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UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO LICENCIATURA EN ENFERMERIA A DISTANCIA TRABAJO PRÁCTICO Nº1 CATEDRA: EDUCACION EN ENFERMERIA PROFESORA: LIC. GLORIA MARQUESA HERRERA ALUMNA: SANDRA BONIUK 2012 1- El Estado de Bienestar (EB) consistió en un conjunto de instituciones públicas destinadas a elevar el nivel de vida de la fuerza de trabajo o de la población en general. Es un Estado en el cual el gobierno promovió beneficios sociales a través de la generación de recursos y de la distribución de bienes y servicios hacia los ciudadanos. Su objetivo era el de administrar las contradicciones entre la distribución asimétrica de los ingresos en el mercado y la distribución simétrica de valores políticos en el Estado social de derecho. Se dice que existe un Estado del bienestar o Estado providencia cuando el Estado asegura la protección social, entendida ésta mediante derechos tales como la sanidad, la vivienda, la educación, los servicios sociales, las pensiones de jubilación o la protección del empleo o del empleado. Se pueden diferenciar dos esquemas alternativos de estado de bienestar; Uno de ellos, el seguro social, se limitaba a cubrir básicamente las necesidades del trabajador asalariado y financiado de forma tripartita con aportes de los asegurados, contribuciones de sus empleadores y, complementariamente, por el Estado. Así, este sistema estaba dirigido al asalariado más que al pobre, al hombre más que a la mujer y los niños, estos últimos principales beneficiarios del sistema asistencialista. El segundo modelo, el de la seguridad social, cubría a toda la población contra las contingencias sociales, independientemente de la actividad que realizaba o de su capacidad tributaria, ampliando así los derechos de ciudadanía. Las prestaciones se financiaban con diferentes recursos, incluyendo rentas generales. Este esquema suponía que el acceso al consumo de bienes y servicios socialmente prioritarios debería independizarse del aporte individual al sostenimiento del sistema. Desde esta perspectiva las políticas asistencialistas o de lucha contra la pobreza ocupaban un lugar marginal dentro del esquema general de las políticas sociales. En ambos modelos, la función del pago directo de los beneficios era la de mantener el ingreso en las fases de no-empleo del ciclo de vida (niñez, maternidad, vejez), en situaciones de incapacidad y en períodos de desempleo. Existe cierto acuerdo en cuanto a que la creación del seguro social a través del gobierno marcó el inicio del estado de bienestar, representó una ruptura con las instituciones de beneficencia en la cual la protección social era dada a las personas más necesitadas o “débiles”, característica central del modelo asistencialista. La maduración de los procesos de industrialización y el surgimiento de los asalariados como fuerza social y política crearon las condiciones para el surgimiento del seguro social. En cierta medida, el estado de bienestar, surgió como una malla de contención ante los posibles procesos de disrupción social. . La Argentina fue pionera en América Latina (AL) en el desarrollo de las políticas sociales, desde las primeras décadas de este siglo. Esto se debió fundamentalmente a la confluencia de un temprano desarrollo de demandas sociales y un Estado relativamente moderno. Al igual que en el resto del mundo, las primeras acciones del Estado en la provisión y regulación de los sectores sociales fueron asistencialista y dirigidas a atender a los sectores carenciados. En las últimas décadas, y fuertemente influenciado de la doctrina neoliberal de los ‘80, el Estado fue abandonando las prestaciones básicas públicas y, rápidamente, ello se tradujo en un funcionamiento ineficiente de los servicios. En este sentido, no ha sido tanto la disminución del gasto social sino una paulatina desjerarquización del personal que presta los servicios y una carencia crónica de políticas públicas de largo plazo. En paralelo, los malos desempeños macroeconómicos de la región en las últimas dos décadas tuvieron como consecuencia un aumento sostenido del desempleo y de la pobreza. Ello produjo un desfasaje entre el aumento de las necesidades sociales. Las reformas estructurales implementadas durante los ochenta y noventa modificaron los criterios y las prioridades de la política económica en general y de la política social en particular. Específicamente en el ámbito social las transformaciones se orientaron a la concentración por parte del Estado de las funciones de financiamiento, regulación y diseño de las políticas sociales, dejando al sector privado la función de la provisión. 2- El neoliberalismo propende que se deje en manos de los particulares actividades que antes realizaba el estado; En esa dinámica se privatizan empresas públicas, se abren las fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros y se reduce el tamaño del estado. Las políticas macroeconómicas recomendadas por teóricos o ideólogos neoliberales (en principio recomendaciones a países tanto industrializados como en desarrollo) incluyen: Políticas monetarias restrictivas: Aumentar tasas de interés o reducir la oferta. Con ello disminuye la inflación y se reduce el riesgo de una devaluación. No obstante con ello se inhibe el crecimiento económico, ya que se disminuye el flujo de exportaciones y se perpetúa el nivel de deuda interna y externa denominada en monedas extranjeras. Así mismo, se evitan los llamados ciclos del mercado. Políticas fiscales restrictivas: Aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción y la renta; eliminar regímenes especiales; disminuir el gasto público. Con ello se supone que se incentiva la inversión, se sanean las finanzas públicas y se fortalece la efectividad del Estado. No obstante no se distingue entre los niveles de ingreso de los contribuyentes, donde unos puede pagar más impuestos que otros, y se grava a las mayorías mientras que se exime a las minorías, deprimiéndose así la demanda, si bien se busca apoyar la oferta, buscando el bienestar de toda la sociedad. Tampoco se reconoce que el gasto público es necesario, tanto para el crecimiento como para el desarrollo (comparar históricamente ejemplos de países industrializados); para la protección de sectores vulnerables de la economía y la población; y para la estabilidad social y económica en general. Liberalización: Tanto la liberalización para el comercio como para las inversiones se supone que incentivan tanto el crecimiento como la distribución de la riqueza, al permitir: una participación más amplia de agentes en el mercado (sin monopolios u oligopolios), la generación de economías de escala (mayor productividad), el aprovechamiento de ventajas competitivas relativas (mano de obra barata o potentes infraestructuras, por ejemplo), el abaratamiento de bienes y servicios (al reducirse costos de transporte y del proteccionismo), y el aumento en los niveles de consumo y el bienestar derivado de ello (en general aumento de la oferta y la demanda en un contexto de «libre» mercado, con situaciones de equilibrio y utilidades marginales). Privatización: Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza. Desregulación: Se considera que demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad económica y que su reducción a un mínimo necesario (sobre todo la garantización del régimen de propiedad y de la seguridad) propician un mayor dinamismo de los agentes económicos. En todos los casos, los teóricos denominados neoliberales afirman que la mejor manera de alcanzar la distribución de la riqueza y el bienestar de los individuos es mediante un crecimiento total del producto, que por su propia dinámica permean al total de los integrantes de la sociedad. Ya no quedan dudas de que el modelo neoliberal es incapaz de dar respuesta a los principales problemas que siguen aquejando a la sociedad: altos índices de desempleo, trabajo en negro, pobreza y exclusión social. Su debacle fue el resultado de la aplicación de las políticas del "derrame", según las cuales bastaba con el crecimiento de los grandes grupos concentrados ya que estos últimos difundirían los beneficios hacia el resto de la sociedad productiva y laboral. Pues bien, ahora está claro que este "goteo" no llegó; que no hubo un correlato distributivo y de cohesión de la base social 3-La fase neoliberal del capitalismo ha demostrado ser inviable para el desarrollo de la humanidad por sus efectos perniciosos y perversos. Se vaticina que el ciclo del Estado neoliberal se está cerrando aunque, todavía no se vislumbran las características del nuevo Estado post neoliberal. No hay claridad ni profundidad en las características del nuevo régimen económico y político del Estado post-neoliberal. Un Estado post-liberal debe estar caracterizado por ser más solidario en los procesos de producción, distribución y consumo de satisfactores. La implementación de una agenda post-neoliberal confronta muchas dificultades, sobre todo, por causa de la derecha que confundida trata de adaptar su lenguaje político a sus viejas prácticas. La transición del Estado neoliberal al Estado post-neoliberal, es bloqueada por una gama de mecanismos e instrumentos usados por quienes pretenden defender el modelo hegemónico de desarrollo y asegurar su vigencia. Por ejemplo, con la negociación de la deuda externa, los Estados deudores se sujetan a condiciones de aceptación de las políticas neoliberales que someten a sus gobernantes a cumplir sus compromisos. En el modelo de los procesos de transición del Estado neoliberal al Estado postneoliberal se acepta que la confrontación con el poder económico es ineludible pero bajo un marco dinámico de una cultura de paz. El Proyecto de la Agenda post-neoliberal ha identificado como alternativas al neoliberalismo la invención de una nueva democracia que restaure el sentido de la política de hacer cambios y adoptar instrumentos tales como el presupuesto participativo y las consultas directas a los ciudadanos. Además, la agenda se centra en establecer medios que promuevan la riqueza y aseguren todos los bienes y servicios necesarios para que los ciudadanos tengan una vida decente y construyan un nuevo orden internacional regido por la paz y el derecho al desarrollo, más que al dominio por la fuerza. La agenda post-neoliberal implica la sustitución de la lógica de la racionalidad económica instrumental impulsada por la competencia y la eficiencia, por una lógica de solidaridad, responsabilidad y preocupación social como base de la justicia. Esta transformación de la lógica implica un nuevo orden político, un nuevo pacto social con base en una mayor participación social en la redistribución de los poderes, recursos, costos y beneficios para promover un mayor bienestar social y calidad de vida, alcanzar una mejor distribución de las riquezas, combatir las desigualdades y revertir las exclusiones sociales de las comunidades. 4-La Argentina llega a los 90 con un esquema universalista de provisión pública de educación y salud y un sistema de seguridad social ligado al empleo que enfrentaban severas dificultades financieras de largo plazo, y con una legislación laboral protectora que había sido objeto de reiterados embates. Aunque ya venían implementándose desde la década del ochenta, en la década del noventa se generalizaron en la región las llamadas «reformas sectoriales de salud» como parte importante del paquete de las reformas de «segunda generación» Aunque ciertamente hay versiones nacionales, lo cierto es que se elaboró una propuesta, como parte de una política mayor de reforma social o de los sistemas de protección social, con elementos comunes que han intentado aplicarse en todos los países. El «paquete» de la reforma neoliberal del «sector salud» consta de cinco orientaciones y medidas básicas, todas interrelacionadas y sinérgicas entre sí: • Introducción generalizada de la lógica mercantil y del cálculo económico en los servicios públicos de salud; claro apoyo a procesos de privatización de la atención de salud o, al menos, ampliación de las oportunidades del sector privado lucrativo en el financiamiento, aseguramiento y provisión de la atención de salud; y, adopción generalizada del mecanismo de «contratos» en las relaciones con los proveedores • Separación de las denominadas funciones básicas de los sistemas de salud: rectoría, financiamiento, compra y provisión de servicios. La rectoría es responsabilidad exclusiva de la autoridad sanitaria; el financiamiento se centraliza en un único fondo nacional público; la compra se transfiere a entidades de aseguramiento; y, la provisión se realiza por medio de múltiples prestadores públicos y privados. • Descentralización de la gestión y de los servicios de salud, en muchos casos como una forma de disminuir el gasto en salud del gobierno central y, en no pocos casos, como creación de las condiciones necesarias para la posterior privatización. Estos procesos se han impulsado aún a sabiendas de la falta de adecuados mecanismos de regulación y rectoría por parte de las autoridades sanitarias en los diferentes niveles de decisión. • Creación de un «mercado de seguros de salud» por medio de la implantación de modalidades de aseguramiento en salud diferentes de la seguridad social clásica de tipo bismarckiano, con competencia pública y privada de proveedores, donde los seguros públicos se circunscriben a garantizar a los más pobres el acceso a un paquete de servicios mínimos que cada país debe definir de acuerdo a lo que está dispuesto a financiar después de un estudio de eficiencia de intervenciones en relación a sus costos. • Orientación hacia la eficiencia más que a la equidad, así como hacia programas «focalizados» en los grupos más pobres y más vulnerables más que a la atención universal. Curiosamente, con un olvido total de una política de desarrollo de recursos humanos de salud, con lo que las capacidades de rectoría de las autoridades sanitarias se debilitan aún más. En los últimos treinta años, la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS) se convirtió en la política con mayor nivel de consenso a nivel internacional en orden a garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, su implementación ha estado llena de dificultades, entre las cuales se destacan los diferentes significados que fue adquiriendo la estrategia con el transcurso del tiempo, al punto de perder su sentido original. En la actualidad, el enfoque de derechos en el campo de las políticas públicas, basado en la normativa internacional sobre derechos sociales, pretende devolverle a la estrategia de APS su inicial sentido garantista. Se insiste en la necesidad de que las reformas de los sistemas de salud en el continente se contextualicen en un marco social más amplio, con mayor gasto público en salud y utilización eficiente y equitativa de los recursos, que no se quede en aspiración e intención el derecho humano a la equidad, universalidad, bienestar y solidaridad humana en materia de salud. Uno de los desafíos políticos de la década es desarrollar una Política de Estado en Promoción de la Salud intersectorial y participativa, destinada a lograr estilos de vida y ambientes saludables, junto con motivar un compromiso activo de la sociedad , con su salud y calidad de vida. Se trata de desarrollar un modelo de política pública que beneficie a todos los ciudadanos sin distinción, cuente con legislación y financiamiento adecuados y trascienda los gobiernos a partir de metas consensuadas en la búsqueda del bien común. El Ministerio de Salud ha planteado la Promoción de la Salud como una de las respuestas a las necesidades de la población y a las demandas del actual perfil epidemiológico social del país. Para ello, a partir de 1998 en forma participativa ha puesto en marcha un Plan Nacional, mediante un modelo de gestión descentralizado e intersectorial, basado en la participación social y en el fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y Locales. Se logra la equidad si se establece un mínimo de atención a la salud y a la educación, recordando que La educación y la salud son los componentes básicos del “capital humano” REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS . Bloch C. Atención Primaria de Salud en Argentina, desarrollo y situación actual. [Mesa Redonda]. En: Segundas Jornadas de Atención Primaria de la Salud. Buenos Aires: Grupo Editor de las Jornadas; 1988. p.13-47. Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Resolución CD45.R3. Los objetivos de desarrollo del milenio y las metas de salud Sader, Emir, Posneoliberalismo en América Latina, Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos CTA, CTA Ediciones, CLACSO Coediciones, Buenos Aires, Septiembre de 2008. Pulido, Orlando, Universidad, ciencia y desarrollo. Más allá de la línea de base .Revista Nómadas, No. 4, Marzo – septiembre 1996, Departamento de Investigaciones. Fundación Universidad Central, Bogotá. Informe sobre las tendencias sociales y educativas en América Latina 2008. Coordinado por Néstor López Susan López. 2006. Material para la materia Medicina Social. Facultad de Trabajo Social –UNLP