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ANÁLISIS Y PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE
IZQUIERDA UNIDA FRENTE A LAS MEDIDAS DEL
GOBIERNO EN RELACIÓN A LA CRISIS ECONÓMICA
Izquierda Unida estima que las medidas económicas aprobadas por el Consejo de
Ministros del pasado viernes día 18 en ningún caso apuntan hacia un cambio en el
modelo productivo que en la actualidad muestra claros síntomas de agotamiento. Sus
efectos se reflejan, principalmente, en una clara desaceleración económica, en un sector
exterior clara y excesivamente deficitario, un IPC desbordado y un nivel de empleo en
franca recesión.
Podemos destacar que:
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No hay medidas adicionales ni para aumentar la productividad de la economía,
ni para potenciar el I+D, ni para mejorar la formación de los trabajadores.
No se implementan medidas para combatir el crecimiento de precios. De esto se
parece deducir que las medidas necesarias las dejan para el diálogo social. Es de
suponer que irán en el sentido de contener los salarios y aumentar la flexibilidad
del mercado de trabajo.
El sistema fiscal sigue siendo rehén tanto de la política de estabilidad
presupuestaria como de la política monetaria del BCE.
La medida estrella, la electoralista devolución de 400 € a los contribuyentes del
IRPF, se ve acompañada por la eliminación con carácter retroactivo del
Impuesto sobre el Patrimonio. Más bien parecen un insulto a los trabajadores y a
quienes creen en el poder redistributivo del Estado a través de la puesta en
marcha de políticas sociales. Estas medidas se toman tras las sucesivas reformas
fiscales en donde las clases más adineradas han salido claramente favorecidas y
no se han dado soluciones al alto nivel de economía sumergida ni al elevado
fraude fiscal existente.
Esta medida, que costará a las arcas públicas unos 6.000 millones de euros -el
60% del teórico “plan de choque”-, se justificó en la existencia de superávit
presupuestario. Pero este superávit ha tenido un componente cíclico evidente,
fundamentado en la buena marcha de los ingresos alimentados por la expansión
del PIB nominal. El cambio de coyuntura minorará los ingresos y acabará con el
superávit. En 2007 ya se ha detectado una disminución de la recaudación de
algunas figuras impositivas (sobre todo las que tienen como base las
transacciones inmobiliarias), y esa disminución se hará más intensa en 2008 y
2009, a medida que la actividad del mercado inmobiliario se deteriore. Además,
la desaceleración del empleo y del consumo recortará el crecimiento de los
impuestos y el aumento del paro hará crecer el pago de prestaciones por
desempleo.
En Izquierda Unida hemos considerado siempre que la alternativa del gasto
público puede ser más eficiente y redistributiva. En el Gobierno socialista y el
PSOE existe una clara contradicción: argumentan ahora que la nueva rebaja de
impuestos es una medida para incentivar la actividad económica y la justifican
en que la devolución de 400 euros a los contribuyentes del IRPF es un
instrumento positivo para frenar una crisis negada hasta hace poco. Pero es que
hasta ahora estas mismas rebajas fiscales se justificaban en que la economía
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crecía con solidez y que era de justicia y ‘de izquierdas’ bajar impuestos, sobre
todo a las economías más favorecidas, sin poner en peligro por ello la ortodoxia
del superávit. Algo falla porque, al parecer, las rebajas fiscales sirven para un
roto y para un descosido. El impacto negativo de la desaceleración y del
‘agotamiento inmobiliario’ sobre los ingresos mostrará el lado más perverso de
estas rebajas impositivas efectuadas y cuyo coste ha sido matizado precisamente
por la coyuntura boyante y la expansión del PIB.
Mientras, uno de los problemas de nuestra economía es el sobreendeudamiento
de las familias por motivos hipotecarios y de ello parece derivarse la baja tasa de
ahorro. En este contexto, la devolución de los 400 € destinada, por un lado, al
fomento del consumo (jóvenes y pensionistas sobre todo) y, por otro, a suavizar
los aumentos en los costes hipotecarios, más bien parece que el único efecto que
tendrá será engordar las arcas de los bancos.
El Gobierno trata de fomentar el sector en el cual la economía española ha
estado basando su crecimiento a lo largo de los últimos años, la construcción.
Pero para ello adopta en buena medida propuestas que tendrán un coste general
en las arcas públicas, como la ampliación del concepto con el que se considera
“rehabilitación de vivienda” a efectos del cálculo del IRPF. Esto tendrá también
efecto sobre la recaudación del IVA.
Las medidas adoptadas en relación al mercado de trabajo no han quedado
suficientemente explicadas. De hecho, sólo parecen ir destinadas a los
trabajadores afectados recientemente por el estallido de la ‘burbuja
inmobiliaria’, como si el resto de sectores o de trabajadores no se hubieran visto
ya o se verán afectados en el futuro por la crisis.
Otras medidas como las referidas a la ampliación de los llamados ‘avales’ para
Pymes y construcción de viviendas protegidas no suponen en la práctica una
inyección directa de liquidez al sistema. Sólo sucedería en el caso de que se
tuvieran que hacer efectivos.
En cuanto al adelanto en la devolución de IVA lo único que supone es adelantar
en el tiempo un dinero que antes o después estaría en circulación. Esto puede
tener un efecto añadido de retraso a la hora de ejecutar o pagar determinadas
políticas u obras públicas.
En suma, son medidas cortoplacistas que apenas introducen cambios en nuestro modelo
productivo basado en el endeudamiento, en el sector de la construcción y en una política
fiscal regresiva. Cabe preguntarse si el objetivo que persiguen es sólo el de fomentar
básicamente el consumo para influir así en las tasas de crecimiento económico
(alrededor de 0,2% en 2008), pero de forma equivocada.
Por contra, no se ha tocado el IVA de ciertos productos de primera necesidad,
precisamente alguno de los cuales ha contribuido a que se alcance la tasa de inflación
que sufrimos en la actualidad. Tampoco se ha barajado disminuir la tributación sobre
los hidrocarburos para aquellos sectores más afectados por la subida de estos productos.
Estas medidas supondrían un menor gasto para las familias y para determinadas
empresas. Sí supondrían una inyección de liquidez para ambas, pudiendo ayudar a paliar
las subidas tanto del coste hipotecario como de los productos de primera necesidad y de
transporte, con lo que podría frenar las subidas en el nivel de precios y, con ello,
mejorar nuestra competitividad.
NUESTRA ALTERNATIVA
Desde Izquierda Unida pensamos que un papel más activo del gasto público ha de servir
para hacer frente a la desaceleración, además de para ayudar a consolidar un modelo
productivo más eficiente y sostenible. No podemos olvidar que todas las medidas que
proponemos a corto plazo forman parte de lo que consideramos ‘ejes prioritarios para el
cambio de modelo’:
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Invertir en productividad: políticas industriales activas, servicios de alto valor
añadido, construcción productiva de infraestructuras sostenibles, impulso
decidido a la rehabilitación y a la construcción de vivienda protegida, inversión
en educación, formación e investigación, y creación de empleo de calidad con
salarios dignos.
Medidas transversales para coordinar la política económica a favor de un
desarrollo que respete el medioambiente.
Fortalecer nuestra protección social asegurando la suficiencia de los ingresos
del Estado.
Nuestra alternativa a corto plazo es destinar esos 6.000 millones de euros que el
Gobierno reparte a razón de 400 euros por contribuyente en las siguientes políticas:
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Destinar 2.000 millones de euros para la puesta en marcha de un Plan de Vivienda
Protegida de Alquiler y de Rehabilitación de viviendas y edificios para incorporar
energías renovables y mejorar su eficiencia energética. Se debe de reorientar las
actividades de construcción hacia la obra civil, invirtiendo en infraestructuras
públicas de transporte, prestando especial atención a la red convencional de
ferrocarril, así como al mantenimiento y conservación de la infraestructura viaria.
Todo ello con el principal objetivo de paliar el impacto en el empleo provocado por
la caída en la construcción de vivienda residencial.
Aumento en 1.000 millones de euros de los fondos dirigidos a la atención de la
dependencia y a la generalización de la educación infantil de 0 a 3 años. Se debe
acelerar la construcción efectiva de equipamientos que ofrezcan prestaciones
relacionadas con éstas políticas, con la consiguiente creación de empleo cualificado.
Aumentar en 1.500 millones de euros los fondos destinados a las pensiones de
menor cuantía.
Mejorar los fondos destinados a la adecuación y modernización de los Servicios
Públicos de Empleo (SPE) y de las políticas activas de empleo en 1.000 millones de
euros, con el objetivo de mejorar la protección por desempleo y poner en práctica
las propias políticas activas.
Aumentar en 500 millones de euros los fondos destinados a políticas de integración
de los inmigrantes.
En relación a la medida que pretende ayudar a las familias alargando los plazos de
amortización de los créditos hipotecarios sin coste durante los próximos dos años, y
considerando que no está claro aún cual será el ahorro efectivo de la operación,
planteamos como alternativa:
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Medidas que impidan la ejecución de viviendas hipotecadas en determinados
supuestos.
Propondremos, como ocurre en la inmensa mayoría de países europeos, medidas
para evitar que los impagos de los préstamos hipotecarios sobre viviendas que
obedecen a situaciones de empobrecimiento transitorio de las familias acaben con
embargo y ejecución patrimonial, con el consiguiente empeoramiento hasta límites
de dependencia y, en algunos casos, de exclusión social, de las familias deudoras.
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Límites al sobreendeudamiento familiar.
En los últimos años el crédito hipotecario para la financiación de la compra de
vivienda sin límite legal ha cebado una espiral inflacionista de los precios de este
bien. Dado que la vivienda es, además de un bien económico, el soporte físico del
ejercicio de un derecho constitucional de evidentes implicaciones sociales,
propondremos medidas para evitar el sobreendeudamiento hipotecario de las
personas y familias, así como frenar el incremento de los precios de la vivienda libre
y protegida.
NUESTRO ANÁLISIS
La actual coyuntura económica reflejada en los datos de desaceleración en los niveles
de crecimiento del PIB, repuntes en el nivel de desempleo -en especial en la
construcción y en servicios relacionados con ésta-, y de tasas de inflación no sufridas
desde el año 1995 -un 4,5% en marzo de 2008- debe abordarse con mucha precaución,
sin alarmismos pero con rigor y con propuestas de política económica que ayuden a
mitigar los efectos de esta coyuntura, particularmente sobre los colectivos más
desfavorecidos.
Además, deberán servir también para avanzar hacia otro modelo de desarrollo más
productivo y menos dependiente del sector de la construcción, con mayor protección
social y con los requerimientos ambientales precisos en el consumo y en la producción
para hacerlo sostenible.
Existen factores externos que han ayudado a este cambio de coyuntura, como las
sustanciales alzas en los precios energéticos y de los alimentos derivadas, estas últimas,
entre otros factores, en el aumento de la demanda de ciertos productos agrarios para la
realización de biocombustibles, o la crisis financiera motivada por las hipotecas
“subprime” asociada al estallido de la ‘burbuja inmobiliaria’ en EE.UU y que genera
graves problemas crediticios a nivel mundial.
Pero nuestro modelo de desarrollo ya estaba enfermo. Así lo viene a mostrar la
existencia de:
o Un déficit exterior descomunal, alimentado por la propia evolución del modelo
económico. Nuestro déficit exterior ha representado en 2007 el 9,5% del PIB.
o Una enorme bolsa de economía sumergida y de fraude fiscal, y una política fiscal
cuyas modificaciones introducidas en las últimas reformas han generado efectos
redistributivos muy negativos, en claro detrimento de los trabajadores y con un alto
coste en términos de ingresos para las arcas públicas, que han recortado las
posibilidad de ampliar los fondos para la realización de políticas sociales.
o Un modelo de producción totalmente ineficiente desde el punto de vista ambiental y
por el cual se han incumplido los compromisos de Kioto sobradamente.
o Este modelo se ha basado en gran medida en el fuerte desarrollo del sector de la
construcción, sector altamente especulativo y que ha llevado a decenas de miles de
familias a endeudarse, en muchos casos, por encima de sus posibilidades.
o Una política laboral basada en una fuerte desregulación del mercado de trabajo,
donde la contratación de mano de obra poco cualificada, la precariedad en el
empleo, con altas tasas de rotación, la siniestralidad y los bajos salarios son una
constante. Además, en los últimos años se ha producido una clara regresión en la
participación de los salarios en el reparto de la renta nacional, perdiendo desde 2004
hasta 1,5 puntos porcentuales en favor del excedente empresarial.
o El Gobierno y el PSOE han negado hasta hace muy poco la existencia de esta crisis
económica con claros fines electoralistas. Los síntomas eran muy claros desde hace
tiempo y ahora no se puede abordar este problema como si fuera algo sobrevenido.
Distintas entidades e informes advertían de que las proyecciones realizadas podrían
deteriorarse por riesgos e incertidumbres hoy todavía difíciles de medir. El
Gobierno deberá revisar a la baja cuanto antes las previsiones de crecimiento para
2008, algo que ya parecía claro y que hubiera ayudado a afrontar la actual situación
de haberse acometido antes del 9-M.
Basten unos ejemplos. Las previsiones del Banco de España (Boletín Económico, marzo
2008) apuntan a una desaceleración pronunciada en los próximos trimestres que
llevarían a un crecimiento medio para 2008 del 2,4%, como consecuencia del menor
pulso de la inversión y del gasto de las familias en consumo. Para 2009 se proyecta una
pauta similar, con un crecimiento medio del 2,1% y una contención mayor de la
inversión en vivienda residencial. Según estas estimaciones, la inversión en
construcción sufrirá una recesión sin paliativos, con crecimientos negativos del -0,2%
en 2008 y del -1,2% en 2009.
La desaceleración del empleo que se muestra en el informe también es significativa. El
empleo creció un 3% en 2007, estimando un crecimiento del 1,5% para 2008 y del 1,1%
para 2009. Con estas tasas de crecimiento de la ocupación, el paro seguirá aumentando:
se estima una tasa de paro del 9% en 2008 y del 9,8% en 2009 (8,3% en 2007).
El déficit exterior se ampliará en 2008 hasta el 10% del PIB (9,5% en 2007) y se
mantendrá en esa tasa en 2009. Todo ello en un proceso de desaceleración económica
de nuestra economía, lo que implica un muy mal dato al derivarse de ello un aumento de
la deuda externa en una situación en la que ya se encuentra sobredimensionada y
considerando también la grave crisis financiera internacional, que puede complicar su
financiación.
Javier Alcázar (Coordinador ejecutivo de Economía y Mundo del Trabajo)