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Nuevo decreto para la importación de vehículos usados ¿Solución?
Mientras las autoridades federales afirman que el Decreto publicado el pasado 1 de febrero, con respecto a
las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, obedece a la necesidad de que las
unidades que ingresen a México provenientes de Estados Unidos y Canadá, lleguen en las mejores
condiciones y el mercado permanezca ordenado; los diversos representantes del sector han calificado al
documento de ‘decepcionante e incompleto’.
A partir del 1 de enero del 2009, en congruencia con lo establecido por el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), México no podrá establecer ningún tipo de prohibición o restricción a la
importación de automóviles usados originarios de la Unión Americana o Canadá; por lo que en el interior del
sector, se esperaba que las modificaciones a los decretos de 2005 y 2006 sentaran las bases para una
exitosa transición y la definición de una estrategia clara para la internación de unidades usadas, lo que en su
opinión no ocurrió: “Creemos que no cumplieron las expectativas que estuvimos señalando en diferentes
reuniones de trabajo que tuvimos con la Secretaría de Economía; se habla de que reconocen que hay un
problema ambiental pero no dicen cómo se va a resolver; hablan de que hay un problema de carácter de
seguridad nacional, pero tampoco nos dicen cómo se va a solucionar o cuáles son las medidas que se van a
tomar”, afirmó Carlos Jiménez, Presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y
Camiones Nuevos y Usados (ANCA).
El decreto de las secretarías de Economía, Hacienda y del Medio Ambiente, plantea una reducción de quince
a diez años en la antigüedad de los autos para importar; dispone una tasa del 15 por ciento del valor total
declarado para el cobro del Impuesto al Valor Agregado, cuando anteriormente la base gravable era el 30 por
ciento del valor declarado; y elimina la obligatoriedad del pedimento de importación otorgado por agentes
aduanales.
De acuerdo con el mismo documento, para su emisión, se consideró que “la internación temporal de
automóviles que no son retornados al extranjero provoca un problema social, ambiental y de seguridad
pública para México y un problema legal importante para los propietarios”; “que es facultad del Gobierno
Federal la regulación de la contaminación de la atmósfera”; “que el mercado de refacciones para vehículos
usados de más de diez años no está garantizado dentro de la economía formal del país”; “que es imperante
que los vehículos importados de manera definitiva… cumplan con las normas mínimas de protección al medio
ambiente y se registren de conformidad con la Ley del Registro Público Vehicular” y que es conveniente
“restablecer la base del impuesto al valor agregado para que los vehículos usados que se importen…
soporten la misma carga tributaria que los vehículos producidos o enajenados por primera vez en el país,
propiciando condiciones equitativas de competencia”.
No obstante, además de la ANCA, las Asociaciones Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA);
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT) han emprendido una serie de acciones conjuntas a fin de lograr nuevas
modificaciones; argumentando que el decreto no resuelve el problema de la importación masiva, deja rendijas
para la subvaluación y carece de las normas específicas en materia de medio ambiente, por lo que han urgido
a las autoridades a regular las condiciones físico-mecánicas requeridas, así como a dar certidumbre jurídica
para las unidades importadas.
De acuerdo con el titular de la ANCA, el sector no pretende la renegociación del TLC; sino lograr un esquema
donde puedan competir con los precios en Estados Unidos y donde se garantice que los vehículos que
ingresen cumplan con las normas ambientales y jurídicas: “Lo único que estamos solicitando es reglas claras
para poder competir con el otro mercado, el mercado de los Estados Unidos y que a México lleguen unidades
que puedan transitar en toda la República Mexicana, que no contaminen, como las que tenemos en México y
que cumplan con todas las normas ambientales… desconocemos realmente si los automóviles que están
ingresando hayan dejado algún problema en los Estados Unidos, en Canadá, ingresan al país y no sabemos
su verdadero origen”.
Las principales críticas al decreto se han centrado en tres cuestiones: la escasez de seguridad, la falta de
esquemas para la verificación y la elevación en costos para el propietario.
El hecho de que un vehículo pueda se importado sin la mediación de agencias aduanales causa gran
incertidumbre, ya que es precisamente el agente aduanal el encargado de dar seguridad al pedimento, así
como supervisar la entrada de mercancía, verificando los aspectos jurídicos y clasificación de los vehículos.
Por otra parte, no se tomaron en cuenta necesidades como la de establecer medidas que combatan la
práctica de subvaluar las unidades, la creación de esquemas de verificación ambiental o el diseño de
sistemas de supervisión para saber si las unidades podrán operarse con seguridad en nuestro territorio.
Desde la emisión del decreto de 2005, 2.4 millones de unidades estadounidenses usadas han sido
introducidas a nuestro país y la ANCA reporta un disminución del 40% en las ventas de vehículos seminuevos
durante el 2007 en comparación con el año anterior.
Estamos tan sólo a un año de la liberación total para la importación de vehículos usados procedentes de
Estados Unidos y Canadá y aún no contamos con la infraestructura ni las condiciones que puedan proteger
tanto al sector nacional como a los usuarios; tal como ha sucedido en otros ámbitos como el agrícola, la falta
de planeación nos coloca hoy en una posición de riesgo. De no darse marcha atrás, lo establecido en el
nuevo decreto comenzará a aplicarse en los primeros días de marzo.
“Este decreto que sentimos que no está beneficiando, nos está poniendo en una competencia desigual y que
probablemente, si no cuidamos esta parte adentro –en la República Mexicana-, estaremos enfrentando
problemas a unos cuantos años, una industria automotriz que la veamos devastada”, sentenció Carlos
Jiménez.