, un grupo de universitarios que se proponían cualificarse como
conferencistas para denunciar el racismo. En 1982 se creó un capítulo en
Buenaventura, la principal ciudad y puerto en el Pacífico, y a finales de ese año
se constituyó como el Movimiento Nacional por los Derechos de las
Comunidades Negras, Cimarrón. Más tarde se crearían filiales en la principales
ciudades colombianas: Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena, y en
algunas de las poblaciones del Chocó: Condoto, Tadó, Quidó, Andagoya,
Puerto Tejada. Desde 1989 se ha impulsado la creación de algunas pequeñas
organizaciones de base en barrios pobres o en lugares rurales del Pacífico o el
Caribe (Jaramillo 2000:193-195). Las referencias identitarias de Cimarrón se
estructuraron a lo largo del eje racial, como respuestas a la discriminación
impuesta a los portadores del fenotipo africano, herencia del orden de
explotación colonial. (Wade 1996, 1997b).
Activistas negros y personas interesadas en propiciar reivindicaciones de la
población negra, incluso misioneros, tuvieron en los años setenta y ochenta en
Cimarrón la referencia y lugar para una militancia radical. Esta importancia se
hace manifiesta, por ejemplo, al considerar el hecho de que esta organización
fuera invitada como testigo de excepción a la firma del acuerdo de Buchadó en
1987 en el Chocó que, como se ve en el siguiente párrafo, constituyó un hito
importantísimo en la definición del terreno político y del futuro del
movimiento negro rural. Los jóvenes negros que, en los años setenta y ochenta,
de sus regiones iban a las universidades de las urbes, tuvieron sus primeros
referentes acerca de una inquietud social y política específicamente negra a
través de Cimarrón, gracias a que se distanciaba claramente de la política
tradicional y del establecimiento económico y político.
De un grupo de estos estudiantes surgió un núcleo de activistas y líderes,
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muchos de ellos oriundos de Palenque y hoy en su mayoría afiliados al
Proceso de Comunidades Negras, PCN (ver adelante) que se han mantenido al
frente de los procesos del movimiento negro en la costa Atlántica centrado
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principalmente en Cartagena (Cassiani 1999). Pero esta organización no ha
logrado constituir una significativa base de apoyo entre la población negra. Su
importancia reside en haber sido la voz más articulada por fuera del
bipartidismo oficial , tal vez la única, en proponerle a la población negra una lucha en contra de la discriminación racial en sus
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diversas expresiones.
Hace unos tres lustros comenzó a surgir una organización campesina en el
curso medio del río Atrato, departamento del Chocó. Inicialmente como
grupos de base promovidos por misioneros católicos que propusieron
reflexiones sobre sus condiciones de existencia. En la región operan grandes
madereras que degradan la selva y explotan el trabajo de los pobladores
nativos. Tiempo después se convirtieron en organización campesina y
reclamaron al gobierno cesar las licencias a las madereras y permitir a los
habitantes de la región acceder al control sobre los recursos naturales. A través
de un proceso de varios años de gran constancia por parte de los misioneros y
de cooperación con algunos líderes de los asentamientos negros entre ellos
algunos maestros de escuela, hacia 1987 ya se había consolidado sólidamente la
ACIA, Asociación Campesina Integral del Atrato, con 35 localidades asociadas
y que planteaba enérgicamente sus reivindicaciones en el nivel departamental y
el nacional. Ese año ACIA obtuvo en un hecho sin precedentes,
reconocimiento estatal sobre los derechos de los asentamientos negros sobre el
territorio y los recursos naturales en una memorable reunión con varias
agencias gubernamentales en la población chocoana de Buchadó (Pardo y
Álvarez 2000:237)
Poco después el ejemplo de ACIA se extendía en el Chocó y se formaban
otras organizaciones campesinas: OCABA, ACADESÁN, ASOCASÁN y
ACABA . En la conformación de estas asociaciones y de sus reclamaciones fue
importante el antecedente de los indígenas con la Organización Regional
Embera Wounán del Chocó, OREWA (Pardo 1997; Wade 1996). Para
entender el éxito del estilo de organización federativo campesino, hay que
considerar la asesoría estrecha y continua de los grupos misioneros, palpable en
las dos mencionadas federaciones de mayor consolidación: la ACIA en el río
Atrato y la ACAPA en el río Patía (Rivas 2000). Este acompañamiento por
varios años permitió la capacitación de líderes nativos, la consolidación de
prácticas organizativas, la sedimentación de discursos, el establecimiento de
relaciones y el conocimiento de fuentes de recursos, factores estos de difícil
alcance para una asociación de pobladores en una selva alejada de los circuitos
nacionales.
La movilización colectiva en el resto del Pacífico, en los tres
departamentos del sur de la región—Valle, Cauca y Nariño—por aquella época
presentaba diversas facetas. Entre ellos estaban algunas organizaciones para el
progreso regional como en Guapi en el Cauca, asociaciones gremiales
(agricultores, carboneros, pescadores) y culturales (grupos de danza y teatro), e
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incipientes organizaciones de campesinos en unas 20 localidades (seis en el
Valle, tres en Cauca y diez en Nariño) algunos de ellos producto de los trabajos
de acción social por parte de los programas de pastoral social católica (Pardo
1997). Salida del activismo estudiantil, la Fundación Litoral Siglo XXI en
Buenaventura y en Cali buscaba la conformación de un proyecto radical
independiente para la reivindicación de la población negra colombiana
(Cassiani 1999).
En términos de patrones de liderazgo, las organizaciones campesinas
suelen conformar sus cuerpos directivos con personas de base oriundas de las
áreas rurales y con algunos maestros, mientras que intelectuales de clase media
se agrupan en pequeñas ONGs, ejercen activismo individual, o tratan, sin
mucho éxito dada la tendencia centrífuga de la organización étnico territorial,
de impulsar procesos regionales que cobijen diferentes organizaciones (Pardo
1998).
Sobresale también entre las organizaciones campesinas un estilo
organizativo federativo y concéntrico mediante el cual todas las localidades
están afiliadas y eligen un sector directivo mediante una asamblea general. El
intento análogo entre habitantes de empobrecidos sectores urbanos, de la
Organización de Barrios Populares, OBAPO , que exhibió un auspicioso
comienzo en Quibdó y que tuvo destacado protagonismo en el proceso de
creación de la Ley 70, se estancó por la aparición de prácticas personalistas de
sus dirigentes y la prematura inserción de éstos en la política electoral (Agudelo
1999).
El reclamo territorial por sí solo, aún con componentes ambientales en un
país de campesinos sin tierra, como otro sector más aunado al coro de
peticiones, presentaba poca contundencia. Con el antecedente de los indígenas
y de una normatividad internacional favorable, estas poblaciones campesinas
negras apelaron a la reclamación étnica. Diferencias culturales cimentadas
históricamente eran argumentos que se situaban en discusiones de actualidad
sobre los derechos culturales y que tenían más potencial de receptividad que
una demanda por tierra (Hoffmann 1999). De esta forma la organización rural
en el Chocó abordó por primera vez entre los negros colombianos una
etnicidad instrumentalizada políticamente dirigida a una significativa audiencia
en las localidades riverinas, y logró así configurar una propuesta identitaria
exitosa frente a las propuestas de perfil racial que habían quedado constreñidas
en unos sectores intelectuales y activistas (Wade 1996).
Ninguna otra organización negra en Colombia tuvo antes de la Ley 70
niveles semejantes a los de la ACIA en militancia, membrecía y solidez
ideológica. El resto de organizaciones no trascendían limitados ámbitos lo-cales
y no lograron articular sus reclamaciones a escenarios políticos más amplios. La
única excepción era la de Cimarrón, que había logrado dar una dimensión
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nacional a su actividad, pero su impronta organizativa más orientada a la
formación de grupos de activistas en las principales ciudades que a la
organización de base, y su mensaje centrado en una crítica amplia a la
discriminación, no le posibilitaban ensanchar su audiencia y su impacto político
dada la falta de radicalidad de las clases medias negras hacia las que se dirigía el
discurso, así su influencia fuera innegable entre el conjunto de pequeños
núcleos de activistas negros.
Este último tópico se enmarca en otra de las dimensiones claves que
influencian el desempeño de los movimientos sociales como es el del los
contextos políticos (McAdam, McCarthy, y Zald 1996). En el Pacífico, dada la
predominancia de agricultura de subsistencia o de empresas extractivas en el
área rural y la escasa infraestructura productiva en el medio urbano y el
predominio del sector comercial controlado mayormente por mestizos de
procedencia andina, las posibilidades de empleo para los sectores más educados
de la población negra se dan principalmente en el sector gubernamental. Las
oportunidades de ascenso social para las clases medias pasan mayormente por
la vinculación a alguna de las clientelas partidistas. El estado en sus niveles
departamental y municipal es el mayor empleador y uno de los actores
económicos más importantes. Esto es en parte resultado de un movimiento de
los primeros profesionales negros a mediados de siglo quienes veían en el
acceso al aparato estatal un logro fundamental para el ingreso de la población
negra a los beneficios de la ciudadanía y la modernidad. Sin embargo, la
precariedad de la inserción política y económica de la región en un concierto
nacional a su vez precario, resultó en unas prácticas de completa expoliación de
lo público para el beneficio personal y faccional (Agudelo 1999; Villa 2000).
Esta situación es fundamental para entender cómo las organizaciones negras
antidiscriminatorias primero, y las étnicas después no encontraron eco ni
aliados entre las clases medias urbanas de la región y tuvieron que buscar apoyo
en el movimiento indígena y en sectores académicos del centro del país.
En este punto se revela cómo, a pesar de que el movimiento rural de
campesinos pobres no ha expresado una ideología ni unos procedimientos
políticos clasistas—prefiriendo resaltar los carices étnicos y ambientales—las
actitudes políticas de la población negra, en su conjunto están atravesadas por
subyacentes motivaciones de clase (cf. Hall 1986: 9-20). El desdén con el que la
inmensa mayoría de los cuadros de la dirigencia política tradicional y los ya
mencionados sectores medios de la región han mirado a la acción colectiva
campesina, atribuyéndole incluso la intención de instituir un tipo de apart-heid,
entraña unas posiciones de clase en las que estratos más acomodados
menosprecian las acciones y consignas que reivindican prácticas productivas
vernáculas negras, las mismas que en visiones dominantes han sido
consideradas modelos de atraso y marginamiento .
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La región Caribe que comprende no sólo el litoral Atlántico sino la extensa
planicie aledaña, exhibe marcada aunque dispersa influencia y presencia de la
población negra. Existen importantes sectores de esta población en las dos
mayores ciudades, Barranquilla y Cartagena, y hay otras algunas pequeños
poblados de población predominantemente negra. En el conjunto de la
población regional es notorio el componente fenotípico africano. Sin em-bargo
en el orden racial en Colombia, como lo ha subrayado Wade (1997a), el
mestizaje, o mulataje, coloca a las personas en la categoría mestiza, la cual en
términos ideológicos está en el polo “blanco” del espectro. En esta región el
movimiento negro ha estado a cargo de los activistas que se iniciaron en los
grupos estudiantiles en los ochenta, destacándose militantes de origen
palenquero quienes pasaron por Cimarrón y desde aquella época impulsaron
algunos procesos de organización en unas pocas poblaciones y en los barrios
de mayor población negra en Barranquilla y Cartagena (Cassiani 1999).
En las islas de San Andrés y Providencia en el Caribe, la población negra
establecida hace cerca de tres siglos se ha visto asediada desde mediados del
siglo XX por la entrada masiva de población mestiza del continente. El medio
ambiente se ha deteriorado y la población nativa ha quedado marginada de las
posiciones de dominancia económica y política. Entre los negros
sanandresanos ha surgido un movimiento muy activo exigiéndole al gobierno la
promulgación de un “estatuto raizal” que devuelva a los isleños el control de
los asuntos públicos y solucione el exceso poblacional de inmigrantes. Es un
movimiento que no ha estado en la agenda de los partidos tradicionales ni
conectado con el resto del movimiento negro, pero que cuenta con
considerable apoyo local.
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Movilización negra, reforma constitucional y el libreto
de la Ley 70
El llamado para la expedición de una nueva constitución política sacudió el
panorama de dispersión de las expresiones del movimiento negro. Esta
circunstancia constituye un caso notable de oportunidad política, uno de los
factores primordiales que algunos analistas atribuyen al avance de los
movimientos (McAdam, McCarthy, y Zald 1996). La convocatoria de la
constituyente abrió la posibilidad de participar en la política nacional por fuera
de los dos partidos políticos tradicionales. No obstante, cabe recordar que esta
apertura política funciona en más de un sentido. Gros (1997, 2000) ha insistido
en que los logros de la descentralización administrativa y de reconocimiento de
minorías a través del multiculturalismo no solamente cubren algunas
aspiraciones democráticas sino que también encajan con las tendencias
neoliberales de reducción del estado y de delegación de las responsabilidades en
políticas públicas.
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Las organizaciones negras inician contactos a nivel nacional con el objeto
de postular candidatos unificados a la constituyente. En Cali, en el Encuentro
Preconstituyente de Comunidades Negras de 1990, participaron desde
entidades oficiales hasta partidos de izquierda pasando por misioneros católicos
y miembros de los partidos tradicionales y ONGs, mientras que las
organizaciones chocoanas se mantenían un tanto al margen y con cierto
escepticismo frente a los grupos de activistas e intelectuales que participaban en
el movimiento sin pertenecer a organizaciones de base. Como resultado de este
encuentro se crea la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras, CNCN,
de frágil cohesión pues sus miembros no lograron unificar candidatos a la
asamblea constituyente: los sectores del partido liberal presentaron dos listas,
Cimarrón apoyó unas listas de izquierda, y los sectores más independientes
fueron con otro candidato, mientras que las organizaciones del Chocó
apoyaban a uno de los candidatos indígenas que a la postre resultó elegido
(Agudelo 1998; Cassiani 1999; Grueso, Rosero y Escobar 1988:199).
Fue este constituyente indígena, Francisco Rojas Birry, quien llevó la
vocería de los sectores negros. Activistas negros de pequeñas y dispersas
organizaciones junto con los miembros de organizaciones de mayor
cubrimiento, por primera y tal vez única vez, concertaron esfuerzos y a través
de manifestaciones callejeras y otros actos públicos por la inclusión de los
reclamos negros en la constitución. Así, logran a último momento la
aprobación del Artículo Transitorio 55 (Agudelo 1998, 2000b).
Las regiones nombraron sus delegados, y representantes de las regiones del
Caribe y del Pacífico, de las islas de San Andrés y Providencia y de grupos
negros asentados en las grandes capitales andinas pudieron estar reunidos en la
comisión especial como nunca antes habían estado, para vocear sus memoriales
de agravios frente a representantes del gobierno, de las instituciones y de la
academia. Fue la primera oportunidad en la historia de Colombia en la cual se
presentó reunido y deliberante un movimiento negro de alcance nacional, así
fuera de manera pasajera (Arocha y Friedemann 1993).
En el contexto de elaboración de propuestas para dicha ley se convocó a
una primera Asamblea Nacional de Comunidades Negras en Tumaco en julio
de 1992, en la que participan delegados de organizaciones de los cuatro
departamentos incluyendo la ACIA del Chocó, la Organización de
Comunidades Negras que agrupaba a los sectores independientes que
estuvieron en la CNCN y unas diez organizaciones de ríos de los
departamentos del sur, además de organizaciones de mujeres, culturales y
gremiales. En la segunda asamblea realizada en Bogotá, en mayo de 1993,
participaron también delegados de la costa Atlántica (Cassiani 1999; Grueso,
Rosero y Escobar 1988:201).
En estas asambleas se discutía la creación de una organización nacional.
Las organizaciones del Chocó—en especial ACIA y ACADESÁN, en aquel
15
16
71
momento las más consolidadas del Pacífico en términos de reclamos
territoriales y de número de localidades afiliadas—veían con desconfianza una
organización tal en la que organizaciones sin respaldo de base, se sentían en
igualdad decisoria frente a ellas que representaban la masa campesina negra
más importante del Pacífico. La posición de estas organizaciones chocoanas
impediría la consolidación de un movimiento negro de carácter nacional y
anticiparía la desagregación de las organizaciones de río de sus organizaciones
regionales en los departamentos del sur del Pacífico.
La Ley 70 fue aprobada por el Congreso en agosto de 1993 y en ella se
estableció la vigencia temporal de una circunscripción para dos representantes
a la Cámara por las comunidades negras (Agudelo 1999). La discusión sobre los
posibles candidatos añadió tensiones extras al panorama nacional de
organizaciones negras, pues las organizaciones chocoanas querían presentar sus
propios candidatos y no someterlos a la consulta con el resto de las
organizaciones.
Las organizaciones chocoanas no asistieron en noviembre de 1993 a la
tercera Asamblea Nacional de Comunidades Negras en la que se conformó el
Proceso de Comunidades Negras, PCN, una organización de carácter nacional
con la participación de prácticamente todas las otras organizaciones que habían
venido participando en las comisiones consultivas departamentales y en la
comisión especial establecidas por el gobierno para el estudio y redacción del
proyecto de ley de comunidades negras (Cassiani 1999).
Las identidades de los movimientos no son fijas sino el producto de los
procesos políticos en los que los sujetos colectivos en cuestión se involucran
(Mato 1996:64). En una compleja interacción de reclamos anclados en políticas
de la diferencia (Hall 1992), unas organizaciones negras con objetivos
estratégicos de base territorial, estructurando parte de su ideario en la forma de
un discurso étnico y ambiental, lograron convocar bajo un paraguas de raza—
“los negros colombianos”—a diversas organizaciones. Una vez logradas las
concesiones centrales –territorios colectivos y gobiernos locales—estas
organizaciones rurales, o ahora “étnico territoriales”, siendo los actores más
fuertes del movimiento, regresaron a sus luchas y escenarios particulares y
abandonaron las alianzas en el plano nacional.
La Ley 70 ha ocasionado importantes cambios en la vida de las gentes
negras del Pacífico; provocó también la actividad de movimientos negros en el
contexto nacional y también cierta institucionalización de estos movimientos.
Sin embargo los potenciales efectos de la ley, y el avance de los movimientos
han sido trágicamente frenados por la irrupción del conflicto armado en la
selva Pacífica. El territorio de la ACIA es, desde 1996, centro de despiadados
enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. Los dos principales
poblados de este territorio, Bellavista y Vigía del Fuerte, fueron destruidos por
ataques guerrilleros en 2000; de esta manera, la labor de la asociación se limita
72
mayormente a la supervivencia física. El conflicto se ha extendido a
importantes áreas del Pacífico nariñense, y más recientemente ha surgido en el
área de Buenaventura y amenaza también la costa caucana. Los puntos que se
discuten adelante deben ser leídos con el trasfondo de esta guerra que ha
incidido profundamente en ellos (Agudelo 2000a; Wouters 2000).
Para la comisión especial que discutió el texto de la Ley 70 fue un
problema la inclusión amplia de la población negra colombiana dadas las
restricciones que imponía el Artículo Transitorio 55 sobre los pobladores
riverinos del Pacífico. Aunque el texto definitivo trata de ser inclusivo de toda
la población negra colombiana, más que una ley sobre las poblaciones negras
colombianas, es una norma que atañe a dichos pobladores negros de los
bosques del Pacífico.
De la ley se derivan escenarios y recursos institucionales que se han venido
a constituir un guión para el accionar del movimiento negro. Esta circunstancia
ha mermado la iniciativa de las organizaciones negras y su capacidad de innovar
parámetros ideológicos y organizativos. Además, la tradicional dependencia en
la región del Pacífico de los recursos estatales para el accionar político ha
influido en el estilo organizativo del movimiento negro, lo cual lo lleva
frecuentemente a priorizar la obtención de recursos oficiales sobre la
ampliación del alcance de la agenda política (Pardo 2000).
Como consecuencia de la Ley 70 hay en la actualidad miembros de las
organizaciones o individuos respaldados por ellas en las juntas directivas de
corporaciones regionales y del Instituto de Investigaciones Ambientales del
Pacífico, o como empleados y contratistas en los anteriores organismos; y en el
Plan Pacífico, en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en la
Dirección de Comunidades Negras de Ministerio del Interior; en el Ministerio
de Educación, en el Ministerio de Minas, en el Ministerio del Ambiente;
además son miembros de las comisiones consultivas departamentales y
nacional y quienes integran cada cuatro años la Comisión del Plan de
Desarrollo para Comunidades Negras.
Conclusiones
La participación de las organizaciones y personas negras en la planificación
y gestión concernientes a la población negra, derivada de la Ley 70 y sus
territorios, ha acentuado el faccionalismo y disminuido el dinamismo
organizativo al entrar las organizaciones en competencia por el protagonismo y
reconocimiento oficial, y haberse debilitado los escenarios de coordinación del
movimiento negro a nivel subregional, departamental y nacional.
El proceso de discusión e implementación inicial de la Ley 70 originó dos
estilos organizativos y de estrategias de representación de las comunidades
negras rurales del Pacífico. De un lado se ha constituido un estilo políticocultural en el que la convocatoria identitaria e ideológica gira alrededor de los
73
reclamos territoriales apoyados en imágenes de una cultura ambiental
sostenible vernácula y en un modelo organizacional federativo a partir de los
asentamientos locales. Éstas son organizaciones chocoanas pioneras, anteriores
a la Ley 70, arraigadas en el territorio y directas protagonistas de los procesos
17
de titulación . De otro lado, en los tres departamentos del Pacífico al sur del
Chocó—en Valle, Cauca y Nariño—cuando se expidió la Ley 70, las
organizaciones rurales estaban muy poco consolidadas. El activismo negro, en
buena parte originado a partir del proceso mismo de planeación y divulgación
de la Ley 70, se concentraba en los núcleos urbanos de Tumaco, Guapi y
Buenaventura. En estos departamentos la estrategia que predominaba tres años
después de promulgada la Ley 70, impulsada por el bloque organizativo
Proceso de Comunidades Negras, PCN, era la de federaciones
departamentales, llamadas palenques, de todas las organizaciones étnicas
18
negras , las cuales incluían grupos culturales, gremiales y las organizaciones
rurales. El PCN proponía entrar en un proceso de discusión para encontrar
elementos culturales e identitarios, además de los de la ancestral pertenencia y
manejo territorial, que pudieran convocar amplios sectores de la población
negra (Grueso, Rosero y Escobar 1998:205-209). Este planteamiento
programático se extendía en buena medida a los activistas negros de la costa
Atlántica entre los que es significativa la influencia del PCN.
El primer estilo basado en federaciones de organizaciones territoriales locales iniciado en las cuencas fluviales chocoanas, durante los siete años
siguientes a la expedición de la ley, ha ido extendiéndose por el Pacífico en
detrimento de la propuesta de coaliciones e identificaciones más amplias del
PCN. Dado que la Ley 70 ha establecido que para solicitar la adjudicación de
territorios colectivos la comunidad interesada deberá designar un consejo
comunitario que enviará información sobre el territorio, la demografía, la
historia y las prácticas productivas, las organizaciones étnico territoriales han
ido generalizándose por todas las áreas rurales del Pacífico, creándose así una
distancia con organizaciones étnicas de otro tipo—ya sea cultural, gremial,
ambiental o de explícita proyección política, y especialmente con las basadas en
las grandes ciudades. En tanto avanzan los procesos de titulación, con
financiación gubernamental para que los consejos comunitarios hagan la
propuesta de territorio colectivo, las organizaciones de los ríos se han dado
cuenta que no necesitan de intermediarios para dialogar y acceder a los recursos
del estado.
Así, aunque no ha habido una ruptura formal de los palenques como
forma federativa en los departamentos del sur, se da entonces de hecho una
escisión entre una dirigencia campesina al frente del proceso de los territorios
colectivos y una dirigencia de carácter urbano que sigue teniendo presencia en
los espacios de interlocución con el gobierno pero que va viendo disminuir sus
74
bases. De hecho en Nariño ha surgido una reagrupación de los consejos
comunitarios: algunos continúan organizados en torno al palenque, pero varias
otras decenas de consejos han establecido otra asociación. En el Pacífico
caucano las organizaciones riverinas han conformado una asociación, y algunas
organizaciones de mujeres rurales y urbanas han constituido otro grupo, las
cuales ahora canalizan recursos por fuera del núcleo que anteriormente desde el
palenque en Guapi llevaba la vocería departamental. Similarmente en la costa
del departamento de Valle, perteneciente toda al municipio de Buenaventura,
varios de los consejos comunitarios que han ido surgiendo empiezan a adoptar
un manejo autónomo de su representación y de interlocución institucional
apartándose de la coordinación de los activistas de la cabecera municipal de
Buenaventura.
En la región del Caribe, en la parte norte del país, las dispares
organizaciones han sido promovidas por núcleos de activistas e incluyen
pequeñas asociaciones rurales, gremiales, culturales y grupos de estudio sin que
hayan podido proyectarse como un movimiento regional significativo. La Ley
70 no ha tenido mayores repercusiones en los discretos grupos de base aunque
la actividad institucional motivada desde la constituyente ha proyectado a
algunos de sus dirigentes quienes han ocupado posiciones en el nivel nacional
en el Ministerio de Educación o en la Dirección de Comunidades Negras del
Ministerio del Interior.
En las islas de San Andrés y Providencia las acciones colectivas para
retomar el control de los asuntos públicos y enfrentar la seria situación
demográfica y ambiental, no obstante la gravedad de la situación y la energía
del movimiento, no han motivado ninguna acción o estrategia de coordinación
con otros sectores del movimiento negro colombiano. Aquí la brecha
identitaria parece insalvable entre estos grupos negros que se consideran parte
del Caribe anglófono, compartiendo una historia común mucho más con el
litoral anglófono en Costa Rica, Nicaragua y Honduras e incluso con Jamaica,
que con los distintos sectores de población negra en la parte continental
colombiana.
A finales de 1996 los grupos paramilitares comenzaron a entrar en el río
Atrato en donde por años la guerrilla de las FARC había circulado y
transportado pertrechos aprovechando la total ausencia del estado. Se
desencadenó entonces una guerra intensa que desplazó a la mayoría de la
19
población rural del bajo Atrato y a la totalidad de la dirigencia de la OCABA ,
liquidando así a esta organización que poco antes había recibido el primer título
colectivo en marzo de 1997. Luego la guerra se extendió río arriba hacia el
territorio de la ACIA con sus consecuencias de muerte y desplazamiento. En
los últimos tres años una gran porción de las actividades de la ACIA han girado
en torno a la violencia y a la atención a desplazados. Problemas similares de
75
violencia se vienen presentando hace algunos años en el Pacífico nariñense y
más recientemente en el Valle y amenazan con generalizarse al Cauca también.
La región entera presenta la sombría perspectiva de verse cada vez más
envuelta en el conflicto armado, y los movimientos sociales de ver sus
actividades disminuidas o paralizadas (Agudelo 2000a; Wouters 2000).
Las distintas expresiones del movimiento negro no se han encontrado con
una iniciativa que plantee de forma plausible la construcción de escenarios
discursivos y estratégicos comunes e incluyentes. Para la mayoría de las
organizaciones la perspectiva unitaria ni siquiera es un tema a considerar. Se
evidencia entonces el carácter autolimitante (cf. Foweraker 1995:61) de las
identidades propuestas por las distintas facciones, percepción que se acentúa
aún más con el hecho de que ni siquiera sectores análogos entre sí como las
agrupaciones de consejos comunitarios, han diseñado procedimientos de
convergencia más allá de ámbitos subregionales reducidos.
Es irónico que ahora espacios institucionales, definidos por la Ley 70 como
terrenos en los que deberían encontrarse los representantes de la población
negra y los del gobierno para discutir el diseño y aplicación de políticas
referentes a la población negra—las comisiones consultivas departamentales y
la nacional—sean los únicos escenarios de encuentro entre las organizaciones
negras. Estas comisiones consultivas se han convertido básicamente en una
revisión burocrática de las actividades de las distintas instituciones previstas en
la Ley 70, con pocos y excepcionales momentos de discusión de temas que
traten de manera productiva las grandes necesidades y reivindicaciones de la
población negra colombiana.
La ubicua situación de dependencia de los puestos y recursos públicos para
la promoción y el ascenso social en Colombia, que de manera intensa integra
en una telaraña clientelar toda la geografía del Pacífico, además de anular en
buena parte la posibilidad de radicalización de sectores de las clases medias
negras, ha provisto un telón de fondo del que no han escapado del todo
activistas y organizaciones del movimiento social negro. Muchos de ellos han
tenido poca cautela, e incluso abierta ambición, para acceder a los recursos y
empleos públicos en detrimento de su crecimiento como líderes por fuera del
aparato institucional con las consecuencias de faccionalismo, atemperamento y
cooptación de la iniciativa política.
Las luchas y la movilización colectiva de las poblaciones negras en Colombia de los últimos años han puesto de relieve más las diferencias que las
convergencias entre los sectores de estos movimientos sociales. Los procesos
en curso han señalado tendencias centrífugas no sólo entre organizaciones de
distinto carácter sino entre aquellas de similar vocación. Si las identidades
étnicas no se colocan dentro de perspectivas amplias de solidaridad y de
democracia, fácilmente actúan como factores excluyentes (Bloul 1999). En
76
efecto, no sólo no se han generado espacios de encuentro o coordinación sino
que las asociaciones territoriales se han ido desagregando de coordinaciones
regionales. Factores importantes a este respecto son la heterogeneidad de las
identidades, la fragmentación que las afiliaciones y motivaciones de clase
propician, las inmersiones parciales de los movimientos en el juego
hegemónico del estado (Dagnino 1998:46-49), el papel divisivo de los recursos
estatales y la ambivalente lógica neoliberal que concede reivindicaciones pero
impide la consolidación de alianzas amplias y de identidades envolventes entre
los distintos sujetos políticos colectivos y sus agendas radicales (Gros 2000).
Pero incluso los proyectos así limitados de acción colectiva negra,
particularmente el movimiento territorial, están amenazados en su existencia
misma por la depredadora guerra que asola al país.
Notas
Agradecimientos. Este artículo hace parte del proyecto Poblaciones Negras y
Modernidad patrocinado por el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia y Colciencias. He efectuado trabajo de campo sobre este tópico durante varios meses desde 1995 en Quibdó, Buenaventura, Guapi, Tumaco,
Medellín, Cali y Bogotá así como investigación documental y numerosas
entrevistas. Agradezco al profesor Arturo Escobar su apoyo para el primer
viaje de trabajo de campo. Una versión inicial de este artículo fue presentada en
el simposio Black Populations, Social Movements and Identities in Latin
America (Universidad de Manchester, 1999). Mis reconocimientos al profesor
Peter Wade, quien organizó el simposio e impulsó con admirable paciencia la
publicación de las ponencias. Agradezco los comentarios y sugerencias de tres
lectores anónimos referidos por el JLAA. Cualesquiera sean los aciertos de este
artículo, se han beneficiado de las conversaciones con mis compañeros del
proyecto ICANH–Colciencias, particularmente con Eduardo Restrepo, y del
simposio en Manchester. La responsabilidad por el contenido es enteramente
mía.
1. En 1991 se eligió en Colombia una asamblea que expidió nueva
Constitución en la que se incluyó el Artículo Transitorio 55 que ordenaba
constituir una comisión especial para proponer una ley para la protección del
territorio y la cultura de las comunidades negras riverinas del Pacífico y otras
poblaciones de características similares. La Ley 70 se aprobó en 1993 y consta
de ocho capítulos con 68 artículos. Esta ley estableció los procedimientos para
reconocerles territorios colectivos a las comunidades negras que ocupen y
usufructúen territorios selváticos, se organicen en consejos comunitarios y
soliciten la titulación. La ley ordena un manejo concertado y sostenible de
dichos territorios, otorga derechos especiales a las comunidades negras en la
77
actividad minera, e instaura medidas para la protección cultural y la promoción
social y económica de la población negra colombiana. Creó la Dirección de
Comunidades Negras en el Ministerio del Interior y las comisiones consultivas
departamentales y nacional para concertar políticas de los representantes de las
comunidades negras y las instituciones estatales.
2
La población colombiana tiene un componente importante de
población negra, la tercera de las Américas después de la de Estados Unidos y
la de Brasil: los estimativos oscilan entre el diez por ciento y el 25 por ciento o
sea entre cuatro y diez millones de personas negras. Los esclavizados africanos
fueron llevados a las minas de oro del occidente colombiano y a las haciendas
en el Valle del Cauca y en las sabanas caribeñas. Desde la colonia ha habido un
proceso de mixtura racial entre los componentes amerindio, africano y español.
En la región del litoral Caribe el componente negro de la población mestiza es
muy notorio. La región del Pacífico es una de las zonas más extensas en
América con población mayoritariamente negra. En la ciudad de Cali, la tercera
del país, con más de un millón de habitantes un cuarto de la población es
negra, y en las otras principales ciudades colombianas hay importante
población negra.
3. El Pacífico colombiano es una franja selvática de aproximadamente
1.000 kilómetros de largo y unos 100.000 kilómetros cuadrados que se extiende
de norte a sur entre Panamá y Ecuador, limitada al oriente por los Andes.
Comprende cuatro departamentos: al norte, el Chocó (capital Quibdó),
contiene la frontera con Panamá y está enteramente en la llanura del Pacífico,
mientras los otros tres departamentos al sur tienen buena parte de su territorio
y sus capitales en las montañas y valles interandinos (Valle, Cauca y Nariño con
Buenaventura, Guapi y Tumaco respectivamente como sus centros urbanos
principales). La población del Pacífico es de cerca de un millón de habitantes;
de ellos la mitad vive en los centros urbanos. La población negra es el 85 por
ciento, la mestiza el diez por ciento, y la indígena el cinco por ciento.
4. El fenómeno del clientelismo es especialmente agudo en la región del
Pacífico en donde el estado es el principal empleador. En la particular
constitución racial en Colombia, las características de las culturas negras
vernáculas son juzgadas por el estamento dominante negro como atrasadas e
incultas. Algunos autores han llamado entonces “blanqueamiento” a la
adopción de las maneras y actitudes de las clases medias y altas mestizas,
incluyendo la búsqueda de cónyuges mestizos y la residencia entre población
mestiza por parte de personas negras como mecanismo para ascender
socialmente (Wade 1997).
5. El Atrato es el principal río del departamento del Chocó. El Patía es
un río del departamento de Nariño, el departamento situado más al sur de la
región. Siguiendo el modelo iniciado en el Atrato por la ACIA a medidos de los
ochenta, las organizaciones campesinas se dan en un área fluvial, es decir
78
en un río principal y sus afluentes. En estos dos ríos se han constituido las
organizaciones campesinas más pujantes gracias al constante apoyo de equipos
misioneros católicos; en el Patía la Asociación Campesina del Patía, ACAPA,
ha atravesado por significativo crecimiento desde mediados de los años
noventa.
6. San Basilio de Palenque es una población cerca de Cartagena, de gran
notoriedad histórica y cultural. En los tiempos coloniales, fue un “palenque”
muy famoso, es decir un centro de esclavos fugados el cual no se sometió a la
autoridad española. Es la localidad en la región Caribe con mayor vigencia de
expresiones socioculturales específicamente negras. Palenquero es el gentilicio
correspondiente.
7. La política colombiana ha estado dominada por los partidos liberal y
conservador desde el siglo XIX. En las décadas de los cincuenta y sesenta del
siglo XX los dos partidos libraron una sangrienta guerra en áreas rurales del
centro del país. Un acuerdo entre ellos para terminar la guerra y alternarse en la
presidencia de la república, cerró aún más la posibilidad para la participación de
otras fuerzas políticas. Esta situación trató de cambiarse con la Constitución de
1991 pero poco después las viejas fuerzas dominaban de nuevo la política
nacional.
8. En el Chocó desde mediados de los setenta se dan intentos de fundar
organizaciones campesinas; en 1974 a instancias del párroco de Riosucio se
fundó la Organización Campesina del Bajo Atrato, OCABA, principalmente
para organizar trabajos colectivos, y diez años después surgió la ACIA (ver
nota 5, arriba) como la primera organización exitosa en cuanto a movilización
política y trabajo de base. Se crearon luego la Asociación Campesina del San
Juan, ACADESÁN, la cual es la segunda organización en empezar a reclamar
territorios colectivos; la Asociación Campesina del Baudó, ACABA; la
Organización Popular Campesina del Alto Atrato, OPOCA; y la Asociación
Campesina del Alto San Juan, ASOCASÁN.
9. En 1982 se constituyó la Organización Regional Embera Wounan,
OREWA, de los indígenas chocoanos. Comenzó gracias al trabajo de un
equipo misionero católico con un grupo de estudiantes indígenas. En poco
tiempo se convirtió en una federación que había agrupado los 30.000 indígenas
del departamento, erigiéndose como un protagonista principal de la política regional, constituyendo más de un centenar de cabildos (juntas de gobierno
indígenas) y obteniendo del gobierno cientos de miles de hectáreas tituladas en
resguardos (territorios colectivos inalienables) previstos en la ley colombiana
pero nunca antes implementados en el Chocó.
10. Ver nota 5.
11. La Organización de Barrios Populares, OBAPO, comenzó en Quibdó
a finales de los ochenta como un movimiento de los sectores pobres urbanos.
79
Constituyó, junto con la ACIA y ACADESÁN, el grupo de organizaciones más
activas e influyentes para lograr la expedición del Artículo Transitorio 55 y la
Ley 70.
12. Las clases medias urbanas negras y en especial sus sectores dirigentes
nunca se han identificado con los objetivos del movimiento social negro,
manifestando incluso abierta oposición a él. Los dirigentes políticos negros de
los partidos oficiales han expresado en numerosas ocasiones que los reclamos
campesinos sobre territorios colectivos y sobre legislación especial para
poblaciones negras son intentos para enclaustrar a los negros pobres en
tradiciones retardatarias y aislacionistas.
13. Ver nota 7.
14. El departamento de San Andrés y Providencia, archipiélago situado
cerca a la costa nicaragüense, ha estado bajo jurisdicción colombiana desde
tiempos coloniales. Poblado desde hace más de tres siglos por negros
anglófonos como en toda la región caribeña circundante, se constituyó en
puerto libre desde los años cincuenta, originándose una ola de inmigración
mestiza para explotar el comercio y el turismo.
15. Ver notas 8 y 10.
16. Ver nota 1.
17. Ver nota 5.
18. Ver nota 7.
19. Ver nota 8.
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